Pesle De Menil Etienne Marie Louis

Un juz procesó hoy y ordenó el arresto de nueve antiguos miembros de la Fuerza Aérea, por el secuestro calificado (desaparición) del sacerdote francés y militante del Partido Socialista Etienne Pesle de Menil, en 1973.La resolución, del juez especial Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, somete a proceso y dispone la detención de Emilio Sandoval, Enrique Rebolledo, Luis Soto, Leonardo Reyes, Luis Yáñez, Jorge Soto, Jorge Valdebenito, Heriberto Pereira y Crisóstomo Ferrada, todos ellos antiguos oficiales, suboficiales u oficiales de reserva de la Fuerza Aérea.

Pesle de Menil desapareció el 19 de septiembre de 1973, en la ciudad de Temuco, donde fue detenido por una patrulla compuesta por efectivos de la base aérea de Maquehue.

De acuerdo con los antecedentes del caso, tras la detención en las dependencias de del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), donde trabajaba el francés, fue trasladado dentro de la base a un lugar denominado la "Torre", donde permanecían los detenidos incomunicados, donde se perdió su rastro.

Los nueve procesados, salvo Ferrada, quien se encuentra hospitalizado, ya fueron detenidos y permanecen en una base aérea.

Por la desaparición de Pesle de Menil, ya en noviembre de 2011 la Justicia francesa condenó en ausencia a 15 años a Emilio Sandoval.

Rut                   :            3.837.205 Santiago

F.Nacim.            :            07-01-24, 49 años de edad, nacionalidad francesa

Domicilio            :            Pirihueico 01890, Villa San Martín, Temuco

E.Civil              :             Casado, 2 hijos

Actividad : Empleado de Indap.

C. Repres.: Ex sacerdote, militante del Partido Socialista. Miembro del Movimiento de Cristianos por el Socialismo.

F.Detenc.            :            19 de septiembre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Etienne Pesle de Menil, ex sacerdote de origen francés, nacionalizado chileno, casado, 2 hijos, fue detenido en su domicilio de la ciudad de Temuco, el 12 de septiembre de 1973, a las 19:00 horas, por personal de Investigaciones y Carabineros. Al día siguiente, a las 21:00 horas, fue llevado a su hogar por el Coronel de la Fuerza Aérea Luis Gómez, quien lo trasladó en su automóvil particular y le indicó que quedaba en libertad. El 17 de ese mes, se presentó a la Fiscalía Militar de Cautín, con toda su documentación y con su contrato de trabajo, oportunidad en que se le manifestó que no había cargos en su contra y que continuara desarrollando su trabajo acostumbrado. Sin embargo, el 19 de septiembre fue detenido a las 11:00 horas, en su lugar de trabajo Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Temuco, por personal de la Fuerza Aérea y militares en una camioneta fiscal de color blanco, sin disco. Los uniformados le indicaron que lo necesitaban para que prestara una breve declaración en el recinto militar. Testigos de la aprehensión fueron unos 20 funcionarios de INDAP, quienes avisaron a su cónyuge, Haydée Méndez Cáceres, de la situación del afectado. La Sra. Méndez, enterada del nuevo arresto de su esposo, se dirigió al Regimiento Tucapel en donde se le negó la detención y se le dijo que se fuera del lugar. Igual información le proporcionaron en la Fuerza Aérea. Dado que el afectado era ciudadano francés, le comunicó los hechos al cónsul de ese país en Temuco, Pedro Alzuguet, quien le recomendó hiciera averiguaciones en Lautaro, donde su esposo desarrollaba sus funciones laborales, pero en la Comisaría de Carabineros del lugar no tenían información acerca de su marido. Todas las diligencias posteriores realizadas para dar con su paradero no han dado resultado alguno.

            Cabe hacer presente que su cónyuge fue asaltada en su domicilio una noche del mes de junio de 1975, por desconocidos que dijeron ser policías. Sin mediar palabra alguna se le golpeó ferozmente con un fierro en la parte posterior del cráneo, provocándole pérdida total de la audición del oído derecho.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El caso del ciudadano francés, nacionalizado chileno, Etienne Pesle de Menil, fue incluido en la presentación que dio origen a la resolución de la Corte Suprema de designar Ministro en Visita en algunas Cortes para investigar las denuncias de personas detenidas desaparecidas. En el caso particular de la Corte de Apelaciones de Temuco, se designó al Ministro Alfredo Meynet González como titular de la causa 2-79 y que conoció los casos de desaparecidos del departamento de Temuco, y que se inició el 2 de abril de 1979. Paralelamente, la Sra. Haydée Méndez Cáceres, con fecha 4 de abril de ese año, interpuso una denuncia por presunta desgracia ante el Segundo Juzgado del Crimen de Temuco, iniciando el proceso N°48.392, el que fue acumulado a la causa instruida por el Ministro en Visita. El 9 de abril de 1979, la Penitenciaría de Temuco informó al tribunal que revisados los libros de la Sección Estadística, desde el año 73 a la fecha, se pudo comprobar que no existe ingreso de don Etienne Pesle de Menil. El 12 de abril, la Fiscalía Militar letrada de Cautín informó que, ni en esa Fiscalía ni en el IV Juzgado Militar de Valdivia no se registra antecedente relativo al afectado. El 2 de mayo de 1979 compareció ante el tribunal Luis Gómez Ampuero, Coronel (R) de la FACH, quien expone que es efectiva la cita que se le hace en la denuncia de presunta desgracia, y agrega que el 13 de septiembre de 1973 como a las 19:00 horas el Asesor Jurídico de la Fiscalía Militar, don Alfonso Podlech le preguntó si él conocía a una persona que estaba detenida, pudiendo constatar que se trataba de Etienne Pesle, a quien conocía por haber sido consejero de la Cooperativa Agrícola, Copalca, al igual que él. Como no había antecedentes en su contra y por ser hora de toque de queda, le pidió que lo llevara a su casa, a lo que accedió. El fue designado Interventor de Copalca el 12 de septiembre de 1973 y Etienne Pesle se sintió comprometido con él y dada su situación militar, todos los días a las 08:00 de la mañana se presentaba ante él en la Cooperativa, lo que duró más o menos una semana. Pero como en realidad no era necesario que hiciera estas presentaciones, le manifestó que continuara trabajando en forma normal. A fines de septiembre o primeros días de octubre, fue a hablar con él la esposa de Etienne, expresándole que su marido había sido detenido por una patrulla de la Fach el 19 de septiembre en su trabajo en Indap. El hizo las averiguaciones en el Grupo N°3 de Helicópteros y se le informó que no figuraba en las listas de detenidos de que se haya tenido conocimiento en la Institución. Al poco tiempo después habló con él Pedro Alzuguet, representante consular de Francia en Temuco, quien por encargo de la Embajada de Francia le solicitó información acerca de Etienne Pesle, y a él le proporcionó los mismos datos ya expuestos. Posteriormente, en mayo de 1979, el Grupo N°3 de Helicópteros informó al Ministro en Visita que en esa Unidad no hay antecedentes sobre la víctima.

            El 25 de octubre de 1979 el Ministro en Visita se declaró incompetente de seguir conociendo la causa y remitió los antecedentes al IV Juzgado Militar de Valdivia, con el fundamento de que todas las personas cuyo desaparecimiento se investiga, fueron detenidas, en distintas oportunidades y lugares por personal de Carabineros, Ejército o Fuerza Aérea, en diversas patrullas actuando inequívocamente en actos de servicio. Concluyendo el Sr. Ministro que alguna suerte de responsabilidad en el desaparecimiento de estas personas les cabe al personal uniformado que procedió a su detención comprobada. El 19 de diciembre de 1979 el IV Juzgado Militar resolvió que era competente conocer la causa, ordenando a la Fiscalía Militar Letrada de Cautín instruir la causa 1192 bis-79, y que con respecto a las personas desaparecidas en que aparecen como inculpados personal de la Fuerza Aérea, remitió las piezas pertinentes al Juzgado de Aviación, tribunal que con fecha 30 de enero aceptó la competencia y ordenó instruir la causa 7-80 por la Fiscalía de Aviación de Puerto Montt, la que fue sobreseída temporalmente en virtud del art. 409 N°1 del Código de Procedimiento Penal, el 23 de julio de 1981, resolución que fue aprobada por la Corte Marcial el 20 de octubre de ese año.

            Cabe hacer notar que en ninguna de las instancias del proceso judicial, fueron citados a declarar los testigos directos de la detención de la víctima, todos funcionarios de INDAP, y que se encontraban presentes al momento que éste fue arrestado por una patrulla de la Fuerza Aérea.

Se trata de dos ex miembros de la Fach que fueron condenados por el delito de secuestro calificado del ciudadano francés Etienne Marie Louis Pesle de Menil, hecho ocurrido en la Base Aérea de Maquehue de Temuco en 1973.

Dos ex funcionarios de la Fach condenados por violación a los derechos humanos, durante la dictadura, fueron trasladados hasta la cárcel de Pitrufquén.

Se trata Jorge Aliro Valdebenito Isler y Heriberto Pereira Rojas, quienes fueron condenados junto a otros 7 miembros de la Fach por el delito de secuestro calificado del ciudadano francés Etienne Marie Louis Pesle de Menil; Ilícito cometido en la Base Aérea de Maquehue, de la comuna de Temuco, en septiembre del año 1973.

El ingreso de ambos condenados se registró el pasado jueves 26 de diciembre al Centro de Detención Preventiva de Pitrufquén por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago, para dar cumplimiento a la condena de ambos.

Recordemos que el 19 de noviembre de este año, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución que condenó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea: Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Luis Alberto Soto Pinto, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera y Jorge Eduardo Soto Herrera a 10 años y un día de presidio como autores de secuestro calificado del ciudadano francés; más 541 días de presidio por asociación ilícita.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario Carroza, estableció que los condenados «son los que detienen a Etienne Marie Louis Pesie de Menil el día 19 de septiembre de 1973, le trasladan hasta su base de operaciones, la Base Aérea de Maquehue, donde al igual que todos los detenidos, lo mantienen amarrado de las manos y con su vista vendada, y le interrogan en el Pabellón de la Comandancia bajo tortura, manteniéndole encerrado sin derecho por tiempo indeterminado en la misma Base Aérea, lugar desde donde no se tiene más conocimiento de su existencia, y desaparece sin que hasta el momento se tenga noticias de su destino ni tampoco registros en que conste su deceso».

En el aspecto civil, La Corte Suprema confirmó el fallo que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $ 180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a los familiares de la víctima.

El ilícito fue cometido por los ex uniformados en la Base Aérea de Maquehue, de la comuna de Temuco, en septiembre del año 1973 y contra Etienne Marie Louis Pesle de Menil.

La Corte Suprema confirmó la condena de 10 años y un día de presidio efectivo a 9 funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), como autores del delito de secuestros calificado del ciudadano francés Etienne Marie Louis Pesle de Menil.

El ilícito fue cometido por los ex-miembros de la FACh en la Base Aérea de Maquehue, de la comuna de Temuco, en septiembre del año 1973.De forma unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducido por la defensa de Emilio Sandoval Poo, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo condenó junto a otros ocho acusados, por su responsabilidad en el delito cometido a partir del 19 de septiembre de 1973, en Temuco.En la sentencia, se confirmó la resolución que condenó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea: Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Luis Alberto Soto Pinto, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera y Jorge Eduardo Soto Herrera a 10 años y un día de presidio como autores de secuestro calificado del ciudadano francés; más 541 días de presidio por asociación ilícita.

La vicepresidenta de Codepu conoce de cerca el sistema francés de justicia y derecho humanitario, porque fue la cara visible de la organización en la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el juicio seguido en París contra ex agentes de la dictadura por los crímenes de ciudadanos franco-chilenos durante el régimen de Pinochet. En medio del descontento del oficialismo por el asilo del ex frentista en Francia, la neuropsiquiatra emplaza a la derecha chilena.

"Absurdas”. Esa es la palabra que Paz Rojas, integrante de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), elige para describir las distintas peticiones del Gobierno de Sebastián Piñera y los partidos políticos oficialistas -bajo la batuta de la UDI- para revertir la medida de asilo otorgada por Francia al ex frentista Ricardo Palma Salamanca.

En conversación con El Mostrador, la neuropsiquiatra, que durante la dictadura fundó un equipo que clandestinamente atendió a las víctimas de tortura, familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, asegura que "no me extraña que Francia le haya dado el asilo (a Palma Salamanca)”.

“Francia conoce muy a fondo todo lo que los chilenos vivieron, vivimos y estuvieron muy cerca siempre de nosotros. Francia nos acogió como hijos y Francia conoce este tipo de cosas”, reflexiona la vicepresidenta de Codepu, quien recordó que durante el régimen de Augusto Pinochet debió abandonar el país, puesto que ella y sus colaboradores eran requeridos por la DINA.

Además, Rojas tuvo palabras sobre la carta que envió el Presidente Piñera a su par francés, pidiendo su intervención directa en el caso: "Yo no creo que Macron tome en cuenta eso. Y además, existen organismos en Francia como la OFPRA (Oficina de Protección a los Refugiados y Apátridas) que le da el refugio (a Palma Salamanca) y que es muy independiente del Gobierno", manifestó.

Cuando no hubo extradición desde Chile

La activista conoce de cerca el sistema francés de justicia y derecho humanitario, porque fue la cara visible de la organización en la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el juicio seguido en París contra ex agentes del Estado por los crímenes de un grupo de franco-chilenos durante la dictadura.

En 1998, luego de la detención de Pinochet en Londres, se interpuso una querella en Francia por los ciudadanos franceses asesinados o desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, solicitándose el arresto inmediato de éste y su extradición para ser juzgado ante los tribunales franceses.

Finalmente, en ese caso, en un fallo histórico, la Corte Penal de París condenó el 17 de diciembre de 2010 a 13 acusados, entre ellos a la cúpula de la DINA, a penas de prisión entre 15 años y cadena perpetua, por el secuestro y la tortura de Alfonso Chanfreau, Jean-Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. Sin embargo, el pedido de extradición galo fue denegado por Chile, primero por la ministra Rosa María Maggi, decisión que luego fue ratificada por la Corte Suprema.

Ese hito es recordado ahora que desde la derecha chilena se acusa a Francia de ser “cómplice del terrorismo”, por asilar al imputado por el crimen del senador UDI Jaime Guzmán. Dicha reacción contrasta con el silencio que tuvieron para otros casos, como el de los franceses asesinados bajo la dictadura de Augusto Pinochet. A la reacción de la condena contra la decisión del organismo francés también se han sumado rostros de la ex Nueva mayoría, quienes han abogado por la extradición de Palma Salamanca para que cumpla su condena en Chile.

Para Rojas, esto refleja que “todos los gobiernos, incluido la Concertación, han hecho una justicia no en la profundidad que merecía esta dictadura que duró 17 años y que encarceló, torturó, hizo desaparecer y ejecutó. O sea, todas las cosas que hicieron los sucesivos gobiernos para mí son absolutamente insuficientes”.

Algunos de los ciudadanos franco-chilenos víctimas de la dictadura:

Alfonso Chanfreau Oyarce: Detenido desaparecido desde el 30 de julio de 1974, a la edad de 23 años, casado, una hija, estudiante de filosofía en la Universidad de Chile en Santiago. Fue arrestado en su domicilio en Santiago, por agentes de la DINA. Trasladado a la casa de torturas de calle Londres 38. Al día siguiente detienen a su esposa, Erika Hennings, quien es trasladada al mismo lugar en donde fueron torturados por agentes de la DINA.  En agosto de 1974, es trasladado a un lugar desconocido y desde esa fecha está desaparecido.

Jean Yves Claudet Fernández:  Detenido desaparecido desde el 1 de noviembre de 1975, en Buenos Aires. Tenía 35 años, casado, 2 hijos, ingeniero químico. Detenido en dos ocasiones después del 11 de septiembre de 1973 y procesado ante la Fiscalía Militar. Repatriado a Francia en 1974, llega a Argentina en 1975. Agentes de la DINA en marco del "Plan Cóndor", lo detienen en un hotel en Buenos Aires y desde esa fecha permanece desaparecido.

Georges Klein Pipper: Detenido desaparecido desde el 11 de septiembre de 1973, médico, asesor del Presidente Salvador Allende. Tenía 27 años en esa fecha, casado, una hija. Arrestado junto al último grupo de personas que se encontraban al interior de La Moneda después del bombardeo. Trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido.

Etienne Pesle De Menil: Detenido desaparecido desde el 19 de septiembre de 1973 en Temuco. Ex sacerdote, 49 años en esa fecha, casado, 2 hijos. Fue arrestado en su lugar de trabajo (INDAP) ante numerosos testigos por personal de la Fuerza Aérea y militares, y llevado en una camioneta con destino desconocido. Desde esa fecha permanece desaparecido.

Otros franceses víctimas de la dictadura son:

Enrique Ropert Contreras: 20 años, militante del Partido Socialista, estudiante de Economía en la Universidad de Chile, hijo de Miria Contreras, secretaria del Presidente Allende. El 11 de septiembre de 1973 a las 08.30 hrs, Ropert llegó a La Moneda a dejar a su madre; cuando ella se baja del vehículo, Carabineros lo detiene. Fue trasladado hasta la Intendencia, desde donde fue conducido a la Sexta Comisaría de Carabineros de Santiago, según el Informe Rettig.  En esa dependencia de Carabineros fue el último lugar donde se le vio con vida. Días después su cuerpo fue encontrado en una de las riberas del río Mapocho, bajo un puente.

Andre Jarlan Pourcel: Sacerdote francés. Vicario de la Parroquia de la Victoria en Santiago. Murió al ser impactado por una bala disparada por Carabineros durante la Jornada de Protesta Nacional del 4 de septiembre de 1984, mientras se encontraba orando en la habitación de su domicilio. La familia presentó querella criminal contra Carabineros. Dos nuevas querellas fueron presentadas el 20 de noviembre de 1998, ante los tribunales de París.

Rene Marcel Amiel Baquet: Detenido desaparecido desde 1977 en Mendoza, Argentina. Fue arrestado por agentes chilenos y argentinos.  

La Corte de Apelaciones de Santiago aumentó desde cinco años y un día a diez años de prisión las penas a nueve miembros retirados de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), por el secuestro calificado (desaparición) de un exsacerdote francés ocurrido en 1973, informaron hoy fuentes judiciales.

Etienne Marie Louis Pesle de Menil tenía 49 años, era casado, padre de dos hijos y trabajaba en el estatal Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) cuando fue detenido en la sureña ciudad de Temuco el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet.

El exreligioso pertenecía al partido socialista y era miembro de la agrupación "Cristianos por el Socialismo".

En esa ocasión, la Fiscalía Militar de Temuco ordenó su liberación y lo dejó bajo la custodia del director de una empresa lechera de la zona, ya fallecido, lo que se mantuvo hasta el 19 de septiembre siguiente.

En la investigación del caso, el juez especial Mario Carroza determinó que ese día, cuando Pesle de Menil estaba en su trabajo en el Indap un grupo de militares de la FACH, "sin exhibir orden judicial o administrativa alguna" le sacaron del lugar y lo llevaron a la base aérea Maquehue, en las afueras de la ciudad.

En ese lugar, según declaraciones de testigos, es interrogado bajo tortura durante varios días, hasta que desaparece sin dejar rastro.

En un fallo unánime, la V Sala del tribunal de alzada santiaguino aumentó desde cinco años y un día a diez años de prisión las penas a los procesados Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Fernández Carrasco, Jorge Valdbenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Yáñez Silva, Luis Soto Pinto, Enrique Rebolledo Sotelo, Leandro Reyes Herrera y Jorge Soto Herrera, como autores del delito.

No obstante, el tribunal rebajó de 800 a 541 días de prisión que el juez de primera instancia les había aplicado por el delito de asociación ilícita.

En la parte civil, la Corte confirmó que el Estado deberá pagar una indemnización por daño moral de cincuenta millones de pesos (unos 83.000 dólares) a cada uno de los dos hijos de la víctima.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990),según datos oficiales, unas 3.200 murieron en Chile a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.

Un acto central de reconocimiento junto a sus familiares, una placa que quedó firme en un muro con sus nombres y la inclusión póstuma como socios de la Asociación Nacional de Funcionarios de INDAP (ANFI), recibieron los 13 trabajadores de esta institución ejecutados políticos o detenidos desaparecidos tras el golpe de Estado de 1973, en el homenaje en su memoria realizado este miércoles en dependencias de la Dirección Nacional de este servicio del Ministerio de Agricultura.

Se trata de 12 hombres y una mujer de entre 21 y 49 años, que se desempeñaban como conductor, secretaria, periodistas, administrativos, técnicos, jefes de  Área y de Zona, de los cuales 4 fueron asesinados por agentes de la dictadura y los otros 9 permanecen como desparecidos, luego de arrestos en distintas circunstancias  en varias ciudades desde Quillota hasta Quellón.

Las viudas de algunas de estas víctimas, sus hijos, un yerno y hasta el bisnieto de uno de ellos, fueron los principales invitados a la ceremonia, organizada por ANFI y la dirección de INDAP, en la que recibieron especialmente el saludo de los actuales funcionarios, dirigentes y las autoridades de Gobierno encabezadas por el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, y el director nacional de INDAP, Octavio Sotomayor.

Fernando Moraga, presidente nacional de ANFI, entidad que impulsó este acto que tuvo también la presentación del folclorista Fernando Yáñez, señaló en su mensaje a los asistentes que los homenajeados fueron ejecutados o desaparecidos “por el solo hecho de trabajar en la institución”.

El dirigente enfatizó que “aquí no hubo ninguno que fuera un peligro para la sociedad, aquí se mató porque se podía matar. La dictadura mató por matar, por un gusto, porque alguien le dijo. Nuestros compañeros fueron sacados de las oficinas para ser ejecutados, venían a devolver un vehículo y los ejecutaban. No podemos olvidar nunca lo que ocurrió en esa época y Dios quiera que se pague en esta tierra el daño causado a todos los chilenos y chilenas”.
 

A nombre del Gobierno, el subsecretario Ternicier entregó un mensaje en que agradeció “esta gran iniciativa de cumplir con el deber de recordar a nuestros compañeros caídos y no olvidar por lo que pasó Chile” y destacó “la solidaridad, el pésame y el compromiso por ayudar a la justicia y la verdad en Chile”. “La única manera de construir Chile en el futuro es sobre la base de la justicia y la verdad”, enfatizó.

El director Octavio Sotomayor, que también dio un saludo a los familiares e invitados al acto, señaló luego de éste su satisfacción porque se trató, dijo, de “una ceremonia muy bonita y solemne como queríamos. Además habíamos perdido contacto con los familiares. Se trata de 13 colegas que fallecieron por un compromiso con el país, eso le podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Quisimos rememorar de manera que esto no se vuelva a repetir”. 
 

Al acto también asistieron autoridades de otros servicios del agro como Loreto Mery (Comisión Nacional de Riego) y Michel Leporati (Achipia), además del representante de IICA en Chile, Jaime Flores, y el director regional metropolitano de INDAP, Christian Suarez.

FAMILIARES AGRADECIDOS

El momento más emotivo de la actividad fue aquel en que los familiares fueron invitados al hall central del edificio para descubrir una placa confeccionada por ANFI con el nombre y los datos principales de cada uno de estos trece funcionarios víctimas del golpe de Estado. 

Entre los asistentes a este acto, Martín Hassler Jeldres, de 11 años, bisnieto de Reinaldo Jeldres, se refirió así a este momento y lo que significaba el recuerdo a bisabuelo: “Tengo un poco de pena, emoción e igual me sentí importante (…) Solamente sé que lo mataron y lo tiraron al río y que ya procesaron a los que lo mataron, es la única información que tengo”.  

Eduardo Cifuentes, yerno de Reinaldo Poseck, comentó que fue “súper fuerte, pero me parece que era necesario y muy importante que haya habido mucha gente de INDAP que haya venido. Desgraciadamente su esposa falleció, sus hijos están fuera de Chile y no pudieron estar”. Describió a su suegro como “una persona de un carácter muy fuerte, pero en la intimidad, en los almuerzos en la casa, era un tipo muy divertido. Además era súper trabajador y comprometido”.

Mauricio Flores, hijo de Nelson Flores Zapata, dijo estar “alegre porque hayan hecho esto, para mí es muy simbólico que lo recuerden”. Sobre la memoria que tiene de su padre con quien vivía en la Población Robert Kennedy de Maipú comentó que recuerda “algunos juegos con que hacía desaparecer palos de fósforos. Yo tenía 4 años cuando a él lo fusilaron”.

LA SIGUIENTE ES LA LISTA DE HOMENAJEADOS:

Enrique Ernesto Morales Melzer (D.D, conductor, Santiago),

Héctor Arturo Santana Gómez (D.D, Jefe de Área, Quellón),

Cecil Patricio Alarcón Valenzuela (E.P, funcionario, Chillán),

Luis Eduardo Vergara Corso (D.D, funcionario, Polcura),

Reinaldo Luis Jeldres Riveros (E.P, funcionario, Chillán),

Etienne Marie Louis Pesle de Menil (D.D, técnico cooperativista, Temuco),

Nelson Jorge Flores Zapata (E.P, funcionario, Maipú),

Reinaldo Salvador Poseck Pedreros (E.P, Jefe Zonal, Chillán),

Eliseo Segundo Jara Ríos (D.D, jefe de Área, Victoria),

Rebeca María Espinoza Sepúlveda (D.D, secretaria, Santiago),

José Leonardo Pérez Hermosilla (D.D, periodista, Santiago),

José Miguel Rivas Rachitoff (D.D, periodista, Santiago),

Pablo Gac Espinoza (D.D, oficial administrativo, Quillota).

DETALLES DE ESTE PERÍODO Y DE CADA UNO LOS CASOS LOS PUEDE USTED REVISAR EN EL LIBRO "TODA UNA VIDA: HISTORIA DE INDAP Y LOS CAMPESINOS (1962-2017)"

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a nueve funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado del ciudadano de origen francés Etienne Pesle de Menil, ilícitos perpetrados a partir del 19 de septiembre de 1973, en Temuco.

En el fallo (causa rol 2182-1998), el ministro de fuero condenó a los miembros en retiro de la Fach Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Fernández Carrasco, Jorge Valdbenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Yáñez Silva, Luis Soto Pinto, Enrique Rebolledo Sotelo, Leandro Reyes Herrera y Jorge Soto Herrera, a penas de 5 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado y 800 días por asociación ilícita.

Patrulla salvaje

En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer que Etienne Pesle de Menil fue detenido el 12 de septiembre de 1973 por personal policial, y luego liberado por resolución de la Fiscalía Militar de la época y dejado bajo custodia del director de la empresa Copalca, Luis Hoffman Gómez Contreras (ya fallecido), la se extendió hasta el 19 de septiembre de dicho año.

“Que ese día 19 de septiembre, una vez que se presenta a cumplir sus labores en Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), alrededor de las 11:00 horas, un grupo de efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, denominado Pandilla Salvaje, Los Chicos Malos, Departamento II, en forma autoritaria y sin exhibir orden judicial ni administrativa alguna, lo saca del edificio Tuma donde estaba el mencionado Instituto, lo sube a una camioneta y le traslada a la Base Aérea Maquehue, donde lo mantiene encerrado sin derecho, para ser interrogado bajo tortura, según ha podido comprobarse, con los atestados testigos presenciales del secuestro y de su posterior encierro en dicho lugar, luego desaparece sin dejar rastros ni que se tengan noticias posteriores de él”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “Esta organización represiva de agentes del Estado, pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile, creada con objetivos criminales, son los que detienen a Etienne Marie Louis Pesle de Menil el día 19 de septiembre de 1973, le trasladan hasta su base de operaciones, la Base Aérea Maquehue, donde al igual que todos los detenidos, lo mantienen amarrado de las manos y con su vista vendada, y le interrogan en el pabellón de la Comandancia bajo tortura, encerrado sin derecho por tiempo indeterminado en la misma Base Aérea, lugar desde donde no se tiene más conocimiento de su existencia”.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización por daño moral de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a la cónyuge de la víctima; y de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a cada uno de sus dos hijos.

En 2013, la Corte Suprema rechazó la petición de extraditar a diez criminales de la dictadura de Pinochet que fueron condenados en París, por la desaparición forzada y muerte de cuatro ciudadanos franceses. «Es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición», sostuvo entonces la jueza Rosa María Maggi.

En 2013, la Corte Suprema rechazó la petición de extraditar a diez criminales de la dictadura de Pinochet que fueron condenados en París, por la desaparición forzada y muerte de cuatro ciudadanos franceses. «Es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición», sostuvo entonces la jueza Rosa María Maggi.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre las espaldas de la derecha chilena. Apenas se confirmó que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas entregaría asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor material del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, todo tipo de acciones de advertencia y rechazo comenzaron a planificarse.

De hecho, pese a que no tiene competencia al respecto, el Gobierno anunció que entregarán una nota de protesta ante la Embajada de Francia, mientras que Piñera informó que enviará una carta a su homólogo francés, Emmanuel Macron, para exigir que se cumpla con el tratado de extradición que existe entre Chile y Francia. 

«Le voy a enviar una carta al Presidente Emmanuel Macron, porque este tema lo conversamos y él me confirmó que la primera decisión la tenía esta oficina independiente del Gobierno francés», señaló en El Informante.

Llama la atención la persistencia del oficialismo porque se cumpla el tratado de extradición entre ambos países, un interés que no han mantenido cuando ha sido la justicia francesa la que se ha interesado en procesar a criminales chilenos. De hecho, en noviembre de 2013 pasado, la jueza Rosa María Maggi rechazó extraditar a diez ciudadanos chilenos condenados en Francia -en ausencia, en diciembre de 2010- por la muerte de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La sentencia de la jueza integrante de la Corte Suprema estableció que «es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición, dado que se trata de hechos acaecidos a partir del 11 de setiembre de 1973 y cuyo principio de ejecución se sitúa dentro del territorio de nuestro país».

De esta manera, la jueza negó la extradición de los oficiales Luis Ramírez Pineda, Emilio Sandoval Poo, Blascay Zapata Reyes, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff Martchentko, Gerardo Godoy García, Marcelo Moren Brito y Rafael Ahumada Valderrada.

Enrique Arancibia Clavel y de Herman Brady, dos de los condenados en el juicio desarrollado en París, murieron poco después de la sentencia.

Desaparición forzada, tortura y asesinatos de cuatro ciudadanos franceses

El 17 de diciembre de 2010, el Tribunal en lo Criminal de París condenó a los diez ex agentes de la dictadura de Pinochet a penas que iban desde los 15 años de prisión a presidio perpetuo, por su participación en los asesinatos y desaparición forzada de Alfonso Chanfreau Oyarce, Georges Klein Pipper, Jean-Ives Claudet Fernández y Ettiene Pesle.

Georges Klein era consejero del presidente Allende, mientras que el ex sacerdote Etienne Pesle trabajaba en la reforma agraria y Alphonse Chanfreau, estudiante de Filosofía de la U. de Chile, se desempeñaba como dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los tres desaparecieron en los primeros años del régimen, entre 1973 y 1975, mientras que Jean Yves Claude, también militante Mir, desapareció en Buenos Aires.

Por estos hechos, tanto Manuel Contreras, fundador de la DINA, como el agente Pedro Espinoza fueron condenados a cadena perpetua por la instancia judicial en Francia. 

Sin embargo, en su resolución, la jueza Maggi argumentó que los casos estaban siendo investigados por tribunales chilenos, a quienes «incumbe prioritariamente el conocimiento y fallo de los hechos por los que se formula el requerimiento, existiendo en la actualidad en Chile una multiplicidad de procedimientos orientados a determinar la existencia de violaciones a los derechos fundamentales e identificar a sus responsables».

En octubre de 2011, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) realizó una misión especial a Chile para solicitar a las autoridades chilenas que cumplieran con las órdenes de detención decretadas en contra de los responsables del asesinato, torturas y desaparición de los cuatro ciudadanos franceses.

Las palabras del fiscal general del país, Francois Falleti, quedaron marcadas tras el fallo condenatorio en Francia: «Es necesario recordarlo: este juicio es indispensable (…) y debe lanzar un mensaje claro», sostuvo, argumentando que crímenes de dicha índole «deben dar lugar a demandas ante la justicia, en cualquier momento y lugar».

«Lo expuesto descarta la competencia subsidiaria que invoca el estado requirente por lo que, compartiendo el parecer de la señora Fiscal Judicial, no se estima procedente dar inicio formal a la investigación conforme al artículo 646 del Código de Procedimiento Penal», cerró el fallo de la justicia chilena.

Más tarde, en enero de 2004, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal confirmó la resolución en un fallo dividido. La mayoría de los condenados se encuentra hoy cumpliendo penas en Chile por crímenes de lesa humanidad, aunque la justicia tardó en procesar a algunos.

El empresario temuquense Emilio Sandoval Poo recibió su condena recién en mayo de 2016 por el el secuestro calificado del sacerdote francés Etienne Pesle de Menil, un delito cometido a partir del 19 de septiembre de 1973 en Temuco.

La justicia francesa condenó el viernes en ausencia a penas de 15 años de prisión a cadena perpetua a una docena de militares y un civil chilenos y a un militar argentino por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

El general retirado Manuel Contreras, fundador de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía política del régimen, encarcelado actualmente en Chile, fue condenado a cadena perpetua por decisión del Tribunal en lo Criminal de París presidido por el juez Hervé Stephan.

A la misma pena máxima fue condenado su número dos en la jerarquía de la DINA, el general retirado Pedro Octavio Espinoza Bravo, sostuvo el magistrado al leer la sentencia que pone punto final al juicio en ausencia por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura pinochetista.

George Klein, Etienne Pesle y Alphonse Chanfreau desaparecieron en Chile y Jean Yves Claudet desapareció en Argentina, todos ellos entre 1973 y 1975.

El general retirado Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que los coroneles retirados Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko.

El magistrado francés reafirmó la vigencia de la orden de detención emitida por la justicia francesa en mayo de 2005 contra los militares condenados. De la lista inicial fue absuelto José Octavio Zara Holger, por fallecimiento.

En presencia de un centenar de familiares, principalmente los hijos de los cuatro desaparecidos, de ex compañeros de trabajo y de expertos legales que llegaron desde Chile, España y Francia, concluyó así un juicio en ausencia iniciado el 8 de diciembre, 12 años después de iniciada esta causa en Francia, en octubre de 1998, justo cuando Pinochet era detenido en Londres.

“La justicia chilena es olvidadiza y con lagunas”, denunció el lunes en París la abogada francesa Sophie Thonon, a dos días del inicio de un juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura chilena (1973-90).

En conferencia de prensa en presencia de familiares de las víctimas, la abogada lamentó “los medios extremadamente limitados” con que contó la justicia chilena para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, aunque subrayó el esfuerzo desplegado por el juez chileno Juan Guzmán que estuvo “a un paso de condenar a Augusto Pinochet estando vivo”.

“Pero todos sabemos que la justicia chilena es olvidadiza y con lagunas”, afirmó Thonon, que el miércoles será la encargada de abrir la presentación de las partes querellantes contra los 14 acusados de secuestro, tortura y desaparición de cuatro franceses ante el Tribunal de lo Criminal de París.

Georges Klein, consejero del difunto presidente chileno derrocado por el golpe militar Salvador Allende; el ex sacerdote Etienne Pesle; Alphonse Chanfreau, líder estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Jean Yves Claudet Fernández, militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago, Temuco y en Buenos Aires.

Su colega William Bourdon, que representará a las familias Klein, Chanfreau y Pesle, coincidió en que los juicios llevados a cabo en “Chile han sido fragmentarios, parcelarios y sin prestar atención a la arquitectura de la represión”.

Por esa razón Bourdon subrayó el “valor simbólico e histórico de este juicio, pues será el único proceso que permitirá hacer una fotografía judicial precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor instaurado por el general Augusto Pinochet”.

El juicio concluirá el 17 de diciembre. Ese mismo día el Tribunal presidido por el juez Pierre Kremer anunciará la sentencia.

Trece militares chilenos, entre los que se cuenta el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras (en la foto), y un uniformado argentino, serán juzgados en ausencia en Francia, entre el 8 al 17 de diciembre, por la desaparición de cuatro franceses.

Georges Klein, consejero del Presidente Salvador Allende, el ex sacerdote Etienne Pesle, el dirigente del MIR, Alphonse Chanfreau, desaparecieron entre 1973 y 1975 en Chile. Jean Yves Claudet Fernández, militante del MIR, desapareció en Buenos Aires. Manuel Contreras es acusado en los cuatro casos por “secuestro acompañado de tortura y actos de barbarie”, según las actas judiciales.

Por la desaparición de Georges Klein están acusados además los generales Herman Julio Brady y Luis Joachim Ramírez Pineda y el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama. En el caso de Etienne Pesle está acusado el oficial de la FACh, Emilio Sandoval Poo.

Por la desaparición de Alphonse Chanfreau están acusados el brigadier general del Ejército, Pedro Espinoza Bravo; el coronel de Carabineros, Gerardo Godoy García; los coroneles Miguel Krasnoff Matchenko y Marcelo Moren Brito y el suboficial del Ejército Basclay Humberto Zapata. En el caso de Jean Yves Claudet Fernández están acusados los generales José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann; Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA y el teniente coronel argentino José Osvaldo Riveiro.

Los militares chilenos (ex-agentes de la DINA) cuya captura fue solicitada hoy por el juez francés Roger Le Loire, que investiga la desaparición de cinco franceses durante el régimen militar chileno, dijeron que no reconocen la jurisdicción a tribunales extranjeros.

Entre los inculpados por Le Loire figura Manuel Contreras, que fue jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Pedro Espinoza, que fue su lugarteniente, el general en retiro Eduardo Iturriaga y Paul Schaefer, que dirigió un enclave alemán donde fueron secuestrados opositores a la dictadura.

En declaraciones a EFE, los abogados Juan Carlos Manns y José Luis Sotomayor, que defienden a algunos de los inculpados, negaron hoy las atribuciones del magistrado francés en este caso: "Nuestros defendidos no reconocen jurisdicción a la justicia francesa".Juan Carlos Manns, abogado del ex jefe de la DINA, subrayó que siempre prima el principio de la "soberanía jurídica que tiene cada país".

Agregó, además, que no hay ningún tribunal penal internacional que esté requiriendo a estas personas y que, si así fuera, Chile tendría que haber firmado y ratificado la convención que le dio nacimiento.

Por lo tanto, a su juicio, es imposible que, como han señalado fuentes judiciales en París, los imputados por "presunto secuestro con torturas", puedan ser juzgados en rebeldía.
"Si acaso fueran juzgados y procesados en rebeldía, significa que no hay un debido proceso", remarcó el abogado del ex jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet.

José Luis Sotomayor, abogado del brigadier en retiro José Zara, coincidió con estas apreciaciones y agregó que el secuestro (desaparición) no es a su juicio un delito de lesa humanidad sino estrictamente de orden penal.

En ese contexto, reafirmó que "en este caso prima la jurisdicción de cada país y no de tribunales extranjeros".

Por el lado de los querellantes, la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos (AFDD) reaccionó con alegría ante la decisión del juez Roger Le Loire.

"Esta es una muy buena noticia y una resolución muy importante que puede contribuir a que en este país se imite ese ejemplo", dijo Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación.

Según Díaz, se trata de crímenes contra la humanidad cometidos contra ciudadanos franceses que "no prescriben ni pueden ser amnistiados" y frente a los cuales "el Estado chileno tiene la obligación de responder".

Agregó que la resolución va a ayudar a que la Corte Suprema revierta el sobreseimiento temporal dictado contra el ex dictador Augusto Pinochet en el caso "Caravana de la Muerte" y acoja el recurso de casación interpuesto por los querellantes contra el cierre del caso.

Para la vicepresidenta del organismo, Mireya García, el dictamen del juez francés "demuestra que el derecho internacional se sigue imponiendo y que los violadores de los derechos humanos en definitiva nunca van a poder vivir tranquilos". García agregó a EFE que hay países "donde la justicia se ejerce más allá de las coyunturas políticas, de las presiones y de los acuerdos de procesos de transición".

El juez Roger Le Loire investiga desde 1998 la desaparición de los chileno-franceses Alfonso Chanfreau, Etienne Pesle, Georges Klein, Jean-Ives Claudet Fernández y René Amiel Baquet.

El juez francés Roger Le Loire pidió la difusión mundial de esta medida a través de la Interpol. Las órdenes de captura serán remitidas en las próximas horas a la Fiscalía de París e incluyen al oficial de policía Gerardo Godoy García Paul Schaefer, al teniente coronel(r) Miguel Krasnoff Martchenko, al brigadier (r) Pedro Espinosa Bravo, y al coronel (r)Marcelo Moren Brito.

La inclusión en este proceso judicial del caso del mirista Alfonso Chanfreau, hizo que el magistrado incluyera en su lista a toda la plana mayor de la disuelta DINA y de la brigada de investigación metropolitana de ese organismo represivo, la BIM.

Así las nuevas órdenes de detención están encabezadas por el ex director de ese servicio de inteligencia, Manuel Contreras, y por Paul Schaefer Schneider, líder de la ex Colonia Dignidad, enclave germano acusado de participar en múltiples violaciones a los derechos humanos.

Contreras, está bajo arresto domiciliario en Chile por la desaparición del ex gerente de CobreChuqui David Silbermann, también está reclamado por la justicia francesa por complicidad de secuestro acompañado de torturas de Claudet Fernández.

Por este último caso, el magistrado francés ha pedido igualmente la detención de Enrique Arancibia Clavel, y del coronel (r) Raul Iturriaga Neumann y el brigadier (r) José Octavio Zara Holger.

Las órdenes de arresto por presunto "secuestro acompañado de torturas" o por complicidad de este crimen, firmadas hoy por Le Loire, serán transmitidas a la Fiscalía de París.

El juez solicitó la difusión mundial de esta determinación a través de Interpol y el requerimiento será transmitido a las autoridades chilenas a través del Ministerio Justicia francés.

La medida judicial es cáracter preventivo, pero fuentes cercanas al proceso precisaron que las órdenes de arresto emitidas equivalen "virtualmente" a un procesamiento, pues con ellas podrán ser juzgados en rebeldía.

La instrucción del sumario, en la que Le Loire ya había emitido ordenes de arresto contra Pinochet, de 85 años, y otros dos militares chilenos, está prácticamente concluida, con lo cual el juicio contra todos ellos podría tener lugar el año próximo, señalaron las fuentes.

Los otros oficiales chilenos procesados
Los cinco franceses desaparecidos son Etienne Pesle (el 19 de septiembre de 1973 en Temuco), Alphonse René Chanfreau (el 30 de julio de 1974), Georges Klein (en el asalto de los golpistas al palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973), Jean-Yves Claudet Fernández (1 de diciembre de 1975 en Buenos Aires en el plan Condor), y René Amiel Baquet.

En el caso de Pesle, las órdenes internacionales de arresto firmadas hoy por el juez parisino van dirigidas contra Emilio Sandoval Poo, que participó en su detención; y Andrés Pacheco Cardenas, que presuntamente era el comandante del campamento donde fue torturado.

Con respecto a Klein, el juez ha ordenado la detención del general retirado Javier Palacios Ruhmann, que supuestamente dirigió in situ el asalto a la Moneda y ordenó la captura de quienes estaban allí; Luis Ramirez Pineda, comandante del campamento de Tacna, y el oficial Rafael Ahumada Valderrama.

En el caso de Baquet, que vivía en la frontera argentino-chilena, la investigación no determinó que se tratara de un asesinato, más bien se cree que su muerte fue accidental, por lo cual se espera su sobreseimiento.

Por otra parte, el juez Le Loire sigue a la espera de una respuesta de Estados Unidos para poder tomar declaración indagatoria sobre la Operación Cóndor al ex secretario de Estado y ex consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, Henry Kissinger.

Varios documentos desclasificados a finales del año pasado muestran que los servicios secretos de EEUU (CIA) estaban al tanto de la existencia y los objetivos del plan Cóndor desde 1976, y varios de esos documentos estaban firmados por el propio Kissinger.

El ex director de la disuelta DINA, general en retiro Manuel Contreras, se negó por segunda vez consecutiva a declarar en el marco de la investigación que lleva la justicia francesa por la desaparición de cinco ciudadanos chileno-franceses durante el gobierno militar.

Contreras fue interrogado ayer lunes en su domicilio por el juez del Primer Juzgado del Crimen, Joaquín Billard, quien de esa forma cumple un exhorto autorizado por la Corte Suprema, que envió el juez del Gran Tribunal de París, Roger Le Loire.

En 1999 Roger Le Loire inició la investigación por la desaparición y muerte del estudiante Alfonso Chanfreau, el ex sacerdote Etienne Pesle, el médico George Klein, el ingeniero químico Jean-Ybes Claudet Fernández y Marcel Amiel Baquet.

Un juez que investiga la desaparición de cinco ciudadanos franceses en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet solicitó a las autoridades estadounidenses permiso para recoger el testimonio del ex secretario de estado Henry Kissinger.

Kissinger abandonó Francia el mes pasado sin responder a la citación del magistrado, y la embajada estadounidense lo disculpó diciendo que el ex funcionario tenía otras cosas que hacer, y que de todos modos la información solicitada era confidencial.

Le Loire había citado a Kissinger para que declarase sobre el presunto papel desempeñado por Estados Unidos en el asesinato de personalidades de oposición en Chile durante la dictadura instaurada por Pinochet, quien asumió el poder mediante un golpe de estado en 1973.

Un vocero de la embajada norteamericana lamentó en ese entonces que el magistrado hubiese acudido directamente al ex secretario de estado con la petición, y le recomendó acudir directamente al Departamento de Estado.

La justicia francesa dijo que en 1999 había enviado un pedido oficial a Washington, cuando el presidente era el demócrata Bill Clinton, pero que no se había recibido respuesta alguna.

El Plan Cóndor
Uno de los franceses desaparecidos, el izquierdista Jean-Yves Claudet-Fernandez, fue una de las víctimas del Plan Cóndor, según la pesquisa de Le Loire.

El juez también considera a Pinochet responsable de las desapariciones del activista Alphonse Chanfreau, del sacerdote Etienne Pesle y de Georges Klein, quien había sido asesor de Salvador Allende. Le Loire libró orden de captura contra Pinochet en 1998.

El abogado de Contreras aseguró que su representado está dispuesto a declarar por exhorto en el caso de los cinco ciudadanos franceses desaparecidos entre 1973 y 1975.
Al respecto Manns recalcó que "la conducta del general Contreras ha sido la de colaborar siempre con las acciones de justicia y que también ha colaborado con otros exhortos provinientes de otros países".

El profesional dejó en claro que en este caso particular el ex uniformado no tiene ningún incoveniente de recibir al juez Billar en su lugar de detención para responder a las preguntas que sean necesarias.

Ante el hecho de que un juez extranjero como el francés Roger le Loire pida antecedentes de un caso que se trató fuera de su país, el abogado dijo que es una situación que "tendría que verla con mayor certeza". Sin embargo, aseguró que esta causa estaría enmarcada dentro del ámbito de lesa humanidad, la cual, además de no estar dispuesta en nuestro país, se encuentra sobreseída por la aplicación de la ley de amnistía.

Recordemos que los cinco franceses identificados son Alfonso Chanfrau, Juan Ives, Marie Louis Pesle, Jorge klein y Amiele Massiel, todos ellos desaparecidos entre los años 1973 y 1975.

La diligencia que será realizada por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billar, está fijada para el próximo jueves 5 de julio. Por último, el abogado Manns señaló que en el transcurso de las próximas 72 horas pedirá al juez instructor Juan Guzmán Tapia que entregue el beneficio de libertad provisional a Manuel Contreras, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.