Moreno Fuenzalida Germán Rodolfo

Rut : 5.277.604, Santiago
F.Nacim. : 07-03-48, 26 años de edad a la fecha de su detención
Domicilio : Andes 2142, Santiago
E.Civil : Casado, un hijo
Actividad : Empleado Hospital San Borja, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
C.Repres. : Dirigente Sindical de la Salud. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
F.Detenc. : 15 de julio de 1974

Germán Moreno Fuenzalida, casado, un hijo, dirigente de la salud y militante del MIR, fue detenido por la DINA el 15 de julio de 1974, alrededor de las 18:30 horas, luego que descendiera de un bus de pasajeros en calle Independencia con Borgoño, a escasa distancia de su domicilio. Fue trasladado a Londres 38, recinto secreto de la DINA, desde donde, el 17 de julio, fue llevado a su domicilio, lugar en el cual permaneció hasta las 20 horas, oportunidad en que llegó a su casa su amigo Marcos Quiñones Lembach, quien también fue detenido. Ambos pertenecían a la misma estructura partidaria junto a Martín Elgueta Pinto y Máximo Gedda Ortiz, quienes también se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. En esta visita obligada a su domicilio, Moreno Fuenzalida alcanzó a dejar una nota dirigida a su cónyuge en la cual le explica que se encuentra en poder de la DINA en calle Londres y que diera aviso a su madre y a su trabajo de esta situación. Los dos militantes del MIR fueron trasladados a Londres 38 desde donde desaparecen alrededor de la segunda quincena de agosto de 1974.
De su estadía forzosa en Londres 38 dan cuenta los testimonios de ex-detenidos de la DINA y que permanecieron prisioneros en ese lugar. Cristián Esteban Van Yurick Altamirano, detenido el 12 de julio de 1974 y trasladado al cuartel señalado, expone en declaración jurada haberse percatado de la presencia de numerosas personas detenidas, entre ellas, Germán Moreno Fuenzalida, sobre quien no está seguro si lo vio en Londres 38 o en la pieza 13 de 4 Alamos; también menciona a Máximo Gedda Ortiz y Martín Elgueta Pinto. Doña Nelly Patricia Doris Barceló, médico, también expone en declaración jurada haber sido detenida por la DINA en el mes de julio de 1974 y trasladada a Londres 38. Allí vio a Marcos Quiñones Lembach, a quien conocía antes, del Hospital San Borja, y quien cayó detenido junto a su amigo Germán Moreno Fuenzalida, cuyo nombre escuchó en las listas que pasaban en el lugar. Doña Erika Cecilia Hennings Cepeda, expone en diversos testimonios judiciales, y en declaración jurada, haber sido detenida por la DINA el 31 de julio de 1974 y trasladada al recinto de calle Londres. Allí vio a numerosos detenidos entre los cuales se encontraba Germán Moreno y Marcos Quiñones, consignando el 18 de agosto de 1974 como la fecha en que el primero de los nombrados desaparece de ese lugar junto a otros 5 prisioneros.
Su familia realizó numerosas diligencias a fin de dar con su paradero, sin que obtuviera resultado alguno. Salvo el hecho, que en las gestiones judiciales se logró el reconocimiento de su detención. Efectivamente, el Ministro del Interior General Raúl Benavides Escobar, informó al Juez del 2do. Juzgado del Crimen que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida permaneció detenido en 4 Alamos y que con fecha 5 de agosto de 1974 fue dejado en libertad. Sin embargo, la víctima aún continúa desaparecido y su familia desconoce la suerte que corrió en manos de la DINA.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 22 de noviembre de 1974, su familia interpuso una denuncia por detención ilegal ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, en la cual se exponen las circunstancias que rodearon su arresto. El 6 de enero de 1975, la Secretaria Ejecutiva Nacional de Detenidos, SENDET, informó al tribunal que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida permaneció detenido en el Campamento "Tres Alamos", en virtud del Decreto Exento N°248 y puesto en libertad por Decreto Exento N°274, ambos emanados del Ministerio del Interior. El informe del SENDET, no indica las fecha de los respectivos decretos. La orden de Investigar diligenciada por Investigaciones e informada al Tribunal el 19 de febrero de 1975, expone haber entrevistado a la denunciante, doña Patricia Isabel López Hidalgo, quien ratificó los términos de la denuncia, agregando que concurrió en reiteradas oportunidades a 3 Alamos y que en todas las veces le dijeron que su esposo no se encontraba detenido en ese lugar. El informe de Investigaciones señala que en 3 Alamos fueron informados por el señor Oficial de Guardia que el afectado no aparece registrado en las listas de prisioneros. Asimismo, las averiguaciones realizadas en el SENDET no dieron resultado alguno. Pese a la clara contradicción del informe de Investigaciones y lo informado por el SENDET, el Tribunal no repara en ello.
El 28 de febrero, la denunciante hace presente al Tribunal, la contradicción entre lo informado por el SENDET y la realidad, es decir, que desde que su cónyuge fue detenido ella no lo ha vuelto a ver, por lo que no es efectivo que haya sido puesto en libertad. Asimismo, solicita que se decreten una serie de consultas a las autoridades, entre las que se encuentran el Ministerio del Interior, SENDET, DINA, etc.
El 3 de abril, la Jefatura de Zona de Estado de Sitio de la Provincia de Santiago, informó que el afectado no se encuentra detenido por organismos dependientes de esa Jefatura. El 17 de julio de 1975, el Ministerio del Interior indicó al Tribunal, que el requerido fue detenido en virtud del Decreto Exento N°248 y que posteriormente, mediante Decreto Exento N°274 de fecha 5 de agosto de 1974, fue dejado en libertad. El informe de esa Secretaría de Estado señala 4 Alamos como recinto de detención. El 18 de julio, el SENDET emite un nuevo informe al Tribunal que es idéntico al interior, pero agregando que no posee mayores antecedentes. El 15 de septiembre, la Contraloría General de la República señaló al Tribunal que ese servicio no registró el decreto de detención de Germán Moreno Fuenzalida, por cuanto los decretos emitidos por el Ministerio del Interior bajo la formula "por orden del Presidente de la República" no están afectos al trámite de toma de razón de esa Contraloría.
El 22 de enero de 1976, la Jueza doña Raquel Camposano Echegaray, sobreseyó temporalmente la causa por no encontrarse justificado el delito denunciado. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago, el 7 de abril de 1976, rechazó dicha resolución y ordenó reponer la causa a estado de sumario por considerar que la investigación no se encontraba agotada.
El 26 de mayo, el Tribunal toma una nueva declaración a la denunciante, quien ratificó que su esposo, luego de haber sido detenido, nunca llegó a su casa y sigue sin saber nada de él. Agrega que una persona de apellido Arellano, que trabaja en el Hospital San Borja, sección contabilidad, le había informado haber visto a su marido en Buenos Aires, en donde habría muerto. En julio de 1976, comparece en la causa doña Elsa Magaly Arellano Quiroga, quien expone que Germán Moreno Fuenzalida era compañero de trabajo y quien fue despedido el 10 de diciembre de 1973 al igual que toda la gente que tenía antecedente de haber sido militante de un partido de izquierda. Agrega que es falso que ella haya dicho que Germán se haya ido a Buenos Aires y no conoce persona alguna que haya afirmado tal cosa.
El 31 de agosto de 1976, la Jueza nuevamente sobreseyó temporalmente el proceso por no encontrarse justificado la existencia del delito investigado. Esta vez, con fecha 14 de octubre de 1976, la Corte de Apelaciones aprobó la resolución de sobreseimiento, a pesar que no hay constancia en el sumario que el Tribunal haya solicitado al Ministerio del Interior la fecha de detención, organismo que la practicó, copia del registro respectivo donde conste la libertad del afectado y los cargos que se le hicieron para mantenerlo privado de libertad.

A través del decreto exento número 0030766 de la Universidad de Chile, autorizado por la Contraloría de la República el 4 de septiembre de este año, dicha casa de estudios quedó habilitada, por primera vez en su historia, para hacer entrega de la distinción de títulos póstumos y simbólicos a los estudiantes que fueron ejecutados políticos y aquellos que se convirtieron en detenidos desaparecidos durante el régimen militar.

La ceremonia oficial, que estará encabezada por el rector Ennio Vivaldi, se desarrollará el próximo lunes 11, en el patio Domeyko de la casa central, a contar de las 12.30.

Para Vivaldi "esta iniciativa tiene dos significados muy profundos. Por una parte es un gesto de reparación para las propias víctimas y para sus familiares, quienes además asocian afectivamente a su seres querido con esta gran institución que es la U. de Chile. Por otro lado, la U. de Chile siente que está cumpliendo con su deber moral al no concederle a la dictadura el objetivo terrible de, además haberles truncado la vida, borrar sus logros como estudiantes y futuros profesionales para Chile".

La nómina incluye a 104 ex estudiantes de la universidad, quienes fueron asesinados por agentes de Estado entre 1973 y 1989.

Entre los casos más recordados destaca el del estudiante de historia Jécar Nehgme, quien figura, además, como la última víctima del régimen de Augusto Pinochet. Este ex dirigente del

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) apareció muerto el 4 de septiembre de 1989 en la calle General Bulnes, a pocos días de que se desarrollaran las elecciones que marcarían el retorno a la democracia.

Tras un largo proceso judicial, que se resolvió en 2008, se logró establecer como autores del asesinato al jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda; al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capitán (r) Luis Sanhueza Ross.

Desde las organizaciones sociales valoraron el gesto. La presidenta de la Agrupaciones de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, señaló que "es un gran gesto, que reconocemos enormemente. Con esto, el rector Vivaldi cumple una tarea pendiente que tenía la Universidad de Chile, ya que gestos similares ya los habían cumplido otras universidades como la U. de Santiago y la Austral de Valdivia. Pero es una señal enorme para la democracia y para que se cumpla un verdadero nunca más en Chile".

Entre los homenajeados se encuentra el estudiante de derecho U.CHILE , GERMAN RODOLFO MORENO FUENZALIDA  detenido desparecido el  15/07/1974

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida y los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, encabezó la ceremonia en que el Pleno del máximo tribunal entregó títulos póstumos a los familiares de una detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990 y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación .

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida,; y de los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

A la ceremonia asistieron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Rios;  el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza; el Defensor Nacional, Carlos Mora; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira, autoridades y agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y familiares de los homenajeados.

El acto solemne se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del máximo tribunal acogiera parcialmente una solicitud planteada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados,  considerando que las respectivas universidades habían otorgado el título póstumo como reparación por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas.

El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de esta ceremonia como un gesto de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que han sido investigadas y sancionadas por los tribunales de justicia chilenos.

“Es una ceremonia especial y trascendente, porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es claro en cuanto a que toda vulneración a estos derechos genera un deber de reparación, el que indiscutidamente debe ser integral.

“De este modo, la reparación en esta materia no se agota en la determinación de una responsabilidad penal determinada o de una indemnización pecuniaria específica. También existen acciones concretas de otro orden que, ejercidas dentro de las competencias legalmente establecidas, permiten realzar la importancia de respetar y garantizar valores imprescindibles para toda persona y sociedad, del que fueron desarraigados quienes hoy reconocemos como abogadas y abogados.”, dijo el ministro Fuentes Belmar.

Agregó:   “Puedo señalar, en virtud de lo mandatado por el Tribunal Pleno, que la entrega póstuma de estos títulos es un acto de justicia. El aporte del Poder Judicial en este ámbito no solo se expresa en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales; también desde nuestras funciones no jurisdiccionales existen posibilidades de acción que suman a una reparación integral. Entre ellas, justamente se encuentra la realización de conmemoraciones y homenajes que evoquen las vidas e historias de las víctimas que vieron truncada su posibilidad de titulación por lamentables hechos atentatorios a las reglas básicas de convivencia.

“Esta comprensión de la justicia como un proceso integral es precisamente lo que nos convoca el día de hoy a realizar este acto que, además de su carácter extraordinario, especial y trascendente, es también emotivo.”

Las víctimas

Cecilia Gabriela Castro Salvadores era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)  fue detenida el 17 de noviembre de 1974 por agentes de la  Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en su domicilio ubicado en calle Cano y Aponte N° 1080, departamento A, comuna de Providencia y trasladada al recinto de detención clandestino ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, comuna de Ñuñoa y luego al recinto de Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez en diciembre de 1974.

En ambos recintos de detención fue sometida a torturas por agentes de la DINA para entregar a sus compañeros de partido.

En este caso el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse condenó a exagentes de la DINA por el secuestro calificado de Cecilia Castro Salvadores y otros 15 detenidos desaparecidos víctimas de la denominada Operación Colombo en la arista conocida como “Operación Colombo Francisco Aedo y otros” el 30 de mayo de 2017. Sentencia que fue confirmada parcialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de noviembre de 2020 y el recurso de casación se encuentra pendiente en la Corte Suprema.

Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida era dirigente gremial de Hospital San Borja Arriarán y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el 15 de julio de 1974 en la calle Borgoño al llegar a Independencia y recluido en el recinto clandestino ubicado en Londres N° 38, comuna de Santiago donde fue sometido a torturas y visto por última vez.

En la investigación por el secuestro calificado de Germán Moreno Fuenzalida el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza condenó a exagentes de la DINA el 22 de julio de 2015 y el 8 de agosto de 2017 se dictó la sentencia por la Corte Suprema.

Patricio Munita Castillo, militante del MIR,  fue detenido el 13 diciembre de 1973 en un operativo realizado por miembros del Ejército vestidos de civil  y Carabineros de Chile en el Convento de los Padres Capuchinos, ubicado en calle Catedral 2345 de Santiago, donde había buscado refugio en los meses posteriores al golpe militar junto al dirigente Bautista Van Schouwen. Al día siguiente -14 de diciembre de 1973- los cuerpos de ambos detenidos, Munita y Van Schouwen, son descubiertos  en la vía pública con múltiples heridas a bala recibidas por la espalda.

El 11 de abril de 2017 el ministro en visita Mario Carroza Espinosa dictó sentencia de primera instancia y condenó a un miembro del Ejército en retiro por su responsabilidad en el homicidio de Munita Castillo. Fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 9 de octubre de 2019 y el recurso de casación pendiente en la Corte Suprema

El cuerpo de Juan Ramón Soto Cerda militante del Partido Socialista apareció calcinado en un camino en el sector de Las Vizcachas, comuna de Puente Alto, el 11 de noviembre de 1981, en un vehículo junto a otras tres personas que habían sido detenidas en octubre del mismo año en la comuna de Talca y que habían permanecido detenidas ilegalmente en el cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones (CNI).  Los agentes de estado simularon un falso enfrentamiento entre fuerzas del orden y opositores al régimen de la época, ya que el vehículo apareció en las inmediaciones de la casa particular del entonces ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas Galdames.

El 29 de enero de 2010 el ministro en visita Joaquín Billard Acuña dictó sentencia de primera instancia contra agentes de la CNI por los homicidios de Juan Soto Cerda y otras tres personas, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema el 18 de diciembre de 2021.

Marco Orlando Letelier del Solar, militante del Partido Socialista, ex ministro del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores y exembajador de Chile en Washington DC (Estados Unidos) permaneció detenido entre septiembre de 1973 y 1974 en el regimiento Tacna, la Escuela Militar, la Isla Dawson, la Academia de Guerra Aérea y el campo de prisionero de Ritoque. En 1974 salió exiliado hacia Venezuela y el 21 de septiembre de 1976 fue asesinado en un atentado terrorista con bomba organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos.

El ministro en visita de la Corte Suprema Adolfo Bañados Cuadra el 12 de noviembre de 1993 condenó a exagentes de la DINA por el homicidio de Orlando Letelier del Solar, sentencia que fue confirmada el 29 de mayo de 1995 por la Corte Suprema.

El ministro en visita  Miguel Vázquez Plaza cerró sumario en la investigación por  el secuestro calificado de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, ocurrido a partir del 15 de julio de 1974, en Santiago.

En la investigación se encuentran procesados los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda,  Marcelo  Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y César Manríquez Bravo.

Germán Moreno Fuenzalida era dirigente de la salud y militante del MIR, fue detenido por personal de la DINA el 15 de julio de 1974, alrededor de las 18:30 horas, tras descender de un bus en calle Independencia con Borgoño, a escasa distancia de su domicilio.

Se debe continuar el legado que iniciaron los caídos.  Así lo expresó el Presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Leonardo Jofré, en el acto de inauguración de la Placa recordatoria y escultura que se emplaza en el patio de la facultad. Al acto asistieron familiares, amigos y organizaciones de Derechos humanos.

En una solemne y emotiva ceremonia realizada en el aula magna de la Escuela de Derecho y el patio del recinto se inauguró un memorial que recuerda a abogados, egresados y estudiantes detenidos desaparecidos y ejecutados de esa casa de estudios superiores.

En la oportunidad se leyó una carta enviada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

A nombre de la Universidad hizo uso de la palabra el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuentealba, quien manifestó que ayer  “quienes como hoy, jóvenes y estudiantes no sólo venían a obtener un título profesional en busca de una profesión sino que soñaban con la construcción total de un mundo mejor”.

Añadió que ellos “encontraron en las múltiples vocaciones jurídicas que entonces se podían estudiar acá, el espacio para poder iniciar en las construcción de lo que ellos con total idealismo perseguían”.

Mantener vivo el recuerdo y los ideales por los que luchaban

El Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugas, manifestó que “hoy 19 de noviembre de 2014 nos reunimos en esta histórica y trascendental  Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para construir memoria, para recordar a esas víctimas cuyos nombres figuran en esta obra de reparación simbólica, que dieron sus vidas para construir un Chile más justo, más solidario, más ecuánime, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas, de la democracia y del Estado de Derecho y que por la acción del terrorismo de Estado emprendida por la dictadura cívico militar, vieron truncadas las posibilidades”.

“La lucha que hemos sostenido desde el año 1974 y la promoción de construcción de memoriales tiene  la finalidad de mantener  vivo el recuerdo y también los ideales que perseguían nuestros familiares. En esta lucha por la verdad histórica  hemos exigido la apertura de los archivos secretos, cuyo conocimiento nos dará la verdad sobre el destino final de nuestros seres queridos”, señaló  Magdalena Navarrete, Presidenta del Colectivo 119, Familiares y Compañeros, organización de quien nació la iniciativa el año 2012.

Luego de un homenaje  a cada uno de ex miembros de la Escuela de Derecho tomó la palabra Fabiola Letelier, quien recordó el asesinato de su hermano, el ex Canciller del Presidente Salvador Allende, Orlando Letelier en Washington por parte de la DINA.

La ceremonia de inauguración de la placa y  las esculturas del memorial  se realizó en el  patio central de la Facultad. Su descubrimiento fue bendecido por ritos tradicionales de las etnias mapuche y Selk’nam. Finalmente los concurrentes se acercaron al memorial con claveles rojos en homenaje a todos los caídos, mientras en medio de canciones alusivas a la pérdida, la desaparición y la esperanza.

Álvaro Varela, quien era Presidente del  Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho antes del 11 de septiembre de 1973 dijo que la memoria reciente “ha sido un proceso lento, pero ininterrumpido” (..) “hoy somos los abogados en esta Escuela de Derecho, cuna  de presidentes, políticos, intelectuales, empresarios, trabajadores, jueces. Es un momento adecuado para iniciar una reflexión desde esta profesión de abogado, desde quienes estamos llamados inevitablemente a tirar el carro de los Derechos Humanos bajo toda circunstancia”.

“Recuerdo la desolación de los pocos que asumimos desde el derecho la defensa de los perseguidos y curiosamente, hace 40 años atrás en un día como hoy, en medio de esta acción y con motivo de ella, yo era secuestrado por los esbirros de la DINA al mando del Guatón Romo y encerrado en una de las  tantas mazmorras de la dictadura dedicadas a la tortura. Y allí se encontraba Cecilia Castro Salvadores, secuestrada dios días antes de aquello. Una reflexión de los abogados omitida hasta la fecha y que con seguridad será bienvenida por la sociedad que imagino ha echado de menos la voz de los abogados, los expulsados del Poder Judicial, los expulsados desde esta escuela con procedimientos muy alejados del derecho”, reflexionó.

Leonardo Jofré, de 24 años, el Presidente en ejercicio del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho expresó que “nosotros no vivimos en dictadura, pero eso no obsta a que no podamos pensar, no podamos recordar con este tipo de actos la brutalidad de lo que significó ese período de tiranía en nuestro pueblo. Hoy día poder compartir con los familiares con los amigos, con las personas que conocieron que hoy día estamos recordando justamente llena en cada uno de nosotros esa sensación de vacío. Hay silencio permanente en esta escuela y ese silencio son las voces acalladas de las personas que hoy día no pueden estar con nosotros”.

“Esa emoción también se transforma y se traspasa en la necesidad, en el ánimo y en la convicción de que tenemos que continuar la lucha que ellos iniciaron y que también otros muchos más iniciaron antes y de esa forma continuar con el legado de cada una de esas personas”, concluyó Jofré.

El memorial recuerda  a los siguientes abogados, egresados y estudiantes de la Escuela de Derecho asesinados o desaparecidos:

Arsenio Poupin Oissel; José Tohá González; Ismael Darío Chávez Lobos; Cecilia Castro Salvadores; Patricio Munita Castillo; Juan Soto Cerda; Orlando Letelier del Solar; Germán Moreno Fuenzalida; Carlos Berger Guralnik; Julio Cabezas Gacitúa; Arnoldo Camu Veloso; Sócrates Ponce Pacheco, Fernando Valenzuela Rivero; Reinaldo Poseck Pedreros; Guillermo Vallejos Ferdinand; Carlos Salazar Contreras; Guillermo Pinto Viel.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el secuestro calificado de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, ilícito perpetrado a partir del 15 de julio de 1974 en la Región Metropolitana.

En el aspecto civil, se acogió la demanda indemnizatoria y se ordenó al fisco y los sentenciados pagar solidariamente $80 millones a la hermana de la víctima.

Moreno, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, dirigente sindical del Hospital San Borja y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), pasó por el centro de detención de Londres 38 y su nombre figura en la denominada “Operación Colombo”.

En la resolución, el ministro Vázquez condenó a los ex agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko a penas de 8 años de presidio como autores del delito. En tanto, dictó la absolución del agente César Manríquez Bravo.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado logró acreditar que el 15 de julio de 1974 agentes operativos de la DINA, sin que hubiera orden alguna, procedieron a la detención en la vía pública de Moreno, “que fue trasladado de inmediato al centro de detención clandestino de dicho organismo, denominado Londres 38, donde se le mantuvo privado de su libertad, fue interrogado y apremiado físicamente mediante torturas, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido en su salud física, síquica e integridad personal, hasta el día de hoy”.

La investigación también expone que “al tiempo después apareció en algunos medios periodísticos extranjeros, replicados por medios nacionales, la noticia de que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida había muerto junto a otras 118 personas en un enfrentamiento entre militantes de izquierda y/o en enfrentamiento con fuerzas extranjeras, sin que dicha noticia fuese confirmada por ninguna autoridad nacional ni extranjera”.

Corte de Santiago aumenta condenas al agente de la DINA Miguel Krassnoff

La Corte de Apelaciones condenó al agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Miguel Krassnoff Martchenko a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, ilícito perpetrado a partir del 15 de julio de 1974, en la Región Metropolitana. La víctima pasó por el centro de detención clandestino de Londres 38 y su nombre figura en la denominada “Operación Colombo”.

En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, María Rosa Kittsteiner y Pedro Advis– redujó la pena de 8 años de presidio que había dictado en primera instancia el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza.

Asimismo, el tribunal de alzada redujo de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) la indemnización civil que debe pagar el fisco a hermana de la víctima.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Vázquez logró acreditar los siguientes hechos:

“a) Que por órdenes superiores, el Ejército de Chile acondicionó, a fines del año 1973, unas cabañas de la playa de Rocas de Santo Domingo, para impartir cursos básicos de inteligencia a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, a fin de combatir a los opositores del Gobierno Militar de la época, personal que una vez instruido fue asimilado a diversas reparticiones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo Comandante de dicho Regimiento Manuel Contreras Sepúlveda, el que al inicio los arengaba y les explicaba el propósito de su formación.
b) Que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida era dirigente gremial en el Hospital San Borja y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) desde al menos el año 1971.
c) Que el día 15 de julio de 1974 agentes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sin que hubiera orden alguna, procedieron a la detención en la vía pública de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, el que fue trasladado de inmediato al centro de detención clandestino de dicho organismo, denominado Londres 38, donde se le mantuvo privado de su libertad, fue interrogado y apremiado físicamente mediante torturas, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido en su salud física, síquica e integridad personal, hasta el día de hoy.
d) Que al tiempo después apareció en algunos medios periodísticos extranjeros, replicados por medios nacionales, la noticia de que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida había muerto junto a otras 118 personas en un enfrentamiento entre militantes de izquierda y/o en enfrentamiento con fuerzas extranjeras, sin que dicha noticia fuese confirmada por ninguna autoridad nacional ni extranjera”.

Resolución adoptada con el voto en contra del ministro Mera, sólo en el aspecto civil.

“Lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas”, afirmó el presidente del máximo tribunal.

La Corte Suprema entregó títulos póstumos a los familiares de una detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, bajo la dictadura cívico-militar y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de la detenida desaparecida Cecilia Gabriela Castro Salvadores y de los ejecutados políticos Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.