Vidaurrázaga Manríquez Gastón Fernando

Gastón Fernando VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ

Según la versión de familiares que son a la vez testigos presenciales, siete horas después de la emboscada a la comitiva del Presidente de la República cerca de las 02:00 de la madrugada del 8 de septiembre de 1986, un grupo de hombres con gorros pasamontañas rodean la casa de Felipe RIVERA GAJARDO, electricista, militante del PC, en Pudahuel, lo sacan y lo suben a un taxi que partió con rumbo desconocido.  Cerca de las 04:00 horas, media docena de hombres fuertemente armados irrumpen en la casa de Gastón VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ, profesor, militante del MIR, en San Bernardo los que se cruzan con Carabineros y lo sacan a empujones con destino desconocido.

    A las 05:00 de la madrugada llegaron hasta el domicilio del periodista José Humberto CARRASCO TAPIA, periodista, dirigente gremial, militante del MIR, en el Barrio Bellavista tres civiles armados quienes se lo llevan a la fuerza.

Horas después fueron encontrados los cadáveres de los tres secuestrados, acribillados a balazos.

Al día siguiente, esto es el 9 de septiembre a las 03:00 de la madrugada, llegaron a la parcela de Abraham MUSKATBLIT EIDELSTEIN, publicista, militante del PC, del sector Casas Viejas, 12 individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén.

Esa misma noche civiles armados intentaron secuestrar al abogado Luis Toro de la Vicaría de la Solidaridad.

Estos hechos se los atribuyó un comando autodenominado 11 de Septiembre.  El Ministro Secretario General de Gobierno informó a la opinión pública que no se descartaba la posibilidad que estos crímenes obedecieran a una purga entre comunistas.

Esta Comisión, considerando la militancia y el trabajo de las víctimas, el que los secuestradores se identificaran como policías, el que los hechos se desarrollaran en horas de la madrugada, desafiando las rígidas medidas de control militar y policial del momento y la gran disponibilidad de medios de los autores, ha llegado a la convicción de que se trata de ejecuciones por motivaciones políticas con responsabilidad moral del Estado, ya fuere porque en estos hechos actuaban directamente sus agentes o porque había connivencia o tolerancia de éstos, siendo sus muertes violaciones a los derechos humanos.

 

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por decisión unánime, condenó a catorce ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los asesinatos de Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera, Abraham Muskatblit y José Carrasco Tapia, ocurridos entre el 7 y 8 de septiembre de 1987.

Los magistrados Jorge Dahm Oyarzún, Víctor Montiglio Rezzio y el abogado integrante Jorge Lagos Gatica ratificaron la condena dictada el 29 de septiembre de 2006 por el ministro en visita Haroldo Brito Cruz que sentenció a 18 años de presidio a Álvaro Corbalán Castilla; a trece años de presidio a Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz; a ochoaños de prisión a Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Krantz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, y Juan Jonquera Abarzúa; a cinco años y un día a Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Fachinetti López, y José Meneses Arcauz.

El fallo -en decisión dividida y con el voto en contra del ministro Dahm- rechazó las demandas civiles presentadas por los familiares de las víctimas y que había condenado al Fisco a pagar una indemnización de 250 millones de pesos a Alicia Lira Matus, Yolanda Manríquez Sepúlveda, Olivia Mora Campos, Iván Carrasco Mora, María Alvarado Urbina, Igol y Pavel Muskablitt Alvarado y 65 millones de pesos para Ignacio, Yolanda, Patricio y Alberto Vidaurrázaga Manríquez y Raúl Carrasco Tapia.

En un segundo caso, y también en decisión unánime, los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Jorge Zepeda Arancibia y el abogado integrante Ángel Cruchaga Gandarillas ratificaron el fallo de primera instancia que condenó a siete agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de Julio Fidel Flores Pérez, ocurrido el 10 de enero de 1975 en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.
Las condenas dictada por el ministro Alejandro Solís Muñoz, el 18 de enero pasado y que se confirmaron son: Manuel Contreras Sepúlveda, quince años y un día de presidio, y diez años y un día de presidio para Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko, Pedro Espinoza Bravo, Francisco Ferrer Lima, Basclay Zapata Reyes.

Cabe señalar que en primera instancia el ministro Solís había condenado además a Osvaldo Romo Mena a diez años y un día de presidio, quien falleció a mediados de este año.

El fallo además rechazó la demanda civil interpuesta por los familiares de la víctima en contra del Fisco de Chile -también con el voto en contra del ministro Dahm- quien era partidario de conceder un pago por el daño moral.
Con estas dos sentencias la Corte de Apelaciones de Santiago completa 21 fallos en lo que va del año 2007 en casos de violaciones a los derechos humanos y 41 fallos desde la primera condena en éste tipo de investigaciones, dictada en el año 2004.

El ministro en visita Hugo Dolmestch dictó ayer la acusación en la investigación por el crimen de periodista José Carrasco Tapia y otros tres profesionales asesinados en septiembre de 1986 por agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) en venganza por el atentado perpetrado contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido unos días antes.

El magistrado acusó al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de José Carrasco Tapia, Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez y Abraham Muskatblit Eidelstein.

En calidad de coautores del secuestro y homicidio de Rivera dictó cargos contra el oficial (R) del Ejército Pedro Javier Guzmán Olivares, el detective

(R) Gonzalo Fernando Maas del Valle, Víctor Hugo Lara Cataldo y René Armando Valdovinos Morales. En la misma calidad, pero contra Vidaurrázaga, imputó al comandante (R) Krantz Bauer Donoso, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa.

Igual acusación recayó sobre el coronel (R) de Carabineros Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, el mayor (R) Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López como coautores del crimen de Carrasco Tapia.

Igual causa recayó en contra de Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Ramón Meneses Arcauz por el delito de secuestro seguido de homicidio de Muskatblit.

En octubre del año pasado, el ministro Dolmestch recalificó el procesamiento de 14 ex agentes de la CNI involucrados en la muerte de estos cuatro profesionales. En ese fallo también absolvió a tres ex agentes: Hernán Vásquez, Egon Barra y Luis Sanhueza.

Luego de esta resolución, las defensas tienen 20 días para contestar la acusación. En ese plazo los querellantes también pueden formular sus propios cargos y deducir las acciones civiles que correspondan.

Posterior a la acusación viene el plenario, donde acusados y acusadores deberán prestar declaración para contrastar las versiones que entregaron inicialmente al juez en el período sumario. Posteriormente sigue la dictación de la sentencia de primera instancia.

El ministro Hugo Dolmestch encausó al equipo liderado por el mayor (r) Alvaro Corbalán que dio muerte a Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez, Abraham Muskatblit Eidelstein y al periodista José Carrasco, horas después del atentado contra Augusto Pinochet.

El ministro en visita Hugo Dolmestch asestó un duro golpe a la estructura de la desaparecida CNI al procesar hoy a siete ex integrantes del organismo represivo por su responsabilidad en el secuestro con homicidio de cuatro profesionales en 1986, entre ellos el periodista José Carrasco.

La resolución además implica especificar los cargos contra otras siete personas que antes estaban procesados y que ahora se precisó en cuales crímenes participaron y junto a ello el juez anuló procesamiento de otras tres personas.

En la práctica uno de los más comprometidos con estos delitos fue el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla quien se especificó su procesamiento como autor de secuestro seguido de homicidio en contra de los cuatro profesionales: Felipe Rivera Gajardo, Gaston Vidaurrázaga Manríquez, Abraham Muskatblit Eidelstein y José Carrasco.

Los siete nuevos procesados son Víctor Hugo Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Jorge Jofre Rojas, Eduardo Chávez Baeza, Juan Jorquera Abarzúa, Carlos Fachinetti López y José Meneses Arcauz. En tanto los absueltos –que fueron procesados el 2000 por la ministra Dobra Lusic- son Hernán Vásquez Villegas, Egon Barra Barra y Luis Sanhueza Ross.

"Me pareció aconsejable adecuar este caso a la nueva realidad, fijando responsabilidades más precisas, directas y reales respecto de los hechos, como así también dejar sin efecto aquéllos que se dirigen contra personas respecto de las cuales, hasta la fecha, no aparecen fundadas presunciones de participación en los mismos", dijo el juez en su despacho del Palacio de los Tribunales.

En el detalle se aprecia que Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Mass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales enfrentan encargatoria de reo como autores de secuestro seguido de homicidio en contra de Felipe Rivera Gajardo. A su vez Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas, Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa se les acusa de la muerte de Gastn Vidaurrázaga.

Junto a ellos figuran Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Carlos Fachinetti por su rol en el asesinato de José Carrasco. Y finalmente están procesados Quiroz, Vargas y José Meneses Arcauz por Abraham Muskatblit.

En su dictamen el ministro establece que sean prontuariados los catorce mencionados y además dictó orden de detención contra Víctor Lara, Jorge Jofré, Eduardo Chávez, José Meneses y Carlos Fachinetti. En el caso de los otros encausados se encuentran en libertad provisional por otras causas y seguirán bajo ese mismo régimen, mientras que Corbalán seguirá recluido en el penal de Punta Peuco donde cumple condena.

El ministro Dolmestch estableció que el asesinato de los cuatro profesionales fue una clara consecuencia del atentado frustrado que sufrió Augusto Pinochet en septiembre de 1986. Relata que tras este episodio los oficiales de la CNI que integraban la División Antisubversiva, Bernado O'Higgins, a cargo del mayor Álvaro Corbalán Castilla, se acuartelaron y recibieron instrucciones.

Corbalán concurrió hasta la sede de la Central Nacional de Informaciones y donde se reunió con el general Humberto Gordon, quien a su vez se había reunido en La Moneda con el almirante José Toribio Merino. A esta cita asistió también el comandante de la división política metropolitana, Manuel Provis.

En la resolución se indica que el general Gordon "profundamente alterado por los hechos, les ordenó (a Provis y a Corbalán) que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno en relación a las víctimas".

Así se gestó el operativo que comenzó la detención a las 2 de la madrugada de Felipe Rivera, quien de acuerdo a la autopsia recibió seis impactos de bala.

Dos horas después fue el turno del profesor Gastón Vidaurrázaga, quien fue ultimado con dos disparos en el kilómetro 16 de la ruta 5 Sur.

Exactamente una hora después el periodista José Carrasco, fue detenido en su casa y fue trasladado hasta la avenida Américo Vespucio, a un costado del cementerio Parque del Recuerdo, donde se le dio muerte con 14 impactos de bala.

En la madrugada del 9 de septiembre, a las 2:15 horas de la madrugada Abraham Muskatblit recibía la visita de los agentes en su domicilio en Puente Alto y era conducido al camino Lonquén, donde murió a causa de nueve disparos.

Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, profesor egresado de la ex UTE y artista plástico, era militante del MIR, padre, esposo, hijo y hermano. Fue acribillado junto a un poste de luz, la madrugada del 8 de septiembre de 1986, con decenas de balazos a los 30 años. Era de madrugada y el lugar se encuentra próximo a San Bernardo en la carretera norte-sur. Esas noches y en diferentes lugares de Santiago aparecían los cadáveres de Abraham Muskabliet, Felipe Rivera y José Carrasco. Todo indica era la venganza, la exculpación por adelantado de la CNI frente al intento de tiranicidio. En la oportunidad ministros como Cuadra-hoy analista- justificó como vendetta internas estas muertes. Cayó la censura y vinieron detenciones (entre ellas las del actual primer mandatario), además relegaciones y sobretodo mucho miedo ¿Quién o quienes serían los próximos? Han transcurrido 18 años, numerosos ministros en visita, de fuero han seguido esta causa, hoy está en manos del ministro Dolmech, pero aún más allá de trascendidos los responsables-todos- no terminan de serlo. Justicia lenta, pasa con el tiempo a no ser justicia.

El tiempo pasa y la justicia se vuelve promesa ¿A estas alturas alguna vez tendremos todo esto claro desde el punto de vista de la justicia, de las, motivaciones, de cómo funciono el azar en este caso? ¿Por qué cada uno de ellos? ¿Dónde están, qué hacen, cómo les ha ido a los ejecutores, jefes, analistas, responsables de esa cadena de mando? ¿Hasta cuando estuvieron protegidos por su mando? ¿Su reinserción tiene lógicas y fondos ocultos o habría que buscar en empresas de vigilancia, salmoneras o pymes sus rastros y fachadas para dar con muchos y concurran a declarar, porque ya lo han hecho varios de ellos, y ya se incriminan unos a otros?

Señores ministros y jueces: ¿Qué sucede con causas que duran 18 y 20 años? ¿Se estará pensando en indemnizar los años de paciencia? Todos esos fantasmas recorriendo la "normalidad"; de estos años.

¿Cómo hubiera sido la vida con todos ellos? ¿Dónde están todos esos hijos? Recuerdo los de Hernán Correa Ortiz ("el dos metros") ;¿Tienen todos los trozos de sus padres? Muerte y memoria se hermanan. El silencio, la in-memoria los mata aún más. Van 31 años de memoria, de recuerdos, de ausencias e historias a medias. Treinta y un años de un cambio abrupto que a muchos encontró como adolescentes con 18, 20, 25 y a lo más 30 años. Eran jóvenes, extremadamente jóvenes y dejaron sus proyectos de parejas, hijos y estudios. Allí, en algún pavimento de ciudad o en la encerrona de autos de un camino rural quedo el cuerpo sin vida, tibio aún. Al otro día sería noticia trucada- la mayor parte de las veces- como enfrentamiento, ley de fuga y lo peor aún, ni siquiera eso. La nada. Los testimonios. Un gran túnel negro lleno de versiones dispersas de quienes los vieron por última vez. El resto es silencio, conjetura. Salvo en muy pocos casos, lo demás es silencio, pacto tácito, juego de adivinanzas. Que el mar, que tal barranco o cuesta, que dentro o fuera del regimiento. Así se ha ido el tiempo, así murió la Sola Sierra y poco a poco los más viejos irán siguiéndola.

Gestos han habido, pero tienen gusto a poco, a palabra vacía, a desentenderse, a que sigan transcurriendo los años. Que no pasaría nada bajo Pinochet. Que si pasaría con el mando de Izurieta Caffarena. Ahora es Cheyre y en realidad desde el punto de vista de la verdad transcurre muy poco.

Siguen detenidos en sus cuarteles o en cárceles especiales, se dice que hasta salen a pasear de vez en cuando; Mi madre es como muchas madres. No sabe enterrar hijos, es difícil hacerlo. Más aún si los culpables circulan o están en recintos que de cárceles de verdad tienen muy poco. Tampoco perdona nos ha dicho, para ello alguien tendría que pedírselo y hasta ahora nadie lo ha hecho. Hace dos años los restos de Gastón los trasladamos al Memorial en el Cementerio General. ¿Ha ido usted a reconocer los huesitos de su ser querido? ¿A verlo después de más de 20 años y recordarlo por sus dientes? Limpiando esos huesos, encontré un rosario que se lo devolví a mi vieja. A eso se le llama una reducción. Meter los restos en una cajita chica para que quepa junto a los suyos y desprivatizarlos para que en el Memorial sean de todos.

Cuando la memoria es reunir lentamente pequeñas huellas Mi hermano, a veces viene en sueños y rememora risas e irreverencias. Con la Valentina, su única hija que vive en Suecia, hace unos años volvimos a la casa de San Bernardo, hicimos el recorrido de esa noche de venganzas del 7 al 8 de septiembre de 1986. Escuchamos a testigos y nos imaginamos cómo habían sido esos últimos momentos. Mucha gente vio los hechos, agazapados tras sus cortinas, presenciando quizás la peor película de terror de sus vidas, escucharon las persecuciones en ese cuadrante de la calle Fidel Angulo. Escucharon los pies descalzos de Gastón queriendo robarle segundos y minutos a la muerte que lo rodeaba. Escucharon sus quejidos al ser atrapado y azotado contra un muro.

Con su hija Valentina, hemos hablado de su identidad, de crecer sin un padre, de conocerlo en fotos, por relatos, de verlo en sus trabajos pictóricos o dibujos, de imaginarlo. Cada vez que viene a Chile, pareciera que carga otro espacio en su mochila y poco a poco reconstruye la memoria de ese padre que dejo de ver una noche de dictadura cuando tenía apenas tres años.

Hace algunas semanas en Concepción conmemorábamos la muerte de siete compañeros. Muertes publicas, con testigos, a mansalva, en verdaderas cacerías. Tampoco hay sustantivos avances, Están los nombres, pero algo, algo impide que eso finalice con un fallo ejemplar y definitivo. Van 18 en este caso y 20 años en los de Concepción y en suma hasta ahora no pasa nada. Los hijos funan; para marcar a los asesinos de sus padres que sé mimetizan de jubilados de Capredena o salen tranquilos a pasear sus perritos.

¿Cómo se es ministro de casos como estos? ¿Qué se les dice a las familias y amigos? ¿Qué pensara el juez en su fuero interno? Muertes presentes en muchos hijos que han crecido sin ellos. En madres que tienen las fotografías gastadas de llorarlas. En procesos judiciales eternos, de miles de fojas y centenares de testimonios y falsas identidades e intoxicaciones. ¿Serán trampas para jueces jóvenes o viejos?. Hasta aquí son ejecuciones, hay cuerpos, restos. Pero de los detenidos desparecidos hay macabras versiones. Que al mar, que a cráteres, que a ninguno parte, sino dentro de regimientos o quizás donde. Cuando a la memoria le faltan los huesitos y el juego siniestro de las versiones se apodera del tiempo y corroe.

¿Qué habrá sido de Mauricio Jorquera Encina, desaparecido a los 19 años. ¿Cuánto tiempo sus padres lo abran esperado en la casa de calle Ejército? El "chico Pedro";, inteligente y demasiado serio para sus cortos años, detenido y desaparecido por la DINA en agosto de 1974. O María Isabel Joüi Petersen, también de 19 años, "Isabel", también cazada por la DINA en agosto de 1974, poco después de su compañero estudiante de medicina "el chueco". Todos de la triste y tormentosa lista de los 119 de los falsos diarios aquellos.

Y si por arte de todos los dioses, incluido los santos como el Nazareno de Caguach volvieran a la vida toda, a completar sus proyectos de vida. Ellos detenidos en el tiempo, nosotros canosos y más desgastados. ¿Cómo sería ese reencuentro? Habría que ponerlos al día de todo lo sucedido. ¿Que les diríamos primero? Que nos equivocamos en medir las posibilidades. Que lo de Miguel fue un holocausto, que todo fue un gran error. Que no se podía hacer mucho. Que ni podríamos resistir efectivamente, y que el socialismo estaba más lejos que sus ensayos. O que a los agentes del Estado chileno se les paso la mano. Que el Golpe era de verdad, que ya no pegarían culatazos o marcarían con cigarrillos. Que incluso ahora hay figuras políticas que desde sus puestos de Intendentes u otros, han reconocido que todo esto fue un gran y tremendo error. Que Miguel agarro papa, se la creyó entera y sus restos están todavía en el cementerio general en una sencilla tumba. Entre tanto los viejos lobos de los aparatos de inteligencia, todavía rumian las dudas y neutralidades de sus socios civiles. Algunos tienen la impudicia de disculparse por sus edades, como si nosotros hubiésemos sido en ese mismo tiempo abuelos. La gran mayoría de los ejecutados y desaparecidos tenía entre 18 y 30 años, a lo más.¿Hay exs-militares, exs-ceneis que con justeza se sientan utilizados por los civiles que ahora tan tímidamente los protegen en el espacio público o desprotegen sencillamente? ¿Dónde estaba Lavín para lo de su primo? Y los demás vivían todos en burbujas que en medio de sus doctorados en USA no se enteraban de las violaciones a los derechos humanos?

La derecha apuesta a que tengamos amnesia. La derecha bajo el color que sé mimetice tiene varias opciones. Puede apostar a desentenderse, distanciándose del pinochetismo y sus renovados escándalos y corrupción. Puede asumir discursos neutros y pragmáticos, que la plaza, el cogoteo de la esquina, la semaforización etc. Lo segundo es asumir lo que le convenga de la herencia de la dictadura, disculparse respecto a lo otro y de nuevo apostar a la edad, a los años transcurridos etc. En cualquier caso, es imposible que se puedan desentender, incluso respecto a las generaciones más jóvenes. Uno podría prever que en el futuro, si los jueces siguen con su trabajo deberán ir estallando casos tras casos, cada cual más siniestro e insospechado en sus detalles.

Aquí no se trata sólo de la memoria de ese hermano que nos falta que se acerca alguien y de vez en vez te dice: conocí al gordo, conocí a tu hermano, y uno sabe que ahí hay un trozo de vida que desconoce. Aquí se trata junto al recuerdo, a la memoria aquella que sirve para que estemos constituidos, aquí se trata de algo pendiente de verdad y de justicia. Y ante eso, los genios de la transición podrán inventar mil mesas, comisiones, reparaciones o lo que sea, pero eso no para nada. La memoria es una vieja porfiada y dura, sobretodo sino tiene donde depositar flores ni rendir recuerdos. Pregunten a las víctimas del holocausto, viajen a España y observen el florecimiento de memoria existente de los años del franquismo y de la guerra civil. No es casualidad que "Soldados de Salamina"; de Javier Cercas fuese una de las novelas más leídas en Europa. También ocurre con los textos de Martín Caparrós en Argentina o en el cine lo que sucede con Machuca u otras cintas que han tenido la reconstrucción de memoria histórica como tema. La memoria sana, la memoria fortalece, la memoria hace él duele con más vida.

¿Cómo se crece sin un padre que se sabe existió y que no tiene tumba y sus últimos momentos son inciertos, aunque su nombre está grabado en el memorial, en un afiche que vio en la televisión mientras Pinochet estaba detenido en Londres, pero que solo es posible imaginar?, ¿Cómo se hace el duelo de un hijo muerto por un hermoso intento, por una digna actitud, por una buena causa? intento, actitud y causa que no lo hacen participe de cumpleaños, ni esta para acompañar en los bajoneos a su hija en sus dudas vocacionales y existenciales? ¿Cómo sucede la vida sin un hermano-hermano que de repente aflora en la noticia del proceso judicial o el llamado de un testimonio en televisión, o juega interminablemente a que se alteren los nombres y eres tu él y él tu?

Me pregunto ¿si Canal 13 acrecentara su ya extenso archivo con el programa "Contacto"; realizado el año pasado, luego de reunir tanto material y que hasta ahora no exhibe? ¿Será un programa vetado?

La memoria es un acto cotidiano, se te pega a la sombra y pregunta, tiene insomnio y al parecer no tiene precio. Aunque el mercado no entienda esto último.

En tanto vivimos como podemos con trozos de estas historias. Por decirlo de alguna forma nos pertenecen y no. Nos pertenecen, porque fuimos hermanos en la locura de imaginarnos que Chile podía ser distinto para todos. Nos pesan y joden, porque son de ellos, de los más suyos que muchas veces no tienen todas las piezas de los rompecabezas que están impelidos a ir lentamente armando, como tarea para la casa. Esos detalles de vida, esas locuras en medio de tanta muerte. Esas particularidades que los desmistifican de ser afiches, fotos carné, nombres tallados en piedra, listado interminable en los libros de la Vicaría, etc.

Todos esos que no están, crecidos en las muertes, en los finales atroces que las más de las veces todavía oscurecen los proyectos, las entregas generosas, los sueños por dar vuelta este traje siniestro. Más de algo se moverá al amparo de estos treinta y un años.

Una generación ha transcurrido, hay hijos y nietos escuchando Cada una de estas historias con sus fotos, trozos de diarios viejos, rituales de homenajes y recuerdos pasa como testimonio de generación. Se cuenta mil veces. Se deja mal escrita, irrumpe de programa estelar en septiembre. Pareciera que en la medida, el tiempo transcurre fuera más incomodo, mas fuera de tiempo recordar, hablar y escribir de los nuestros. Pareciera que de verdad es incomodo hacerlo, que quizás privatizado pasa piola. No es el tema de las encuestas, ellas-dicen-hablan de la seguridad y la cesantía como temas esenciales. El problema es que en estos casos el tiempo agrava y no borra. ¿Cuándo estarán todos? ¿ Cuándo nos terminaremos de contar? ¿ Cuantos éramos para el 11 de septiembre del 73? ¿Hace falta un censo?. O un juego de escondida que debe terminar de manera digna, o sea, con la mayor y más precisa verdad. Sin juegos ni intoxicaciones. Donde cada uno diga: un dos tres por mí.

Si alguien o algunos cree poder cortar la madeja en Pinochet se equivocan. Él sabe todo lo que sabe, pero no es ni era Batman. Los otros no se ponen a salvo. ¿Cuantos están pasando piola con uniforme y cuatro estrellas?

Me falta mi más hermano. ¿En que escuela trabajaría el gordo, piccaso, Fernando, Gastón o como quiera lo llamemos? ¿Hasta donde hubiese llegado con sus capacidades plásticas en el dibujo y la pintura? ¿ Estaría casado o separado? ¿Cómo hubiera sido alcanzar a juntarnos todos en esa mesa larga imaginada, todos antes de la prematura muerte de la Katia a los 18 años, los mismos que ya han trascurrido. O nos ponemos a reírnos con tu Vale, el Iñaki y la Katia Emma. Y seguimos caminando con la vida que llego después.

La memoria de nuestros familiares y compañeros es la salud mental de Chile. El modelo queda con exámenes pendientes que quizás más de algunos desearía que no existiesen. La memoria es de personas y de proyectos. El 11 no pasara piola, ni Allende, ni cada uno de los nuestros. No hay que confundirse queda mucho por hacer por la memoria, entre eso el registro, el ordenamiento de ese registro, la organización de Fundaciones y casas de la Memoria. Hay miles de relatos dispersos, fotos, documentos, historias de vida, trozos que se completan, etc.

Es cierto que asoma una nueva agenda, con temas insospechados desde los dogmas, pero que empujan desde el futuro. Pero, cualquiera sea esa agenda, la memoria junto a la verdad y la justicia no cederán. Siempre nos pesara, donde quiera estemos parados nos faltan hermanos, entre ellos me falta mi más hermano.

El ministro en visita Hugo Dolmetsch, otorgó ayer certeza jurídica a lo que se sabía desde 1986: que los crímenes de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit a manos de la CNI, fueron una venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet el domingo 7 de septiembre de 1986.

En una resolución más bien “ordenatoria” en la que procesó a siete nuevos ex agentes, mantuvo a otros siete que ya se encontraban encausados por la jueza Dobra Lusic desde 2000, y exculpó a tres de los ya procesados por la magistrada el ministro Dolmetsch entregó algunos detalles del operativo que hasta ahora no eran públicos.

Los tres ex agentes sobreseídos por el magistrado son Hernán Vásquez Villegas, Egon Barra Barra y Arturo Sanhueza Ros.

El juez sostuvo en su dictamen que momentos después de acontecido el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo -acto realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el cual murieron cinco escoltas-, el integrante de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino, citó al jefe de la CNI, general Humberto Gordon, a una reunión de urgencia a La Moneda.

Finalizado el encuentro, Gordon convocó al cuartel general de la CNI en calle República, al comandante de la División Antisubversiva de ese organismo, mayor Álvaro Corbalán, y al comandante de la División Política Metropolitana “encargada del control de los partidos políticos de la época”, mayor Manuel Provis Carrasco. “Estas dos divisiones representaban en ese momento de emergencia, los órganos básicos de la CNI en su aspecto operativo”, dice el juez.

En esa reunión, “el señor general, profundamente alterado, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos en el atentado, venganza que debía ser en una proporción de dos por uno en relación a las víctimas (escoltas)”, afirma el fallo.

De esta manera, Dolmetsch logró determinar que los grupos de agentes que operaron en las detenciones y ejecuciones fueron distintos, salvo en los casos de Carrasco y Muskablit donde algunos se repiten.

El escrito del juez no aclara, en todo caso, por qué CNI sólo asesinó a cuatro opositores y no a diez como fue la orden que impartió Gordon y que probablemente emanó de La Moneda. Al menos una quinta víctima debía ser el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Luis Toro, quien se salvó al reforzar puertas y ventanas de su casa para dificultar el ingreso de los agentes, y alertando a los vecinos.

El punto es relevante al incorporar al puzzle la intervención, casi en paralelo, de Investigaciones la misma madrugada en que comienzan los secuestros de la CNI. Esta policía detuvo a algunos dirigentes opositores, como el actual Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro Germán Correa, el actual diputado (PPD) Patricio Hales, y el ex subsecretario del Trabajo Eduardo Loyola.

Según el ex vocero del régimen militar Francisco Javier Cuadra, Investigaciones actuó por orden de su director, el general (R) Fernando Paredes, para evitar más muertes a manos de la CNI. No obstante, no está claro por qué la CNI, con el poder que tenía por sobre Investigaciones, no continuó con las ejecuciones para “cumplir la cuota” ordenada por general Gordon.

Tampoco se sabe con certeza si efectivamente la actuación de Investigaciones fue con el fin que sostiene Cuadra. Aunque, al menos, un hecho es cierto: que los detenidos por esa policía salvaron con vida. Lo que no resulta creíble es la afirmación de Cuadra en el sentido de que, al ocurrir un año después la Operación Albania -en la que la CNI asesinó a 12 militantes del FPMR que vinculó al atentado- el régimen “no apoyó esa operación ni le dio soporte comunicacional”. Al consultar la prensa de la época y las propias declaraciones de Cuadra, se confirma lo contrario

Felipe Rivera Gajardo

Militante Comunista

Funcionario Tesorería de la República

Detenido a las 02:00 del lunes 8 de septiembre 1986 en su domicilio de Diagonal Las Torres Nº 6678, Población Sara Gajardo de Cerro Navia.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales. (Lara y Valdovinos son nuevos procesados, el resto ya lo estaba por resolución de la jueza Dobra Lusic en el 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, frente planta Toyota, de seis balazos.

Gastón Vidaurrázaga Manríquez

Militante MIR

Profesor

Detenido a las 04:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Maestranza frente al Nº 627.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas, Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa. (Jofré, Chávez y Jorquera son nuevos procesados, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 16, de doce balazos.

José Carrasco Tapia

Militante MIR

Periodista

Detenido a las 05:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Santa Filomena Nº 111, departamento 209, comuna de Santiago.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Guillermo Fachinetti López. (Fachinetti es procesado nuevo, mientras Quiroz y Vargas ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, de catorce balazos.

Abraham Muskablit Eidelstein

Militante Comunista

Gerente de Ventas de Editorial Cono Sur

Detenido a las 02:15 del martes 9 de septiembre de 1986 en calle 27 de Septiembre Nº 0423, Población Casas Viejas, comuna de Puente Alto.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Meneses Arcauz. (Arcauz en nuevo procesado, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Camino a Lonquén a la altura del Nº 2360, de nueve balazos.

Ayer la Corte Suprema resolvió que podrán cumplir en libertad vigilada las condenas que les impuso por su participación en los crueles asesinatos del periodista y editor de la revista Análisis José Carrasco Tapia, el técnico electrónico Felipe Rivera Gajardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskatblit Eidelstein.

Todos fueron ultimados entre el 8 y el 9 de septiembre de 1986 como venganza al frustrado atentado contra el dictador Augusto Pinochet.

El máximo tribunal acogió la atenuante de media prescripción, que otorga beneficios a quienes hayan sido detenidos después de la mitad del plazo que se espera para que una acción penal quede extinta.

De esta forma, los ministros rebajaron gradualmente las penas dictadas por el tribunal de alzada. Así el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, quedó condenado a 12 años de cárcel, obteniendo un descuento de seis años.

La misma suerte corrieron los miembros de la brigada 11 de Septiembre: Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz, a quienes se les bajó de 13 a siete años la condena.

Pero, sin duda, los que recibieron la mayor prerrogativa fueron los agentes operativos del organismo represor y quienes ejecutaron a los cuatro profesionales.

Se trata de Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Kranz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, Juan Jorquera Abarzúa, Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcauz.

Los 11 agentes fueron condenados a 5 años, sin embargo, no estarán un sólo día tras las rejas, pues quedaron el libertad bajo la vigilancia de Gendarmería.

Sobre las reparaciones económicas a las familias, el fisco ya había acordado pagar $210 millones a los familiares de José Carrasco y la misma suma a los parientes de Gastón Vidaurrázaga, $270 millones a los de Abraham Muskablit y otros $90 millones a los de Felipe Rivera Gajardo.

El abogado querellante Nelson Caucoto llamó a mirar la resolución desde una perspectiva positiva, pues es un juicio en el cual se llegó a la verdad y hubo reparación.

"Nos queda pendiente el tema de la sanción penal, creemos que para crímenes horrorosos debe haber penas más sustantivas y mucho más elevadas", dijo.

Agregó que "nos estamos acostumbrando con muy poco" frente al escenario que vivieron las víctimas "en una noche en que la CNI y la policía se volvieron locas en este país".

Finalmente, dijo que esta causa quedará consagrada en la historia con una sentencia condenatoria, con una pena respetable para los jefes.

"Hay que destacar que los jefes están siendo más condenados que los subordinados, lo que me parece un criterio correcto", señaló Caucoto, quien definió este crimen como "uno de aquellos imperdonables".

Tras el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo, el director de la CNI, Humberto Gordon, ordenó a sus agentes vengar la muerte de los escoltas caídos. “Que sea en proporción de dos a uno”, les dijo. Contra el tiempo, y con la intención de infundir temor, los agentes de la CNI improvisaron un método para elegir a las víctimas: tomaron las primeras carpetas que tenían a mano en la Unidad de Análisis de la CNI, donde aparecían opositores con “antecedentes de participación en actividades terroristas” y de “mayor peligrosidad”. Aunque la CNI no logró asesinar a 10 personas, sí eliminó a cuatro: al electricista Felipe Rivera (PC), al artista Gastón Vidaurrázaga (MIR), al periodista Pepe Carrasco (MIR) y al publicista Abraham Muskatblit (PC). Éstas son sus historias.

La tensión podía cortarse con cuchillo. Humberto Gordon, director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), fue el primero en llegar a La Moneda. Allá lo esperaba el comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, segundo en la sucesión del mando de la Junta Militar. Habían pasado sólo unas horas del atentado contra Augusto Pinochet, en la cuesta Las Achupallas, camino al Cajón del Maipo, y un hecho había quedado en evidencia: los organismos de inteligencia, comandados por Gordon, no habían sido capaces de prever que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) planeaba eliminar al comandante en jefe del Ejército. Si bien el capitán general había sobrevivido, cinco de sus escoltas estaban muertos y otros 11 quedaron heridos.

Esa tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, Gordon no tenía palabras para explicar a la Junta Militar lo que había sucedido en el Cajón del Maipo. Ni siquiera estaba en Santiago su brazo derecho, el jefe la División Antisubversiva de la CNI, el mayor Álvaro Corbalán Castilla. El agente, uno de los más temidos durante la dictadura, se enteró en el balneario de Papudo, donde iba a descansar todos los fines de semana, del atentado a Pinochet, por lo que viajó a toda velocidad por la carretera para tomar el mando en el Cuartel Borgoño de la CNI.

El director de la CNI, Humberto Gordon, dio la orden de vengar el atentado a Pinochet asesinando a dos personas por cada uno de los cinco escoltas caídos en el Cajón del Maipo.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
Las horas transcurrían y el régimen debía reaccionar rápido. Mostrar cuanto antes todo su poder. No bastaba con haber decretado, apenas ocurrido el atentado, el Estado de Sitio, que restringía las libertades individuales y entregaba enormes facultades a la justicia militar. Tampoco era suficiente que el país estuviera con toque de queda. Había que hacer algo más, un golpe de fuerza, un acto ejemplificador que colmara de temor a la oposición.

Pero esa reacción no podía esperar. Tenía que ser esa misma noche.

Poco antes de las 22 horas, Gordon ya estaba instalado en el Cuartel Borgoño. Venía desde La Moneda. Ahí lo aguardaba Álvaro Corbalán, que había regresado de la playa.

Esa noche la presencia de Corbalán era clave. No sólo porque era el agente favorito de Pinochet. Como jefe de la Unidad Antisubversiva de la CNI, manejaba la mayor cantidad de información sobre militantes de la izquierda, especialmente miristas, frentistas, socialistas y comunistas. Llevaba años liderando los seguimientos y detenciones a los opositores al régimen y nadie más que él podía comandar las acciones para reaccionar frente al atentado.

Quienes estuvieron en esa reunión en la CNI, recuerdan que Gordon era el más ofuscado. Frente a él estaban el comandante de la División Política Metropolitana, Manuel Provis Carrasco, y Corbalán, analizando la emergencia mientras afuera una docena de agentes esperaban ansiosos las instrucciones. Fue entonces cuando Gordon dio la orden:

-Salgan de inmediato a vengar la muerte de nuestros caídos.

Pero el mandato fue más allá:

-Que sea en proporción de dos a uno.

Corbalán entendió rápidamente de qué se trataba el operativo: por cada escolta muerto, la CNI debía eliminar al menos al doble de opositores a Augusto Pinochet.

Raudo, se dirigió a sus agentes. Pero una pregunta rondaba en el cuartel ¿A quién matar si no sabían quiénes habían atentado contra Pinochet?

El reloj marcaba aproximadamente la una de la madrugada.

El electricista
El domingo 7 de septiembre, Alicia Lira se enteró por la televisión del atentado. Estaba junto a su marido Felipe Rivera. Militante comunista desde su juventud y hermana de un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) -Diego Lira- que había sido detenido hacía unos meses tras participar en la internación de armas de Carrizal Bajo, Alicia solo quería salir a celebrar.

-Negro, salgamos a la calle- le dijo a su marido.
-No. Nunca hay que alegrarse antes de tiempo, porque la bestia herida patalea mucho más que cuando está muerta. Uno nunca sabe las consecuencias que puede traer esto- le respondió Rivera.

Felipe Rivera era mucho más cauto que su mujer. Era un comunista con formación y disciplina, que sabía que cualquier acto alocado les podía costar la vida. Era buscado desde septiembre de 1973, primero por la DINA y luego por la CNI, por lo que siempre estaba alerta ante cualquier señal que pudiera ponerlos en riesgo.

Los fines de semana eran los únicos días en que Alicia y Felipe podían estar juntos. Eran una pareja sin hijos, que cada mañana salía a trabajar de madrugada desde su casa, en la población Sara Gajardo de Cerro Navia, hacia el centro de Santiago. Felipe, de profesión electricista, era encargado de mantenimiento en la Tesorería General de la República, en el corazón de barrio cívico, por ese entonces ocupado por autoridades militares y donde decir que se era opositor a Pinochet le podía costar mucho más que el trabajo, la vida. Ella solía emplearse como asesora del hogar en casas de sector oriente de Santiago.

Alicia y Felipe se conocieron en 1967, a los 20 años, en las Juventudes Comunistas (JJCC). En el partido, Felipe era conocido por la chapa de Mao. Durante mucho tiempo, Alicia no supo cuál era su verdadero nombre. Solo se enteró de su identidad real el día en que se casaron en el Registro Civil. Eran otros tiempos.

-Le pusieron Mao por sus características. Era reservado, alto, moreno, de pelo crespo. Tenía facciones de tipo nortino- recuerda Alicia.

Al comienzo pololearon a escondidas, pues no podían mezclar el trabajo político con la vida personal. Cuando se casaron vivieron en La Victoria junto a la familia de Felipe, que fue una de las fundadoras de la toma que dio origen a esa emblemática población. Para 1973 ya tenían una mediagua en la Villa Lenin, cerca del paradero 18 de Santa Rosa. Pero tras el golpe tuvieron que arrancar, alertados por los vecinos, luego de que un grupo de militares llegara a buscar a un tal Mao.

-Recuerdo que en menos de media hora los vecinos nos ayudaron a desarmar la mediagua, echarla a un camión e irnos a Cerro Navia.

Felipe Rivera realizaba labores clandestinas como militante del PC, pero trabajaba en la Tesorería General de la República por lo que no parecía estar en peligro.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
Tal como Alicia, Felipe Rivera venía de una familia de esfuerzo, de escasos recursos. Dejó el colegio en la educación básica para ponerse a trabajar y ayudar a sus padres y ponerse a trabajar. Era el mayor de tres hermanos. Y pese a que ganó una beca para terminar su enseñanza media, no lo hizo por razones económicas. Solo pudo estudiar para técnico eléctrico muchos años después.

Durante la Unidad Popular (UP), Felipe Rivera llegó a tener un alto cargo en el PC. Era el encargado de las Autodefensas de las Juventudes Comunistas a nivel nacional.

-Ser parte de las Autodefensas significaba estar físicamente preparados para cuidar a nuestros dirigentes y también los locales del partido. Era un rol político- cuenta Alicia, quien también era parte del mismo grupo.

En ese entonces, los partidarios de la UP ya vivían con el fantasma de que podría venir un golpe de Estado. En ese contexto, los grupos de Autodefensa tenían un rol clave: se preparaban haciendo gimnasia, realizando simulacros en caso de atentado y ensayaban puntos de encuentro en la calle para ver cómo reaccionaban en caso de que tuvieran que pasar a la clandestinidad. Eran prácticas inspiradas en el proceso de la revolución soviética.

-A la distancia, para todo el terror que se nos vino después, parece muy infantil lo que hacíamos- dice Lira.

Aunque Rivera no estaba en la lista de los dirigentes públicos del partido, era muy conocido como miembro del Comité Central. Fue parte de una generación muy importante en el PC, de la que formaban parte José Weibel, detenido desaparecido en 1976 y Gladys Marín, entonces secretaria general de la JJ.CC.

Tras el Golpe, fue buscado como muchos militantes del PC. Estaba en la mira: no solo era el encargado de las Autodefensas, lo que suponía una alta preparación física y táctica, también había estado en la Unión Soviética. La primera vez fue en 1971, enviado junto a un grupo de empleados de la Municipalidad de San Miguel, donde trabajaba como recolector de basura. La segunda fue en una delegación de las Juventudes Comunistas.

-En ese tiempo, que un comunista, un socialista o un mirista hubiese viajado a Cuba o a la Unión Soviética, era fatal. Por eso, a él lo buscaron apenas ocurrió el Golpe. Eso, sumado a que había sido miembro de las Autodefensas, hacía que lo consideraran una persona peligrosa- explica Alicia.

La CNI conocía la chapa de Mao desde hacía mucho tiempo. De hecho, varios comunistas que fueron detenidos eran interrogados para saber quién era Mao.

-Lo curioso es que nunca le supieron su nombre, siempre preguntaban por Mao. Pero sabían que se había casado con una hermana de Diego Lira.

Las cosas se complicaron aún más cuando Diego Lira fue detenido por la internación de armas en Carrizal Bajo en 1986, poco antes del atentado a Pinochet.

Durante la dictadura, Felipe Rivera, pese a que era constantemente buscado por la CNI, mantuvo su trabajo como auxiliar en la Tesorería General de la República: hacía arreglos eléctricos y mantenimiento del edificio en general. En paralelo, él y su mujer tenían tareas de tipo político, por lo que pasaban poco tiempo en su casa por razones de seguridad.

Alicia aún es cauta al hablar de sus actividades en la época. Por lo demás, no olvida que su marido se caracterizaba justamente por eso: ser reservado. La misma actitud que guardó ese domingo 7 de septiembre, cuando no quiso celebrar al atentado y salir a la calle.

Es más. Esa noche, Alicia y Felipe se acostaron más tarde que lo habitual, aproximadamente a la una de la madrugada, comentando los hechos del Cajón del Maipo y analizando las consecuencias que podría traer.
-Esa noche cometimos un gran error: no habernos ido de la casa. No lo pensamos. Recuerdo que el Negro estaba muy tranquilo. Era muy moderado y evaluaba muy bien las cosas. Él me calmaba.

Hasta que a las dos de la madrugada, un grito desde afuera de su casa, los despertó.

-Buscamos a Mao. Somos compañeros del Frente.

Era una voz que nunca antes había escuchado.

El artista
A diferencia de muchos miristas, Gastón Vidaurrázaga vivió varios años de la dictadura con un relajo que a muchos llamaba la atención, en especial a su hermano Ignacio, también miembro del MIR y quien vivía clandestino en Santiago: se cuidaba todos los días para no ser detenido por la CNI.

Pero algo había en la personalidad de Gastón que lo hacía distinto al resto de los militantes del MIR. Andaba por la calle con un bolso de tevinil al hombro lleno de papeles, cartones, telas y pinceles. Era corpulento y descuidado. Tenía una apariencia que no pasaba desapercibida, la de un personaje muy poco común para ser alguien que, como miles de opositores al régimen, podía ser apresado en cualquier momento.
-Cuídate Guatón, por favor- le decía cada tanto su hermano Ignacio cuando se lo topaba en la calle durante los años más duros de la dictadura.

-Eres un exagerado- respondía Gastón, despreocupadamente.

Ignacio y Gastón Vidaurrázaga era los hijos menores del arquitecto y ex funcionario civil de la Fach Alberto Vidaurrázaga Concha y de la jueza María Yolanda Manríquez. Su padre murió en 1968, cuando ambos eran niños. Su madre, que había terminado Derecho un año antes, entró al Poder Judicial en 1970. Debía mantener a su familia: tenía cinco hijos.

Ambos hermanos estudiaban en el Liceo de Aplicación. Y de a poco comenzaron a cambiar los posters de Batman y Superman de su dormitorio por imágenes del Ché Guevara. Ignacio traía las ideas a la casa y se las comentaba con Gastón. Iba a leer literatura marxista a la biblioteca del Instituto Chileno de Cultura Cubana. También empezaron a ir a las manifestaciones que los escolares de la época organizaban en el Parque Forestal.

-Una vez mi mamá nos encontró en medio de una marcha y nos llevó de vuelta a la casa- cuenta Ignacio sonriendo.

María Yolanda Manríquez no era una mujer que los restringiera. Al contrario, los había educado en libertad. De hecho, años después, en plena dictadura, sería una de las pocas juezas que entró a varios centros de detención de la DINA: fue de visita a Tres Álamos a ver a su nuera y a la Cárcel de La Serena para ver a uno de sus hijos mayores, preso cuando los militares le encontraron un su casa una edición de Rebelde, el periódico del MIR que le había prestado Ignacio. Pero aún así, en ese entonces, consideraba que sus hijos, a los 12 y 13 años, aún eran muy niños como para andar marchando por las calles.

En 1970, Yolanda Manríquez fue nombrada jueza de Calama. Se fue al norte con sus dos hijos menores, Ignacio y Gastón. Allá estudiaron en un colegio que les marcó la vida: el Obispo Silva Lezaeta, porque había alumnos de todo tipo de familias: hijos de obreros, de empresarios, de mineros, de dirigentes sindicales. Los profesores, además, era marcadamente de izquierda.

En el colegio, mientras Ignacio se transformaba poco a poco en líder –primero fue presidente de su curso y luego encabezó el centro de alumnos–, Gastón era cada vez más rebelde: sólo le interesaba dibujar.
-Recuerdo que los 12 años mi hermano decidió que no se iba a bañar más, porque pensaba que todo le quitaba tiempo para dibujar. Incluso, en una ocasión, un profesor lo mandó a lavarse las manos delante de todo el curso- cuenta Ignacio.

A Gastón esas llamadas de atención no le avergonzaban. Su hermano, en cambio, en un afán de protección trataba de que se peinara y se bañara, como un pequeño padre pese a que se diferenciaban apenas por un año.

Eso ocurrió hasta que se separaron a fines de 1971, cuando Gastón decidió a los 14 años que lo suyo, definitivamente, era el arte: se matriculó en la Escuela Experimental Artística de La Reina y regresó a Santiago a vivir con una hermana mayor. Un año después Ignacio hizo lo mismo y volvió a estudiar al Liceo de Aplicación: quería estar en política.

Cuando se reencontraron, aunque Gastón seguía pintando, algo había cambiado en él.

-El Guatón había ingresado al MIR. Se invirtieron los papeles, y es él quien comenzó a hablarme de política y de Miguel Enríquez.

Para el Golpe de Estado, Ignacio y Gastón eran activos militantes del MIR, por lo que tuvieron que esconderse rápidamente: uno de los primeros blancos a derribar para los militares fueron los miristas. Tuvieron que cortarse el pelo y afeitarse los bigotes. Su madre les compró ropa e hizo que se vistieran formalmente, de pantalón y chaqueta, para que no llamaran la atención. Gastón soportó muy poco el nuevo atuendo y lo transformó rápidamente en una casaca que parecía la de cura.

Con el tiempo, Ignacio fue radicalizando su lucha, pasó a la clandestinidad e integró la Resistencia del MIR. Se casó muy joven, y tuvo que salir al exilio a Bélgica con su esposa. Era intensamente buscado por los organismos de seguridad y estaba herido: manipulando un arma se disparó en un pie.

En Bélgica, la pareja tuvo dos hijas. En 1979 Ignacio viajó a Cuba a recibir preparación militar y en julio de 1980 volvió a Chile como parte de la Operación Retorno, que implicó la reinserción de cientos de militantes del MIR que estaban clandestinos y que regresaron al país a distintas zonas a realizar tareas propias de la subversión.

Años más tarde, en 1984, Ignacio sería detenido por la CNI en la Vega Monumental de Concepción en la víspera de la Operación Alfa Carbón 1: un falso enfrentamiento montado por los agentes de seguridad en que fueron asesinados siete miristas. Fue torturado y estuvo preso hasta 1990 en la cárcel El Manzano de Concepción.

En Santiago, los primeros años de Gastón en la clandestinidad fueron a su modo. Prácticamente no se cuidaba. Primero vivió junto a su madre en la casa familiar de Ñuñoa. Trabajaba como profesor de arte en un colegio y, en paralelo, formaba parte de la Resistencia. Usaba las chapas de Paulo y de Augusto. La última, una ironía a quien gobernaba en el país. Pero por sus características, incluso en el MIR, solían llamarlo Guatón.

Pese a su relajo aparente, Gastón es considerado uno de los miristas que más tiempo vivió en la clandestinidad: 13 años. Llegó a ser uno de los jefes de las escuelas del MIR. Era parte del Frente de Masas, un grupo que, a diferencia de dirigentes como el periodista José Carrasco Tapia, no aparecía públicamente.

Gastón comenzó a trabajar en una población en Pudahuel, una comuna donde los miristas eran muy fuertes. Allí se hizo cargo de entregar orientación y formación política a los dirigentes sociales de la comuna. Era conocido como “el profesor”: daba clases junto a su pizarra portátil, cuyo contenido borraba apenas terminaba la instrucción.

De esa época lo recuerda Juan Andrés Arenas.

-El Guatón tenía un trabajo muy importante. Hacía excelentes clases. Era tipo muy especial, que generaba confianza.

Para 1986, el MIR empezaba a vivir una crisis interna: se debatía entre seguir en la lucha armada o convertirse en una fuerza política. Gastón Vidaurrázaga estaba consciente de la situación. Fue así como citó a Arenas para conversar a un punto de encuentro en una población en Renca. Arenas llegó al lugar chequeando de no ser seguido, una práctica que tenían todos los militantes del partido por razones de seguridad: solían cambiar de apariencia, algunos, incluso, podían parecer altos ejecutivos y estaban siempre atentos para que nadie los siguiera. Lo mismo, entonces, esperaba de su compañero mirista. Pero se encontró con una sorpresa, muy propia de la personalidad de Vidaurrázaga:

-De pronto, veo llegar al Guatón en short y polera, manejando una bicicleta CIC y con una normalidad increíble para alguien que estaba clandestino. Me saludó a lo lejos: ‘¡Hola pos huevón!’ Nadie de nosotros habría hecho algo así- recuerda sonriendo.

Gastón Vidaurrázaga tenía 29 años en 1986 y había encontrado una pareja, también del MIR de Pudahuel: Marisol Aros. Tuvieron una hija, Valentina, entonces de tres años. La familia vivía en una vieja casa en la calle Fidel Angulo 1109, en San Bernardo.

Allí se encontraban el domingo 7 de septiembre, después de haber celebrado el cumpleaños de Valentina. Estaban cansados y, pese a que se habían enterado del atentado a Pinochet, decidieron quedarse en su casa a dormir. Hasta que despertaron con el ruido de un auto que se detuvo frente de su casa.

-¡Abran la puerta!- gritaron del otro lado con violencia mientras un grupo de hombres derribaba la puerta.

Gastón se levantó en calzoncillos y vistiendo una camiseta. Saltó una reja a la casa vecina para proteger a Marisol y Valentina. Las dejó allí, intentando ocultarlas, y huyó por la calle contigua. Pero los agentes también estaban del otro lado.

Los vecinos vieron cómo se lo llevaron dentro de un auto mientras otros avisaron a Carabineros de la presencia de su mujer y su hija.

Eran cerca de las 4 de la madrugada del domingo 8 de septiembre.

El periodista
Cuando el periodista José Carrasco Tapia, Pepone, vio su nombre en los diarios, se dio cuenta de que su vida, nuevamente, corría peligro. Estaba sentado en su escritorio de la revista Análisis, una de las publicaciones que junto a Cauce, Hoy y Apsi, conformaban la prensa opositora a la dictadura.

Era la mañana de 24 de agosto de 1984. Junto a la desazón que Carrasco sintió al enterarse por los diarios de que nueve militantes del MIR, a quienes conocía, habían muerto en un supuesto enfrentamiento con los agentes de Pinochet en Valdivia, Concepción, Los Ángeles y Santiago, se impactó también al leer un informe de la Intendencia del Biobío en el que se le responsabilizaba, junto a Andrés Pascal Allende y Nelson Gutiérrez, dos de los fundadores del partido, de haber planeado desde Cuba la insurrección contra el régimen.

La escena la registraron Patricia Collyer y María José Luque en el libro José Carrasco Tapia, asesinato de un periodista: “Pepone entendió claramente el mensaje: se lo presentaba al país como uno de los hombres peligrosos del MIR y con ello se preparaba el terreno para justificar una futura represión. El régimen lo estaba notificando”.

Pepe Carrasco era miembro del Comité Central del MIR y tras el golpe de Estado fue detenido y torturado. Había regresado a comienzos de 1984 a Chile después de estar exiliado en Venezuela y México, desde donde refundó la revista Punto Final, fue encargado del MIR y trabajó en el diario Uno Más Uno. Añoraba volver a Chile a ejercer como periodista y, a la vez, establecerse junto a su familia. Regresó solo después de que su nombre ya no aparecía, como le ocurrió a cientos de opositores a Pinochet, en el listado de chilenos que tenían prohibición de entrar al país.

En 1986, Carrasco vivía en un departamento en calle Santa Filomena 111, en el barrio Bellavista, junto a su mujer Silva Vera y a sus hijos Iván (16), Luciano (14) y Alfredo (12). A esas alturas, ya era un personaje público. A su trabajo en Análisis y en el MIR, se sumaba el hecho de que era dirigente del Colegio de Periodistas y consejero del Movimiento Democrático Popular (MDP).

Pero en agosto de 1986, un hecho lo volvió a poner en alerta, cuando comenzaron a circular varios panfletos que simulaban pugnas internas dentro del MIR y anunciaban, falsamente, que Carrasco podría ser ajusticiado por sus propios compañeros.

Por seguridad, Carrasco tuvo que viajar a Buenos Aires el 19 de agosto de 1986 y, pese a todas las recomendaciones de sus amigos y su familia, regresó a Chile apenas dos semanas después.

En agosto de 1986, José Carrasco Tapia dejó el país consciente de que su vida corría peligro. Regresó el 5 de septiembre y dos días después fue asesinado. 

Carrasco volvió el 5 de septiembre a Santiago. Llegó directo a trabajar para sacar adelante la edición de Análisis, que se despachaba el domingo 7. Pero cuando se enteró del atentado a Pinochet, llamó a Juan Pablo Cárdenas, el director, para intentar parar la imprenta y poner la noticia en la portada.

Por la noche, un amigo y vecino de su edificio, Hernán Cardemil, quien vivía un piso más arriba, le advirtió que por seguridad, era mejor que él y su familia salieran del departamento. Pero Carrasco prefirió quedarse y dormir allí.

Eso, hasta que a las 4.50 de la madrugada, un golpe a la puerta los despertó.

-¡Policía!

Dos civiles armados irrumpieron en el departamento.

Carrasco apenas pudo vestirse. Tenía puestos un pantalón y una camiseta. Cuando quiso calzarse los zapatos, uno de sus captores lo interrumpió:

-No los vas a necesitar.

El publicista
El médico fue tajante: la única manera de que su hijo se mejorara del asma, era vivir en un clima donde el aire fuera seco.

-Les recomiendo el Cajón del Maipo- dijo el doctor mirando fijamente a los padres.

El publicista Abraham Muskatblit Eidelstein y su esposa María Elena Alvarado, secretaria de Máximo Pacheco Matte en la empresa Leasing Andino -hoy ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet- decidieron dejar su departamento en Santiago y buscar un nuevo lugar para vivir. Se demoraron seis meses en encontrar una casa en un sector con esas características, hasta que hallaron una en Casas Viejas, un pueblo de la comuna de Puente Alto, camino a Las Vizcachas, y en las cercanías del Cajón del Maipo.

A la casa llegaron en 1982 junto a sus hijos Igor y Pavel. Los matricularon en el colegio Domingo Matte Mesías y de ahí en adelante la familia tuvo una vida totalmente distinta a la que había llevado los 10 años anteriores, cuando Abraham Muskatblit vivía en la clandestinidad, condición a la que “pasó” tras golpe de Estado de 1973.

Militante primero en las Juventudes Comunistas (JJCC) y luego en el Partido Comunista, Muskatblit había llegado a Chile desde Israel junto a su mamá. Era hijo único. Para el 11 de septiembre de 1973, era miembro del Comité Central del PC. Su jefe era Mario Zamorano, detenido desaparecido en 1976 por la DINA en el operativo de Calle Conferencia. Fue en el mismo episodio donde cayeron Jorge Muñoz, el marido de Gladys Marín; Uldarico Donaire, Jaime Avendaño, Elisa Escobar, Lenin Díaz, Eliana Espinoza y Víctor Díaz.

Por ello, tras el golpe militar, por seguridad Muskatblit –quien fue encargado de propaganda en el PC– debió dejar a su familia y pasar a la clandestinidad. En ese período, que duró desde 1973 a 1982, su esposa lo vio apenas una vez al año.

El publicista sabía que su vida, así como la de cientos de muchos comunistas, estaba en riesgo: temía que su nombre fuera uno de los mencionados a los servicios de seguridad por Miguel Estay Reino, “El Fanta”, un ex compañero suyo en el PC que se había vuelto delator y colaborador de los agentes de la dictadura.

Hasta antes del golpe, Abraham Muskatblit combinaba sus tareas en el partido junto a su trabajo como publicista. Se había casado en 1971 con María Elena. Se conocieron en Teatinos 416, donde estaba la sede del Comité Central del PC.

Durante la UP, Muskatblit trabajaba como representante legal de Puro Chile, un diario allendista que circuló entre abril de 1970 y septiembre 1973, de titulares sarcásticos y que ironizaba con la actualidad. “Pero tras el golpe, se dedicó a la política”, recuerda su esposa.

Las cosas cambiaron cuando llegaron a Casas Viejas. De ahí adelante, Muskalblit salió de la clandestinidad y decidió, junto a su familia, tener una vida absolutamente normal, pública, en la que no tuviera que esconderse. En ese período trabajó en la revista científica Creces, haciendo la Guía Exco de publicidad y, a partir de 1985, se dedicó a editar las revistas de asociaciones gremiales y de los colegios profesionales, como el de Profesores, Arquitectos y Contadores Auditores.

De la época de Casas Viejas, María Elena tiene muy buenos recuerdos: “Salíamos, íbamos a ver a los amigos, llevábamos una vida normal”.

En 1986, Muskalblit era gerente de ventas de la Editorial Cono Sur. Muchas veces trabajaba desde la casa e iba a dejar y a buscar a los niños al colegio. Su nombre aparecía en las publicaciones en las que participaba. Incluso, era parte del centro de apoderados del colegio de Igor y Pavel.

Pese a que en los años 80 seguía siendo igualmente peligroso ser comunista, dentro de todo, la familia Muskatblit pensaba que ya había pasado el peligro.

El domingo 7 de septiembre de 1986, mientras regaban el jardín, la pareja se enteró del atentado contra Pinochet ocurrido en el Cajón del Maipo, a mil metros de Casas Viejas. Rápidamente encendieron el televisor para ver la noticia de último minuto.

María Elena recuerda que un amigo le advirtió a Abraham que, por seguridad, era mejor que él y su familia se fueran al menos una noche de la casa, pero el publicista no quiso. Pensó que no había nada que temer.

De hecho, la madrugada del 8 de septiembre, Muskatblit durmió junto a María Elena y sus hijos en su casa. A la mañana siguiente dejó a los niños en el colegio y luego fue a trabajar, tal cual lo hizo su esposa, quien se dirigió a su oficina en Leasing Andino.

El martes 9, Muskatblit continuaría con su rutina. Pero a las 2.15 de la madrugada, la familia fue despertada con golpes a su puerta y ventanas.

-¡Abran! ¡La policía!

De pronto, tres hombres armados entraron violentamente a su casa y lo pusieron a él, su esposa y sus dos hijos, contra la pared.

-¡Déjenlos! ¡Son niños!- alcanzó a gritar Muskatblit antes de que lo sacaran de su casa.

“El comando”
Entre el lunes 8 y el miércoles 10 de septiembre de 1986, cuatro mujeres que no se conocían entre sí comenzaron a enterarse, con apenas unas pocas horas de diferencia, que habían quedado viudas.

Habían vivido las mismas horas de angustia y desesperación cuando vieron llevarse a sus esposos de su casa en la madrugada, en manos de hombres armados, muchos de ellos con pasamontañas, que no se identificaban y que partían en comitivas de a dos a tres automóviles.

Los cadáveres de sus maridos fueron apareciendo poco a poco en distintos puntos de Santiago.
José Carrasco Tapia fue encontrado muerto en las cercanías del Parque del Recuerdo. Tenía 14 balas. De ellas, doce estaban en su cráneo.

Felipe Rivera fue encontrado muerto en un sitio eriazo ubicado en la Ruta 70 camino a Maipú. Tenía seis impactos de bala.

Gastón Vidaurrázaga fue encontrado muerto en un terreno en la Ruta Cinco Sur, en San Bernardo. Tenía 16 impactos de bala.

Abraham Muskatblit fue encontrado muerto en un canal de regadío, camino a Lonquén. Tenía siete impactos de bala.

Los crímenes, en especial el de Carrasco, tuvieron repercusión internacional. Mientras, el régimen militar, a través del entonces ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, lanzaba la versión oficial de que las muertes habían sido producto de “pugnas internas” entre sectores marxistas tras el frustrado atentado a Pinochet.

Sin embargo, no sólo las familias de las víctimas, sino también los abogados de derechos humanos y la oposición, tenían la certeza de que se trataba de una venganza a raíz de la emboscada contra la comitiva presidencial. Eran varios los elementos que los hacían sospechar: los asesinos se habían movilizado con tranquilidad por la ciudad pese a que había toque de queda; las cuatro víctimas habían muerto de manera similar y sus cuerpos encontrados en terrenos abandonados; ninguna de ellas había participado en el atentado.

Pero había más antecedentes. La madrugada del 8 de septiembre, un grupo armado llegó hasta la casa de María Antonieta Sáa, entonces líder de la organización “Mujeres por la Vida” en la Asamblea de la Civilidad. La dirigenta se salvó porque esa noche no durmió allí. El dirigente de la Fech, el comunista Gonzalo Rovira, también fue buscado por un comando: no estaba en su casa.

Además, la misma noche en que fueron sacados de sus casas, otros chilenos habían sido detenidos en aparente represalia por el atentando a Pinochet: Ricardo Lagos, entonces presidente de la Coordinara Democrática y quien 14 años más tarde sería Presidente de la República; el socialista Germán Correa, futuro ministro de Patricio Aylwin y Rafael Marotto, vocero de MIR y amigo de Pepe Carrasco, entre otros. Estuvieron más de 20 días en la cárcel. Con los años, sin embargo, quedó claro que estas detenciones -a cargo de Investigaciones- tuvieron el propósito de proteger a los detenidos de los agentes de la CNI, pues era evidente que estos vengarían el atentado contra Pinochet.

Cuatro días después, el 12 de septiembre, aproximadamente a las 21.30 y mientras el régimen insistía en su tesis del ajusticiamiento entre izquierdistas, las agencias de noticias EFE y France Presse, recibieron un extraño llamado telefónico en el que un tal Comando 11 de Septiembre se adjudicaba los asesinatos. “Cinco fueron las muertes en el atentado al Presidente Augusto Pinochet y muy pronto habrá un quinto muerto, uno por cada escolta asesinado”, decía el mensaje.

Cuando el periodista de France Presse intentó hacer unas preguntas, se dio cuenta que esa voz, que catalogó como la de un hombre de “carácter fuerte”, no era más que una grabación: hablaba de corrido y no se podía interrumpir.

Al día siguiente, el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, vio por la ventana de su casa a cuatro hombres saltar la reja de su antejardín. Poco antes, había sido alertado por un llamado anónimo que él sería el próximo. Alcanzó a avisar a Carabineros, que con su llegada obligó a huir al comando asesino.

Ocho días más tarde, el 20 de septiembre, en una pandereta entre las calles Carmen y Curicó, en el centro de Santiago, apareció con un rayado firmado por el Comando Once de septiembre. A todas luces, alguien quería desviar la atención de los verdaderos responsables justo el día en que la Corte de Apelaciones nombraba a Aquiles Rojas como ministro en visita para investigar la muerte de Gastón Vidaurrázaga por ser hijo de una jueza.

Los jueces
Por esos días, en medio del dolor, las familias de las demás víctimas ya eran representadas por abogados que interpusieron querellas en los tribunales, entre ellos Carmen Hertz, Jaime Hales, Jorge Mario Saavedra, Luis Eduardo Thayer por el Colegio de Periodistas y Nelson Caucoto.

En 1991, el magistrado Aquiles Rojas estuvo a punto de lograr un primer gran avance, cuando pondría en rueda de reconocimiento al agente de la CNI Jorge Vargas Bories. Uno de los testigos sería Iván Carrasco, uno de los hijos del editor de revista Análisis, quien estuvo presente cuando a su padre lo sacaron del departamento de calle Santa Filomena. Sin embargo, en una nueva “maniobra de inteligencia”, como la califica el abogado Caucoto, la fotografía fue filtrada y publicada en la prensa antes de que se produjera la ronda de reconocimiento.

Con ello, la defensa de Vargas logró anular su procesamiento ante la Corte Suprema, dejarlo en libertad y fuera del caso por un buen tiempo, argumentando que la diligencia no era válida pues el reconocimiento de su cliente se había producido de manera irregular y cuando su rostro ya era público. Tras el episodio, el juez Rojas dictó prohibición de informar sobre el caso durante cinco años, un período en que la causa estuvo prácticamente paralizada.

En total, en 20 años, cinco jueces estuvieron a cargo del proceso: Rojas, el suplente Juan Manuel Escandón, Dobra Lusic, Hugo Dolmestch y Haroldo Brito.

Fue Dobra Lusic quien en 1999 dictó los primeros procesamientos en contra de agentes de la CNI. En 2005, el caso pasó a manos del ministro Hugo Dolmestch, quien también investigaba la Operación Albania (la muerte en 1987 de 12 miembros del FPMR en manos de la CNI) y encontró similitudes en ambas causas: varios homicidas se repetían en los operativos.

Dolmestch fue quien consiguió las confesiones de los agentes, incluido Corbalán. Lo hizo con táctica y empatía, dice un abogado. La mayoría de ellos habló frente a las fuertes pruebas que había en su contra y porque creían que al colaborar podrían bajar sus penas. No había mayor espíritu que ése.

Pero también había otros dos factores que preocupaban a los ex miembros de la CNI y que gatillaron una oleada de confesiones. Uno fue la detención de Pinochet en Londres en 1998, que significó una apertura de parte de los tribunales chilenos para indagar en casos de violaciones a los derechos humanos después de 30 años en que el Poder Judicial tuvo un rol pasivo. El otro, la sentencia a cadena perpetua contra Álvaro Corbalán y Carlos Herrera Jiménez por el asesinato del carpintero Juan Alegría, que llenó de temor a los militares y evidenció que sí podían ser condenados a penas altas.

En síntesis, los agentes sabían que ya no eran intocables.

Cuando Dolmestch fue ascendido a la Corte Suprema, el caso pasó a manos del ministro Haroldo Brito, quien terminó por esclarecer los crímenes y dictó sentencia el 29 de diciembre de 2006. En el fallo estableció que la CNI actuó con “alevosía y premeditación conocida” y que su accionar “revela un mayor injusto por tratarse de personas desvalidas, impedidas de repeler cualquier agresión porque los homicidas actuaron armados y en horas de la noche, constituidos en un grupo capacitado para estas acciones (…) al extremo que las víctimas fueron retiradas violentamente desde sus hogares para ser trasladadas a lugares solitarios donde inmediatamente fueron baleadas numerosas veces luego de habérseles tendido en el suelo o afirmado para propinarles la descarga mortal”.

Brito también calificó el operativo de los agentes como “atroz, cruel y deshumanizado”.

La mayor pena la recibió el mayor Álvaro Corbalán: fue sentenciado a 18 años de cárcel por las muertes de Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázga, José Carrasco y Abraham Muskatblit.

Por la muerte de Felipe Rivera, fueron condenados los agentes Pedro Guzmán y Gonzalo Maas a ocho años de presidio mientras que Víctor Lara y René Valdovinos a cinco años.

Por la muerte de Gastón Vidaurrázaga, fueron condenados a ocho años los agentes Kranz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera, mientras que Víctor Muñoz, Eduardo Chávez y José Ramón Meneses, a cinco años.

Por la muerte de José Carrasco, fueron condenados a 13 años de presidio, Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz, mientras que Carlos Fachinetti a cinco años.

Por la muerte de Abraham Muskatblit, fueron condenados a 13 años Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz mientras que José Ramón Meneses a cinco años.

La justicia también condenó al Fisco al pago de $ 250 millones de pesos de indemnización a los siete familiares directos las víctimas y $75 millones para cinco de sus hermanos, debido a que los homicidas eran agentes del Estado.

En agosto de 2009, la Corte Suprema rebajó las condenas dictadas por Brito al aplicar la “media prescripción” a los agentes por haber sido detenidos después de la mitad del plazo en que cometieron el delito.

De los asesinos, sólo tres están detenidos en Punta Peuco: Corbalán, Vargas Bories y Quiroz.

Nunca se pudo establecer por qué la CNI eliminó sólo a cuatro de los 10 opositores que figuraban en la orden entregada por Gordon a Corbalán.

Corbalán fue condenado por los asesinatos de Rivera, Vidaurrázaga, Carrasco y Muskatblit.

Respecto de por qué la CNI asesinó a Rivera, Vidaurrázaga, Carrasco y Muskatblit, la justicia estableció que fue por venganza al atentado a Pinochet, pese a que ninguno de ellos participó en los hechos del Cajón del Maipo. Su verdad es casi tan escalofriante como sus asesinatos. Sus nombres salieron de manera improvisada: eran parte de las primeras carpetas que la noche del 7 de septiembre tenía a mano la Unidad de Análisis de la CNI y en la que figuraban opositores que consideraban con “antecedentes de participación en actividades terroristas” y de “mayor peligrosidad”.

Como esas carpetas, la CNI de esas tenía cientos.

“Este caso revela la situación de peligro en que vivieron mucho chilenos gratuitamente. Porque si uno se adentra en el proceso, se da cuenta que esto no fue coordinado ni preparado exhaustivamente, sino que ocurrió tras al atentando a Pinochet y alguien llegó y dio la orden para buscar a quienes tenían ‘trabajados’ hasta ese momento. Ni siquiera había alguna vinculación entre las víctimas”, dice Nelson Caucoto.

Humberto Gordon murió de un infarto el 15 de junio del año 2000, un mes después de haber sido procesado por la jueza Dobra Lusic por el crimen de Rivera, Vidaurrázaga, Carrasco y Muskatblit. Augusto Pinochet fue a su velatorio en la Vicaría General Castrense: fue su primera aparición pública en Chile tras el regreso de su detención en Londres.

El 9 de julio de 2003, Jorge Vargas Bories apareció en Televisión Nacional deseando suerte a su hija Mariana en su participación el reality “Tocando las estrellas”.

El 27 de abril de 2012, Kranz Bauer, jefe de la Unidad Antiterrorista de la CNI, murió de un edema pulmonar.

El 11 de noviembre de 2011, Luciano Carrasco, hijo de José Carrasco, se suicidó lanzándose a la línea del tren en el kilómetro 19 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Nunca superó la muerte de su padre.

por Ana María Sanhueza

El profesor egresado de la ex UTE y artista plástico, era padre, esposo, hijo y hermano y militante del MIR.

La madrugada del 8 de septiembre de 1986, siete horas después de la emboscada contra el dictador Augusto Pinochet, media docena de hombres fuertemente armados irrumpen en la casa de Gastón. Lo sacan a empujones de su hogar, siendo la última vez que sus familiares lo ven con vida.

Su familia luego se enteró que Gastón, que tenía 30 años, fue acribillado, con 16 impactos de balas, junto a un poste de luz en el kilómetro 16 de la ruta 5 Sur. Las noches del 7 y 8 de septiembre, y en diferentes lugares de Santiago, aparecían los cadáveres del gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskabliet, del técnico electrónico Felipe Rivera y el periodista y editor de la revista Análisis, José Carrasco.

Los culpables fueron condenados, pero la justicia les redujo la pena a algunos y estableció que los 11 agentes de los brutales asesinatos cumplieran la pena en libertad vigilada, por lo que no pasaron un solo día en las rejas. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que sometió a juicio al Estado de Chile por aplicar "media prescripción" a autores de crímenes de lesa humanidad perpetrados en dictadura y condenados entre 2007 y 2010.

Durante la dictadura cívico-militar fueron ejecutados y desaparecidos al menos un centenar de personas ligadas a la cultura, las artes y el patrimonio.

El 11 de septiembre se inició la etapa más dolorosa que hayamos vivido, provocada por agentes del Estado y civiles cómplices. Hoy conmemoramos 48 años de esa tragedia que aun enluta a Chile entero.

Más de tres mil personas, hombres mujeres, niños, niñas y jóvenes como estudiantes de educación básica, de secundaria y universitaria; mujeres embarazadas, personas mayores, no vidente, minusválidos fueron directamente afectadas y cientos de miles, pasaron a la categoría de familiares y víctimas de la dictadura. Quienes sobreviven luchan incansablemente por justicia, reparación y no repetición de actos genocidas por parte del Estado.

Hombres y mujeres que cuyo aporte a la sociedad era desde su lucha social, de militante y también desde sus oficios y ocupaciones como zapateros, obreros, empleados textiles, médicos, linotipistas, modistas, secretarias, dirigentes sindicales, vecinales, funcionarios municipales empleados públicos, empleados de ferrocarriles, suplementeros, carpinteros; obreros campesinos, mineros, forestales, de la construcción; ingenieros. También aquellos que estaban de paso, en una misión, estudiando o habían formado una familia en Chile provenientes de Vietnam, Francia, España, Bolivia, Argentina, Uruguay, Inglaterra, Ecuador, Uruguay, entre otros países.

Alguno de sus asesinos y cómplices que pagan tibias condenas en cárceles de lujo nos han privado de ellos y ellas, pero también nos han privado de cerca de un centenar de artistas y creadores que hemos identificado, con el afán de ofrecer un homenaje a quienes, desde las culturas, las artes y el patrimonio fueron víctimas del terrorismo de estado.

El Tribunal declaró la responsabilidad de la Corte Suprema por la violación a los derechos de garantías judiciales, así como de la protección judicial en los casos de 44 detenidos desaparecidos y cinco ejecutados políticos.

En el marco del caso Vega González y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación, entre otros, a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 49 víctimas -entre ellas, el periodista José “Pepe” Carrasco-, y al derecho a la integridad personal de 99 familiares.

De acuerdo al comunicado emitido por el tribunal internacional, el caso trata sobre los hechos relativos a una serie de decisiones judiciales dictadas entre los años 2007 y 2010, en las cuales la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, interviniendo como tribunal de casación penal, aplicó la media prescripción como parte de un proceso de revisión a sentencias condenatorias de personas que habrían sido encontradas responsables de hechos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial ocurridos durante la dictadura civil-militar.

“Como consecuencia de estas decisiones de casación se redujo sustantivamente las penas impuestas a los responsables. Chile realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en el presente caso y aceptó la incompatibilidad de esta figura con sus obligaciones convencionales”, dice el texto.

La media prescripción está prevista en el artículo 103 del Código Penal chileno, y contempla la reducción de la condena a prisión que se le impone a un responsable de un delito en los casos en que éste se presente o sea puesto a la orden del tribunal, luego de haber transcurrido la mitad o más de la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal o de la pena.

Según el criterio de la Corte, ello es contrario a las obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos debido a lo siguiente:

• Genera una atenuación a la dosificación punitiva que puede causar que la condena se vuelva irrisoria, haciendo en casos que la condena impuesta termine siendo inferior al mínimo establecido para ciertos delitos.
• Atenta contra el principio de efectiva administración de justicia y sanción a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, generando impunidad.
• Afecta la proporcionalidad que debe regir al momento de determinar sanciones en casos de graves violaciones a derechos humanos. La Corte determinó que, en el caso concreto, la norma fue aplicada y permitió la reducción sustantiva de las penas impuestas a los responsables de los hechos relativos a la desaparición forzada de 44 víctimas y la ejecución extrajudicial de 5 víctimas, y actuó como factor de impunidad, incompatible con las obligaciones del Estado de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad.

La Corte también encontró que se había violado el derecho a las garantías judiciales de 98 familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas, al no permitir su participación en todas las etapas del proceso, particularmente al no dejárseles intervenir en la etapa de casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que se aplicó la media prescripción.

De igual forma, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho de integridad personal de 99 familiares de dichas personas desaparecidas y ejecutadas debido a la incertidumbre, sufrimiento y angustia que les produjo las conductas estatales violatorias examinadas en la Sentencia.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación:

• Revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción.
• Adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de que la figura de la media prescripción no sea aplicable bajo ningún término a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y que hasta que no se haga dicha modificación deberá aplicar control de convencionalidad.
• Brindar el tratamiento psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, o en su caso pagar un monto establecido de manera subsidiaria.
• Realizar las publicaciones y difusiones de esta Sentencia y su resumen oficial.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
• Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por reintegro de costas y gastos.

Cabe mencionar que entre los casos en los que se condenó por la violación de dichas garantías se encuentra el Juan Luis Rivera Matus, Felipe Segundo Rivera Gajardo, Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein, entre varios otros, quienes fueron víctimas de ejecución extrajudicial y de violación a la integridad personal de sus familiares.

A propósito de sueños algo me da vueltas
desde hace 4 meses me veo junto a ti
minutos antes de todo…
intentando evitar lo próximo
tratando de rearmar los definitorios momentos
reconstruyendo rastros
escarbando memorias.

Dicen estuviste calmado y decidido
no dudaste era el enemigo
y como tal no te daría tregua
ni la pedirías.

Todo indica
asumiste la cuenta
que en alguna esquina
de calle periférica
te pasarían a los 30.

Como nos decían estos días
“nos gustaría a veces que el cielo existiese”
para tener un contacto cifrado contigo
y llegar a la hora sin alternativa
sabiendo estarás allí de nuevo
no sólo moldeado en letras imprentas
homenajes
cuadros
y procesos sin culpables.
afrontando continuar ejemplos
y desenterrando los escasos momentos
que los respectivos andares nos permitieron.

Del libro: Se vive para darse, Literatura Alternativa Reunida, 1997, cárcel de Concepción. Textos de Ignacio y dibujos de Gastón Vidaurrázaga Manríquez.