Papelera Laja

Compañia Manufacturera de Papeles y Cartones Laja (CMPC)

En el fundo de la Papelera de Laja fueron asesinados y sepultados clandestinamente 19 trabajadores de San Rosendo y Laja entre el 14 y 17 de septiembre de 1973, cuyos cadáveres fueron encontrados por unos perros y un campesino de la zona.

Las victimas eran:  Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Luis Antonio Acuña Concha, Mario Jara Jara, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Alfonso Macaya Barrales, Wilson Muñoz Rodríguez, Fernando Grandón Galvez, Jorge Lamana Abarzúa, Rubén Campos López.

Chillan Online

19-8-2011

Histórica Reconstitución De La Matanza De Laja-San Rosendo:10 Ex Carabineros Confesos De Ejecuciones


Fue una jornada maratónica e histórica la que se vivió este jueves en Concepción, Laja y San Rosendo. Esto porque el ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, decretó la reconstitución de escena, para lo cual dispuso que la PDI ubicara a los catorce inculpados en esta causa, los que, salvo uno que está enfermo, fueron puestos a disposición del ministro Aldana.


“¿Quién dio la orden de disparar?”
-El teniente Fernández
La pregunta fue repetida varias veces por el ministro Carlos Aldana, a medida que iba interrogando a los dos ex carabineros que participaron en la reconstitución de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región del Bío Bío, durante la dictadura: la ejecución de 19 obreros y empleados de Laja y San Rosendo.

Fue una larga jornada la que se vivió este jueves en Concepción, Laja y San Rosendo. Temprano se iniciaron las diligencias en el palacio de Tribunales. Hasta allá llegaron pasadas las 8:00 horas, doce ex funcionarios de Carabineros, trasladados por personal de la PDI desde Iquique, Rancagua, Santiago, Chillán y Los Ángeles.

Allí, el ministro Aldana tomó las primeras declaraciones a los ex carabineros, quienes fueron identificados durante la investigación judicial de este caso desarrollada por el ministro en visita, José Martínez Gaensly, entre 1979 y 1980.

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973, 19 personas, entre empleados de la Papelera CMPC de Laja y de ferrocarriles en San Rosendo, fueron detenidos por personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, a cargo del teniente Alberto Fernández Mitchel y también por funcionarios de San Rosendo.

Las indagaciones del ministro Martínez permitieron identificar a Alberto Fernández Mitchel, Evaristo Garcés Rubilar, Pedro Rodríguez Ceballos, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Reinike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, Lisandro Martínez García, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Florencio Olivares Dade, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúr e Israel Ormeño este último civil.

Sin embargo, como se trataba de personal uniformado, el 18 de marzo de 1980, el magistrado se declaró incompetente, pasando la causa a la Justicia Militar, que la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía, el 3 de diciembre de 1981.

Treinta años después, familiares de las víctimas y sus victimarios volvieron a encontrarse. El dolor de tantos años brotó espontáneo en gritos y interpelaciones. La pasividad fue la respuesta de los inculpados. Así fue durante gran parte del día, en las diligencias realizadas por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana quien está indagando este caso, luego de la presentación de dos querellas, una de familiares y la otra de Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Cerca del mediodía, el ministro junto con los inculpados y personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, se dirigieron a Laja. Allá, se constituyó primero en el Juzgado y luego se trasladó hasta el ingreso principal de la Papelera, donde realizó algunas inspecciones y conoció un par de testimonios.

Mientras, en las inmediaciones, familiares, amigos y vecinos demandaban justicia con gritos y pancartas. El ambiente era de tensión y de gran expectación. La localidad de Laja advertía que algo estaba sucediendo ante el paso de los vehículos policiales y el inusual resguardo de la fuerza pública.

Luego de casi media hora de espera, Aldana salió de la Papelera y junto a la comitiva, partió a San Rosendo, donde realizó la reconstitución de dos detenciones. La de Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de Ferrocarriles, detenido el 15 de septiembre, en la puerta de su casa. Y la de Juan Acuña Concha, maquinista de 33 años y residente en San Rosendo. Su esposa, Rosa Barriga Pérez, relató los pormenores de la detención y también se quebró y encaró enardecida a dos de los carabineros que participaron en la detención de su esposo: Alberto Fernández y Florencio Olivares.

La aparición de ambos provocó una fuerte reacción por parte de algunos familiares, especialmente jóvenes, que a voz en cuello le gritaban: “¡Asesino! ¡Asesino!” a los dos ex funcionarios.

Terminadas esas diligencias, la comitiva regresó a Laja, para dirigirse al sector donde estuvo ubicada la Tenencia de Laja. Todas estas acciones eran seguidas muy de cerca por familiares y amigos y también más de algún vecino curioso.

Los afectados directos también compartían sus visiones e impresiones de lo vivido hace 38 años y de lo que estaba ocurriendo en ese momento.

Mirta Gutiérrez, hija de Jack Gutiérrez, reflexionaba sobre así: “Se supone que las personas que asesinan a otras van presos ¿ por qué ellos no?”, reflexionaba y de inmediato reconocía que se alegraba con las diligencias decretadas por el ministro Aldana, ya que “se está haciendo justicia. No puede existir una amnistía en algo así tan doloroso“.

Nuevamente la caravana se puso en marcha, esta vez para dirigirse al último objetivo del día en Laja: conocer el predio donde fueron asesinados los 19 detenidos.

Tras algunos inconvenientes derivados de la ubicación exacta del lugar donde carabineros llevaron a los detenidos y luego los asesinaron, se pudo llegar al fundo “San Juan”. Allí, en una diligencia que demoró casi dos horas, el ministro Aldana interrogó uno a uno a los inculpados. En total trece, porque el décimo cuarto estaba enfermo en cama en Laja.

A medida que los llamaba, les pedía que se identificaran y luego les preguntaba sobre su participación en los hechos. De los asistentes, diez reconocieron su participación en el traslado y muerte de las 19 personas detenidas en Laja y San Rosendo.


Los inculpados esperaban su turno de ser llamados a declarar por el ministro Aldana, bajo un árbol y casi sin hablar entre ellos. Sus miradas seguían atentas a lo que ocurría a pocos metros. Se notaban algo intranquilos, aunque no todos.

Una vez que el ministro Aldana los escuchó, pidió recrear la forma cómo se ubicaron las víctimas y los fusileros.

En las inmediaciones y con vigilancia policial, familiares de las víctimas, amigos y conocidos, seguían atentamente y casi en silencio, la diligencia que se estaba concretando. En medio del grupo, Rosa Barriga sostenía con gran dignidad un retrato fotográfico de nuestras familiares. Pero sus fuerzas no resistieron y de repente cayó al suelo desmayada. rápidamente se le prestó auxilio y atención.

Una vez terminada la diligencia y cuando el sol se había ocultado y un intenso frío se dejaba sentir en el lugar, que sin embargo ni por un momento les arrebató el aliento y la esperanza de avanzar en el largo camino por encontrar la justicia.

Al finalizar la labor, el propio ministro Aldana explicó el sentido de la diligencia realizada: “Se cumplió con la reconstitución de escena en el momento en que las personas fueron detenidas, trasladadas a la unidad policial y traídas a este lugar donde fueron ejecutadas“, comentó, para agregar:. “Los inculpados están confesos de la participación que tuvieron en este lugar y la han recreado de manera tal que concuerda con lo que han dicho anteriormente en declaraciones que le prestaron a este ministro, pero que en averiguaciones hechas por el ministro Martínez habían ocultado“.

Para Aldana, los ya está caro que se les aplicará la figura penal de homicidio calificado y resaltó que diez personas que están inculpada, ya que están confesas. “Quedan diligencias pendientes, faltan familiares que tomarle las declaración para cerrar la investigación pero para avanzar en el sometimiento a proceso con esto que se ha reunido e suficiente y estamos claros de su participación, la han reconocido y eso en cuanto a un avance en la investigación es notorio y significativo“.

En el mismo sentido se pronunció la abogada del Programa de Derechos Humanos y querellante en la causa, Patricia Parra:

“Esta reconstitución de escena nos ha sorprendido a todos, como lo hace muchas veces el ministro, creo que tiene claro cómo fueron los hechos a partir de que efectivamente hay algunos funcionarios que están confesos, esta reconstitución viene a aclarar algunos puntos que le interesan al ministro para configurar el tipo penal y desde esa perspectiva ojala dentro de pocos días se dicte el procesamiento de los responsables“.

Asimismo, recordó que hace treinta años se aplicó la Ley de Amnistía, que sigue plenamente vigente. Por ello, calificó de hecho histórico lo sucedido este jueves.

“Este caso se cerró el 81 y los familiares desde siempre buscaban la alternativa que se hiciera justicia y se estableciera la verdad y a partir de allí pudiera saber qué había pasado con sus familiares y quienes eran los responsables. Eso es un hecho histórico. El ministro Martínez había hecho esta diligencia el 80, en un contexto histórico judicial bastante distinto, pero logró establecer los hechos y la justicia militar aplicó la amnistía.

Es una situación bastante dolorosa porque todos y cada uno de los victimarios conocía a las víctimas, eran personas cercanas, se visitaban, se conocían y bastó el 11 de septiembre para que cambiara eso. Uno no se explica la manera cómo una persona que hasta el día anterior eran amigos, podían haber asesinado a las personas por pensar distinto. Los van a buscar a sus casas, a sus lugares de trabajo y son trasladados a las dependencias de la tenencia de Laja de donde son sacados y llevados al fundo San Juan donde son asesinados”.

De los inculpados en este caso, hay que señalar que tres fallecieron: Pedro Rodríguez, Evaristo Garcés y Sergio Castillo.

Finalizada la reconstítución, el ministro dispuso que cualquier cosa que necesite, le avise. Y que los inculpados serían llevados a la Corte de Apelaciones, donde se dictaría una orden para que sean ingresados a una unidad policial de Concepción.

Pero el caso no ha terminado. El ministro comentó que diligencias pendientes, faltan familiares que tomarle las declaración para cerrar la investigación “pero para avanzar en el sometimiento a proceso con esto que se ha reunido suficiente y tengo clara su participación". Por ello,se espera que pronto dicte los procesamientos de los inculpados.

Revista Nos.cl

Septiembre de 2011

Diez carabineros procesados: Caso Laja-Yumbel, el largo peregrinar por justicia

Treinta y ocho años después, el ministro Carlos Aldana logra rearmar el puzzle que derivó en la ejecución de 19 trabajadores de Laja y San Rosendo. Dos hijos, niños en 1973, revelan su dolor más íntimo por el episodio que los dejó huérfanos, y Martita Wörner, abogada de causas de derechos humanos del Arzobispado de Concepción, cuenta por qué venció “a la soberbia del poder” y rehusó ser la primera presidenta de la Cámara de Diputados.

Diez años tenía Mauricio Araneda Medina cuando salió persiguiendo a la patrulla que se llevaba a su padre a la subcomisaría de Laja. En su fantasía de niño creyó poder rescatarlo y volver con él al hogar, en San Rosendo, el pueblo que popularizó La Carmela y que en 1973 todavía era el ombligo de Ferrocarriles del Estado, donde a lo menos quince trenes diarios, con miles de almas en viaje, “combinaban” sus destinos al sur o al norte del país en febril actividad.

De una de esas locomotoras a vapor -que llenaban su panza con carbón de Lota- era maquinista Luis Araneda Reyes. Tenía 48 años, era dirigente, socialista y el último de los 19 detenidos desaparecidos de Laja-Yumbel en ser apresado por el entonces teniente Alberto Fernández Mitchel y sus 13 carabineros. Se lo llevaron desde la puerta de su casa después de alcanzar a despedirse de su mujer y de sus cuatro hijos. Uno de ellos, el hoy abogado Araneda Medina, acusa: “De la Papelera-Laja salió la lista…”

El profesional hace referencia así a los civiles, identificados pero intocados hasta ahora por el ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana Fuentes, quien el 18 de agosto de 2011, en histórica reconstitución de la matanza de Laja-San Rosendo, en el fundo San Juan de Laja, lograra la confesión de 10 ex carabineros y de cómo mataron a estos obreros y ferroviarios al borde de una zanja de 60 centímetros de profundidad. De los cuatro inculpados restantes, tres están fallecidos- Pedro Rodríguez Ceballos, Evaristo Garcés y Sergio Castillo-y un cuarto carabinero no compareció a la diligencia judicial por hallarse enfermo.

“Los inculpados están confesos de la participación que tuvieron en este lugar y la han recreado de manera tal que concuerda con lo que han dicho anteriormente en declaraciones que le prestaron a este ministro, pero que en averiguaciones hechas por el ministro Martínez habían ocultado”, dijo el ministro Carlos Aldana al concluir la diligencia.

Un juez y dos ministros en visita -Carlos Aldana y José Martínez Gaensly -se han ocupado en 38 años de este caso de lesa humanidad, el segundo en importancia por el número de víctimas después de Lonquén. Luego se conocería lo de Mulchén y otros más. “Hace poco, visité al ministro Aldana y le agradecí en nombre de los que investigamos estos hechos, su decisión de descubrir la verdad”, dijo desde Ancud la abogada Martita Wörner Tapia, quien iniciara, en 1977, desde el Departamento de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, las primeras indagaciones “para armar el puzzle”, y en el que pusieron todo su empeño curas como el de Laja, Félix Eicher, y los médicos legistas César Reyes, Juan Zuchel y María Antonieta Henríquez, entre tantos otros profesionales.

De los 10 carabineros hoy procesados por homicidio calificado, sólo uno de ellos, el ex teniente Fernández sigue detenido en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz. En Iquique lo halló el largo brazo de la ley. Antes de abordar la patrulla de la PDI que recorrió 2.289, 73 kilómetros para que compareciera ante el juez, Fernández se despidió de su mujer y de su hijo enfermo. Les prometió volver. La misma promesa que 38 años atrás hiciera el maquinista Luis Araneda a su familia. Nunca regresó.

Pero no sólo directivos de la CMPC-Laja deberían comparecer ante el ministro Aldana según los requerimientos que preparan familiares de estas víctimas; también magistrados, como la ex jueza de Yumbel, Corina Mena, y la ex secretaria de ese mismo tribunal y hoy ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem Saldías, quien, en octubre de 1973, recibió un parte de Carabineros que daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres que fueron encontrados en el fundo San Juan tapados con cal y trasladados a una fosa común del Cementerio de Yumbel. Como jueza subrogante y seis meses de experiencia en el tribunal, no investigó y en una caja de fondos guardó el papel por orden de la titular.

“En ese momento yo encontraba que lo que hacía y que agradara a la señorita Corina estaba bien hecho, porque ella sabía y tenía más experiencia” declaró Rosa Egnem en 1978 ante el ministro José Martínez Gaensly, según consigna en “No hay dolor inútil” la periodista María Eliana Vega. El libro publica casos de derechos humanos en la Región del Bíobío entre 1973 y 1991 y que defendió la Iglesia de Concepción, en particular los obispos Manuel Sánchez, Alejandro Goic y José Manuel Santos.

“Muchas víctimas fueron asesinadas la madrugada del 18 de septiembre del 73’ a las 5.10 A.M en el fundo San Juan y tres meses después, exhumados y llevados al Cementerio de Yumbel por policías de ahí mismo. Ella era magistrado y se mantuvo en silencio; actuó igual que aquella jueza que le dio la orden de omitir. Desde luego la ministra Rosa Egnen no tiene responsabilidad en los hechos directos, pero esto denota el estándar ético que uno tiene que pedir a quienes administran justicia, sobre todo desde el máximo tribunal del país”, precisa el abogado Araneda.

Constituido en visita extraordinaria en el tribunal de Laja para el proceso investigativo Rol N° 2770, el ministro Martínez Gaensly logró establecer en 1978 la ubicación de la fosa común en el cementerio de Yumbel con 18 cuerpos, y en el fundo San Juan –lugar de la primera inhumación de las víctimas- el cuerpo número 19 faltante. Todos fueron entregados a sus familiares cinco años después de permanecer en condición de detenidos desaparecidos. El 18 de marzo de 1980 y como había personal uniformado comprometido, el ministro Martínez se declaró incompetente y la causa pasó a la justicia militar, que la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía. Era el 3 de diciembre de 1981.

Por un “choco” de diente

Diez años tenía el abogado Araneda la última vez que vio a su padre el 15 de septiembre de 1973 de camino a la subcomisaría de Laja; catorce años Gloria Urra Parada cuando llegaba a la misma unidad policial a dejarle comida a Raúl, el mayor de sus 8 hermanos. Trabajaba en la Papelera-Laja y sin ser militante, simpatizaba del gobierno y del “compañero” Salvador Allende. Tenía 23 años, fue apresado a la salida de la Papelera y “mi madre no tenía corazón para verlo ahí, en un calabozo”. Gloria la suplía: le llevaba desayuno, almuerzo y once, como tantas otras mujeres con sus hijos en brazos hicieron también con sus familiares en un ir y venir a diario.

Más grande ya, en el pequeñísimo Juzgado de Laja y mientras los intervinientes aguardaban su turno para declarar ante el ministro José Martínez, Gloria Urra viviría en carne propia las pullas de los uniformados y sería partícipe de las reacciones de los familiares de los DD.DD inquiriendo por su paradero: llantos, gritos, recriminaciones, acusaciones. También la prensa recibía lo suyo: “Ustedes sólo buscan revivir odios pasados”, reclamaba a los periodistas, protegido tras sus lentes oscuros, el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, hoy fallecido.

“Nunca debió pasar lo que vivimos en las afueras del tribunal; los carabineros nos amedrentaban y se reían a carcajadas de nuestra desgracia” evocó Gloria, quien no olvida el peregrinar de sus padres por Concepción, Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Victoria tratando de hallar en los lugares de detención de la época al hijo. Desde entonces se prometió “que lucharía en esta vida para que llegara la justicia”.

Hoy es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Laja y a sus 52 años se acuerda bien del reconocimiento de cráneos y ropas que autorizó el ministro Martínez Gaensly entre los que no halló a su hermano Raúl. “¡No está!, ¡no está…! -dije-; nos pidieron volver después y cuando lo hicimos, lo reconocimos altiro. Su cuerpo se había quedado en el fundo San Juan. Lo reconocimos por los restos de pelo negro y crespo y por un “choco” de diente café de tanto fumar cigarrillos Lucky Strike; por su pantalón de tela verde, bototos de seguridad y calcetines cafesosos. Su polerón rojo estaba lleno de orificios…”

El día de la reconstitución de escena en el fundo San Juan, enterarse “en vivo” cómo se llenó de orificios el polerón rojo de Raúl minó la resistencia de esta mujer. “Fue terrible. El ministro pidió recrear la forma cómo se ubicaron las víctimas y los fusileros. Los detectives les pasaron a los carabineros unos palos para ver cómo habían disparado: estando en una fila y contándolos uno por medio, los separaron en tres o cuatro grupos y les dispararon a una orden del teniente Fernández…No será fácil olvidar esto, fue un dolor muy grande el que nos causaron, pero sirvió para conversarles a los jóvenes de Laja. No tenían claro lo que había pasado, porque -después de la romería- cuando nos entregaron los cuerpos para sepultarlos, nunca más se habló de esto en Laja”.

Otros datos de la investigación revelan que los fusileros bebieron para infundirse ánimo antes de ir al lugar del crimen. De allí los restos de botellas de licor en la tumba clandestina junto a la cual el ministro Aldana hizo la reconstitución de los hechos. Hoy, “uno podría decir que recién- con esta diligencia- esos carabineros se están sacudiendo de la resaca de aquella jornada, resaca que los acompañará hasta sus últimos días”, precisó Mauricio Araneda.

“Busque la cruz de madera y púas”

Desde Ancud, la abogada Martita Wörner lamenta que se haya perdido una cruz hecha con dos pedazos de madera amarrados con alambre de púa. Indicaba la sepultura ilegal y fue hecha por un obrero agrícola que, buscando animales en el fundo San Juan, de la Papelera, “encontraron dos cuerpos humanos semi enterrados y destrozados por perros”. El hombre dio cuenta en la Tenencia Salto del Laja y horas después, el comisario Héctor Rivera Rojas, ordenaba el traslado de 18 cuerpos al Cementerio de Yumbel con autorización de la jueza Corina Mena y previo reporte a la Intendencia y a la Prefectura de Concepción.

El parte policial que, finalmente, quedó guardado en la caja de fondos del Juzgado de Yumbel y confeccionado por el sargento primero Martín Gastón Rivera daba cuenta del hallazgo de 18 cadáveres no identificados, que se encontraban enterrados “en una fosa de 60 centímetros, cubiertos con una capa de cal y tapados con tierra. Al desenterrarlos se pudo apreciar que algunos presentan heridas a bala calibre 22 milímetros, otros con el cráneo destrozado y la mayoría con las manos amarradas por la espalda. Casi todos estaban descalzos y con puros pantalones. Por la descomposición de los cuerpos y el deterioro de sus vestimentas, se presume que llevaban enterrados de 15 a 20 días”. Era el 11 de octubre de 1973 y la matanza había ocurrido el 18 de septiembre a las 5.10 AM.

Casi 6 años después de ese episodio, premunidos de palas y guiándose por señas de un informante, Martita Wörner, la asistente social Nelly Henríquez, el padre Félix Eicher y el abogado Jorge Barudi encontraron la tumba ilegal.

Martita Wörner dice: “La tierra había sido removida sin mucho cuidado; encontramos una cédula de identidad, zapatos, unos lentes ópticos, restos de osamenta y en un extremo de la fosa un cuerpo completo, con sus piernas amarradas con alambre de púa. La pericia legal comprobó que no tenía huellas de impactos de balas mortales por lo que habría sido enterrado vivo. Impactados, improvisamos una especie de camilla para levantarlo completo. Recuerdo haber tomado un calcetín con todos los huesos de un pie humano.

Informado el ministro Martínez, en el lugar se constituyeron peritos. Desde ese momento, hallar la fosa común en el cementerio de Yumbel fue todo uno”.

Martita Wörner, ex diputada del PPD, reveló que años después declinó la presidencia de la Cámara de Diputados a favor de su colega Vicente Sota. No podía-dice- como tercera autoridad política del país cumplir el protocolo de ir a saludar al general Pinochet. Todavía era el comandante en jefe del Ejército.

Sus pares, incluso, la tildaron de “loca” por rehusar el honor de ser la primera mujer presidenta de la Cámara baja y hasta la tentaron con que podría aparecer con frecuencia en revistas de papel couché si asumía el cargo.

Pero, agrega, “¿cómo darle la mano a un militar que las tenía manchada de sangre y seguir mirando de frente a los familiares de DD.HH y a todos los que había conocido durante mi trabajo en la Vicaría? En toda mi vida he visto una mirada que trasluzca más dolor que el que siempre vi en Rosa Silva Sanhueza, cónyuge de Heraldo Muñoz Muñoz, el dirigente sindical de la Papelera detenido a los 28 años. Nunca la vi sonreír, cada vez que la contemplaba sentía que por todos sus poros emanaba un dolor intenso que un cuerpo tan frágil como el suyo difícilmente soportaba. Por eso estoy orgullosa de pasar a la historia como soldado desconocido y sin haber cedido a la soberbia del poder”.

-¿Cree usted que en estas 19 detenciones y muertes hubo participación de civiles de la Papelera-Laja? Circula una versión que junto a la entrada del fundo San Juan, en la época, se dio vuelta un camión con cal, materia que sirvió para “tapar” los cadáveres, pero que en realidad lo habría enviado uno de los jefes de la empresa, Carlos Ferrer Gómez.

“No sólo se comenta. Desde un principio en la investigación que inició el ministro Martínez quedó claro que estas detenciones fueron ilegales, injustificadas y con participación de civiles en todas las etapas. Transportistas de la Papelera trasladaron a los detenidos al bosque del fundo San Juan. Para la exhumación y entierro clandestino, -hechos que ocultó la jueza Corina Mena- se contó también con logística y colaboración de civiles. La empresa siempre supo esto porque cinco o seis de las víctimas eran obreros suyos.

Sin embargo, hay que tener presente que las detenciones fueron al azar, en cumplimiento de los bandos generales que emitió la Junta de Gobierno: detener a dirigentes sindicales de izquierda o comprometidos con el gobierno depuesto.

En Laja eran todos amigos: a algunos los fueron a buscar a sus casas y otros se presentaron tras saberse buscados. En el trámite los acompañó el párroco Félix Eicher, quien se aseguró que nada malo les pasaría. Por eso resulta tan escalofriante cuando hoy, en el proceso que sigue el ministro Aldana, los culpables confesaran que, al pedir la orden de traslado de los detenidos desde la subcomisaría de Laja al Regimiento de Los Ángeles, desde esta unidad les dieron orden de “deshacerse de ellos porque el regimiento no tenía más capacidad”.

CYPER

13 Enero 2012

CONFESIONES INÉDITAS VINCULAN A LA C.M.P.C CON LA MASACRE DE 19 TRABAJADORES EN LAJA SEPTIEMBRE DE 1973


Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.


“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.
Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.
Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.
27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.
El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO
El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.
-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.
Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).
Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES
Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:
“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.
Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.
Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS
Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.
En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.
El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA
Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.
Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.
“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE
Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.
Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:
“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE
Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.
A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.
Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.


EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:
1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.
2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.
3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.
4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.
5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.
6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.
7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.
8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.
9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.
10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.
11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.
12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.
13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.
14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.
15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.
16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.
17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.


LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20
La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Además de empleado en la CMPC, Sáez era dirigente sindical y militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.
El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.
Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.
Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.
Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.
La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.
En los documentos a los que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos, pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún Luis Sáez Espinoza es un detenido desaparecido.

Lajino.cl

18 de Agosto 2011

Ministro Aldana realiza reconstitución de escena en Laja y San Rosendo - Video

http://www.youtube.com/watch?v=jf7gV0-Jjow&feature=player_embedded

surysur.net

5 de Abril 2015

Los 19 masacrados trabajadores de Laja

La masacre de 19 trabajadores durante la dictadura, con la complicidad activa de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). que recién ahora podría tener un epílogo y recibir algo de Justicia. Un reportaje estremecedor ya publicado en Brasil, donde la CMPC obtuvo financiamiento público del BNDES para extender sus redes.

Fábrica de celulosa financiada por el BNDES brasileño acusada de un crimen nauseabundo durante la dictadura Pinochet

En estos primeros meses de 2015, en Chile, se espera con ansiedad el acto de coraje de un magistrado.
Cuarenta años después del fusilamiento por la espalda y su entierro en una fosa común, clandestina, de 19 simpatizantes de la Unidad Popular, trabajadores, ferroviarios y estudiantes, el juez Carlos Aldana – ministro especial para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción – en una decisión inédita desde el fin de la dictadura de Pinochet, deberá inculpar a un importante grupo de civiles involucrado en la violación de derechos humanos en Chile.

La acusación alcanzará de lleno a la CMPC, uno de los mayores conglomerados de papel y celulosa de América Latina, perteneciente al grupo Matte que, el 18 de septiembre de 1973, le entregó una “lista negra” con los nombres de los fusilados a carabineros.

Tercer mayor patrimonio empresarial y familiar de Chile, estimado en 7 mil 500 millones de dólares, en 2013, el grupo Matte obtuvo la aprobación del banco estatal brasileño, BNDES (Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social) un crédito de US$ 1.200 millones –de un total de US$ 2.100 millones– para cuadruplicar, en Guaíba, la antigua fábrica Borregaard, hoy conocida como CMPC – Celulosa Riograndense. Con la pretensión de consolidarse como uno de los más grandes proveedores mundiales de celulosa blanqueada, la inversión fue celebrada por el entonces gobernador Tarso Genro, debido a la generación de más de siete mil puestos de trabajo durante las obras de ampliación, y los 2.500 empleos directos prometidos por la unidad, que debe iniciar sus operaciones en el segundo semestre de 2015. Es muy improbable que el gobernador petista (del Partido de los Trabajadores-PT) y la dirección del BNDES tuviesen conocimiento de la activa participación de la CMPC en el golpe de Estado que derribó al presidente Salvador Allende, ni de las graves acusaciones que la apuntan como protagonista de la “Masacre del Laja”, como el nauseabundo crimen es conocido en Chile, y que ahora desborda hacia Brasil.
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“Efectivamente, yo no tenía esa información y creo que puede ser verdadera. Las grandes empresas en Brasil, Chile o Argentina estuvieron involucradas, directa o indirectamente, en los golpes militares que ocurrieron en las décadas de 1960 y 1970 en América Latina”, declaró Tarso Genro a Revista Adusp, quien también fue Ministro de Justicia en el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. “Dicen que hasta una gran empresa periodistica , aqui en Brasil [Nota: referencia al diario Folha de São Paulo], prestaba sus veículos para la Operação Bandeirantes [Nota 2: comando de la represión militar y centros de tortura em São Paulo, años 1970] . No me sorprende, también, se eso fuera verdadero, ya que fueron golpes para proteger a los intereses del capital.”

El terror en Biobío
En mis andanzas por los paisajes de Biobío, bellamente inmortalizados en los años 1840 por el pintor-viajero Mauricio Rugendas, frecuentemente tropiezo con memoriales y epitafios –como el del puente Quilaco, sobre el río Biobío, en Santa Bárbara, o el Memorial de Laja-San Rosendo– cuyas narrativas congelan el tiempo y por momentos encharcan de sangre lo pintoresco.

Una de esas narrativas es la “Masacre del Laja”, o “Caso Laja-Yumbel”, como se conoce el expediente en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Yo prefiero llamarla “Los 19 de Laja”, un título épico, puesto que se trata de 19 hombres íntegros, arrancados de sus lugares de trabajo y del seno de sus familias, golpeados y encerrados en una celda inmunda de una comisaría de carabineros del Chile profundo, desde donde desaparecieron el 18 de septiembre de 1973.
Uno de ellos fue el maquinista Luis Alberto Araneda Reyes, padre de Mauricio Araneda Medina.

Esta es su crónica.
Abogado, 52 años de edad, hace mucho que Mauricio Araneda comparte su calvario con sus hermanos Luis Emilio y Jorge Eduardo, y decenas de familias de las localidades de Laja y San Rosendo, en el Biobío, que desde hace más de 40 años exigen justicia por el brutal asesinato de sus seres queridos.

Una de las más siniestras historias de terror de la larga noche de las dictaduras latinoamericanas, “Los 19 de Laja” protagonizan el primer guión de las operaciones de exterminio de la dictadura de Pinochet –entre las cuales figuran la célebre “Caravana de la Muerte” en el desierto de Atacama, los hornos de Lonquén y el lanzamiento de prisioneros al mar y en cráteres de volcanes– cuyo modus operandi recuerda los comandos de aniquilamiento de la Wehrmacht , la Gestapo y el SD alemanes en la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuna del entonces ya poderoso sector maderero y de producción de celulosa, el 11 de septiembre de 1973 se declaró abierta la temporada de caza a los simpatizantes de la Unidad Popular en Biobío, cuando bandos civiles armados –generalmente hacendados y conspiradores del movimiento fascista “Patria y Libertad”– se unieron a carabineros y al ejército.

Método utilizado en la famosa “Masacre de Ranquil”, en el año 1934, en la cual fueron ametrallados 300 pirquineros, campesinos e indios mapuche, entre septiembre y octubre de 1973, en las comunidades rurales de Laja, Quilaco y Mulchén se repitieron los fusilamientos en masa, cuyos comanditarios y perpetradores disfrutaron de la impunidad durante 40 años y, sólo ahora, seniles o enfermos terminales, supuestamente arrepentidos, comienzan a ser condenados.

Los autos del ministro Aldana
Poseedor del número de teléfono celular de Mauricio Araneda, informado por un colega de Concepción, le llamé y acordamos nuestro primer encuentro en Santa Bárbara, un arrabal pre cordillerano levantado en 1756 como fortaleza contra los malones de los Pehuenches – que hoy no cuenta más de 14 mil almas.

De Concepción por Los Ángeles hasta la pre-cordillera, corren 160 kilómetros de caminos a través de monocultivos de eucaliptos y pinos hasta perderse de vista, salpicados aquí y allí por rarísimas manchas de bosque nativo remanente. Se estima que 45% del territorio de Biobío, con poco más de 30 mil km2, están tomados por el “desierto verde” cuya simétrica monotonía agrede los ojos.

Vistiendo impecables terno y corbata e irradiando la formalidad de los licenciados, aprendida en los bancos de la Facultad de Derecho, nadie sospecharía de la ascendencia proletaria de Araneda, cuyo padre era maquinista y líder sindical.

Confortablemente sentados en la oficina de su notaría, instalada hace apenas dos años, nuestra primera conversación es desordenada, con saltos temporales entre septiembre de 1973 y finales del 2014; yo, curioso por las circunstancias de la prisión de su padre, él, ansioso por saber de los negocios de la empresa CMPC en Brasil.

En 2011 y 2014, el abogado y sus hermanos fueron testigos y declararon en dos reconstituciones de la “Masacre del Laja”, ordenadas por el juez Carlos Aldana. “Pero, hay detallitos”, agrega Araneda, “filigranas que sólo un detective o un abogado, obsesivos, tienen la paciencia de investigar”, mostrándome una pila de carpetas en la estantería situada a sus espaldas.

La pila mide medio metro. Son fotocopias del expediente completo de la causa, abierta en 1979, luego cerrada durante la dictadura Pinochet y reabierta en 2010, gracias a la obstinación de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Ejecutados de Laja y San Rosendo – carpetas copiosamente examinados, repletas de anotaciones y subrayados de las declaraciones de policías, familiares y testigos, a los cuales cabría aún hacerles algunas preguntas.

Por eso, después de 30 años de trámites y reveses, en sus horas libres el abogado que también oficia de notario, viaja a los afueras del Biobío con sus propias investigaciones. Su objetivo es reforzar con nuevos testimonios la acusación que el ministro Aldana prepara contra los ex directores de la “Papelera”, como se conoce en la región a la CMPC de los Matte.

Invitado por Araneda, entre fines de 2014 y principios de 2015, tuve el privilegio de participar en algunas expediciones nocturnas, la primera de ellas a Laja, delante de cuyo Memorial a los fusilados nos esperaban sus hermanos Luis Emilio y Jorge Eduardo, venidos especialmente de Concepción para entrevistar a Magallanes Acuña, un viejo socialista y ex trabajador, jubilado, de la CMPC, quién ya entrada la noche y 41 años después del golpe militar, en la sala de su casa moviliza sus recuerdos y por el túnel del tiempo nos conduce de regreso al momento de su captura: así ¡“contra la pared y las manos detrás de la cabeza!”, como le gritó el teniente de carabineros, Alberto Fernández Mitchell.
Y es que Magallanes Acuña confirma lo que varios otros sobrevivientes del terror reiteraron ante los oídos sordos de policías y jueces: que las detenciones fueron realizados dentro y no fuera de la CMPC; prueba de la flagrante complicidad de la empresa con la represión pinochetista.

Durante una de nuestras visitas a Laja, el abogado Araneda me presentó a don Eduardo Cuevas, quien fuera antiguo mecánico de mantenimiento de la CMPC y activista del MIR. Hombre destemido, Cuevas me cuenta su dilacerante bajada a los infiernos de la dictadura Pinochet. En la segunda reconstitución de la masacre, le mostró al juez Aldana dónde y cómo fue cazado y detenido dentro de las instalaciones de la fábrica. A golpes de culata de fusil, fue conducido al Regimiento de Montaña (actualmente Regimiento de Infantería) de Los Ángeles. Preso político durante un año, sufrió toda suerte de vejaciones – pateado, tendido en la “percha de papagayo” y sometido a aplicación de corriente eléctrica – que dejaron secuelas en su salud. Liberado en 1974, fue amenazado por la DINA con secuestro, asesinato y desaparición. Salvado por un cura belga, fue colocado en un avión con su esposa, y partió para un exilio de 35 años en Basilea, Suiza. A pesar de su salud gravemente afectada por la violencia de los torturadores, 42 años después, Cuevas no desiste de luchar para que se haga justicia.

Otro operario de la CMPC que escapó de la masacre, entrevistado por Araneda, cuenta una aventura con ribetes cinematográficos, pero de un film de terror: escondido en la fábrica, esperó la caída de la noche, se deslizó hasta la costanera del río Biobío, se agarró de un trozo de madera y nadó hasta a la orilla opuesta. De allí viajó a Talcahuano, en donde se presentó a las autoridades castrenses, que lo liberaron provisionalmente. Temente que lo volviesen a encarcelar, cruzó la cordillera y se exilió en Argentina hasta el fin de la dictadura.

En el desierto verde
De regreso del viaje en el tiempo, leí la edición nº 84 (2011) de la Revista Chilena de Historia Natural (“Patrones de distribución de los geométridos de la Región del Biobío, Chile: Una aproximación para su conservación”), y el ensayo me explica que “la región de Chile central (entre los 29° y los 40° S) ha sido catalogada como uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial, con 3429 especies vegetales y 335 especies de vertebrados (Myers et al. 2000). Sin embargo, estas son las regiones más afectadas por la intervención antrópica, así los bosques de la Cordillera de la Costa en las regiones VI, VII y VIII se encuentran prácticamente extintos y sus terrenos cubiertos por monocultivos de Pinus radiata, Eucalyptus globulus y E. Nitens (…)”.

Entre 1870 y 1900, aqui imperó la ley del talador, con el derribo en gran escala del bosque nativo, en cuyo suelo se expandieron un breve cultivo del trigo, y después del trigo, los campos de pastizales. En 1964, Francesco di Castri, naturalista italiano radicado en Chile, advertía que la erosión amenazaba la mayor parte del territorio nacional, susceptible de transformarse en un enorme desierto.ch 19 de laja3

Cincuenta años después del desastre anunciado, he aquí el escenario catastrófico: en sentido norte-sur las arenas de Atacama avanzan de medio kilómetro al año, debiendo llegar a Santiago hacia el año 2040. Del Valle Central al Biobío, la desertificación antrópica alcanza dos tercios de un total de 290 municipios afectados por la erosión, de moderada a grave.

El sector forestal de cuna pinochetista
En el centro de este cataclismo, prolifera la industria de papel y celulosa, cuyas plantaciones con extensiones obscenas son designadas por agrónomos y geólogos como la causa principal de la sequedad de los suelos y de la erosión.

En 1970, el recién electo presidente Salvador Allende, en “visita de cortesía” a su adversario conservador, Jorge Alessandri, –candidato a la reelección derrotado por Allende con apenas el 1,7% de los votos, y director ejecutivo de la CMPC– le advirtió que expropiaría la “Papelera”, cuyo peso estratégico consideraba de interés nacional.
La CMPC monopolizaba el mercado del papel y era proveedora exclusiva de papel para la prensa, fabricado por su filial Inforsa, en Nacimiento, ventaja que beneficiaba principalmente a “El Mercurio” en su feroz campaña mediática contra el gobierno de Allende, financiada por la CIA (lea también: Especial: El Mercurio no banco dos réus).
La estatización no se concretizó, pero su encuadramiento hirió de muerte a la CMPC que, durante un año entero, tuvo sus oficinas investigadas por auditores del Servicio de Impuestos internos (SII), que escarbaron sus cuentas y aplicaron pesadas multas.

El 11 de septiembre de 1973, la CMPC fue salvada por la campana. Un año más tarde, la dictadura de Pinochet impuso el Decreto-ley 701, de fomento de actividades de “reforestación”, que subsidia de 75% al 100% los costos de las plantaciones (diseminadas en 2,1 millones de hectáreas cultivadas en Chile), con mano de obra temporera y barata, manejo y administración, además de eliminar cualquier tributación.

Dos empresas, la CMPC-Mininco del grupo Matte (dueño de 1.136.574 hectáreas), y la empresa Arauco del grupo Angelini, controlan el mercado. En el 2013, el sector vendió 5 mil 700 millones de dólares (7,5% de las exportaciones chilenas) al mercado mundial de madera, papel y celulosa. Su principal problema es la falta de suelos para mantener el ritmo de su expansión, razón por la cual desean una prórroga por veinte años más del Decreto-ley 701, avanzando simultáneamente sobre tierras ajenas, como lo ilustran las 100 mil hectáreas compradas por la CMPC en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

El maquinista Araneda Reyes y la lista negra de la CMPC
Un año antes de conocer a Araneda, Juan Macaya, funcionario de la secretaría de Agricultura, me invitó a un paseo a los cerros de Yumbel, donde cría abejas en una de las pocas chacras que sobrevivieron al cerco de las “forestales”.
A medio camino, cogimos por las localidades de Laja y San Rosendo, separadas por un bellísimo puente ferroviario. Como los Araneda, Macaya fue criado en San Rosendo, villorrio al cual adhieren la herrumbre y el polvo, pero también el glamur, puesto que fue popularizado en la década de 1960 por la comedia musical “La Pérgola de las Flores” de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, cuyo personaje título, Carmela, abandona San Rosendo para ganarse la vida como florista en la lejana Santiago.

Lo que Carmela hizo a bordo de uno de los 15 trenes que partían diariamente de San Rosendo, gran nudo de comunicaciones de los otrora gloriosos Ferrocarriles del Estado, privatizados por Pinochet y luego descuartizados por los concesionarios particulares.

Amante de los ferrocarriles desde mi más tierna infancia, contemplé las ruinas de la vieja estación, bosquejando ya un guión sobre la muerte de los trenes, pero incapaz de imaginar que mi mirada nostálgica sería luego ensombrecida por una trama de terror.

Al regresar del paseo, extrañamente, el nombre Yumbel insistía en martillar mis recuerdos. Entonces caí en la cuenta: claro, era la revista “Nos”, en la que me topé por la primera vez con la historia de Araneda. Y re-hojeándola, me sentí paralisado.

En la mañana del 15 de septiembre de 1973, cuatro días después del golpe militar, el maquinista Luis Araneda Reyes, de 43 años de edad, salió de casa, caminando hasta la estación de San Rosendo. Al llegar, examinó la planilla de las escalas de servicio, pero su nombre no constaba en la lista. Se rascó la cabeza y regresó a su casa. No había remedio sino esperar un nuevo turno.

Dirigente sindical de la Federación Santiago Watts de los Ferrocarriles del Estado, Araneda Reyes era afiliado al Partido Socialista del presidente Allende. El día del golpe obedeció la orden de presentarse en la comisaría de carabineros de San Rosendo, después de ser liberado. A pesar de haber sido anunciado tantas veces, el golpe lo sorprendió. No había ningún plan de resistencia y la desesperación aconsejaba la prudencia.

Como quiera que sea, el día 15 de septiembre, a eso de las 16:00 hrs., un pelotón de 13 carabineros cercó su casa, en la Quinta Ferroviaria. Con armas apuntando a la puerta, el teniente Alberto Fernández Mitchell ordenó que Araneda Reyes saliese con las manos encima de la cabeza. El maquinista obedeció tranquilamente y recibió orden de prisión. Con las manos ya atadas en la espalda, le pidió a su esposa y a sus hijos, en llanto, que retirasen el poco dinero y el reloj que guardaba en el bolsillo de sus pantalones.

Mauricio Araneda Medina tenía 10 años cuando, niño indignado, salió caminando detrás de la patrulla que conducía a su padre a la comisaría de Laja. Dice que en su mente infantil alimentó la idea de rescatar a su padre para volver abrazado con él a su casa, en San Rosendo.

El maquinista fue el último de los 19 simpatizantes de la Unidad Popular en ser apresado aquel sábado y enjaulado en una celda inmunda de la comisaría de Laja. Pero, si en San Rosendo había una comisaría, ¿por qué Araneda Reyes fue apresado por los carabineros de Laja, del otro lado del río?

“Su nombre estaba en la lista de la CMPC”, responde, seco, Mauricio Araneda.

De la información que circuló durante 35 años en la región, insistentemente repetida por los familiares de los presos, con su primera reconstitución de la escena del crimen y el fichaje de los policías aún vivos, en agosto de 2011, el ministro Aldana obtuvo la confirmación: los nombres de “Los 19 de Laja” componían una “lista negra de activistas”, preparada y entregada a la policía por Carlos Ferrer y Humberto Garrido, respectivamente superintendente y jefe de la división de personal de la “Papelera” en Laja. Es más: sólo la mitad de los nombres de la lista eran operarios de la empresa: la orden era perseguir a los dirigentes allendistas en los dos municipios.
La masacre

En la primera reconstitución con trazos macabros, diez carabineros involucrados confesaron que en la madrugada del día 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, los presos fueron colocados en un micro-ómnibus que debía llevarlos al cuartel de Regimiento de Montaña de Los Ángeles, seguido de jeeps llenos de policías. Sin embargo, a la salida de Laja, la caravana se detuvo en un fundo vecino al fundo San Juan, donde fue recibida por el agricultor Peter Wilkens –de ascendencia alemana y anticomunista feroz– que sirvió de guía hasta un claro de una plantación de pinos. Allí, los presos fueron bajados del ómnibus y colocados de rodillas en el borde de una fosa de un metro y medio de profundidad.

Entre los carabineros, que habían bebido pisco, se desató una violenta discusión, que el teniente Fernández Mitchell interrumpió a los gritos con la orden de apuntar y abrir “¡fuego!”
Todos los carabineros dispararon.

Acto seguido, cubrieron con tierra los cuerpos ensangrentados y apilados, disfrazaron la fosa con palos y ramajes, regresaron a Laja y pasaron el resto de la noche bebiendo.

Los carabineros de Laja no poseían un vehículo propio, ni dinero para comprar alcohol. El aguardiente, el micro-ómnibus, su chofer y los jeeps, todo fue gentilmente ofrecido por la “Papelera” CMPC.

Cuarenta y un años después, en su segunda reconstitución del crimen, en las instalaciones de la CMPC, el ministro Aldana se convenció de que los ejecutivos de la “Papelera” alentaron y proporcionaron los medios para la realización del designio criminal de los carabineros.

“¡Aún más!”, advierte Mauricio Araneda: “Aquellos directores de la fábrica sabían el desenlace de las detenciones, entre otros, porque la matanza y el entierro de las víctimas fueron realizados en un fundo con plantaciones explotadas por la empresa”.

En octubre de 1973, los perros de un peón de un fundo vecino, que pasaba por el claro, hicieron un sorprendente hallazgo. Ahuyentándoles de lo que mordisqueaban, constató, horrorizado, que se trataba de un brazo que salía fuera de una fosa improvisada. No lo pensó dos veces y previno a la policía de Yumbel.
En la madrugada de ese día, los carabineros asesinos trasladaron los cadáveres en descomposición de los masacrados a una fosa clandestina del cementerio de Yumbel, donde sólo fueron descubiertos en el año 1979.
Así quedaba aclarado el desaparecimiento de los 19 de Laja, que nunca llegaron al Regimiento de de Los Ángeles, y que sólo entonces fueron identificados y sepultados por sus familiares.
Y entonces me cayó la teja una segunda vez: era el recuerdo del cementerio de Yumbel.

Enero de 2015
Mauricio Araneda regresa abatido de una inesperada entrevista con un antiguo peón del fundo San Juan, que decidió hablar por primera vez después de 41 años de terror y silencio: “Me dijo que, días después de la masacre, encontró palos y varas ensangrentadas, desparramados en los boscajes.”
Eso quería decir que, a pesar de haber sido ametrallados por la espalda, no todos los 19 de Laja estaban muertos. Heridos de bala, fue necesario apalearlos hasta la muerte.
Por breves momentos nuestros ojos se cruzan, pero Araneda desvía su mirada. Por primera vez en, en meses, percibo una señal en sus parpados, como un anuncio de lágrimas, rápidamente reprimidas.

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