Rodríguez Riquelme Luis Fernando

Rut                   :            6.028.356 de Santiago

F.Nacim.            :            11-07-47, 26 años de edad a la fecha de su detención

Domicilio            :            Villa Costanera Sur (ex Población Violeta Parra), Block 4, Depto. 22, Barrancas, Santiago

E.Civil              :            Casado, 2 hijos

Actividad            :            Fotógrafo

C.Repres.            :            Miembro de la Guardia Presidencial, GAP.

F.Detenc.            :            11 de septiembre de 1973

      SITUACION REPRESIVA

            Luis Fernando Rodríguez Riquelme, militante del Partido Socialista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 al salir el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido. Luis Rodríguez era miembro de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de Amigos Personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República.

            Luis Rodríguez estaba casado y tenía 2 hijos. Era fotógrafo de profesión y entre sus funciones de seguridad estaba la de fotografiar todos los actos y reuniones en los que participaba el Presidente Salvador Allende.

            El 11 de septiembre se encontraba cumpliendo sus funciones de miembro de la Guardia Presidencial cuando el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda aunque no causó bajas entre los defensores.

            La auxiliar de enfermería, Hilda Rosa Varas Gaete, que estaba prestando servicios en La Moneda ese día y que sobrevivió a esos hechos, señaló en declaración jurada que entre los GAP que allí estaban recuerda a "Mauricio", cuyo nombre verdadero era Luis Fernando Rodríguez Riquelme.

            Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda, allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

            Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas fueron sacadas desde dicho centro asistencial por efectivos Militares, encontrándose desde entonces en calidad de detenido desaparecido. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral, no alcanzaron a entrar en La Moneda y fueron detenidos en sus proximidades por Carabineros. Ellos eran Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 personas, algunos de los cuales fueron posteriormente ejecutados, en tanto que los otros permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.

            Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado Regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los Oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en un lugar denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente, eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.

            Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar a los 17 detectives que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, asesor presidencial; y, Arsenio Poupin Oissel, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

            Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

            Osses señala en su extensa declaración, que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

            El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

            Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, es quien ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18 horas de 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y, el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y, a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.

            Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en un camión militar.

            Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.

            Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relató que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión PEGASO del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que estos eran 26 ó 27.

            La familia de Luis Rodríguez sufrió graves persecuciones por parte de las autoridades Militares y entre otros hechos le fue quitada su vivienda, un modesto departamento en la población Violeta Parra, en la comuna de Las Barrancas.

            Esta matanza de prisioneros no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellos, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 20 de noviembre de 1975 se presentó una demanda por presunta desgracia ante el Noveno Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, que se registró con el rol 15.338-E. En el escrito se solicitó hacer consultas al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, SENDET (Secretaria Ejecutiva Nacional de Detenidos) e Instituto Médico Legal. También se solicitó que se diera orden amplia de investigar.

            La jueza suplente del Noveno Juzgado acogió las solicitudes y se emitieron los oficios correspondientes.

            El 1° de diciembre de 1975 el Instituto Médico Legal informó que no se había practicado ninguna autopsia ni había ingresado como fallecido a Luis Fernando Rodríguez Riquelme.

            El General Raúl Benavides Escobar, Ministro del Interior informó, en el Oficio confidencial 34-f-384 del 28 de noviembre de 1975, que el afectado no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio.

            El Coronel Jorge Espinoza, Secretario Ejecutivo Nacional de SENDET comunicó el 5 de diciembre de 1975, según oficio 3550/6647/1, que no tenía antecedentes de Fernando Rodríguez Riquelme.

            La investigación realizada por la Novena Comisaría Judicial de la Policía de Investigaciones, se entregó al Juzgado en el Parte N°14 del 31 de diciembre de 1975, que expresa que se interrogó a la cónyuge de Fernando Rodríguez, quien ratificó la información entregada y que se consultó a los Organismos de seguridad de las Fuerzas Armadas acerca de la posible detención, pero que no se lograron resultados positivos.

            El Servicio de Registro Civil e Identificación envió el extracto de filiación y antecedentes del afectado. Este informe confirma la identidad y existencia del afectado y se certifica que no tiene antecedentes penales.

            El 31 de marzo de 1977 el titular del Noveno Juzgado del Crimen cerró el sumario y declaró el sobreseimiento temporal de la causa "hasta que se presente nuevos y mejores datos de investigaciones". Este sobreseimiento fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 21 de junio de 1975.

            El 7 de julio de 1991 se interpuso una querella criminal por los delitos cometidos en la persona de Luis Fernando Rodríguez Riquelme que han dado lugar a su desaparición, solicitando diligencias ante el Registro Civil e Identificaciones y Policía Internacional y que se expida orden de investigar, causa rol N°126465-6 que se encuentra a la fecha de este informe en tramitación, en estado de sumario (1992).

            La cónyuge de Luis Rodríguez realizó gestiones ante SENDET, y otras instituciones para averiguar sobre su cónyuge, sin embargo, ninguna de estas diligencias tuvo éxito. También denunció el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Organización de Estados Americanos.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago  sometió a proceso a diez ex uniformados, entre ellos el general (r) Herman Brady por el delito de delito de secuestro calificado cometido en contra del ex GAP, Luis Fernando  Rodríguez Riquelme.

La resolución señala que tienen participación en el crimen  Luis Joaquín Ramírez Pineda, Servando Elías Maureira Roa, Jorge Iván Herrera López, Teobaldo Segundo Mendoza Vivencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva, Jorge Ismael Gamboa Alvarez,  general (r) Herman Julio Brady Roche y brigadier (r) Pedro Octavio Espinoza Bravo.

El dictamen señala que “se desprenden fundadas presunciones para estimar que a cada uno le cupo participación en calidad de autor en el delito descrito ( ) toda vez que el primero de los nombrados (Ramírez Pineda) en su calidad de Comandante del Regimiento Tacna, con el grado de coronel, ordenó el traslado de los prisioneros a Peldehue y presumiblemente dio también las ordenes para su fusilamiento, en tanto que el segundo al octavo de los normados, ejecutaron  dichas ordenes, sin que existan antecedentes que permitan estimar que dichos subordinados se encontraban en la situación de exigibilidad de otra conducta”.

Añade el dictamen que el décimo (Espinoza Bravo) llegó también  al lugar donde bajaron a los prisioneros y con mando dispuso lo pertinente para que presumiblemente los fusilaran, y el noveno (Brady Roche) teniendo  un cargo superior en el mando del primero de los nombrados (Ramírez Pineda) dispuso o permitió que se llevara a cabo el traslado de la víctima hasta Peldehue, donde desaparece”.

Luis Fernando Rodríguez Riquelme era parte del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y fue detenido el 11 de septiembre en La Moneda. El día 13 de septiembre alrededor del mediodía por orden del Comandante del Regimiento Tacna (Ramírez Pineda) fueron amarrados con alambres en manos y pies y trasladados  a bordo de un camión Pegaso, cubiertos con una lona, rumbo a Peldehue.

En este lugar se pierde información sobre el detenido, presumiéndose que fue acribillado.

La confirmación de identidades la hizo la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal con apoyo de un laboratorio genético austríaco. Ellos sufrieron una doble muerte: las balas de la metralla y el desentierro para desaparecer en el mar.
Fueron identificados 11 asesores de Salvador Allende asesinados en Peldehue: Las otras huellas de La Moneda
El 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y alrededores fueron arrestados cerca de 40 personas, la mayoría de ellos asesores y GAP de Allende.
Los restos de 11 detenidos desaparecidos arrestados el día del golpe militar en el Palacio de La Moneda, fueron definitivamente identificados por el Servicio Médico Legal con la colaboración del laboratorio de genética de Innsbruck en Austria.
La información fue entregada ayer a los familiares por el director del SML, doctor Patricio Bustos, quien previamente había entregado los informes al juez Juan Fuentes Belmar que instruye la causa por los desaparecidos de La Moneda.
Las identidades corresponden a Enrique Paris Roa, 40 años al momento de su detención; Héctor Pincheira Núñez, (28); Óscar Lagos Ríos (21); Julio Moreno Pulgar (24), Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Juan Vargas Contreras (23), Óscar Avilés Jofré (28), Jaime Sotelo Ojeda (33), Manuel Castro Zamorano (23) y Luis Rodríguez Riquelme.
De esta lista, Paris y Pincheira eran asesores del Presidente Salvador Allende y el resto eran integrantes de la seguridad personal (GAP) del Mandatario. Las identidades de Lagos, Moreno, Tapia y Vargas, aparecieron como “lanzados al mar” en el informe sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos que entregó el Ejército en enero de 2001, luego de la mesa de diálogo de derechos humanos realizada en 2000.
“A pesar del paso del tiempo, de las limitaciones tecnológicas y de los obstáculos que pusieron los ejecutores de estos hechos, hemos logrado con el equipo multidisciplinario de la Unidad de Derechos Humanos de nuestro servicio, avanzar en el proceso de identificación de víctimas de la dictadura con metodología muy acuciosa en el área de la Arqueología, la Antropología, como también de los laboratorios extranjeros acreditados para la extracción de ADN, obteniendo resultados positivos”, dijo el doctor Patricio Bustos.
El 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y alrededores fueron arrestados cerca de 40 personas, la mayoría de ellos asesores y GAP de Allende. Los detenidos fueron llevados al regimiento Tacna y dos días después sacaron a unos 20 de ellos en dos camiones, los condujeron al campo de entrenamiento de Peldehue, al norte de Santiago, y los mataron disparándoles con ametralladora. Comandante del Tacna era entonces el coronel Joaquín Ramírez Pineda.
Quienes recibieron a los detenidos en Peldehue para supervisar que efectivamente los eliminaran, fueron el mayor Pedro Espinoza Bravo, quien después integró la Caravana de la Muerte y la DINA, y el teniente Julio Vandorsee Cerda.
El entonces subteniente del Tacna Jorge Iván Herrera López manejó la ametralladora matándolos de a uno en uno, como lo contó a La Nación Domingo en diciembre de 2002. Los cuerpos fueron arrojados a un pozo seco de unos 10 metros de profundidad que luego dinamitaron para cubrir los cadáveres.
EL DESENTIERRO
Cerca de la Navidad de 1978, un destacamento del Tacna que ahora comandaba el coronel Hernán Canales Varas, ubicó el pozo y desenterró los cuerpos para ensacarlos y lanzarlos al mar a bordo de un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, entonces a cargo del coronel Fernando Darrigrandi Márquez.

El desentierro formó parte de la llamada Operación Retiro de Televisores que se desarrolló por todo el país para desenterrar los cuerpos de los prisioneros asesinados sepultados en fosas clandestinas, y lanzarlos al mar o incinerarlos como ocurrió en algunos regimientos del sur. La orden la impartió el dictador Augusto Pinochet a través de un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército enviada a todos los regimientos del país a fines de 1978.
En el verano de 2001, la jueza Amanda Valdovinos inspeccionó el lugar en Peldehue y halló el pozo desde donde desenterraron los cuerpos. Desde allí se extrajeron cerca de 500 piezas óseas que quedaron del desentierro realizado con una retroexcavadora.
La información había sido aportada bajo reserva de identidad en la referida mesa de diálogo, sin embargo no correspondió al sitio donde finalmente se encontraron los restos.
Por el desentierro fueron condenados nueve oficiales y suboficiales (R) sólo a 270 días de prisión cada uno, con libertad vigilada.
El proceso por los crímenes de los desaparecidos de La Moneda sigue abierto y por el están procesados, entre otros, el mismo Pedro Espinoza, Ramírez Pineda, Jorge Iván Herrera, el general (R) Herman Brady, quien era el comandante de la Guarnición Militar de Santiago, y un grupo de suboficiales ya retirados que participaron en el traslado de los prisioneros a Peldehue y que luego también formaron parte del equipo que desenterró los cuerpos. Algunos de ellos son Eliseo Cornejo, Bernardo Soto, Teobaldo Mendoza y Juan Riquelme Silva.

La Justicia ratificó las sentencias de entre siete y 20 años de cárcel dictadas contra siete militares por el secuestro y el homicidio de 23 colaboradores del expresidente Salvador Allende, asesinados el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, el día que se produjo el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a siete miembros del Ejército como coautores de los delitos de homicidio y secuestro calificado de un total de 23 víctimas, todas colaboradores directos del expresidente Salvador Allende.

Las víctimas fueron detenidas el 11 de septiembre de 1973 desde el palacio de La Moneda, tras el golpe militar y trasladados al Regimiento Tacna y al “Fuerte Arteaga” en Peldehue, donde fueron fusilados y explosionados con granadas.

Entre las víctimas se encontraban asesores políticos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos, economistas y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, entre otros.

Se trata de Jaime Antonio Barrios Meza, economista y quien se desempeñaba como gerente general del Banco Central; Egidio Enrique Paris Roa, ex secretario general de la Universidad de Chile; Georges Klein Pipper, médico y asesor de la Secretaría General de Gobierno; Claudio Raúl Jimeno Grendi y Héctor Ricardo Pincheira Núñez también asesores presidenciales.

Además, se cuentan a Luis Avilés Jofré, Manuel Ramón Castro Zamorano, Oscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa y Oscar, todos miembros del GAP.

Penas de 20 a 7 años de cárcel

La Sala -integrada por las ministras- María Soledad Melo, Gloria Maria Solis e Inelie Durán- confirmó lo resuelto en mayo de 2018 por el ministro instructor Miguel Vázquez Plaza, y condenó al entonces militar del Ejército Pedro Espinoza Bravo a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, como coautor de los delitos de homicidio calificado de 15 de las 23 víctimas.

Además, se condena a Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y a Jorge Ismael Gamboa Álvarez, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, como coautores de los delitos de homicidio calificado.

Mientras que Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López, actualmente fallecido, fueron condenados a 9 años de presidio mayor por el mismo delito.

Maureira Roa y Herrera López también fueron condenados como autores de presidio menor en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado de 8 de las 23 víctimas.

Esto son Juan Eduardo Paredes Barrientos, exjefe de la Policía de Investigaciones; Arsenio Poupin Oissel, ex secretario general de Gobierno; Sergio Contreras; Enrique Huerta Corvalán, exintendente de Palacio; Daniel Escobar Cruz, jefe de gabinete del Subcretario de Interior; y los exGAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, y Oscar Enrique Valladares Caroca.

Fueron detenidos en La Moneda

De acuerdo a la investigación sustanciada por el ministro Miguel Vázquez, se pudo establecer que las víctimas estuvieron en el interior del palacio de la Moneda el día 11 de septiembre de 1973 y que salieron por la Puerta de Morandé N°80, detenidas y trasladadas al Regimiento Tacna, lugar en donde permanecieron hasta el 13 de septiembre del mismo año, fecha en que fueron sacados del recinto amarrados de pies y manos con alambres, en un camión Pegaso.

Luego fueron trasladados al recinto militar “Fuerte Arteaga” en Peldehue, en esta localidad las víctimas fueron fusiladas y explosionadas con granadas.

Cinco años después de haber sido fusiladas, sus cuerpos fueron exhumados y vueltos a desaparecer. Sin embargo, en el lugar quedaron astillas de huesos y otros restos óseos, con lo cual se logró identificar a 15 de las 23 víctimas.

Los 8 restantes no fueron encontrados, desconociéndose hasta hoy el paradero de Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Enrique Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Oscar Enrique Valladares Caroca.

Nelson Caucoto calificó fallo de “dulce y agraz”

Al respecto, el abogado querellante Nelson Caucoto calificó de “dulce y agraz” la sentencia recaída en esta causa.

“De dulce porque 48 años después se está poniendo término a un juicio de raigambre histórica. Se trata de los hechos ocurridos en el Palacio de La Moneda, esto es en el corazón de la institucionalidad política y republicana de Chile, la que fue arrasada a sangre y fuego por los militares golpistas”, aseguró.

“Son 23 víctimas, colaboradoras del presidente Allende que estuvieron hasta el último momento acompañándolo ese crucial día”, agregó.

Caucoto detalló que de esas 23 víctimas, cuyos restos fueron removidos 5 años después, se lograron identificar 15, que dieron lugar a la calificación jurídica de homicidios calificados.

Mientras que las 8 restantes dieron lugar a secuestros calificados.

“Y de agraz”, explica el abogado “porque es en estos últimos 8 delitos donde discrepamos de la penalidad y participación determinada, tanto en primera como el de segunda instancia. Confiamos que la Corte Suprema pueda rectificar en esa parte esta sentencia, para que tengamos justicia plena”, concluyó.

Siete oficiales (r) fueron condenados por detener, torturar y asesinar a 23 personas, las que fueron capturadas luego del golpe de Estado en el palacio de La Moneda.

El ministro en visita para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, condenó a siete oficiales (r) del Ejército, por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores del presidente Salvador Allende, detenidos tras el golpe de Estado en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.

En el fallo, el ministro en visita condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de presidio, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de: Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa.

En tanto, Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López deberán pasar nueve años en prisión; y los ex militares Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, el ministro Vázquez Plaza fueron condenados a siete años de presidio, como coautores de los delitos de homicidio calificado.

Además, en el caso de los ex militares Servando Elías Maureira Roa y a Jorge Iván Herrera López, se les sumó una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, por ser coautores de los delitos de secuestro calificado de Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca.

Los hechos

En la investigación se determinó que tras el golpe de Estado, militares ingresaron a la casa de gobierno para detener a unas 50 personas, entre las que se encontraban asesores del presidente Allende, miembros de seguridad (GAP), médicos y detectives de la PDI.

48 horas después, sólo 23 quedaron detenidos, mientras que el resto fue liberado. Sin embargo, los aprehendidos fueron torturados en el regimiento Tacna, lugar donde fueron amarrados de pies y manos y trasladados a un recinto militar en Peldehue, donde fueron asesinados con una ametralladora.

Tras dar muerte a estas personas, se les arrojaron granadas hacia las fosas donde cayeron, para finalmente sepultarlos con tierra, todo «ante la vista de un oficial de Ejército que presenció los fusilamientos», como indica la investigación.

En el marco del “Mes de la Memoria”, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes realizó un homenaje a artistas víctimas de la dictadura militar, acto donde el escritor, Jorge Montealegre, presentó su libro “Memorias Eclipsadas. Duelo y resiliencia comunitaria en la prisión política”. emotivo homenaje a artistas, cultores y artesanos víctimas de la dictadura se desarrolló este viernes 9 de septiembre en Valparaíso, en el Centro de extensión del Consejo de la Cultura y las Artes (Centex).

La encargada de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Francia Jamett Pizarro, resaltó el rol de la institución en la observancia de políticas de reparación simbólica. “La celebración de conmemoraciones y homenajes a víctimas de violaciones a los derechos humanos forman parte de los valores y principios del Consejo expresados en las Políticas Culturales 2011-2016. Este reconocimiento a las y los artistas víctimas de la dictadura responde a un compromiso institucional que busca resaltar sus vidas y sus obras, y construir nuevos relatos en torno a la reparación simbólica”, expreso la encargada.

El escritor, Jorge Montealegre, presentó su libro “Memorias Eclipsadas. Duelo y resiliencia comunitaria en la prisión política”, donde relata la manera en que la creación artísticas y cultural, en condiciones de vivencia en campos de prisioneros, permitieron sobrellevar de una manera más digna las violaciones de derechos humanos permanentes que sufrieron quienes fueron encarcelados por motivos políticos.

El ciclo “Mes de la Memoria”, organizado por el CNCA, se inició el pasado viernes 2 de septiembre con un simbólico homenaje interno para recordar el legado de Galia Díaz Riffo y Romina Irarrázabal Faggiani, funcionarias fallecidas hace cinco años en el accidente aéreo de Juan Fernández.