Pérez Vargas Dagoberto

Dagoberto PEREZ VARGAS

El 16 de octubre de 1975 la DINA logró ubicar a la directiva clandestina del MIR en una parcela de Malloco, produciéndose un enfrentamiento en el que murió Dagoberto PEREZ VARGAS, sociólogo y dirigente del MIR.  La Comisión considera que Dagoberto Pérez cayó a consecuencias de la violencia política.

                                    Nelson Gutiérrez, segundo jefe del MIR, logró huir herido del enfrentamiento de Malloco.  Días después, la médico de nacionalidad británica Sheila Cassidy atendió al dirigente prófugo y como producto de ello los agentes de seguridad comenzaron a buscarla para detenerla.

                                    El primero de noviembre de 1975 la detuvieron mientras visitaba a una enferma en la Casa de los Padres Columbanos.

                                      En el proceso de la detención los agentes de la DINA realizaron múltiples disparos y como producto de ello murió la empleada de la casa Enriqueta del Carmen REYES VALERIO, persona sin ningún tipo de antecedentes políticos y desvinculada de los demás hechos.

                                    La versión entregada por las autoridades indicaba que la doctora Cassidy se refugiaba en el lugar con un individuo no identificado y que al llegar al lugar, los agentes habrían sido recibidos con disparos, resultando un agente herido. Durante el enfrentamiento, Enriqueta Reyes habría sido baleada al interponerse en la línea de fuego del acompañante de la doctora Cassidy.

                                    La versión anterior nunca fue respaldada con testimonios de agentes u otros antecedentes. Tampoco se identifico jamás al agente herido ni al supuesto acompañante de la doctora Cassidy.

                                    Los testimonios y demás antecedentes reunidos por esta Comisión indican que no existió enfrentamiento puesto que en la casa no había personas armadas y que todos los disparos provinieron de los agentes de la DINA.

                                    Por las razones resumidas la Comisión ha llegado a la convicción de que Enriqueta Reyes fue muerta por agentes del Estado en violación de sus derechos humanos.

Un día 15 de octubre de 1975 cae en un combate desigual en una parcela de Malloco, Dagoberto Pérez Vargas.

«En Malloco estaba apiñada casi toda la dirección del MIR. Para estar preparados por si llegaba a producirse un allanamiento a la parcela, diseñamos con mucho detalle un plan de autodefensa y escape. Dagoberto, como responsable militar del partido, fue el encargado de preparar el plan.

En lo esencial contemplaba el rompimiento de un eventual cerco represivo alrededor de la casa concentrando todo nuestro poder de fuego en la parte posterior, a la cual teníamos acceso directo por una puerta ubicada en el cuarto que ocupábamos con Mary. Al huir prenderíamos fuego a la casa. En caso que el enemigo no alcanzara a establecer un cerco, nuestro primer objetivo era llegar hasta el vehículo y arrancar en él por un camino que tenía salida por el costado de la parcela. En caso que esto no fuera posible, nos replegaríamos a pie hasta predios vecinos, donde capturaríamos otro vehículo para huir. Hay que recordar que Malloco es una zona rural en las cercanías de Santiago, lo que esperábamos facilitaría el escape y nos permitiría llegar con rapidez a la capital para eludir la persecución».  

Como Renato no volvía a la hora indicada nosotros estábamos muy preocupados, en alerta. Nelson iba continuamente a la casa grande a preguntar si Renato había llegado o avisado por teléfono. En una de esas salidas se encuentra a boca de jarro con agentes de la DINA que silenciosamente y cubiertos por la oscuridad estaban rodeando la casa patronal (casa grande). Fue esa visión clasista, el creer que estábamos escondidos en la casa patronal y no imaginarse que estábamos en la del inquilino, lo que nos dio una pequeña ventaja.

Al encontrarse con Nelson, el oficial de la DINA lo encañonó y le dio voz de alto. Nelson no se detuvo y escapó a avisar a la casita. Lo hirieron en una pierna pero sin dañarle el hueso. Ni se dio cuenta de que estaba herido.

Nelson entró a la casa gritando: ‘Llegaron los milicos’. Cada cual tomó sus armas. Nelson, Dago y yo vaciamos los bidones de parafina, prendiendo ruego a la casa. Ya se sentían los disparos de la DINA que golpeaban contra la muralla y atravesaban el techo metálico». 

«De acuerdo al plan, salieron por la puerta trasera primero Dagoberto y Nelson; luego Mary, María, llevando a la pequeña Paula en brazos, y yo. La DINA estaba rodeando la casita, pero nosotros abrimos un nutrido fuego con balas trazadoras. Entre gritos y confusión, los agentes represivos se replegaron.

Recuerdo bien que, después de este primer enfrentamiento, estando todos juntos al muro de la lechería vecina, Dago propuso seguir la variante primera, es decir, escapar en el vehículo.

Creímos que el enemigo había retrocedido lo suficiente como para permitimos esa vía de escape. Pero fue un error nuestro.

Mientras Dagoberto y Nelson se movieron en dirección a la casa patronal a tomar el vehículo, los tres restantes nos hicimos fuertes en la lechería para cubrir desde allí el camino secundario por donde escaparíamos. Estaba oscuro y no veíamos a Nelson ni a Dago. Recuerdo que me ubiqué en la puerta de la lechería, justo frente al camino secundario. A los segundos de estar situado allí comenzó a entrar una columna de varios vehículos policiales con sus focos encendidos. Yo llevaba la mochila con cohetes RPG-7, pero no sabía dónde Dago había dejado el lanzacohetes.

Lo busqué desesperadamente pero no veía nada dentro de la lechería a oscuras. Entonces utilicé el fusil AKA para disparar en fuego continuo contra los vehículos. Recibir el fuego de esos proyectiles que se encienden en la noche debe ser aterrador, porque la columna se detuvo y se escuchaban los gritos de pavor de los policías que saltaban fuera de los carros.
Desde el área a que se habían dirigido Dago y Nelson se oía un fuego intenso. Los agentes represivos también disparaban contra la lechería. Los compañeros no volvían. Los llamamos. Pasó un tiempo corto pero que a nosotros nos pareció un siglo, hasta que Nelson volvió a la lechería diciéndonos que Dagoberto había caído. 

Era imposible escapar en el vehículo, así que nos retiramos por detrás de la lechería cruzando un corral y escudándonos en las vacas. Los disparos de la DINA y carabineros eran cada vez más intensos. Nos retiramos por el interior de unos canales de riego para ocultamos y confundir el rastro a quienes nos persiguieran. Abría la marcha Nelson, que conocía el terreno, seguía María, llevando a Paulita; Mary y yo atrás.

La casita de inquilinos resplandecía en llamas. Cuando nos retiramos, estando aún cerca de ella, escuchamos fuertes explosiones. ¿Eran los cohetes que dejamos dentro de la casa que deflagraron con el incendio? ¿Era Dagoberto que moribundo y en el último acto de resistencia heroíca hizo explotar su granada para cubrir nuestra retirada?

No supimos lo que ocurrió, pero sí está claro que esas explosiones atemorizaron a los esbirros de la dictadura y los contuvo de seguimos.

Aunque ya se acercaban los helicópteros policiales como maléficas luciérnagas, pudimos perdemos en la noche llevando con nosotros la dolorosa ausencia de Dagoberto Pérez».

ESE INMENSO DOLOR

por Manuel Cabieses, editorial de PF 488,

OTILIA Vargas en el Memorial donde descansan los restos de dos de sus cinco hijos asesinados por la dictadura militar.

Al cierre de esta edición se encontraba internada en grave estado en el Hospital José Joaquín Aguirre la señora Otilia Vargas, madre de los cinco hermanos Pérez Vargas, militantes del MIR, asesinados por la dictadura militar, dos de ellos detenidos desaparecidos y otro, Dagoberto, sepultado quizás dónde, arrojado al mar o exhumado y triturado por un bulldozer, quién sabe.

La Otilia, una maestra primaria que el próximo 15 de abril cumpliría 76 años, está muriéndose del “mal de Chile”, ese azote que empezó el 11 de septiembre de 1973 y que ha golpeado a miles de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Por eso, cuando escribo de ella, rogando con fervor al Dios de mi infancia que no se nos muera, pienso también en todas las mujeres chilenas que sufren el mismo horror de ver burladas sus esperanzas. O en las que ya murieron sin recibir un gesto humanitario de los que saben y callan, de los que mandaron matar y ocultan su vergüenza detrás de rostros impenetrables. Por ahí andan paseándose monstruos de inhumanidad como Marcelo Moren Brito, “El Coronta”o “El Ronco”, que disfrutaba pasándole una camioneta sobre las piernas a los detenidos, o Miguel Krasnoff Marchenko, “Capitán Miguel”, el más duro entre los criminales de la DINA, o Arellano Stark, el jefe de la Caravana de la Muerte, o Augusto Pinochet, el capo de la mafia. Todos altos oficiales de un ejército que se envileció celebrando como heroicas batallas lo que no fueron sino asesinatos de miles de hombres y mujeres, ancianos y niños, en su mayoría inermes y con las manos arriba. O los que murieron en el horror de la parrilla, el submarino, el teléfono, el “pau de arara” y las violaciones por la vagina y por el ano en cuarteles de la DINA y la CNI atendidos por elegantes oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros que después de la “jornada de trabajo” se iban con sus familias a sus clubes de campo o a emborracharse en los casinos de sus unidades.

Otilia Vargas ha sido siempre animosa, de físico frágil -“en la escuela nadie podía creer que yo había tenido seis hijos”, contaba-. Pero es de carácter fuerte y tiene un sutil sentido del humor. Está casi ciega y aunque no puede leer siempre está atenta a las noticias en la radio y la televisión. Con Flora, mi mujer, fuimos a tomar onces a su casa el sábado 6 de enero. Había estado unos días en cama porque sentía agudos dolores en una pierna. Pero ya podía levantarse aunque con ayuda y caminó apoyada en un bastón la corta distancia entre su cama y la mesa del comedor. Es una casa pequeña -que parece más grande desde que murió su esposo, don Osvaldo Pérez-, donde Otilia vive con su hija Patricia. Alguna vez a esa casa llegaban otros cinco hijos, Dagoberto, Aldo, Carlos, Iván y Mireya, todos asesinados por la dictadura militar. Ese día la encontramos muy desmejorada y deprimida -lo que no es natural en ella-, sobre todo muy agitada y tensa. La tenían así los anuncios de que las FF.AA. y Carabineros, por fin, habían decidido hacer lo que hacen los hombres: decir la verdad y afrontar la justicia. Otilia esperaba con angustia el discurso que la noche del domingo haría el presidente Ricardo Lagos para informar qué pasó con los detenidos desaparecidos y dónde están sus restos. Como miles de madres, esposas y hermanas, ella quería saber. Pero se debatía en una terrible contradicción: “No sé qué voy hacer si me llama de La Moneda la María Luisa Sepúlveda y me dice dónde están mis hijos. A veces pienso que no quiero ver esos huesos y que me digan: estos son sus hijos. No sé si quiero saberlo, no sé”. Otilia de alguna manera ya ha pasado por esa experiencia. Sus hijos caídos ocupan una página completa del Informe Rettig. Los mellizos Iván y Mireya, estudiantes universitarios de 21 años, asesinados en febrero de 1976, descansan en el Memorial del Cementerio General. Pero los restos del hijo mayor, Dagoberto, sociólogo de 27 años, que cayó enfrentando un allanamiento de la DINA en una parcela de Malloco en octubre de 1975, no han aparecido. Mientras Carlos, publicista de 25 años, y Aldo, estudiante de 23 años, son detenidos desaparecidos desde septiembre de 1974. La propia Otilia y su hija Patricia tuvieron que pasar a la clandestinidad antes de lograr refugiarse en Cuba donde las esperaba don Osvaldo Pérez. La traumática experiencia de huir de la DINA durante meses causó un daño psiquiátrico irreversible a la joven Patricia.

Le dije a Otilia que no se hiciera muchas esperanzas, que seguramente los “valientes soldados” entregarían unos pocos nombres de detenidos desaparecidos para seguir negociando la impunidad; que todavía pasaría mucho tiempo antes de saber la verdad verdadera. Sin embargo, me di cuenta que ella tenía una enorme esperanza en el discurso del presidente Lagos. Estaba perfectamente al tanto del procedimiento que seguirían para notificar a los familiares “sorteados” por el arrebato de sinceridad y honor que parecían experimentar las FF.AA. y Carabineros, empeñados en salvar la mesa de diálogo.

Pasó el discurso de Lagos del 7 de enero, y nada. No mencionó nombres. Y Otilia se puso peor. El lunes la llamé y me preguntó si “sabía algo”. Era una manera de decir: “¿han dado algún nombre, sabes algo de mis hijos?” El martes 9 apareció en “La Nación” la lista de los 200 detenidos desaparecidos presuntamente arrojados al mar o sepultados en fosas que todavía no se pueden ubicar. Pero en la lista no estaban los hijos de Otilia como casi ningún mirista, excepto los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, estudiantes de 21 y 23 años, secuestrados en diciembre de 1974 y torturados hasta morir en La Venda Sexy y en la Clínica Santa Lucía del general Contreras y sus rufianes. Ese día hablamos de nuevo con Otilia que no sabía lo publicado en “La Nación” y se lo dijimos con René Valenzuela, un amigo de muchos años. Otilia no hizo comentarios. Simplemente se hundió en su dolor. Tres días después hubo que trasladarla en ambulancia al servicio de urgencia del Hospital J. J. Aguirre. Presentaba fiebre, deshidratación y una hemorragia digestiva alta. Los exámenes acusaron después un tumor en la vesícula que obligará a intervenir a los cirujanos. La insidiosa enfermedad, opinan los médicos, pudo haber sido detonada por un factor sicosomático como su profunda depresión. Fieles amigas están preocupándose de ella, haciéndole sentir su afecto y preocupándose de solucionar los agobiantes problemas económicos que crean las hospitalizaciones a las familias modestas.

Lo importante ahora es que Otilia vuelva a sentir interés por vivir para que afronte la operación en buenas condiciones.

Su caso es el de muchos familiares de detenidos desaparecidos, cuya tragedia se ha visto agudizada por esta nueva crueldad a que se les ha sometido. Esta burla sangrienta debería impulsar con más fuerza la demanda de verdad y justicia. Convocar a amplios sectores sociales y políticos como se hizo en la lucha contra la dictadura, para retomar ese impulso democratizador que se quedó en el camino. Es la mejor manera de solidarizar con mujeres como Otilia Vargas, que algún día serán honradas por la Patria como ejemplos de coraje

La ministra responsabilizó como autores del delito a Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Luis René Torres Méndez, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara y José Abel Aravena Ruiz.

La ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación en contra 8  agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el homicidio calificado de Dagoberto Osvaldo Pérez Vargas, miembro de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cometido el 15 de octubre de 1975, en la localidad de Malloco.

En la resolución la ministra Cifuentes responsabilizó como autores del delito a Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Luis René Torres Méndez, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara y José Abel Aravena Ruiz.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:

1° Que tras la muerte de Miguel Enríquez Espinosa, ocurrida el 5 de octubre de 1974, la Secretaría General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue asumida por Andrés Pascal Allende.

2° Que, en esa época, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando del Coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda –actualmente fallecido-, se encontraba dedicada a la represión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, a través de la Brigada Operativa Caupolicán, a cargo del Teniente Coronel Marcelo Luis Manuel Moren Brito –también fallecido- y de su Agrupación Halcón, comandada por el Capitán Miguel Krassnoff Martchenko, todos oficiales del Ejército de Chile.

3° Que el día 15 de octubre de 1975, en horas de la tarde, agentes de la DINA detuvieron a Raúl Ismael Garrido Cantillana, militante del MIR y lo condujeron al centro de detención clandestino «Villa Grimaldi», lugar en que sometieron a dicho sujeto a tortura, logrando obtener información acerca del paradero de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, esto es, que sus integrantes se ocultaban en la parcela «Santa Eugenia», de propiedad de la familia del detenido, situada en la localidad de Malloco.

4° Que en razón de lo anterior, ese mismo día, alrededor de las 20:30 horas, Osvaldo Romo Mena –fallecido-, Basclay Zapata Reyes –fallecido-, Luis René Torres Méndez, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara y José Abel Aravena Ruiz, entre otros, todos agentes de la Brigada Operativa Caupolicán de la Dirección de Inteligencia Nacional, puntualmente de las agrupaciones «Halcón», «Águila» y «Vampiro», comandados por Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Víctor Lawrence Mires y Fernando Eduardo Lauriani Maturana, respectivamente, atacaron con armas de fuego la parcela «Santa Eugenia», de propiedad de la familia Garrido Cantillana, sitio en que se encontraban viviendo de manera clandestina Andrés Pascal Allende, su pareja Mary Ann Beausire Alonso, Dagoberto Osvaldo Pérez Vargas, Martín Humberto Hernández Vásquez, Nelson Gutiérrez Yáñez, su pareja María Elena Bachmann Muñoz y la pequeña hija de ambos y, con el fin de eliminarlos, dispararon hacia el interior de la propiedad con las armas de fuego que portaban.

5° Que los atacados respondieron la agresión y, acto seguido, los agentes de seguridad solicitaron el apoyo de funcionarios de Carabineros de Chile, llegando al lugar un gran contingente humano, proveniente de diversas unidades policiales de la Región Metropolitana, un helicóptero e incluso cuatro carros blindados Mowag.

6° Que, ante la diferencia de fuerzas, los miembros de la Comisión Política del MIR y las mujeres que los acompañaban intentaron darse a la fuga, logrando su objetivo sólo Andrés Pascal Allende, Mary Ann Beausire Alonso, Martín Humberto Hernández Vásquez, Nelson Gutiérrez Yáñez, María Elena Bachmann Muñoz y su pequeña hija, ya que Dagoberto Osvaldo Pérez Vargas murió a manos de los agentes de seguridad, tras recibir múltiples impactos de proyectil balístico, disparados al menos por dos armas de fuego, un revólver calibre .38 y un fusil calibre 7,62 mm, que le provocaron lesiones en el cráneo, tórax, abdomen, hombro derecho y muslo derecho.

En cuanto al detalle de la resolución, corresponde a un fallo unánime que llevó a la Segunda Sala del máximo tribunal a descartar «error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos».

Durante las últimas horas, el Poder Judicial confirmó que «la Corte Suprema rechazó los recursos de casación deducidos y confirmó la sentencia que condenó a 19 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de los hermanos Carlos Freddy Pérez Vargas y Aldo Gonzalo Pérez Vargas».

Respecto de los ilícitos, se perpetraron a partir del 10 y 23 de septiembre de 1974, respectivamente, en el contexto de la denominada “Operación Colombo”.

En cuanto al detalle de la resolución, corresponde a un fallo unánime que llevó a la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y Raúl Mera– a descartar «error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos».

Paralelamente, los agentes «Manuel Carevic Cubillos, Ricardo Lawrence Mires, Gerardo Godoy García, Nelson Paz Bustamante, Gerardo Meza Acuña, José Ojeda Obando, Nelson Ortiz Vignolo, Claudio Pacheco Fernández, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Raúl Rodríguez Ponte, José Abel Aravena Ruiz, José Fuentealba Saldías, Francisco Ferrer Lima y Rosa Humilde Ramos Hernández deberán purgar 10 años y un día de presidio».

Y a Miguel Avendaño González y Alejandro Astudillo Adonis los condenados a cinco años y un día de presidio.

[Te puede interesar] Krassnoff e Iturriaga Neumann entre ellos: Condenan a cinco ex agentes de la DINA por desaparición de 11 ex dirigentes del PS

El detalle del fallo

El escrito que publica el Poder Judicial, oficializa algunos detalles del fallo, apuntando a una «multiplicidad de presunciones que se cimentan en hechos reales y probados en base a declaraciones de testigos (…) en base a las cuales se concluye que Manríquez Bravo tiene responsabilidad como autor mediato”.

Luego, el escrito asegura que en la resolución de primera instancia, el ministro de fuero Hernán Crisosto Greisse logró establecer los hechos que se detallan.

En horas de la mañana del día 10 de septiembre de 1974, Carlos Freddy Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su oficina ubicada en calle Estado, por agentes que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Militar ‘SIM’, quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado Ollagüe o José Domingo Cañas, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

Posteriormente lo llevaron «al recinto clandestino de detención Cuatro Álamos, ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, custodiado por guardias armados y a los que sólo tenían acceso los agentes de la DINA».

En cuanto al detalle de la resolución, corresponde a un fallo unánime que llevó a la Segunda Sala del máximo tribunal a descartar «error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos».

Durante las últimas horas, el Poder Judicial confirmó que «la Corte Suprema rechazó los recursos de casación deducidos y confirmó la sentencia que condenó a 19 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de los hermanos Carlos Freddy Pérez Vargas y Aldo Gonzalo Pérez Vargas».

Respecto de los ilícitos, se perpetraron a partir del 10 y 23 de septiembre de 1974, respectivamente, en el contexto de la denominada “Operación Colombo”.

En cuanto al detalle de la resolución, corresponde a un fallo unánime que llevó a la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y Raúl Mera– a descartar «error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos».

Paralelamente, los agentes «Manuel Carevic Cubillos, Ricardo Lawrence Mires, Gerardo Godoy García, Nelson Paz Bustamante, Gerardo Meza Acuña, José Ojeda Obando, Nelson Ortiz Vignolo, Claudio Pacheco Fernández, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Raúl Rodríguez Ponte, José Abel Aravena Ruiz, José Fuentealba Saldías, Francisco Ferrer Lima y Rosa Humilde Ramos Hernández deberán purgar 10 años y un día de presidio».

Y a Miguel Avendaño González y Alejandro Astudillo Adonis los condenados a cinco años y un día de presidio.

[Te puede interesar] Krassnoff e Iturriaga Neumann entre ellos: Condenan a cinco ex agentes de la DINA por desaparición de 11 ex dirigentes del PS

El detalle del fallo

El escrito que publica el Poder Judicial, oficializa algunos detalles del fallo, apuntando a una «multiplicidad de presunciones que se cimentan en hechos reales y probados en base a declaraciones de testigos (…) en base a las cuales se concluye que Manríquez Bravo tiene responsabilidad como autor mediato”.

Luego, el escrito asegura que en la resolución de primera instancia, el ministro de fuero Hernán Crisosto Greisse logró establecer los hechos que se detallan.

En horas de la mañana del día 10 de septiembre de 1974, Carlos Freddy Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su oficina ubicada en calle Estado, por agentes que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Militar ‘SIM’, quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado Ollagüe o José Domingo Cañas, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

Posteriormente lo llevaron «al recinto clandestino de detención Cuatro Álamos, ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, custodiado por guardias armados y a los que sólo tenían acceso los agentes de la DINA».

Durante su estadía en la casa de José Domingo Cañas, «Carlos Pérez Vargas permaneció sin contacto con el exterior, vendado, amarrado y continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dichos cuarteles».

Específicamente, estos aludían a sus actividades partidarias y al nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y especialmente su hermano Dagoberto, con el propósito de detenerlos.

El montaje desplegado para encubrir la desaparición de Carlos Pérez

La última vez que a Carlos Pérez Vargas lo vieron con vida, fue un día de octubre de 1974, momento en el que desapareció sin que hasta la fecha existan novedades de su paradero.

De hecho, su nombre apareció en un listado de 119 personas que publicó la prensa nacional luego de figurar en una nómina transparentada por revista ‘O’DIA’ de Brasil, el 25 de junio de 1975, en la que aseguraban que había muerto en enfrentamientos en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR.

Adicionalmente, la justicia determinó «que las publicaciones que dieron por muerta a la víctima tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuadas por agentes de la DINA en el exterior».

La detención de su hermano

El día 23 de septiembre de 1974, agentes de la DINA detienen a Aldo Gonzalo Pérez Vargas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en los alrededores de la calle Fernández Albano, en La Cisterna.

Lo que vino después fue su traslado al recinto clandestino de detención denominado ‘Ollagüe’ o ‘José Domingo Cañas’. Sin embargo, luego lo llevaron a ‘Cuatro Álamos’, donde permaneció bajo las mismas condiciones que su hermano, esto es sin contacto con el exterior, vendado y amarrado en ambos lugares.

A Aldo agentes de la DINA lo someten continuamente a interrogatorios bajo tortura. Las sesiones apuntaban a sus actividades partidarias y al nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y sobre su hermano Dagoberto, para detenerlos.

Finalmente, el Poder Judicial detalla que la última vez que a Aldo Pérez Vargas lo vieron vivo, fue en noviembre de 1974, «encontrándose desaparecido hasta la fecha”.

#Etiquetas

En tanto, los exagentes Fernando Eduardo Lauriani Maturana, José Abel Aravena Ruiz, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Osvaldo Pulgar Gallardo, Luis René Torres Méndez y José Avelino Yévenes Vergara deberán cumplir 10 años y un día de presidio.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, condenó a 7 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado (premeditación) del dirigente del MIR Dagoberto Pérez, perpetrado en la localidad de Malloco, en octubre de 1975.

En el fallo (causa rol 16-2021), la ministra Cifuentes condenó al capitán de Ejército y comandante de la DINA a la época de los hechos, Miguel Krassnoff Martchenko, a la pena de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito en carácter de lesa humanidad.En tanto, los exagentes Fernando Eduardo Lauriani Maturana, José Abel Aravena Ruiz, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Osvaldo Pulgar Gallardo, Luis René Torres Méndez y José Avelino Yévenes Vergara deberán cumplir 10 años y un día de presidio, y accesorias legales, como coautores del homicidio calificado.

En su resolución, la ministra en visita dio por establecidos los siguientes hechos: 

«1° Que, en la época de los hechos, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando del coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, se encontraba dedicada, de manera prioritaria, a la desarticulación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a través de la agrupación ‘Caupolicán’, comandada por el teniente coronel de Ejército Marcelo Luis Manuel Moren Brito y, particularmente, del equipo ‘Halcón’, a cargo del capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko. 

2° Que, tras la muerte de Miguel Enríquez Espinosa, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurrida el 5 de octubre de 1974, la dirección de dicho movimiento fue asumida por Andrés Pascal Allende y la acción represiva de la DINA en contra del MIR continuó desarrollándose intensamente. 

3° Que, en ese contexto, el día 15 de octubre de 1975, en horas de la tarde, un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional detuvo a Raúl Ismael Garrido Cantillana –militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que desarrollaba la función de ‘correo’ o ‘enlace’ entre los integrantes de la Comisión Política del MIR y el resto de los adherentes de dicho movimiento– y, acto seguido, lo trasladó al centro de detención clandestina denominado ‘Villa Grimaldi’, lugar en que el detenido fue interrogado, mediante apremios ilegítimos, con el fin de obtener datos acerca del paradero de los integrantes de la Comisión Política –Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez Yáñez y Dagoberto Pérez Vargas–, quienes, en ese tiempo, se ocultaban, junto a Mary Ann Beausire Alonso, María Elena Bachmann Muñoz y Martín Hernández Vásquez, todos militantes del MIR, en la parcela de la familia Garrido Cantillana, situada en la localidad de Malloco.

4° Que, a partir de la información ilegítimamente obtenida, ese mismo día, al atardecer, un equipo de la Dirección de Inteligencia Nacional, integrado por Osvaldo Enrique Romo Mena, Basclay Humberto Zapata Reyes, Luis René Torres Méndez, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Abel Aravena Ruiz y José Avelino Yévenes Vergara, entre otros, comandados por el oficial Miguel Krassnoff Martchenko y reforzado por funcionarios de Carabineros de Chile de la Prefectura de Fuerzas Especiales y de la Escuela de Suboficiales, todos fuertemente armados, se dirigió a la parcela Santa Eugenia de la localidad de Malloco.

5° Que, una vez en la parcela, un grupo de agentes de la DINA disparó en contra de Nelson Gutiérrez Yáñez y de la casa patronal, dejando de manifiesto su intención homicida, ante lo cual los militantes del MIR que se encontraban ocultos en la parcela, en una edificación situada cerca del establo y el silo, trataron de contener el ingreso de los agentes de la DINA, haciendo uso de las armas de fuego que mantenían en su poder, mientras encontraban la ocasión de darse a la fuga de acuerdo al plan previamente establecido. 

6° Que Andrés Pascal Allende efectuó disparos con un fusil AKA calibre 7,62 mm desde el establo hacia el vehículo policial RP 126, que ingresaba hacia la parte posterior de la parcela, resultando lesionados el sargento 1° Rigoberto Pino Valle y el cabo 1° Plácido Agurto González, ambos de dotación de la Tenencia de Carretera de Padre Hurtado. 

7° Que, entretanto, Nelson Gutiérrez Yáñez y Dagoberto Pérez Vargas se dirigieron hacia las inmediaciones de la casa patronal con el fin de tomar el control del vehículo que pretendían emplear para salir del lugar; pero, fueron sorprendidos por un grupo de agentes de la DINA, quienes efectuaron múltiples disparos en su contra, con, al menos, un revólver calibre .38 y un fusil calibre 7,62 mm, lesionando a Gutiérrez Yáñez y causando la muerte a Dagoberto Pérez Vargas, a raíz de múltiples impactos de proyectil balístico».

El mural fue realizado por el artista Francisco 'Koshayuyo' Maltez, ex estudiante de Pedagogía en Artes Visuales, en conjunto con la Corporación Cultural 119 Esperanzas.

Relevando el valor de la memoria, la justicia y la no repetición, se realizó una emotiva ceremonia para inaugurar un mural en homenaje a 16 estudiantes detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/as de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, la cual durante la dictadura estaba ubicada en el campus Macul UMCE, específicamente donde hoy está la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE).

Al encuentro asistieron familiares, amistades, ex estudiantes, comunidad de Sociología U. de Chile y de la UMCE, además de destacadas figuras como la ex diputada Fanny Pollarolo, fundadora del movimiento Mujeres por la vida; y ex estudiantes e integrantes de la comunidad de Sociología durante la dictadura: Eduardo Morales, director de la Escuela durante la época; Ricardo Núñez, ex presidente del centro de estudiantes y ex senador; Adriana Muñoz, ex presidenta de la Cámara de Diputados/as y del Senado; y Gabriel Salinas, integrante de Inti Illimani quien además realizó una sentida presentación musical. La ceremonia contó también con la presencia de autoridades, encabezadas por el Vicerrector Académico de la UMCE, Guillermo Castro, y el Subsecretario de Derechos Humanos Xavier Altamirano, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para la memoria y la no repetición.

"El recuerdo no debe ser solo la nostalgia del pasado. La importancia de que el mural esté donde está, ocupando una pared de una unidad profesional de apoyo muy importante, como es la DAE, es porque resignifica la posibilidad de que nuestros y nuestras  estudiantes conozcan que cuando pisan estos pastos y salas no están ingresando a  un edificio de cristal, sino a un espaico que construyó una propuesta para el cambio político y social para Chile", expresó el Vicerrector Castro.

Sumándose a sus palabras, el Subsecretario señaló: "La memoria en este momento político no permite que seamos pasivos. Tenemos que ir rápido, ser contundentes y tenemos que ser concretos y tangibles, que se intervenga lo cotidiano, la forma en que la sociedad y la comunidad ve su historia, sus heridas y lo que está pendiente".

La jornada contó también con las reflexiones Pablo González y Paula Castillo, estudiantes que actualmente cursan Sociología en la U. de Chile, y su director, Octavio Avendaño.

El mural fue realizado por el artista Francisco 'Koshayuyo' Maltez, ex estudiante de Pedagogía en Artes Visuales, en conjunto con la Corporación Cultural 119 esperanzas. Jorge Robotham fue uno de los gestores de la iniciativa. Su hermano, Jaime, en diciembre de 1975 fue detenido y llevado a Villa Grimaldi, perdiéndose su rastro hasta la fecha. "En el transcurso del tiempo es necesario estimular la memoria que como fenómeno colectivo y por sus características puede llegar al olvido. por ello familiares de detenidos/as desaparecidos/as, ejecutados/as y muertos/as en enfrentamientos y ex estudiantes  de la Escuela del Instituto Pedagógico de la U. de Chile presentamos esta iniciativa de respeto, de decir no al olvido a través de un mural, donde del arte simbólicamente se transforma en el mensaje  visual más potente que tenemos, pues en la imagen es donde alojamos la esperanza de la no repetición, para ir construyendo un futuro de justicia y democracia", fueron parte de sus palabras

EN MEMORIA DE:

– Claudio Jimeno Grendi 33 años
– Manuel Donoso Dañobeitia 26 años
– Lumi Videla Moya 26 años
– Tatiana Valentina Fariña Concha 19 años
– Cecilia Magni Camino 32 años
– Jose Manuel Parada Maluenda 34 años
– Dagoberto Pérez Vargas 27 años
– Juan Renato Perez Vargas 21 años
– Aldo Gonzalo Perez Vargas 23 años
– Anselmo Osvaldo Radrigan Plaza 25 años
– Carlos Salcedo Morales 21 años
– Claudio Francisco Thauby Pacheco 24 años
– Jaime Eugenio Robotham Bravo 23 años
– Eduardo Humberto Ziede Gómez 27 años
– Mauricio Edmundo Jorquera Encina 19 años
– Luis Oscar Valenzuela Leiva 20 años.

Autoridades regionales, Compañeros del Sindicato de Trabajadores Chilenos Exiliados en Italia, Compañeros y amigos:

El Proyecto Ecomemoria nació de la necesidad imperiosa de mantener viva la memoria de las victimas de la dictadura militar en Chile. Esta "memoria viva" ha tomado forma en el proceso de plantar un árbol nativo por cada detenido-desaparecido o ejecutado de Chile. En su primera fase el Proyecto ha comenzado plantando árboles en diferentes ciudades de Europa, he iremos avanzando por diferentes países y continentes, creando un bosque "virtual" a través del planeta. Al final del día, se plantará un bosque de árboles nativos en algún lugar de Chile, con la participación de las comunidades locales y grupos de derechos humanos y ecológicos regionales, nacionales e internacionales. Es en ese contexto que la memoria de los Compañeros Aldo Gonzalo; Carlos Freddy; Dagoberto; Iván Renato y Mireya Pérez Vargas se prolonga hoy hasta tierras Italianas. Es el homenaje a lo que fueron sus vidas, sus sueños e ideales, lo que motivan a crear un Chile mejor para las futuras generaciones, Ese Chile que ayer fue aplastado por la bota militar y hoy, es administrado por los que aplaudieron y festejaron el golpe y las matanzas, junto a los oportunistas social demócratas. En nuestro país existe una amnesia institucionalizada, es por eso más fácil el olvido; pero los que sabemos que entre las victimas se encuentran los mejores hijos e hijas de nuestra patria, nos negamos a olvidar. Son la memoria y la justicia los cimientos y pilares fundamentales con los cuales una verdadera democracia debe ser construida, y los que no juzgan y no condenan se transforman en cómplices. Recientemente se ha publicado que el Comando Conjunto ha continuado actuando, hemos constatado que los resultados de la mesa de dialogo eran falsos, sabemos que la mujer de un alto miembro de la Fach pertenecía a los aparatos represivos, el nombre de Comandante en jefe del ejercito se ha visto enlodado con acusaciones de haber practicado torturas a un menor de edad y el General Pinochet se encuentra en estado de “demencia”. ¿Es esa la justicia y la democracia a que aspiramos? ¿Fue por esto que nuestras victimas lo entregaron todo? Las respuestas Uds. las saben, y es por esas respuestas que debemos doblegar esfuerzos para una lucha inclaudicable por la Verdad, Justicia y castigo a los culpables de las violaciones de los DDHH en Chile. Compañeros chilenos e italianos, Los invitamos a reafirmar nuestro compromiso por recuperar y profundizar nuestra memoria histórica, luchar contra la Impunidad exigiendo la anulación del Decreto Ley de Amnistía, exigir al Estado Chileno participar plenamente en los tratados internacionales de DDHH, ratificar el Tribunal Penal Internacional y el término de los Tribunales Militares, la derogación de la Constitución del 80, incluyendo los senadores designados y vitalicios, la derogación de la ley de partidos políticos y la restitución a los pueblos originarios de sus tierras ancestrales y el derecho a su identidad.

Hagamos de la plantación de los árboles por los hermanos Pérez Vargas una jornada que siembre la reafirmación de nuestro compromiso con los DDHH, la democracia y la vida. Repudiemos a aquellos que quieren hacer un borrón en las paginas de la historia y nos niegan el inclaudicable derecho a una verdadera democracia donde se privilegie la Verdad y Justicia. Testimonio por la Familia Perez Vargas Deseo agradecer a las autoridades y al pueblo de la ciudad de Alessandria, al Comite de Trabajadores Chilenos Exiliados en Italia y al Projecto Ecomemoria de Londres por haberme invitado a este acto. Antes de aceptar esta invitacion, hable con Otilia, madre de estos 5 camaradas de quienes les hablare. Pienso que hay compañeros que pueden hacerlo mejor y talvez con mayor autoridad. Otilia se sintio muy emocionada al saber de este evento y feliz por mi participacion, en reemplazo de la familia.

Para recordar a Dago, para quienes lo recordamos con cariño y respeto, usaré una porción de una carta postuma escrita por su madre Otilia ; Un posterior adios a mi querido hijo Dago. Fuiste priviligiado para nacer y morir. Si … es un privilegio llegar al mundo como primer hijo de una pareja llena de ilusiones. Naciste sorpresivamente … Un dia que aun no te esperaba Quisas como presagio de tu vida tan rapida, tan activa, Tan llena de obstáculos … Te criastes lleno de amor y ternura. Sin embargo prevalecio en ti el espiritu rebelde, el que fue tu guia en tus actuaciones. Desde nino demostraste cualidades sobresalientes, inteligencia, Audacia, personalidad. Como estudiante diste grandes satisfacciones a tus padres. Tuviste siempre un ojo critico para con la sociedad. … Mi dolor es muy grande… Sin embargo debo aceptar, como dijiera al empezar, tuvistes una muerte priviligiada. Tu sacrificio heroico permitira, que por tu desaparecimiento fisico, tu imagen sea un recuerdo impercedero para aquellos que en alguna forma se sintieron ligados a ti; y tu ejemplo pase a la la posteridad Adios! Tu madre 7 de Noviembre de 1975 (Dia de tu cumpleaños) Recordaremos a Dago por muchas cosas, hoy rescataremos su ultimo acto protegiendo con su vida la retirada del resto de la Comision Politica del partido.

Carlos Pérez Vargas, 25 años, publicista, casado con la costarricense Virginia Valenzuela, fue detenido el 10 de septiembre de 1974 en la oficina que compartía con Miguel Lathrop Cristi en calle Estado 360. A las gestiones de su esposa para ubicarlo, se sumaron los embajadores de Costa Rica, Venezuela y Alemania, sin resultados. En julio de 1975 su nombre apareció en la lista de los 119 chilenos que según la DINA se mataron entre sí en Argentina. Carlos desapareció para siempre.

Aldo Pérez Vargas, 23 años, técnico electrónico y estudiante de sociología, fue detenido por la DINA el 23 de septiembre de 1974 en la calle Uruguay al llegar a Fernández Albano. Hay testimonios -de Rosalía Martínez Cereceda y Edmundo Lebrecht, entre otros- que estuvieron con los hermanos Pérez Vargas en el centro de torturas de la calle José Domingo Cañas y en el campo de concentración de Cuatro Alamos. Aldo jamás apareció. Carlos y Aldo Pérez fueron detenidos, torturados y finalmente asesinados por la DINA para intentar capturar a otro hermano, Dagoberto, que era miembro de la comisión política del MIR.  Dagoberto Pérez Vargas, 28 años, sociólogo, murió combatiendo el 15 de octubre de 1975, en un enfrentamiento en la parcela Santa Eugenia, ubicada entre Padre Hurtado y Malloco. A ese lugar -donde "estaba apiñada casi toda la dirección del MIR", según testimonio de Andrés Pascal Allende-, logró llegar la DINA después de capturar a un enlace de comunicaciones. Dagoberto Pérez murió cubriendo la retirada de sus compañeros: Andrés Pascal, en ese momento secretario general del MIR, su compañera, Mary Ann Beausire, Nelson Gutiérrez, miembro de la comisión política, su compañera, María Elena, y la hijita de ambos, Paula. El cadáver de Dagoberto nunca fue entregado a su familia.

Finalmente, los hermanos mellizos Iván y Mireya Pérez Vargas, de 21 años, estudiantes de la Universidad de Chile, fueron asesinados por la DINA el 24 de febrero de 1976 en un allanamiento en el Pasaje Juan Ramón Jiménez 7476 de La Florida. Se ocultaban de una feroz persecución empeñada en aniquilar a esa familia por sus vínculos con el MIR. Los restos de Iván y Mireya fueron recuperados de la morgue el 4 de mayo de 1976 por el sacerdote Pablo Fontaine y el abogado José Antonio Cancino de la Vicaría de la Solidaridad, y sepultados en el Cementerio General. El padre, don Osvaldo Pérez, había logrado asilarse a fines de 1974 en la embajada de Colombia. En 1975 llegó finalmente a La Habana, donde supo sucesivamente de las muertes de sus hijos Dagoberto, Iván y Mireya, mientras su esposa, Otilia, profesora primaria jubilada, y la hija menor, Patricia, eludían a la DINA en Santiago. Sólo en junio de 1976, bajo protección del CIME, lograron abandonar el país y reunirse con don Osvaldo en La Habana, donde vivieron -al igual que centenares de exiliados chilenos- hasta el fin de la dictadura militar.

Don Osvaldo Pérez pasó sus últimos años con su esposa Otilia y su hija Patricia en una casita del pasaje Los Cerezos en la Gran Avenida. Su salud estaba muy deteriorada. Se sometía a periódicas diálisis por un problema renal. Los médicos habían advertido a Otilia que en cualquier momento podría producirse un paro respiratorio o cardíaco. Ese momento llegó en el taxi que lo trasladaba a una clínica la mañana del 20 de septiembre. Presintió su muerte. Al salir de la casa dijo: "Ahora no vuelvo". A las pocas cuadras reclinó la cabeza y murió tranquilamente, sin un quejido. Como muere un viejo roble, en la dignidad silenciosa del bosque de Olmopulli. Decenas de amigos y viejos camaradas de sus hijos lo despidieron en el cementerio de La Florida. Vinieron familiares del sur, incluyendo sus hermanos Mamerto y Ubaldina, el sobrino Tomás y muchos otros. Gente del campo, sobria y fuerte. Fue un mediodía gris con llovizna. Al borde de la tumba una oración cálida de Leo Wetli recordó a los hijos asesinados y habló de los hombres buenos y sencillos, como don Osvaldo, que son la sal de la tierra. En medio del grupo destacaba la figura de doña Otilia Vargas, hoy casi ciega, apoyada en su bastón. Recia en su ternura y aparente debilidad, tiene la chispa y lucidez de la profesora que formó centenares de niños chilenos y seis hijos. Su admirable moral hace honor a la memoria de los que cayeron luchando por la libertad. Está esperanzada en el futuro que soñaron sus hijos. Es un sueño que comparte M.C.D.