Quispe Choque Donato

Donato QUISPE CHOQUE

El 23 de septiembre fueron detenidos junto a una veintena de trabajadores, en la empresa textil SUMAR, industria perteneciente al llamado "Cordón Vicuña Mackenna",

Ofelia Rebeca VILLARROEL LATIN, 29 años, secretaria de la sección Comercio Exterior, encargada del Departamento Femenino del Sindicato de Empleados, militante comunista.

Donato QUISPE CHOQUE, obrero, de nacionalidad boliviana.

Adrián del Carmen SEPULVEDA FARIAS, 27 años, obrero de la sección Hilandería, delegado del personal, simpatizante de izquierda. 

  Esta industria había sido allanada previamente el día 12 de septiembre por efectivos del Ejército, quienes tomaron el control de la empresa.  El día 23 de Septiembre, se presentaron la mayoría de los operarios a su lugar de trabajo, obedeciendo a un llamado de las nuevas autoridades.  En la medida que los trabajadores iban llegando a la empresa, eran formados y separados aquellos que se consideraban como los más peligrosos de acuerdo a listas que los militares consultaban.

Testimonios múltiples y concordantes de obreros y empleados que se encontraban en el interior de la empresa señalan que las víctimas fueron detenidas allí, por funcionarios del Ejército, y luego separadas de los otros trabajadores que también habían sido detenidos, siendo esta la última vez que se les ve con vida.

Los cadáveres de los afectados fueron encontrados en la vía pública, en la carretera General San Martín, lugar desde donde fueron remitidos hasta el Instituto Médico Legal.  Las correspondientes autopsias revelaron que la data de las muertes fue el mismo día de la detención.

Los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala, además de que todos tenían vendas en los ojos, señal de haber sido ejecutados. 

En razón de los antecedentes reunidos, especialmente los testimonios que acreditan fehacientemente la detención y el procedimiento de ella, más la circunstancia de la data de las muertes y la causa de las mismas, llevan a esta Comisión a la convicción que Ofelia Rebeca Villarroel Latín, Donato Quispe Choque y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías fueron ejecutados y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos producto de la acción de agentes del Estado.

El martes 11 de septiembre de 1973, el pueblo chileno amaneció de golpe. Efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, a las que se sumó Carabineros, arremetieron contra el presidente Salvador Allende, quien luego de resistir con las armas en la mano durante horas, murió en el Palacio de La Moneda pasado el mediodía.

En los mil días del gobierno de la Unidad Popular (UP), decenas de miles de refugiados políticos de América Latina y el Caribe se arrimaron hasta el país para vivir de primera mano "la vía chilena al socialismo", un experimento inédito. No fueron la excepción las y los centenares de bolivianos, que se vieron forzados a abandonar su país tras el golpe de Hugo Banzer en agosto de 1971.

El presente artículo es fruto de una alianza editorial entre el periódico chileno Resumen y la revista Correo del Alba, y está dedicado a abordar las historias de vida de los seis jóvenes bolivianos ejecutados por la dictadura de Pinochet.

Ramiro Carlos Gonzales Gonzales y Enrique Antonio Saavedra Gonzales

Nacido el 20 de marzo de 1955 en la ciudad de Arica, Ramiro desde su niñez adoptó la nacionalidad boliviana, por línea paterna.

A sus 18 años estudiaba la carrera de Medicina en la Universidad de Chile, siendo detenido el sábado 15 de septiembre en Santiago, junto a su primo Enrique Antonio Saavedra Gonzales, nacido el 13 de junio de 1955, estudiante de Economía de la Pontificia Universidad Católica,

Solteros y sin militancia política, según el Informe Corporación, ambos "desaparecieron el día 15 de septiembre. Ese día, los jóvenes salieron del Hotel São Paulo, lugar en el cual residían, con el objeto de comprar alimentos, luego de cuatro días en que rigió el toque de queda. Desde esa fecha se ignora su paradero y las circunstancias que rodearon su desaparecimiento".

En la investigación de reconstrucción de los hechos, Dorbeo Hanssen Torrico, administrador del Hotel, atestiguó: "Efectivamente el año 1973, por el lapso de un mes aproximadamente estuvieron hospedados los jóvenes Ramiro Gonzáles y Antonio Saavedra, quienes me fueron recomendados por sus madres. Debo agregar que la última vez que vi a estos muchachos fue el día 15 de septiembre de 1973, fecha en que aproximadamente a las 16:00 hrs. salieron a dar una vuelta a las cercanías del Hotel, no regresando más a éste. Ignoro qué pueda haberles ocurrido, ya que nunca más supe de ellos, informando de esta situación a sus madres".

Luego de su desaparición, las madres de estos jóvenes viajaron a Chile y gestionaron su búsqueda ante la Cancillería y Cruz Roja Internacional; por años se especuló de su paso por el centro de detención y tortura del Estadio Nacional. Entre las décadas del 70 y 80 hicieron lo propio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio de Defensa y otras tantas instituciones públicas, sin éxito alguno.

A fines del año 1994 sus osamentas fueron identificadas, tras ser inhumadas de una fosa común del Patio 29 del Cementerio General en Santiago, siendo repatriados por sus familiares en 1996.

Donato Quispe Choque

De 28 años de edad, sin actividad política conocida, se desempeñaba como obrero textil delegado de la sección Hilandería de la Fábrica Sumar, entonces parte del Cordón Industrial Vicuña Mackenna.

Según el Informe Rettig, "esta industria había sido allanada previamente el día 12 de septiembre por efectivos del Ejército, quienes tomaron el control de la empresa [Sumar].  El día 23 de septiembre se presentaron la mayoría de los operarios a su lugar de trabajo, obedeciendo a un llamado de las nuevas autoridades. En la medida que los trabajadores iban llegando a la empresa, eran formados y separados aquellos que se consideraban como los más peligrosos de acuerdo a listas que los militares consultaban".

Donato fue detenido, junto a una veintena de colegas, en su lugar de trabajo el domingo 23 de septiembre, siendo asesinado ese mismo día.

Su cadáver fue encontrado en la vía pública, en la carretera General San Martín, desde donde fue llevado hasta el Instituto Médico Legal. La autopsia de Donato y sus compañeros -vendados y con múltiples balas- arrojó que habían sido ejecutados por agentes del Estado.

El año 2008 su cuerpo fue identificado en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago y repatriado a Bolivia.

Luis Busch Morales

Ingeniero agrónomo, militante del Partido Socialista, de 36 años de edad.

Fue detenido por el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) el viernes 5 de octubre de 1973. Inmediatamente, se le trasladó al retén Río Loa, dependiente de la Primera Comisaría de Carabineros y luego a la Cárcel Pública de Calama.

Junto a otros dos militantes socialistas -Francisco Valdivia y Andrés Rojas- fue sometido a un Consejo de Guerra que se habría llevado a cabo el sábado 6 de octubre en el Regimiento N° 15 de Calama.

Acusado de protagonizar un amago de sabotaje en la planta de explosivos Dupont de la empresa Enaex, fue ejecutado en el sector Cerro Topater, en las afueras de la norteña ciudad.

Según el Informe Corporación: "las ejecuciones se practicaron el mismo día en que se habría desarrollado el Consejo y los restos de los ejecutados no fueron entregados a sus familiares sino hasta dos años después, cuando se les indicó el lugar en que se hallaban sepultados y se les permitió exhumarlos".

En marzo de 2023 el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, condenó al exoficial de Ejército Adolfo Born Pineda a la pena de 10 años y un día de prisión efectiva por los asesinatos de Busch, Valdivia y Rojas. En su informe final sentenció: "el asesinato de los señores Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, se ejecutó actuando los hechores con alevosía, esto es, sobre seguro, tratándose de tres personas que fueron detenidas por funcionarios de Carabineros del Sicar, quienes habiendo sido llevados previamente a otros recintos de detención e interrogados con aplicación de tortura, fueron trasladados el día 6 de octubre de 1973 al Regimiento N° 15 de Calama y, ese mismo día, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18:30, las tres personas fueron fusiladas en el cerro Topater de Calama, en un contexto posterior al golpe militar en que las fuerzas militares tenían el control total y absoluto del país. […] Que, respecto de esos homicidios calificados, además, debe considerarse que de los antecedentes allegados al proceso fluyen algunos elementos para determinar cuáles fueron las verdaderas razones para detener a Valdivia, Rojas y Busch por los funcionarios de Carabineros, y si bien se les trató de vincular a un irrisorio plan terrorista, lo cierto es que queda claro que fueron razones políticas las que motivaron a los hechores a ultimar a las víctimas, lo cual constituye delitos de lesa humanidad».

Jorge Ignacio Soto Quiroga

De 28 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Bolivia, este joven abogado y estudiante de postgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) se exilió en Chile, siendo detenido junto a su esposa, Ruth Miriam Canelas Luján, su amigo Homero Bustos Quiroga y su primo Medardo Navia Quiroga -ambos estudiantes de Sociología-, por efectivos del Comando de Ingenieros del Ejército, quienes irrumpieron ilegalmente en su domicilio ubicado en calle Sazié N° 2104, donde les interrogaron y sometieron a tormentos físicos.

Tras su detención, las últimas tres personas fueron llevadas al Comando de Ingenieros del Ejército, en la intersección de las calles República y Sazié, y luego al Estadio Nacional, recinto del cual, al correr de los días, fueron liberados.

Jorge Soto Quiroga, por su parte, fue igualmente recluido en el Comando de Ingenieros del Ejército, lugar del que se le arrojó al vacío desde una azotea el miércoles 26 de septiembre.

Si bien el Ejército informó a la familia de un supuesto suicidio, en 2011 la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura concluyó que se trató de un asesinato por parte de agentes del Estado.

En abril de 2022, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, procedió a imputar por el delito de secuestro calificado al militar retirado José Enrique Contreras Pacheco. El documento del procesamiento indicó: "encontrándose a disposición de sus captores, Jorge Soto Quiroga fue conducido a la azotea del edificio, de una altura aproximada a un inmueble de cuatro pisos, donde no existían elementos de protección ni medida de seguridad alguna. Desde dicho lugar cae, falleciendo en el acto producto de un traumatismo craneoencefálico toraco-abdominal".

El miércoles 29 de marzo del presente año, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, participó de un homenaje a Jorge Soto y Jorge Ríos realizado por Flacso en Santiago. Allí la autoridad expresó: «es un honor (representar a Chile en el acto), pero en una ocasión como esta es un deber hacerlo. Y un deber extremadamente triste porque significa reconocer la responsabilidad de un Estado, que nosotros representamos, frente a esta horrorosa situación que se produjo a partir del 11 de septiembre y cuyas víctimas de la hermana República de Bolivia hoy estamos conmemorando".

Jorge Ríos Dalenz

Nacido el 25 de julio de 1941 en Cochabamba, tenía 32 años de edad para el golpe de Pinochet. Era odontólogo, exdirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y uno de los fundadores emblemáticos del MIR de Bolivia, había evadido la dictadura de Banzer tras el golpe de 1971 para refugiarse en Santiago de Chile. Al momento de su muerte cursaba estudios de postgrado en Ciencias Políticas en la Flacso.

Detenido por una Patrulla Militar, el jueves 13 de septiembre, frente a su cónyuge y dos hijos, en su departamento de la calle Seminario en la comuna de Providencia. Relató uno de los hijos a Wilson García Mérida ("Un cochabambino en manos de Pinochet. Lucha, pasión y muerte de Jorge Ríos Dalenz"): "mi hermano Jorge Eduardo y yo jugábamos fulbito en el pasillo de nuestro departamento cuando vimos llegar a los soldados. Subieron al piso y gritaban el nombre de mi padre buscándolo. Un militar me preguntó si yo sabía dónde estaban las armas que supuestamente mi papá escondía en la casa. Ese día nos visitaba Susy Requena, quien nos ocultó en nuestro dormitorio y nos leía un cuento mientras detenían a mi padre. Lo bajaron y lo pusieron en un jeep sin capot, yo lo miraba sentado desde una ventana y me hizo un gesto diciéndome chau con las manos. Fue la última vez que lo vi».

Asesinado a las 21:00 hrs. del día siguiente, según el Informe Corporación, su cuerpo se hallaba en la vía pública con "múltiples heridas de bala, cráneo encefálica, cervical, torácicas, abdominal y de extremidades con salida de proyectiles", como consignó el informe del Instituto Médico Legal.

Rosario Galindo, su viuda, años más tarde narró los pormenores de la búsqueda del cuerpo de su marido, con claras huellas de tortura, en el mencionado Instituto, el día 16 de septiembre: "era domingo, unos cuatro días después de la desaparición de mi esposo. Mis hijos y yo fuimos invitados a almorzar por un familiar y convenimos vernos con él en un parque próximo a nuestro departamento. Cuando nos disponíamos a salir, vino Carmen Pereira trayéndonos la noticia. Tonchi Marincovic le había comunicado que un médico chileno, amigo suyo, vio el cadáver de Jorge en el Instituto Médico Legal. Me apresuré en dejar a mis hijos con una amiga y fui presurosa a la morgue. Estaba a punto de desvanecerme.  En el Instituto Médico Legal había miles de cadáveres amontonados en varias habitaciones. Miles. Había jóvenes, ancianos, mujeres. Hallé a mi esposo entre ese montón de muertos, con la cara amoratada, aunque era reconocible. Tenía la misma ropa del día en que se lo llevaron, una camisa blanca toda teñida de sangre. Tenía una clavícula fracturada y las rodilleras del pantalón desgarradas, con las rodillas descubiertas".

Su cuerpo fue recuperado, cremado y repatriado por su familia.

Meses después de aquel 11 de septiembre, un sobreviviente a la tragedia, René Zavaleta Mercado, reflexionó: «sacaron su cadáver [de Allende] envuelto en un poncho boliviano. Perseguidos también nosotros, como una raza maldecida, por el Chile de Pinochet, quisimos ver en ello un símbolo intacto de la fraternidad de los revolucionarios de Bolivia y Chile».

Centenares de cuerpos baleados fueron trasladados desde la morgue al Cementerio General de Santiago en los primeros meses de dictadura militar. Sin embargo, el desorden burocrático, los registros erróneos y las incongruencias en los archivos del Servicio Médico Legal y el cementerio generan dudas sobre el destino final de algunas de las víctimas de la dictadura.

Como parte de la investigación “Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte”, ArchivosChile revisó y comparó los registros documentales del Servicio Médico Legal (SML) y el Cementerio General de Santiago respecto de la trayectoria de las víctimas de la represión política en los primeros meses de dictadura militar, desde que ingresaban a la morgue hasta su destino final.[1]
Los archivos de las dos instituciones difieren en cuanto a las fechas en que salieron esos cuerpos de la morgue, quiénes los trasladaron al cementerio, si ingresaron efectivamente al recinto, y dónde fueron enterrados, o si fueron incinerados sin el conocimiento de sus familias.

Según los archivos del cementerio, sólo una fracción de los cuerpos enviados desde la morgue al camposanto aparece llegando, y además, en fechas diferentes a las señaladas en los libros del SML. En muchos casos, sus fechas y lugares de entierro no correspondían a la realidad.
Gran parte de los fallecidos por herida de bala enterrados en el Patio 29 ya venían identificados desde la morgue. Docenas más supuestamente terminaron en el crematorio, algunos “incinerados como indigentes”, como señalan los libros del cementerio, lo que en muchos casos resultó ser falso.

De acuerdo a los registros del SML, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 salieron rumbo al Cementerio General más de 1.130 fallecidos; de ellos, alrededor de 690 habían muerto por herida de bala. Sin embargo, muchos de ellos no aparecen llegando al cementerio, y no está claro qué sucedió con ellos:

¿Fueron cremados en total sigilo, como se ha rumoreado por años? ¿Fueron trasladados a otro lugar y hechos desaparecer? ¿Fueron enterrados como NN en el Patio 29 sin que quedara anotado? ¿O fueron enterrados en nichos o tumbas y nadie en el cementerio se tomó la molestia de anotarlo?

De la morgue de Santiago salieron hacia el cementerio 223 cuerpos en septiembre, 315 en octubre, 104 en noviembre y 44 en diciembre. Sin embargo, aunque el Libro de Ubicaciones del Cementerio General registra el ingreso de un número creciente de víctimas de la represión a lo largo de septiembre y octubre de 1973, y muchos menos en noviembre y diciembre, no refleja el número de cadáveres supuestamente salidos de la morgue rumbo al cementerio. 

A modo de ejemplo, entre el 15 y 19 de septiembre quedó registrado el traslado desde la morgue al cementerio de 73 muertos por herida de bala. No obstante, el Cementerio General registra el ingreso de sólo 61 en ese mismo periodo.

Los funcionarios no anotaban en el Libro de Ubicaciones los entierros por orden de llegada, sino al finalizar la jornada, lo cual puede explicar el desorden y las omisiones en los registros, en un contexto no sólo de temor y cierto caos, sino también de una mayor carga de trabajo. Este libro registra el lugar de sepultura de los fallecidos por día y en orden alfabético, basándose en los pases de sepultación. En algunas de sus páginas, tras la lista alfabética de las personas y sus lugares de entierro, se anotaron más nombres, sin ninguna orden, lo cual implica que los pases de sepultación llegaron después del entierro.

A partir de octubre –el mes en que más fallecidos por herida de bala fueron trasladados al cementerio, según registros del SML- disminuyó notoriamente la anotación de muertos por herida de bala en el Cementerio General.

Llama la atención que prácticamente no hay personas no identificadas (“NN”) anotadas en el Libro de Ubicaciones durante el mes de septiembre de 1973, siendo que salieron de la morgue unas 29 personas no identificadas ese mes. En octubre, el SML trasladó a 60 cuerpos no identificados al Cementerio General, pero en este lugar, se registra el ingreso de sólo algunos pocos, aisladamente. De acuerdo a los archivos del cementerio, en dos ocasiones ingresaron grupos grandes de víctimas no identificadas, pero esas fechas no coinciden con la fecha de salida personas no identificadas desde la morgue en octubre.

Según registros del SML, sólo el día 3 de octubre de 1973 salieron 19 NN, muertos por herida de bala, hacia el cementerio. El 10 de octubre partieron otros 7. Sin embargo, su llegada no aparece registrada en los libros del cementerio en esas fechas. En cambio, de acuerdo a los libros del cementerio, el 12 de octubre ingresaron 34 “Desconocidos” o “NN”; todos, salvo dos, habían muerto por herida de bala. Todos ellos fueron enterrados en el Patio 29.

Dos de esos “NN” fueron posteriormente identificados, según una anotación hecha en 1993 en el mismo Libro de Ubicaciones: Jorge Ávila Pizarro y Justo Joaquín Mendoza Santibáñez. Sin embargo, según el SML, el cuerpo de Mendoza Santibáñez había sido retirado desde la morgue por su madre nueve días antes. Y Ávila Pizarro aparece saliendo del SML ocho días antes.

El 22 de octubre, ingresaron otros 10 “Desconocidos” o “NN” con causa de muerte herida de bala, que también fueron enterrados en el Patio 29. Uno de ellos se anotó como “Osamentas”.

“Incinerados como indigentes”

Hasido imposible confirmar si algunos de los cuerpos que aparecen saliendo de la morgue pero que no están en los registros del cementerio terminaron cremados sin la autorización ni el conocimiento de las familias. ArchivosChile intentó varias veces entrevistar al encargado del crematorio en la época, pero éste se rehusó.

Sin embargo, tanto el SML como el Cementerio General documentaron la supuesta cremación de personas que nunca lo fueron.

De acuerdo al registro del SML, más de 40 cuerpos –casi todos muertos por herida de bala- fueron enviados al crematorio del Cementerio General; salvo en dos casos, fueron trasladados directamente por el servicio y no por sus familiares.

Es el caso, por ejemplo, de 12 víctimas[6] consignadas como detenidos-desaparecidos en el Informe Rettig. Todos ellos fueron muertos entre septiembre y octubre de 1973 y, según los libros del SML, sus restos fueron trasladados por el propio servicio al Cementerio General. Cuatro de ellos, según el SML, fueron directamente al crematorio: Carlos Guzmán Altamirano, Carlos Gutiérrez Benavides, José Pavez Espinoza y Nelson Muñoz Torres.

Sin embargo, como se descubrió años después, varios de ellos fueron en realidad enterrados en el Patio 29, al igual que el boliviano Donato Quispe Choque. Según el SML, Quispe había sido trasladado directamente al crematorio, siendo que sus restos fueron identificados positivamente en 2010 como los de la persona enterrada en la sepultura 2707 del Patio 29 junto a un NN.

Carlos Guzmán y Nelson Muñoz aparecen en los registros del Cementerio General como enterrados en las sepulturas 2710 y 2708, respectivamente, del Patio 29, y no cremados. Es más, en 2009 se confirmó la identidad de Nelson Muñoz Torres como parte de la investigación del juez Alejandro Solís sobre el Patio 29.

José Pavez Espinoza continúa desaparecido. Su nombre figuró hasta 1981 como enterrado en la sepultura 2705 del Patio 29 junto a otra víctima: Oscar Marambio Araya, cuya identidad también fue confirmada por el Servicio Médico Legal en 2011.

En una docena de otros casos, el Cementerio General registró la incineración de personas que ni siquiera corresponden a las mismas que el SML anotó como enviadas al crematorio. Uno de ellos es Luis Curivil Pranamil, muerto el 13 de septiembre y enviado al cementerio el 3 de octubre. Los archivos del cementerio indican que fue “incinerado como indigente” 15 días después.

El 12 de octubre, por ejemplo, ingresaron nueve personas identificadas y fueron sepultadas en el Patio 29, entre ellos,  Donato Quispe, ejecutado el 22 de septiembre. El Registro Civil había confirmado su identidad dos días después, y según el registro de la morgue, había sido trasladado por el propio SML hacia el cementerio el 3 de octubre. Ahí se registró su ingreso nueve días después. El 22 de octubre quedó documentado el entierro de otros 18 fallecidos por herida de bala que ingresaron con sus identidades confirmadas por el Registro Civil. Todos ellos, menos dos, fueron sepultados en el Patio 29.

La Corte Suprema de Chile ratificó este martes una condena de 12 años de prisión contra un coronel retirado del Ejército por el homicidio calificado de tres dirigentes sindicales, uno de ellos de nacionalidad boliviana, informaron fuentes judiciales.

Según el expediente del caso, citado por Efe desde Santiago de Chile, el boliviano Donato Quispe Choque, Ofelia Villarroel Latín y Adrián Sepúlveda Farías, fueron ejecutados por militares el 23 de septiembre de 1973 en las instalaciones de la empresa textil "Sumar", de Santiago por orden del imputado, Hernán Ovalle Hidalgo.

La empresa había sido intervenida por el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y las víctimas, que como dirigentes sindicales desempeñaban cargos en la administración de la misma, fueron calificados de "extremistas" por las autoridades castrenses impuestas tras el golpe del 11 de septiembre de 1973.

En su fallo de hoy, la Sala Penal del máximo tribunal chileno rechazó un recurso de casación presentado por la defensa del ex oficial y ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 11 de diciembre de 2006.

El juez de primera instancia, Jorge Zepeda Arancibia, había condenado a Ovalle Hidalgo a cinco años y un día de presidio, el 21 de junio del año pasado.

En el fallo de hoy, que es definitivo, los jueces de la Corte Suprema señalaron que el recurso presentado por la defensa no cumplía los requisitos legales, por lo cual lo desestimaron sin revisarlo.

Tras el golpe que encabezó el fallecido dictador Augusto Pinochet, los militares llevaron a cabo numerosos operativos en industrias consideradas "conflictivas" o "extremistas".

Tras ser ejecutados, los cadáveres de los tres dirigentes de "Sumar" fueron sepultados clandestinamente, en un mismo ataúd, en una tumba sin nombre del Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

El cuerpo de Ofelia Villarroel fue exhumado ese mismo año por su familia, que decidió incinerarlo, mientras los de Quispe y Sepúlveda fueron desenterrados en 1991, tras la recuperación de la democracia, cuando se encontraron 126 víctimas de la dictadura en el citado patio del principal cementerio santiaguino.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), más de 3.000 personas murieron en Chile a manos de agentes del Estado, de las que unas 1.200 permanecen aún como detenidos desaparecidos, según el Informe Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.