Olea Alegría Víctor Fernando

Rut       : 5.788.334, Santiago

F.Nacim. : 17-06-50, 24 años a la fecha de detención

Domicilio : Pedro León Ugalde 1467, Santiago

E.Civil  : Soltero

Actividad : Obrero

C.Repres. : Militante Partido Socialista

F.Detenc. : 11 de septiembre de 1974

SITUACION REPRESIVA

            Víctor Fernando Olea Alegría, soltero, obrero, militante socialista, fue detenido en su domicilio el 11 de septiembre de 1974, alrededor de las 18:00 horas, por agentes de la DINA que dijeron ser miembros "del Servicio de Inteligencia" y se movilizaban en un automóvil antiguo color verdoso en el cual se llevaron al afectado.

            Los padres de la víctima habían fallecido hacía años, por lo que él vivía con sus tíos paternos. Una de ellas, Raquel Olea Alarcón fue quien atendió a los aprehensores y habló con ellos. Su sobrino no se encontraba en la vivienda en esos momentos y ella lo fue a buscar en las cercanías.

            Al día siguiente, 12 de septiembre, volvieron los mismos agentes y procedieron a allanar la casa, particularmente el dormitorio de Víctor, del cual retiraron varios documentos y su cédula de identidad.

            El arresto y posterior desaparición de Víctor Olea se enmarca en un operativo de la DINA que culminó con la detención de un grupo de militantes del Partido Socialista pertenecientes a la 10a. Comuna. El primero de ellos, Claudio Venegas Lazzaro -vecino de Olea- fue detenido el 10 de septiembre; luego, el día 11 de septiembre, lo fueron el afectado y Leonardo Rivas Balmaceda. El día 12 siguieron con Juan Carlos González Sandoval y el 14 con Bernardo de Castro López, Agustín Holgado Bloch, Luis Olivares Toro, Luis Ahumada y su cónyuge que fue liberada el mismo día. El 16 continuaron con Mario Carrasco Díaz y, días después, el 23 de septiembre, fueron detenidos Juan Luis Tapia y el ciudadano español avecindado en Chile Helios Figuerola Pujol quien debió entregarse al ser detenida su madre Clara Pujol. Finalmente, el 24 fue detenido Eduardo Aliste González, a quien los agentes esperaron en su domicilio desde el día anterior. De todo este grupo, Víctor Olea, Mario Carrasco, Bernardo De Castro, Claudio Venegas y Eduardo Aliste permanecen desaparecidos hasta la fecha y el resto recobró su libertad en distintas fechas siendo casi todos expulsados del país.

            Los detenidos hasta el 16 de septiembre, entre los que se cuenta la víctima, fueron conducidos primero al Cuartel Central de Investigaciones donde los interrogaron y ficharon. Ese día 16 fueron trasladados, con la vista vendada, en una camioneta Chevrolet C-10 hasta el recinto de interrogatorios de la DINA conocido como Venda Sexy, que correspondía a una casa ubicada en la calle Irán 3037, esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul, donde fueron ubicados en una misma pieza.

            Después llegaron, también detenidos a este recinto, juan Luis Tapia y Helios Figuerola. En este lugar fueron interrogados y torturados. Según relato de Agustín Holgado quienes más sufrieron sistemáticamente los tormentos y se veían más afectados eran Víctor Olea, Mario Carrasco y Claudio Venegas, todos ellos desaparecidos.

            Helios Figuerola también entregó su testimonio acerca de su estadía en la "Venda Sexy", en el que señala haber visto a Víctor Olea.

            Entre los agentes de la DINA que se reconocieron participando en estos operativos se encuentra Osvaldo Romo Mena. Por otro lado, los vehículos que se repitieron en los distintos domicilios de los afectados fueron el auto en que se llevaron a Víctor Olea, un automóvil Chevy Nova color celeste turquesa patente DC-22 del año 1974 y una camioneta roja con toldo. Según se estableció en el proceso que investigó la desaparición de Claudio Venegas, la placa DC-22 correspondía a un auto Chevrolet color negro de la Dirección de Investigaciones, a cargo del Departamento de Informaciones.

            El 25 de septiembre fueron trasladados al Campamento de Prisioneros 4 Alamos, también bajo tuición de la DINA. Entre el 28 y el 30 de ese mismo mes los trasladaron en libre plática a Tres Alamos, excepto los cinco detenidos que están desaparecidos, entre los que se encuentra Víctor Olea Alegría.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 15 de octubre de 1974 se interpuso un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1255-74. El 3 de diciembre de ese año este recurso fue rechazado por la Corte luego de recibir informes negativos de las autoridades respecto de su detención.

            Otras gestiones realizadas por los familiares tampoco dieron resultados positivos sobre la suerte corrida por el joven Olea.

El lunes la Corporación Administrativa del poder judicial deberá informar el costo que tendrá la nominación de los jueces especiales. Mientras, el mundo de los derechos humanos tiene la esperanza que ellos avancen donde hasta ahora sus esfuerzos han sido infructíferos: las causas beneficiadas con un juez de dedicación exclusiva corresponden mayoritariamente a desapariciones perpetradas por la DINA, el Comando Conjunto y a un caso emblemático de la CNI.

La hora de la Dina
El cerco se estrecha sobre la DINA con el caso del militante del MIR, Carlos Cubillos Gálvez, detenido en 1974 en una calle de la comuna de Nuñoa. Testigos señalaron que fue conducido al recinto de Londres 38 y no volvió a saberse de él. Su causa – rol 11337/6- está en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
En ese mismo juzgado está radicada la causa del militante del MIR, Juan Carlos Perelman (rol 12193-8), quien fue detenido en 1975 por efectivos de la DINA junto a su conviviente, quien tiempo después fue liberada. La Comisión Rettig afirmó que su desaparición fue responsabilidad de agentes del Estado.
El 1 de agosto de 1974 fue detenido Sergio Sebastián Montecinos Alfaro, quien, sus 28 años, era el coordinador sindical de los partidos políticos que habían adherido a la UP en la Zona Oeste de Santiago. Fue sacado de su hogar por efectivos de la DINA y visto por última vez en el recinto de Londres 38. Su causa Nº2310-00, consta también en el Octavo Juzgado de Santiago.
El secuestró de Luis Jaime Palominos Rojas, el 7 de diciembre de 1974, es responsabilidad del mismo organismo de seguridad. La causa de este militante del MIR, rotulada con el número 2808-5, también será instruida por un juez especial en el 11º Juzgado del Crimen de Santiago.
El ministro de dedicación exclusiva de ese mismo tribunal se abocará al caso de Jaime Cadiz Norambuena (causa 768-6). Este militante del MIR fue detenido en la población José María Caro y desapareció desde el recinto de la DINA de Londres 38.
El número 2161-8 de ese juzgado consigna otra causa de la DINA en que el juez pondrá acento. El mirista Jorge Humberto D´orival Briceño fue detenido en su hogar de la comuna de Conchalí y visto luego, junto a otros dos detenidos, en Villa Grimaldi. A los tres se les perdió la pista en el recinto de Cuatro Alamos.
El juez de dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel investigará el caso de Leopoldo Muñoz Andrade, militante del MIR que desapareció desde el recinto DINA de Cuatro Alamos. En las manos de este magistrado estará además esclarecer la desaparición de otro mirista, Daniel Reyes Piña, quien fue visto por última vez en Londres 38.
A ese organismo represor se atribuye también la desaparición de Víctor Fernando Olea Alegría el 11 de septiembre de 1974. Tenía 24 años cuando fue detenido por agentes en la vía pública. Su causa está radicada en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago con el número 76667.
Otro caso que tendrá especial atención será el de Washington Cid Urrutia, quien desapareció en 1974 desde Villa Grimaldi. Su causa está radicada en el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago y es atribuido a la DINA.

Hacia otros organismos represores
No sólo la DINA será investigada por los jueces especiales. Las acciones criminales perpetradas por el Comando Conjunto tendrán el mismo destino. De hecho, el mandato de la Suprema toca las hebras de uno de los casos que ofrece las mayores contradicciones con el informe de las FF.AA: la desaparición del militante de las Juventudes Comunistas Carol Fedor Flores Castillo.
El informe castrense establece que Flores Castillo fue detenido en 1976, muerto y arrojado al mar en las costas de San Antonio. Sin embargo, Flores fue apresado junto a sus hermanos en 1974 y permaneció recluido seis meses. En 1976 comenzó a colaborar con el Comando Conjunto, proceso que se extendió hasta el 7 de junio de ese año. El ex agente del comando conjunto Andrés Valenzuela confesó que fue muerto junto a un soldado en el Cajón del Maipo y arrojado al río. Ahora su crimen será investigado por el juez del Décimo Juzgado de Santiago.
En el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, bajo el número 10161, consta el caso de Alonso Gahona Chávez, quien habría fallecido víctima de reiteradas torturas junto a Humberto Castro en el llamado "Nido 20". Así se conocía al recinto secreto de detención y tortura ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida de Santiago. Este recinto funcionó durante 1975 bajo control de agentes de la DIFA con quienes colaboraban civiles provenientes de grupos nacionalistas o de extrema derecha.
La guardia exterior del recinto estuvo a cargo de alumnos de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Gahona, dirigente de los obreros de la Municipalidad de La Cisterna y militante comunista, conocido como «Yuri», había sido detenido el 8 de septiembre de 1975 en la vía pública. Su cadáver habría sido envuelto en plástico y, al parecer, arrojado al mar.
Desde el recinto llamado "Remo Cero", del regimiento de artillería anti-aérea de Colina fue sacado y posiblemente enterrado en terrenos militares de Peldehue, Miguel Rodríguez Gallardo. La causa 10617 del cuarto juzgado de San Miguel intentará llegar hasta las bases del Comando Conjunto.
También un juez especial investigará el destino de al menos uno de los detenidos desaparecidos de La Moneda. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago está la causa 17584, que corresponde a Osvaldo Ramos Rivera, miembro del GAP de sólo 22 años.
Ramos fue detenido en el interior del palacio gubernamental por militares, junto a Antonio Aguirre Vásquez. Producto de sus heridas, ambos fueron trasladados a la Posta Central donde existe constancia de su permanencia. Fueron sacados desde allí por personal uniformado y desde entonces se desconoce su paradero.
En el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago será investigado el caso de otro GAP, Mario Ramiro Melo, oficial del Ejército retirado, desaparecido desde el 29 de septiembre de 1973.
El caso de Miguel Acuña Castillo, rotulado con el número 11509-8 en el Octavo Juzgado de Santiago, también será investigado. Acuña era dirigente de la sección de estudiantes secundarios del MIR cuando desapareció en 1974, junto a su amigo Héctor Garay Hermosilla.
La labor de los jueces especiales se extenderá además a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. En el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago será visto el caso de José Luis Baeza, de 41 años, vendedor y miembro del Comité Central del PC. Fue aprehendido junto a otras tres personas en una casa en Santiago que servía para reuniones y contactos de miembros de esa colectividad.
Los autores de la detención fueron identificados como miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comandados por un conocido Jefe de Inteligencia. Baeza fue llevado a la Academia de Guerra de esa institución, donde fue visto por varios testigos. Estos testimonios contradicen la versión oficial entregada por el Ministro del Interior que, en esa época, negó su detención
 

El ex oficial de Carabineros, Alejandro Molina, fue procesado por el secuestro en 1974 del militante del Partido Socialista, Víctor Olea Rodríguez, desaparecido desde el centro de la DINA conocido como "La Venda Sexy". Así lo dictaminó la titular del Noveno Juzgado del Crimen, Raquel Lermanda, uno de las ocho jueces con exclusividad para causas de derechos humanos. La magistrada se convirtió en la primera jueza exclusiva de la Región Metropolitana que somete a proceso a un ex agente de Estado por una causa encomendada por la Corte Suprema. Olea fue detenido el 11 de septiembre de 1974 y trasladado al centro de detención conocido como "Venda Sexy", uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión del régimen militar y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, decidió procesar al ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, en calidad de autor del secuestro del militante socialista Víctor Olea Alegría.
La magistrada con dedicación excusiva en causas de derechos humanos, completó de esta manera con enbcausar a la totalidad de la línea de mando de la unidad de represión encargada de este delito, la llamada brigada Purén, informó El Mostrador.
Entre los procesados por este caso figuran el ex carabinero Alejando Molina Cisternas, el suboficial (R) Miguel Hernández Oyarzo, el brigadier (R) Gerardo Urrich González y el general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann.
Olea Alegría fue detenido el 11 de septiembre de 1974 en su domicilio de calle Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.
Luego, junto a otros militantes socialistas de la llamada Décima Comuna fue trasladado al centro de detención conocido como "Venda Sexy" -ubicada en la calle Irán 3037 esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul- uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión de la dictadura y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi.

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió otorgar la libertad bajo fianza al general (r) Raúl Iturriaga Neumann, procesado por el secuestro del militante socialista Víctor Olea Alegría.
La resolución del tribunal de alzada capitalino revocó la decisión de la jueza con dedicación exclusiva en casos de violaciones de derechos humanos, Raquel Lermanda, que había rechazado el beneficio.
Sin embargo, Iturriaga seguirá en calidad de detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, debido a que continúa procesado por su implicación en otras causas de violaciones de derechos humanos.
Olea Alegría fue detenido el 11 de septiembre de 1974 en su domicilio de calle Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.
Luego, junto a otros militantes socialistas de la "Décima Comuna" fue trasladado a la "Venda Sexy", uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión de la dictadura y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi.
En este caso continúan procesados el suboficial (R) Miguel Hernández Oyarzo y el brigadier (R) Gerardo Urrich González

Pese a que la evaluacion es positiva, en tribunales se indica que la entrada en la fase final de las investigaciones es un factor que augura que no es necesario “tanto tiempo” para seguir adelante con su quehacer. Se indica que sólo cuatro de los cinco jueces exclusivos seguiría en este rango y se sumaría un nuevo magistrado al selecto grupo.
En la recta final de su investigación, los cinco jueces con dedicación exclusiva aguardan a que el próximo lunes 22 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel se pronuncien sobre la ampliación de los plazos para seguir adelante con sus procesos sobre derechos humanos, aunque en esta oportunidad se prevé que se acoten los períodos de trabajo.
Esta es la primera vez que los tribunales de alzada analizarán el estado de los jueces especiales, luego que la Corte Suprema delegará esta responsabilidad en los superiores directos de los magistrados de turno.
A la luz de los avances de los procesos, fuentes judiciales estiman que se mantendrían cuatro de los cinco magistrados. Seguirían en carrera la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda; del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Ines Collin; la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; y la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores. Los pronósticos dicen que quedaría excluido del selecto grupo el magistrado del Décimo Juzgado del Crimen, Juan Antonio Poblete, el único del equipo que no ha procesado a nadie en sus causas y que -según las mismas fuentes- difícilmente avanzará en sus casos.
En cambio se supone que reingresará al grupo el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien ya solicitó a la Corte Suprema su cambio de preferente a exclusivo. Lo mismo hizo hace algunos días el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, cuyo director Luciano Fouillioux se entrevistó con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, solicitándole la incorporación de Carroza.
Pese al optimismo que ronda en torno a la evaluación de los magistrados, existe también la certeza que queda poco y nada por hacer en algunos procesos, antecedente que incidiría en que la prórroga sea más acotada y ya no de tres meses. La respuesta queda en manos del tribunal de alzada que fijará estos plazos en virtud al informe que entregan mensualmente los magistrados y que se profundiza al terminar su período con un documento más extenso. Se estima que de existir diligencias pendientes que sean practicables y que aporten a la investigación no habría obstáculos para la prórroga. En esa línea, cobra un rol gravitante el informe del ministro visitador de cada tribunal.

Los casos
Independiente de la resolución final de la Corte, los magistrados siguen avanzando en sus causas. Así el giro más importante es el adoptado por el Noveno Juzgado del Crimen en el denominado caso de la Academia de Guerra Aérea (AGA). La jueza Lermanda intenta desentrañar si es efectiva la versión de un ex conscripto de la Fach quien relató al Arzobispado que tres agentes trasladaron un cuerpo inerte, cubierto con bolsas, desde el subterráneo de la AGA hacia un helicóptero que lo llevo a un lugar no identificado. La información entregada en la Mesa de Diálogo indica que el destino final del cadáver habría sido el mar, y las pistas de la jueza Lermanda señalan que -preliminarmente- podría tratarse de José Luis Baeza, el único detenido desaparecido que aparece mencionado en el extenso proceso que ya totaliza las tres mil fojas. La tesis es manejada con absoluta cautela ante el temor que existan errores o se trate de otra persona.
En este caso se encuentran sometido a proceso por el homicidio de Alfonso Carreño y la desaparición de José Luis Baeza, ambos detenidos en julio de 1974, el teniente en retiro Franklin Bello Calderon, el coronel ® Ramón Cáceres Jorquera, el general ® y ex director del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa) Edgar Cevallos Jones y el ex funcionario de Gendarmería José Aladino Cerda Córdoba. Las pesquisas efectuadas por la magistrada también han contribuido al proceso paralelo referido a sobrevivientes de la AGA, que patrocina el Codepu en el mismo tribunal, y al recurso de revisión del general ® Alberto Bachelet que sigue pendiente en la Corte Suprema.
En paralelo la magistrada avanza en el final del proceso Víctor Olea Alegría detenido desaparecido en la Venda Sexy. En este caso fueron encargados reos la plana mayor de la Dina, incluido el brigadier ® Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich y Alejandro Molina Cisternas, oficial de Carabineros en retiro.
En otro tribunal, el Cuarto de San Miguel, la magistrada María Teresa Díaz también tiene finiquitada la investigación sobre la desaparición de Cecilia Bojanic Abad, el 2 de octubre de 1974, cuando tenía tres meses de embarazo. En el caso fue procesado Orlando Manzo Gutiérrez, ex jefe del Campo de prisioneros de 4 Alamos
Por la desaparición de Alonso Gahona, la magistrada encausó a Eduardo Cartagena Maldonado, civil de la Fach; Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Capitán Carabinero®; Luis Palma Ramírez Fach, civil; Otto Trujillo Miranda, Fach y Fernando Patricio Zúñiga Canales también civil de la Fach.
En el Octavo Juzgado la jueza Collin ha sido toda una sorpresa para la comunidad de derechos humanos. Desde un comienzo se vislumbró a la magistrada con un perfil renuente a estos procesos, sin embargo, con el paso del tiempo hubo un giro drástico al punto de establecer que tiene el 80% resuelto en los procesos que tramita. De hecho, el único punto en contra es el caso de Oscar Rojas Cuellar, proceso que no ha podido aclarar por falta de antecedentes y se presume que se dictará próximamente el sobreseimiento.
En otro tribunal, el juzgado de Letras de San Bernardo, la magistrada Cecilia Flores destaca con su rol en el caso del Cerro Chena, pero ha registrado también avances en el caso de Jenny Barra y traspaso uno de sus procesos sobre Comando Conjunto -la muerte del militante comunista David Edison Urrutia- a manos del magistrado Carroza.
El balance de los abogados querellantes en estos procesos resulta favorable, al punto de pensar que es inminente los cierres de sumario y el inicio del período de plenario

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien tiene a su cargo la instrucción de 56 causas de Derechos Humanos que le traspasaron de 4 jueces con dedicación exclusiva, dictó sentencia en la primera de ellas, y aplicó una nueva tesis jurídica sobre el delito de secuestro calificado.
Juan Fuentes adujo en su resolución que a partir del 11 de marzo de 1990, fecha en que asumió el primer gobierno post dictadura (presidido por Patricio Aylwin), los organismos represivos dejaron de existir, por lo cual fijó en esa fecha la consumación del delito de secuestro, en el caso de estos 2 opositores de la dictadura.
Teniendo en consideración esa tesis, el magistrado decidió aplicar la prescripción gradual para los ilícitos y, por tanto, rebajó las condenas que dictaminó contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Así, condenó a Manuel Contreras Sepúlveda, Raúl Iturriaga Neuman, Gerardo Urrich González, Alejandro Molina Cisternas, en calidad de autores de este delito, a 4 años de presidio menor en su grado máximo, mientras que a Risiere Altez España lo condenó (nominalmente) a sufrir la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.
Para Contreras, Iturriaga y Urrich determinó que deberán cumplir su castigo en privación de libertad. En tanto, a Molina Cisternas le concedió el beneficio alternativo de la libertad vigilada.
La sentencia, de primera instancia, fue dictada el seis de julio, en la causa rol 76.667-A. En ella se da por establecido que los días 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente, Víctor Fernando Olea Alegría, de 24 años de edad y Mario Edrulfo Carrasco Díaz, de 16 años de edad, ambos militantes del Partido Socialista, fueron privados de libertad, sin orden legal, conducidos hasta el Cuartel Central de Investigaciones de Chile, y retirados posteriormente por un funcionario de Carabineros, actuando por la Dirección Nacional de Inteligencia -DINA-, y trasladados hasta el centro clandestino de detenció conocido como “Venda Sexy” o “Discoteque”, recinto donde fueron sometidos a interrogatorios y tortura, ignorándose desde entonces sus paraderos, así como la suerte que han corrido en su salud física, síquica e integridad personal, sin que hayan tomado contacto con familiares o amigos, que registren salidas o entradas al país y sin que conste tampoco su defunción.
Se establece además que los oficiales de Ejército pertenecientes a la DINA ejercían mando sobre los demás integrantes de las agrupaciones operativas denominadas “Brigadas” y “Agrupaciones”, entre éstas la “Brigada Purén”, y respondían a las órdenes del oficial que ejercía el cargo de Director de la Dirección de Inteligencia Nacional.
La resolución rechaza la aplicación de la ley de amnistía, por considerar como fecha máxima para considerar la mantención del secuestro calificado el 11 de marzo de 1990, dado que en esa fecha empezaron a funcionar todas las instituciones establecidas en la Constitución de 1980 y a imperar con plenitud las garantías individuales, y los organismos policiales fueron sometidos al control y supervigilancia directa de la autoridad administrativa.
Por lo anterior, señala que debe concluirse con un criterio objetivo, lógico, racional y realista, que la privación de libertad de las víctimas sólo se pudo mantener hasta el 11 de marzo de 1990, no siendo posible, por la sola circunstancia de ignorarse su paradero, prolongarla más allá del periodo en que se puso término al gobierno de facto de las Fuerzas Armadas y asumió el gobierno democrático, siendo esa fecha la que debe considerarse para la consumación de los delitos de secuestro de Víctor Olea Alegría y Mario Edrulfo Carrasco Díaz Agrega que, estimarlo de otro modo sería apartarse de los principios de realidad y razonabilidad que el Juez está obligado a respetar en el cumplimiento de su función jurisdiccional, cuya finalidad es obtener la verdad material, tan necesaria para la convivencia y paz social.
No procede en consecuencia considerar los delitos dentro del plazo establecido en la ley de amnistía, cuyo ámbito temporal sólo comprende los delitos perpetrados en el período que fluctúa entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978. De acuerdo con la fecha señalada como término para la comisión de los delitos, -11 de marzo de 1990-, procede aplicar la prescripción gradual de la acción penal, considerando el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante.-

La Corte Suprema mantuvo la sanción en contra de cinco ex integrantes de la DINA, entre ellos el otrora prófugo de la justicia Raúl Iturriaga Neumann por dos casos de detenidos desaparecidos.

La Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo la condena de diez años y un día de presidio en contra del ex director del DINA Manuel Contreras  por los secuestros permanentes de Víctor Olea Alegría y  Mario Carrasco Díaz, ocurridos el 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.

En un fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal fijo también una pena de cinco años y un día para Raúl Iturriaga Neumann,  Gerardo Urrich González

y  Alejandro Molina Cisternas, mientras que Rigiere Altez España recibió una sanción de 3 años y un día.

El voto a favor de mantener la pena fue de los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura y Jaime Rodríguez, quienes estimaron que correspondía seguir aplicando la figura del secuestro permanente; mientras que el ministro Rubén Ballesteros y el abogado integrante Ricardo Peralta fueron partidarios de absolver a los condenados aplicando la prescripción.

El caso estuvo en manos del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien el  6 de junio de  2005 condenó a Contreras Sepúlveda a 4 años; Raúl Iturriaga Neumann. 4 años; Gerardo Urrich González. 4 años; Alejandro Molina Cisternas 4 años con beneficio de libertad vigilada; y Risiere Altez España 800 días con beneficio de remisión condicional. Sin embargo, al año siguiente la Novena

Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las sanciones.

Olea Alegría y Carrasco Díaz eran militantes del Partido Socialista y según los antecedentes recopilados en la causa estuvieron detenidos en el recinto de calle Irán 3037, esquina Los Plátanos, conocida como la “Venda Sexy”, desde donde desaparecieron en septiembre de 1974.