Adler Zulueta Carlos Rodolfo

El 17 de octubre de 1973 son ejecutadas las siguientes personas:  

                           –           Carlos Rodolfo ADLER ZULUETA, 25 años,  argentino con residencia en Chile desde Marzo de 1973.  Se desconoce si tenía militancia política.

                         –           Beatriz Elena DIAZ AGUERO, 26 años, argentina con residencia en Chile desde Marzo de 1973.  Se encontraba embarazada. 

                         –           Víctor Alejandro GARRETON ROMERO, 60 años, importador, militante del Partido Nacional.

                         –           Cristián MONTECINOS SLAUGHTER, 27 años, casado, funcionario del Fondo Monetario Internacional. 

                         –           Julio Andrés SAA PIZARRO, 37 años, cirujano dentista.

                         –           Jorge Miguel SALAS PARADISI, 25 años, estudiante de Pedagogía en Matemáticas en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, quien a la sazón se encontraba viviendo en Santiago, sometido a un tratamiento médico que lo hacía permanecer en cama por períodos muy prolongados.

 

                                    Las personas arriba individualizadas fueron detenidas, en la madrugada del día 16 de Octubre de 1973, por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Santiago, en la Torre Nº 12 de la Remodelación San Borja.  Ninguno de ellos se encontraban vinculados entre sí, salvo los dos primeros que formaban un matrimonio. 

 

                                    La detención se produce como consecuencia de una delación efectuada telefónicamente por una vecina de la Torre, hecho que se encuentra debidamente acreditado por testimonio prestados ante esta Comisión.

 

                                    Los detenidos son trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres Nº 38, (lugar que posteriormente utilizó la DINA como centro de detención).  Luego, son trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, recinto ubicado en la comuna del mismo nombre, a cargo de efectivos del Ejército.  En este lugar son vistos.

 

                                    Los cuerpos sin vida de cada uno de los detenidos son encontrados el 17 de Octubre de 1973 en la Carretera que une Santiago con Valparaíso en el kilómetro 12, túnel Lo Prado, siendo trasladados al Instituto Médico Legal, según se expresa en todos los certificados de defunción y en los protocolos de autopsia.

 

                                    La causa de la muerte en todos los casos corresponde a “múltiples heridas de bala”, según se señala también en los certificados de defunción y en los protocolos de autopsia.

 

                                    Inmediatamente después de los hechos a petición del padre de una de las víctimas, Carlos Garretón, se inició un sumario interno en el Ejército, concluyendo que se había tratado de “un error militar”, comunicándoselo así a los familiares y procediendo el Ejército a presentar “el pésame de la Junta de Gobierno por este gran error militar”.

 

                                    En la respuesta entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de Chile informó que los seis detenidos, alrededor de las 05:00 horas del día 17 de Octubre de 1973, “aprovechándose de las precarias condiciones del edificio, se fugaron por una ventana que carecía de protecciones, dirigiéndose a la carrera hacia una pandereta que cierra el recinto que da a unas poblaciones periféricas.  Mientras huían, fueron sorprendidos por los centinelas del Cuartel, quienes les intimaron la detención, dando las voces de alto de rigor y efectuando disparos al aire de prevención”.  Continúa el informe entregado por el Gobierno Militar, señalando que “pese a ello, los detenidos continuaron su fuga, ante lo cual los centinelas de guardia hicieron blanco en sus cuerpos provocándoles la muerte.” Finaliza la respuesta oficial señalando que “posteriormente, los cadáveres de los seis detenidos fueron conducidos en una camioneta hasta las cercanías del Túnel Lo Prado, donde existía el hospital de campaña del Ejército, donde fueron entregados y conducidos en una ambulancia del mismo hospital hasta el Instituto Médico Legal, donde se procedió a efectuar las autopsias de rigor.”

  

                                    La Comisión ha desestimado la versión oficial entregada por el Gobierno de Chile, especialmente por las siguientes razones:

 

                        –           Las dos versiones transcritas, sumario del Ejército y respuesta oficial del Gobierno resultan contradictorias.

                        –           Es imposible pensar que estas personas se concertaran para fugarse, puesto que no existía ninguna vinculación entre ellas, salvo la de vivir en el mismo edificio.  Además, es necesario considerar que entre los detenidos, había una mujer que se encontraba embarazada y un joven sometido a un tratamiento médico y permanecía en un estado aletargado por lo que resulta improbable que tuviera la fuerza para intentar saltar una pandereta como indica la versión. 

                        –           Carece de sentido que luego de haberles herido se les hubiera trasladado a otro lugar, túnel Lo Prado, ubicado a 12 kilómetros de distancia de los hechos.

                        –           Por último, que la versión de un intento de fuga es común a varias otras ejecuciones que se produjeron por los efectivos que se encontraban acantonados en la Casa de la Cultura de Barrancas.

 

                                    La Comisión, por las razones ya indicadas respecto de la versión oficial y los hechos que ha podido acreditar, se forma convicción que Carlos Rodolfo Adler, Beatriz Elena Díaz, Víctor Alejandro Garretón, Cristián Montecinos, Julio Andrés Saa, Jorge Miguel Salas son ejecutados al margen de toda legalidad o justificación por los agentes del Estado, quienes violaron su derecho a la vida.

 

En el marco de la investigación denominada Caso Torres San Borja, donde fueron detenidas 6 personas el 17 de octubre de 1973 y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, el ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de 10 años para tres ex uniformados.
Los sentenciados fueron identificados como los ex miembros de la escuela de suboficiales del Ejército Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes una vez que quede ejecutoriado el dictamen, deberán cumplirlo con presidio efectivo.
Los ex agentes son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero; Víctor Garretón Romero, importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi, estudiante universitario y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista.
Este caso tuvo un alto revuelo en 1976, pues el FMI consideró el hecho una violación a los derechos humanos por lo que pidió a la ONU investigar los hechos. El organismo internacional recomendó a Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables, sin embargo, en la época, se cerró el proceso sin culpables.
De acuerdo a la sentencia, las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de remodelación San Borja, el 16 de octubre de 1973 por miembros de la escuela de suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas en Pudahuel.
El 17 de octubre de 1973 son sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, y no obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora.

El horror y las gravisímas violaciones a los derechos humanos comenzó el mismo 11 de septiembre del 73 por parte de la dictadura. La imagen del bombardeo a La Moneda es sin duda la foto icónica del Golpe de Estado.

Pero hay otras que mostraron la barbarie y el salvajismo de los militares. Pinochet se ponía al nivel de Hitler y el Ejército chileno, al nivel de las SS nazis, ya que el líder austro-alemán mandó antes que Pinochet a quemar libros, diarios, cuadernos y cuadros en su país y en las naciones que invadió.

La imagen de quema de discos, libros, cuadernos, cuadros, libros y revistas, tras los allanamientos de las Torres de San Borja en la Alameda y calles Lira, Diagonal Paraguay y Portugal en Santiago de Chile, ocurridas desde el día 23 de septiembre de 1973, son parte de las fotografías que dieron vuelta al mundo, graficando el horror que se vivía en Chile tras el golpe militar del 11 de septiembre. Fueron las primeras quemas de libros.

En Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Villa Alemana y otras ciudades hubo gente que salió a las quebradas a quemar libros para protegerse en caso de allanamientos. Lo mismo ocurrió en Concepción, Talcahuano y otras ciudades.

El mundo no podía creerlo: Libros de historia, sicología, medicina, pedagogía, poesias de Neruda, de Gabriela Mistral, novelas de Gabriel García Márquez, y otros más "políticos", como libros de Eduardo Frei Montalva, de la Reforma Agraria, de Papelucho, y obviamente análisis de coyuntura del Gobierno de Allende, aunque fueran de oposición como libros del ministro de Justicia DC Jaime Castillo Velasco fueron quemados por los militares en plena calle casi frente a lo que es hoy el hospital Clínico de la UC.
Demostrando la absoluta ignorancia militar, fueron incinerados libros sobre  la Revolución Industrial y otros de arte sobre El Cubismo, porque "eran sobre Cuba", se escucha en un video grabado por periodistas alemanes.

Miles de libros perecieron bajo las llamas. Desde los textos revolucionarios de Karl Marx y Friedrich Engels y otros obviamente también fueron incinerados.

Trágica coincidencia: Muere Neruda y a la misma hora sus libros empiezan a quemarse cerca de donde fallece

Por una singular y trágica coincidencia, Pablo Neruda moría el mismo día y a la misma hora de la primera quema de libros. Sus obras y poesías eran incineradas a sólo unas 10 cuadras de donde fallecía, en la clínica Santa María en Providencia.

Durante el gobierno de Allende se creó la Editorial Quimantú que se traduce como sol para todos y contenía la idea de adquirir libros a muy bajo costo, entre ellos los libros más conocidos de nuestros dos Premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda.  

Desde el día del Golpe de Estado, la junta militar anunció por radio las nuevas medidas culturales, bajo la forma de 41 ordenanzas. La número 26 declara la "ocupación y la destrucción" de todas las ediciones de Editora Nacional Quimantú, entonces "símbolo de la democratización a través de la culturas"

La quema de los libros fue hecha pública por los militares para la prensa internacional y funcionó como castigo ejemplar y provocó que muchas personas en Chile la emularan, realizando sus propias quemas de libros, así estuvieran a favor o no del régimen, para evitar la persecución por tener literatura supuestamente prohibida y huir del encarcelamiento, los golpes y la tortura.

Así también, muchos miles se dedicaron a preservar sus libros, guardarlos en sótanos, entre techos, detrás de las paredes, techos falsos, cavar un hoyo en el patio o cualquier lugar que pudiera salvarse del ojo de los militares en caso de allanamientos.

Este cronista, con 16 años para el golpe, escondió en un entretecho parte de unos 30 libros y discos y otros -unos 20- los cubrió con una bolsa plástica e hizo un pequeño hoyo al final del patio al interior de un gallinero y los escondió en ese lugar. La casa fue allanada, como todas las del sector sur de la capital en forma masiva, pero la barbarie militar no alcanzó para preguntar por libros y discos. (extracto)

Los agentes asesinaron a la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero y a cuatro ciudadanos chilenos, incluyendo un empleado del FMI, un mes después del golpe de Pinochet, en 1973.

El juez Jorge Zepeda sentenció a diez años de presidio, sin beneficios, a tres ex militares chilenos por su participación en el asesinato de seis personas en la investigación denominada Caso Torres San Borja, ocurrido el 17 de octubre de 1973. Un día antes, las víctimas –entre las que se incluyen dos ciudadanos argentinos– fueron detenidas y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, en Santiago.

Los ex uniformados eran miembros de la escuela de suboficiales del ejército y fueron individualizados como Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes deberán cumplir presidio efectivo.

Esto porque los agentes –que actuaron a un mes de perpetrado el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet– son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), por ese entonces funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta (25) y Beatriz Elena Díaz Agüero (26); Víctor Garretón Romero (60), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25), estudiante universitario, y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista (35).

Este caso causó revuelo a mediados de la década de los ’70 por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI, lo que llevó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a solicitar antecedentes de los homicidios.

El 2 de junio de 1976, mediante la resolución N° 1810, determinó considerar que los hechos configuraban graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó al gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables.

La denuncia dio inicio a un proceso judicial por orden del ministro del Interior de la época, a cargo del fiscal militar Rolando Melo Silva, de la cual no se obtuvieron resultados y se cerró el proceso sin culpables como tantos otros casos que recién ahora se han reabierto para esclarecer la verdad de lo ocurrido en plena dictadura de Pinochet.

Según se desprende de la sentencia, las víctimas fueron detenidas el 16 de octubre de 1973 mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 del complejo de edificios San Borja, en pleno centro de la capital chilena. El secuestro fue efectuado por miembros de la escuela de suboficiales del ejército, quienes condujeron a los detenidos a un recinto de tortura habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, en la –por esos años– periférica comuna de Pudahuel.

Al día siguiente fueron sacados del lugar y llevados a los alrededores del túnel. Ahí se les ordenó a cada uno correr con la idea de que tenían una chance de escapar con vida. Sin embargo, el plan de los militares era simular una fuga y justificar los asesinatos. Poco importaron a los sujetos vestidos con cascos y ropas de camuflaje los gritos de clemencia de sus compatriotas o los otros que se escuchaban fuertes con acento extranjero. Todos murieron acribillados por ráfagas de ametralladora.

Según el Informe Rettig, emanado de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento global de las violaciones a los derechos humanos–, la patrulla que arrestó al matrimonio argentino pasó por alto que Beatriz Díaz estuviera embarazada.

Los seis detenidos fueron “trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres –a sólo unas cuadras de San Borja y a metros del convento de San Francisco– que perteneciera al Partido Socialista, conocido luego como centro de terror y torturas de la policía secreta”.

De Londres fueron “trasladados a la Casa de la Cultura a cargo de efectivos del ejército en calle La Estrella”, dice el Informe Rettig.

Al día siguiente, los cadáveres de los detenidos fueron hallados en el kilómetro 12 de la carretera que une Santiago con el puerto de Valparaíso, por vecinos. Cuatro días más tarde, unos parientes reconocieron los cuerpos en la morgue de Santiago.

Marcelo, padre de Ricardo Montecinos, testificó que a su hijo le sustrajeron un reloj de oro, doscientos dólares, su carnet y su pasaporte. Según el testimonio de un pariente de Carlos Saa, éste fue detenido e interrogado por militares el 14 de octubre, después de ser confundido con su hermano Julio Saa, dentista y residente de la Torre 12, quien tuvo discusiones con un tal Pascual Rodríguez, militante de Patria y Libertad (partido de ultraderecha) y, supuestamente, posterior colaborador del Servicio de Inteligencia militar (SIM).

Después del golpe, Rodríguez montó en San Borja una junta de vigilancia contra extremistas a la entrada de la fatídica Torre 12. Según Montecinos, el capitán Carlos Cardemil, jefe de la patrulla que arrestó a su hijo, “alojaba a menudo en el departamento de Pascual Rodríguez”. Se supone que ahí confeccionaron la lista de quienes debían eliminar en su obsesión de “salvar a la patria”.