Vargas Lizama Pedro Jaime

VARGAS LIZAMA PEDRO JAIME

2. CASOS DE MUERTES POR USO INDEBIDO DE LA FUERZA O ABUSO DE PODER CON TOLERANCIA DE LA AUTORIDAD EN LOS QUE SE ADQUIRIO CONVICCION

a) Advertencia metodológica

En razón de la escasez de antecedentes y elementos de juicio que se pudo reunir y de la circunstancia de tratarse de situaciones aisladas, lo que dificulta su análisis contextual, los casos de muerte por las causales indicadas reciben un tratamiento diverso al resto de los casos declarados con convicción por esta Comisión, consistente en que sólo se mencionará en esta parte del Informe el nombre de las víctimas, sin incluir una relación de cada uno de ellos.

Lo dicho, sin perjuicio de su inclusión, en los mismos términos que los demás casos con convicción, en el Volumen II de este Informe.

b) Distintos tipos de casos comprendidos en estas causales.

b.1) Muertes por uso indebido de la fuerza

b.1.1) Muertes por uso excesivo de la Fuerza

La presente categoría comprende los casos en que faltó proporcionalidad entre la fuerza empleada por la autoridad y la situación que se pretendía impedir con ella y que en principio justificaba su uso.

De entre las muertes por uso excesivo de la fuerza, cabe señalar, entre otras:

– Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, muchas veces sin advertencia previa, en contra de transeúntes desarmados que, instintivamente, huyeron al verlos acercarse;

– Las producida por formas desproporcionadas de represión, principalmente disparos, muchas veces sin advertencia previa, efectuadas por agentes del Estado en contra de personas que sólo se encontraban realizando manifestaciones públicas o repartiendo propaganda de oposición al régimen militar;

– Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, muchas veces sin advertencia previa, en contra de personas que sólo infringían el toque de queda, sin otra señal de peligrosidad;

– Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, también muchas veces sin advertencia previa, en contra de personas que eran sorprendidas mientras cometían un delito que no requería racionalmente esa medida.

Es necesario señalar que las instituciones castrenses o policiales dieron de baja, en la mayor parte de estos casos, a los funcionarios comprometidos en ellos, pasando los antecedentes a los Tribunales Militares, lo que es irrelevante para los efectos de su calificación como violaciones a los derechos humanos.

Los nombres de las personas muertas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad son los siguientes:

ACEVEDO CISTERNAS, Eduardo Bernabé
ACUÑA BALLESTEROS, Reinaldo Enrique
ANTIMAN NAHUELQUIN, Rubén Armando
ARANA SALDAÑA, Percy Max
BAEZA ZENTENO, Linfor del Carmen
BARRAZA HENRIQUEZ, Eduardo Octavio
BARRIENTOS AÑAZCO, Hugo Rolando
BECKER ALFARO, Víctor Hugo
CABEDO AGUILERA, Jorge
CARO BENITEZ, Ricardo Alejandro
CASTILLO ARCAYA, Roberto
CASTILLO OYARCE, Ricardo Sergio
CAUTIVO AHUMADA, Salvador Fidel
CONTRERAS GONZALEZ, Jorge Edilio
CONTRERAS GONZALEZ, Juan Orlando
CONTRERAS MENARES, Manuel Andrés
CONTRERAS PLOTSQUI, Exequiel Zigomar
CORREA ORTIZ, Hernán
CORTES NAVARRO, Andrés Nicanor
DELPERO PANIZZA, Bruno
ESCOBAR FERRADA, Manuel Angel
ESCOBAR LAGOS, Lorena del Pilar
ESPINOLA MUÑOZ, Juan Carlos
FARIAS NARANJO, José Carlos
FRES GALLARDO, Gonzalo Elis
GAETE AVILA, Miguel Segundo
GARRIDO QUEULO, Christian Leandro
GONZALEZ FREDES, Fernando Dionisio
GUTIERREZ GUTIERREZ, María Cristina
JARA CORTES, Carlos Eduardo
MAIGRET BECERRA, Mauricio
MENDEZ VASQUEZ, Laura Rosa
MORALES CHAVEZ, Enrique Segundo
MORALES SANTOS, José Eduardo
NAVARRO SUBIABRE, Nibaldo
OBANDO GALETOVIC, Iván
OPAZO LARA, Luis Humberto
ORTIZ CID, Giovanna de las Mercedes
PEREIRA LUNA, Sergio Omar
PEREZ ESPINOZA, Víctor Omar
PEREZ VALDEBENITO, Roberto Andrés
RANDOLPH SEGOVIA, José Rodolfo Rigoberto
REYES ARZOLA, Marco Aurelio
REYES CASTILLO, Javier Esteban
RIQUELME CASTILLO, Luis Fernando
RODRIGUEZ LOPEZ, Armando
ROJAS PEARCE, Rodrigo Hugo
SANTANDER ZUÑIGA, Omar Hernán
TAPIA AGUILERA, René Hernán
ULLOA SAEZ, José Iván
VARGAS LIZAMA, Pedro Jaime
VASQUEZ PEÑA, Hugo Hernán
WINLO BARRIOS, Víctor Hugo
ZAVALA BARRA, Rubén Eurico

Hace unos pocos días, José Kast afirmó ante la prensa extranjera que, “a diferencia de lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua”, en la dictadura cívico–militar encabezada por Augusto Pinochet se hicieron elecciones democráticas y, además, “no se encerró a los opositores políticos”. Falta gravemente a la verdad.

Desde el primer al último día de la dictadura hubo personas desaparecidas, ejecutadas y asesinadas; arrestadas en forma arbitraria y sometidas a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes; castigadas con la prisión política; expulsadas de sus centros de estudio o trabajo, o condenas al destierro o la relegación.

De acuerdo al Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, elaborado por disposición del Estado chileno y más conocido como “Informe Valech”, en Chile hubo 40.018 personas detenidas por causas políticas, 3.065 de ellas muertas o desaparecidas, durante todo el período de la dictadura.

El dictador pretendió desconocer por la fuerza los resultados del plebiscito del 5 de octubre de 1988. No es cierto que hubiera abandonado el poder por su sola y graciosa voluntad. El reconocimiento del triunfo del NO fue el resultado de que la ciudadanía fue capaz, con su fuerza movilizada, de derrotar los intentos de autogolpe de Pinochet. A ello se sumó, por cierto, la presión internacional y la amplia unidad política y social que logró la oposición. Estos hechos están plenamente acreditados por la evidencia histórica, como es posible de ser revisado, por ejemplo, en el libro “La Historia Oculta del Régimen Militar”.

José Kast señaló después que sus palabras se referían solo a los procesos electorales en la etapa final de la dictadura.

El problema es que las circunstancias de violación generalizada a los derechos humanos se mantuvieron vigentes para la coyuntura del plebiscito del 5 de octubre de 1988 y también en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de diciembre del año siguiente.

Tomando solo en consideración los casos de muertes consignadas en los Informes Finales de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación de Reparación y Reconciliación, que fueron establecidas por el Estado de Chile, y excluyendo las muertes en enfrentamientos y los casos consignados en otras fuentes de información, se observa una impresionante cantidad de casos entre enero de 1988 y marzo de 1990.

Se trata de 53 víctimas, incluyendo a un detenido–desaparecido. Hay ocho menores de edad, con edades entre 14 y 17 años, y un caso corresponde al hijo nonato de una mujer embarazada que abortó por las torturas a que fue sometida.

DURANTE 1988

En enero de 1988, en un canal del fundo San Martín de Maipú fue encontrado el cuerpo sin vida de Juan Carlos Hernández Alarcón, de 24 años. La causa de muerte fue “traumatismo torácico y abdominal por balas, con salida de proyectiles”.

El 4 de enero murió Jorge Velásquez Aguilar, trabajador de 20 años, que fue detenido por carabineros en Valdivia. Falleció en el Hospital Traumatológico de la ciudad, a causa de las torturas a las que fue sometido, que le provocaron una fractura de cráneo.

El 8 de marzo, Roberto Valdebenito Vira murió víctimas de los disparos de la policía que dispersaba una manifestación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Curanilahue. Tenía 30 años de edad, era casado y con cinco hijos, y trabajaba como pirquinero.

El 20 de abril murió Francisco Leutún Miranda, trabajador de 27 años, luego de ser detenido por carabineros en la Región de Los Lagos. Falleció en el Hospital de Puerto Montt a raíz de los tormentos de que fue víctima en el Retén Nueva Braunau.

Alexis Muñoz Riveros, 16 años y estudiante de la Escuela Industrial A–19, fue asesinado al ser baleado por la espalda en la noche del 28 de abril de 1988, luego de participar en una manifestación estudiantil en el sector de Avenida Departamental en Santiago.

El 7 de mayo, René Eusebio Lucero Muñoz, comerciante de 32 años, fue acribillado por un carabinero de civil en Avenida L

a Paz en la capital. Era egresado de Técnico Industrial en Maquinas Textiles de Instituto Tecnológico de la USACH.

El 15 de mayo fue asesinado, en Conchalí, Jorge Ramírez Iturriaga, artesano de 28 años, luego que carabineros le dispararon en una pierna durante un control de identidad y lo dejaron abandonado en la vía pública, circunstancia en la que lo atropelló un vehículo particular.

En la Población Camilo Olivarría de Coronel, José Ulloa Sáez fue acribillado por agentes del Estado el 25 de junio. Tenía 49 años, casado y con ocho hijos, y trabajaba como mayordomo de una propiedad agrícola.

Germán Rivera Cubillos, trabajador de 40 años, falleció el 17 de julio a raíz de las torturas a las cuales fue sometido por carabineros de la Comisaría de Lota Bajo, que lo detuvieron por gritar consignas contra dictadura en la plaza de Lota. Falleció en el trayecto entre el Hospital de esa localidad y el Hospital Regional de Concepción.

En la Población La Pincoya de la comuna de Huechuraba, el 23 de julio fue acribillado por carabineros Martín Oyarce Guarda, trabajador de la construcción de 19 años.

El 26 de julio fue asesinada en Punta Arenas Susana Obando Coñue, secretaria de 23 años y militante de la Juventud Socialista, tras ser detenida por agentes civiles de la dictadura, los cuales la sometieron a tormentos y después la lanzaron inconsciente al mar, falleciendo por asfixia por inmersión.

El 30 de agosto de 1988, mientras se realizaban protestas por la designación de Pinochet como candidato único, en Santiago fue asesinado Sergio Albornoz Matus, de 14 años, que era aprendiz de albañil. Otra víctima de esas protestas fue Edison Palma Coronado, 15 años, que fue acribillado en Avenida Grecia con Ictinos, en la comuna de Peñalolén. También en esas protestas fue asesinado en la capital Antonio Sandoval Cares de 31 años y padre de dos hijos. En similares circunstancias, en la madrugada del día 31 en Quillota murió Carlos Arancibia Cantillana, 23 años, trabajador de chacarería.

El 7 de septiembre, Juan Hernández Mondaca, de 16 años, fue asesinado luego de que un carabinero que intentaba detenerlo le disparó a quemarropa en la cabeza en la comuna de Puente Alto.

El 17 de septiembre fue asesinada Elizabeth Latorre Rodríguez, dueña de casa de 26 años, que fue alcanzada por disparos de carabineros contra vecinos que protestaban por la detención arbitraria de un joven en el sector de Colón Oriente en Las Condes.

El 29 de septiembre fue muerto Jorge Salas Rojas, peluquero de 22 años, a consecuencia de las torturas a las que fue sometido en la Séptima Comisaría de Investigaciones en la comuna de Maipú.

Pedro Vargas Lizama, obrero de la construcción de 24 años, fue muerto el 2 de octubre por policías que intentaban detenerlo en Santiago.

Luis Silva Jara, adolescente de 14 años que se dedicaba a la venta de flores en ferias libres, fue asesinado en la madrugada del 6 de octubre de 1988 durante las celebraciones del triunfo del NO en Las Rejas con Alameda, en la comuna de Estación Central. También en el marco de esas celebraciones fue acribillado Carlos Morales Álvarez, 31 años y reparador de calzado, en la Población José María Caro.

El 29 de octubre de 1988 fueron detenidos, luego de participar en una acción armada en la localidad de Los Queñes, Cecilia Magni Camino, de 32 años, y Raúl Pellegrin Friedmann, de 30 años. De acuerdo a la investigación judicial, fueron torturados y lanzados inconscientes al lago Tinguiririca, a raíz de lo cual murieron.

El estudiante Ramón Duarte Reyes, de 18 años, fue asesinado el 30 de octubre en Llolleo, en circunstancias de que era allanado en la vía pública por carabineros. La causa de muerte fue herida de bala torácica transfixiante.

Lina Gómez Hidalgo, dueña de casa de 31 años, fue muerta cuando fue arrastrada por una camioneta por unos 60 metros, cayendo al pavimento, resultando gravemente herida y falleciendo posteriormente. Los hechos ocurrieron el primero de noviembre. El responsable fue un funcionario de la Fuerza Aérea.

El 12 de noviembre fue acribillado Hernán Lefián Rodríguez, trabajador de 25 años, quien recibió varios impactos de bala de carabineros mientras estaba acostado en el interior de su casa en San Bernardo.

El 22 de noviembre fue asesinada Sofía Yáñez Calfupan, 23 años, en el marco de una acción de amedrentamiento de una abogada vinculada a la Vicaría de la Solidaridad, en cuyo domicilio se desempeñaba la víctima como trabajadora de casa particular.

En diciembre de ese año, perdió la vida Salvador Cautivo Ahumada, obrero de 26 años, que participaba en Arica en la confección de un mural y agentes policiales le dispararon cuando intentó huir luego de ser interceptados junto a las personas que participaba en la acción.

El 4 de diciembre, Luis Correa Vergara, comerciante de 28 años, se quitó la vida al interior del Cuartel de Investigaciones de Los Ángeles, luego de ser sometido a torturas.

El 10 de diciembre fue asesinado por un carabinero el comerciante ambulante de 27 años Enrique Moraga Muñoz, en un incidente en la Población El Damascal de Renca.

El 15 de diciembre fue muerto Wilson Valdebenito Juica, 28 años, miembro de un grupo musical y secretario del Sindicato de Pirquineros de Cabildo. Fue detenido por la policía civil y sometido a tormentos, incluyendo la aplicación de descargas eléctricas. Fue encontrado al costado del camino público que conduce a la localidad rural Los Molinos. Tenía la muñeca derecha amarrada a un cable eléctrico que le pasaba por debajo del brazo y le rodeaba la cintura por los pasadores del pantalón.

Guillermo Eugenio Rodríguez Solís era comerciante ambulante, tenía 26 años y militaba en el Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS). Fue asesinado el 20 de diciembre de 1988 por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en la intersección de las calles Grajales y Manuel Rodríguez en Santiago centro.

Ese mismo día fue acribillado por Carabineros Joaquín Gómez Sáez, campesino de 32 años, en el camino viejo a Valdivia, en la comuna de La Unión. La causa de muerte fueron tres lesiones internas producidas por arma de fuego.

El obrero Jaime Quilan Cabezas, obrero de 26 años, fue acribillado el 29 de diciembre luego de participar en una manifestación en El Anillo con La Estrella, en la comuna de Cerro Navia.

EN 1989 E INICIOS DE 1990

El 21 de enero de 1989, Jorge Germán Luis Maldonado Velásquez, 21 años, fue acribillado por carabineros en la Población Nuevo Amanecer, luego de intentar prestar ayuda a una persona que era golpeada mientras intentaban detenerla.

El 31 de marzo, Armando Rodríguez López, 24 años, fue ejecutado por carabineros, en la Avenida General Bonilla de la comuna de Pudahuel.

El 6 de mayo murió Migue Ángel Rojas Moya, comerciante ambulante de 21 años, a raíz de un traumatismo encefálico por herida de bala, mientras que se encontraba detenido en la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle.

El 7 de mayo fue muerto Lincoyán Cáceres Peña, empleado de 61 años, a consecuencia de los tormentos a que fue sometido mientras estaba recluido en el penal de Chañaral.

El 24 de junio fue arrestado en Curacautín por carabineros el joven de 17 años Marcos Quezada Yañez, estudiante secundario y militante del Partido por la Democracia (PPD). Fue trasladado al cuartel policial de la zona y murió a raíz de las torturas que le aplicaron sus captores.

El 17 de julio fue asesinada Laura Méndez Vásquez, cuando carabineros desalojaba por la fuerza una toma de terrenos en la comuna de La Pintana.

El 22 de agosto, Luis Orlando Vargas Miranda, trabajador de 58 años e integrante de la Comisión Regional del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la CNI. Primero fue torturado e interrogado en su domicilio, y luego fue trasladado a las dependencias de la Fiscalía Militar en calle Zenteno. Desde el quinto piso de ese lugar se lanzó al vacío, frente a la certeza de que continuaría siendo torturado.

El joven de 28 años Jécar Neghme Cristi, fue acribillado a balazos por agentes de la CNI en la calle Bulnes en el centro de Santiago en la noche del 4 de septiembre de 1989, cuyas responsabilidades se encuentran judicialmente acreditadas. Era vocero del sector político del MIR y poco antes había llamado a votar por Patricio Aylwin en la elección presidencial.

El 8 de octubre, murió el hijo nonato de Olivia Catalán Arriaza, que fue detenida cuando tenía un embarazo de dos meses y medio por personal de la Prefectura de Investigaciones de Valparaíso. A raíz de los tormentos a que fue sometida, debió ser trasladada al Hospital Van Burén, donde sufrió la interrupción de la gestación.

El 13 de octubre, Luis Alberto Collío Collío, trabajador de la construcción de 21 años, fue acribillado por carabineros de la 26 Comisaría en la intersección de las calles Sara Gajardo e Hipólito Salas en la comuna de Lo Prado.

En noviembre de 1989, falleció Nibaldo Navarro Subiabre, producto de cinco impactos de bala que hicieron uso excesivo de la fuerza. Tenía 26 años y era egresado de Ingeniería Civil de la Universidad Santa María.

Ese mismo mes, la madrugada del día 14, Héctor Pacheco Avendaño, obrero torneo de 54 años y padre de dos hijas, fue secuestrado desde su domicilio en Cerro Navia. Participaba en un grupo de trabajo de derechos humanos de la Capilla Nuestra Señora de La Esperanza en la Población Herminda de La Victoria. Desde entonces, permanece desaparecido.

Se trata del último detenido–desaparecido en el período de la dictadura, cuyo secuestro se produjo a un mes del día que se realizarían elecciones presidenciales y parlamentarias.

El 26 de noviembre falleció acribillado Pablo Robles Ortega, estudiante secundario de 16 años, en el sector La Obra.

El 24 de noviembre Francisco Núñez Cantillana, 65 años, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Construcción y militante del Partido Comunista, agentes de la dictadura intentaban detenerlo en un vehículo de la locomoción colectiva. Lo arrojaron por la puerta trasera hacia el pavimento y, dado que el bus se desplazaba a una gran velocidad, quedó gravemente herido, falleciendo cuatro después.

El 2 de diciembre, José Tomás Mora González, estudiante secundario de 16 años, murió en el Hospital Sótero del Río, luego de ser alcanzado por proyectiles disparados por carabineros de la 41 Comisaría de Radiopatrullas en un incidente en la Población El Ombú de la comuna de La Pintana.

El 15 de diciembre de 1989, en Valdivia fue muerto Sebastián Rivas Ovalle, de 23 años, mientras carabineros disolvía una manifestación pacífica en celebración del resultado de las elecciones registradas el día anterior. En un hospital falleció por una contusión hemorrágica, meningo encefálica, traumatismo encéfalo craneano.

Un poco antes del fin de la dictadura, el 8 de febrero de 1990, fue asesinado por militares Manuel Burgos Muñoz, obrero de 27 años, en Temuco. El día 12 murió por la acción de carabineros Ariel Zúñiga Llanquilef, mecánico de 25 años, en Pitrufquén, en la Provincia de Cautín. Luego, el 24 de febrero, un cabo perteneciente al Regimiento de Caballería Blindada N° 9 de Arica asesinó a Víctor Hugo Vega Rivera, pescador de 29 años.

Los que niegan las violaciones a los derechos humanos de ayer, en el fondo desprecian la necesidad de respetar la dignidad humana hoy y mañana.

Por Marcelo Cárdenas Álvarez. Secretario Ejecutivo del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magister (c) en Ciencia política y pensamiento contemporáneo. Hoy integra la plataforma por un Nuevo Chile.

El día 2 de octubre alrededor de las 15, 15 horas Pedro Vargas transitaba con su amigo Marcelo Pacheco por AV colón con Padre Hurtado , en busca de un taxi colectivo , pués momentos antes un hermano de su amigo habá sido víctima de un asalto ,resultando herido de bala por un delicuente, casi al llegar al paradero de taxis, se encontraba estacionado un furgón de carabineros y en la vereda habían 5 o 6 policias, ellos pasaron por el lado de los carabineros,camino al paradero , pero al no encontrar ningún taxi se devolvierón . Al acercarse donde estaban los uniformados, un oficial ordenó detenerse y tirarse al suelo,Marcelo Pacheco obedeció de inmediato , sin embargo Pedro Vargas hizo un ademán para sacar su cédula de identidad que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón momento en que el oficial desenfunda su arma de fuego y dispara sobre su persona , a no más de 2 mts de distancia provocándole una herida que finalmente fué la causa de su muerte, en seguida los otros policias tomaron del pelo a Marcelo Pacheco y lo introdujerón al furgón y luego hicierón lo mismo con el herido , lo trasladaron a la clínica alemana dónde falleció horas después.