Montoya Torres Darío Hugo

El 20 de septiembre de 1973 fue ejecutado en Cobquecura, al márgen de toda legalidad, Darío Hugo MONTOYA TORRES, 19 años, conscripto del Regimiento Buin, sin militancia política.

                             El día indicado en la madrugada, Carabineros de Cobquecura llegaron hasta el domicilio de la abuela del afectado, donde éste se encontraba de visita haciendo uso de una licencia médica.  Obligaron a levantarse a éste y a un amigo que también se hallaba en esa casa.  Los hicieron salir entre acusaciones de haber destruído un teléfono público y a pesar de sus reclamos de inocencia, se les disparó, dando muerte en el acto a Darío Montoya y dejando herido a su acompañante, quien tras simular que estaba también muerto, pudo huir del lugar.  Horas más tarde regresan los carabineros y ordenan a los familiares del joven Montoya, que lo entierren de inmediato, lo que hacen.  Días después, se obtiene autorización para que se exhume y se le entierre legalmente.  El certificado que entonces se extiende señala como causa de la muerte: "hemorragia interna como consecuencia de tres balazos en los hombros e hígado, de los cuales atravesaron a lo menos dos, con salida en la espalda.  Fusilamiento".

                             En el caso precedente la Comisión se formó la convicción que existió una grave violación de los derechos humanos del afectado.  La responsabilidad fue de agentes del Estado que al margen de toda legalidad le dieron muerte por su presunta autoría en una falta muy menor, que por lo demás, no había cometido.  La inexistencia de explicaciones de la autoridad policial sobre estos sucesos, contribuyen a dicha convicción.

El Gobierno presentó 17 querellas respecto a casos de 25 víctimas de la Dictadura de Augusto Pinochet que no contaban con procesos judiciales en curso.

Los escritos fueron ingresados ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; y los subsecretarios de Justicia, Jaime Gajardo; y de de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

Las presentaciones fueron ingresadas ante las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Concepción y Valparaíso. Tres de los textos legales corresponden a casos de desaparición forzosa, mientras que uno refiere al hijo nonato de la sobreviviente Clementina del Carmen Soto Rivera, quien sufrió un aborto cuando fue detenida y torturada en San Bernardo en 1973.

Las acciones legales fueron entregadas en medio de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas de este 30 de agosto, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2010.

Bajo ese contexto, el Presidente Gabriel Boric desayunó en el Palacio de Tribunales junto a agrupaciones de derechos humanos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

La ministra Ríos afirmó que "esta es una deuda que tenía el Estado, porque el Estado tiene que hacer todas las gestiones y llevar adelante todas las políticas tendientes a esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición o la ejecución de esas personas".

La secretaria de Estado adelantó que "vamos a presentar, de aquí a fin de año, un total de 60 querellas por más de 355 víctimas detenidas desaparecidas y ejecutados y ejecutadas políticas por los que nadie se había querellado hasta ahora".

Enfatizó que "no solo estamos trabajando para hacernos cargo de las deudas del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos en el pasado, sino que también para reafirmar y fortalecer las instituciones hacia adelante para que esto no vuelva a ocurrir".

Alicia Lira, presidenta de la AFEP, destacó que con este tipo de medidas "nos damos cuenta que no estamos solas. Este es un Gobierno que tiene un compromiso con la verdad y la justicia y la reparación integral".

Mientras que Gaby Rivera, presidenta de la AFDD, afirmó que "es muy satisfactorio para nosotros volver a poner las querellas que nadie nunca puso, por cada uno de esos compañeros que fueron detenidos y detenidas desaparecidas y ejecutados y ejecutadas".

En detalle, las querellas ingresadas fueron las siguientes:

Ante la Corte de Apelaciones de Santiago:
– Homicidio calificado de Hernán Castillo Calcagni.
– Homicidio de Carlos Alberto Bustamante Mancilla.
– Homicidio calificado de Jessica del Carmen Riffo Troncoso.
– Homicidio calificado de Julio Enrique Reyes Espinoza.
– Homicidio calificado de Jorge Villaseca Díaz.
– Homicidio calificado de Luis Benaiges Albert.
– Homicidio calificado de Soto Rivera, hijo no nacido de Clementina del Carmen.
– Homicidio calificado de Alejandro Ramiro Bravo Vega, Juan Carlos Ulloa Carrillo, Roberto Adán Riquelme Avilés, y los hermanos Adán Antonio, Jaime Benjamín y Francisco José Riquelme Pacheco.
– Secuestro calificado de María Eliana Acosta Velasco.
– Secuestro calificado de Ratchel Elisabeth Venegas Illanes.

Ante la Corte de Apelaciones de San Miguel:
– Homicidio calificado de Jorge Patricio Venegas Labra.

Ante la Corte de Apelaciones de Concepción:
– Homicidio calificado de Humberto Javier Villagra Cruz.
– Homicidio calificado de Manuel Jesús Lara Núñez.
– Homicidio calificado de Darío Hugo Montoya Torres.
– Homicidio calificado de Luis Antonio Castillo Ahumada, Palermo Sandoval y Óscar Rodríguez Peña.
– Secuestro calificado de Luis Omar Contreras Godoy.

Ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso:
– Homicidio calificado de Eduardo Bernabé Acevedo Cisternas.

Caso indemnización civil Darío Hugo Montoya Torres: se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización a familiares de soldado conscripto, ejecutado por carabineros el 20 de septiembre de 1973, en la localidad de Cobquecura El 28 de abril el Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $90.000.000 (USD 128.571) por concepto de daño moral, a familiares de Darío Hugo Montoya Torres, quien fue detenido ilegalmente y ejecutado por Carabineros. En la sentencia (causa rol 9.372-2018), la magistrada María Paula Merino Verdugo acogió la demanda y ordenó el pago de la indemnización tras establecer que el joven de 19 años, fue víctima de un crimen de lesa humanidad cometido por agentes del Estado. "Que, en la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la vida e integridad física a que fue sometido el hijo y hermano de los demandantes, con motivo de su detención y muerte, por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlo, es que corresponde acceder a la pretensión de los demandantes, ante el evidente daño moral", sostiene el fallo. Resolución que agrega: "Ello debido al temor ocasionado por las circunstancias de la época que naturalmente incrementaron dicha aflicción, y al hecho que las secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, pues truncan el normal desarrollo de las personas, reducen sus oportunidades y merman la dignidad, daño que sólo sentido común vislumbra, y que se constata en los informes acompañados en el motivo sexto". "En consecuencia, al tenor de lo consignado anteriormente, se encuentra fehacientemente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a los demandantes -con graves secuelas que perduran hasta la actualidad-, debido a la detención por agentes del Estado, con resultado de muerte por fusilamiento de don Darío Montoya Torres", añade.