Montecinos Slaughter Cristián

Cristian  MONTECINOS SLAUGHTER

El 17 de octubre de 1973 son ejecutadas las siguientes personas:

– Carlos Rodolfo ADLER ZULUETA, 25 años, argentino con residencia en Chile desde Marzo de 1973. Se desconoce si tenía militancia política.

– Beatriz Elena DIAZ AGUERO, 26 años, argentina con residencia en Chile desde Marzo de 1973. Se encontraba embarazada.

– Víctor Alejandro GARRETON ROMERO, 60 años, importador, militante del Partido Nacional.

– Cristián MONTECINOS SLAUGHTER, 27 años, casado, funcionario del Fondo Monetario Internacional.

– Julio Andrés SAA PIZARRO, 37 años, cirujano dentista.

– Jorge Miguel SALAS PARADISI, 25 años, estudiante de Pedagogía en Matemáticas en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, quien a la sazón se encontraba viviendo en Santiago, sometido a un tratamiento médico que lo hacía permanecer en cama por períodos muy prolongados.

Las personas arriba individualizadas fueron detenidas, en la madrugada del día 16 de Octubre de 1973, por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Santiago, en la Torre Nº 12 de la Remodelación San Borja. Ninguno de ellos se encontraban vinculados entre sí, salvo los dos primeros que formaban un matrimonio.

La detención se produce como consecuencia de una delación efectuada telefónicamente por una vecina de la Torre, hecho que se encuentra debidamente acreditado por testimonio prestados ante esta Comisión.

Los detenidos son trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres Nº 38, (lugar que posteriormente utilizó la DINA como centro de detención). Luego, son trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, recinto ubicado en la comuna del mismo nombre, a cargo de efectivos del Ejército. En este lugar son vistos.

Los cuerpos sin vida de cada uno de los detenidos son encontrados el 17 de Octubre de 1973 en la Carretera que une Santiago con Valparaíso en el kilómetro 12, túnel Lo Prado, siendo trasladados al Instituto Médico Legal, según se expresa en todos los certificados de defunción y en los protocolos de autopsia.

La causa de la muerte en todos los casos corresponde a “múltiples heridas de bala”, según se señala también en los certificados de defunción y en los protocolos de autopsia.

Inmediatamente después de los hechos a petición del padre de una de las víctimas, Carlos Garretón, se inició un sumario interno en el Ejército, concluyendo que se había tratado de “un error militar”, comunicándoselo así a los familiares y procediendo el Ejército a presentar “el pésame de la Junta de Gobierno por este gran error militar”.

En la respuesta entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de Chile informó que los seis detenidos, alrededor de las 05:00 horas del día 17 de Octubre de 1973, “aprovechándose de las precarias condiciones del edificio, se fugaron por una ventana que carecía de protecciones, dirigiéndose a la carrera hacia una pandereta que cierra el recinto que da a unas poblaciones periféricas. Mientras huían, fueron sorprendidos por los centinelas del Cuartel, quienes les intimaron la detención, dando las voces de alto de rigor y efectuando disparos al aire de prevención”. Continúa el informe entregado por el Gobierno Militar, señalando que “pese a ello, los detenidos continuaron su fuga, ante lo cual los centinelas de guardia hicieron blanco en sus cuerpos provocándoles la muerte.” Finaliza la respuesta oficial señalando que “posteriormente, los cadáveres de los seis detenidos fueron conducidos en una camioneta hasta las cercanías del Túnel Lo Prado, donde existía el hospital de campaña del Ejército, donde fueron entregados y conducidos en una ambulancia del mismo hospital hasta el Instituto Médico Legal, donde se procedió a efectuar las autopsias de rigor.”

La Comisión ha desestimado la versión oficial entregada por el Gobierno de Chile, especialmente por las siguientes razones:

– Las dos versiones transcritas, sumario del Ejército y respuesta oficial del Gobierno resultan contradictorias.
– Es imposible pensar que estas personas se concertaran para fugarse, puesto que no existía ninguna vinculación entre ellas, salvo la de vivir en el mismo edificio. Además, es necesario considerar que entre los detenidos, había una mujer que se encontraba embarazada y un joven sometido a un tratamiento médico y permanecía en un estado aletargado por lo que resulta improbable que tuviera la fuerza para intentar saltar una pandereta como indica la versión.
– Carece de sentido que luego de haberles herido se les hubiera trasladado a otro lugar, túnel Lo Prado, ubicado a 12 kilómetros de distancia de los hechos.
– Por último, que la versión de un intento de fuga es común a varias otras ejecuciones que se produjeron por los efectivos que se encontraban acantonados en la Casa de la Cultura de Barrancas.

La Comisión, por las razones ya indicadas respecto de la versión oficial y los hechos que ha podido acreditar, se forma convicción que Carlos Rodolfo Adler, Beatriz Elena Díaz, Víctor Alejandro Garretón, Cristián Montecinos, Julio Andrés Saa, Jorge Miguel Salas son ejecutados al margen de toda legalidad o justificación por los agentes del Estado, quienes violaron su derecho a la vida.

Nombre
Ricardo Cristian Montecinos Slaughter

Lugar y fecha de nacimiento
Santiago, 31 de enero de 1946

Especialidad
Fotógrafo 'free lance' y cineasta, chileno-norteamericano y residente en Estados Unidos. Se encontraba en el país desde el mes de julio de 1973.

Lugar y fecha de muerte
Santiago, 17 de octubre de 1975. Secuestrado de su departamento y fusilado esa misma noche en el túnel Lo Prado, fue victima de una denuncia por equivocación de sus vecinos de la Remodelación San Borja.

Actividades
Hizo su carrera en Estados Unidos, principalmente como fotógrafo del FMI. No tenía militancia política.

Situación judicial (1996)
Causa radicada en el Décimo Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Rol 50152-E, sobreseída temporalmente en 1995.

 

El fotógrafo Cristian Mortecinos, de 27 años, fue víctima de un asesinato absurdo, provocado por la paranoia e irresponsabilidad de un vecino que lo delató "por equivocación". La historia de Montecinos también muestra cómo el remolino de sangre y terror de la violencia desatada en 1975 envolvió a familias conservadoras, ubicadas en las propias esferas del poder.

Cristian Montecinos, quien tendría hoy 50 años, nació en el seno de una acomodada familia de Santiago. Su madre, Lillian Slaughter, "Mayita", fue una periodista de La Nación que trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Santiago, en la Organización de Estados Americanos, (OEA), y en la Embajada de Chile en Washington. Su padre, el músico Marcelo Montecinos Montalva, fue un primo lejano del expresidente Eduardo Frei Montalva e hijo de Arturo Mortecinos Rosas, ministro de Agricultura de Arturo Alessandri Palma y presidente de la Cámara de Diputados. De ideas conservadoras, no era un hombre acaudalado. Tocaba la viola en la Orquesta Sinfónica de Santiago y dictaba clases de música.

Cristian, junto a su hermano Marcelo, de 53 años, también fotógrafo, estudió en el Colegio Saint George de Santiago. En 1954, cuando tenia 8 años, su madre emigró a Washington para asumir como periodista en la Secretaría General de la OEA, donde trabajaba Carlos Dávíla, su ex jefe de La Nación, el mismo periodista que presidió un gobierno de tres meses en los años '50.

Los hermanos siguieron criándose en Washington, viajando regularmente a Chile para visitar sus parientes. Crecieron como chileno norteamericanos, en un bículturalismo que se multiplicaría después de 1973. La familia regresó a Chile por un año en 1961. Mayita se hizo cargo del controvertido Cuerpo de Paz, en la embajada de Estados Unidos. Quitado de bulla, este joven chileno se criaba en la capital norteamericana en una época convulsionada, en que la lucha por los derechos civiles de los negros y contra la guerra de Vietnam movilizaba a cientos de miles en las célebres marchas a Washington de los años '60 y '70. "Era muy religioso, muy místico… medio santurrón ", recuerda su hermano mayor.

Tras terminar el "high school", estudió filosofía en la Universidad de Georgetown, pero poco tiempo, porque en uno de sus viajes a Chile se casó con María Angélica, en un enlace objetado por su padre. Tuvo dos hijos. Por esos años tomó cursos de cine, su gran pasión. "Su primer amor era el cine; entonces no tomaba muy en serio la fotografía ", recordó su hermano Marcelo quien la toma muy en serio. Realizó algunos cortometrajes en 16 mm, uno de ellos sobre Baja California. Y estaba rodando sus cortos, en plena guerra de Vietnam, a mediados de los 60, cuando lo llaman a presentarse al servicio militar.

"Lo llamaron y lo iban a mandar: se arrancó y se fue a dedo a Chile", relató Marcelo. Con un amigo, partió en automóvil, pero el vehículo llegó hasta Nicaragua. Siguieron a dedo, pero el amigo se quedó en Panamá.

Regresó después a Washington y para "no tener problemas con el gobierno", ingresó a su primer –y último– trabajo formal, como fotógrafo del Fondo Monetario Internacional. En 1975, agobiado por problemas familiares, una enfermedad de su cónyuge y convocado por extrañas premoniciones. Monteemos renunció a su trabajo y llegó a Chile el 2 de julio.

La vuelta a Chile

En un diario* que comenzó a escribir el 50 de agosto de ese año y que culmina el 10 de octubre, seis días antes de su muerte, se refleja lo que el joven fotógrafo sintió, pensó y presenció en esos días de septiembre de 1975, cuando llegaba, por última vez, a Chile. "El avión volaba bajo y el día se terminaba, y todo el desierto y las montañas me parecían vacíos y estériles, cuando en mi juventud me habían parecido misteriosos, llenos de paz y majestuosos. Y lloraba y lloraba porque no sabía adonde iba ni de donde venía", escribió.

Cristian se instaló en un departamento del piso 12 de la Torre 12 de la Remodelación San Borja, en calle Marcoleta, justo detrás del entonces Hospital San Borja, donde hoy se encuentra el hotel Crown Plaza. Era la vivienda de su padre, Marcelo Mortecinos Montalva, acérrimo partidario de la intervención militar desde su trinchera en el Partido Nacional.

"Estoy en conflicto y sufro en este momento por seguir ideales y en el camino he destruido a tanta gente", escribió el 1 de septiembre. "Mi futuro es incierto ahora. Me abro a todo. Que pase lo que pase. Me arriesgo a cualquier cosa. Ya no hay nadie que me necesite ", registra el diario de esos convulsos días.

A Cristian Montecinos le tocó vivir el golpe en pleno centro de la capital. Armado de sus cámaras Nikon, ese 11 de septiembre y las semanas siguientes, fue testigo de hechos que luego anotaba resumidamente en su diario. "El mundo se ha derrumbado alrededor. Guerra civil. .., empieza tiroteo en La Moneda. Yo estaba a dos cuadras. Francotiradores matan y hieren mientras tomo fotos", cuenta el día del golpe.

En una carta escrita el día siguiente, ahonda en proféticas conclusiones sobre lo que se desencadenaba en Chile: "Ayer se quebró Chile. Lo que desataron los militares nunca lo podrán remediar. No supieron hacer las cosas. Ambos lados están ahora en una lucha fratricida que no terminará en una generación".

Choqueado por lo que veía, continuó tomando fotografías. De los tres rollos que tomó el día del golpe le confiscaron dos, pero Mortecinos siguió: estuvo en el estadio Nacional, fue a las orillas del río Mapocho y a la morgue. Hasta acompañó al General Bonilla en sus visitas a poblaciones. "Considero una suerte haber estado aquí y haber visto esto. Desde afuera y especialmente, ahora sin libertad, no se podrá saber cómo fue. Mi venida a Chile tenía su destino, aunque no muy claro", escribió.

El 16 de octubre de 1975 una patrulla militar golpeó la puerta del departamento de su padre y se llevó a Cristian Montecinos y a otros cinco habitantes de la Torre 12. Fueron fusilados en la madrugada del día siguiente. El Informe Rettig dedica dos páginas al caso y menciona detalles bastante precisos sobre la detención, arresto y ejecución de Cristian, pero omite algo clave: los nombres de los victimarios.

Los hechos conocidos

La patrulla arrestó a Cristian y a otras cinco personas que vivían en"las torres del San Borja,": el matrimonio argentino formado por Carlos Rodolfo Adler Zulueta, de 25 años, y Beatriz Elena Díaz Agüero, de 26 años, más la criatura aún sin nombre que crecía en su vientre; Víctor Alejandro Garretón Romero de 60 años, militante del Partido Nacional y padre de un oficial de la Fuerza Aérea; Julio Andrés Saa Pizarrón, dentista de 57 años, y Jorge Miguel Salas Paradisi, de 25 años, estudiante de pedagogía en matemáticas de la Universidad de Chile, sede Valparaíso.

Según el Informe, la detención estuvo a cargo de "efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Santiago…, como consecuencia de una delación efectuada telefónicamente por una vecina de la Torre. Los detenidos fueron "trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres…", el mismo inmueble del Nº 58, ubicado a metros del convento de San Francisco, que perteneciera al Partido Socialista, conocido luego como centro de terror y torturas de la policía secreta.

De Londres fueron "trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, recinto ubicado en la comuna del mismo nombre, a cargo de efectivos del Ejército ". Allí, en calle La Estrella, funciona hoy el Centro Comunitario de la nueva comuna de Pudahuel. "En este lugar fueron vistos", afirma el Informe Rettig.

Al día siguiente, los cadáveres de los detenidos fueron hallados en el kilómetro 12 de la carretera Santiago/Valparaíso, en el sector del Túnel y sus vecinos fueron reconocidos por sus parientes en la morgue de Santiago cuatro días después de su arresto.

Nombres de los culpables

Pese a los vacíos del Informe y a la Incapacidad objetiva de la Justicia por averiguar la verdad y hacer justicia, existe abundante información, hasta ahora mantenida secreta. En los archivos de la Vicaría de la Solidaridad se puede comenzar a reconstruir la historia. Hasta allí acudió el padre, Marcelo Monteemos, y de su puño y letra, él y los abogados, dejaron constancia de lo que iban averiguando.

Mortecinos padre testificó que a su hijo le sustrajeron un reloj de oro, doscientos dólares, su carnet y su pasaporte. "Padre del afectado no quiere hacer querella, y sólo pide gestión civil de indemnización de perjuicios ", dice una nota escrita por un abogado. Un pequeña anotación, escrita por otra mano, responde: "No ha lugar". El ex simpatizante de la Junta Militar pasó años averiguando y yendo a entregar informes al antiguo edificio de la Vicaría, en la Plaza
de Armas de Santiago. Falleció en 1981.

Según el testimonio de un pariente, Carlos Saa fue detenido e interrogado por militares el 14 de octubre, después de ser confundido con su hermano Julio Saa, dentista y residente de la Torre 12, quien tuvo discusiones con un tal Pascual Rodríguez, militante de Patria y Libertad y, supuestamente, posterior colaborador del Servicio de Inteligencia militar (SIM), casado con Eva Cortés Castro, residente del departamento 52, del quinto piso de la Torre 12. Durante su arresto, Carlos Saa fue interrogado por un suboficial de apellido Garrido.

Después del golpe, Eva Cortés y su marido montaron una "junta de vigilancia contra extremistas" a la entrada de la Torre, en calle Marcoleta. Además, según el testimonio de un vecino, la señora Cortés "acudía continuamente al ministerio de Defensa, donde hablaba con el Comandante Haberle ". Según Marcelo Mortecinos Montalva, el capitán Carlos Cardemil, jefe de la patrulla que arrestó a su hijo, "alojaba a menudo en el departamento de Eva Cortés". Otro testimonio afirma que ese mismo lunes 15 de octubre, "un importante oficial" alojó en el departamento 52.

La patrulla del capitán Carlos Cardemil que recorriera piso por piso la Torre 12 a las 5 de la mañana del día 16, incluía también al sargento de apellido Garrido, originario de Antofagasta, y a un mayor de nombre desconocido que más tarde fue trasladado a Concepción. Encerrados en el departamento 52, Eva Cortés y el capitán Carlos Cardemil revisaron rostros, nombres y rumores. ¿En qué estado de conciencia y crueldad, habrán confeccionado la aberrante lista de los que eliminarían en su alucinante obsesión de "salvar a la patria "? La mortal lista negra incluía en total a diez personas. Sólo alcanzaron a llevarse seis.

"Otras cuatro personas más estaban incluidas en la lista confeccionada por Eva Cortés y Cardemil, las cuales de haberse encontrado en el edificio hubieran corrido la misma suerte: el yerno y la hija del doctor Salas, mi otro hijo Marcelo y un joven de apellido Aravena", escribió de su puño y letra el padre de Cristian Monteemos. En sus averiguaciones, el padre llegó hasta los últimos subalternos de la máquina de la muerte. "Los autores de los disparos fueron dos soldados cuyos apellidos son Yavenez y Bastías", escribió. Según Marcelo Montecinos Montalva, el cadáver de su hijo "presentaba claras muestras de haber sido ametrallado. Una bala penetraba a la altura del frontal izquierdo y en el antebrazo frontal izquierdo ".

El Ejército "investiga"

En esa época, el padre parecía tener esperanzas de un pronto esclarecimiento. "El Sr. Carretón, hijo de una de las víctimas, va a entrevistarse con el General Matthei la próxima semana. De modo que será interesante esperar el resultado ", escribió en una nota a un abogado de la Vicaría.

Existen versiones contradictorias respecto a las investigaciones y sanciones que se habrían aplicado. Por una parte los familiares declararon que "el asesor jurídico de la Fuerza Área, Sr. Julio Tapia, informó a la viuda de Cristian Montecinos que se trató de un error y que el hecho fue castigado. El Presidente del Colegio de Abogados Julio Duran después de consultar a la n Fiscalía Militar averiguó que un Sargento Primero de la Escuela de Suboficiales confeso haber sido el autor y que había sido «ajusticiado»".

Montecinos Montalva también declaró que "a raíz de las trágicas consecuencias del operativo militar, el suceso se trató en Consejo de Gabinete que resolvió derogar el Bando 88 que permitía las ejecuciones sumarías" y que "días después un alto oficial de las Fuerzas Armadas llegaba al edificio a expresar las condolencias del general Leigh y del general Bonilla, informando que la patrulla de la Escuela de Suboficiales estaba ubicada". Estos dos generales posteriormente cayeron en desgracia ante el poder militar. Bonilla perdió la vida y Leigh perdió el cargo.

El padre del joven fotógrafo afirmó que en la 11 Fiscalía Militar había "reconocido al Sargento Primero que irrumpió en mi departamento con 3 soldados". Después, Marcelo Montecinos padre declaraba que "el expediente del proceso no ha sido hallado en la Fiscalía " y que el fiscal militar Rolando Meló "nunca informó a los familiares del resultado de la investigación".

Sí fueron informados, años después, los altos funcionarlos de la OEA, organización que en 1976, se refirió al "caso 1810", el de Cristian Montecinos, y exigió al gobierno de Chile investigar la autoría de los homicidios denunciados y sancionar a los responsables.

El 15 de febrero de 1977, el ministro de Relaciones Exteriores informaba al "Señor Presidente" (Pinochet) que, por decreto del 6 de noviembre de 1975, el comandante en jefe de la 11 División del Ejército había ordenado a la 11 Fiscalía abrir un proceso judicial y que al término de dos años había concluido su investigación.

"El Fiscal de la Causa solicitó el sobreseimiento temporal hasta que se presenten nuevos y mejores elementos de convicción", dice el oficio del ministro. El sobreseimiento fue aprobado por el juez militar el 18 de agosto de 1975. El juez militar era nada menos que el comandante de la 11 División del Ejército, el mismo que solicitó la investigación y superior jerárquico de los soldados que detuvieron a Mortecinos y a los otros cinco vecinos de la Torre 12.

El informe plantea una versión inverosímil, contradictoria con un sumario interno realizado en el Ejército y que culminó con la visita de altos funcionarios del régimen que personalmente fueron a disculparse ante los familiares por lo que calificaron como "un error militar". Según la versión entregada a la OEA, en un oficio del ministerio de Relaciones Exteriores fechado en Santiago el 17 de Febrero de 1977, los seis detenidos habrían protagonizado otra de las manidas fugas espectaculares de la época.

"Aprovechándose de las precarias condiciones del edificio, se fugaron por una ventana que carecía de protecciones, dirigiéndose a la carrera hacia una pandereta que cierra el recinto que da a unas poblaciones periféricas. Mientras huían, fueron sorprendidos por los centinelas del Cuartel, quienes le intimaron la detención, dando las voces de alto de rigor y efectuando disparos al aire de prevención", dice el informe. Debido a que "pese a ello (los detenidos) habrían continuado su fuga", los centinelas de guardia "hicieron blanco en sus cuerpos provocándoles la muerte".

La versión del gobierno militar llegó a inventar que los cuerpos fueron encontrados cerca del túnel Lo Prado porque habrían sido conducidos en camioneta hasta las cercanías de un hospital de campaña del Ejército, de donde fueron trasladados al Instituto Médico Legal.

La Comisión Rettig desestimó la versión con cuatro contundentes razones:

1. Contradictorias versiones del sumario del Ejército y el Gobierno de la época.
2. La extrema improbabilidad que los prisioneros, desconocidos entre sí, uno de ellos enfermo y una mujer embarazada, se organizaran para fugarse.
3. El sin sentido de trasladarlos a un lugar ubicado a 12 kilómetros después de dispararles.
4. La justificación de muertes con supuestas fugas es común a otras acciones de los soldados del Ejército acantonados después del golpe en la Casa de la Cultura de Barrancas.

El 12 de julio de 1990, a pocos meses de asumir el gobierno de Patricio Aylwin, Lilliana Slaughter, la madre de Cristian, junto a otros familiares de víctimas de la Torre 12, interpusieron una querella criminal por delito de homicidio ante el 16 Juzgado del Crimen de Santiago. Dos años después, el 30 de junio de 1992, Injusticia sobreseyó el caso, dando como insólita razón que los hechos no eran constitutivos de delito.

El 7 de julio de ese año, el caso quedó en consulta a la Corte, que ordenó varías diligencias, entre ellas autopsias e interrogatorios. Meses después, el caso fue sobreseído por no haber indicios para asumir a los autores, cómplices o encubridores.

Se sabe que habría testificado Eva Cortés, quién negó los hechos. Su ex marido Pascual Rodríguez no fue habido, aunque se dice viviría en la costa central. De Eva Cortés se supo que luego de los hechos de octubre del 1975 trabajó varios años en una empresa de seguridad del general Manuel Contreras, el fundador de la fatídica Dirección de Inteligencia Nacional, (DINA).

Multiplicación de sus fotos

El asesinato interrumpió abruptamente los proyectos de vida del talentoso fotógrafo-cineasta, y de aquellos que lo rodeaban. "Queríamos hacer un libro fotográfico, pero logramos sacar fotos un mes: no teníamos suficiente material. Con otro mes hubiéramos tenido un buen libro", cuenta su hermano Marcelo, quien abandonó Chile a fines de 1975 para desarrollar una prolífica carrera como fotógrafo.

"Estaba paralizado…, estaba muy traumado, no podía seguir tomando fotos. Incluso me daba un miedo visceral pasar por el Estadio", recordó Marcelo, quien cree que era a él a quien buscaban, dado su mayor activismo político y sus amistades. De vuelta en Washington, Marcelo publicó** imágenes suyas y de Cristian en cientos de diarios y revistas de Europa y Norteamérica. "Difícil recordarse… tantos lugares, tantas publicaciones", dijo.

También fue en Washington donde Marcelo conoció y enseñó a otro joven fotógrafo, quien terminaría bárbaramente quemado en vida por los militares chilenos, Rodrigo Rojas Denegrí. "Es el segundo de mis pupilos fotográficos que he perdido", concluyó con amargura, mitad triste, mitad sarcástico

En las «páginas web» de la red global de información Internet aparecen fotografías que Cristian y su hermano Marcelo tomaron en aquellos meses de 1975. Son imágenes perdurables, inmortales en realidad, como lo son frecuentemente las de aquellos que han pagado con sus vidas la consecuencia con su vocación.

Notas: (*) Ese diario de vida y algunas cartas escritas por Cristian Montecinos aparecen en dos obras del escritor chileno Fernando Alegría: El Paso de los Gansos, Editorial Puelche, Nueva York, 1975, y El Evangelio según Cristian, el Fotógrafo, Ediciones de la, Flor, 1988, Buenos Aires.

(*) Marcelo Mortecinos publicó varios libros con sus fotos de Nicaragua y El Salvador, países en que siguió apretando los obturadores de sus cámaras. Ha publicado tres libros con sus fotografías: Con Sangre en el Ojo, Editorial .Nueva Imagen, México, 1981; Romerías y Querencias, Editorial Emisión, Santiago, 1990; y Nunca Supe sus Nombres, Editorial Lom, Santiago, 1994.

Cristian Opaso es periodista, integrante del Grupo de Apoyo al Bio Bio (GABB), compilador y traductor del libro "Freí, Allende y la Mano de la CÍA", 1991, Editorial Ornitorrinco.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación y condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $400.000.000 a la cónyuge, hijos y hermanos del ejecutado político Ricardo Montecinos Slaughter, cuyo homicidio se produjo durante dictadura, el 17 de octubre de 1973, en un operativo militar realizado en el sector de la Remodelación San Borja.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación en contra de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 15 de septiembre de 2015.

La resolución establece que los delitos de lesa humanidad, como es el caso, son imprescriptibles tanto en el aspecto civil como penal.

La sentencia ordena pagar $100.000.000 a cada uno de los demandantes: María Undurraga (cónyuge), Marco Montecinos Undurraga, Christian Montecinos Undurraga (hijos), y Marcelo Montecinos Slaughter (hermano).

Ricardo Montecinos Slaugther, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue sacado por efectivos militares de su departamento, ubicado en la remodelación San Borja, el 17 de octubre de 1973, y ejecutado en el lugar.

El 6 de enero de 2014, la Corte Suprema confirmó la pena de 10 años de presidio para Gerardo Urrich González, Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa, como coautores de los delitos del homicidio de Ricardo Montecinos Slaugter, Carlos Adler Zulueta, Beatriz Elena Díaz Agüero, Víctor Alejandro Garretón Romero, Jorge Salas Paradisi y Julio Saa Pizarro todos ejecutados en el denominado Episodio Torres de San Borja.

El 16 de octubre de 1973 fue el último día que la ciudadana argentina Beatriz Díaz Agüero fue vista recorriendo los pasillos de la Torre N°12 de la Remodelación San Borja, en la comuna de Santiago. Tenía 26 años y estaba embarazada de 6 meses.

El 16 de octubre de 1973 fue el último día que la ciudadana argentina Beatriz Díaz Agüero fue vista recorriendo los pasillos de la Torre N°12 de la Remodelación San Borja, en la comuna de Santiago.

Durante la madrugada de ese día fue sacada de su cama y detenida junto a su marido Carlos Adler Zulueta (25), con quien había llegado a vivir a Santiago en marzo de ese año, y cuatro de sus vecinos, apresados en las mismas condiciones.

Tras ser detenidos, el grupo fue conducido al centro de tortura de Londres 38 y luego fueron trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, en Pudahuel.

Desde allí, posteriormente, fueron llevados a las cercanías del Túnel Lo Prado en donde Beatriz, Carlos, Víctor Garretón Romero (60 años, importador y militante del Partido Nacional), Cristián Montecinos Slaughter (27 años, funcionario del Fondo Monetario Internacional), Julio Saa Pizarro (37 años, cirujano dentista) y Jorge Salas Paradisi (25 años, estudiante universitario) fueron fusilados por la espalda con ráfagas de ametralladora por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército.

Beatriz había realizado sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, en Argentina. Tenía 26 años al momento de su detención y estaba embarazada de seis meses.

Condenas

Por este hecho, conocido como Caso Torres San Borja, en 2011 fueron condenados a diez años de presidio efectivo, sin beneficios, los uniformados Gerardo Ernesto Urrich González, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi y René José Guillermo Cardemil Figueroa, como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Este último, Cardemil Figueroa, fue el condenado que cumplía prisión en Punta Peuco que fue indultado por el Presidente Sebastián Piñera, según información dada a conocer este fin de semana por La Tercera. Según la investigación realizada por el ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia, Cardemil dirigió la patrulla militar que realizó el allanamiento y detención en la Torre San Borja y fue quien dio la orden de ejecutar a los prisioneros con la gente que estaba a su mando.

Con la indagatoria se pudo determinar, además, que esta detención se produjo por una delación efectuada telefónicamente por una vecina de los 6 ejecutados, y que habría sido “una equivocación”, hecho que quedó acreditado además ante la Comisión Rettig, que incluyó los nombres en la lista de víctimas.

Salvo la familia Adler Agüero, el resto de las víctimas no tenía vinculación política, ni tampoco relación entre sí. Los cuerpos fueron encontrados el 17 de octubre de 1973 en el kilómetro 12 del camino que une Santiago con Valparaíso, desde donde fueron trasladados como NN al Servicio Médico Legal, a donde llegaron con diversos impactos de bala.

Repudio internacional

Este caso por el que Cardemil cumplía condena, confirmado en marzo de 2013 por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, es paradigmático además porque fue un caso en el que la dictadura tuvo que salir a dar explicaciones a organismos internacionales.

Cristián Montecinos Slaughter al momento de su detención era funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), razón por la que el organismo consideró el hecho como una violación a los derechos humanos y solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar.

En junio de 1976, dicho organismo determinó que este caso constituía una violación grave al derecho a la vida y solicitó los antecedentes, recomendando a la Junta Militar iniciar una investigación para hallar a los responsables. El proceso se cerró sin culpables.

Asimismo, Marcelo Montecino denunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ejecución sumaria de su hijo Christian. Instancia que decidió tramitar el caso y en junio de 1974 solicitó antecedentes al Gobierno de Chile. Un año después, se lee en la sentencia, el organismo internacional envió notificaciones a la Junta Militar.Finalmente, la Junta Militar respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los seis detenidos “se fugaron por una ventana que carecía de protecciones, dirigiéndose a la carrera hacia una pandereta que cierra el recinto (…) Mientras huían, fueron sorprendidos por los centinelas del cuartel, dando las voces de alto de rigor y efectuando disparos al aire de prevención. Pese a ello, los detenidos continuaron su fuga, ante lo cual los centinelas de guardia hicieron blanco en sus cuerpos provocándoles la muerte. (…) Posteriormente, los seis cadáveres fueron conducidos en una camioneta hasta las cercanías del Túnel Lo Prado, donde existía el hospital de campaña del Ejército, donde fueron entregados y conducidos en una ambulancia del mismo hospital hasta el Instituto Médico Legal, donde se procedió a efectuar las autopsias de rigor”.

Dicha comunicación fue desestimada por el nulo vínculo entre los detenidos (lo que habría impedido que se concertaran para escapar), la inverosimilitud de su traslado al kilómetro 12 de la carretera Santiago-Valparaíso y porque el argumento de la fuga era usado de manera común para justificar fusilamientos.

Asimismo, la familia de Carlos Garretón, quien era militante del Partido Nacional, realizó un reclamo formal ante el Ejército por el asesinato, lo que dio inicio a un sumario interno, el que concluyó que el crimen había sido “un error militar”, expresando su pésame y pidiendo disculpas a la familia. 

En el aspecto civil, la justicia acogió las demandas presentadas por los familiares y el Estado de Chile fue condenado a pagar $100 millones a cada uno de los demandantes como indemnización por daño moral.

El ex coronel de Ejército René Cardemil recibió el indulto presidencial el 6 de abril pasado, pero no logró acceder a este beneficio debido a que murió por un cáncer prostático en el hospital militar de Santiago, un día después de que Piñera firmara la resolución. Esta fue la primera vez que se buscó liberar a un reo de Punta Peuco, por “razones humanitarias”.