Woodward Yribarry Michael

El día 22 de septiembre de 1973, MICHAEL WOODWARD YRIBARRY, 42 años, ex  sacerdote y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), murió en el Hospital Naval de Valparaíso.

Ha quedado acreditado que fue detenido por una patrulla naval en el Cerro Los Placeres el 16 de septiembre de 1973 y que en su lugar de reclusión fue torturado.  Un médico de la Armada intentó darle atención de urgencia en el molo de abrigo, recinto custodiado por la Armada en que se hallaban atracados el Buque Escuela "Esmeralda" y el carguero "Lebu", Desde allí fue llevado al Hospital Naval donde falleció a causa de un "paro cardiorespiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba.

Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse la convicción que Michael Woodward murió víctima de la acción de agentes del Estado que lo torturaron en su lugar de detención.

La Agrupación Amigos de Woodward realizó una romería y un acto artístico cultural en el Memorial a Miguel Woodward ubicado en el Cementerio N°3 de Playa Ancha

Miguel Woodward Iribarri, sacerdote, militante político y popular, de profesión ingeniero, trabajó como obrero en la Maestranza y Astilleros Las Habas de Valparaíso, se comprometió profunda y decididamente con las causas de los más humildes, sobre todo con los pobladores del cerro Los Placeres -organizando allí con los vecinos y las vecinas las JAP (Juntas de Abastecimientos y Precios) para hacer frente al acaparamiento y desabastecimiento de alimentos- lugar donde vivió hasta la fecha de su detención, en septiembre de 1973.

Al ser tomado prisionero fue trasladado en primer lugar a la Universidad Santa María, donde fue sometido a torturas sumergiéndolo incluso en la piscina de dicho recinto universitario, para posteriormente ser llevado a distintos lugares de detención de la Armada, siendo torturado en numerosas ocasiones, lo que finalmente le causó la muerte estando prisionero en el Buque Escuela Esmeralda.

Su cuerpo fue enterrado clandestinamente en algún lugar del cementerio Playa Ancha el 25 de septiembre de1973, como consta en un libro de registro del propio cementerio, pero aún después de 50 años continúa como un detenido desaparecido. La Armada de Chile mantiene un pacto de silencio sin entregar datos precisos a sus familiares y amigos para poder encontrar sus restos.

El pasado sábado 23 de septiembre, la Agrupación Amigos de Woodward realizó una romería y un acto artístico cultural en el Memorial a Miguel Woodward ubicado en el Cementerio N°3 de Playa Ancha, actividad a la que asistieron integrantes de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos de Valparaíso.

El acto fue conducido por Javier Rodríguez, activo luchador por los derechos humanos y miembro de la Agrupación de Amigos de Miguel Woodward. Durante el desarrollo de la actividad, distintas compañeras y compañeros fueron entregando semblanzas y testimonios relacionados con este cura obrero, poblador del cerro Placeres y militante del partido MAPU.

Transcribo a continuación algunas de las intervenciones:

“En este caso estamos recordando a Miguel, pero todos sabemos que son cientos, miles de nombres y personas que tenemos que recordar (…) Cuando estábamos preparando este acto nos preguntábamos ¿qué vamos a hacer?, son 50 años y no puede ser un día cualquiera. No puede ser lo mismo que hemos hecho los últimos 20 años (…) nos imaginábamos que lo mejor habría podido decir ¡apareció Miguel!, pero no es así, no han existido las voluntades políticas y hay un pacto de silencio de los marinos para no decir dónde está su cuerpo. Aunque queramos que estos 50 años sean el fin de una lucha, no está siendo así y espero que de aquí a 50 años más no tengamos que estar conmemorando los 100 años de la misma forma en que lo estamos haciendo ahora: preguntándonos ¿dónde están?

Miguel fue un sacerdote, un poblador que vivió en la calle Buenos Aires, más tarde van a escuchar una canción que va a decir “vivió en la esquina del viento y del Progreso”, que es nuestra población, nuestro barrio, en el cerro Placeres. Él entregó su vida, literalmente, por buscar la dignidad de los pobladores. Todas las cosas que nosotras hacemos en nombre de Miguel, lo que fue el Comedor Popular, lo que es el Centro Cultural, la Olla Común, el Grupo Amigos de Miguel, intentamos que sea ese su legado, que todo venga desde la dignidad.

Si a Miguel le costó la vida creer en esto, esperamos que nuestra vida sea también buscando la dignidad”.

“En nuestra población la gente, en la época de la Unidad Popular, éramos muy unidas. Yo participaba en la Junta Vecinal. En una de esas oportunidades, cuando estábamos con los problemas de desabastecimiento en el país, se hizo una reunión, estoy hablando de 50 años atrás, donde había mucha gente. De repente aparece un cura y, no sé cómo, nos hicimos en ese momento compañeros para trabajar en lo que se estaba iniciando, era el momento en que había que organizar las JAP (Juntas de Abastecimientos y Precios), para poder abastecerse de alimentos. Él tenía mucha llegada con la gente, tenía un carisma muy especial y cuando hablaba, su discurso hacía que la gente se acercara a escucharlo. Yo en ese tiempo hacía labores sociales, me gustaba participar en la Junta de Vecinos, me gustaba trabajar por la comunidad y él un día me dice tu podrías ser mi secretaria.

Así, empezamos a organizarnos, había mucho trabajo, porque la población era muy grande, entonces había que hacer la estadística de la gente que vivía allí, cómo se iban a repartir los alimentos, era un trabajo bien minucioso. Eso se logró, se hizo y él me llamaba para que nos juntáramos ciertos días de la semana a trabajar, porque vivíamos cerca en la población. Nos íbamos a la sede, tipo diez de la mañana, nos organizábamos, hacíamos las entregas y trabajábamos con los almacenes chicos del sector, aunque teníamos problemas con los comerciantes, pero el trabajo lo hacíamos igual, cumplíamos. Como los comerciantes no querían entregar las cosas, también íbamos al muelle Barón, porque allí estaba la verdura, las cebollas, los comerciantes no las iban a buscar. Nosotros con un grupo de universitarios, de la Universidad Santa María, nos organizamos, hicimos trabajo voluntario para ir a buscar esas cosas que estaban echándose a perder en Barón y las llevábamos al cerro y las repartíamos. Era muy difícil el trabajo, porque había peleas con los comerciantes, pero salimos adelante con ese trabajo.

Igual salíamos a las marchas con el padre Miguel, él me invitaba, yo era simpatizante, nunca me inscribí en el partido, pero me gustaba trabajar por la comunidad. Después pasó lo que pasó. Un día salgo, yo estaba trabajando en ese tiempo en la Compañía de Teléfonos y cuando llego en la tarde al cerro una vecina se acerca y me dice “se llevaron al padre”. En ese momento pensé que se lo llevaban y después iba a volver, no lo tomé como que nunca iba a volver. En la casa todos estaban preocupadas por mí, porque andaba con él en todos lados. Pasaron los días, pasó el tiempo y pasó el tiempo y no sabía que pasaba con él.

No pensé nunca que iba a desaparecer, pero simbólicamente yo sé que él está aquí. Por eso hoy me atreví y quise contarles esto. Él era una persona muy bonita, tenía una fuerza y siempre decía que tenemos que cambiar este sistema, por el pueblo, él luchaba por su pueblo (…) A pesar de todo lo que pasó él debe estar allá arriba apoyándonos para que todavía nosotros, todos los que estamos vivos, sigamos adelante para que este país sea mejor.”

“50 años atrás vivía en el Campamento Camilo Torres, en Nueva Aurora alto, como parte de la propuesta territorial poblacional del MAPU, que era el partido al cual pertenecía también Miguel Woodward. Miguel hacía en el cerro Los Placeres lo mismo que nosotros hacíamos en el Camilo Torres, que era potenciar en la población el poder popular en la práctica concreta (…) Los partidos políticos desdibujados que hay hoy día parecen no tener una propuesta, una línea de trabajo político territorial con la gente, por la gente, para la gente, aunque en esa época decíamos con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Pero con el tiempo hasta hemos comenzado a cambiar las palabras (…) Miguel, un cura, extranjero, que vivía en la población, terminó militando en el frente de los trabajadores, en Las Habas, trabajando como un obrero más y eso que tenía formación como ingeniero. Sin embargo, ahí es cuando uno aprende, cuando está en el lugar del otro, poniéndose en los zapatos del otro y entendiendo qué es lo que pasa (…) Esa experiencia hoy no está ocurriendo y eso hace mucha falta, el trabajo poblacional, el trabajo territorial…”

Paula Cancino realizó un emotivo y hermoso cuadro plástico bailando la “cueca sola”, un homenaje a los detenidos desaparecidos.

El arte popular estuvo presente en esta conmemoración y un integrante de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Valparaíso, entregó un saludo leyendo un poema titulado “Nuestros Mártires”, escrito al inicio de los años noventa, manifestando, antes de dar lectura a la poesía, que fue escrita “cuando soñábamos todavía que era el término de una época oscura, pero desgraciadamente la oscuridad se ha mantenido”.

Posteriormente, el grupo musical “Onda”, al ritmo de la música centroamericana,interpretó la canción “Medio Siglo”, del creador y autor Dagoberto López, integrante de dicha banda, en parte de cuya letra dice: “Medio siglo ya se ha cumplido de dolor por los caídos/Imposible no recordar, la forma cruel de silenciar/A tanta gente que dio su vida/ y que hasta hoy no hay justicia”.Más adelante, en el estribillo expresan que esta canción es: “Por Salvador, por Víctor Jara/Por Jorge Peña Hen, por mis hermanos/Por los degollados y tantas familias/Que no volvieron a ver a sus seres amados…”

Uno de los integrantes del grupo musical “Onda” manifestó, refiriéndose a la actividad: “esto es muy fuerte, muy intenso para uno como músico. A veces uno piensa que está todo perdido, pero son estos momentos, al escuchar estos testimonios que son entregados y escuchados con tanto respeto, en silencio, un silencio que nos habla,son estos momentos cuando encontramos fuerzas para seguir adelante (…) Ayer cuando ensayábamos para entregar nuestra música aquí, no dimensionábamos con lo que nos encontraríamos. La resiliencia que tienen los compañeros, los familiares de los detenidos desaparecidos, de las desaparecidas, es una fortaleza que yo admiro.”

Por su parte, Javier Rodríguez, refiriéndose a la participación de la banda musical expresó que “una de las cosas que no nos quitó la dictadura fue la alegría y eso es muy importante, porque sin alegría, sin amor no hay lucha, o, mejor dicho, la lucha no vale la pena. La intervención del grupo musical “Onda”, con esta alegre canción nos demuestra que la lucha es con alegría y con amor, al igual como este mural que está aquí al costado del Memorial de Miguel, realizado por la Fundación Julio Guerra, con la participación de muchas personas, un mural lleno de color, que expresa esa misma alegría. Esos colores vivos llaman a la alegría, pese al tremendo y doloroso mensaje relativo a los detenidos y detenidas desaparecidas.”

El cantautor Claudio Martínez, por su parte, interpretó “El Vals de la Vergüenza”, musicalización de una parte del poema “A Miguel Woodward”, poema que hizo hace muchos años atrás, cuando, siendo estudiante en la Universidad Santa María, conoció la historia de este sacerdote detenido desaparecido.

Los primeros versos del poema son. “En alguna quebrada del puerto/colgando junto a ropa de obrero/bailando al ritmo de una roldana/se entrega al aire amable sotana”, y los primeros versos del vals dicen: “Oh! ‘dama blanca’, quedaste viuda/se mueve negra tu sombra muda/secreta sangre viaja callada/por siete mares ya coagulada”.

Estas obras musicales y poéticas, inéditas hasta ahora, de Dagoberto López del grupo “Onda” y del cantautor Claudio Martínez, fueron por primera vez interpretadas en homenaje al sacerdote Miguel Woodward al cumplirse 50 años de su secuestro y desaparición a manos de agentes del Estado pertenecientes a la Armada de Chile.

La búsqueda sigue, la lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad también continúa. ¡Ni perdón, ni olvido!.

por Guillermo Correa Camiroaga

La Corte Suprema confirmó este jueves el sobreseimiento de 19 personas que estaban acusadas de secuestro calificado en el caso Woodward. La medida beneficia a varios oficiales en retiro de la Armada.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país rechazó los recursos de queja presentados para anular anteriores resoluciones del ministro en visita Julio Miranda Lillo y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El magistrado Miranda Lillo investigó la muerte del sacerdote y militante del Mapu Michael Woodward Iribarry (42), quien falleció el 22 de septiembre de 1973 en el Hospital Naval de Valparaíso, después de ser torturado en el busque escuela Esmeralda.
El 12 de mayo pasado, el ministro declaró cerrado el sumario y acusó a 10 personas como autoras del delito: coronel de Carabineros (R) Nelson Roberto López Cofré, capitán de Fragata (R) Marcos Cristián Silva Bravo y los suboficiales en retiro de la Armada Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Héctor Fernando Palomino López, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso y Bertalino Segundo Castillo Soto. Sin embargo, en la misma resolución, el ministro decretó el
sobreseimiento temporal de 19 personas, entre ellas a los vicealmirantes (R) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; los capitanes de la Armada (R) Ricardo Riesco Cornejo,
Víctor Valverde Steienlen y José Yáñez Riveros; y el teniente (R) de Sanidad, Carlos Costa Canessa, quien como médico del Hospital Naval extendió un certificado de defunción en nombre de Michael Woodward sin ver cadáver alguno. Los restantes sobreseídos son suboficiales en retiro de la Armada. Contra ambas medidas del ministro en visita, que después fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, recurrieron el ministerio del Interior, el Consejo de Defensa de Defensa del Estado (CDE) y los abogados querellantes.
Sin embargo, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país -Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneaurechazaron las presentaciones por estimar que no se encontraba probada la participación de estas 19 personas en el delito.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó el sobreseimiento de 19 oficiales en retiro que habían sido procesados por la desaparición del sacerdote británico-chileno Miguel Woodward durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron este viernes fuentes judiciales.
El abogado querellante del caso, Boris Paredes, dijo hoy que estudia ahora presentar ante la Corte Suprema un recurso de quejacontra el fallo del jurado, que tildó de “aberrante”.
“Nunca había visto algo así, me parece muy grave que un juez que no conoce los antecedentes del caso pretenda echar abajo lainvestigación”, agregó.
La decisión la tomaron ayer los magistrados Patricio Martínez y Hugo Fuenzalida, así como el abogado integrante Alberto Balbontín, que rechazaron la apelación de los querellantes.
El sacerdote británico-chileno Miguel Woodward fue arrestado por miembros de la Armada el 19 de septiembre de 1973 en una población de Valparaíso y conducido a la Universidad Federico Santa María de esa ciudad portuaria, donde fue torturado. Después fue trasladado a la Academia de Guerra Naval, donde siguieron torturándolo hasta que, dado su mal estado, fue llevado al buque escuela Esmeralda, donde murió, aunque su cuerpo jamás fue hallado. Paredes pidió en mayo la anulación de la resolución dictada por un magistrado chileno, que dejó fuera del proceso a estos 19 exoficiales de la Armada y de Carabineros que estaban acusados por el crimen. Según el abogado querellante, cuando la investigación ya estaba cerrada el juez Julio Miranda dictó una resolución que exculpó a los 19 militares en retiro, dejando así sin efectos los procesamientos que había en su contra. Por este motivo Paredes pidió la anulación de la actuación del juez Miranda, quien acusó formalmente solo a dos oficiales y ocho suboficiales.
“El recurso de queja ante la Corte Suprema es lo único que nos queda hacer, si no lo hago no me voy a quedar tranquilo”, concluyó el abogado.

La ministra en visita Eliana Quezada determinó la detención de los inculpados.
Con este paso, ya son 33 las personas procesadas por el secuestro y asesinato del sacerdote.
La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada determinó el procesamiento y la detención de 14 ex integrantes de Carabineros y la Armada por el secuestro y asesinato del sacerdote Miguel Woodward en 1973, quien fue torturado en el buque Escuela Esmeralda.
El coronel en retiro Héctor Tapia Olivares es uno de los principales inculpados en esta resolución donde también se establece el procesamiento del sargento Jorge Leiva y de otros cinco oficiales de Carabineros.
Además fueron inculpados el capitán de fragata Pedro Abrego Diamantti y siete suboficiales que estaban a su cargo.
La abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Karina Fernández, comentó que "nosotros con mucha satisfacción recibimos el día de hoy este procesamiento que es completo y que viene a cerrar esta línea de investigación que ha durado hartos años".
Fernández resaltó que "la ministra (Quezada) en su procesamiento señala que esto es un secuestro, es un delito que se relaciona con delitos desde la propia organización de la Armada".
Ello debido que "a diferencia de otras causas de delitos de derechos humanos no vemos un organismo de inteligencia a cargo de estas tareas, como lo que pudo ser la DINA o la CNI en otros años, sino justamente es la Armada de Chile que como consecuencia de lo que ellos denominaron el "plan cochayuyo" se puede ver este procesamiento"
Con esto se suman 33 los procesamientos y todos quedaron con órdenes de detención en recintos de la Armada y de Carabineros.

En el caso hay 19 oficiales en retiro de la Armada procesados. La magistrada intenta ubicar a los integrantes de la patrulla que llevó al religioso a la Esmeralda, quienes podrían sumarse a la lista de encausados. Se espera que la ministra cierre el sumario investigativo a fin de mes.

La investigación por el secuestro y desaparición a manos de la Armada en 1973 en Valparaíso del sacerdote Miguel Woodward llega al final.

Lo único que falta a la magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, es precisar la identidad de los integrantes de la patrulla naval que trasladó al militante del MAPU desde la Academia de Guerra Naval (AGN), donde sufrió las principales torturas, hasta el buque escuela Esmeralda en el molo de abrigo del Puerto.

Fueron los mismos que luego se llevaron su cuerpo ya sin vida desde la nave hasta el Hospital Naval en el Cerro Playa Ancha.

Quien comandó esa patrulla, el teniente de Infantería de Marina Sergio Bidart, murió el año pasado sin revelar quiénes lo acompañaban en el vehículo naval ese 22 de septiembre.

Estos podrían ser los últimos procesados por la jueza antes de cerrar la fase investigativa del juicio, que ya cuenta con 19 oficiales y suboficiales en retiro encausados. El cierre se estima para fines de julio o comienzos de agosto próximo.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a La Nación que es probable que la jueza logre dar con al menos algunos de los integrantes de esta patrulla, especialmente porque cuenta con la asesoría de expertos integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Santiago.

En todo caso la ministra Quezada ya tiene claro quiénes torturaron a Woodward tanto en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, como después en la AGN, y qué pasó con él a bordo de la Esmeralda, donde al menos permaneció unas tres horas en muy malas condiciones físicas por las torturas recibidas en ambos lugares.

En todos estos hechos están involucrados los 19 procesados.

Al momento de cerrarse la investigación, quedará establecido que el sacerdote chileno-británico murió a causa de las torturas; que fue llevado a la Esmeralda para reanimarlo por la existencia a bordo de un hospital de campaña, a pesar de que no había un médico y debió llamarse a uno del crucero Latorre; que murió a bordo del buque escuela; que su cuerpo fue llevado al Hospital Naval; y que desde allí funcionarios de la Armada lo sacaron, y lo llevaron de noche al cementerio de Playa Ancha, donde ocultaron su cuerpo en una fosa clandestina, desapareciendo para siempre.

Una vez que la jueza ponga fin a la fase sumaria (investigativa) del proceso de acuerdo al antiguo sistema procesal penal, la magistrada dictará la acusación formal contra los procesados, para luego abrir la fase probatoria que es una audiencia pública donde la partes presentan testigos y tratan de precisar antecedentes, después de lo cual la ministra podrá dictar la sentencia de primera instancia, condenando o absolviendo a los acusados.

Ésta será revisada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en segunda instancia. Finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema resolverá todo en última instancia.

Los procesados:

1. Guillermo Aldoney Hansen (vicealmirante)
2. Adolfo Walbaum Wiebe (vicealmirante)
3. Juan Mackay Barriga (vicealmirante)
4. Sergio Barra von Kretschmann (cap. navío)
5. Ricardo Riesco Corne (capitán navío)
6. Carlos Costa Canessa (teniente)
7. Víctor Valverde Steilein (capitán navío)
8. Luis Holley de la Maza (capitán navío)
9. José Yáñez Riveros (capitán de fragata)
10. Marcos Silva Bravo (capitán fragata)
11. José García Reyes (suboficial)
12. Alfredo Mondaca Salamanca (subof.)
13. Luis Pinda Figueroa (subof.)
14. Carlos Miño Muñoz (subof.)
15. José Rojas Araya (subof.)
16. Pedro Vidal Miranda (subof.)
17. Héctor Palomino López (subof.)
18. Guillermo Inostroza Opazo (subof.)
19. Claudio Cerezo Valencia (subof.)

El segundo comandante del buque, Eduardo Barison, lo reconoció en el proceso.

La revelación judicial pone fin a una de las más grandes interrogantes en el caso del sacerdote desaparecido. El oficial (R) admitió que el cura chileno-británico, a quien habían torturado hasta dejarlo agónico, llegó a la nave en muy mal estado y falleció luego que fracasaran los esfuerzos por reanimarlo.

El sacerdote Miguel Woodward murió a bordo del buque escuela Esmeralda. Hasta ahora el lugar exacto de su fallecimiento se movía entre la niebla, al menos públicamente. Pero quien era entonces el segundo comandante del barco, Eduardo Barison Roberts, lo reconoció claramente en el proceso que instruye la magistrada Eliana Quezada. "El intento de reanimar al sacerdote Miguel Woodward duró bastante. Los enfermeros lo asistieron tratando de revivirlo, pero falleció en el mismo recinto. Lo habían ingresado en una camilla por el portalón a la enfermería. Informé del deceso inmediatamente al comandante Sabugo", sostiene Barison, quien en ese momento estaba bajo el mando del comandante de la Esmeralda, el capitán de navío Jorge Sabugo Silva.

Según testimonios del proceso, entre Barison y Sabugo se dio una fuerte discusión pocos minutos antes de que el sacerdote fuera subido al barco. Mientras el primero se negaba a ingresarlo a la nave, debido a que tenía varias heridas que lo hacían sangrar profusamente, su comandante señalaba lo contrario. Finalmente primó el criterio de Sabugo. "Me enteré que era sacerdote y que su nombre era Miguel Woodward. Me dijeron que estaba en calidad de detenido", afirma Barison.

La calidad de prisionero le fue informada a Barison por los custodios del sacerdote, dos hombres que en el proceso son caracterizados con mamelucos de mezclilla y que llegaron al molo de abrigo en una camioneta de la Armada.

Barison sostiene que el religioso se encontraba "agónico, porque venía con gran cantidad de hematomas en el rostro. Su estado era inconsciente y no pronunció palabra". El autor del testimonio asegura que durante el proceso de reanimación salió varias veces de la enfermería para informar a su comandante de lo que sucedía con Woodward, y culmina su relato judicial admitiendo que tras fallecer, el sacerdote fue trasladado hasta el Hospital Naval, ubicado entonces en el cerro Playa Ancha, a un costado del Regimiento Maipo.

Pero antes de que el cuerpo de Woodward saliera del buque escuela, al menos dos marinos que transitaban sobre cubierta lo vieron pasar muerto por su lado. Se trata de los suboficiales Álvaro Sánchez Luna y Lorenzo Felipe Rivas. Este último declara que vio a tres o cuatro personas, ajenas a la Esmeralda, trasladar sobre una camilla un cuerpo inmóvil de cerca de 35 años con una herida en la frente. Luego expresa que le informaron que se trataba de un sacerdote, el único que pasó por la Esmeralda. Sánchez afirmó algo similar.

En el proceso se estableció que la orden para subir al sacerdote al buque escuela la dio el entonces jefe de Estado Mayor de la Armada, capitán de navío Guillermo Aldoney Hansen.

En la investigación judicial, Aldoney simplemente cargó los dados a su ex camarada de armas Saburgo, ahora muerto. "Recibí una llamada del comandante Sabugo diciéndome que una patrulla llevó a un sacerdote al barco para su atención médica. Me dijo que su estado era muy precario, temiéndose por su vida aparentemente por problemas respiratorios causados por una pulmonía y me pidió instrucciones para proceder", declaró Aldoney. Fallecido Woodward, la orden de trasladar su cuerpo al Hospital Naval también fue de Aldoney.

Hundido en la piscina

La investigación judicial aporta además nuevos antecedentes del calvario del "gringo" como apodaban cariñosamente al sacerdote sus compañeros del Mapu en el puerto en su paso por el recinto de torturas que la Armada instaló en dependencias de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Allí, Woodward no sólo fue golpeado, sino también torturado y sumergido colgando en la piscina universitaria. Así lo indica el testimonio del suboficial de infantería de Marina José Manuel García Reyes, quien en sus declaraciones relató cómo el religioso fue reiteradamente hundido en la piscina hasta que su cuerpo mostraba signos de ahogamiento.

Quien tuvo más contacto con el sacerdote en esas horas fue el entonces teniente y actual capitán de navío en retiro Luis Holley de la Maza, que en la noche del 20 de septiembre de 1973 comandó la patrulla que lo detuvo en su casa de cerro Los Placeres y lo trasladó hasta el centro de detención.

A Woodward lo ingresaron a ese recinto en horas de la noche, por una puerta secundaria. Los integrantes de la Escuela de Operaciones de la Armada, que dirigía el capitán Víctor Valverde Steinlein, lo obligaron a transitar por el conocido "callejón oscuro", es decir, caminar entre dos columnas formadas por marinos que lo insultaban y golpeaban al pasar. Fue la particular forma de darle la bienvenida y celebrar su arresto, pues lo habían buscado desde las primeras horas de producido el alzamiento militar. Luego de este recibimiento, al detenido lo condujeron hasta la guardia de ingreso, donde también fue maltratado físicamente por un segundo equipo de turno esa noche.

Además de comandar su detención y propiciar los golpes de arribo, Holley de la Maza condujo el grupo de custodios que llevó a Woodward hasta la piscina donde se inició la sesión de tortura.

El último procesamiento, dictado el 22 de septiembre por la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, y que mantiene recluidos a 13 marinos, se relaciona con el paso de Woodward por la universidad: su detención a cargo de Holley, la cadena de mando sobre él, los suboficiales que lo acompañaron en la acción y los integrantes de la Escuela de Operaciones que lo recibieron aplicándoles tormentos.

En la Academia

Dónde pasó la noche el sacerdote esa tormentoso día del 20 de septiembre de 1973 es algo que en la investigación aún está poco claro. Algunos testimonios apuntan que fue retenido en una sala o en la misma guardia de la universidad, y otros señalan que tras la tortura simplemente fue dejado a un costado de la piscina, empapado. Las declaraciones de quienes lo vieron ahí coinciden sí en que fue sacado de Los Placeres cerca de las ocho de la mañana, aún mojado, con rumbo a la Academia de Guerra Naval (AGN), en Playa Ancha.

Tampoco está claro quiénes lo llevaron hasta ese lugar. Sí se encuentra probado en la indagatoria que allí las torturas continuaron y se volvieron aún más duras. "Al ingresar lo vi vestido de civil, encapuchado, sentado en una silla y con las manos amarradas, y frente a él, el principal interrogador, Jaime Román Figueroa, junto a otros oficiales de la Armada. Le daban golpes. Estuve como una hora presenciando tales hechos", relató judicialmente el oficial retirado de Carabineros Nelson López Cofré, que también fue parte de los equipos que operaron en algunos centros de detención y tormentos de la Armada.

En esta sesión de torturas aplicadas al sacerdote en la Academia de Guerra estuvieron presentes algunos de los procesados en esta causa, que habrían formado parte de un equipo torturador que se movía entre este recinto, el cercano Cuartel Silva Palma y el buque escuela Esmeralda: Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo, entre otros.

Se cierra el círculo

Desde la Academia de Guerra el religioso fue llevado en muy malas condiciones físicas al buque escuela. No está claro por qué, pese a que Woodward estaba casi agonizando, lo llevaron al barco y no al Hospital Naval, que también estaba bastante cerca de la AGN. Según fuentes de la investigación, podría deberse a que en aquellos días las instalaciones de la llamada "Dama Blanca" también habían sido equipadas como hospital de campaña.

El arribo de Woodward al barco ocurre, según la bitácora que la Armada entregó a la jueza, a las 11:30 del día 22 de septiembre de 1973. Una vez fallecido, su salida ocurrió según la misma bitácora a las 12:30 horas. Sin embargo, el certificado de defunción que extendió el oficial médico del Hospital Naval, Carlos Costa Canessa, una vez que el cuerpo llegó a ese recinto hospitalario, sitúa la hora de muerte a las 12 horas. Esto constituye otro antecedente que inequívocamente sitúa el deceso del religioso a bordo del barco prisión.

La razón por la que la Armada no entregó el cuerpo de Woodward a representantes de la Iglesia Católica en Valparaíso se desconoce. Nadie de la Marina ha aportado hasta ahora un antecedente creíble en la investigación. Finalmente, su cuerpo fue sepultado clandestinamente en una fosa común en el Cementerio de Playa Ancha, donde se perdió todo rastro de sus restos.

Afirmó “me asombra que nunca se conoció públicamente lo que pasó en la Universidad Santa María”, mientras el vocero de la Federación de Estudiantes, Ricardo Bustamante, señaló “tenemos cosas más importantes que preocuparnos de estupideces”.

Patricia Woodward, hermana del sacerdote asesinado por funcionarios de la Armada en 1973, Miguel Woodward, se manifestó "impresionada" por los antecedentes existentes en la investigación judicial acerca de la utilización de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) de Valparaíso como centro de detención y tortura después del golpe militar y hasta fines de octubre de ese año.

"Esa es una universidad de mucho prestigio en Chile, por eso me ha dejado impresionada conocer qué ocurrió allí no sólo con Miguel, sino también con muchos otros prisioneros", dijo a La Nación.

La hermana del religioso desaparecido expresó que "más me asombra todavía que jamás se haya conocido esto públicamente hasta ahora después de 35 años, creo que hay muchos que debieran contar todavía lo que se vivió allí".

Miguel Woodward, militante del MAPU, fue detenido en su casa en el cerro Los Placeres el 21 de septiembre de 1973.

Sin embargo, consultado ayer por nuestro diario acerca de este dramático episodio el vocero de la Federación de Estudiantes de esa universidad, Ricardo Bustamante, en forma sorprendente y profiriendo gruesas groserías señaló "tenemos cosas más importantes que andarnos preocupando de estas estupideces, esa es mi opinión personal".

Patricia Woodward sostuvo que "ahora conocemos el recorrido completo que hizo Miguel, partiendo desde la Universidad Santa María donde sufrió las primeras torturas. Y también sabemos ahora oficialmente que la Armada instaló allí un centro de acciones represivas a través de la Escuela de Operaciones Navales, y ayer fueron procesados los oficiales que estuvieron a cargo".

Efectivamente, la existencia de la UTFSM como lugar de reclusión y tormentos sólo se ha hecho público recientemente a partir de los antecedentes recogidos en la investigación de la magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, quien indaga los sucesos ocurridos a borde del buque escuela Esmeralda y otros episodios acontecidos en la Academia de Guerra Naval y el cuartel Silva Palma, ambos ubicados en el cerro Playa Ancha de Valparaíso.

En una masiva resolución la jueza Eliana Quezada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, procesó a cuatro oficiales y nueve suboficiales (R) de la Armada como coautores del secuestro -en septiembre de 1973- del sacerdote Miguel Woodward.

Con ello la ministra elevó a 19 los encausados en esta investigación, precisamente cuando se cumplen 35 años de la desaparición del religioso que militaba en el MAPU.

Por primera vez la magistrada dio cuenta esta vez del capitán de navío (R) Víctor Valverde Steinlein, quien como director entonces de la Escuela de Operaciones de la Armada, fue el jefe de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) que la Marina usó hasta fines de octubre de 1973 como centro de detención tras el golpe militar.

También encausó al capitán de navío (R) Luis Holley de la Maza y a los capitanes de fragata (R) José Yáñez Riveros y Marcos Silva Bravo.

Éstos comandaron los equipos que la Armada formó coordinados por Valverde para reprimir en los cerros Los Placeres, Esperanza y Barón, utilizando las dependencias de la UTFSM como lugar de reclusión de quienes eran arrestados en esa zona.

Miguel Woodward fue detenido en su casa de Placeres el 21 de septiembre y conducido a esa universidad donde recibió los primeros golpes y torturas.

"Una patrulla del Cuartel de Operaciones de la UTFSM detuvo a Woodward, donde fue interrogado, golpeado y sometido a diversas torturas por parte de funcionarios de la Armada que integraban la Compañía de la Escuela de Operaciones allí asentada, para al día siguiente entregarlo a la Academia de Guerra Naval (AGN)", sostiene el dictamen de la jueza Quezada.

Diez de los trece procesados están ya bajo arresto en el cuartel de Infantería de Marina de Las Salinas en Viña del Mar, tras ser ubicados por funcionarios de Investigaciones.

El capitán de fragata (R) José Yáñez Riveros, regresa a Chile en noviembre porque está a bordo de una nave comercial.

Respecto del otro capitán de fragata (R) Marcos Silva Bravo, éste se encuentra de vacaciones en el sur, donde está siendo buscado por los funcionarios policiales. El suboficial Alfredo Mondaca Salamanca vive en Iquique y ya fue ubicado. Se espera que ambos ingresen hoy a cumplir su arresto en el mismo cuartel.

Miguel Woodward continuó luego siendo torturado en la AGN y quedó moribundo, por lo que fue llevado al buque escuela Esmeralda, donde existía un hospital de campaña.

Allí fue chequeado por el oficial y médico naval Kenneth Gleiser, quien recomendó llevarlo Hospital Naval, entonces en el cerro Playa Ancha. No se ha determinado el lugar exacto donde murió Woodward.

Los actuales procesados tuvieron participación en la detención, golpiza y torturas del sacerdote, como en su posterior traslado a la AGN y a la Esmeralda. El jefe de la AGN y los torturadores del religioso en esta academia, tres vicealmirantes, dos capitanes de navío y un teniente, todos en retiro, fueron ya encausados en abril pasado.

Nómina de Procesados:

1. Víctor Valverde Steilein (capitán navío R)
2. Luis Holley de la Maza (capitán navío R)
3. José Yáñez Riveros (capitán fragata R)
4. Marcos Silva Bravo (capitán fragata R)
5. José García Reyes (suboficial R)
6. Alfredo Mondaca Salamanca (subof. R)
7. Luis Pinda Figueroa (subof. R)
8. Carlos Miño Muñoz (subof. R)
9. José Rojas Araya (subof. R)
10. Pedro Vidal Miranda (subof. R)
11. Héctor Palomino López (subof. R)
12. Guillermo Inostroza Opazo (subof. R)
13. Claudio Cerezo Valencia (subof. R)

El último respiro de Miguel Woodward habría sido arriba de la Esmeralda y no camino al Hospital Naval, como aseguran los marinos que han testificado en el caso por la muerte del sacerdote anglo-chileno. Probablemente no querían que fuera un hombre de la Iglesia la primera y única víctima mortal a bordo de la "Dama Blanca". Pero el dato que así lo ratifica es la investigación judicial, realizada a partir de la propia bitácora del buque escuela.

A 34 años de la muerte del religioso, las pesquisas lograron establecer que Woodward fue sacado del buque el 22 de septiembre a las 12:30 del día. Si a este dato se suma que el certificado de defunción señala que el deceso se produjo exactamente al mediodía, es lógico concluir que el religioso murió antes de llegar a tierra.

En 2006, y luego de que la Armada le entregara una fotocopia de la bitácora de la Esmeralda, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, a cargo de la investigación, citó a declarar a los dos guardiamarinas que dejaron inscrita la entrada y salida de Woodward desde el buque escuela. Se trata de los oficiales en retiro Thomas Ilich y Humberto Toro Santa María.

Consultados por la jueza respecto de si conocían el motivo de la citación, ambos respondieron afirmativamente, según dijeron, porque ya habían sido entrevistados sobre el tema por el entonces auditor general de la Armada, el contraalmirante José Antonio Galván Bernabeu, quien se acogió a retiro en diciembre de 2006. Hace dos semanas, y citado a declarar por este motivo, Galván tuvo que dar explicaciones en los tribunales sobre las diligencias realizadas.

Hace alrededor de un mes, el senador UDI Jorge Arancibia señaló mediante una carta que la investigación de la ministra era "oscura" y defendió a los procesados por el caso. Pero, pese a sus dichos que recibieron el apoyo de la bancada gremialista y le costaron una funa en el Congreso , prácticamente no quedan dudas de los aspectos fundamentales del caso Woodward. Incluso los propios procesados, en sus confesiones judiciales, echan por tierra la versión de Arancibia, como lo publicó LND hace dos semanas.

Hoy, las pesquisas buscan aclarar la única arista del caso que no está totalmente despejada: quiénes y a qué hora detuvieron al sacerdote. Sólo se sabe que fue en la noche, probablemente el 20 de septiembre, en su casa del cerro Los Placeres, y que desde allí fue llevado a la Academia de Guerra, en Playa Ancha, donde sufrió torturas. En este lugar habría permanecido por lo menos tres días.

Testimonio clave:  El vicealmirante Cristián Gantes Young

El principal testimonio de la causa, y que confirma los apremios que recibió Woodward en ese lugar, fue el capitán (R) de Carabineros Nelson López Cofré, quien fue miembro del equipo que interrogó al religioso. Según declaró López a la justicia, Woodward fue amarrado a una silla, golpeado e interrogado durante cerca de una hora por un grupo de 10 personas, entre las que se encontraban funcionarios de la Armada y Carabineros. En su declaración, el ex policía nombró a los procesados Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo, ambos marinos, y a cinco carabineros, entre ellos el sargento (R) Jorge Leiva Cordero. El policía también dijo que el equipo de torturadores había utilizado una máquina que producía corriente y, si bien aseguró que no había participado en los apremios ilegítimos más allá de uno que otro golpe, detalló minuciosamente el tipo de cable y la caja de madera utilizados, así como las secciones del cuerpo del detenido donde "los otros" ponían la corriente.

Otra declaración judicial en este caso de María Elena Gálvez Valdenegro, detenida en ese mismo recinto a partir del 18 de septiembre de 1973 da luces sobre el estado en que se hallaba Woodward en su paso por la Academia de Guerra. Gálvez dice que vio en el frontis del edificio a un hombre que los custodios identificaban como un "cura revolucionario que adiestraba universitarios en los cerros". Según su testimonio, se trataba de un hombre alto, de contextura delgada, que tenía la vista vendada, las manos atadas detrás de la espalda y estaba de pie y descalzo sobre una baldosa. Cuando perdía el equilibrio, sus carceleros lo hacían volver a su posición original a punta de violentos culatazos.

Los últimos momentos

Tampoco está claro aún el motivo por el cual Woodward fue sacado de la Academia de Guerra y llevado, en pésimas condiciones físicas, a la Esmeralda, que estaba atracada en el molo de abrigo. Cuando la camioneta que lo transportaba llegó a ese lugar, de ella bajaron dos hombres vestidos con traje azul de mezclilla, encargados de su custodia. Ahí, según declaraciones del proceso, se produjo una fuerte discusión entre el comandante del buque escuela, el capitán de navío (R) Jorge Sabugo Silva, y su segundo en el mando, Eduardo Barison Roberts. Mientras este último insistía en que Woodward no debía subir al buque escuela, debido al pésimo estado en que se encontraba y a las heridas que lo hacían sangrar profusamente, Sabugo, quien hoy está muerto, señalaba lo contrario. Finalmente, el comandante del buque impuso su jerarquía y el sacerdote fue subido a bordo.

En el proceso, sin embargo, se responsabiliza de la decisión al entonces jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, Guillermo Aldoney Hansen. Éste declaró que había recibido un llamado de Sabugo solicitándole aprobación para embarcar al detenido, y que le ordenó proceder debido a que el comandante del buque le aseguró que Woodward padecía una pulmonía.

En su declaración judicial, Barison confirma las malas condiciones en que llegó el sacerdote. Y su testimonio es refrendado por la declaración de otro detenido durante esos días en el buque escuela, Jorge Basaude Sagredo. Según este último, cuando llegó prisionero al molo de abrigo, antes de que lo subieran a la nave, vio en dicho lugar a un hombre que, luego supo, era un sacerdote que trabajaba en el sector del cerro Los Placeres. El detenido, relata, estaba casi inconsciente, aunque logró exhalar un quejido agónico, y los dedos de sus manos estaban quebrados y de un color negruzco.

El entonces marinero primero Lorenzo Felipe Rivas añade en el proceso que vio a tres o cuatro personas ajenas a la Esmeralda trasladar el cadáver de una persona, de cerca de 35 años, con una herida en la frente. Y señala que luego se enteró que se trataba de un sacerdote.

Ahora los esfuerzos de la jueza Eliana Quezada están centrados en reconstruir los momentos que precedieron a la detención del sacerdote: dónde y a qué hora fue detenido, y también si fue llevado a otro sitio antes de la Academia de Guerra. Esos hallazgos no sólo podrían dar lugar a nuevos procesamientos. También permitirían cerrar uno de los casos más controvertidos de la dictadura. LND

La declaración del tercer hombre de la Armada

El momento exacto de la muerte de Miguel Woodward no es la única novedad en la causa que sustancia la ministra Eliana Quezada. En abril de este año, la tercera antigüedad de la Armada, el vicealmirante Cristián Gantes Young, fue citado a declarar en la causa, debido a antecedentes que indican que él habría estado a bordo de la Esmeralda en los días en que murió Woodward. La pista principal fue una carta anónima que, a mediados de 2007, llegó simultáneamente a La Moneda, al Senado y al tribunal porteño. La misiva detalla, con un extremo grado de conocimiento, los nombres de cada uno de los altos oficiales que habrían permanecido en el buque escuela después del golpe de Estado. De todos ellos, sin duda el nombre más revelador es el de Gantes, actual director de Servicios de la Armada y el único de todos los oficiales mencionados que permanece en servicio activo.

En su declaración ante la jueza Quezada, Gantes señala que permaneció en la Esmeralda justo hasta el 11 de septiembre, día en que se dio a conocer una resolución en la cual se transbordaba personal guardiamarina del buque escuela. “En mi caso fui transbordado al destructor Blanco Encalada (…). Desde ese momento me desentendí por completo del curso de instrucción del buque escuela Esmeralda”.

Por ese entonces, Gantes estaba en pleno curso –bajo el mando del instructor de guardiamarinas Fernando Espinoza Simonetti–, y el 10 de septiembre, junto a una extensa dotación de oficiales, había llegado de vuelta del viaje anual por Europa. La Esmeralda partió a Talcahuano esa misma noche, pero se devolvió para estar el día del golpe absolutamente operativa en el molo de Valparaíso.

La declaración de Gantes también señala que para alcanzar al Blanco Encalada, recalado en Talcahuano, “el día 12 de septiembre de 1973 debí dirigirme vía aérea hasta la señalada ciudad, donde abordo dicha nave y me integro a su dotación alrededor del mediodía”. Más adelante, el vicealmirante relata que, una vez a bordo del Blanco Encalada, el buque se dirigió a Valparaíso, donde llegó el 17 de septiembre, para zarpar al día siguiente a la isla Juan Fernández, desde donde volvió el 22.

LND solicitó a la Dirección de Relaciones Públicas de la Armada la hoja de vida y la orden de trasbordo de Gantes, pero no hubo respuesta formal a este requerimiento.

El martes, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, una de las partes querellantes en el caso, solicitó a la jueza que llame a declarar al instructor de Gantes, Fernando Espinoza Simonetti, y a otros tripulantes del buque escuela.

Los procesados

En abril de este año, la ministra Eliana Quezada procesó a seis oficiales (R) de la Armada, en una resolución que, esencialmente, responde a la estructura jerárquica de la época. Cinco están encausados como autores de secuestro calificado:

• El capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, quien habría sido uno de los jefes de los equipos de interrogadores –compuesto por infantes de Marina y carabineros– tanto en la Esmeralda como en la Academia de Guerra. A la cabeza del grupo se encontraba el fallecido Jorge Román. Según la declaración de Riesco, en los interrogatorios se aplicaba corriente para que los detenidos entregaran información.

• Por sobre Riesco en la cadena de mando estaba Juan Mackay Barriga, quien era el jefe operativo, supervisaba interrogatorios y, además, rendía cuentas directamente al Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI).

• Por sobre Mackay se encontraba el vicealmirante Sergio Barra von Kretschmann, jefe del SICAJSI. Barra se desempeñó más tarde en el Comando Conjunto y después llegó incluso a ser subdirector de la DINA.

• Siguiendo la cadena de mando, el jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval era el vicealmirante Guillermo Aldoney Hansen, encargado de dictar las normas a seguir al SICAJSI. Su superior y máxima jerarquía de la época era el vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, comandante de la Primera Zona Naval.

• El único procesado como encubridor es el entonces teniente primero de Sanidad Carlos Costa Canessa, quien firmó el certificado de defunción de Woodward –donde señala que murió por un paro cardiorrespiratorio en la vía pública–, sin ver jamás el cuerpo del sacerdote.

Tras su procesamiento como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward el 16 de septiembre de 1973, los uniformados (r) ya están recluidos. La hermana de la víctima, Patricia Woodward, catalogó la resolución de la magistrada Eliana Quezada como un "paso adelante".

En poder de la justicia y detenidos se encuentran ya los oficiales (r) de la Armada sometidos este viernes a proceso como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, en el marco de los crímenes cometidos a bordo de La Esmeralda tras el golpe militar de 1973.

A 34 años de su deceso y a seis de abierta la investigación, la ministra Eliana Quezada determinó la detención de los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío (r) Ricardo Riesco Cornejo, quienes fueron llevados al Cuartel de Infantería de Marina de Viña de Mar, mientas los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Weiber y Sergio Barra Von Kretschman quedaron bajo arresto domiciliario por su avanzada edad, ya que ambos superan los 80 años.

En tanto, el teniente primero (r) de Sanidad, Carlos Costa, procesado como cómplice de secuestro calificado, se refugió en una clínica de la Quinta Región para evitar ser arrestado.

La víctima más emblemática del caso que indaga la magistrada es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres en Valparaíso.

Desde allí fue conducido hasta la Universidad Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval para quedar finalmente prisionero en el buque escuela Esmeralda, utilizado para ese fin.

Un a vez ahí fue objeto de torturas junto a otros presos políticos, apremios que lo dejaron muy mal herido. Esta situación obligó a sus verdugos a llevarlo agónico al hospital Naval donde finalmente murió.

La autopsia de Woodward fue firmada por el teniente primero, Carlos Costa, quien en su calidad de médico visó la causa de fallecimiento.

Al momento del golpe militar de 1973, Adolfo Walbaum Wieber era contralmirante, Guillermo Aldoney Hansen y Sergio Barra Von Kretschmann eran capitanes de navío y Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo eran tenientes.

Tras conocer el procesamiento de los oficiales (r) de la Armada, la hermana del sacerdote víctima de la dictadura, Patricia Woodward, manifestó su satisfacción por la resolución de la magistrada y la calificó como "un paso adelante". 

"Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", expresó.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval.

Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos comandantes en jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

Los procesados

Adolfo Walbaum Wieber: Además de su cargo naval, fue el primer intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.

Guillermo Aldoney Hansen: Tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual comandante en jefe de la Armada. En 1982, asumió la presidencia del poderoso holding de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera. Estrechamente vinculado a la jerarquía católica que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- Guillermo Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

Juan Mackay Barriga: es vicepresidente del consejo de almirantes y generales (r) de Valparaíso. En 1973 habría asistido a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso.

Sergio Barra Von Kretschmann: era jefe de inteligencia naval en 1973 y ascendió más tarde a segundo jefe de la DINA. El capitán Riesco trabajó a sus órdenes.

Carlos Costa Canessa: siendo medico en el hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

Agosto será un mes clave para la investigación que lleva adelante la jueza Eliana Quijada para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del sacerdote católico Miguel Woodward, quien permaneció detenido en el buque escuela Esmeralda tras el golpe militar de 1973.

 La diputada Laura Soto (PPD), querellante en la investigación, se entrevistó la semana pasada con la magistrada, encuentro que le permite afirmar que "quizás la primera quincena de agosto la jueza haga un auto de procesamiento. Yo siento, en mi convicción, que puede afectar a ex altos oficiales de la Armada".

Soto que antes de que el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, entregará la bitácora del buque "no había absolutamente nada, no había testigos", pero gracias a dicha información "está acreditado que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y hay testigos de que allí fue torturado y posteriormente se le envió al Hospital Naval".

 Sin embargo, comenta que a la jueza no ha podido encontrar los restos del sacerdote, no obstante de que hay testigos de que habría sido enterrado en el Cementerio de Playa Ancha.

 "El problema, dice la magistrada, es que ha pasado mucha maquinaria moviendo la tierra y no se encontró absolutamente nada. No obstante lo cual, a ella le queda todavía la esperanza que, en algún momento con otros antecedentes que tenga, pueda encontrar los restos", explica.

 Destaca que "lo más importante es que ya está listo el puzzle, que la jueza ya tiene claro lo que sucedió. No se puede seguir negando que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y que de allí fue torturado y producto de ellas falleció".

 Esta conclusión, a juicio de Soto, “es muy importante porque la Armada hasta el día de hoy ha estado negando que haya habido tortura en el buque, incluso se ha negado a hacer un gesto, que se le ha pedido en muchas ocasiones, para que la Esmeralda en realidad se constituye en lo que nosotros queremos y que sea apropiada para la instrucción de nuestros jóvenes”.

 -Quizás la mayoría de los involucrados ya no están vivos… -Creo que va a tocar a algunos ex oficiales y, a lo mejor, la sorpresa será de alguno de los funcionarios que están en actividad. Tengo la sospecha de que va por ahí.

 – ¿La jueza ha logrado hacer un puzzle que nunca antes se había hecho sobre el asesinato de Woodward?

– Me quedo con la convicción de que ella ha hecho un trabajo muy serio, muy acucioso y que cuando dicte los autos de procesamiento serán muy armados, por lo que será muy difícil que éstos sean echados abajo por algún recurso. La misma magistrada sostiene que los aportes que ha entregado la familia de Woodward, particularmente el cuñado, realmente han sido un aporte. Los datos que la familia ha entregado han dado frutos de luz de causas. Ella está muy cerca de la verdad y va a ser doloroso para la Armada, pero bueno para el país.

 Fuerte conflicto

-¿Por qué cree que la Armada ocultó durante 33 años la bitácora?

-Desgraciadamente la Armada ha sido muy renuente en todas las causas que se ha seguido y yo he sido querellante en el caso de Jaime Aldoney, donde no solamente no se entregaron datos sino que además se hizo todo lo posible por oscurecer y borrar huellas de los ílicitos que ocurrieron allí. Es por primera vez que se hizo esto y por eso digo que lo hecho por Codina tiene un gran valor porque durante 33 años no se entregó esta bitácora. Sin embargo, se ha seguido negando que se torturaba en la Esmeralda cuando hay gente que sigue señalando que se torturó allí.

 -¿Por qué cree que la Armada no quiere reconocer que en la Esmeralda se torturó?

-El almirante Codina debe tener un conflicto muy fuerte ya que por un lado él quiere cooperar con la justicia, pero por otra parte se le debe hacer muy difícil a él, que fue formado desde muy pequeño en la Armada, aceptar que se cometieron ilícitos de tan grave naturaleza allí. 

-¿Ha hablado con el ministro de Defensa sobre el tema?

-Al ministro Goñi le pedí expresamente, como lo he hecho por oficio a cada uno de los subsecretarios, incluyendo el de la Marina, que den a conocer todos los antecedentes que existan sobre violaciones a los derechos humanos. El ministro me contó que ha estado conversando con los altos mandos de la Marina y del Ejército para indagar si hay aún antecedentes y él cree que es difícil que existan. Pero, en todo caso, yo celebro que Codina haya entregado la bitácora.

 -¿Usted cree que hay antecedentes que no se han entregado a la justicia?

-Creo y siento que aún hay antecedentes que no han sido entregados y los estoy pidiendo oficialmente. Es muy difícil que los obtengamos por la experiencia del proceso de Juan Aldoney, que ha sido tan dificultoso, donde creo que allí van haber novedades y ahí va haber acusaciones.

La jueza Eliana Quezada decidió suspender hoy las excavaciones apuntadas a encontrar los restos del sacerdote inglés Miguel Woodward, desaparecido en Valparaíso en septiembre de 1973, secuestrado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

Las tareas de búsqueda se habían iniciado hace seis días, pero la magistrada y los peritos decidieron suspenderlas pues hasta ahora el resultado ha sido nulo.

La hermana del religioso, Patricia Woodward y su marido, Fred Bennetts, manifestaron que están de acuerdo con la decisión de la magistrada, aunque reconocieron que la noticia es "triste".

El perímetro de las excavaciones, de 300 metros cuadrados y ubicado en el interior del cementerio de Playa Ancha en Valparaíso, fue identificado por un ex funcionario del camposanto, quien declaró a la justicia haber visto a dos miembros de la Marina trasladar y posteriormente sepultar el cuerpo del prelado, días después del Golpe de Estado.

"No descartamos del todo que los restos de Miguel estén en esa zona, pero nos parece razonable que se haya cerrado la excavación por el momento", indicó Bennetts.

Según los registros del cementerio, 1979 fue el último año en que se sepultaron restos en el sector de las excavaciones. Sin embargo, la investigación confirmó que las tierras del lugar fueron removidas hasta 1989, previo al término de la dictadura militar.

De acuerdo a los peritajes, ese mismo año se efectuó una remoción de cuerpos desde ese sector del cementerio, entre los que podría estar el de Woodward.

La jueza Eliana Quezada, que instruye el proceso por la muerte del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward en septiembre de 1973 tras ser torturado a bordo del buque escuela Esmeralda, dispuso el miércoles el inicio de las excavaciones para exhumar sus restos desde el cuartel 13 del cementerio Nº 3 de Playa Ancha.

La diligencia fue decretada a solicitud de los familiares del sacerdote, luego que el testimonio del entonces administrador del camposanto y los registros del mismo determinaran que los restos se encontrarían en una fosa individual de personas no reclamadas.

Bajo supervisión de la magistrada, y en presencia de la hermana del sacerdote, Patricia Woodward, y su esposo Patrick Benett, se trabajó intensamente en el lugar tras determinar mediante peritajes planimétricos el lugar exacto en que se encontraría la sepultura de Miguel Woodward.

Desde el lugar se extrajeron restos óseos que serán cotejados con muestras de ADN extraídas a sus familiares para determinar que correspondan al sacerdote.

Paralelamente se realizará una serie de peritajes para establecer algunos antecedentes físicos de las causales de su muerte.

El proceso que instruye la jueza Quezada acumula cuatro tomos y se encontraría ya en su última etapa de investigación.

El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso removió finalmente a la ministra Gabriela Corti de la investigación del crimen del sacerdote Miguel Woodward, luego de recibir múltiples críticas a su gestión en este proceso. En su lugar esta corte designó a la ministra de ese tribunal Eliana Quezada.

La familia del sacerdote secuestrado, torturado a bordo del buque escuela Esmeralda, y hecho desaparecer por oficiales de la Armada pocos días después del golpe militar, dijo ayer estar “contenta” con este cambio, pero advirtió que la instrucción de este proceso, en general, “representa un funcionamiento muy inadecuado del sistema de justicia”, según una declaración de la hermana del sacerdote, Patricia Woodward, y su esposo Fred Bennett.

Uno de los puntos principales que los familiares criticaron a la ministra Corti, fue que a inicios de este año sobreseyó la causa sin dictar procesamiento en contra de ningún miembro de la Armada. De acuerdo a la familia del sacerdote y sus abogados, en la investigación existen antecedentes suficientes para encargar reos a varios oficiales y suboficiales de la Marina hoy en retiro. La misma Corte de Valparaíso acogió un recurso de los familiares y ordenó el pasado 24 de febrero reabrir la investigación.

Patricia Woodward y Fred Bennett denuncian que la jueza Corti estableció que no existió el delito de secuestro permanente, aun cuando en el mismo expediente hay declaraciones de ex funcionarios del Cementerio de Playa Ancha que atestiguan haber visto a oficiales de la Armada llegar al camposanto con un cuerpo envuelto en una sábana y sepultarlo en forma clandestina. Estos testigos afirman que el cadáver correspondía a Miguel Woodward, aunque nunca más fue hallado.

“Desde que el 24 de febrero pasado fue revocado el intento de sobreseimiento han pasado siete semanas. Nos quedan tres meses antes de que caduque el plazo estipulado por el Tribunal Supremo para que se terminen los sumarios de los casos de derechos humanos”, declararon ayer los familiares del sacerdote y agregaron que “nos unimos a quienes en los últimos días han pedido que se suspenda la orden que impone el 25 de julio como límite”, expresaron.

Fuentes de tribunales de Valparaíso han manifestado que la jueza Corti “se dejó presionar por la Armada en el caso Woodward”. Las mismas fuentes afirmaron por otra parte a La Nación que “en Valparaíso hay ciertos abogados que estuvieron vinculados a la Armada y a la dictadura y que hoy ejercen importantes cargos en instituciones del Estado, que tienen el suficiente poder para presionar a los jueces en los procesos que afectan a esta institución naval”.

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió revocar la resolución de la jueza Gabriel Corti, quien habría sobreseído en noviembre pasado la causa por la muerte del sacerdote anglo chileno Miguel Woodward Iribarri, fallecido en septiembre de 1973 tras su detención en el buque escuela Esmeralda.

La decisión de tres votos contra cero fue adoptada por los ministros Mario Gómez, presidente de la sala, Mónica González, y el abogado integrante Carlos Müller.

La resolución de la sala del tribunal de alzada porteño establece que “del examen de los antecedentes se desprende que la investigación no se encuentra agotada, lo que impide, en estas circunstancias, dictar resoluciones conclusivas”.

Por ello, añade la resolución, “de conformidad con lo dispuesto en los artículos 413 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se revoca la resolución de fecha dieciséis de Noviembre de dos mil cuatro mediante la cual se sobreseyó definitivamente en el conocimiento de esta causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal, que se lee desde fs. 754 a 758 vta.”

Asimismo, la instancia ordenó a la jueza efectuar diligencias, que se mantienen en reserva y no han trascendido a la prensa: la causa –dice la resolución- retorna “al estado de sumario, disponiendo su reserva hasta que se efectúen las diligencias que se ordena realizar y que en sobre cerrado se remiten”.

La querella

El sacerdote Miguel Wooward, quien se había integrado a realizar trabajos sociales en el cerro Los Placeres y otros lugares de Valparaíso durante el gobierno de Salvador Allende, estaba vinculado al MAPU y fue detenido días después del golpe militar por la Armada y llevado al Buque Escuela Esmeralda.

Testigos aseguran que lo vieron tendido en una camilla agonizando producto de las torturas. Algunas versiones sostienen que desde la Esmeralda fue llevado al Hospital Naval del cerro Playa Ancha, lugar donde habría fallecido el 22 de septiembre de 1973. Su cuerpo nunca fue encontrado.

La versión del Informe Rettig sobre el caso del sacerdote es la siguiente: “Ha quedado acreditado que fue detenido por una patrulla naval en el Cerro Los Placeres el 16 de septiembre de 1973 y que en su lugar de reclusión fue torturado. Un médico de la Armada intentó darle atención de urgencia en el molo de abrigo, recinto custodiado por la Armada en que se hallaban atracados el Buque Escuela "Esmeralda" y el carguero "Lebu", Desde allí fue llevado al Hospital Naval donde falleció a causa de un "paro cardiorespiratorio", producto del lamentable estado físico en que se encontraba”.

La querella interpuesta el 30 de enero de 2002 por Patricia Woodward, hermana del religioso, fue dirigida en contra de los oficiales en retiro, vicealmirante Adolfo Walbaum, contralmirante Hugo Cabezas Videla, los capitanes de navío, Sergio Huidobro Justiniano, Arnt Arentsen Pettersen, Jorge Sabugo Silva, Guillermo Aldoney Hansen (llegó a integrar el cuerpo de almirantes) y los capitanes de fragata Keneth Gleiser Jo (médico que integró el cuerpo de almirantes el año 2001 como Director de Sanidad Naval) y Julio Vergara.

Se sumaron también los tenientes de Infantería de Marina Rafael Yussef Sotomayor, Guillermo Morera, Luis Rebolledo, Roberto Camus, y otros de apellidos Middleton, Rodríguez y Luna.

Además la querella fue dirigida en contra del abogado Enrique Vicente (actual Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en la Quinta Región) y el religioso de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Bosagna.

Luego que la jueza Corti sobreseyera el caso en noviembre pasado, aplicando la figura de prescripción al delito de secuestro, los abogados querellantes la acusaron por prevaricación ante la Corte Suprema, al considerar que la magistrada obvió la legislación internacional sobre derechos humanos que señala que los delitos de lesa humanidad no se pueden amnistiar y tampoco prescriben.

La ministra Gabriela Corti creyó en el certificado de defunción de Miguel Woodward (desaparecido) que le presentó la Armada, cuando el propio médico de la institución le dijo “no puedo precisar que era él” porque el nombre “ya venía escrito” y “no hubo autopsia ni huellas dactilares”.

Familiares del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward acusaron a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, jueza con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, de actuar en forma “condescendiente” con la Armada, al sobreseer definitivamente el proceso por el crimen del religioso, aplicando la figura de la prescripción al delito de secuestro.

La apelación presentada por el abogado Juan Guillermo Matus a nombre de la hermana del sacerdote, Patricia Woodward, en contra de lo dictaminado por la jueza, hizo ver a la magistrada la contradicción de su sentencia con la de la Corte Suprema. La apelación deberá ser vista por la Corte de Apelaciones de Valparaíso probablemente esta semana y dependiendo de ello los querellantes recurrirán a la Sala Penal de la Corte Suprema.

La querella

La querella interpuesta el 30 de enero de 2002 por Patricia Woodward fue dirigida en contra de los oficiales en retiro, vicealmirante Adolfo Walbaum, contralmirante Hugo Cabezas Videla, los capitanes de navío, Sergio Huidobro Justiniano, Arnt Arentsen Pettersen, Jorge Sabugo Silva, Guillermo Aldoney Hansen (llegó a integrar el cuerpo de almirantes) y los capitanes de fragata Keneth Gleiser Jo (médico que integró el cuerpo de almirantes el año 2001 como Director de Sanidad Naval) y Julio Vergara.

Se sumaron también los tenientes de Infantería de Marina Rafael Yussef Sotomayor, Guillermo Morera, Luis Rebolledo, Roberto Camus, y otros de apellidos Middleton, Rodríguez y Luna.

Además la querella fue dirigida en contra del abogado Enrique Vicente (actual Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en la Quinta Región) y el religioso de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Bosagna.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha resuelto hacerse parte de la causa judicial por la muerte en 1973 del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, torturado a bordo del buque escuela La Esmeralda, a través de la presentación de una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de su muerte.

La decisión del CDE se basa en el Art. 5 e) de su Ley Orgánica referido a "hechos que puedan originar grave daño social o cuando sea conveniente para los intereses del Estado o de la sociedad".

“Es bastante inusual que intervenga el CDE en un caso de derechos humanos. La decisión es importante en sí: la interpretamos como una llamada para que la investigación de la causa de Miguel sea llevada a cabo sin más demoras y de forma eficaz. Esperamos que este acontecimiento también tenga algún efecto sobre la suerte de los demás casos de Valparaíso y sobre el reconocimiento de lo que pasó en la Esmeralda,” expresó Patricia Bennetts, hermana del sacerdote fallecido.

El 30 de enero de 2002, la familia de Woodward presentó una querella criminal por genocidio por motivos religiosos, terrorismo de Estado, homicidio calificado, secuestro calificado, torturas y tratos degradantes, inhumación y exhumación ilegales, y asociación ilícita en contra de Augusto Pinochet y otros ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La causa fue acogida por la ministra de esa Corte, Gabriela Corti, a cargo de todos los casos de derechos humanos de la V Región.

El sacerdote Miguel Woodward, de padre inglés y madre chilena, fue detenido por miembros de la Inteligencia Naval el 21 de septiembre de 1973 en su casa de la Población Progreso, en el Cerro Los Placeres de Valparaíso, donde vivía como un poblador más. Fue llevado a un cuartel, y luego a los buques Lebu y La Esmeralda.

En La Esmeralda, en ese entonces comandada por el Capitán de Navío (r) Jorge Sabugo Silva, fue golpeado incesantemente hasta reventar sus órganos. Al quedar moribundo, el médico a bordo llamó al capitán Carlos Fanta, entonces comandante del crucero Latorre y máxima autoridad naval de la zona, ya que el Almirante José Toribio Merino se encontraba en Santiago. Le dijo que “había un cura que estaba muy mal, que tenía una hora de vida”, relata su hermana.

Fanta envió a La Esmeralda a su médico, Doctor Kenneth Gleiser. Según el libro “Sangre sobre La Esmeralda”, Gleiser revisó a Woodward a bordo de La Esmeralda, aunque otras versiones, incluyendo el Informe Rettig, afirman que fue bajado al molo de abrigo del puerto. Fue llevado al Hospital Naval, falleciendo en el trayecto de un “paro cardio-respiratorio en la vía pública”, como consta en el certificado de defunción emitido por ese centro hospitalario. El 25 de septiembre, fue sepultado ilegalmente por la propia Armada en una fosa común del Cementerio de Playa Ancha.

Según informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, unas 110 personas fueron detenidas y torturadas a bordo de La Esmeralda, pero sólo Woodward figura como muerto a causa de las torturas, como se señala en el Informe Rettig (pp. 294 y 453).

Woodward había nacido en Chile pero cursó sus estudios en Inglaterra, graduándose de ingeniero civil en la década de los cincuenta. Sin embargo, tras titularse, regresó a Chile para ingresar al seminario, ordenándose sacerdote diocesano en 1961. Ese año, su familia, que aún vivía en Chile, decidía mudarse a Europa. Miguel Woodward optó por permanecer en Valparaíso.

El sacerdote se fue a vivir a una población del Cerro Los Placeres, donde formó parte de una comunidad cristiana, trabajando como tornero en Astilleros Las Habas en el puerto, y luego en CESCLA , proyecto de formación para obreros de la Universidad Católica. Como muchos sacerdotes en la época, simpatizó con el gobierno de Salvador Allende. Ingresó al partido MAPU y fue dirigente local de las JAP.

Tras el golpe militar, fue llamado a presentarse ante las nuevas autoridades militares en Valparaíso, pero no lo hizo de inmediato. Se ocultó en casas de varios amigos, “pero luego razonó que como no había hecho nada, no tenía por qué esconderse, y volvió a su casa, que compartía con algunos estudiantes”, recuerda su hermana Patricia.

LOS CLAVELES ROJOS se fueron entrecruzando en el círculo hecho con piedras a la vera del camino, simbolizando una fosa común que alguna vez estuvo allí. El viento sur golpeaba con su látigo de hielo, mientras las voces se perdían en el mar y los acantilados, recordando la muerte de un justo, de un cristiano ejemplar, hijo de ingleses, pero que abrazara con vehemencia la lucha por los más pobres en un lejano país, largo y flaco como él mismo lo era, que soñaba con fundar un mundo solidario, en medio de la traición y la soberbia. Un mártir que es recordado por quienes lo respetaron y amaron. Un crisol de voces que desde la tierra exigen una disculpa, exigen una señal mínima de caballerosidad de parte de sus victimarios para reivindicar su memoria.

En un círculo, las manos añosas se fueron uniendo, “levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano”, las canas flameaban y eran muchos rostros que trataban de ubicarse unos a otros, desde esos archivos de memoria que cada cual guardaba desde ese tiempo bueno que nos había unido.

Como en las catacumbas, los cristianos por el socialismo de ayer cruzaban al camposanto, eludiendo pasar frente a los cuarteles, bajando luego por un muro roto del cementerio hacia una senda inconclusa, que alguna vez talvez sea el camino costero sur, hacia Laguna Verde. Allí se descubrió hace muchos años una fosa común en donde habría sido ocultado el cadáver de Miguel Woodward, allí o a cincuenta metros, no importaba, era simplemente un espacio entre un muro roto del cementerio 3 de Playa Ancha y los acantilados. Un espacio estrecho entre la muerte ortodoxa de los féretros y la vida liberante de ese horizonte rizado por espumas blancas, con rocas que emiten sus carcajadas invitando al vértigo.

Allí llegaron como en una procesión sin imágenes, sin rosarios ni incienso. No hubo padres nuestros para el cura Miguel Woodward, simplemente se cerró el círculo, se abrazaron las parejas, se les agregaron algunos jóvenes y también algún niño. Surgió una guitarra, un solo grito de Presente¡¡ y vinieron los testimonios.

Sin grandes amplificaciones, pero sin necesitar micrófonos, la voz del filósofo Jaime Contreras Páez, discípulo del cura gigantesco en la Universidad Católica de Valparaíso, comenzó a tronar como la voz autobiográfica de Miguel Woodward, inglés, cura seglar, cura obrero, asesinado en la tortura a bordo del buque Escuela Esmeralda. Un cura que nunca dejaría de serlo, pese a haber sido estigmatizado por un Obispo que pretendió separarlo de la Iglesia, a la vez que adjudicaba el golpe de estado al patrocinio de la virgen María. Miguel Woodward reía de tales pretensiones, era un cura de la punta del cerro, un cura bregando por los pobladores. Un compañero y guía de esos jóvenes cristianos por el socialismo que habían abrazado esa misma forma vivencial de aplicar el evangelio, asumiendo la vida con los pobres, compartiendo con ellos, enseñándoles, aprendiendo de ellos, pecando quizás de entusiasmo revolucionario, pero con las manos limpias, con sólo las ideas como gran espada.

La cita había sido a mediodía del 21 de septiembre, al cumplirse 30 años de su asesinato. Justo cuando la primavera emergía, pero con un sol frío todavía, con mucho dolor pendiente. Poco a poco, como en un rosario de milagros gozosos y dolorosos, los que conocieron a Miguel describieron un trozo de su vida. Nada que temer dijo Miguel, así se despide de sus vecinos, encara así a sus aprehensores, que lo golpean, buscando quebrar su enorme estatura, tratando de doblegar su espíritu noble. Quizás Camilo Torres, el cura revolucionario que inspiraba sueños de revolución, estaba por allí dando vueltas. Miguel planteaba y vivía un ideario de entrega, el que postulaban las nuevas escrituras, la misa cantada en español, con guitarras, pan y vino de verdad. Símbolos de los perseguidos revolucionarios, que querían serlo más que los mismos marxistas, que rompían estructuras y jerarquías, que iban en su dinámica avasalladora construyendo su breve sueño de mil días. Hasta que la electricidad del tormento trituró toda esa vida y alguien lo vio cuando lo sacaban en camilla de la Esmeralda, con sus pies enormes, casi agónico, y lo llevaban al Hospital Naval. Un hombre bueno que vino a vivir una causa lejana y la hizo propia, renunciando a la comodidad de la aristocracia londinense. Una oveja negra de una familia tradicional inglesa que quizás nunca entendió su aventura pero vivió remecida su interminable vía crucis.

Los hombres y mujeres se van separando, se convocan para mantener la red, intercambian correos electrónicos, para seguir siendo voceros, para restablecer la dignidad de su memoria calumniada por la prensa de época, esa prensa sediciosa que encubrió el crimen y le imputó a Miguel Woodward situaciones indignas. Un intento de borrar de la memoria al mártir sacerdote obrero y seglar, rebelde, militante del MAPU, comprometido hasta la sangre con el mensaje más sustantivo de Cristo, dando hasta la vida misma por un ideal, sin quebrarse, resucitando en la verdad que representó su vida.

Como en las catacumbas, los viejos ideólogos y militantes de los cristianos por el socialismo, se retiran, más cristianos, pero menos socialistas, asumiendo el tiempo, asumiendo el costo de sueños pisoteados, tratando de recuperar la voz, entre la muerte formal y los espacios liberantes del pensamiento de libertad y justicia. Sin odios, pero insurgentes constantes para denunciar la cobardía y la vileza de quienes mancillaron el uniforme patrio y todavía se arrastran en su miseria, imperturbables y marciales. Que Dios los perdone.

El 19 de septiembre se conmemoró un año más de la muerte del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, quien falleció pocos días después del golpe militar producto de torturas propinadas en el buque escuela Esmeralda.

La familia del religioso estuvo en Chile nuevamente por estos días y tras múltiples reuniones sostenidas se enteraron que el cuerpo de Woodward, a pesar de encontrarse enterrado en el cementerio de Playa Ancha, no podrá ser reconocido.

La razón: fue sepultado en una fosa común, sin separaciones de ninguna especie y compartiendo espacio con cientos de restos más antiguos y más nuevos, algunos de los cuales, tal vez los del propio padre Miguel, quedaron expuestos al aire libre y fueron posteriormente quemados o arrojados por un acantilado luego que se demoliera una muralla para construir una calle.

El destino del cuerpo de Miguel Woodward, sin embargo, no podía haber sido otro. Sin rencores ni ánimo de venganza, la hermana del sacerdote, Patricia Woodward de Bennets, lo describe así: "los restos de Miguel quedarán ahí, mirando al mar desde un lugar hermoso". O como se escribe en el libro Sangre sobre la Esmeralda, de Edward Crouzet, "yo a Miguel lo dejaría allí mismo, abrazado a otros cuerpos anónimos, los de los más pobres y abandonados del Puerto que, en vida, quiso siempre estrechar".

Resignada ante la situación, Patricia Woodward gestionó durante su visita un trato digno para todas las osamentas y la limpieza del lugar donde algunos restos quedaron dispersos y confundidos con basura de la zona. También procuró la colocación de un recordatorio en esa parte del cementerio, que quedó fuera del camposanto cuando éste fue reorganizado.

El abandono de la Iglesia y el Gobierno

La renuncia de la hermana del sacerdote a dar con el cuerpo contrasta con su esperanza y empeño por lograr esclarecer la verdad acerca de la muerte del padre Miguel y posterior condena a los responsables.

La familia interpuso a principios de año una querella criminal ante los tribunales porteños por los delitos de terrorismo de Estado, genocidio, persecución religiosa, tortura, secuestro calificado, homicidio, asociación ilícita e inhumación ilegal, la que avanza en manos de la ministra de fuero Gabriela Corti.

Patricia Woodward sostiene que se decidieron a presentar la acción legal, que va dirigida contra Augusto Pinochet y otras autoridades de la época, luego que el gobierno de Chile les señalara que la única forma de establecer qué había pasado con el sacerdote era la vía judicial.

Dice no entender el empeño de las autoridades de nuestro país por desentenderse de este tipo de casos y dejar sólo en manos de los tribunales, sin un apoyo a los familiares de las víctimas de por medio, el tema de los ejecutados políticos, y reclama una comportamiento más activo del gobierno chileno. "He escrito al Presidente Lagos varias veces, pero no he recibido ninguna contestación", sostiene.

Una actitud más colaboradora sí la han tenido las autoridades inglesas, las que tras conocer el testimonio del ahora fallecido comandante del acorazado Latorre, Carlos Fanta, tomaron cartas en el asunto y se manifiestan ahora preocupados por el tema, incluso por la vía diplomática y solicitando informes constantes.

La familia del padre Miguel también encontró apoyo en un grupo pequeño de sacerdotes chilenos y británicos, perspectiva que contrasta con los innumerables malos tratos que han debido afrontar, en el pasado y aún hoy, de religiosos que no se hacen cargo del crimen que se cometió.

Patricia Woodward recuerda, por ejemplo, las palabras del actual cardenal Francisco Javier Errázuriz, quien, tras ser investido en febrero de 2001, pronunció en el Vaticano la frase célebre: "a la justicia muchas veces se pueden unir sentimientos de venganza, de odio, llegando a un radicalismo en la pena que también puede ser injusta". La declaración fue acompañada por el anuncio que había adoptado la decisión de no presentar querellas en los casos de "uno u otro sacerdote que sufrieron torturas y hasta la muerte".

Ante la extrañeza por esa declaración pública de Errázuriz, Patricia Woodward se reunió con el cardenal para solicitar una explicación y expresarle su desagrado.

"El cardenal nos dijo que no estaba hablando de los familiares nosotros, pero hizo una serie de observaciones sorprendentes. Cuando le dijimos que nadie de la Iglesia había desmentido las informaciones falsas que habían aparecido en la prensa de aquel tiempo sobre Miguel y otros sacerdotes (a Woodward se le acusó incluso de haber tratado con una larga lista de mujeres), él nos dijo que en esos años nadie hubiera creído algo así y que en estos tiempos ya nadie se preocupaba de esas cosas", cuenta Patricia.  Su confianza en la justicia y el abogado que representa a la familia, Sergio Concha, parece aminorar un poco todo el dolor generado por los malos tratos e indiferencias recibidas estos años. "Ahora tenemos la querella”, repite.

El mito de la Marina

Una de las situaciones que la familia Woodward ha debido constatar en sus visitas a Chile es la dificultad de obtener en Valparaíso testimonios que den cuenta de la represión que llevó a cabo la Armada durante el régimen militar. En la ciudad porteña, dice, es un aspecto que prácticamente no se menciona.

"Valparaíso vive de la Armada, mucha gente trabaja en torno a la actividad que esa rama desarrolla en el puerto y, en consecuencia hay mucho silencio. El silencio se hace patente en la cotidianidad y choca mucho ese silencio. Nadie habla del tema", apunta.

La situación, según el abogado Concha, ayudó por años a mantener el mito de que la represión efectuada por Marina, al contrario a otras ramas castrenses, no fue extensa ni intensa.

"Se ha investigado bastante sobre el Ejército, la Aviación y Carabineros, pero sobre la Armada y la forma que operaba no ha habido mucho avance. Nosotros sabemos y conocemos de cerca que la represión de la Armada fue feroz. En este último tiempo, especialmente después de la designación de la ministra Corte como magistrada de fuero, el tema empezó a ser conocido por la opinión pública”, sostiene el abogado.

“Así, sólo hoy la gente tiene claridad respecto a todos los campos de concentración, tortura y homicidios que tenía la Marina, por ejemplo, en la Quinta Región, como el lugar llamado Isla Riesco. Se está como destruyendo el mito de que la Armada no fue represiva o que lo fue menos que las otras ramas”, agrega.

Sacerdote obrero

Miguel Woodward Yriberry perteneció al movimiento Cristianos por el Socialismo, grupo que fue perseguido tras el golpe de 1973.

"El poseía una visión muy clara respecto a lo que tenía que hacer la Iglesia Católica en Chile, una visión cristiana del marxismo de opción por los pobres que la Iglesia oficial había descuidado. Se quejaban que lo que debían predicar en la poblaciones no cabía en la vida de esa gente. Por ejemplo, les tenían que decir que no podían tomar la píldora, que debían tener todos los niños que Dios mandaba y eso no lo entiende la gente que vive en situaciones muy críticas. Ellos querían una iglesia un poco más abierta", cuenta la hermana del sacerdote.

"Miguel fue un sacerdote obrero, su idea principal era vivir con los pobres, como un pobre y para los pobres. Trabajó como astillero y no decía que era de la Iglesia. Se ganaba la confianza de la gente y ahí les daba consejos, desde la perspectiva de un amigo", continúa.

Woodward militó en el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) y durante el gobierno de Salvador Allende estuvo a cargo de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) de la población Progreso de Valparaíso, donde vivía en una casa construida por él. Su empeño por evitar el mercado negro le valió de muchos enemigos.

También trabajó en el Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad Católica de Valparaíso, conocido como Cescla. El organismo se dedicaba a la formación de obreros con el objetivo que consiguieran capacitación universitaria.

"Miguel desarrollaba múltiples actividades, todas ellas muy coherentes entre sí. En nuestras visitas a Chile siempre nos encontramos con gente que lo conocía, algunas en las actividades en que nosotros sabemos que estuvo y otras que no conocíamos. Por ejemplo, durante la estadía conversamos con una mujer en Quillota que había tomado contacto con Miguel durante unos encuentros que realizó para concienciar a la gente acerca de lo que era Cristianos por el Socialismo. Otra persona nos comentó que había conocido a Miguel cuando él le había prestado la casa para las reuniones que hacían un grupo de jóvenes sin afiliaciones políticas", detalla.

En virtud de esta multiplicidad de labores, la familia del sacerdote concluye que "las razones para su detención parecen haber sido muy variadas. Se dice que cuando lo vinieron a detener había mucha gente que diría: Ahí vive Miguel".

Miguel Woodward fue detenido el 18 de septiembre de 1973, justo el día en que iba a contraer matrimonio civil. Un año antes había sido suspendido del sacerdocio unilateralmente por el obispo de la zona. Poco tiempo después conoció a quien nunca pudo ser su esposa, a quien dejó esperando en la puerta del Registro Civil mientras era conducido al centro de detención y tortura.

El mar ha besado las costas de Valparaíso desde siempre, es el amor oceánico antiguo que maravilla a cormoranes y a los faros enclavados en el corazón de la bruma porteña. Los mismos que lloraron espantados ante el horror que se cernió sobre la ciudad la madrugada en que las fuerzas armadas salieron a matar. Y la Armada quizás fue la más brutal: la que torturó, violó y asesinó a millares de hombres y mujeres por el solo hecho de pensar distinto. El sacerdote Miguel Woodward fue uno de ellos y desde entonces que sus familiares, en especial su hermana Patricia Woodward y su cuñado Fred Bennetts, buscan desentrañar el misterio que rodea su muerte producto de la conspiración de silencio por parte de la Armada. Un silencio que a ratos abruma y duele, pero que no ha logrado amilanar a aquellos que buscan la verdad de lo sucedido a Miguel, un sacerdote obrero que vivió y murió junto a los trabajadores. José Gutiérrez, sacerdote porteño que le conoció y compartió con Miguel, señala categóricamente que la Armada “al proteger a los culpables, al silenciar y callar, por lo menos se hace cómplice de una injusticia muy grande”. Porque, sabemos, “que en algún momento la Armada dio instrucciones de quemar todos los documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos que pudieran comprometer a la institución”. Dicha afirmación es corroborada por Patricia quien sostiene que en las postrimerías “del período del almirante Merino este dio la orden de quemar todo”. Si embargo, no han podido destruir toda la evidencia y, menos aún quebrantar el espíritu de sus familiares que – según Gutierrez – han realizado una labor “admirable, pues han luchado prácticamente solos contra todo y todos”. Y así, poco a poco, han ido obteniendo retazos de información que han puesto en manos de la justicia chilena y hoy, a 33 años del asesinato de Miguel y a cinco años de haber presentado una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se vislumbra una luz al final del túnel lo cual – indica Fred Bennetts – nos hace pensar que, “en principio, se habría identificado a los autores materiales del asesinato. Pero aun queda por ver hasta donde llegarán las responsabilidades, porque aquí existen autores intelectuales, cómplices, encubridores”. Y no solo la Armada ha ocultado información, sino que tampoco la iglesia o el gobierno han ayudado.

El largo camino hacia la verdad y la justicia

Miguel Woodward fue detenido el 22 de septiembre de 1973 por una patrulla naval en su domicilio del cerro Placeres en Valparaíso. Era un sacerdote católico comprometido con su pueblo y con el proyecto que impulsaba la Unidad Popular. Era presidente de la JAP (Junta de Abastecimiento y Precios) local y, además, era miembro del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) todo lo cual le había valido el desprecio de la iglesia que le había suspendido de sus funciones sacerdotales. Se sabe que, con posterioridad a su detención, fue trasladado a la Comisaría de Carabineros del colindante cerro Barón y ulteriormente llevado a la Esmeralda donde también fue torturado. Aquí comienza la conspiración del silencio que ha urdido la Armada para ocultar el crimen. De hecho, sostiene Bennetts, “el almirante Guillermo Aldoney hizo una declaración al abogado Pedro Aylwin en la Comisión Rettig donde señaló que mientras Miguel todavía estaba en la Esmeralda le informaron lo que había pasado y que dio instrucciones para llevarlo al Hospital Naval. Es más, dijo que Miguel había muerto como consecuencia de malos tratos, que al interrogador se le había pasado la mano”, incluso, señala Patricia, “el actual comandante en jefe de la Armada , almirante Rodolfo Codina, ha declarado que Miguel habría sido torturado en otro sitio, pero no dice en cual. El se centra casi exclusivamente en la Esmeralda y si Miguel fue torturado ahí o no, porque pareciera que es lo que más les duele”. De hecho, la imagen del buque-escuela Esmeralda, símbolo de la Marina chilena, pareciera preocuparles más que la vida de un ser humano. Por ejemplo, dice Fred “en el marco de la investigación judicial a raíz de la querella interpuesta por Patricia sabemos de fuente fidedigna que la magistrada anterior, Gabriela Corti, tenía intención de hacer una reconstitución de escena en la Esmeralda en marzo del 2004. Entonces apareció en su oficina un almirante argumentando que seria muy dañino para la imagen de la Armada , pidiéndole que postergara dicha reconstitución hasta que la Esmeralda volviera de su crucero de instrucción en septiembre. Poco después la ministra Corti cerró el caso y la reconstitución nunca se hizo”.

La Armada ha negado esta flagrante intervención en la labor judicial, es más, en declaración pública, el almirante Cristian Millar, secretario general de la Armada , expresó haber “acompañado estos casos muy de cerca, y digo que no ha estado en la mente de la institución interferir en ninguna diligencia que estén haciendo los jueces. No nos parece justo una denuncia de esta naturaleza, a no ser que, realmente, la ministra Corti se haya juntado con alguien ajeno al quehacer de la Marina , o informalmente con alguien que lo hizo por su propia cuenta y sin instrucciones. No tenemos antecedentes de que, institucionalmente, haya existido alguna gestión para impedir o retrasar esa diligencia”. Es decir , dice Bennetts, “curiosamente dice que – quizás – alguien informalmente se pudo haber entrevistado con la jueza”. En otras palabras, no niega la posibilidad de que alguien efectivamente haya conversado con la jueza por cuenta propia, mas todos saben que en una institución armada, altamente jerarquizada, ello es imposible.

El mismo alto oficial señaló que entendía “el legítimo dolor de la familia de Miguel Woodward y el derecho que tienen a saber la verdad. No obstante, las informaciones que tenemos es que al parecer el llegó maltratado en las cercanías del buque y ahí se le atendió médicamente, resolviéndose llevarlo al Hospital Naval. No podemos afirmar si Woodward estuvo o no a bordo de la Esmeralda ”. Sin embargo, dicha afirmación es contradicha por las declaraciones del almirante Aldoney que dice haberse enterado de la gravedad de la situación de Woodward cuando el sacerdote aún se encontraba en la Esmeralda. Asimismo , se sabe que el capitán de Navío Carlos Fanta, comandante del crucero Latorre al momento del golpe, declaró que él había ordenado enviar un médico a la Esmeralda y este médico admitió que había atendido a Miguel en la cubierta del buque, aunque posteriormente se desdijo de esta declaración, sosteniendo que había atendido a Miguel Woodward en el molo de abrigo donde se encontraban, a la sazón, la Esmeralda , buques de guerra y, además, el buque mercante Maipo, de la Compañía Sudamericana de Vapores, atiborrado con prisioneros. El capitán Fanta fue exonerado de la Armada tiempo después y su testimonio se perdió entre los intrincados vericuetos de la burocracia y un singular silencio. Es más, acorde a Fred Bennetts “el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Luciano Fouillioux , negó la existencia del testimonio del oficial Carlos Fanta. El abogado Pedro Aylwin, miembro de la Comisión Rettig que entrevistó al capitán Fanta, nos dijo que el había redactado un informe detallado en su computador, imprimiéndolo para que fuera incorporado a los archivos de la Comisión Rettig. Ese informe ha desaparecido de los archivos”. Bennetts continúa, el mismo abogado nos señaló que un consejero de la Comisión Rettig se había dejado presionar por la Armada y, pensamos, que fue el mismo comandante en jefe de esa época, almirante Jorge Martinez. “Le pedimos a Aylwin que hiciera una declaración pública en relación a los mencionados hechos, pero este, aduciendo razones éticas, no lo hizo. Asimismo, “sostuvo que debía consultar la situación con el ex secretario de la Comisión Rettig , Jorge Correa, y no supimos más. Le escribimos personalmente a Correa, pero nunca respondió”.

Como tampoco respondió la iglesia, pues sabemos, dice Fred, que a comienzos de la década del 90, “el capitán Fanta habló con un sacerdote en Valparaíso relatando lo sucedido con Woodward. Este sacerdote transmitió lo sucedido al obispo Gonzalo Duarte quien habría pedido información acerca del caso a otros miembros del clero. Sin embargo, posteriormente, el negó esto a los familiares de Miguel.

El encuentro con el almirante codina

Es evidente para los familiares de Miguel Woodward que aquí se ha verificado un claro ocultamiento de información que – de acuerdo a Fred – “ha continuado todos estos años. Y no solo en el caso de Miguel, sino que ha existido un deliberado y sistemático ocultamiento de lo que aconteció en Valparaíso y la Quinta Región. La muestra más reciente de esto es la fosa común hallada en el cuartel 14 del cementerio, pues cuando se realizaban excavaciones para erigir el memorial de Miguel, ahí aparecieron quince cuerpos y al menos dos de ellos presentaban impactos de bala en la cabeza, pero nadie ha investigado esto. Además, se encontró una vainilla de un proyectil calibre 7.62 que, de acuerdo a los expertos, es la que utilizaba la OTAN ”. Es decir, aquellos usados por armas de fuego de tipo militar. Por ello, y otros antecedentes, “ estamos convencidos, asevera Patricia, que era uno de los tres cuarteles donde la Armada enterró gente que traía en camiones. El cuerpo de Miguel lo llevaron dos marinos y lo inscribieron en el libro de ingreso como fosa común, pero un funcionario del cementerio, por ser Miguel sacerdote, quiso ubicarle una fosa individual y decidió enterrarlo en el cuartel 13 donde se realizaron ahora las excavaciones. Estas excavaciones fueron ordenadas por la jueza Eliana Quezada quien asumió la investigación del caso Woodward luego que Patricia apelara a la resolución de la jueza anterior que había sobreseído el caso. Ello, pues de acuerdo a información recabada por los familiares de Miguel, en el cuartel 13 del cementerio de Playa Ancha no se habían removido cuerpos desde 1977, por lo que era probable que se hallaran ahí restos de ejecutados con posterioridad al golpe militar. No obstante, recientemente se enteraron que en 1989 hubo, “como nos dijeron, “una barrida general”. Y sacaron todos los cuerpos y los tiraron en alguna parte. Aparentemente tenían la intención de construir más nichos, pero nunca se hizo”

Patricia es clara en plantear que, “a pesar de que se encontraron osamentas muy pequeñas y que los expertos nos dijeron que eran de los años sesenta, había que excavar de todas maneras”. Son pasos que hay que dar, como el encuentro que se realizó con los almirantes Rodolfo Codina y Cristian Millar. “En enero de este año, dice Patricia, tuvimos una reunión con el almirante Codina y el almirante Millar en la biblioteca Severin de Valparaíso. La idea era que cada uno de nosotros – éramos alrededor de ocho personas relacionadas con el tema de los Derechos Humanos – expusiera su punto de vista directamente al comandante en jefe. Planteamos básicamente la necesidad de entregar información, pero obtuvimos la misma respuesta de siempre: No tenemos más información”. A pesar de las constantes y sistemáticas negativas a colaborar, la Armada entregó a la jueza Quezada los nombres de todos los componentes de la unidad externa que interrogaron a los prisioneros en La Esmeralda. Casi todos infantes de marina. Esto fue en respuesta a requerimiento judicial de abogado que presentó querella por torturas en contra de la Armada en el caso de otra prisionera torturada en la Esmeralda , Maria Eliana Comené. Lo curioso, dice Bennetts, es que “la anterior magistrada, Gabriela Corti, antes de cerrar el caso, nos dio acceso al sumario. Estaban las declaraciones de todos los oficiales a bordo del buque el 73. Es muy llamativo que, casi sin excepción, todos decían lo mismo y empleaban los mismos términos: “El trato de los prisioneros era estricto, pero no hubo apremios”. Entonces, “está muy claro que antes de dar su testimonio la Armada los reunió e instruyó al respecto”.

Asimismo, no dejar de ser sospechoso que, hace un tiempo, un grupo de ex presos políticos de Valparaíso, todos militantes del partido socialista, se aprestaban a “presentar una querella contra la Armada y a última hora se desistieron de ello. Según algunos hubo una llamada personal de La Moneda presionándolos para que no lo hicieran”. En todo caso, creemos que en todo este proceso de ocultamiento de información, hay dos piezas claves: El auditor general de la Armada y el jefe del Servicio de Inteligencia Naval”, el mismo organismo, por cierto, que llevó a cabo la represión inicial contra partidarios de la Unidad Popular luego del golpe de Estado.

¿Puede haber justicia en un país donde prevalece la impunidad?

El camino recorrido ha sido ciertamente sinuoso y plagado de dificultades para descubrir la verdad de lo acaecido con Miguel Woodward, pues la Armada insiste en el argumento de que no posee información y a lo sumo, ha propuesto un acto de desagravio en el buque Esmeralda, que apunta más a un acto de limpieza del barco más que de reconocimiento de los crímenes cometidos por miembros de la Marina. Además , da la impresión que solo en ese lugar se hubiese torturado a prisioneros políticos, cuando es conocido – y así ha sido consignado en distintos informes – que se utilizaron numerosos recintos navales para este fin. Entre ellos se cuentan: la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma, la Escuela Naval , el campo de Concentración de Isla Riesco o Melinka, entre otros. Por lo mismo, no deja de sorprender que virtualmente ningún funcionario de la Armada haya sido procesado por las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en Valparaíso y ciudades adyacentes. Es obvio que aquí ha habido encubrimiento de todas las atrocidades cometidas por oficiales y tropa de la Armada en la región no solo en el caso de Miguel. De hecho, sostiene Fred, “no parece haber claridad en cuanto al número real de víctimas en Valparaíso, porque “no se trata solamente de los muertos oficiales -126 asesinados y 36 desaparecidos. Hubo mucho más muertos. Esto fue confirmado por Luis Bork, abogado que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Vaparaiso. Ellos hicieron un estudio en el año 1986 y les sorprendió que la gente y los familiares estuvieran dispuestos a hablar y a declarar en plena dictadura. Allí constataron la desaparición de 89 personas en la quinta región. Cuatro años más tarde, en 1990, entregaron una copia de ese informe a la Comisión Rettig y poco tiempo después sus oficinas fueron saqueadas y robaron todos los archivos, todos los casos presentados a juzgados, fiscales navales y, por supuesto, el informe entregado a la Comisión Rettig. Ese informe nadie lo tiene.

Así, pareciera que la bruma porteña se ha confabulado con los criminales para ocultar el oscuro pasado de la Armada , pero nadie puede negar a estas alturas que la Armada cobardemente torturó y asesinó gene inerme. Nadie puede negar “que en los días inmediatamente después del golpe a los funcionarios del cementerio de Playa Ancha los encerraban en piezas durante la noche. Eran hombres enmascarados que llegaban en vehículos”. Nadie puede negar que Miguel Woodward fue asesinado por la Armada , pero entonces, ¿Puede haber justicia en un país donde prevalece la impunidad? Fred manifiesta que “la experiencia con la jueza anterior fue absolutamente desastrosa y, por lo mismo, dudamos de su buena fe. La actual ha mantenido secreto del sumario por dos años, pero ha hecho un buen trabajo y nos ha dado a entender que va a resolver dentro de poco. Aquí no solo se trata de los autores materiales, sino que de todos los responsables del encubrimiento del crimen: el almirante Guillermo Aldoney el cual es

culpable de haber ocultado información, de no haber entregado información a la justicia. Es el responsable de haber iniciado toda una serie de acciones que incluye la falsificación del certificado de defunción, la inhumación ilegal del cuerpo, entre otras acciones ilegales. El médico del Hospital Naval que firmó el certificado de muerte, porque a el le presentaron un formulario donde ya venía nombre y datos personales de Miguel y el se limitó a firmar estableciendo la causa de muerte como paro cardíaco. Sabemos que el doctor consultó con un fiscal naval en relación al procedimiento y el fiscal le dijo que debía hacer lo que se le ordenara. Creemos que ese fiscal naval es Enrique Vicente Molina, hoy fiscal procurador del Consejo de Defensa del Estado de Valparaíso”. Lamentablemente, el caso de Woodward no es el único caso en este país donde se oculta la verdad y, peor aún, en los casos en los cuales logra acreditarse la verdad de los hechos, prima la impunidad.

Comunicado de Patricia Woodward:

Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto significa que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las victimas de la Armada.

Antecedentes del Procesamiento:

34 años después del golpe de estado, y tras 6 años de investigación judicial, se ha llegado hoy a una resolución de la causa del Padre Miguel Woodward.  La Ministro Eliana Quezada ha declarado reos a:

• Vicealmirante (R) Adolfo Walbaum Wieber
• Vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen
• Vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga
• Capitán de Navio (R) Sergio Barra Von Kretschmann
• Capitán de Navio (R) Ricardo Riesgo Cornejo
• Dr. Carlos Costa Canessa

Para cinco de los procesados se ha decretado la detención preventiva en las instalaciones de la Armada en Las Salinas. El sexto, para razones de salud, está de4tenido en su domicilio.

Se ha comprobado que fuerzas navales, siguiendo un plan y unos procedimientos preparados meses atrás por la Armada, llevaron a Miguel desde su casa en Placeres a la Universidad Federico Santa María  y de allí a la Academia de Guerra Naval, donde fue torturado sin piedad. Luego, en una furgoneta manchada con su propia sangre, le llavaron al molo donde le obligaron a subir a bordo de la Esmeralda. Posteriormente fue llevado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente. 

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran respectivamente Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

El Alm. Walbaum, además de su cargo naval, era el primer Intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar. El Alm. (R) Guillermo Aldoney, tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual Comandante en Jefe de la Armada, Alm. Rodolfo Codina. En 1982, se hizo Presidente del poderoso holding Compañia de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera.

Estrechamente vinculado a la jerarquía católica – que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward –  el Alm. Aldoney fue nombrado  responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

El Almirante Juan Mackay es Vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso. En 1973 asistió a las  sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso acompañado por un joven sobrino suyo, Rafael Mackay Backler. El Capitán Barra era Jefe de Inteligencia Naval en 1973 y ascendió más tarde a 2° Jefe de la DINA. El Capitán Riesco trabajó a sus órdenes. El Dr. Costa Canessa, siendo medico en el Hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

La Jueza Quezada, una mujer dedicada y valiente, seguirá sus investigaciones, con la ayuda de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales. Su fin será buscar los demás autores de la muerte de Miguel junto con los encubridores y cómplices de ese crimen. Entre los testimonios específicos que serán investigadas están los  entierros clandestinos por la Armada de varios detenidos desaparecidos en el Cuartel 14 del Cementerio Playa Ancha de Valparaíso.

Sin embargo, la jueza, quien ha recibido amenazas de muerte, enfrenta además  la hostilidad de sus pares en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hace poco, por unanimidad, trataron de imponer plazos a la investigación de  los cuatro casos de violaciones de derechos humanos que son de su responsabilidad. Tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, declarando la ilegalidad de esta práctica

A pesar de que el Tribunal Supremo recomendó, además, que la Jueza diera prioridad. a sus investigaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones determinó, acto seguido, que, por el contrario, debía dar prioridad a integrar Sala. Esta persona, Manuel Silva Ibáñez, era muy conocido por sus resoluciones favorables a la dictadura durante los años ´80, incluido causas tales como "el caso pasaportes"  y el caso de degollados que incluyó al periodista Paredes.

En cuanto a la Armada de hoy, lejos de colaborar con la justicia, la ha obstaculizado. El Alm. Cristían Millar, cuando ocupaba el cargo de Secretario General de la Armada, admitió  descaradamente  que un Almirante en servicio pudo haber visitado a la Ministro Gabriela Corti en el año 2004 "por su cuenta"  para persuadirle que debía aplazar una prevista reconstitución de escena a bordo de la Esmeralda. Por esos mismos años el Auditor General de la Armada,  Alm. Juan Antonio Galván Bernabeu,  con ocasión de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a la jueza, informó a los marinos referidos en el mismo que serían el objeto de interrogatorios judiciales. Anteriormente, un alto cargo de la Armada sin identificar había reunido a varios testigos que habían sido citados por la Ministro Corti: se pusieron de acuerdo sobre sus testimonios de antemano.

La Armada sigue igual. El Código de Justicia Militar sigue obligando a los marinos obedecer las órdenes criminales de sus jefes. Están en el primer ranking mundial en la  compra de armamentos y sucesivos gobiernos han tolerado sus pretensiones "democráticas". El 4 de mayo próximo, cuando zarpa la Esmeralda en su crucero anual por el mundo, será, como siempre, con el título de "embajador de Chile" y  será la Presidenta Bachelet quien la despida..