Nehgme Cristi Jécar Antonio

La noche del 4 de septiembre de 1989 fue asesinado por individuos de civil el dirigente del MIR político, Jécar Antonio NEHGME CRISTI, cuando transitaba por calle Bulnes con dirección a la Alameda. La muerte se la adjudicó el Comando 11 de septiembre, el mismo que actuó en las muertes de la noche posterior al atentado contra la comitiva del General Pinochet. Se encuentra acreditado ante esta Comisión que el afectado sufría seguimientos constantes antes de estos hechos, habiendo testigos de que ello ocurrió el mismo día de su muerte.

La Comisión ha adquirido la convicción de que Jécar NEHGME fue muerto por razones políticas, en violación de sus derechos humanos, por particulares, existiendo indicios de la participación de agentes estatales.

Después de su testimonio en contra del general (R) Sergio Arellano y su comitiva militar, Rodríguez Bustos comenzó a proporcionar nuevos antecedentes acerca de los crímenes de la CNI en la década de los 80.
Primero declaró ante el Tercer Juzgado del crimen, por el homicidio del periodista José Carrasco, perpetrado en septiembre de 1986, como represalia de la CNI al atentado contra Augusto Pinochet.
A los pocos días, el 22 de mayo pasado, el ex oficial compareció ante el ministro en visita Alfredo Pfeiffer, para aportar valiosos antecedentes acerca del asesinato de Neghme, en uno de los primeros resultados de la orden amplia de investigar que dictó el tribunal a comienzos del mismo mes.
Fuentes judiciales indicaron a Primera Línea que la diligencia permitió corroborar las esquivas pistas que en doce años de investigación se han ido acumulando en contra de los capitanes (R) y miembros de la brigada metropolitana de la CNI, Jorge Vargas Bories y Arturo Sanhueza Ross, también procesados por los asesinatos de cuatro profesionales abatidos en septiembre de 1986 y por la Operación Albania, perpetrada en junio de 1987.
La muerte de Neghme, vocero de la fracción política del MIR, se produjo en la madrugada del día en que se proclamó la candidatura presidencial de Patricio Aylwin y constituyó el último asesinato político de las postrimerías del régimen militar. Sin embargo, su investigación judicial sufrió varios traspié, con cuatro sobreseimientos sucesivos del sumario, decretados por el ministro Pfeiffer en febrero del '90, diciembre del '91, octubre del '94 y agosto del 95, "por no existir diligencias pendientes ni inculpados en la causa".
Recién en noviembre de 1999 la Corte de Apelaciones ordenó por cuarta vez la reapertura del proceso, aunque seis meses después la familia de la víctima pidió la inhabilidad del magistrado, porque "su sesgo político se ha transformado en negligencia profesional", dijo en mayo del año pasado la hermana del dirigentes del Mir, Fahra Neghme.
La indagación policial despertó nuevas esperanzas en la familia Neghme, porque los antecedentes que posee la unidad policial desde la aclaración del caso Albania, arrojan datos fundamentales respecto al organigrama operativo de la CNI, sus armas y procedimientos.
 

La apuesta del magistrado Alfredo Pfeiffer es que el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones le entregue la información de las pesquisas para configurar el equipo de la CNI que participó en el crimen del dirigente del MIR a fines de los 80, grupo diferente al que cometió el asesinato de doce frentistas en la Operación Albania, los cuatro profesionales y la desaparición de cinco dirigentes comunistas

La serie de dilaciones que ha vivido el proceso por la muerte del dirigente del MIR, Jecar Neghme podría sufrir un drástico cambio en los próximos días luego que el ministro instructor de la causa, Alfredo Pfeiffer, incentivara las pesquisas del Departamento Quinto de la policía civil con una nueva orden amplia de investigar dirigida en este caso directo hacia la estructura de la CNI entre 1988 y 1989.

La muerte de Neghme, vocero de la fracción política del MIR, se produjo en la noche del día en que se proclamó la candidatura presidencial de Patricio Aylwin y constituyó el último asesinato político de las postrimerías del régimen militar.

La causa, que ha vivido varios traspiés luego del cierre de sumario en febrero del '90, diciembre del '91, octubre del '94 y agosto del 95 "por no existir diligencias pendientes ni inculpados en la causa", intenta ahora tomar nuevos bríos y acercarse por fin a los antecedentes que la Policía ha recabado durante la investigación.

Aunque policialmente el caso se encuentra resuelto, en la práctica lo que reza el expediente es contrario, restando una serie de diligencias -la mayoría solicitadas por el abogado querellante en el caso Nelson Caucoto- que deberían realizarse dentro de las próximas semanas con la máxima celeridad.

El influjo provocado por los avances en cruciales procesos de derechos humanos, sostienen fuentes ligadas al tribunal, también ha generado una actitud positiva del ministro instructor que en los últimos días ha volcado sus ojos hacia el olvidado expediente buscando los antecedentes que siguen en el aire.

Así por ejemplo las pesquisas se dirigen fundamentalmente a corroborar las informaciones provenientes del Departamento Quinto que, con el paso del tiempo, ha configurado prácticamente todo el organigrama de la disuelta CNI que tuvo participación en el caso. En este cuadro resulta pieza vital el nuevo interrogatorio que realizaría el magistrado hacia Enrique Leady, jefe de la Brigada Metropolitana del organismo represivo y Hugo Acevedo quien se desempeñaba como jefe operativo luego de la salida de Alvaro Corbalán.

A la luz de los antecedentes reunidos en el proceso se ha establecido fehacientemente que el equipo que participó en el alevoso crimen no guarda relación con el anterior grupo de la CNI que protagonizó el asesinato de doce integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como Operación Albania en 1987; el homicidio de los profesionales José "Pepe" Carrasco (periodista) Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskatblit y con el último caso de desaparecidos de la dictadura: José Julián Peña Maltes, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas, Gonzalo Iván Valenzuela Navarrete y Julio Orlando Muñoz Otárola.

En estos tres procesos en manos del ministro en visita Hugo Dolmestch las pesquisas se dirigen hacia el equipo comandando por Corbalán, el coronel Krantz Bauer Donoso.

Justamente luego de esta seguidilla de atentados, es que la CNI realizó una profunda instrospección tras la cual cambiaron los liderazgos asumiendo posiciones privilegiadas Leady y Acevedo, quienes son los dos objetivos principales de la nueva fase de investigación del ministro Pfeiffer.

Las pesquisas anteriores del magistrado también se han encaminado hacia el arma que dio muerte al vocero del MIR. A la fecha las principales pistas investigadas en el caso Neghme -que ahora deberán volver a pesquisarse por la orden judicial-, figuran un proyectil y una vainilla presuntamente utilizadas en el asesinato del empresario gastronómico Silvio Aurelio Sichel, que corresponden al arma "sig sauer" empadronada a nombre del agente de la CNI Luis Sanhueza Ross

Tres oficiales de Ejército (R), ex integrantes de la CNI, fueron procesados como autores del homicidio del dirigente del MIR Jécar Neghme Cristi, ocurrido mediante disparos la noche del lunes 4 de septiembre de 1989 en la calle Bulnes en la zona oeste de Santiago. Con esta resolución del ministro en visita Hugo Dolmetsch fueron encausados los autores del último crimen de los servicios de seguridad de la dictadura.

La resolución afectó al brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, que fue el reemplazante de Alvaro Corbalán como jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987. Apodado “El Burro” por su tozudez, Leddy no había sido hasta ahora acusado por ningún hecho de sangre durante el régimen de Augusto Pinochet.

BRIGADA AZUL

Dolmetsch procesó, además, al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares, que también se encuentra declarado reo por el mismo magistrado en el homicidio del periodista José Carrasco. El tercer encausado es Luis Sanhueza Ros, uno de los oficiales más sanguinarios que operaron en la CNI y luego en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Sanhueza, alias “El Huiro”, de chapa Ramiro Droguett Aránguiz, está procesado por los crímenes de Carrasco, Operación Albania y los cinco frentistas hechos desaparecer en 1987 por la CNI.

El dictamen del juez estableció que los autores integraban la llamada Brigada Azul de la CNI, encargada de investigar las actividades del MIR. Sanhueza Ros la dirigía.

Disuelta la CNI, a fines de 1989, “El Huiro” pasó a formar parte de una de las estructuras de la DINE, para continuar realizando operaciones clandestinas aún después de finalizada la dictadura. Su vinculación también al crimen del “gerente” de la financiera ilegal del Ejército, La Cutufa, el empresario gastronómico Aurelio Sichel, además de las espadas de la justicia que ya sobre él pendían por los otros homicidios, habrían sido las causas por las que en 1991 la DINE resolvió sacarlo clandestinamente del país para radicarlo un tiempo en Argentina.

.Por ese mismo tiempo la DINE sacó igualmente en forma clandestina del país, por las misma razones de temor a la justicia, al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Herrera y Sanhueza formaron parte de la elite de oficiales operativos más obedientes de los servicios represivos. Ese mismo año, la DINE había sacado a Uruguay -también con nombre falso-para obstruir la investigación en Chile del crimen de Orlando Letelier al ex agente de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Este sería luego asesinado por militares chilenos y uruguayos cerca de Montevideo.

Luego de la ruptura del MIR en 1987, Jécar Neghme abandonó la opción de la lucha armada y pasó a liderar el sector llamado MIR-Político, que estaba por integrarse a la lucha política contra el régimen militar, junto a los partidos y movimientos que ya estaban en ello. En esa condición lo sorprendió la muerte.

INVESTIGACIÓN

La investigación judicial abierta luego de cometido el homicidio pasó por las manos de varios ministros en visita, antes de llegar a la jurisdicción del magistrado Hugo Dolmetsch. El primer designado por la Corte Suprema, a los pocos días del crimen, fue el juez Carlos Meneses. Luego fue nombrado el magistrado Guillermo Navas, después de que Meneses asumiera como secretario de la Corte Suprema. Finalmente instruyó la causa el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer.

EL DIRIGENTE PÚBLICO DEL MIR

Si hay algo que sorprendió del asesinato de Jécar Neghme Cristi fue que se cometió en una coyuntura en la cual el gobierno militar se extinguía, con una CNI en proceso de disolución y atentando contra una persona que había evolucionado desde la vocería social de un MIR aún comprometido con acciones armadas a encabezar el ala política. Esta era partidaria de sumarse a la vía política, al calor de la incorporación de sectores de izquierda a la solución pacífica después del plebiscito de octubre de 1988.

Neghme, que en el Pedagógico encabezó a comienzos de los ’80, la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED), rama del frente estudiantil del MIR, fue dirigente del MDP y en 1987 optó por conducir al MIR a un proyecto menos militar y más social luego de la ruptura de la organización. Aquella vez Andrés Pascal Allende se quedó en la tesis más insurreccionalista. Al ser asesinado, Neghme ya era un rostro visible del giro del MIR.

El asesinato del líder mirista se produjo el mismo día que Patricio Aylwin era proclamado como candidato presidencial de la Concertación.

Hugo Dolmestch, ministro en visita que investiga el asesinato del vocero del Movimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dictó cargos por homicidio calificado contra seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los acusados son el brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; los coroneles en retiro Eduardo Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares; los capitanes Silvio Corsini Encárate y Luis Arturo Sanhueza Ross; y el mayor (r) Manuel Navarrete Tello, todos por el delito de homicidio calificado ocurrido el 4 de septiembre de 1989.

Según diario Siete todos los miembros de la Brigada Azul, se encuentran desde mayo pasado confesos del crimen, salvo el brigadier (r) Leddy Araneda.

Acribillado

Jecar Neghme fue acribillado cuando salía de la sede del MIR (ubicada en calle

Bulnes) justo el día en que Patricio Aylwin fue proclamado como candidato a la Presidencia de la República, elección que el vocero más importante del partido había intentado legitimar entre sus compañeros desatando una pugna política al interior del conglomerado.

Esta circunstancia fue utilizada por años por los agentes represivos para desligarse de la responsabilidad que les cabía en el crimen, atribuyendo a los propios compañeros de Neghme el homicidio.

Brigadier (R) Enrique Leddy, alias ''El Burro'', decidió quebrantar la lealtad que mantenía con sus superiores, luego de que fuera condenado a cinco años y un día de presidio, junto a otros cinco subalternos. Según el abogado de DDHH Nelson Caucoto, en la apelación a la sentencia, dictada en julio por el ministro Dolmestch, el ex agente reconoce haber ocultado información.

El ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, decidió romper con su lealtad al mando y admitir que recibió ordenes superiores para ejecutar al militante del MIR Jecar Neghme Cristi, el 4 de septiembre de 1989, crimen que materializó junto a otros cinco subalternos de la agencia represiva creada durante la dictadura militar.

Neghme murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago, a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI, durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Patricio Aylwin y que marcó el retorno de Chile a la democracia.

La confesión de Leddy se produjo la semana pasada, en el marco del proceso de apelación a la sentencia de cinco años y un día de presidio, dictada por el ministro de la causa, Hugo Dolmestch, a fines del mes de julio, según confirmó a El Mostrador.cl el abogado querellante Nelson Caucoto, quien valoró el hecho porque en el Ejército, a su juicio, hay lealtades “malentendidas”.

"El Burro" se desentiende

En su apelación, “El Burro” Leddy deslinda responsabilidades en el entonces jefe de la CNI en la época, general (R) Gustavo Abarzúa, quien no aparece procesado en la causa, pero, según los antecedentes que aparecen en la causa, debería aclarar si entregó una fuerte suma de dinero a Leddy para concretar el asesinato.

Hay que recordar que tanto él como Leddy debieron salir del Ejército por el llamado caso La Cutufa, vinculado a su vez a la muerte del empresario gastronómico Aurelio Sichel.

El alto oficial en retiro, que reconoció haber “ocultado información al tribunal” sobre el crimen, fue condenado junto al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares; el coronel (R) Jaime Norambuena; el capitán (R) Luis Sanhueza Ross; el capitán (R) Silvio Corsini y el mayor Manuel Allende Tello. Guzmán y Olivares recibieron tres años de pena remitida, en tanto a Norambuena y Corsini el juez les dictó una condena de dos años de presidio y al último inculpado, Allende Tello, sólo lo condenó a 541 días.

Las condenas son las últimas dictadas por Dolmestch en su cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que, como se sabe, dejó el caso para asumir como ministro de la Corte Suprema.

Largo proceso

Como se recordará, Leddy Araneda, apodado “El Burro” por su tozudez, fue el reemplazante de Alvaro Corbalán en la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987, y hasta el momento no aparece vinculado a ningún otro hecho de sangre ocurrido durante la dictadura militar.

Dolmestch dictó los primeros procesamientos en la causa, en 2003, luego de 14 años de investigación, la cual estuvo en gran parte en manos del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, quien dictó sobreseimientos temporales reiterados en febrero de 1990, diciembre de 1991, octubre de 1994 y agosto de 1995.

La decisión de la Corte de Apelaciones capitalina, que puede ser apelada al máximo tribunal, beneficia a seis militares en retiro que participaron en su calidad de agentes de la CNI en el asesinato del dirigente del MIR ocurrido el año 1989.

Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó este jueves el beneficio de la libertad condicional a seis ex militares condenados como coautores del asesinato del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jécar Neghme, que corresponde al último crimen atribuido a los organismos represivos del régimen militar.

Fuentes judiciales afirmaron que la resolución cambia la decisión del minsitro Hugo Dolmestch, quien había castigado a estos seis oficiales que se desempeñaban como agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI).

La resolución del tribunal de alzada capitalino, que puede ser apelada en la Corte Suprema, desestimó además la indemnización de 250 millones de pesos fijada para los familiares del ex dirigente del MIR, de los cuales el 50 por ciento sería para el hijo de la víctima y el monto restante para sus dos hermanas.

El fallo favorece al ex brigadier de Ejército Enrique Leddy Araneda, jefe Metropolitano de la CNI, el único imputado que no confesó su participación en el asesinato de Neghme.

Los otros favorecidos son el coronel (r) Pedro Guzmán Olivares, el capitán (r) Luis Sanhueza Ross, el coronel (r) Jaime Norambuena Aguilar, el capitán (r) Silvio Corsini y el mayor (r) Manuel Allende Tello.

Todos ellos fueron condenados a penas que oscilan entre los cinco años y 541 días de cárcel por el crimen ocurrido la noche del 4 de septiembre de 1989.

Neghme, portavoz del MIR, fue asesinado durante la campaña electoral que culminó con la victoria presidencial de Patricio Aylwin en las elecciones del 14 de diciembre de 1989, que marcaron el retorno de Chile a la democracia.

El dirigente mirista murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI.

Conocí a Jecar Neghme Cristi a comienzos de los años ochenta, el  estudiaba Historia en el Pedagógico de la Universidad de Chile y yo  derecho en la misma casa de estudios.

Las cárceles chilenas estaban abarrotadas de presos políticos, los  exiliados constituían una legión, se detenía y torturaba sin cargo  legal alguno, no había prensa independiente, Internet no existía, el  poder judicial no prestaba amparo a víctima alguna, y la dictadura  asesinaba cotidianamente opositores en falsos enfrentamientos, las  cosas no podían estar peores.

Llegó a nuestra facultad y se presentó como integrante de la Unión  Nacional de Estudiantes Democráticos, UNED, los asistentes éramos muy  pocos pues se había invitado sólo a opositores de la más estricta  confianza. El soplonaje era cosa seria, algún tiempo después yo seria  arrestado por carabineros encabezados por un oficial que era  estudiante de mi misma facultad y que actualmente recibe beneficios  como supuesto exonerado político. Es probable que para adquirir tal  condición haya invocado los perjuicios que a sus bototos le causaron  nuestros inmisericordes cuerpos amarrados.

Escuchamos a Jecar cuyos planteamientos se confrontaban con la  dictadura militar en toda la línea. En un país que llevaba años hablando a susurros y con un soplonaje  desatado, me sorprendió el coraje de este dirigente, que visto desde  la perspectiva de los años era un muchacho como yo, de recién pasados  los veinte.

A pesar de mi edad yo ya tenía experiencia en la lucha  antidictatorial, y el coraje no me había faltado nunca, pero aquí  sentí algo especial, no por mi, sino por el compañero de tan firmes  convicciones.

Quien forma parte de una estructura clandestina como yo lo hacía en el  PS sabe que su vida e integridad física en gran medida dependen de su  propia prolijidad, de su inteligencia y determinación. Sin embargo, un  opositor público a una dictadura feroz como la nuestra está entregado  a su suerte, al mero capricho de la represión.

Sentí admiración y respeto por Jecar, yo que no sólo había resistido  la dictadura sino que también la había atacado. Por eso lo de J.W.  Cooke, de que lo importante no es la resistencia sino el contraataque.

La lucha nos llevó por caminos distintos, pero siempre que nos veíamos  nos saludábamos con afecto. Este aumento luego de una jornada de  protesta en que huimos juntos de la policía que a garrotazos las  emprendía en contra de los opositores. Una muchacha pasó junto a mi,  la sangre que le brotaba a borbotones de su cabeza no la dejaba ver,  por ello huyó sin ver que lo hacía en dirección a otros carabineros,  otro garrotazo, quedó en el suelo inconsciente y luego le arrastraron  a la micro. Si eso le ocurría a la vista de todos es de presumir lo  que le esperaba en la indefensión de un calabozo.

Hay un edificio de rejas verdes que está en Agustinas entre Estado y  San Antonio. Tres manifestantes buscamos refugio allí, la  determinación que da el peligro y lo enjuto de la juventud, nos  salvaron del brutal apaleo que otros recibían. Con la velocidad del  rayo y la plasticidad de un contorsionista nos metimos por las formas  rectangulares que tenía la reja. Parecía imposible pero los tres  pasamos. La reja estaba cerrada y la policía que nos pisaba los  talones busco presas más fáciles. Pasado el susto nos reímos a  carcajadas porque todos pensábamos que el otro no iba a poder pasar y  hacíamos bromas sobre como nos habíamos transformado en culebras. El  tercer manifestante también esta muerto, cayó bajo balas policiales,  era hijo del folklorista René Largo Farías, este último también  asesinado en situación más que extraña.

Jecar era un joven serio y estudioso, concurría habitualmente a la  biblioteca nacional. Allí, con tácita complicidad, y sabiendo que cada  uno andaba en lo suyo, casi no hablábamos de política, en los  intermedios que íbamos a fumar un cigarro al pasillo del segundo piso,  conversábamos sobre los cambios que la biblioteca debía tener. El padre de Jecar, de su mismo nombre, militante socialista y profesor  de la Universidad de Chile en Valdivia, había sido fusilado por  militares a los 32 años luego del golpe militar.

Con Jecar hijo llegaron antes, tenía 28 años de edad cuando lo  asesinaron en calle Bulnes a pocos metros de la Alameda. El crimen lo  cometieron cuando menos seis oficiales del Ejército de Chile adscritos  a la Central Nacional de Informaciones, policía política de Pinochet.  Caminaba desarmado y sólo por esa cuadra oscura, se acercaron y le  acribillaron, fue un homicidio claramente alevoso, es decir a traición  y sobreseguro.

El dictador había perdido ya el plebiscito y ha surgido la hipótesis  que este crimen cometido el 4 de Septiembre de 1989, pudo estar  motivado por el afán de estos oficiales de adjudicarse el dinero de  que se disponía institucionalmente para operaciones como esta. El  Código Penal chileno considera como agravante calificatoria el actuar  por premio o promesa remuneratoria.

Han pasado casi veinte años desde el crimen y aún no hay sentencia de  término. Se condenaron a seis oficiales en primera instancia y en  segunda la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó de tal manera las  sanciones que ningún condenado de confirmarse la resolución pasaría un  solo día en al cárcel. La causa se encuentra en la Corte Suprema para  su última revisión procesal.

Creo que es de mínima justicia, de sentido común elemental, que la  sanción por un asesinato no puede ser simplemente tener que ir a  firmar un libro una vez al mes durante algún tiempo.

Si esta situación de virtual impunidad se llegara a consumar creo que  sería como matar al joven Jecar Neghme Cristi de nuevo. La vida humana  debe valer en democracia más de lo ínfimo que valía en dictadura.

CDE pagará $75 millones por último crimen de la dictadura

En los próximos diez días se deberá materializar la entrega de esta compensación económica, que fue transada luego que las hermanas de quien era vocero del MIR en septiembre de 1989, renunciaran a acciones civiles.

El compromiso de pagar $ 75 millones de pesos adquirió ayer el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante la Corte Suprema para indemnizar el daño moral que ocasionó la violenta muerte del vocero del MIR, Jecar Nehgme Cristi.

El dirigente mirista fue asesinado el 4 de septiembre de 1989 por agentes de la Brigada Azul de la CNI en lo que se califica como el último crimen de la dictadura.

El beneficiario será el hijo del ejecutado político, Jecar Nehgme Sáez, quien llegó hasta la última instancia judicial en busca de esta indemnización por parte del CDE, organismo que debe hacerse cargo de las compensaciones económicas por los crímenes de derechos humanos que cometieron organismos represores del régimen militar.

La demanda civil se llevó a conciliación, por lo que ambas partes debieron ponerse de acuerdo en las condiciones frente a las cuales se concretará el pago de este monto.

La audiencia se efectuó frente al abogado integrante del máximo tribunal Juan Carlos Cárcamo y con la presencia los intervinientes del litigio.

La condición que puso el CDE, representado por el abogado Jorge Escobar, para finiquitar este comparendo judicial fue que tanto Farah y Milagros (hermanas del vocero del MIR) renunciaran a las acciones civiles interpuestas en su calidad de víctimas.

El abogado Nelson Caucoto -frente a la última propuesta del fisco- señaló que retirará las demandas presentadas a favor de las mujeres, "atendido los lazos familiares que las unen con su sobrino". Esto se traducirá en dejar sin efecto la acción civil que había emprendido por 250 millones de pesos para las hermanas de Jecar Nehgme Cristi.

A pesar de ser aceptada esta situación, la medida impuesta por el CDE fue criticada por Caucoto quien expresó que se tuvo que acceder a la solicitud porque a su juicio no había otra opción.

"Me parece que el Consejo nos puso en un duro transe del cual no hubo otra posibilidad de salir" dijo el jurista. Luego indicó que de todas formas lo que más le importa a la familia es que cuando la Corte Suprema revise la causa penal, eleve las condenas de quienes son sindicados como los autores del crimen.

Esta causa criminal se encuentra actualmente en tramitación en el máximo tribunal y las condenas serán revisadas a través de un recurso de casación.

La investigación de la muerte de Nehgme estuvo en primera instancia a cargo del cuestionado ministro Alfredo Pfeiffer, quien tras siete años a cargo de la causa la cerró sin culpables.

Tiempo después el magistrado Hugo Dolmestch sentenció a cinco años de prisión al brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, a tres años a los capitanes (R) Arturo Sanhueza Ross, Silvio Corsini Escárate y al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares y a dos años al coronel (R) Jaime Norambuena Aguilar.

Esto tras establecer que el dirigente MIR fue acribillado a la salida de la sede del organismo, el 4 de septiembre de 1989 a manos de estos agentes de la CNI que pertenecían a la denominada Brigada Azul.

El caso del abuelo

Hace algunas semanas la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia de primera instancia que negó el pago de indemnización a Farah y Milagros Nehgme Cristi por la abrupta muerte de su padre, el profesor de salubridad Jecar Nehgme Cornejo (padre del vocero mirista y abuelo de Jecar Nehgme Sáez) quien fue ejecutado el 26 de octubre de 1973 por el coronel Nelson Ubilla Toledo en Temuco.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada, en votación unánime, rechazó aplicar la prescripción y en su lugar ordenó al fisco cancelar $ 600 millones.

Esta última cifra en el sistema apareció durante algunos días como una indemnización de sólo $ 600 mil pesos. Una falla humana había desvirtuado la real suma de la compensación, situación que fue rectificada el 24 de julio pasado.

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas, pero con pena remitida, de todos los responsables del crimen del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jecar Nehgme Cristi, asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 4 de septiembre de 1989.

Según la investigación desarrollada por el ministro Hugo Dolmestch, Nehgme fue asesinado para provocar que la gente desistiera de apoyar la opción "No" del plebiscito de 1988, puesto que el militante era un activo participante de la campaña para el retorno a la democracia.

Acogiendo la medida de prescripción, además de las atenuantes que señaló en su momento la Corte de Apelaciones de Santiago, el máximo tribunal condenó a cinco años de pena remitida al ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda y a tres años al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capital (r) Luis Sanhueza Ross.

El abogado querellante en la causa, Nelson Caucoto, criticó duramente el fallo señalando que no comprende como los autores confesos e intelectuales de este crimen "sean simplemente mandados a sus casas".

La hermana y otros familiares de Jecar Nehgme hicieron una presentación a la Corte Suprema, solicitando que no se entregaran penas remitidas en este caso, el último conocido de represión en dictadura.

El último crimen de la dictadura quedó impune. Esa es la sensación de la familia del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jecar Nehgme Cristi, asesinado el 4 de septiembre de 1989 por integrantes de la Brigada Azul de la CNI.

Aunque los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema dictaron castigos para los cinco ex agentes que conformaban el grupo, la figura jurídica fue la misma que vienen aplicando en los últimos tres años: penas que no superan los cinco años de cárcel, equivalente al presidio menor en su grado máximo.

Con ello, los magistrados dejan a los sentenciados dentro del rango de penas para concederles el beneficio de cumplir la condena bajo el régimen de "libertad vigilada". En el fondo, "los asesinos de nuestro hermano quedaron libres", concluye Fahra Nehgme, hermana de Jecar.

Es el mismo sabor a impunidad que dicen sentir familiares de las víctimas de la dictadura que han enfrentado este criterio jurídico compensatorio. O derechamente "arbitrario, ilegítimo y vergonzoso", como más de una vez lo ha calificado la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

Las penas por el caso de Jecar Nehgme venían bajas desde que el ministro Hugo Dolmestch (hoy integra la Sala Penal), que instruyó la investigación, dictó la sentencia de primera instancia. Luego, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones las mantuvo bajas.En el 80 por ciento de las causas por violaciones de los derechos humanos, resueltas en última instancia por la Sala Penal, las "supremas rebajas" ocurren allí. Nadie aclara mucho por qué. Sus integrantes estrujan los códigos para fundamentar las resoluciones.

Para los abogados querellantes como Nelson Caucoto, Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra o Boris Paredes, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, con ese criterio los jueces violan los tratados internacionales comprometidos por el Estado de Chile, para perseguir efectivamente los crímenes de lesa humanidad.

Todo esto cobra mayor relevancia para los querellantes, especialmente cuando los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, defensores a ultranza de la amnistía y la prescripción de estos crímenes, encuentran un tercer voto para inclinar la balanza (son cinco magistrados) a favor de la absolución plena de los delincuentes. Pero el clamor no traspasa los muros de la ya, hace tiempo, remozada Sala Penal.

Alguna vez, un magistrado de ese tribunal confidenció en privado "y jamás lo diré en público", que "ya han pasado muchos años y el dolor ha sido grande, entonces es hora de empezar a compensar y cerrar heridas". Una suerte de reconciliación.

Si a esa opinión se suma que, desde hace un corto tiempo, la actual Sala Penal viene acogiendo la tesis jurídica de aceptar, dentro de la causa criminal, la demanda civil para otorgar una reparación económica a los familiares por el daño moral causado, el cuadro se ve más claro.

"Reparación económica para las familias, pero bajas penas para los criminales, esa es la doctrina Dolmestch, que se viene imponiendo", expresa el abogado Hugo Gutiérrez.

La aceptación de conceder esta reparación monetaria, contradice el criterio jurídico de otra instancia de la Corte Suprema, la Tercera Sala Constitucional. Cuando a esta instancia le ha correspondido fallar acerca de este tipo de demandas civiles, para reparar a los familiares, invariablemente resuelve que la acción civil invocada prescribe cuatro años después de producido el hecho por el cual se invoca.

"Estas decisiones arbitrarias enlodan más al Poder Judicial, de escasa credibilidad en la ciudadanía. Pero en esta búsqueda, Jecar y los miles de ejecutados y desaparecidos gozan de buena salud. Su semblanza se fortalece en la injusticia. Nuestros muertos son héroes en la esperanza de una vida distinta. No perdonamos a los criminales y denunciaremos esta decisión judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Es la otra sentencia de la familia Nehgme Cristi que el viernes anunció que recurrirá al tribunal internacional para que su máxima instancia, la Corte, vuelva a condenar al Estado de Chile por la denegación de justicia del Poder Judicial, en un crimen de lesa humanidad. Ya sucedió, el pasado 26 de septiembre de 2006 respecto del militante comunista Luis Almonacid Arellano, asesinado en septiembre de 1973.

Si bien el Estado chileno fue condenado por primera vez en 2006 por no hacer justicia en un crimen contra la humanidad, la Comisión Interamericana, instancia previa al dictamen de la Corte, ha demandado al menos en tres oportunidades a Chile para que respete la legislación penal internacional, a la que se encuentra obligada a través de tratados y convenciones firmados y ratificados.

En la edición del 1 de septiembre de 2007, LND publicó un artículo titulado "Supremas rebajas", acerca del mismo conflicto.

En esa crónica, el abogado Nelson Caucoto manifestaba que "el actuar de estos magistrados se debe a que están por dictar condenas simbólicas, para que nadie pueda reprocharles que no sancionaron los delitos de lesa humanidad. Pero esta es una muy mala señal, porque se pierde el verdadero valor de la vida y la libertad". Caucoto es querellante en la causa por el crimen de Jecar Nehgme.

Son las dos almas de la Sala Penal: la de la absolución total de los criminales por la vía de la amnistía o la prescripción que defienden los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, buscando siempre el voto que les falta para triunfar con su tesis absolutoria que a veces logran; y, por otra parte, la "compensación benefactora" del resto. Matices más o menos.

Pero ahora las "excelentísimas señorías" (término con el cual los abogados deben referirse a los ministros, en estrados) se verán confrontadas a un problema no menor: qué hacer con las durísimas condenas dictadas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ratificadas íntegramente el jueves último por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

De esos nueve sentenciados, tres están ya en prisión cumpliendo otras condenas, incluyendo a Manuel Contreras. Pero sería la primera vez que, por ejemplo, el coronel (R) José Zara (aquel que acuñó la frase de los "corvos acerados" en defensa de Pinochet), o el escurridizo coronel (R) Christoph Willikie, un "as" poco conocido del crimen organizado, o el ex jefe de la temible Brigada Lautaro de la DINA, Juan Morales Salgado, quedarían definitivamente bajo la custodia de Gendarmería.

La rebaja considerable de estos castigos, por parte de la Sala Penal, sería una fuente vital y segura de un largo conflicto que tendría además ribetes internacionales.

Algunos se preparan ya para sondear qué destino podría tener en el Parlamento acusar constitucionalmente a los ministros de este tribunal.

Por otro lado, mantener estas duras penas y mandar a la cárcel a los autores del doble homicidio del matrimonio Prats Cuthbert, sería para otros un signo de que estos jueces esta vez no se atrevieron a meterse con la memoria del comandante en jefe del Ejército asesinado por la DINA.

La teleserie de la Sala Penal de la Corte Suprema continuará después de los abrasadores calores estivales de Santiago.