Tapia Tapia Benito

Benito Tapia Tapia, 32 años. Empleado de COBRESAL, actual División Salvador de CODELCO. Dirigente Nacional de los Trabajadores del Cobre y miembro del Comité Central de las Juventudes Socialistas. Fue secuestrado el 17 de octubre por miembros de la caravana de la muerte y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y ejecutado en la madrugada del 18 de octubre de 1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares, por lo que se encuentrahasta hoy desaparecido, en situación de secuestro permanente.

El 18 de octubre de 1973, fueron fusilados:

– Benito TAPIA TAPIA, 32 años, empleado de COBRESAL, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, militante y dirigente del Partido Comunista. Fue detenido el l7 de septiembre de l973, conducido al presidio de Copiapó y desde allí al Regimiento de esa ciudad.

– Ricardo Hugo GARCIA POSADA, 43 años, ingeniero comercial, Gerente General de COBRESAL y militante del Partido Spcialista. El 12 de septiembre se presentó ante las autoridades de Potrerillos, luego de lo cual es dejado en la Casa de Directores de la Empresa. El l4 de septiembre fue conducido al presidio de Copiapó y desde allí al Regimiento de esa localidad.

– Maguindo CASTILLO ANDRADE, 40 años, empleado de la empresa COBRESAL y militante del Partido Socialista. El 12 de septiembre se presentó ante las autoridades de Potrerillos luego de haber sido requerido por un Bando militar y fue dejado en libertad. El 15 de septiembre fue detenido por efectivos militares en su domicilio, paseado por las calles céntricas de El Salvador sindicándosele como cabecilla del «Plan Z». Luego fue trasladado a la Comisaría de Copiapó.

El día previo al de sus fusilamientos, los hogares de estas tres personas fueron violentamente allanados por efectivos del Ejército, los que formaban parte de una comitiva militar que había arribado desde Santiago.

El 18 de octubre las mujeres de los prisioneros recibieron una comunicación suscrita por el Secretario del Consejo de Guerra, que no contenía ni su nombre ni su firma. En ella se les comunicaba que sus respectivos cónyuges habían sido ejecutados ese mismo día a las 4.00 horas, en virtud del Consejo de Guerra Nº 3, cuya sentencia, decía la nota, fue aprobada por la Honorable Junta de Gobierno. El documento no hace más referencia al proceso o a la sentencia, ni indica los cargos. Se señala en la misma comunicación, que los restos serían inhumados en el Cementerio local a las 19,00 horas, permitiéndose la presencia de sólo cinco personas. Los restos fueron sepultados por personal militar en el cementerio local. A los familiares sólo se les permitió el ingreso al cementerio una vez efectuada la inhumación. En el curso de los años posteriores, los restos fueron trasladados de sepultura, sin conocimiento ni autorización de sus familias. La investigación judicial practicada en julio de 1990 da cuenta que sus cuerpos no se encontraron donde originalmente fueron enterrados. Se desconoce aún el lugar donde se encuentran sepultados.

No obstante lo señalado en la comunicación entregada a los familiares, antecedentes consistentes y confiables llevan a esta Comisión a concluir que la decisión de ejecutar a las víctimas fue adoptada por las autoridades militares de la Región y aprobada por la autoridad delegada venida de Santiago, sin que hubiera existido propiamente un Consejo de Guerra ni un debido proceso.

Avalan especialmente esta conclusión las siguientes consideraciones:

– No ha sido posible obtener las piezas del proceso respectivo, a pesar de las solicitudes reiteradas dirigidas a las instituciones competentes;- Las familias de los fusilados fueron previamente informadas que serían sometidos a proceso, por lo que se les procuró asistencia legal, y el abogado correspondiente, mantenía permanente contacto con el Fiscal Militar designado. Sin embargo, ni ese abogado encargado de la defensa, ni los familiares fueron informados que se efectuaría un Consejo de Guerra el día 17 de octubre;

– Diversos testimonios recibidos por la Comisión que dan cuenta del desconocimiento, incluso por parte de personal militar, de la existencia de ese Consejo de Guerra; y

– De haberse realizado alguna forma de juzgamiento de los afectados, en este no se cumplieron los requisitos mínimos de defensa de los procesados: no hubo participación de su abogado defensor; no se tuvo en consideración la circunstancia atenuante de responsabilidad penal de irreprochable conducta anterior, que al menos respecto de uno de los ejecutados se encontraba fehacientemente establecida al momento de la ejecución. En cuanto a los cargos imputados, el único antecedente que existe es la publicación del diario «Atacama» del 20 de octubre de 1973, que señala que los ejecutados estaban acusados de incitación a la violencia e intento de paralización del Mineral de Cobresal. Al respecto, debe tenerse presente, que los tres afectados se hallaban privados de libertad desde los primeros días posteriores al 11 de septiembre, por lo que, cualquier acto delictual en que pudieren haber eventualmente incurrido; difícilmente podría haber sido cometido cuando regía el tiempo de guerra.

En atención a lo ya señalado, esta Comisión llega a la convicción que esta tres personas fueron ejecutadas al margen de un procedimiento judicial por agentes del Estado que violaron así gravemente el derecho que tenían a un debido proceso y a la vida.

….además la sentencia condena a los encausados Edwin Reynaldo Herbstaedt Gálvez y Fernando Raúl de Fátima Castillo Cruz a sendas penas de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como autores de los delitos reiterados de secuestro calificado en la persona de Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada cometidos en la ciudad de Copiapó el día 17 de octubre de 1973.

En horas de la mañana, en el Cementerio municipal de Copiapó, se dio a conocer sobre el inicio de la segunda campaña de excavaciones en el cementerio local, en busca de los restos de las últimas tres personas detenidas y ejecutadas (Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada) por la Caravana de la Muerte en el año 1973, que aún no han sido encontradas.

Una búsqueda que contará con el trabajo del Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos, ECHAF y la Universidad de Atacama, con financiamiento de la Municipalidad de Copiapó.

En este sentido, el alcalde Marcos López en compañía de los familiares de detenidos desaparecidos, expresó que, “hoy en Chile aún permanecen desaparecidos y con posibilidades de búsqueda alrededor de mil 200 personas y, por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo acá, es subvencionar una tarea del estado de Chile, que es quien debería de hacerse responsable de trabajar incesantemente por la búsqueda de los cuerpos”.

Estas excavaciones, se llevan a cabo en el patio 16 dentro del cementerio municipal, y tienen relación con la exhumación de cuerpos de un área que se quiere liberar para construir nichos, y dentro de ello la búsqueda activa de los 3 detenidos desaparecidos.   

Erika Reyes, antropóloga y parte del equipo de ECHAF informó que, para llevar a cabo estas excavaciones, el equipo está compuesto por personal de arqueología, antropología física forense y una psicóloga para apoyo psico- social.

También indicó que, esta es la segunda intervención de este tipo, que realiza el Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos en el cementerio. La primera fue ejecutada en el patio 19 el año pasado, y tenía por objetivo, igualmente, la construcción de nuevos nichos, los que ya se encuentran construidos a la fecha, y contó con la colaboración de un equipo técnico-científico para descartar la presencia de fosas ilegales en ese sector.

La primera intervención, además sirvió para realizar la inspección visual del patio donde actualmente se trabaja, y así mismo, poder generar vínculos con los familiares de las personas desaparecidas.

Objetivos de la segunda campaña de excavaciones

En este sentido, se va realizar una recolección superficial de restos humanos del patio, ya que este sector ha sufrido muchas remociones, y, en consecuencia, pudieran encontrarse restos humanos en la superficie.

Además, llevar a cabo la caracterización arqueológica, debido a que es un patio antiguo, y podría haber una inhumación prehistórica.

También, liberar el área para la construcción de nichos, en donde en la exhumación, se realiza una búsqueda activa para confirmar o descartar la presencia de una fosa de inhumación ilegal.

Los trabajos se extenderán dependiendo de los hallazgos en el desarrollo de cada uno de los objetivos.

Por último, Karina Pérez, encargada de vinculación con el medio de la Universidad de Atacama, dijo que la institución, está comprometida con esta labor, y es por eso, que colocaron a disposición sus equipos humanos y tecnológicos para esta tarea tan sensible.

El hallazgo fue posible por la declaración de un militar que participó en el lanzamiento de cadáveres al mar. Es la segunda vez que se encuentran restos de rieles usados para desaparecer a presos políticos en la dictadura de Pinochet.

Cinco rieles usados para arrojar a ejecutados políticos al mar durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron encontrados en las costas de Caldera, en la Región de Atacama.

Las estructuras fueron subidas hace algunos días a la superficie desde el fondo marino, luego de la declaración de un militar que participó en el lanzamiento de cadáveres al mar y que confesó antes de morir. La identidad del uniformado se mantiene en reserva.

Los rieles se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago, donde se espera lograr determinar si existen algunos elementos adheridos a los metales.

En el lugar del hallazgo se siguen realizando pericias ante la posibilidad de que haya más piezas similares.

La diligencia forma parte de la investigación de la Caravana de la Muerte, caso a cargo de la jueza especial Patricia González y que hace alusión a una comitiva de militares que a fines de 1973 recorrió Chile y dejó a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en diversas ciudades del país.

CALAMA Y COPIAPÓ

Se presume que las vigas de metal pueden tener vinculación con los 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama y que correspondían a prisioneros políticos asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

De dicho caso se sabe que los cuerpos fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldoneado, quien lanzó los cuerpos.

Además, el descubrimiento podría estar relacionado a otras tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en Copiapó, a 75 kilómeros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.

Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas; y los dirigentes sindicales de esa empresa, Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero que luego desaparecieron del lugar.

SEGUNDO HALLAZGO DE RIELES

Este es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973.

El primer descubrimiento ocurrió en septiembre de 2004 en Quintero, a 44 kilómetros al norte de Valparaíso.

Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977 se lanzaron al mar al menos 500 cuerpos desde helicópteros de la institución.

Varias declaraciones coinciden en que hubo al menos 40 vuelos, los cuales transportaban entre ocho y quince cuerpos cada uno.

Los cadáveres eran puestos en sacos, cosidos con alambre y amarrados a un trozo de riel para su hundimiento.

El reciente suceso del cerro Espejuelo en Diego de Almagro reanimó la memoria de uno de los episodios de la Caravana de la Muerte en Copiapó en octubre de 1973. Los familiares vuelven a revivir el dolor y, escépticos, esperan la certeza de la ciencia.

Cada rastro, cada cumbre o valle, cada voz testimonial es el destino eterno de los vivos que buscan a sus muertos. Sobresaltados a cualquier hora por una noticia que, casi siempre, se la lleva el viento. Y todo vuelve a comenzar, dolorosamente.

El reciente hallazgo en Diego de Almagro atizó las huellas de tres desaparecidos. La ciencia dirá si se trata o no de ellos, o de alguno de ellos.

Pero esta es la historia de Ricardo Díaz Posada, gerente general de Cobresal en El Salvador durante el gobierno de Allende, y los dirigentes sindicales de ese mineral, Benito Tapia Tapia y Maguindo Castillo Andrade. Son las huellas de su destino fatal que quedaron fijadas en la investigación judicial de la Caravana de la Muerte.

A las nueve de la mañana del miércoles 17 de octubre de 1973, el mayor Carlos Brito del Regimiento Atacama de Copiapó sacó a Ricardo García de la cárcel pública. A las 19:20 de ese día, el sargento Óscar Pastén hizo lo mismo con Benito Tapia y Maguindo Castillo. Los tres fueron conducidos al regimiento. El "Lobo" Sergio Arellano y su caravana estaban en Copiapó desde la tarde ese día 17. Venían de asesinar a quince prisioneros en La Serena.

Horas antes de que fueran sacados de la cárcel por orden de Arellano, en las primeras horas de la madrugada de aquel 17, a 22 kilómetros al sur de Copiapó trece prisioneros fueron masacrados en la pampa. La lista la hizo Arellano. Conducidos al lugar por el capitán Patricio Díaz Araneda, a cargo de la operación, y el capitán Ricardo Yáñez Mora y los subtenientes Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina, más un pelotón de suboficiales y clases, todos del Atacama, los prisioneros fueron cortados con corvos y desfigurados sus rostros antes de ser acribillados.

Así Arellano buscaba comprometer en los crímenes a oficiales de cada regimiento local por donde anduvo.

Del regimiento al cementerio

El "Lobo" admitió en su "Testimonio", manuscrito de 1990 con el que pretendió lavar la sangre de sus manos, que él firmó "la sentencia" del supuesto Consejo de Guerra que habría condenado a muerte a los tres de Cobresal. En todo caso, fue Arellano quien incluyó en esta segunda lista de muerte a García, Castillo y Tapia, ordenando ejecutarlos en las primeras horas del jueves 18 de octubre.

Ello ocurrió a las cuatro de la madrugada en el regimiento, según el comandante del Atacama, Óscar Haag. "El fusilamiento de García, Castillo y Tapia lo dirigió el teniente Ramón Zúñiga Ormeño, y lo acompañó el subteniente Fernando Castillo Cruz", declaró Díaz Araneda ante el juez Juan Guzmán.

Arturo Araya, asistente del médico legista Juan Mendoza, llegó temprano a la morgue de Copiapó aquel día18. Vio los tres cuerpos tendidos en camillas y tapados con sábanas blancas. Destapó a uno para desvestirlo y preparar la autopsia, pero el administrador del cementerio, Leonardo Meza, se lo impidió. "Esos cuerpos son intocables", le dijo. Araya alcanzó a ver que la víctima vestía ambo azul y tenía una tapadura dental de oro.

A las tres de la tarde de ese 18, Víctor Bravo, oficial del Registro Civil, llegó a la morgue para tomar las huellas dactilares de los tres cuerpos. "El señor García tenía un anillo de oro con un rubí y las heridas de bala las tenían todos en el pecho", afirmó Bravo judicialmente.

Cerraron el cementerio, a un costado de la morgue, y los tres cuerpos fueron sepultados sin urnas en una fosa abierta en el Patio 16. En el libro de ingreso a García se asignó el número 13, Tapia el 14 y Castillo el 15.

Informados los familiares de las ejecuciones por el supuesto Consejo de Guerra, no se les admitió en el cementerio.

Días después, Bernardo Pinto, trabajador de Cobresal, pagó a un sepulturero para que abriera la fosa y lo que vio no lo olvidó jamás. "Estaban sin ataúdes y los tres cuerpos destrozados, con tajos en la cara, el tórax, las piernas, se les veían a veces los huesos en las heridas". Los tres cuerpos desaparecieron del cementerio para siempre.

Rolly Baltiansky, esposa de Ricardo García, se exilió en México en 1974 con sus hijas Ximena, de siete, y Paula de tres. Cuando Ximena cumplió 15 volvió a Chile tras las huellas de su padre. No soportaba su trágica ausencia. Recorrió los lugares por donde él anduvo, pero nunca superó su drama.

El 16 de marzo de 1990, cuando en Chile renacía la democracia, en Ciudad de México Ximena se roció diluyente y murió quemada. "Dios, que el aguarrás no mate mi alma", escribió en una carta

Desde hoy el antiguo aeropuerto Salvador Bajo del ciudad minera de El Salvador, en la cordillera de la Tercera Región, se llamará Aeropuerto Ricardo García Posada, en homenaje a una de las víctimas de la Caravana de la Muerte a su paso por el norte del país en octubre de 1973.

Ricardo García fue gerente general de la Compañía de Cobre Salvador  -Cobresal-, desde el año 1971 hasta el 11 de septiembre de 1973, fecha tras la cual fue detenido junto a dos dirigentes sindicales: Benito Tapia – que además era parte del directorio de la empresa- y Magindo Castillo.

El ejecutivo y los representantes de los trabajadores permanecieron detenidos en la ciudad de Copiapó lugar desde donde desaparecieron en octubre de ese año al paso de la Caravana de la Muerte, a cargo del general Sergio Arellano Stark.

A la ceremonia de cambio de nombre del recinto aéreo ubicado a 2600 metros de altura asistirán la viuda de García, Rolly Baltiansky, su hija, los parlamentarios por la zona Ricardo Nuñez -senador- y Antonio Leal -diputado-, y el Gerente Corporativo de Codelco Chile, Mario Cabezas, entre otras personalidades locales y nacionales.

El Equipo chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos, ECHAF, con el apoyo de la Municipalidad de Copiapó y la Universidad de Atacama, UDA, iniciará un trabajo de excavación en el Patio 16 del Cementerio de Copiapó.

Después de un año de que se realizara la primera excavación en el Cementerio Municipal de Copiapó (octubre del 2020) -en esa oportunidad monitoreo en el Patio 19- para investigar si se daba con el paradero de los restos de las tres personas detenidas y ejecutadas por la Caravana de la Muerte el año 1973 del Salvador, los señores Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada, que forman parte de los 16 detenidos y ejecutados en la ciudad de Copiapó, 13 de los cuales ya fueron encontrados, ECHAF parte con una segunda campaña.

El alcalde de Copiapó, Marcos López, quien se define como un hombre de origen humilde y con una familia de izquierda, dice que el apoyo que le ha dado a esta segunda campaña “es el querer terminar una tarea iniciada el año pasado y ojalá encontrar los cuerpos de estos tres detenidos desaparecidos de forma de poder cerrar un ciclo en esta región y uno muy importante para las familias”.

“En esta comuna siempre ha existido un alto interés en estos temas, durante los ’80 concurríamos religiosamente cada año a rendir homenaje a los fusilados, como se les llamaba en esos años, al Cementerio de Copiapó. Cuando se encontraron los cuerpos de los otros desaparecidos y fueron exhumados hubo una gran consternación en nuestra ciudad, fue difícil. Posteriormente se hizo un memorial para rendirles homenaje, el que estuvo encabezado por el Obispo don Fernando Ariztía, donde se generaron señales de unidad y reconciliación”.

 Destaca por último que también apoya esta campaña, para dar una señal a las Municipalidades “donde hay indicios, sospechas o datos de que aún hay cuerpos que no se han buscado, que es importante hacer el esfuerzo. Bien vale la pena hacerlo, hay que cerrar para seguir avanzando”.

“Se trabajará con protocolos del más alto estándar cientítico”

La antropóloga forense Daniela Leiva F., presidenta de ECHAF, señala que los desafíos en esta oportunidad son “realizar un trabajo masivo de descarte que nos permita dar con el nivel en el subsuelo en que pensamos podría encontrarse la fosa común, lugar posible para dar con los restos de quienes estamos buscando. Estos trabajos se llevarán a cabo mediante el uso de protocolos del más alto estándar científico, protegiendo los procedimientos en tanto cualquier hallazgo en contexto de inhumaciones ilegales del tiempo de la dictadura cívico-militar, pueda reabrir nuevas causas judiciales que actualmente se encuentran cerradas”.

Las nuevas excavaciones se realizarán ahora en el Patio 16, considerando que este sitio podría ampliar las posibilidades de dar con los restos de las personas señaladas según el levantamiento de la información de testimonios y se podrá llevar a cabo respetando el Decreto Alcaldicio N°11247, del 26 de junio del año 2020, de forma que se cumpla con el objetivo de no interferencia en posibles investigaciones posteriores.

Un equipo conformado por 27 voluntarios y voluntarias en las especialidades de arqueología, antropología física y forense además de sicología,  se han hecho parte de este proyecto que, en esta primera fase, contempla avanzar en la caracterización de los restos de cultura material de data histórica detectada en superficie, así como con la exhumación de un sector del Patio 16 que coincide con el área de construcción de nuevos nichos requeridos por el Municipio en el camposanto de la nortina ciudad de Copiapó. La excavación presume la posibilidad de encontrar además restos arqueológicos, razón por la cual se cuenta con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, en función al posible componente arqueológico-histórico patrimonial asociado que pudiese aparecer durante los trabajos.

“Tenemos la esperanza de encontrar a nuestros padres”

“El significado de esta segunda campaña es la esperanza cierta de encontrar a nuestros padres y así poder cerrar un ciclo que ha sido tan doloroso por casi 50 años”, señalaron Mirta Castillo y Jessica Tapia, en representación de las familias.

Agradecieron al alcalde Marcos López, a los y las voluntarias de ECHAF y a la UDA, destacando que “sin el compromiso que todas y todos han adquirido con nuestras familias sería imposible para nosotros pensar en encontrar a nuestros padres; el aporte económico del alcalde; la experticia y profesionalismo de ECHAF y los equipos y conocimiento de la UDA han sido fundamentales “.

César Echeverría, Director de Investigación de la UDA, dice que al ser esta una Universidad estatal y pública, tiene que cumplir un rol con la comunidad para satisfacer las necesidades que les ponga por delante. “Si nuestra región necesita que nos involucremos en temas de DDHH vamos a trabajar desde una mirada técnica y científica para poder ayudar a esclarecer hechos vinculados a esta temática. Ponemos nuestra tecnología, laboratorio y capacidades instaladas para aportar en un Laboratorio de Ciencias Forenses que sería un hito para la macro zona norte, un objetivo mucho más grande y vamos a trabajar para que ello ocurra”.

Consultado sobre un convenio marco de colaboración con ECHAF y la importancia de ello “creemos que es una piedra angular para todo lo que venga después en ciencias forenses, trabajos con arqueólogos, antropólogos, con un grupo de profesionales ya que la Universidad quiere potenciar esas líneas de investigación y ser un aporte para la comunidad académica y la sociedad en general en la región”.

Agregó que “la vinculación de ECHAF con la Facultad de Medicina para el análisis de osamentas es algo muy importante dado que se generará un conocimiento técnico antropológico por parte de nuestros profesionales, se podrá transmitir esta información a la comunidad y también a nuestros alumnos y alumnas que se interesen por esta rama de la ciencia, la cual podrán explorar y aumentar así sus conocimientos”. 

Respecto a la posibilidad de trabajar con osamentas, César Echeverría indicó que “es una oportunidad que nos da un plus como Facultad y nos posiciona enormemente en temas antropológicos a nivel regional. Ello contribuirá a la formación de futuros profesionales de la salud”.