Ruiz – Tagle Orrego Eugenio

Eugenio RUIZ – TAGLE ORREGO

El 19 de octubre de 1973 a la 01:.20 horas, fueron ejecutadas por efectivos del Ejército, cerca de Antofagasta, las siguientes personas:

– Luis Eduardo ALANIZ ALVAREZ, de 23 años de edad, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante socialista; quien a fines de septiembre se entregó voluntariamente a las autoridades militares de Arica, ante el requerimiento público hecho por las autoridades de Antofagasta. Desde aquella localidad fue trasladado a la Cárcel de esta última ciudad, donde al parecer se le inició un proceso, acusado de poseer armas, el que no fue concluído.

– Dinator Segundo AVILA ROCCO, de 32 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), militante socialista; quien fue detenido el 29 de septiembre en María Elena y trasladado primero a la Comisaría de Tocopilla y luego a la Cárcel de Antofagasta.

– Guillermo Nelson CUELLO ALVAREZ, de 30 años de edad, funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante socialista, quien se presentó voluntariamente el 13 de septiembre a la Comisaría de Antofagasta, desde donde fue llevado a la Cárcel de esa ciudad.

– Segundo Norton FLORES ANTIVILO, de 25 años de edad, asistente social de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) en María Elena, militante socialista; detenido el 1º de octubre en su domicilio de María Elena, desde donde es trasladado a Tocopilla y a la Cárcel de Antofagasta, posteriormente.

– Darío Armando GODOY MANSILLA, de 18 años de edad, estudiante de enseñanza media, militante socialista; detenido en Tocopilla y desde allí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.

– José Boerlindo GARCIA BERRIOS, de 66 años de edad, trabajador marítimo y dirigente sindical, militante comunista; detenido en Tocopilla el 12 de septiembre, llevado a la Comisaría de esa ciudad y de ahí trasladado a la Cárcel de Antofagasta. En varias oportunidades, durante su detención, fue llevado junto a su hija a interrogatorios en Cerro Moreno.

– Miguel Hernán MANRIQUEZ DIAZ, de 25 años de edad, profesor, empleado de la industria de cementos INACESA, militante socialista; quien fue detenido el 20 de septiembre por detectives y efectivos militares y llevado al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta y desde allí a la Cárcel Pública de esa misma ciudad.

– Danilo MORENO ACEVEDO, de 28 años de edad, chofer en la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y dirigente sindical, militante socialista; quien se presentó voluntariamente el 8 de octubre al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta ante un requerimiento público. Permaneció allí, incomunicado, hasta el 15 de octubre, cuando fue trasladado a la Cárcel Pública.

– Washington Radomil MUÑOZ DONOSO, de 35 años de edad, Interventor en la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU); detenido en Antofagasta en fecha indeterminada y recluído en la Cárcel de esa ciudad.

– Eugenio RUIZ – TAGLE ORREGO, de 26 años de edad, ingeniero, Gerente de la Industria INACESA, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quien se presentó voluntariamente a la Intendencia de Antofagasta el 12 de septiembre, ante un requerimiento público. Desde ese lugar fue trasladado a la Base de Cerro Moreno, donde permaneció hasta el 23 de septiembre, cuando fue trasladado a la Cárcel de Antofagasta. La tortura a que fue sometido se relata en la parte general de este período.

– Héctor Mario SILVA IRIARTE, de 38 años de edad, abogado, Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO Norte, ex Regidor de Chañaral, Secretario Regional del Partido Socialista; quien viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en la mañana del día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la Intendencia.

– Alexis VALENZUELA FLORES, de 29 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), Presidente del Sindicato de esa empresa y Tesorero de la Central Unica de Trabajadores CUT Regional, Regidor de Tocopilla, militante comunista; detenido el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, llevado a la Cárcel de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de Antofagasta. Permaneció incomunicado durante toda su detención.

– Marco Felipe DE LA VEGA RIVERA, de 46 años de edad, ingeniero, Alcalde de Tocopilla, militante comunista; detenido el 15 de Septiembre por efectivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros, llevado a la Comisaría de Tocopilla y el 15 de octubre, a la Cárcel de Antofagasta.

– Mario del Carmen ARQUEROS SILVA, de 45 años de edad, Gobernador de Tocopilla, militante comunista; detenido el 14 de Septiembre en su domicilio por efectivos de Carabineros y conducido a la Comisaría de Tocopilla, donde permanece hasta el 15 de octubre cuando es trasladado a la Cárcel de Antofagasta. Durante el período de su detención permaneció incomunicado.

El 21 de octubre de l973 se publicó en la prensa de Antofagasta un comunicado oficial que daba cuenta de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz-Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, señalándose que «las ejecuciones fueron ordenadas por la Junta Militar de Gobierno…». El 24 de octubre apareció un segundo comunicado público que daba cuenta de las ejecuciones de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Nelson Cuello, indicándose que por «resolución de la Honorable Junta de Gobierno, el día 20 en la madrugada se procedió al fusilamiento de tres personas…», las ya indicadas.

No hubo versión oficial de los restantes siete ejecutados del día 19 de Octubre.

Comunicados oficiales posteriores, tanto de autoridades provinciales como nacionales, hacen referencia a esas ejecuciones como si ellas fueran la consecuencia del cumplimiento de sentencias dictadas por Consejos de Guerra. En informes entregados por el Gobierno de la época a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señalaba que Eugenio Ruiz-Tagle y Héctor Silva, entre otros, habían sido procesados en la causa 349-73 seguida ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, comprobándosele a Ruiz-Tagle «su participación en el delito de malversación de caudales públicos…y giro de fondos para adquirir armamentos para el Partido Socialista y el Movimiento de Acción Popular. Además se acreditó su responsabilidad en la organización de un plan terrorista preparado para los días 18 y 19 de septiembre de l973… el tribunal correspondiente le impuso la pena de muerte que se cumplió por fusilamiento el 19 de octubre de l973». En cuanto a Héctor Silva, según esa versión, se le habrían acreditado diversos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, atentado contra la Seguridad del Estado, tenencia ilegal de armamentos y explosivos, agregándose que «su participación en estos actos se comprobó fehacientemente «. En la causa confesó su participación, como propiciador, organizador y principal dirigente de una organización paramilitar…En el proceso respectivo … se le condenó a la pena de muerte, que fue cumplida mediante fusilamiento el 19 de octubre de l973».

Tras analizar detenidamente los antecedentes recibidos y los testimonios recogidos de diversas fuentes, la Comisión se formó la convicción de que las muertes de las catorce personas antes individualizadas correspondieron a ejecuciones de responsabilidad de agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad, lo cual constituyó una violación de sus derechos humanos, en especial a la integridad física, al justo proceso y a la vida. Fundamenta su convicción en las siguientes consideraciones:

– Respecto de la mayoría de los ejecutados existen testimonios verosímiles de que mientras estuvieron privados de libertad y antes de ser muertos, fueron atrozmente torturados. Ello, desde luego, invalidaría cualquier confesión prestada.

– La versión oficial que daba cuenta de la existencia de un proceso judicial que habría concluído en la condena a muerte de los catorce afectados es contradictoria con la primera información que daba cuenta de una decisión de la Honorable Junta de Gobierno;

– Que a pesar de los requerimientos hechos por la Comisión, no fue posible obtener las piezas del proceso que se habría sustanciado en contra de los ejecutados, lo que junto a los demás antecedentes la lleva a concluír que este nunca existió;

– Que, además, la primera versión acerca de la decisión de la Junta de Gobierno es coherente con el hecho que al momento de los fusilamientos se hallaba presente en Antofagasta una comitiva militar procedente de Santiago con autoridad delegada precisamente de las más altas autoridades nacionales;

– Que a este último respecto, las versiones que han entregado los protagonistas son contradictorias en cuanto a la procedencia de las órdenes de ejecución, pero ninguna alega que haya existido un Consejo de Guerra;

– Que en el evento que se hubiese realizado alguna especie de juzgamiento de los ejecutados, ello ocurrió sin conocimiento de sus familiares y abogados, lo que significó que los afectados carecieran de derecho a defensa;

– Que, cualquiera que haya sido el origen de la orden de ejecutar a los catorce detenidos, en sus fusilamientos participaron oficiales y efectivos militares del Regimiento Antofagasta y oficiales integrantes de la comitiva procedente de Santiago.

Mis hermanos y yo tuvimos el privilegio de vivir una infancia y juventud intensamente felices, llenas de estímulos y de amor. Fui la mayor, seguida un año después por Eugenio, y más tarde por Emilio, nuestro chiquito de oro, cinco años menor. Nuestros padres eran jóvenes, guapos y sociables, la casa de Alcántara rebosaba de vida, siempre llena de amigos, tíos y primos. Ninguna nube en el horizonte presagiaba la violencia y el dolor que cambiaría nuestra vida para siempre.

Por haber conocido la televisión recién a mis 16 años, cuando ésta llegó a Chile para el Mundial del ‘62, nuestro mundo con mi hermano Eugenio fue pequeño y protegido, con infinitos libros, papelería y juegos con los que dábamos rienda suelta a la imaginación. Con la ayuda del jardinero construimos una precaria mediagua arriba de un árbol del jardín, donde pasábamos horas sin fin soñando aventuras e inventando historias juntos. Uno empezaba a improvisar y el otro lo seguía, de manera que el desarrollo de los relatos era siempre inesperado. Eso cimentó la profunda amistad y cercanía que tuvimos a lo largo de nuestra corta vida juntos.Siendo un gran deportista, fue la pesca submarina la que en su época universitaria lo llevó a recorrer con sus amigos playas y caletas en las que conocieron un Chile que jamás habíamos imaginado desde nuestra pequeña burbuja santiaguina. Él volvía contándome emocionado lo difícil que era la vida para los pescadores, las pocas esperanzas que tenían de darle a sus hijos una vida mejor, y de lo importante que era que abriéramos los ojos y nos hiciéramos cargo de la dura realidad que nos rodeaba. Eso, entre otras motivaciones, lo llevó a acercarse a los movimientos universitarios de izquierda.

En 1968 me casé y partí con mi marido a Estados Unidos. Él, tras obtener máster y doctorado, fue contratado por la OEA en Costa Rica a partir de enero de 1973. En el intertanto mucho pasaba en Chile: Allende llegaba a la presidencia y Eugenio se había unido al Mapu. Mi hermano se recibió de Ingeniero en la Universidad Católica, se casó con Mónica Espinosa, se fueron a vivir a una población para conocer el Chile real y en enero del 73 nacía su preciosa Josefa. Tuve la suerte de estar en Santiago ese verano, y los últimos recuerdos que tengo de Eugenio son su paciencia infinita para jugar con mi hijo Andrés de 3 años, así como la ternura profunda con que contemplaba arrobado a su Josefita recién nacida. La última vez que me despedí de él estaba con ella en los brazos. No cumplía aún los 26 años. De ahí partirían los tres a Antofagasta, donde Eugenio asumió como gerente de INACESA, la Industria Nacional del Cemento.

El día 11 de septiembre de 1973, mientras yo estaba en San José sin sospechar lo que ocurría en Chile, en Santiago mis padres agradecían que las Fuerzas Armadas se hubieran hecho eco del clamor general e intervinieran para evitar que el país se hundiera en el caos producido durante el gobierno del Presidente Allende. Lamentaban que el sueño de mi hermano sobre un gobierno que diera oportunidades a los más pobres y marginados hubiera terminado poniendo en riesgo la democracia, pero no dudaban que las Fuerzas Armadas sólo intervenían como último recurso para recuperar la institucionalidad y abrir el camino para elecciones democráticas. Al enterarme, sentí dolor por que se hubiese llegado a eso, pero ni por un instante sentí temor por Eugenio. Mi profundo conocimiento de su alma y corazón limpio me aseguraban que él no podría tener nada que temer. ¡Fuimos tan ingenuos!
Ese mismo 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas dictaban un bando militar que instruía a los gerentes de las empresas estatales a hacer entrega de sus cargos al nuevo gobierno militar.

El día 12 de septiembre, Eugenio se presentaba voluntariamente para hacer entrega de su cargo ante el general Joaquín Lagos, jefe de zona de Antofagasta, un hombre de bien con quien tenía una buena relación. Lo hacía motivado por su sentido del deber, su conciencia limpia y su confianza en las Fuerzas Armadas de Chile. Éste le indicó que, mientras se resolvían asuntos administrativos del traspaso de las platas de la empresa, debería quedar recluido en el cuartel. Dada su estima por él no quiso dejarlo junto a presos comunes, por lo que le pidió a la Fuerza Aérea que lo mantuviera temporalmente en Cerro Moreno, sin sospechar que allí sería bestialmente torturado por un teniente sicópata. Cuando el horrorizado capellán de la Fuerza Aérea le informó lo que ocurría, el general Lagos trajo a mi hermano inmediatamente de vuelta. Aclaradas ya las platas, y tras una audiencia que se efectuaría la mañana del 19 de octubre, quedaría en libertad sin cargo alguno. Aliviados, mis padres viajaron a buscarlo el día 18.
Sin embargo, el destino quiso otra cosa, y ese mismo 18 de octubre del ‘73 llegó a Antofagasta el general Sergio Arellano Stark con su tristemente famosa «Caravana de la Muerte». Al amparo de la noche, y a espaldas del jefe de la plaza, sacaron a los detenidos, a quienes mutilaron y asesinaron con una crueldad indescriptible. Sus «facultades especiales» le permitieron crear una verdad oficial, obligando al general Lagos a firmar un edicto que decía que las víctimas habían sido fusiladas por intento de fuga.

No les permitieron traer su cuerpo a Santiago, ya que éste era evidencia de que su muerte no se debió a un misericordioso fusilamiento. Mis padres tuvieron que enterrar a su hijo allá; y no les permitieron acceso a línea internacional para llamarme a Costa Rica. Avisada por mi suegra, en estado de shock alcancé a llegar a Santiago antes de que mis papás pudieran volver de Antofagasta. Esa misma noche, el general Óscar Bonilla informaba por cadena nacional que a partir de ese momento se acababan las ejecuciones sumarias. Aún se escuchaba la Canción Nacional cuando sonó el teléfono, y el propio general Bonilla, informado por Jaime Guzmán de lo sucedido, me pidió les transmitiera a mis papás que si bien esto no les devolvería a su hijo, al menos haría que no hubiese más padres en Chile que sufrieran lo mismo en el futuro. 

Todo lo que siguió ocurriendo durante nuestra larga búsqueda de justicia fue intenso, sorprendente y complejo. Sin voluntad política para encausar a los asesinos mientras fueron hombres fuertes y poderosos, se necesitaron 42 largos años para que la Suprema condenara a los miembros de la Caravana de la Muerte por delitos de homicidio calificado la noche del 18 al 19 de octubre de 1973 en Antofagasta. El expediente es espeluznante pero tardío. A esa altura, ya eran ancianos frágiles, y yo quería verdad y justicia, no venganza. Pinochet, establecida ya la cadena del mando, había fallecido, y Arellano Stark fue sobreseído por demencia.

Todo lo que ocurrió durante los gobiernos de Allende y de Pinochet cambió para siempre la vida de nuestra familia, que nunca volvió a ser la misma; y también la del país. Su alma republicana quedó profundamente herida, con un casi irreconciliable odio fraterno que derivó en una descomposición moral capaz de considerar que el horror sólo merecía ese calificativo cuando venía del otro bando, mientras se bendecía y justificaba cuando venía del propio. Nuestra tierra se volvió fértil para el odio, el mundo se dividió en buenos y malos, se perdió la racionalidad.Tras cincuenta años parece increíble que ese odio siga palpitando con tanta fuerza en el pecho de jóvenes que aún no nacían el 73, y a muchos sorprende que quienes lo sufrimos directamente no seamos quienes más lo siembran. Ese odio nos causó demasiado dolor y no podemos permitir que lo hereden y sufran las nuevas generaciones. No olvidamos, pero tenemos el derecho a soñar con un Chile sin divisiones, liberados ya de esa pesada mochila que tras medio siglo no debería seguir determinándonos, ni mucho menos envenenando a nuestra juventud.

Dejemos que a Allende y Pinochet los juzgue la Historia y escuchemos las voces que sean capaces de unirnos, no las que revivan y perpetúen la odiosa división, hipotecando la paz y el futuro de nuestra juventud.

Muerto en la quebrada El Way Antofagasta ., octubre de 1973

Eugenio Ruiz Tagle , 26 años de edad era casado y tenía una hija.

Ingeniero gerente de la industria nacional de cemento S.A  (inacesa). Militante del movimiento de acción popula unitaria ( MAPU).

Se presentó voluntariamente el día 12 de septiembre de 1973 ante un requerimiento público.Desde ese lugar fué trasladado a la base  de Cerro Moreno, donde permanecío hasta el 23 de septiembre , cuando fué trasladado a la cárcel de Antofagasta. Fué ejecutado el 19 de octubre de 1973 por agentes de estado y al margen de toda legalidad.