Salgado Troquián Alejandro

Alejandro SALGADO TROQUIAN

El 7 de septiembre de 1983 se informó oficialmente que ese día, a consecuencia de los operativos realizados tras la muerte del General de Ejército e Intendente de Santiago General Carol Urzúa, se habían producido dos enfrentamientos con miembros del MIR implicados en tales hechos. Primeramente se dijo que el enfrentamiento se había originado al descubrirse accidentalmente a tres individuos sospechosos en calle Visviri con Fleming en el sector Oriente de Santiago, por parte de agentes de la CNI que realizaban un patrullaje de rutina. Ellos habrían contestado con disparos a la voz de alto y corrido hasta refugiarse en una casa en calle Fuenteovejuna, desde donde siguieron disparando a los agentes, quienes recibieron refuerzos de Carabineros e Investigaciones. Al rato se habría producido una explosión en el interior de la vivienda cuando los individuos se encontraban quemando documentación, muriendo uno de ellos. Los dos restantes, en una acción suicida, habrían salido disparando y habrían sido abatidos.

Al día siguiente apareció en la prensa otra versión oficial, que, a diferencia de la primera, indica que el enfrentamiento se produjo cuando los efectivos concurrieron al inmueble en donde se refugiaban las víctimas, cuya dirección obtuvieron mediante confesiones de otros intervinientes en el asesinato del General Carol Urzúa. En esta oportunidad se señala que habían sido evacuadas las viviendas del sector aledaño.

En realidad los hechos ocurrieron de diferente manera. Los agentes de seguridad estaban al tanto que en el inmueble se encontraban miembros del MIR en la clandestinidad. Luego del asesinato del General se planificó la acción en contra de ellos, por lo que se reunió a un gran número de agentes de seguridad, que incluía miembros de la CNI y de otros servicios, los cuales, luego de otras acciones ejecutadas ese mismo día, entre las que se cuenta la detención de personas, se dirigieron al inmueble.

En ese lugar instalaron una ametralladora punto 50 que inmediatamente comenzó a disparar. Sólo después de haberlo hecho durante unos minutos se pidió a los moradores que se entregaran. En atención a ello salió Sergio PEÑA DIAZ, de profesión veterinario, militante del MIR, quien había ingresado clandestinamente al país, con las manos puestas en la nuca. Cuando se aproximaba a la reja del antejardín dos agentes le dispararon con metralletas a corta distancia, causándole la muerte.

Estos hechos, conocidos por la Comisión a través del relato de un testigo presencial de todos ellos, le permiten llegar a la convicción de que Sergio Peña murió ejecutado por parte de agentes de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

A raíz de la muerte de Sergio Peña, Lucía Orfilia VERGARA VALENZUELA, militante del MIR, quien ingresó clandestinamente al país, quien se encontraba en el interior de la vivienda, disparó hacia afuera, reiniciando inmediatamente el ataque los agentes, quienes además lanzaron una bengala que produjo el incendio de la casa.

La última persona que quedaba en el interior de la vivienda, Arturo Jorge VILAVELLA ARAUJO, de profesión ingeniero, militante del MIR, quien también había ingresado clandestinamente al país, murió carbonizado.

Dada la verdadera finalidad del operativo, como quedó demostrado, la Comisión considera que estas últimas dos personas también deben ser consideradas como ejecutadas.

Janaqueo

Posteriormente, ese mismo día se informó oficialmente de otro enfrentamiento, ocurrido en calle Janaqueo de Santiago, que estaría ligado con el anterior y con la búsqueda de los responsables de la muerte del General Carol Urzúa. Se dijo que luego de terminados los hechos en Fuenteovejuna los efectivos se trasladaron a calle Janaqueo Nº5707 con el fin de detener a otras personas. Sin embargo ello no fue posible al oponer resistencia armada los moradores del inmueble antes indicado. A consecuencias del intercambio de tiros Hugo Norberto RATIER NOGUERA, argentino, militante del MIR, fue abatido en el patio de su casa y Alejandro SALGADO TROQUIAN, de profesión veterinario, militante del MIR, falleció a dos cuadras de esa casa de donde se había dado a la fuga.

La Comisión ha comprobado, de acuerdo con los antecedentes de que dispone, que esta versión también es falsa, dado que el último de los nombrados fue muerto cuando se aproximaba a su domicilio por agentes de la CNI quienes le dispararon a quemarropa y sin que hubiese habido resistencia de su parte. Inmediatamente de sucedido esto los agentes comenzaron a disparar con la misma ametralladora punto 50 montada en un Jeep que habían utilizado contra el inmueble de Fuenteovejuna, a la casa donde se encontraba Hugo Ratier, dándole muerte sin que éste se les haya enfrentado.

Previo a estos hechos los agentes, habían reunido al vecindario, unas 80 personas, en una iglesia del sector.

La Comisión se formó convicción de que ambas personas fueron ejecutadas por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.
 

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primer grado dictada por el ministro Miguel Vásquez Plaza el 19 de julio de 2019 que condenó a 23 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

En el fallo (causa rol 4741-2019), la Tercera Sala del tribunal de alzada – integrada por la ministra Verónica Sabaj Escudero, Alejandro Aguilar Brevis y Rodrigo Carvajal Schnettler – resolvió rechazar los recursos de apelación y de casación interpuestos por algunos condenados y confirmar la sentencia de primera instancia con la declaración de rebajar de 20 a 17 años de presidio las condenas aplicadas a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ros, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories, Manuel Ángel Morales Acevedo y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

También puedes ver: Confirman condenas a cinco ex agentes CNI por homicidio de dos miembros del MIR en falso enfrentamiento en 1980

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

En la causa se decretó la absolución de los agentes Zinaida Lena Vicencio González, Jorge Raimundo Ahumada Molina y Eduardo Martín Chávez Baeza, por no acreditarse su participación en este hecho. Otro procesado en esta causa, el ex PDI Jorge Arnaldo Barraza Riveros, falleció en el curso del proceso; en tanto, sigue en calidad de prófugo el procesado ex oficial de Carabineros Miguel Ángel Patricio Soto Duarte.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la investigación del hecho represivo quedó demostrado que el organismo represivo de la dictadura desarrolló una operación de seguimiento y vigilancia durante los meses previos sobre un conjunto de miembros del MIR que actuaban en la clandestinidad en la lucha de resistencia contra el régimen tirano. Con los datos obtenidos de esa observación previa, la CNI orquestó la operación de exterminio que significó la detención de una decena de personas, el ataque y asesinato de los tres moradores de la casa en calle Fuenteovejuna, en la comuna de Las Condes, y luego el ataque y asesinato de otros dos militantes en la casa de calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

El día 7 de septiembre de 1983, decenas de agentes de la CNI, de la SIFA, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera, de 39 años de edad. Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, y ejecutado en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, Alejandro Salgado Troquián, de 30 años de edad.

Un menor de edad, hijo adoptivo de Salgado y residente en la vivienda junto con Salgado y Ratier, fue víctima y testigo de los hechos pero en medio de la balacera logró huir hacia casas del vecindario, salvando así la vida y denunciando luego el criminal ataque.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Quinta Normal, el 7 de septiembre de 1983. El ministro en visita condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a la pena de 20 años de presidio.

Por su responsabilidad en los homicidios de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 23 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los hechos ocurrieron en la comuna de Quinta Normal, el 7 de septiembre de 1983, y se dieron a conocer en su momento como un enfrentamiento, que resultó ser falso.

El ministro Vázquez condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a la pena de 20 años de presidio. Mientras que los ex agentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Arturo Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso deberán pasar 15 años y un día de presidio como autores de los delitos.

En calidad de cómplices fueron condenados a 10 años y un día de presidio Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel Gajardo Quijada, Rosa Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro.

Durante la investigación de la causa, el ministro Vázquez logró establecer que Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián murieron por impactos de bala recibidos por la espalda, luego de que agentes de la CNI, de la Policía de Investigaciones de Chile y de otros organismos represivos comenzaron a disparar sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble ubicado en calle Janequeo 5707.

La ministra Gloria Ana Chevesich envió un exhorto a Francia para interrogar al ex agente del Comando Conjunto, Andrés Valenzuela ‘El Papudo’ para que entregue todos los antecedentes que tenga sobre la muerte de Hugo Ratier y Alejandro Salgado Troquian, hecho ocurrido el 7 de septiembre de 1983, conocido también como el caso Janequeo.

En 1984, Valenzuela declaró en la Vicaría de la Solidaridad que la muerte de ambos militantes del MIR, ocurrida en Quinta Normal en 1983, fue un montaje de la entonces Central Nacional de Informaciones (CNI), tras el homicidio del intendente de Santiago, coronel Carol Urzúa, acaecido el 30 de agosto de 1983.

Fuentes judiciales dijeron que la causa sustanciada por Chevesich ha tenido importantes avances, desde que la abogada Alejandra Arriaza presentó una denuncia criminal para que se investiguen esos hechos. También gracias al testimonio de Miguel Bustos, hijastro de Salgado, quien vive actualmente en Suecia y figura como el único sobreviviente del criminal montaje.

De acuerdo a los antecedentes recogidos por La Nación, Chevesich ha interrogado al menos a 15 ex agentes de la CNI quienes habrían confirmado la versión de ‘El Papudo’, por lo que una vez que el testimonio llegue de vuelta a Chile, se espera que dicte los primeros autos de procesamiento en esta causa.

El mismo día en que murieron Ratier y Salgado, la CNI detectó a otros militantes del MIR, esta vez en la comuna de Las Condes, en Fuenteovejuna. En ese lugar fallecieron a raíz de los disparos Arturo Villavela, jefe del aparato militar del MIR, Lucía Vergara y Sergio Peña Díaz.

El exhorto de Chevesich debe pasar ahora a la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y luego a la Sala Penal del máximo tribunal para que visen el procedimiento de colaboración de legal.

Andrés Valenzuela vive en París, Francia. Su nombre apareció nuevamente en octubre de 2003, por una declaración que prestó ante la Policía de Investigaciones, donde aseguró que conocía el nombre del presunto autor de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, indagatoria que sustancia el ministro Alejandro Madrid.

Hace 21 años, la noche del 7 de septiembre de 1983, un grupo operativo de la CNI propinó un demoledor golpe al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En pocas horas -en dos lugares de Santiago- fueron asesinados cinco miristas, entre ellos Arturo Villabela Araujo, miembro de la comisión política y encargado militar de ese partido, y Hugo Ratier Noguera, miembro del comité central y jefe de la estructura armada del MIR en la capital. Fue una operación de represalia que la dictadura ordenó ejecutar por la muerte del intendente de Santiago mayor general (r) Carol Urzúa Ibáñez, que junto con su escolta cayó en una emboscada montada por un comando del MIR el 30 de agosto en la comuna de Las Condes. La sangrienta respuesta de la CNI cobró cinco vidas en una noche. Esa brutal represalia dejó en evidencia que la CNI conocía los domicilios de dirigentes del MIR que vivían en la clandestinidad, y que eran vigilados cotidianamente por los servicios de seguridad.

El primer golpe se descargó en la calle Fuenteovejuna 1330, de Las Condes, donde fueron abatidos Arturo Villabela Araujo y los militantes Lucía Vergara Valenzuela y Sergio Peña Díaz. Los tres habían regresado clandestinos al país. Horas después, el mismo contingente dio muerte en la calle Janequeo 5707, de Quinta Normal, a Hugo Ratier Noguera y a Alejandro Salgado Troquián.

Aquella noche, Miguel Alejandro Bustos Césped, hijo adoptivo de Alejandro Salgado, de 16 años, se encontraba estudiando mientras escuchaba música en la casa de calle Janequeo. De pronto, una ráfaga de ametralladora se escuchó a unos cien metros de la vivienda. El joven sobreviviente entregó su testimonio, que es la base de una denuncia que debe investigar la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gloria Ana Chevesich. La ráfaga “se escuchó bastante cerca -declaró Miguel Bustos- pero no le di mayor importancia, porque era normal escuchar disparos en Santiago en aquel tiempo de protestas. Traté de concentrarme nuevamente, cuando escuché gritos en la calle. Fue todo muy rápido, entre la primera ráfaga a distancia y el ataque a la casa”.

Su relato acompaña la acción judicial interpuesta por abogados del Codepu contra el general (r) Augusto Pinochet, los ex ministros Sergio Onofre Jarpa y Sergio Fernández, el ex auditor del ejército Fernando Torres Silva y el ex agente César Luis Palma Ramírez (alias “Fifo”), por la muerte de los cinco militantes del MIR. A la denuncia se anexará una querella que interpondrán familiares de Hugo Ratier, argentino, quien tenía 39 años cuando fue asesinado.

En estas dos operaciones de aniquilamiento participó el entonces miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa) e integrante del Comando Conjunto, Andrés Valenzuela Morales (alias “El Papudo”). En declaración ante la Vicaría de la Solidaridad el 28 de agosto de 1984, a la cual tuvo acceso Punto Final, Valenzuela precisa que en estos asesinatos se actuó con deliberada violencia y ensañamiento. “Recibimos orden de dirigirnos hacia el sector poniente de la ciudad, a calle Janequeo 5707, por los alrededores de la Plaza Garín. Cuando estuvimos cerca del objetivo, nos dijeron que nos agacháramos pues venía corriendo una de las personas que debía ser eliminada. Pasó por el costado de nuestra camioneta. Cuando llegó a un sector donde hay una pared, fue rafagueado e inmediatamente la base de fuego, que también estaba en ese lugar, empezó a disparar sobre una casa”. Este primer blanco en la calle fue Alejandro Salgado Troquián. Según Valenzuela Morales “apenas cayó asesinado, un agente colocó en su mano un arma simulando que la llevaba al momento de ser eliminado”. En el interior de la casa de calle Janequeo fue acribillado Hugo Ratier.

El ex suboficial de la Fach también describe en su testimonio lo ocurrido en calle Fuenteovejuna 1330, que antecede a los asesinatos en calle Janequeo: “Se nos ordenó ir hacia Avenida Colón, donde hay un supermercado que está en la esquina suroriente, cercano a una rotonda donde también desemboca la calle Tomás Moro. Allí estuvimos un rato, mientras se daban instrucciones para actuar en una casa de calle Fuenteovejuna, donde se había detectado que había tres personas. Llegó un jeep de la CNI con el techo corredizo y en el cual se instala una ametralladora punto 50 sobre un sistema hidráulico que permite subirla sobre el nivel del techo y operarla por dos hombres, uno que dispara y otro que va pasando la cinta de municiones. Nos dirigimos frente a la casa de Fuenteovejuna 1330, donde se instaló el jeep y se dio orden de actuar”. Esa orden significó la muerte de Arturo Villabela, Lucía Vergara y Sergio Peña y el incendio de la vivienda. Cumplida la misión, tomaron rumbo hacia Quinta Normal, a Janequeo 5707.

Miguel Alejandro Bustos Césped, quien logró escapar al cerco en calle Janequeo, entrega en su testimonio una serie de antecedentes que retratan a Hugo Ratier y Alejandro Salgado y la vida en la clandestinidad que compartían en familia. La madre de Miguel Bustos, Digna Césped, era tesorera de una junta de vecinos de La Florida y apoyaba la organización social incipiente contra la dictadura. Así conoció al que sería su compañero, Alejandro Salgado Troquián. Miguel Bustos señala: “El era uno de los que acostumbraban llegar a nuestra casa: gente de iglesia, políticos, jóvenes y trabajadores. Por las acciones realizadas por mi madre en los comedores populares, nuestra casa comenzó a ser vigilada. Ella fue perseguida en varias ocasiones”. Por seguridad de su familia, Digna Césped decidió abandonar el barrio en 1979. Con sus cuatro hijos, formó una familia con Salgado. En su testimonio, Miguel señala que a Alejandro Salgado “lo conocimos como ‘Raúl’ (su nombre político) y después de un tiempo conocimos a ‘José’, Hugo Norberto Ratier”. En 1980 se trasladaron a la comuna de San Miguel, viviendo en distintas casas, lo que llevó a Miguel y sus hermanos a deambular por diversos colegios. “Los cambios de escuela nos obligaban a elaborar leyendas para sortear las preguntas de los nuevos compañeros de clase. Pero ya estábamos acostumbrados”. La presencia de Hugo Ratier ya era constante en la casa y Miguel recuerda que, en 1982, “tuvimos que acoger a dos compañeros heridos” que fueron atendidos por una doctora que más tarde fue detenida y torturada.

La clandestinidad obligó a Miguel Bustos Césped a interrumpir su vida escolar. A los 13 años comenzó a trabajar como comerciante ambulante en Patronato, y su hermano Carlos como cuidador de autos en el Estadio Nacional. Luego fueron vendedores en ferias libres. En una oportunidad, viviendo en La Cisterna, la familia decidió dispersarse como medida de seguridad, luego de la visita de dos funcionarios de Investigaciones -así se identificaron-. Se decidió que los adultos abandonarían la casa y los menores serían distribuidos en distintos lugares. Así, Miguel Alejandro llegó a una parroquia en El Salto, donde fue acogido por el sacerdote español Jesús Rodríguez. Tiempo después, su madre Digna lo buscó. El reencuentro esta vez fue en Conchalí. La familia siguió siempre en la permanente sombra de la clandestinidad.

Miguel señala que llegaron a la casa de Janequeo 5707 a principios de enero de 1983. Ubicada frente a un policlínico, la vivienda contaba con dos patios donde crecían árboles frutales. Una vez instalados, Miguel y su hermano Luis Enrique retomaron clases en un colegio cercano, mientras su hermana Sandra Virginia se quedaba en casa. La menor nació con labio leporino y no podía asistir a colegios ni hospitales porque la CNI podía seguir esa pista. En febrero de 1983 llegaron a vivir a Janequeo Hugo Ratier y su familia: su compañera, Ruth Carvajal Peña, y los hijos de ambos, Marcelo, Ursula y Dagoberto. Miguel sólo alcanzó a compartir con ellos un tiempo breve. Antes de finalizar el mes, Ruth y los tres hijos de Ratier abandonaron el país rumbo a Cuba. Era época de protestas y caceroleos. La casa comenzó a ser vigilada. “Un taxi se paraba en la esquina y en una ocasión vimos que el auto no tenía patente. Sospechamos que era un control sobre nosotros, aunque luego se fueron”. En mayo se decidió que la madre de Miguel viajara fuera del país. Quedaron en la casa de Janequeo Alejandro Salgado, Hugo Ratier y tres de los hijos de Digna, aunque la idea era que también salieran del país.

La rutina diaria comenzaba temprano. Miguel hacía las compras, mientras que Hugo Ratier se encargaba de preparar la comida. Miguel recuerda que “comíamos juntos y por las tardes conversábamos y veíamos fútbol por televisión”.

A fines de agosto de 1983 los hermanos de Miguel, Sandra Virginia y Luis Enrique, abandonaron la casa para reencontrarse con su madre en el exterior. Miguel recuerda: “El ambiente se hizo más triste para mí”.

La huida

En la mañana del 7 de septiembre de 1983 el joven Miguel Bustos se levantó para ir al colegio. “Regresé cerca de las 14 horas. Almorcé junto a mi tío Hugo y Alejandro, escuchando las noticias de la radio. Después quedamos conversando un rato. Me preguntaron cómo me iba en el colegio, a lo que contesté que más o menos. El tío Hugo comenzó a recordar su época de estudiante en su ciudad natal, en Argentina. Luego lavó la loza y mi papá salió como a las 16.30 horas, quedándonos solos con el tío Hugo. Conversamos en el living y después me fui a mi pieza a estudiar. Sin embargo, Alejandro tardaba en volver y nuestra preocupación se expresaba con el silencio que reinaba en la casa”.

Se hizo de noche, entonces, de repente, comenzó la balacera. “La casa se estremecía con los impactos y comenzó a llenarse de humo. Yo traté de ubicar al tío Hugo, lo llamé y no escuché respuesta”. La intensidad de los balazos aumentaba y los agentes de la CNI destruyeron todo al ingresar a la vivienda. “Disparaban para asegurarse que no había nadie vivo”. El muchacho consiguió escapar saltando a una casa vecina, donde se ocultó gracias al solidario gesto del dueño. Un flash noticioso informó esa noche sobre el violento “enfrentamiento”. “Se mostraron imágenes de nuestra casa. Se veían carabineros y agentes armados. La casa la mostraban por dentro y se podían apreciar armas, que yo nunca había visto antes. La noticia fue que habían matado a dos ‘terroristas’ en un enfrentamiento”.

Con la ayuda de abogados de la Vicaría de la Solidaridad, el joven Miguel Bustos Césped acudió posteriormente a declarar en la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. La entrevista comenzó con preguntas de rutina, mientras los datos eran registrados por el actuario. Junto a éste se encontraba de pie “un hombre alto, algo gordo, que me preguntaba varias veces las mismas cosas. Se iba poniendo agresivo. Me decía que tenía que admitir diferentes cosas y mostraba fotos de mi familia. Sacó una pistola, comenzó a jugar con ella y a apuntarme”.

El joven sobreviviente de la tragedia en calle Janequeo permaneció más de un año en Chile viviendo en precarias condiciones, hasta que pudo viajar a Suecia donde hoy vive con su madre, Digna Césped. Pero las secuelas del horror que vivió en Chile lo persiguen hasta hoy

Un argentino que luchó por Chile

Hugo Norberto Ratier Noguera llegó a Chile en 1970. Hijo de una familia peronista de Misiones, Argentina, y sobrino del contralmirante Enrique Noguera Isler, edecán del ex presidente Juan Domingo Perón, Ratier era un hombre de Izquierda y en nuestro país se unió al MIR. Fue un destacado dirigente de su comité central y luchó por la libertad de Chile.

La historia reconstruida por el Informe Rettig (1990) señala que una patrulla de la CNI dio muerte a Alejandro Salgado cuando caminaba hacia la casa de calle Janequeo, donde lo esperaban Ratier y su hijo adoptivo, Miguel Bustos Césped, de 16 años. Con una ametralladora pesada, montada en un jeep, dispararon contra la casa. En la secuencia de hechos narrados por el único sobreviviente, se consigna que la vivienda fue quemada, con el objetivo de no dejar huellas del falso enfrentamiento.

A 21 años de estos hechos, quien fuera la pareja de Hugo Norberto Ratier, Ruth Carvajal Peña, reflexiona sobre su compañero y la posibilidad que hubiese abandonado el país con ella. “Creo que él nunca lo pensó. Me dijo: tú te vas a Cuba y en unos meses más yo me voy. Pero ambos sabíamos que eso no iba a ocurrir. El se quedaba aquí hasta las últimas consecuencias”, dijo Ruth a Punto Final.

Los secretos del coronel Bustos

En noviembre de 2003 causó revuelo una información en el diario electrónico El Mostrador respecto al agregado militar de Chile en la ONU, coronel Pedro Pablo Bustos Valderrama. No sólo había sido agente de la CNI, sino también habría tenido activa participación en los asesinatos de 1983 en calles Fuenteovejuna y Janequeo. De acuerdo con esos antecedentes, el coronel Bustos integró la Brigada Azul de la CNI que combatía al MIR, cuyo jefe era el comandante Aquiles González (“El Caracha”). El segundo era el mayor Alvaro Corbalán Castilla, procesado por el ministro Alejandro Solís como autor del homicidio de Lisandro Salvador Sandoval Torres, cometido el 17 de agosto de 1981 y condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez.

Pedro Pablo Bustos operaba en la CNI bajo el nombre de Alejandro Benz y -como consigna El Mostrador- participó en el operativo de calle Janequeo según testimonio de cinco ex agentes que intervinieron en el hecho. Sin embargo, hasta ahora su participación no ha sido acreditada ante la justicia. En 1986, Bustos Valderrama era jefe de seguridad personal de Augusto Pinochet al momento del atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el 7 de septiembre de ese año. Cuando Pinochet regresó a Chile tras su detención en Londres, en marzo de 2000, el coronel Pedro Pablo Bustos le rindió homenaje como vocero del ejército. A este perfil se suma su vinculación con la financiera ilegal La Cutufa, que operaba al interior del ejército desde 1984. En esa investigación se determinó que unas 350 personas tuvieron directa relación con las operaciones de la financiera, que prestaba dinero de manera fraudulenta a militares y sus familias

La Corte Suprema confirmó las condenas contra 22 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal, en Santiago.

En fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal (causa rol 10.047-2022) -integrada por los ministro Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos Sagristá, Jean Pierre Matus, y el abogado (i) Gonzalo Ruz L. y la abogada (i) Leonor Etcheberry C.- descartó error de derecho en la sentencia y rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la casi totalidad de los condenados en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado en noviembre de 2021, que a su vez confirmó con algunos cambios la de primera instancia, dictada en julio de 2019 por el ministro Miguel Vásquez Plaza.

En la resolución la Segunda Sala confirma las condenas aplicadas a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi, Álvaro Julio Federico Corbalán  Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, quienes quedan condenados a 17 años de presidio, en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército y operativos de la CNI Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ros, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

El agente Manuel Ángel Morales Acevedo, también condenado en las instancias previas, falleció en el curso del proceso.

Falso enfrentamiento

El día 7 de septiembre de 1983, decenas de agentes de la CNI, de la SIFA, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera.

Simultáneamente, con ocasión de ir llegando al barrio y al mismo domicilio donde residía, el militante Alejandro Salgado Troquián fue abatido por múltiples heridas de bala, y ejecutado en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, a dos cuadras de la vivienda atacada.

Hugo Norberto Ratier Noguera, de 39 años de edad, era de nacionalidad argentina, originario de Misiones, y residía en Chile desde 1970. Era dirigente del MIR y se mantenía activo en la clandestinidad. Era casado y padre de tres hijos; poco antes de estos hechos su esposa e hijos habían abandonado el país por razones de seguridad. Alejandro Salgado Troquián, de 30 años de edad, de profesión veterinario, también militante del MIR, era casado y padre sustituto de los hijos de su pareja.

Un menor de edad, hijo adoptivo de Salgado y residente en la vivienda junto con Salgado y Ratier, fue víctima y testigo de los hechos pero en medio de la balacera logró huir hacia casas del vecindario, salvando así la vida y denunciando luego el criminal ataque.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en la comuna de Las Condes, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento y en donde fueron asesinados Arturo Vilavella Araujo, Lucía Orfilia Vergara Valenzuela y Sergio Peña Díaz. Los tres habían regresado clandestinamente a Chile para integrarse a la lucha contra la dictadura. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la investigación del hecho represivo quedó demostrado que el organismo represivo de la dictadura desarrolló una operación de seguimiento y vigilancia durante los meses previos sobre un conjunto de miembros del MIR que actuaban en la clandestinidad en la lucha de resistencia contra el régimen tirano. Con los datos obtenidos de esa observación previa, la CNI orquestó la operación de exterminio que significó la detención de una decena de personas, el ataque y asesinato de los tres moradores de la casa en calle Fuente Ovejuna, y luego el ataque y asesinato de otros dos militantes en la casa de calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

por Darío Núñe