Blanco Tarrés Domingo Bartolomé

Domingo Blanco Tarrés, casado, 1 hijo, militante socialista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, en las proximidades del Palacio de La Moneda. Fue detenido por Carabineros en las afueras de la Intendencia de Santiago, junto con otros 13 miembros del GAP y conducido a la sexta Comisaría de Carabineros, al Cuartel de Investigaciones y a la Cárcel Pública de Santiago, desde la cual fue sacado desapareciendo hasta la fecha.

Domingo Blanco Tarrés era miembro de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de Amigos Personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República. Era el Jefe del dispositivo de seguridad desde 1972 y en estas actividades era conocido por "Bruno, el Blanco". El día 11 de septiembre estaba con un grupo de miembros de la Guardia Presidencial en el recinto presidencial El Cañaveral.

El 11 de septiembre de 1973, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11:00 horas de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.

Los miembros del GAP que quedaban en El Cañaveral, entre ellos Domingo Blanco Tarrés, después de poner a salvo a las personas que allí vivían, se dirigieron a La Moneda. Era un grupo de 14 personas que se movilizaban en una camioneta y un automóvil, entre las que se encontraba el estudiante universitario, Enrique Ropert Contreras, que había ido a dejar a su madre. Al llegar a la Intendencia de Santiago, a las 8:45 horas aproximadamente, fueron detenidos por efectivos de Carabineros.

Los esfuerzos de Miria Contreras por liberar a su hijo Enrique Ropert y a los miembros de la Guardia Presidencial fracasaron, a pesar de que hicieron gestiones el General Urrutia, Subdirector de Carabineros y hasta el propio Presidente Allende, ya que los Carabineros que estaban en la Intendencia no acataron las órdenes.

Esta detención está relatada con detalles en el artículo "El día en que cambió la historia de Chile" publicado en la Revista de Carabineros y escrita por el Teniente de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar, que participó en la detención. Allí se relata: "Repentinamente, por calle Moneda aparecieron una camioneta y otros vehículos, en cuyo interior viajaban miembros de la Guardia Personal del Presidente. Era el GAP que llegaba de refuerzo. No dudamos en lo que debíamos hacer; corrimos a detenerlos, les rodeamos y ellos trataron de resistirse; pero el hielo de las bayonetas les impidió todo intento de hacer uso de sus poderosas armas". Más adelante señala: "Eran éstos los primeros prisioneros de las operaciones de ese día". Finalmente el cronista registra "…nos permitió iniciar la marcha en medio del fragor de las balas y dirigirnos al Cuartel a hacer entrega de los prisioneros." Este artículo apareció en el N°222 de octubre de 1973 de la Revista Carabineros de Chile.

Entre estas personas detenidas por Carabineros se ha logrado identificar a Domingo Blanco Tarrés, Williams Ramírez Barría, Gonzalo Jorquera Leyton y Carlos Cruz Zabala. Se sabe que los dos primeros están desaparecidos y los otros dos fueron ejecutados, además del estudiante Enrique Ropert Contreras que también fue ejecutado. Es probable que en este grupo estuvieran Alberto Morales Dahamen, Pedro Garcés Portigliati, Manuel Castro Zamorano y Héctor Daniel Urrutia Molina, los que están desaparecidos en relación a los hechos de La Moneda, aunque no hay certeza si formaban parte del grupo que desapareció desde el Regimiento Tacna o del grupo detenido por Carabineros.

La detención de estas personas por parte de Carabineros fue fotografiada por reporteros gráficos de El Mercurio, en el momento en que eran subidos a los buses para trasladarlos a la Sexta Comisaría.

El jefe de los detectives de La Moneda, Juan Seoane, que es uno de los sobrevivientes de La Moneda, detalla estos hechos: "Vi llegar unas camionetas desde 'El Cañaveral'…". "Los hicieron entrar a todos a la Intendencia." …Sé que estuvieron en Investigaciones donde los trataron muy mal. Todos murieron."

Por su parte el detective David Garrido Gajardo, que estaba en la puerta de La Moneda, señala que el observó como detenían a Domingo Blanco y a los otros miembros del GAP que habían llegado hasta la Intendencia.

Conforme a la información recuperada, se sabe que los prisioneros de Carabineros fueron conducidos a la Sexta Comisaría Institucional. El Coronel de Ejército Pedro Espinoza intentó llevarse a los prisioneros pero no lo consiguió. El 13 de septiembre, un Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, premunido de una orden del Consejo de Guerra, los condujo al Cuartel de Investigaciones, donde los torturaron. Los cadáveres de tres de ellos, incluyendo a Enrique Ropert, fueron encontrados algunos días después en el río Mapocho, a la altura del Puente Bulnes. Los restantes miembros de la Guardia Presidencial de este grupo están desaparecidos.

El Teniente Coronel de Carabineros, José Baudilio Martínez Maureira, que era Teniente el 11 de septiembre de 1973 y que estaba a cargo del destacamento de la Intendencia, en declaración judicial manifestó que había hecho los oficios con las individualizaciones de los detenidos y declaró que éstos habían sido enviados a la Sexta Comisaría. El jubilado de Carabineros, Jorge David Retamal Berríos que era Mayor de Carabineros, declaró que, como Comisario de la Sexta Comisaría, el 11 de septiembre a las 11:00 horas aproximadamente, recibió 10 u 11 prisioneros pertenecientes al GAP; al día siguiente, el mencionado Mayor Espinoza intentó llevarse los prisioneros, pero él no lo autorizó. El 13 de septiembre los presos fueron entregados al Oficial de la FACH por ordenes del Consejo de Guerra, todo lo cual quedó registrado en los libros pertinentes.

Blanco Tarrés fue el único que fue enviado a la Cárcel pública el 13 de septiembre de 1973, donde permaneció hasta el 19 de septiembre, fecha en que fue llevado por una patrulla militar a un destino desconocido, aunque la pena a que fue sentenciado parece ser de 10 años de prisión.

El Alcaide de la Cárcel Pública, Santos Armijo López informó el 8 de mayo de 1974 que el afectado ingreso al establecimiento el 15 de septiembre de 1973 y que quedó en libertad el 19 de septiembre del mismo año.

Los restantes miembros de la Guardia Presidencial y otras personas, permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron golpeados y finalmente conducidos al Regimiento Tacna.

Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas fueron sacadas desde dicho centro asistencial por Militares, permaneciendo desde entonces en calidad de detenidos desaparecidos.

Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros de La Moneda permanecieron en el mencionado Regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los Militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en un sector denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de todos los prisioneros.

Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

Estas personas fueron llevadas en un camión militar a Peldehue donde, según testimonios indirectos, fueron ultimados.

Sin embargo, uno de los que logró salir con vida y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12:00 horas de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Regimiento Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

La familia del afectado sufrió múltiples persecuciones, su hogar fue allanado y saqueado por agentes, perdiendo todos sus enseres. En noviembre de 1973 se le citó a Investigaciones porque había un proceso por internación ilegal de armas en contra de su cónyuge. Finalmente la cónyuge e hija del afectado debieron refugiarse en Italia. La cónyuge falleció en el exilio.

Los miembros de la Guardia Presidencial que fueron detenidos por Carabineros frente a la Intendencia, fueron conducidos a la Sexta Comisaría y después al Cuartel de Investigaciones, que había sido ocupado por el Ejército. Allí fueron sometidos a torturas. Blanco Tarrés fue separado del grupo y enviado a la Cárcel Pública de Santiago, desde donde fue sacado el 19 de septiembre fecha a partir de la cual permanece en calidad de detenido desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 28 de noviembre de 1973 la cónyuge del afectado fue a la Primera Fiscalía Militar, allí le leyeron una lista de las personas que estaban en un proceso junto a su marido: Enrique Ropert, Williams Ramírez, Mario Jorquera Leyton y otros. El 5 de diciembre de 1973 el Fiscal le informó que se había aplicado una pena de 10 años, aunque hizo un gesto indicando que se le había ejecutado. El actuario le señaló que debía solicitar reabrir el proceso porque en la causa el afectado aparecía con el nombre alterado y que era necesario hacer la corrección para obtener el certificado de defunción. Se le señaló que el proceso era el 1-73.

El 26 de diciembre de 1976, a solicitud de la cónyuge del afectado, Sergio Arellano Stark, General de Brigada Comandante en Jefe de la II División del Ejército emitió un documento del siguiente tenor: "Certifico que no consta el fallecimiento del ciudadano Domingo Blanco Tarrés en algún proceso que se haya instruido o que se instruya por los Tribunales Militares en tiempo de Guerra de esta Guarnición".

El 23 de marzo de 1974 se presentó un recurso de amparo por 131 personas, entre las cuales estaba el afectado.

El 24 de septiembre de 1974 se presentó denuncia por presunta desgracia ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago.

En el proceso 16.338-2 llevado a cabo por la muerte de Manuel Cantú Salazar, fue llamado a declarar Patricio de la Fuente Ibar, quien fuera el Teniente de Carabineros que detuvo a Blanco Tarrés. En la declaración judicial señala: "…procedimos a detener y hacer pasar al interior de la Intendencia a las dependencias de Carabineros a unos 12 a 14 personas. Entre esas personas iba Blanco Tarrés". Más adelante agrega: Yo no conocía a las personas integrantes del GAP, solamente los conocía físicamente, pero realmente a quien conocía era a Blanco Tarrés". Esta declaración fue hecha el 6 de julio de 1990.

En otro proceso, el 16.805 llevado en el Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago por una querella criminal por la muerte de Enrique Ropert Contreras se hicieron consultas sobre Domingo Blanco Tarrés. En este proceso, el juez titular del Vigésimo Juzgado del Crimen, por oficio 549 del 15 de marzo de 1988 solicitó que en el plazo de 5 días el Ministro de Defensa remitiera la causa tramitada en septiembre de 1973 en contra de Domingo Blanco Tarrés. El Subsecretario de Guerra respondió el 20 de julio de 1988 que no existen antecedentes en los archivos sobre la causa indicada.

La solicitud se refiere a Domingo Blanco Tarrés y según información señalada antes, el proceso se hizo en contra de Domingo Blanco Torres, aunque el nombre correcto es Domingo Blanco Tarrés.

El primero de febrero de 1991 se interpuso querella criminal por secuestro ante el Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Chile solicitando que se acumule con una denuncia presentada en 1990 en el mismo Juzgado, se requiere que se investigue acuciosamente para establecer la actual situación y paradero de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y que se determinen las responsabilidades penales de quienes se encuentren involucrados en su desaparición. Además se solicita oficiar a diversas instituciones para verificar la detención, posible defunción e inhumación del afectado. También se pide solicitar a la Comisión Verdad y Reconciliación la información acumulada. Esta causa se tramita con el Rol N° 156062 y afines de 1992 se encuentra en tramitación en estado de sumario.

La cónyuge del afectado, fuera de hacer las consultas en las Fiscalías Militares como se ha señalado, hizo gestiones ante el Regimiento Tacna, Academia de Guerra de Valparaíso, Escuela Militar, Servicio de Inteligencia Militar, Penitenciaría de Santiago, Regimiento de San Bernardo, FAMAE, Regimiento Buin, Cárcel Pública, Secretaria Ejecutiva Nacional de Detenidos, Instituto Médico Legal y Ministerio de Defensa. Ninguna de estas gestiones tuvo éxito y Domingo Bartolome Blanco Tarrés continúa desaparecido.

Los antecedentes antropomórficos de Domingo Blanco Tarrés fueron entregados en la causa 4449-AF del 22° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal en el Patio 29 del Cementerio General de personas no identificadas. En septiembre de 1991 se exhumaron 125 cuerpos desde 108 tumbas, todos ellos habían sido enterrados entre septiembre y diciembre de 1973. A fin del año 1992 se estaba a la espera de los informes del Instituto Médico Legal.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución que ordenó el Fisco indemnizar a familiares de los detenidos desaparecidos Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón; y de los ejecutados ilegalmente Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras, miembros del denominado “Grupo de Amigos Personales” (GAP) del Presidente Salvador Allende, detenidos el 11 de septiembre de 1973, en las inmediaciones del Palacio de La Moneda.

La Segunda Sala –integrada por los ministros Omar Astudillo, María Soledad Melo y Maritza Villadangos– confirmó la responsabilidad del Estado en la ejecución de crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus agentes, pero decretó la absolución del general en retiro de la Fuerza Aérea Vicente Rodríguez Bustos, solo por el hecho de haber fallecido con posterioridad al fallo de primera instancia; y del general en retiro de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar, por falta de acreditación de participación en los hechos.

En el aspecto civil, estimaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptible e incrementó el monto indemnizatorio que deberán recibir las madres, cónyuges e hijos de las víctimas, y lo rebajó para hermanos y sobrinos, por lo que el Estado deberá pagar un total de $1.225.000.000 por concepto de daño moral.

“En cuanto a la excepción de prescripción de la acción civil, lo cierto es que la misma resulta imprescriptible, como lo ha venido declarando reiteradamente la jurisprudencia. Debe recordarse que los delitos penales que han dado lugar a esa responsabilidad civil corresponden a crímenes de lesa humanidad, de manera que el derecho a reparación de los familiares de las víctimas de este tipo de ilícitos también encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Así las cosas, si se estima que la acción penal de esta clase de atentados a la dignidad humana es imprescriptible, no es coherente sostener al mismo tiempo que la acción civil indemnizatoria pueda extinguirse por prescripción, por aplicación de la ley civil interna, ya que ello importaría contrariar la voluntad manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental. Además, si la responsabilidad penal es imprescriptible, la responsabilidad civil del Estado –que arranca de esos mismos hechos–, debe seguir la misma suerte, vale decir, no se extingue por el transcurso del tiempo, por ser accesoria y dependiente de la responsabilidad penal de un agente del Estado, que en este fallo se declara”.

En cuanto a la regulación de resarcimiento o monto reparatorio, la Corte de Apelaciones de Santiago reitera que “(…) es conocida la dificultad que existe para determinar cuantitativa y económicamente la compensación del daño moral. Empero, en la necesidad de efectuar su valoración y ante la falta de baremos estadísticos o técnicos suficientemente afianzados, cabe acudir a parámetros que puedan servir como criterios orientadores para esos fines, inspirados en consideraciones de prudencia, de equidad y de experiencia. De esa manera, en la medida de lo posible, ha de propenderse a la consideración de los datos objetivos –los hechos probados– la naturaleza del daño y a la búsqueda de algún grado de proporcionalidad entre la entidad de ese daño y la suma a indemnizar”.

“Desde esa óptica, por aplicación de reglas de experiencia, de aquellas que permiten confirmar que el dolor o padecimiento se relacionan especialmente con el vínculo de parentesco y afectivo que se tiene o que se ha tenido con la víctima directa del o de los delitos cometidos en su persona, se estima adecuado y razonable efectuar las regulaciones que se indican a continuación: a) Para quienes tienen la condición de cónyuge o madre del afectado, la suma de $80.000.000; b) Para quienes han demostrado la calidad de hijos de la víctima directa, la cantidad de $50.000.000; c) Para los que demandan en calidad de hermanos, la cantidad de $20.000.000; y d) Para quien acreditara la condición de sobrino de una de las víctimas, la suma de $5.000.000”, resuelve.

Los hechos del proceso que fueron acreditados en el fallo de primera instancia del ministro Mario Carroza:

1.- Que durante el mandato presidencial del Presidente Salvador Allende Gossens, se conformó un dispositivo de seguridad integrado por hombres jóvenes, armados y con instrucción paramilitar en algunos casos, conocidos como GAP o ‘Grupo de Amigos Personales del Presidente’, y que a este grupo pertenecían, entre otros, José Belisario Carreño Calderón, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barría, Domingo Blanco Tarrés, siendo este último uno de los jefes de este dispositivo, y Enrique Ropert Contreras, que a la época era un estudiante universitario e hijo de Miria Contreras, secretaria privada del Presidente Allende;

2.- Que en la madrugada del día 11 de septiembre de 1973, los Comandantes en Jefe del Ejército Augusto Pinochet Ugarte, y de la Aviación Gustavo Leigh Guzmán; el Almirante de la Armada José Toribio Merino Castro y el General de Carabineros de Chile César Mendoza Durán, procedieron a dar un Golpe de Estado en contra del Gobierno del entonces Presidente Salvador Allende Gossens, a consecuencia de lo cual, el primer mandatario, que se encontraba en la residencia presidencial de calle Tomás Moro, se trasladó acompañado de un grupo de sus escoltas y de Carabineros al Palacio de La Moneda;

3.- Que en conocimiento de estos hechos, el jefe del GAP, Domingo Blanco Tarrés, que se encontraba en la residencia presidencial de Cañaveral, decide trasladarse junto a miembros de dicha agrupación, individualizados en el acápite primero, acompañados de la Secretaria del Presidente Miria Contreras Bell y sus hijos Max y Enrique Ropert Contreras, a la residencia de Tomás Moro, a reunirse con el Presidente Allende; pero al llegar se enteran que este ya se había retirado del lugar con destino al Palacio de La Moneda, por lo que Blanco Tarrés, junto a sus demás escoltas, se trasladaron en una camioneta desde Tomás Moro hasta ese lugar, lo mismo hizo Miria Contreras y su hijo Enrique Ropert Contreras, en una Renoleta, quedándose Max Ropert Contreras en Tomas Moro;

4.- Que al llegar al centro de la ciudad e ingresar por calle Morandé, cerca de los estacionamientos de vehículos de La Moneda, Blanco Tarrés junto a José Belisario Carreño Calderón, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González y William Ramírez Barría, se bajaron premunidos de sus armas, pero son descubiertos y conminados a entregarlas por un contingente de Carabineros pertenecientes al grupo móvil que dirigía un Oficial que pertenecía a la Prefectura ubicada en la Intendencia de Santiago; debido a este incidente, Miria Contreras Bell, que llega en los momentos en que ocurre la detención, le solicita a su hijo Enrique Ropert Contreras que averiguase lo sucedido, pero al hacerlo también pasa a ser detenido por las Fuerzas Policiales y Miria Contreras no pudo evitarlo, por lo que resuelve escapar hacia La Moneda.

Todos los integrantes de la guardia personal del Presidente Allende, junto a Enrique Ropert Contreras, fueron trasladados hasta las dependencias de la prefectura policial del interior de la Intendencia, sin que las intervenciones desde el Palacio Presidencial y del Director de Carabineros, en ese momento, tuvieran éxito en obtener su liberación.

Que el grupo fue conducido a la Intendencia, donde permanecieron por unas horas, siendo subidos posteriormente por orden del Coronel Carlos Hinrichsen González, jefe del grupo móvil, a un bus de Carabineros y llevados a la 6° Comisaría de Santiago, unidad policial donde llegó primeramente Pedro Espinoza Bravo a hablar con el Comisario Jorge Retamal Berríos, para efectos de llevarse consigo a los detenidos, lo que fue negado a la falta de una orden escrita, llegando más tarde hasta la Comisaría un Mayor de Inteligencia de la FACH, premunido de una orden escrita de un Consejo de Guerra, quien es el que finalmente procede a llevarse consigo a este grupo de detenidos, antes de ser puestos a disposición de la Justicia;

5.- Que todo o parte de este grupo de prisioneros, es trasladado el día 12 o 13 de septiembre de 1973, al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, lugar donde fueron sometidos a interrogatorios, entre los que se sabe con certeza que estaba Domingo Blanco Tarrés, quien es ingresado a la Cárcel Pública, el día 15 de septiembre de 1973, por órdenes de la 2° Fiscalía Militar, desde allí le sacan en varias oportunidades y le llevan a la Fiscalía, donde fue sometido a torturas, interrogatorios y careos con otros miembros del GAP y egresa desde el recinto penitenciario el día 19 de septiembre, según los registros de Gendarmería, por orden de la 2° Fiscalía Militar, perdiéndose desde esa fecha, todo rastro de él, desconociéndose actualmente su paradero;

6.- Que en cambio, los restos de José Belisario Carreño Calderón, que en un principio fueron identificados como de dicha persona al ser encontrados el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes, con posterioridad de acuerdo a examen de ADN se habría descartado, por lo que desde la fecha en que es trasladado a la 6° Comisaría de Carabineros y es retirado por el Oficial de Inteligencia de la FACH, no se supo más acerca de su paradero;

7.- Que, a su vez, los cuerpos de Enrique Ropert Contreras, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gambia Pizarro, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barría, fueron encontrados el día 19 de septiembre de 1973, en las riberas del Río Mapocho, en el sector del Puente Bulnes, e ingresados el día 20 de septiembre de 1973 al entonces Instituto Médico Legal, según dan cuentas sus protocolos de autopsias y actas de recepción de cadáveres;

8.- Que, en relación a Pedro Juan Garcés Portigliati, en autos, se encuentra debidamente acreditado que su cadáver ingresa al Instituto Médico Legal, sin constar respecto de él ningún informe de autopsia o acta de recepción de cadáveres, encontrándose esta víctima entre las identificadas por exámenes de ADN realizados posteriormente a restos encontrados en Patio 29;

9.- Que, a la fecha, y según la información allegada a la causa, se encuentran identificados por exámenes de ADN realizados en Laboratorios Extranjeros a restos óseos encontrados en la fosa común del Patio 29 del Cementerio General, las víctimas: Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barria y Enrique Ropert Contreras;

10.- Que conforme a la autopsia de la época y registros de entierro, se encuentra establecido que los restos de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, fueron reconocidos y entregados a sus familias en los días posteriores a ocurridos los hechos.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó al general en retiro de la Fuerza Aérea Vicente Armando Rodríguez Bustos a la pena de 10 años y un día de presidio, como autor de los delitos de secuestro calificado de DOMINGO BARTOLOME BLANCO TARRES y José Belisario Carreño Calderón; y el delito de homicidio calificado de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavalla, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barria y Enrique Andrés María Ropert Contreras. Ilícitos perpetrados en la ciudad, en septiembre de 1973.

En el fallo (causa rol 126.461 y acumuladas), el ministro en visita aplicó, además, al exoficial las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena; más el pago de las costas del proceso.

En la causa, el ministro Carroza decretó la absolución del general en retiro de Carabineros Patricio Fernando de la Fuente Ibar, por no acreditarse su responsabilidad en los delitos en contra de colaboradores y miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) del Presidente Salvador Allende, quienes fueron detenidos el 11de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de la Moneda y de la Intendencia Metropolitana y llevados por personal de Carabineros hasta la Sexta Comisaría de Santiago y, posteriormente, al Cuartel General de la Policía de Investigaciones.

En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:
1.- Que durante el mandato presidencial del Presidente Salvador Allende Gossens, se conformó un dispositivo de seguridad integrado por hombres jóvenes, armados y con instrucción paramilitar en algunos casos, conocidos como GAP o «Grupo de Amigos Personales del Presidente», y que a este grupo pertenecían, entre otros, José Belisario Carreño Calderón, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barría , Domingo Blanco Tarrés, siendo este último uno de los jefes de este dispositivo, y Enrique Ropert Contreras, que a la época era un estudiante universitario e hijo de Miria Contreras, secretaria privada del Presidente Allende;

2.- Que en la madrugada del día 11 de septiembre de 1973, los Comandantes en Jefe del Ejército Augusto Pinochet Ugarte, y de la Aviación Gustavo Leigh Guzmán; el Almirante de la Armada José Toribio Merino Castro y el General de Carabineros de Chile César Mendoza Durán, procedieron a dar un Golpe de Estado en contra del Gobierno del entonces Presidente Salvador Allende Gossens, a consecuencia de lo cual, el primer mandatario, que se encontraba en la residencia presidencial de calle Tomás Moro, se trasladó acompañado de un grupo de sus escoltas y de Carabineros al Palacio de La Moneda;

3.- Que en conocimiento de estos hechos, el jefe del GAP, Domingo Blanco Tarrés, que se encontraba en la residencia presidencial de Cañaveral, decide trasladarse junto a miembros de dicha agrupación, individualizados en el acápite primero, acompañados de la Secretaria del Presidente Miria Contreras Bell y sus hijos Max y Enrique Ropert Contreras, a la residencia de Tomás Moro, a reunirse con el Presidente Allende; pero al llegar se enteran que este ya se había retirado del lugar con destino al Palacio de La Moneda, por lo que Blanco Tarrés, junto a sus demás escoltas, se trasladaron en una camioneta desde Tomás Moro hasta ese lugar, lo mismo hizo Miria Contreras y su hijo Enrique Ropert Contreras, en una Renoleta, quedándose Max Ropert Contreras en Tomas Moro;

4.- Que al llegar al centro de la ciudad e ingresar por calle Morandé, cerca de los estacionamientos de vehículos de La Moneda, Blanco Tarrés junto a José Belisario Carreño Calderón, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González y William Ramírez Barría, se bajaron premunidos de sus armas, pero son descubiertos y conminados a entregarlas por un contingente de Carabineros pertenecientes al grupo móvil que dirigía un Oficial que pertenecía a la Prefectura ubicada en la Intendencia de Santiago; debido a este incidente, Miria Contreras Bell, que llega en los momentos en que ocurre la detención, le solicita a su hijo Enrique Ropert Contreras que averiguase lo sucedido, pero al hacerlo también pasa a ser detenido por las Fuerzas Policiales y Miria Contreras no pudo evitarlo, por lo que resuelve escapar hacia La Moneda.
Todos los integrantes de la guardia personal del Presidente Allende, junto a Enrique Ropert Contreras, fueron trasladados hasta las dependencias de la prefectura policial del interior de la Intendencia, sin que las intervenciones desde el Palacio Presidencial y del Director de Carabineros, en ese momento, tuvieran éxito en obtener su liberación.
Que el grupo fue conducido a la Intendencia, donde permanecieron por unas horas, siendo subidos posteriormente por orden del Coronel Carlos Hinrichsen González, jefe del grupo móvil, a un bus de Carabineros y llevados a la 6° Comisaría de Santiago, unidad policial donde llegó primeramente Pedro Espinoza Bravo a hablar con el Comisario Jorge Retamal Berríos, para efectos de llevarse consigo a los detenidos, lo que fue negado a la falta de una orden escrita, llegando más tarde hasta la Comisaría un Mayor de Inteligencia de la FACH, premunido de una orden escrita de un Consejo de Guerra, quien es el que finalmente procede a llevarse consigo a este grupo de detenidos, antes de ser puestos a disposición de la Justicia;

5.- Que todo o parte de este grupo de prisioneros, es trasladado el día 12 o 13 de septiembre de 1973, al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, lugar donde fueron sometidos a interrogatorios, entre los que se sabe con certeza que estaba Domingo Blanco Tarrés, quien es ingresado a la Cárcel Pública, el día 15 de septiembre de 1973, por órdenes de la 2° Fiscalía Militar, desde allí le sacan en varias oportunidades y le llevan a la Fiscalía, donde fue sometido a torturas, interrogatorios y careos con otros miembros del GAP y egresa desde el recinto penitenciario el día 19 de septiembre, según los registros de Gendarmería, por orden de la 2° Fiscalía Militar, perdiéndose desde esa fecha, todo rastro de él, desconociéndose actualmente su paradero;

6.- Que en cambio, los restos de José Belisario Carreño Calderón, que en un principio fueron identificados como de dicha persona al ser encontrados el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes, con posterioridad de acuerdo a examen de ADN se habría descartado, por lo que desde la fecha en que es trasladado a la 6° Comisaría de Carabineros y es retirado por el Oficial de Inteligencia de la FACH, no se supo más acerca de su paradero;

7.- Que, a su vez, los cuerpos de Enrique Ropert Contreras, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gambia Pizarro, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barría, fueron encontrados el día 19 de septiembre de 1973, en las riberas del Río Mapocho, en el sector del Puente Bulnes, e ingresados el día 20 de septiembre de 1973 al entonces Instituto Médico Legal, según dan cuentas sus protocolos de autopsias y actas de recepción de cadáveres;

8.- Que, en relación a Pedro Juan Garcés Portigliati, en autos, se encuentra debidamente acreditado que su cadáver ingresa al Instituto Médico Legal, sin constar respecto de él ningún informe de autopsia o acta de recepción de cadáveres, encontrándose esta víctima entre las identificadas por exámenes de ADN realizados posteriormente a restos encontrados en Patio 29;

9.- Que, a la fecha, y según la información allegada a la causa, se encuentran identificados por exámenes de ADN realizados en Laboratorios Extranjeros a restos óseos encontrados en la fosa común del Patio 29 del Cementerio General, las víctimas: Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barria y Enrique Ropert Contreras;

10.- Que conforme a la autopsia de la época y registros de entierro, se encuentra establecido que los restos de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, fueron reconocidos y entregados a sus familias en los días posteriores a ocurridos los hechos.

En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.320.000.000 (mil trescientos veinte millones de pesos) a familiares de las víctimas.

El 2 de noviembre de 2008 8:34, agrupacion de familiares de las victimas de moneda escribió:

Estimado sr Maximo K.

gracias por comprender el dolor que uno siente al ver lo que ha ocurrido en este ultimo tiempo donde la derecha cobra mas espacios nada menos que en las poblaciones emblematicas por las cuales muchos lucharon en sus tomas de terreno, en crear poblaciones para nuestro pueblo humilde,pobre y sin oportunidades de aquiellos años .

gracias a los familiares de las víctimas del palacio de la moneda, se ha creado esta agrupación de familiares, la cual lleva el nombre de agrupación de familiares de los detenidos ejecutados y desaparecidos del equipo de seguridad presidencial del doctor Salvador Allende Gossens (GAP) agrupación la cual soy su fundadora y actual presidenta,para lograr que no olviden ha nuestros familiares del palacio de moneda.

nuestra agrupación logro este 11 de septiembre que aun costado de la Intendencia,se colocara una placa de recordación y memoria a los detenidos de la intendencia,lugar en el que fue detenido mi padre junto al hijo de la "payita" y los demas compañeros, que ivan junto a mi padre en apoyo y refuerzo en los momentos que el presidente ya estaba en la moneda.

este grupo venia de cañaveral y tomas moro y fueron detenidos al llegar a palacio de la moneda el dia 11 de sep.73 a las 8.45 am y llevados a la intendencia donde permanecieron por algunas horas.

la placa lleva los 10 nombre de los detenidos y esta el de mi padre.

hoy peleo por la placa de morande 80, ya que exijimos que en el costado de la puerta morande 80

sera dificil pero confio en poder lograr este merecido homenaje y memoria ha nuestro presidente y sus compañeros, en que sean recordados como merecen y sobre todo que exista esta placa ya que ellos son parte de nuestra historia .

duele ver un partido socialista que olvida a sus militantes que dieron un ejemplo de vida,de valores y enseñanza de lo que hoy falta.

duele ver a la gente de pueblo de las poblaciones que olviden ,lo que yo vi en estas poblaciones en la que los militares a punta de culata y patadas sacaban a los hombres y formaban una fila en las canchas, siendo registrados, humillados y golpeados, amenazandolos para que dijeran quien eran los que buscaban.

duele sentir en el voto de la gente, que la derecha gana la memoria de la gente y el recuerdo de lo que significo la dictadura.

bueno esto solo nos hace mas fuerte y continuar luchando pero nunca dejare de luchar en busca de la verdad justicia y la memoria.

sobre todo porque creci conociendo a cada uno de los que fueron GAP y mucho de ellos fueron por esos 3 años de gobierno, mis tios.

mis saludos y gracias por comprender lo que uno siente en su alma cuando la derecha va ganando mente y terreno.

soledad blanco

hija de domingo blanco tarres, "bruno o el blanco"

En un oficio del 21 de marzo pasado, el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Roberto Arancibia Clavel, informó al magistrado Carroza que el documento firmado por el ex comandante en jefe "no se encuentra en la institución". Sin embargo, fuentes de la subsecretaría de Guerra informaron a La Nación que el documento "es auténtico y fue ubicado en esta subsecretaría" cuando nuestro diario lo publicó el pasado 28 de febrero.
Ante esta negativa de la institución, el magistrado Carroza citó a declarar al oficial Eduardo Quiroga Jofré, quien en 1989 era teniente coronel y que hoy podría estar activo o en retiro, y que en la fecha del incendio fue enviado por Izurieta a terreno, según el documento, para verificar el detalle de los documentos siniestrados.
El incendio ocurrió el 14 de noviembre de 1989 en la Escuela de Educación Física del Ejército en La Reina, según la institución por "un atentado terrorista del Frente Manuel Rodríguez".
El magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Carroza, requirió del Ejército este documento y su anexo de dos páginas, dado que a través de su divulgación por primera vez se conoció que la cifra de estos expedientes fue de 7 mil 419, y que en el incendio no resultaron todos quemados como el Ejército informó a la Comisión Rettig cuando ésta los requirió, sino que 4 mil 673 se salvaron quedando, según el documento, 2 mil 143 "parcialmente quemados" y otros 2 mil 530 sólo "parcialmente destrozados" por acción del agua.
De esta manera, estos 4 mil 673 expedientes y sentencias habrían quedado eventualmente legibles o reconstituíbles para su conocimiento por los tribunales. Además del magistrado Carroza, otros jueces, entre ellos Juan Guzmán, y las cortes de Apelaciones y Suprema han pedido reiteradamente al Ejército algunos de estos expedientes.
El juez Carroza requiere acceder a los expedientes que quedaron legibles para verificar si entre ellos se encuentran algunos expedientes, entre éstos el de un consejo de guerra que se le habría hecho en Santiago al jefe del GAP del Presidente Salvador Allende, Domingo Blanco Tarrés ("Bruno"), quien fue detenido en La Moneda el día del golpe militar y se encuentra desaparecido.
El magistrado ha enviado ocho oficios al Ejército pidiendo información sobre el consejo de guerra 1-73, y según ha comentado ha recibido sólo "respuestas evasivas". Al conocer ahora de la existencia del documento de Izurieta, en su último oficio preguntó directamente por él, pero recibió la referida negativa de la institución.

Extrañeza y presiones
Fuentes de tribunales comentaron a nuestro diario que "parece extraña" la negativa del Ejército sobre la existencia del documento, dado que tanto las dos páginas de éste como las otras dos del anexo con el detalle del estado de los expedientes luego del incendio, tienen al pie la leyenda "Autentificación: el jefe de Sección Archivo General del Ejército, certifica que el presente documento se encuentra en custodia en este Archivo. Firma: mayor Raúl Díaz Jara".
Las mismas fuentes informaron que "han habido presiones del Ejército en tribunales para que no se siga investigando acerca de este documento". Las fuentes comentaron que el problema del Ejército es que ahora se conoce que miles de estos expedientes se salvaron y pudieran estar legibles, pero que al parecer éstos "habrían sido finalmente también destruidos".

La jueza Amanda Valdovinos identificó los restos de ocho detenidos desaparecidos desde el golpe militar de Augusto Pinochet, en 1973, a partir de pequeños fragmentos óseos encontrados en un foso en el Fuerte Arteaga ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Santiago.

La información difundida por radio Bío Bío indica que la individualización de las víctimas fue lograda por peritos del Servicio Médico Legal a partir de 400 pequeños fragmentos óseos que incluyeron piezas dentales.

Entre los sujetos señalados se cuentan "el ex intendente del Palacio de La Moneda, Enrique Huerta y el ex jefe del Grupo de Protección Personal del depuesto presidente Salvador Allende, Domingo Blanco", informó la radioemisora.

De acuerdo al informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, estos ocho detenidos desaparecidos se contaban en el grupo que fue tomado prisionero en el Palacio de La Moneda y desde allí llevados inicialmente al regimiento Tacna, en la zona norte de Santiago donde se les vio por última vez.

Este hallazgo se suma al caso de Juan Rivera quien figuró entre las víctimas lanzadas al mar según el informe entregado por representantes de las Fuerzas Armadas durante la Mesa de Dialogo convocada por el gobierno del ex presidente Eduardo Frei.

Mi nombre es Isabel Ropert Contreras. Soy hermana de Enrique Ropert Contreras e hija de Miria Contreras Bell, Payita, leal colaboradora de Salvador Allende.

El 11 de septiembre de 1973 cuando llegó mi madre, Miria Contreras, Payita, a La Moneda con un grupo del Gap, entre ellos Domingo Blanco Tarrés “Bruno”, y mi hermano Enrique, los carabineros de Fuerzas Especiales apostados en la Intendencia, “se dan vuelta la chaqueta”, es decir cambian de bando, y los detienen. Mi madre logra entrar a La Moneda y junto al Director General de Carabineros, General José María Sepúlveda, llaman a los carabineros para que los liberen pero éstos se niegan a obedecer a su superior. A cargo del grupo estaba, entre otros, Patricio de la Fuente Ibar. Durante años, todos ellos alardearon de esto y por supuesto jamás asumieron su responsabilidad por los asesinatos, torturas y desaparición del grupo. Fueron condecorados por la Junta Militar y posteriormente De la Fuente Ibar estuvo a cargo del 133 de Emergencias de Carabineros.

Antes del bombardeo de La Moneda, este grupo de detenidos en la esquina de la Intendencia, fue obligado a subir a un bus de fuerzas especiales y llevado a la 6ta. Comisaría de Carabineros. El Oficial a cargo de la Comisaría declara que el 12 de septiembre llegó a la Comisaría el oficial de Inteligencia del Ejército, Pedro Espinoza Bravo, a pedir que le entregaran estos detenidos pero se le negó pues no tenía una orden escrita. Más tarde, llegó el oficial de inteligencia de la FACH,Vicente Rodríguez, provisto de una orden de un Consejo de Guerra de la FACH, y le hizo entrega del grupo.

Se tienen evidencias que, por lo menos, Domingo Blanco fue llevado al subterráneo del Cuartel de Investigaciones en General Mackenna y luego a la Cárcel Pública de donde militares lo sacaban y llevaban a algún lugar desconocido para torturarlo. Testigos lo vieron por última vez alrededor del 19 de septiembre.

Respecto al resto del grupo, nueve de ellos, entre los cuales mi hermano Enrique, fueron fusilados debajo del Puente Bulnes del río Mapocho, el 19 de septiembre en la noche o el 20 de septiembre en la madrugada. Solo los cuerpos de Enrique y de Gonzalo Leyton aparecieron en la morgue. Los demás fueron enterrados como NN en el Patio 29 del Cementerio General. Domingo Blanco y José Carreño siguen desaparecidos.

Enrique era estudiante de la escuela de Economía de la Universidad de Chile, tenía 20 años, militante del PS y vivía con mi madre y hermano Max en la casa de mi madre de El Cañaveral, cuando no estaba en las poblaciones Ernesto Guevara y Luciano Cruz que fueron tomas en los terrenos en donde hoy están el Homecenter de Las Condes y el Sodimac del Cantagallo o con su polola Ana María. Enrique tenía nacionalidad franco chilena por lo que se hizo una querella en Francia y un juicio que terminó con la condena de varios miembros de las FFAA chilenas por la desaparición de los franco chilenos víctimas de la dictadura militar.

Domingo Blanco, Bruno, era jefe del GAP hasta que empezó a ser acusado por la prensa de derecha del asesinato del Edecán Naval de Allende. Mi madre decidió esconderlo en su casa de El Cañaveral y ahí lo sorprendió el golpe de estado. Días después del golpe, los verdaderos asesinos del Edecán Araya se entregaron a la Fiscalía Naval de Valparaíso. Eran de Patria y Libertad y luego a algunos de ellos se les vuelve a encontrar en el asesinato del General Prat en Buenos Aires y en el Comando Conjunto. Bruno tenía 32 años, una hija y era militante del PS. Engrosa la lista de detenidos desaparecidos.

Los otros 9 detenidos eran también militantes del PS. Algunos de ellos estaban en El Cañaveral con Bruno, y otros estaban en la casa presidencial de Tomás Moro. Mi madre los hizo seguir rumbo a La Moneda pues el Presidente Allende ya había partido. Eran muy jóvenes y aparentemente muy poco tiempo en el GAP.

Hoy, 42 años después, un tribunal chileno detiene y procesa a dos miembros de las fuerzas armadas: al teniente de Carabineros que detuvo al grupo en La Moneda y al mayor de inteligencia de la FACH que se llevó al grupo de la 6ta. Comisaría con destino desconocido. Procesaron a dos uniformados del eslabón más bajo de la cadena del mando golpista. Sin embargo, no se procesa a los otros responsables directos de estos crímenes tales como al general Ernesto Baeza, tercero en el mando del ejército para el golpe y enviado el 11 de septiembre a hacerse cargo de Investigaciones, lugar donde llegó el grupo de detenidos entre los que estaba mi hermano Enrique; tampoco se procesa a Sergio Badiola, Edecán de Ejército de Allende y que llega a Investigaciones el mismo 11 de septiembre como ayudante de Baeza y que conocía personalmente a mi hermano Enrique y a los miembros del GAP detenidos con él; tampoco se procesa a Pedro Espinoza -oficial de inteligencia del ejército y actualmente condenado y preso por otros crímenes, así como el de los franco chilenos desaparecidos- que llega al día siguiente del golpe a buscar al grupo a la 6ta.Comisaría; ni tampoco golpistas como Herman Brady que estuvo en comunicación con mi madre hasta la madrugada del 11 de septiembre engañándola, a ella y al Presidente Allende, acerca de los movimientos golpistas del ejército y que siempre supo con detalle lo que pasó con los detenidos en La Moneda y que habría firmado las condenas de un falso Consejo de Guerra del Ejército. Si hoy se puede procesar a dos miembros de las FFAA involucrados en estos crímenes, también se debería poder procesar a los altos mandos ejecutores y cómplices.

Durante 9 días, Enrique y el grupo del GAP detenido con él, estuvo desaparecido hasta que fueron ejecutados debajo de Puente Bulnes del Río Mapocho y llevados a la morgue. Solo sabemos algo de lo que pasó con Domingo Blanco: que fue llevado al cuartel de Investigaciones y luego a la Cárcel Pública de donde militares lo sacaban para torturarlo, desapareciendo en la misma fecha que aparecen ejecutados mi hermano y el grupo del GAP. Enrique tenía numerosas balas en el cráneo y pecho y con signos de tortura.

No sé qué pasó con Enrique durante esos 9 días. Sin embargo, hace unos años, el ex conscripto Nelson Bañados, asesino procesado del sacerdote español Joan Alsina, quien fue ejecutado también en el Puente Bulnes el 19 de septiembre, me confesó que él había participado en la ejecución de mi hermano Enrique debajo del Puente Bulnes y que aún guardaba su carné de identidad como recuerdo así como los guantes ensangrentados que usaba en estas ejecuciones. Cuando regresé para que me entregara el documento, Bañados se había suicidado.

Enrique era menor de edad en la época. Mi madre era vilipendiada en todos los medios de prensa y perseguida hasta con carteles ofreciendo recompensa. Siempre he pensado que la Junta Militar entregó el cuerpo de Enrique permitiendo su entierro para ver si aparecía mi madre y detenerla (por suerte se enteró después). Con ese objeto, no solo asesinaron a mi hermano, sino que detuvieron y torturaron a mi padre, a varios miembros de mi familia y a compañeros que ayudaron escondiéndola.

Desde el principio, la justicia le hizo el quite a este caso. “Eran del GAP. Algo habían hecho”. Se hicieron eco a las campañas de la derecha y su prensa y permitieron la impunidad de sus esbirros de la Fuerzas Armadas chilenas.

42 años y 7 meses después de la detención de mi hermano Enrique y del grupo del GAP, y con el auspicio del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, un juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictaminó:

“SE SOMETE a PROCESO y a ARRAIGO a VICENTE ARMANDO RODRÍGUEZ BUSTOS y PATRICIO FERNANDO DE LA FUENTE IBAR en calidad de AUTORES de los delitos de Secuestro Calificado, cometidos en las personas deDOMINGO BARTOLOMÉ BLANCO TARRÉS y JOSÉ BELISARIO CARREÑO CALDERÓN, y en calidad de AUTORESde los delitos de Homicidio Calificado cometidos en las personas de: GONZALO MARIO JORQUERA LEYTON, CARLOS ALFONSO CRUZ ZAVALA, LUIS ALFREDO GAMBOA PIZARRO, PEDRO JUAN GARCÉS PORTIGLIATI, OSCAR OSVALDO MARAMBIO ARAYA, EDMUNDO ENRIQUE MONTERO SALAZAR, JORGE OSVALDO ORREGO GONZÁLEZ, WILLIAM OSVALDO RAMÍREZ BARRÍA y ENRIQUE ANDRÉS MARÍA ROPERT CONTRERAS, hechos ocurridos los días inmediatamente siguientes al 11 de septiembre de 1973.

Con el fin de asegurar la comparecencia de los procesados, despáchese orden de aprehensión a través de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, en contra de: VICENTE ARMANDO RODRÍGUEZ BUSTOS y PATRICIO FERNANDO DE LA FUENTE IBAR, Hecho, dese orden de ingreso en contra de los mencionados, en calidad de procesados en libre plática, a la Base Aérea El Bosque, Sección Guarnición, el primero de ellos y al Centro de Detención Transitorio “Sucre” de Carabineros de Chile, el segundo nombrado. Coordínese lo anterior, con coordinándose igualmente con el Estado Mayor de la Fuerza Aérea y con la Dirección General de Carabineros, respectivamente.

Se trata de los generales la FACH Vicente Rodríguez Bustos y de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar. Entre las víctimas ultimadas en los días posteriores al 11 de septiembre se encuentra Enrique Ropert Contreras, uno de los hijos de Miria Contreras, secretaria del ex Presidente Salvador Allende. Isabel Ropert hizo un llamado a aportar información para castigar a todos los culpables.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, procesó por los secuestros calificados y homicidios de 10 miembros de la escolta del Presidente Salvador Allende, el Grupo de Amigos Personales (GAP), detenidos el 11 de septiembre de 1973, en las inmediaciones del Palacio de La Moneda y de un hijo de Miria Contreras, secretaria del ex Presidente Salvador Allende.

En la causa, el ministro Vásquez procesó al general en retiro de la Fuerza Aérea Vicente Rodríguez Bustos y al general en retiro de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar, por su responsabilidad en los secuestros calificados de Domingo Blanco Tarrés y José Carreño Calderón, y en los homicidios calificados de Gonzalo Jorquera Leyton, Carlos Cruz Zavala, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Garcés Portigliati, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Orrego González, William Ramírez Barría y Enrique Ropert Contreras.

La investigación permitió acreditar que todos pertenecían al GAP, del cual Domingo Blanco Tarrés, era uno de los jefes de la escolta.Por su parte, Enrique Ropert Contreras, a la época era un estudiante universitario, hijo de Miria Contreras, la secretaria del Presidente Allende.

Al enterarse que se estaba desarrollando un golpe de Estado, Domingo Blanco, quien pernoctaba en la residencia presidencial de Cañaveral, se trasladó junto a los miembros del GAP, acompañados de Miria Contreras y sus hijos Max y Enrique Ropert Contreras, a la residencia de Tomás Moro, a juntarse con el Presidente Allende.

Al llegar, se enteraron que éste ya se había retirado con destino a La Moneda, por lo que Blanco, junto a los demás escoltas se trasladaron en una camioneta desde Tomás Moro con destino a La Moneda, lo mismo hizo Miria Contreras y su hijo Enrique Ropert Contreras, en una Renoleta, quedándose Max Ropert en Tomás Moro.

Sacados desde la sexta Comisaría de Carabineros

Enrique Ropert Contreras

Al llegar al centro de la ciudad e ingresar por calle Morandé, cerca de los estacionamientos de los vehículos de La Moneda, Blanco junto a Carreño Calderón, Cruz, Gamboa, Garcés, Jorquera, Marambio, Montero, Orrego y Ramírez, se bajaron con sus armas, motivo por el cual fueron conminados a entregarlas por Carabineros pertenecientes al Grupo Móvil, dirigidos por un Oficial que pertenecía a la Prefectura ubicada en la Intendencia de Santiago. Debido al incidente Miria Contreras, que llegó cuando se produjo la detención, le solicitó a su hijo Enrique Ropert Contreras que averiguase lo sucedido, sin embargo fue detenido por las Fuerzas Policiales. Miria Contreras trató de evitar la detención, sin resultado positivo, logrando esta última escapar hacia La Moneda.

Todos los integrantes del GAP junto a Enrique Ropert Contreras fueron trasladados a las dependencias de la Prefectura Policial del interior de la Intendencia, sin que las intervenciones desde La Moneda y del Director de Carabineros, en ese momento, tuvieran éxito para liberarlos.

El grupo fue subido posteriormente por orden del Coronel Carlos Hinrichsen González, jefe del Grupo Móvil, a un bus de Carabineros y llevados a la Sexta Comisaría de Santiago, unidad policial hasta donde llegó primeramente Pedro Espinoza Bravo a hablar con el Comisario Jorge Retamal Berríos a efectos de llevarse consigo a los detenidos. Retamal se negó a entregarlos debido a la falta de una orden escrita, llegando más tarde hasta la Comisaría un Mayor de Inteligencia de la FACH, premunido de una orden escrita de un Consejo de Guerra, quien retira a los detenidos.

La justicia determinó que todos o parte de este grupo de prisioneros fueron trasladados el día 12 o 13 de septiembre de 1973 al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, donde fueron sometidos a interrogatorios, entre los que se sabe con certeza que estaba Domingo Blanco Tarrés. Blanco luego fue ingresado a la Cárcel Pública el 15 de septiembre de 1973 por orden de la Segunda Fiscalía Militar, desde donde fue sacado en varias oportunidades y llevado a una Fiscalía Militar, donde era sometido a torturas, interrogatorios y careos con otros miembros del GAP. Salió de allí, de acuerdo a los registros del recinto por orden de la Segunda Fiscalía Militar, perdiéndose todo rastro de dicha persona desde esa fecha, del que no se sabe su destino hasta el día de hoy.

También de José Belisario Carreño Calderón, se desconoce su paradero hasta hoy, consigna la resolución.

Los cuerpos de Enrique Ropert Contreras, Carlos Cruz Zavala, Gonzalo Jorquera Leyton, Jorge Orrego González, Luis Gamboa Pizarro, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar y William Ramírez Barría, fueron encontrados el día 19 de septiembre de 1973 en las riberas del río Mapocho, en el sector del Puente Bulnes, e ingresados el día 20 de septiembre de 1973 al entonces Instituto Médico Legal, según dan cuenta sus protocolos de autopsia y actas de recepción de cadáveres. En relación a Pedro Juan Garcés Portigliati, se encuentra acreditado en autos que su cadáver ingresó al Instituto Médico Legal, sin constar respecto de él ningún informe de autopsia o acta de recepción de restos, encontrándose esta víctima entre las identificadas por exámenes de ADN realizados a las osamentas encontradas en Patio 29.

Hasta ahora, se encuentran identificados por exámenes de ADN realizados en laboratorios extranjeros practicados en los restos óseos encontrados en la fosa común de Patio 29 del Cementerio General: Pedro Juan Garcés Portigliati, Óscar Marambio Araya, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barría, Edmundo Montero Salazar, Luis Gamboa Pizarro y Carlos Cruz Zavala. Además, por la autopsia de la época y registros de entierro, se encuentra establecido que los restos de Enrique Ropert Contreras y de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, fueron reconocidos y entregados a sus familias en los días posteriores a ocurridos los hechos.

Llamado a aportar información

Al respecto, Isabel Ropert considera insuficiente lo obrado y emitió un llamado a quienes puedan aportarle información y evidencias que sirvan para enjuiciar a los altos mandos responsables del asesinato de su hermano y de los miembros del GAP.

Entre ellos, Ropert sindica al general Ernesto Baeza, tercero en el mando del ejército para el golpe y enviado el 11 de septiembre a hacerse cargo de Investigaciones, lugar donde llegó el grupo de detenidos.

Otro responsable, a su juicio, sería el comandante Sergio Badiola, edecán de Ejército de Allende y que llega a la Policía de Investigaciones el mismo 11 de septiembre como ayudante de Baeza. Este oficial conocía personalmente a Enrique Ropert y a los miembros del GAP detenidos frente a la Intendencia.

También estarían involucrados el general Herman Brady y Pedro Espinoza. El primero pudo conocer en detalle lo sucedido con los detenidos en La Moneda ya que habría firmado las condenas contra ellos emitidas por un Consejo de Guerra del Ejército.

Isabel Ropert hizo un llamado a recabar la información necesaria para llevar a juicio a estos oficiales, lo que considera sería un gran avance en la lucha contra la impunidad que ha rodeado estos crímenes.

Uno de los procesados por el ministro Vásquez, el general de la Fuente Ibar, el día 11 de septiembre era un joven teniente a cargo de la sección de Carabineros apostados en la Intendencia de Santiago.

Al respecto relata que “repentinamente por calle Moneda aparecieron una camioneta y otros vehículos en cuyo interior viajaban miembros de la Guardia Personal del Presidente. Corrimos a detenerlos. Los rodeamos y ellos trataron de resistirse; pero el hielo de las bayonetas les impidió todo intento de hacer uso de sus poderosas armas. Antes que pudieran reaccionar los GAP que estaban en La Moneda, los llevamos al interior de la Prefectura. Eran éstos los primeros prisioneros de las operaciones de ese día.”

Casi 9 días después estos “prisioneros” eran asesinados en el Puente Bulnes.

De la Fuente Ibar continuó su carrera en Carabineros y se retiró con el grado de general en 1999.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó al general en retiro de la Fuerza Aérea Vicente Armando Rodríguez Bustos a la pena de 10 años y un día de presidio, como autor de los delitos de secuestro calificado de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón; y el delito de homicidio calificado de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavalla, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barria y Enrique Andrés María Ropert Contreras. Ilícitos perpetrados en la ciudad, en septiembre de 1973.