Pérez Navarrete Ernesto Alfonso

PÉREZ NAVARRETE, ERNESTO ALFONSO: 24 años, soltero, funcionario municipal, ejecutado el 14 de septiembre de 1973 en Santiago.

Ernesto Alfonso Pérez Navarrete murió ese día a las 22:00 horas, en Agustinas con Maturana, por dos heridas de bala torácicas con salida de proyectiles y herida por arma de fuego en la región sacra, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal.

Ernesto Pérez fue detenido por una patrulla militar momentos antes del inicio del toque de queda, cerca de su domicilio, junto con su amigo Carlos Bustamante Mancilla, con quien había ido a comprar pan. Vecinos que presenciaron los hechos informaron a la familia que militares, luego de detenerlos en la vía pública, procedieron a ejecutarlos en el lugar. Sus cuerpos permanecieron en la vía pública hasta el día siguiente.

El caso de Carlos Alberto Bustamante Mancilla aparece consignado como víctima de violación de derechos humanos en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Ernesto Alfonso Pérez Navarrete fue ejecutado por agentes del Estado al margen de proceso legal, mientras lo mantenían privado de libertad. Por tal razón, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.
 

Corresponden a 25 casos en los que el Estado no había accionado judicialmente. Anuncio se hizo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y tras desayuno del Presidente Boric con organizaciones de derechos humanos.

Hace casi 12 años, en diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Bajo ese marco, este martes, en dependencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, presentaron 17 querellas respecto a 25 casos de víctimas de la más reciente dictadura cívico-militar en las que hasta la fecha no se han desplegado acciones judiciales.

Las presentaciones se concretaron en las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Concepción y Valparaíso. Tres de esos escritos son en favor de víctimas de desaparición forzada.

También fue presentada una querella por el nonato de la sobreviviente Clementina del Carmen Soto Rivera. Con un embarazo de seis meses y medio, Soto se presentó en un recinto militar el 22 de septiembre de 1973 tras la aprehensión de su pareja. Fue entonces detenida y torturada por efectivos militares del Regimiento Escuela de Infantería de San Bernardo, en el recinto de Cerro Chena, provocándole un aborto.

Desayuno con Presidente

Durante este año se concretarán un total de 54 querellas para investigar los casos de 61 víctimas respecto de las cuales el Estado no había accionado judicialmente. De estas 61 personas, 54 corresponden a ejecutados políticos, tres a detenidos desaparecidas y dos a nonatos.

“Nadie había presentado una querella hasta hoy día por estas personas que han sido identificadas como víctimas de la dictadura”, resaltó la ministra Ríos, resaltando el compromiso de la administración del Presidente Gabriel Boric “en la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación”.El propio Mandatario compartió un desayuno previo a la presentación con las autoridades del ministerio y representantes de organizaciones de derechos humanos que acudieron luego al Palacio de Tribunales.Estuvieron presentes la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gabriela Rivera, la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, Alberto Rodríguez, además de representantes de la Corporación Memoria de Lonquén, la Corporación 3 y 4 Álamos y familiares de víctimas.

Corte de Apelaciones de Santiago

• Homicidio calificado de Hernán Castillo Calcagni.
• Homicidio calificado de Jorge Villaseca Díaz.
• Homicidio calificado de Luis Benaiges Albert.
• Homicidio de Carlos Alberto Bustamante Mancilla (a la que se sumó Ernesto Alfonso Pérez Navarrete).
• Homicidio calificado de Jessica del Carmen Riffo Troncoso.
• Homicidio calificado de Julio Enrique Reyes Espinoza.
• Homicidio calificado de Soto Rivera, hijo nonato de Clementina del Carmen.
• Homicidio calificado de Alejandro Ramiro Bravo Vega, Juan Carlos Ulloa Carrillo, Roberto Adán Riquelme Avilés, y los hermanos Adán Antonio, Jaime Benjamín y Francisco José, todos de apellidos Riquelme Pacheco.
• Secuestro calificado de María Eliana Acosta Velasco.
• Secuestro calificado de Ratchel Elisabeth Venegas Illanes.

Corte de apelaciones de San Miguel

• Homicidio calificado de Jorge Patricio Venegas Labra.

Corte de Apelaciones de Concepción

• Homicidio calificado de Luis Antonio Castillo Ahumada, Palermo Sandoval y Óscar Rodríguez Peña.
• Homicidio calificado de Humberto Javier Villagra Cruz.
• Homicidio calificado de Manuel Jesús Lara Núñez.
• Homicidio calificado de Darío Hugo Montoya Torres.
• Secuestro calificado de Luis Omar Contreras Godoy.

Corte de Apelaciones de Valparaíso

• Homicidio calificado de Eduardo Bernabé Acevedo Cisternas.

  El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidió el abogado Raúl Rettig sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, entregado el 9 de febrero de 1991, consigna como víctimas de la violencia política a 2.279 personas.

  De acuerdo a análisis realizados posteriormente, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se elaboró una propuesta de Nómina de Víctimas de Desaparición Forzada, que considera un universo de 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponden a detenidos (as) desaparecidos (as) y 377 a ejecutados (as) políticos (as) sin entrega de cuerpos.