Diaz Aguero Beatriz Elena

Beatriz Elena DIAZ AGUERO

El 17 de octubre de 1973 son ejecutadas las siguientes personas:  

  –           Carlos Rodolfo ADLER ZULUETA, 25 años,  argentino con residencia en Chile desde Marzo de 1973.  Se desconoce si tenía militancia política.

–           Beatriz Elena DIAZ AGUERO, 26 años, argentina con residencia en Chile desde Marzo de 1973.  Se encontraba embarazada. 

–           Víctor Alejandro GARRETON ROMERO, 60 años, importador, militante del Partido Nacional.

–           Cristián MONTECINOS SLAUGHTER, 27 años, casado, funcionario del Fondo Monetario Internacional. 

–           Julio Andrés SAA PIZARRO, 37 años, cirujano dentista.

–           Jorge Miguel SALAS PARADISI, 25 años, estudiante de Pedagogía en Matemáticas en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, quien a la sazón se encontraba viviendo en Santiago, sometido a un tratamiento médico que lo hacía permanecer en cama por períodos muy prolongados.

                                    Las personas arriba individualizadas fueron detenidas, en la madrugada del día 16 de Octubre de 1973, por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Santiago, en la Torre Nº 12 de la Remodelación San Borja.  Ninguno de ellos se encontraban vinculados entre sí, salvo los dos primeros que formaban un matrimonio. 

                                    La detención se produce como consecuencia de una delación efectuada telefónicamente por una vecina de la Torre, hecho que se encuentra debidamente acreditado por testimonio prestados ante esta Comisión.

                                    Los detenidos son trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres Nº 38, (lugar que posteriormente utilizó la DINA como centro de detención).  Luego, son trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, recinto ubicado en la comuna del mismo nombre, a cargo de efectivos del Ejército.  En este lugar son vistos.

                                    Los cuerpos sin vida de cada uno de los detenidos son encontrados el 17 de Octubre de 1973 en la Carretera que une Santiago con Valparaíso en el kilómetro 12, túnel Lo Prado, siendo trasladados al Instituto Médico Legal, según se expresa en todos los certificados de defunción y en los protocolos de autopsia.

                                    La causa de la muerte en todos los casos corresponde a “múltiples heridas de bala”, según se señala también en los certificados de defunción y en los protocolos de autopsia.

                                    Inmediatamente después de los hechos a petición del padre de una de las víctimas, Carlos Garretón, se inició un sumario interno en el Ejército, concluyendo que se había tratado de “un error militar”, comunicándoselo así a los familiares y procediendo el Ejército a presentar “el pésame de la Junta de Gobierno por este gran error militar”.

                                    En la respuesta entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de Chile informó que los seis detenidos, alrededor de las 05:00 horas del día 17 de Octubre de 1973, “aprovechándose de las precarias condiciones del edificio, se fugaron por una ventana que carecía de protecciones, dirigiéndose a la carrera hacia una pandereta que cierra el recinto que da a unas poblaciones periféricas.  Mientras huían, fueron sorprendidos por los centinelas del Cuartel, quienes les intimaron la detención, dando las voces de alto de rigor y efectuando disparos al aire de prevención”.  Continúa el informe entregado por el Gobierno Militar, señalando que “pese a ello, los detenidos continuaron su fuga, ante lo cual los centinelas de guardia hicieron blanco en sus cuerpos provocándoles la muerte.” Finaliza la respuesta oficial señalando que “posteriormente, los cadáveres de los seis detenidos fueron conducidos en una camioneta hasta las cercanías del Túnel Lo Prado, donde existía el hospital de campaña del Ejército, donde fueron entregados y conducidos en una ambulancia del mismo hospital hasta el Instituto Médico Legal, donde se procedió a efectuar las autopsias de rigor.”

                                    La Comisión ha desestimado la versión oficial entregada por el Gobierno de Chile, especialmente por las siguientes razones:

                        –           Las dos versiones transcritas, sumario del Ejército y respuesta oficial del Gobierno resultan contradictorias.

                        –           Es imposible pensar que estas personas se concertaran para fugarse, puesto que no existía ninguna vinculación entre ellas, salvo la de vivir en el mismo edificio.  Además, es necesario considerar que entre los detenidos, había una mujer que se encontraba embarazada y un joven sometido a un tratamiento médico y permanecía en un estado aletargado por lo que resulta improbable que tuviera la fuerza para intentar saltar una pandereta como indica la versión. 

                        –           Carece de sentido que luego de haberles herido se les hubiera trasladado a otro lugar, túnel Lo Prado, ubicado a 12 kilómetros de distancia de los hechos.

                        –           Por último, que la versión de un intento de fuga es común a varias otras ejecuciones que se produjeron por los efectivos que se encontraban acantonados en la Casa de la Cultura de Barrancas.

                                    La Comisión, por las razones ya indicadas respecto de la versión oficial y los hechos que ha podido acreditar, se forma convicción que Carlos Rodolfo Adler, Beatriz Elena Díaz, Víctor Alejandro Garretón, Cristián Montecinos, Julio Andrés Saa, Jorge Miguel Salas son ejecutados al margen de toda legalidad o justificación por los agentes del Estado, quienes violaron su derecho a la vida.

El 16 de octubre de 1973 fue detenida la mendocina Beatriz Elena Díaz Agüero (26 años), embarazada de 6 meses, junto a su pareja, el sanjuanino Carlos Rodolfo Adler Zulueta (26 años). 

La pareja había llegado a Chile en marzo de 1973, luego que la licenciada en estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, se trasladara junto a su marido, a cubrir un puesto de trabajo en una empresa instalada por su padre en Santiago de Chile.

La madrugada del 16 de octubre, efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Santiago realizaron allanamientos y detenciones en la Torre Nº 12 de la Remodelación San Borja.

Allí detuvieron al matrimonio argentino junto a otros cuatro vecinos: Jorge Miguel Salas Paradisi (25 años), estudiante de Pedagogía en Matemáticas en la Universidad de Chile, Ricardo Cristián Montecinos Slaughter (27 años) , casado, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julio Andrés Saa Pizarro (37 años), cirujano dentista y Víctor Alejandro Garretón Romero (60 años), importador, militante del Partido Nacional.

El grupo de detenidos, incluido el matrimonio argentino fue visto por última vez en la Casa de Cultura de Barrancas, sus cadáveres aparecieron en el túnel Lo Prado, en la carretera que une Santiago y Valparaíso. De la investigación surge que fueron acribillados cerca de Pudahuel, sin que exista ningún patrón del porqué de las detenciones ni mucho menos las ejecuciones.

Las cuentas del matrimonio argentino fueron bloqueadas por la dictadura y el departamento, confiscado por la junta militar.

La tragedia tuvo su epílogo al llegar los cadáveres a Mendoza, el 7 de noviembre del 73. Los esperaban más de cinco mil personas, que colocaron en la tumba una lápida con la leyenda: «Víctimas del odio incomprensible».

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en la investigación por los homicidios de 6 personas en el sector del túnel Lo Prado en 17 de octubre de 1973 y que habían sido detenidas previamente en la torre 12 de la Remodelación San Borja.

En fallo unánime (rol 1520-2011) los ministros de la Octava Sala Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales y Jenny Book (suplente) ratificaron en todas sus partes la sentencia del ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia quien el 6 de abril de 2011 condenó a las siguientes personas:

 Gerardo Urrich González. 10 años de presidio. Sin beneficios.

Juan Ramón Fernández Berardi. 10 años de presidio. Sin beneficios.
René Cardemil Figueroa. 10 años de presidio. Sin beneficios.

De acuerdo a los antecedentes de la causa los tres ex uniformados son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); Carlos Adler Zulueta (25 años), turista argentino; Beatriz Elena Díaz Agüero (26 años), turista argentina, cónyuge del anterior; Víctor Garretón Romero (60 años), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25 años) estudiante universitario y Julio Saa Pizarro (35 años) cirujano dentista.

De acuerdo a la sentencia se establece que las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de  remodelación San Borja, el 16 de octubre de 1973 por miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel.

(Fuente: Poder Judicial)

En el marco de la investigación denominada Caso Torres San Borja, donde fueron detenidas 6 personas el 17 de octubre de 1973 y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, el ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de 10 años para tres ex uniformados.
Los sentenciados fueron identificados como los ex miembros de la escuela de suboficiales del Ejército Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes una vez que quede ejecutoriado el dictamen, deberán cumplirlo con presidio efectivo.
Los ex agentes son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero; Víctor Garretón Romero, importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi, estudiante universitario y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista.
Este caso tuvo un alto revuelo en 1976, pues el FMI consideró el hecho una violación a los derechos humanos por lo que pidió a la ONU investigar los hechos. El organismo internacional recomendó a Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables, sin embargo, en la época, se cerró el proceso sin culpables.
De acuerdo a la sentencia, las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de remodelación San Borja, el 16 de octubre de 1973 por miembros de la escuela de suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas en Pudahuel.
El 17 de octubre de 1973 son sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, y no obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora.

El allanamiento a la entonces Remodelación San Borja no solo dejó cenizas literarias y musicales. En los días previos a este operativo, los militares chilenos cometieron un macabro y cobarde asesinato de seis personas.

La quema de libros realizada por los militares golpistas en las Torres San Borja de Santiago ha quedado en la memoria colectiva como uno de los momentos más vergonzosos y a la vez demostrativos de la brutalidad de quienes se tomaron el poder a la fuerza el 11 de septiembre de 1973.

Existen varios registros en video de aquel momento. También muchas fotografías. Y es que los militares chilenos convocaron a la prensa internacional ese día, para que estuvieran presentes en el operativo, que consistió en un exhaustivo allanamiento en búsqueda de militantes de los partidos de la Unidad Popular. De ahí que existan registros, por ejemplo, de corresponsales de Alemania y Francia, quienes dieron cuenta del procedimiento y lo difundieron en todo el Mundo. Y por esas coincidencias con que a veces nos sorprende la historia, la quema se realizó el 23 de septiembre de 1973, el mismo día en que moría en la Clínica Santa María el Premio Nobel de Literatura chileno, Pablo Neruda.

A estas alturas, ya es vox pópuli que la ignorancia de los militares los llevó a quemar, por ejemplo, libros de arte sobre el «cubismo», pues pensaban que eran sobre Cuba. También es sabido que fueron arrojados a las hogueras varios discos en vinilo de Víctor Jara, Quilapayún y Ángel Parra, ente otros artistas.

Pero, ¿por qué esta quema de libros fue tan icónica? La respuesta quizás se encuentra en el recuerdo inevitable que las imágenes trajeron, para el Mundo, de las hogueras de libros realizadas por los partidarios del Tercer Reich alemán, en el advenimiento del régimen nazi que asoló Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación y condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $400.000.000 a la cónyuge, hijos y hermanos del ejecutado político Ricardo Montecinos Slaughter, cuyo homicidio se produjo durante dictadura, el 17 de octubre de 1973, en un operativo militar realizado en el sector de la Remodelación San Borja.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación en contra de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 15 de septiembre de 2015.

La resolución establece que los delitos de lesa humanidad, como es el caso, son imprescriptibles tanto en el aspecto civil como penal.

La sentencia ordena pagar $100.000.000 a cada uno de los demandantes: María Undurraga (cónyuge), Marco Montecinos Undurraga, Christian Montecinos Undurraga (hijos), y Marcelo Montecinos Slaughter (hermano).

Ricardo Montecinos Slaugther, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue sacado por efectivos militares de su departamento, ubicado en la remodelación San Borja, el 17 de octubre de 1973, y ejecutado en el lugar.

El 6 de enero de 2014, la Corte Suprema confirmó la pena de 10 años de presidio para Gerardo Urrich González, Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa, como coautores de los delitos del homicidio de Ricardo Montecinos Slaugter, Carlos Adler Zulueta, Beatriz Elena Díaz Agüero, Víctor Alejandro Garretón Romero, Jorge Salas Paradisi y Julio Saa Pizarro todos ejecutados en el denominado Episodio Torres de San Borja.