López Olmedo Enrique

El 11 de noviembre de 1977 falleció el ciudadano español Enrique LÓPEZ OLMEDO, miembro suplente de la Comisión Política del MIR, quien había sido detenido a fines del mes de octubre de 1977 en Valparaíso.

Oficialmente se señaló que ese día, a las 22:00 horas, en circunstancias que efectivos de seguridad de la Armada lo intentaban detener en la intersección de las calles Pacífico y Coronel Silva Vergara de Valparaíso, por ser sospechoso de actividades clandestinas, opuso resistencia, ante lo cual los funcionarios se vieron obligados a usar sus armas de fuego, resultando herido y falleciendo en el traslado a un centro asistencial.

La Comisión, considerando la militancia de la víctima, su detención previa y la imprecisión del comunicado oficial, así como el hecho de que aunque su resistencia a ser detenido hubiese sido efectiva, no habría motivo, por ella, para darle muerte, ha llegado a la convicción de que Enrique LOPEZ fue ejecutado por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.

En fallo unánime, Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó a Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo y Pedro Alcayaga Zúñiga a 12 años de presidio, en calidad de autores de homicidio calificado; y a 541 días de reclusión, como autores de aplicación de tormentos. En tanto, Gastón Silva Cañas fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridor del homicidio calificado.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a tres efectivos en retiro de la Armada, por su responsabilidad en los delitos de aplicación de tormentos y homicidio calificado del ciudadano español Enrique López Olmedo. Ilícitos perpetrados en noviembre de 1977, en la ciudad de Valparaíso.

En fallo unánime (causa rol 43.575-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Jorge Zepeda y Eliana Quezada– confirmó la sentencia que condenó a los recurrentes Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo y Pedro Alcayaga Zúñiga a 12 años de presidio, en calidad de autores de homicidio calificado; y a 541 días de reclusión, como autores de aplicación de tormentos. En tanto, Gastón Silva Cañas fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridor del homicidio calificado.

En la resolución, la Corte Suprema rechazo tanto la excepción de cosa juzgada como la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978 y la prescripción de la acción penal, argüidas por las defensas.

“Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que tanto el derecho nacional como el derecho internacional contemplan excepciones al instituto de la cosa juzgada que emana de sentencias firmes”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “En efecto, en el primero se excepcionan de tal efecto a las sentencias ejecutoriadas que producen solo cosa juzgada formal, o aquellas que producen la llamada cosa juzgada substancial provisional; del mismo modo, se prevé que las sentencias firmes obtenidas fraudulentamente puedan ser dejadas sin efecto mediante la acción de revisión; y, finalmente, existe consenso en cuanto a privar del efecto de cosa juzgada a las sentencias ejecutoriadas que se han dictado en un proceso en que no existió emplazamiento del demandado y en que este no haya –por tal motivo– comparecido al juicio, impidiendo la formación de la relación jurídico-procesal, produciéndose lo que se denomina en doctrina como ‘cosa juzgada aparente’”.

“Que, por su parte –continúa–, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha asentado la doctrina –recogida en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH)– en orden a que la cosa juzgada fraudulenta no produce el efecto que es propio del instituto; y tiene ese carácter aquella que en la sustanciación del juicio que culminó en la sentencia definitiva firme no se cumplieron las exigencias de un debido proceso”.

“Al respecto, se ha dicho: ‘En concordancia con la Convención y con lo que expresa la Corte Interamericana en repetidas ocasiones, los Estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la responsabilidad general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre en su jurisdicción (artículo 1.1) (Corte IDH, 1988, párr. 91; 2008a, párr. 77; 2008b, párr. 34)”, cita.

“Luego del pronunciamiento anterior, la jurisprudencia interamericana desde el año 2000 ha determinado, en una serie de fallos, los alcances con respecto a lo que debe entenderse como cosa juzgada fraudulenta. V. Gr., ‘en el caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, la Corte Interamericana adujo que la normativa internacional examina a qué se conoce como este tipo de fraude –artículo 20 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998); artículo 20 del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda (1994) y artículo 9 del Estatuto del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia (1993)– y expresó que esta actividad defectuosa resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad (Corte IDH, 2004, párr. 131)”, acota.

Para el máximo tribunal: “(…) se sigue de lo anteriormente expuesto, que aun cuando se ha dicho reiteradamente por la Corte IDH que en materia de violación a los derechos fundamentales –como es el caso de autos–, las víctimas deben ser reparadas por los Estados en forma integral, para lo cual debe ponerse a disposición de estas las acciones tendientes a dicha reparación para que las ejerzan en un debido proceso en que se respeten todas las garantías procesales de orden constitucional, no es menos cierto que dichos parámetros y exigencias no se cumplieron en el primer juicio que aquí se ha invocado como fundamento de la excepción de cosa juzgada”.

“En efecto –ahonda–, tal como concluyó el motivo undécimo del fallo de primer grado, la investigación llevada a cabo en la causa seguida ante la Justicia Naval en el año 1977 fue mal enfocada desde un inicio y que lo que se intentó, fue darle un viso de legalidad a una situación totalmente irregular y constitutiva de un delito grave. Para que el sobreseimiento dictado pudiese surtir efectos legítimos, debe estar avalada por una situación jurídica institucional que la haga procedente, tanto desde un punto de vista adjetivo como substantivo. En el caso de marras, se trató de la aprehensión de la víctima por motivos netamente políticos, puesto que no se le imputaba participación en ningún hecho concreto, de acuerdo a la legislación vigente en esa época, que permitiera su aprehensión y su posterior asesinato. Por otro lado, los mismos órganos que estaban a cargo de la investigación de aquellos sucesos que supuestamente ponían en peligro la seguridad interior del país, estaban encargados a su vez, a través de un desdoblamiento impropio e irregular, de impartir justicia a través de órganos que pertenecían a una misma institución armada”. 

“Resultaba evidente entonces, que el sobreseimiento dictado en esas condiciones, esto es, por personas pertenecientes al igual que los inculpados a la misma rama, pudieran tener algún viso de imparcialidad y objetividad, de forma tal que el vicio denunciado carece de asidero y no podrá prosperar”, releva.

Amnistía
Asimismo, la Sala Penal sostiene: “Que, en lo que respecta a la inaplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978 y la prescripción de la acción penal, es conveniente tener presente que, según la doctrina reiterada de esta Corte Suprema, nuestro país, al suscribir y ratificar los Convenios de Ginebra, de 1949, asumió el compromiso de adoptar todas las medidas legislativas necesarias en orden a fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las contravenciones graves definidas en ese instrumento internacional; también se obligan los Estados Partes a buscar a tales personas, debiendo hacerlos comparecer ante sus propios tribunales y a tomar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a las disposiciones del Acuerdo. El Estado de Chile se impuso el deber de no recurrir a medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores, renunciando a la facultad para exonerarse a sí mismo o a otro Estado de responsabilidades incurridas por ellos, teniendo especialmente en cuenta que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe”.

“Que, en ejercicio de su soberanía, nuestra Nación puede amnistiar los delitos que se cometan y estén sometidos a su potestad. Empero, si ha limitado su propio poder respecto de ciertos ilícitos en un compromiso internacional, no puede sobrepasar dicho límite auto impuesto y contrariar de este modo el orden nacional y universal, ni menos burlar los mencionados Convenios, que mediante su suscripción y ratificación, adquirieron efectos plenamente vinculantes. Queda, por tanto, excluido el incumplimiento de las obligaciones asumidas, sin previa denuncia de aquellos instrumentos, resultando inadmisible que contraídos tales deberes de persecución penal y juzgamiento, se trate luego de eludir su acatamiento invocando la legislación nacional ordinaria”, afirma la resolución.

“En esta perspectiva –razona la Segunda Sala–, la amnistía concedida por el Decreto Ley 2.191, puede ser claramente entendida como un acto de autoexoneración de responsabilidad criminal por graves violaciones a los derechos humanos –entre ellas, el homicidio y la tortura en todas sus formas– puesto que se dictó con posterioridad al compromiso acordado y después de la perpetración de los hechos, garantizando de esta manera la impunidad de sus responsables, lo que conculca gravemente el artículo 148 del IV Convenio de Ginebra; en tal virtud, no cabe aceptar esa autoexoneración en el caso de tales reprochables contravenciones a la tutela de los derechos fundamentales de la persona, cometidas durante la vigencia de la normativa citada”.

“Que, por otro lado, atendida su naturaleza, los hechos pesquisados constituyen un delito de lesa humanidad, porque ocurrieron en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado, constituyendo la víctima de este caso y muchas otras un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas y ciudadanos extranjeros a quienes en la época inmediata y posterior al 11 de septiembre de 1973 se les sindicó de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto o que por cualquier circunstancia fuera considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política ideada por los detentadores del poder, garantizándoles la impunidad a los ejecutores de dicho programa mediante la no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante la solicitud de los tribunales ordinarios de justicia de informes atingentes, como por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y respondían a una campaña tendiente a desprestigiar al régimen militar autoritario. Así, personas que se sirven de medios e instrumentos estatales para perpetrar tan graves crímenes contra los derechos y libertades fundamentales del individuo, se envuelven en un manto de impunidad tejido con recursos propios del Estado”, consigna la resolución.

“Los principios de acuerdo a los cuales se consagra la imposibilidad de amnistiarlos, de establecer circunstancias excluyentes de responsabilidad o de declarar su prescripción, institutos que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables, determinan que los convenios, pactos y tratados en que se reconocen los derechos humanos y las garantías a nivel de tribunales nacionales, gozan de primacía. De este postulado se sigue que de acuerdo a una interpretación progresiva y finalista de la Carta Fundamental, prevalecen sobre el orden jurídico interno, puesto que se entiende que la prefieren, perfeccionan y complementan, siendo, por tanto, una normativa posible de invocar por todos los individuos, atendido el compromiso moral y jurídico del Estado ante la comunidad internacional de respetar, promover y garantizar los derechos fundamentales del individuo. Es por ello que en este tipo de transgresiones no es posible invocar el Decreto Ley de Amnistía y la prescripción de la acción penal, porque lo prohíbe el derecho internacional de los derechos humanos, razón por la cual, la causal en estudio no podrá prosperar”, concluye el fallo.

Ratonera
En el fallo de primera instancia, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Jaime Arancibia Pinto, dio por establecidos los siguientes hechos:
“Que el día 11 de noviembre de 1977, la víctima, Enrique López Olmedo, de nacionalidad española, es detenido por agentes del ClRE de la Armada de Chile, en un operativo (ratonera) realizado en el domicilio de un familiar de este, ubicado en el sector de Playa Ancha de Valparaíso. En dicho lugar, luego de su detención, Enrique López Olmedo es amarrado a una silla y con la vista vendada es interrogado y torturado por sus captores durante tres horas aproximadamente. Después de ello es sacado de la casa y llevado por los agentes del CIRE en dirección desconocida, ya con evidentes signos de maltrato y a continuación, a unas cuadras de la casa, es acribillado por los agentes que habían participado en esa operación, siendo a continuación trasladada la víctima a la Academia de Guerra Naval en donde funcionaba el CIRE, siendo finalmente llevado al Hospital Naval de Valparaíso, llegando fallecido a ese centro hospitalario, determinándose que la causa de su fallecimiento fue por anemia aguda”.

Versión oficial señalaba que Enrique López Olmedo iba ser detenido “por ser sospechoso de actividades clandestinas pero opuso resistencia”. Investigación judicial constató que fue torturado por 3 horas y luego asesinado a sangre fría.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso al ex funcionario de la Armada Alberto Badilla Grillo, y al ex funcionario de Carabineros Pedro Alcayaga Zúñiga, como autores de los delitos de tortura y homicidio del ciudadano español Enrique López Olmedo, ilícitos perpetrados noviembre de 1977, en Valparaíso, en plena dictadura de Augusto Pinochet.

De acuerdo a los antecedentes consignados en la causa, se logró establecer que el 11 de noviembre de 1977, López Olmedo fue "detenido por agentes del "CIRE" de la Armada de Chile, en un operativo realizado en el domicilio de un familiar de la víctima, ubicado en el sector de Playa Ancha.

El ministro estableció que "en dicho lugar, Enrique López Olmedo es amarrado a una silla y con la vista vendada es interrogado y torturado por sus captores durante tres horas aproximadamente. Después de ello es sacado de la casa (…) ya con evidentes signos de maltrato y a continuación es acribillado por los agentes que participaron en la operación, siendo a continuación trasladado al Hospital Naval de Valparaíso, llegando fallecido a dicho centro hospitalario por anemia aguda".

La investigación judicial contrasta con la versión oficial señalaba que ese día, a las 22:00 horas, en circunstancias que efectivos de seguridad de la Armada lo intentaban detener en la intersección de las calles Pacífico y Coronel Silva Vergara de Valparaíso, por ser sospechoso de actividades clandestinas, "opuso resistencia, ante lo cual los funcionarios se vieron obligados a usar sus armas de fuego, resultando herido y falleciendo en el traslado a un centro asistencial".

López Olmedo era miembro suplente de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Tenía 35 años de edad al momento de su muerte, estaba casado con Lucía Bennett Urrutia y tenía dos hijos. Había estudiado Sociología en la Universidad Católica

Tanto en los casos de los presuntos autores, Alberto Badilla Grillo y Pedro Alcayaga Zúñiga, la resolución del ministro Arancibia selatro "aparecen presunciones fundadas de que a estos les ha correspondido participación de autores en los delitos de tortura y homicidio calificado en la persona de Enrique López Olmedo", estableció la resolución judicial.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso al ex funcionario de la Armada Alberto Badilla Grillo, y al ex funcionario de Carabineros Pedro Alcayaga Zúñiga, como autores de los delitos de tortura y homicidio del ciudadano español Enrique López Olmedo, ilícitos perpetrados noviembre de 1977, en Valparaíso.

De acuerdo a los antecedentes consignados en la causa, se logró establecer que el 11 de noviembre de 1977, López Olmedo fue  “detenido por agentes del “CIRE” de la Armada de Chile, en un operativo (ratonera), realizado en el domicilio de un familiar de la víctima, ubicado en el sector de Playa Ancha de Valparaíso. En dicho lugar, Enrique López Olmedo es amarrado a una silla y con la vista vendada es interrogado y torturado por sus captores durante tres horas aproximadamente. Después de ello es sacado de la casa (…) ya con evidentes signos de maltrato y a continuación es acribillado por los agentes que participaron en la operación, siendo a continuación trasladado al Hospital Naval de Valparaíso, llegando fallecido a dicho centro hospitalario por anemia aguda”.

En el punto tercero del auto de procesamiento, se sindica respecto de Alberto Badilla Grillo y Pedro Alcayaga Zúñiga, que “aparecen presunciones fundadas de que a estos les ha correspondido participación de autores en los delitos de tortura y homicidio calificado en la persona de Enrique López Olmedo”.

Este pequeño memorial se ubica en el hall de acceso de la Casa Central y lleva el nombre de los estudiantes Luis Muñoz, Jaime Aldoney, María Teresa Eltit, María Isabel Gutiérrez, Alfredo García, Silvio Pardo y Enrique Olmedo, además del sacerdote Miguel Woodward, quien era profesor en el Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad.

En el hall de acceso de la Casa Central de la PUCV se realizó la ceremonia de inauguración de una placa de mármol que recuerda a un grupo de siete estudiantes y un profesor de la Católica de Valparaíso que fueron detenidos, torturados, muertos y desaparecidos por parte de la dictadura militar entre los años 1973 y 1977.

La instalación de este pequeño memorial a las víctimas de violación de los DD.HH. en Chile fue posible gracias a la gestión de la Rectoría de la PUCV y el Colectivo de Ex Estudiantes UCV “Recuperando la Memoria”, el que es liderado por la exalumna Eliana Vidal, quien fue presa política e integró la Federación de Estudiantes de nuestra Universidad en 1967.

La placa de mármol recuerda a los alumnos Luis Muñoz Rodríguez, Jaime Aldoney Vargas, María Teresa Eltit, María Isabel Gutiérrez Martínez, Alfredo García Vega, Silvio Pardo Rojas y Enrique López Olmedo. También rememora al ex sacerdote y profesor del Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad, Miguel Woodward Iribarry.

La ceremonia fue encabezada por el Pro Gran Canciller de la PUCV y Administrador Apostólico de Valparaíso, Monseñor Pedro Ossandón, quien bendijo la placa y destacó la labor de quienes murieron luchando por sus ideales.  

“La resurrección de Cristo, nos recuerda que es posible vencer la soberbia, la prepotencia, la violencia, la muerte y la desesperanza. La resurrección también nos recuerda que es posible -gracias a todas las agrupaciones de DD.HH. y a las comunidades que han guardado la memoria de tantas personas- la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación, el perdón y la paz”, indicó.       

Entre los asistentes a la ceremonia, estuvo el vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados, Joel Saavedra; la directora general de Vinculación con el Medio, Karina Toledo; el presidente del Capítulo Académico, Pedro Santander; el jefe de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Martínez, la presidenta de la Federación de Estudiantes PUCV, Séfora Pinto, entre otras autoridades, académicos, funcionarios, exalumnos y estudiantes.

RECTOR: “HOY DEJAMOS TESTIMONIO PARA LAS FUTURAS GENERACIONES”

Al respecto, el rector Claudio Elórtegui señaló que desde esta semana se pueden leer los nombres de los miembros de la comunidad universitaria a quienes les fueron conculcados sus derechos fundamentales. “Este solemne acto para la memoria se une en nuestra Casa de Estudios a una lista larga de actos de reparación que la Universidad ha ido realizando a través del tiempo desde el retorno a la democracia en nuestro país, los que se inician en la Rectoría del profesor Bernardo Donoso cuando el Consejo Superior constituyó la comisión de exonerados políticos, a través de la cual se hicieron una serie de acciones de reparación del daño cometido a distintos trabajadores de la Universidad. Luego con el rector Alfonso Muga se descubrió la placa cuyo texto se conserva”, precisó.

Posteriormente, el rector planteó que “para que nunca más vuelvan a ocurrir crímenes y violaciones a los DD.HH. en nuestro país, hoy dejamos testimonio para las futuras generaciones de quienes fueron asesinados por pensar distinto. Junto con ello, anteriormente en nuestra Rectoría, presentamos al Consejo Superior una iniciativa para otorgar títulos y grados en forma simbólica y póstuma a estudiantes que no pudieron terminar sus carreras porque fueron víctimas de la violencia política en ese periodo. Esta propuesta de la Rectoría fue aprobada de manera unánime por el Consejo Superior y se encuentra en aplicación”, advirtió.  

En representación del Colectivo de Ex Estudiantes UCV “Recuperando la Memoria”, Eliana Vidal, recordó que esta iniciativa nació hace dos años cuando en la Universidad se conmemoraron los 50 años de la Reforma Universitaria y mandaron una carta al rector para instalar una placa con los nombres de los alumnos y el profesor que fueron detenidos, torturados y desaparecidos.

“Es importante que la gente joven que hoy día estudia en la PUCV conozca la historia de esta Casa de Estudios y que es parte de la historia del país. Es un momento muy especial, pues recuperamos esa memoria que estaba olvidada y que simboliza un acto de reparación (…) Nuestros compañeros hoy homenajeados tenían un sueño común: que esa realidad que vivíamos se podía cambiar. Sin embargo, algunos comenzaron a ser detenidos el mismo 11 de septiembre. En un momento, pareció que todo se derrumbaba, pero otros continuaron la lucha en las condiciones más adversas, contra la dictadura cívico-militar. Ellos llevaban algo hermoso de esta Universidad, pero hoy no están acá. Pensamos que era justo que volvieran a esta casa y que sirvan de ejemplo a la juventud que pasa por estas aulas”, concluyó.

Hace muchos años y mientras visitaba el campo de concentración de Bergen Belsen – donde está enterrada la pequeña Anna Frank-, cerca de los restos de los hornos crematorios alguien –no me importa quien fue ni cuando lo hizo- escribió: “Yo estuve aquí y nadie contara mi historia”.
Esa visita la relate en un libro titulado “Historias Marginales”, y lo que destaco, es que ese texto anónimo, apenas unas pocas palabras, me dijeron para que servía ser un escritor. A ese ser sin nombre le jure: Yo voy a contar tu historia.

Durante algunos días, en los foros sociales publique varios posts dirigidos a los militantes del MIR chileno, solicitando información sobre un compañero llamado Enrique López Olmedo, español, ex sacerdote jesuita. Militante y dirigente del MIR en la clandestinidad, asesinado en 1977 en un falso enfrentamiento con los esbirros de la dictadura.

Extrañamente, por casualidad, desidia, o clandestinidad rigurosamente mantenida, no hay fotos de Enrique López Olmedo. Ni los familiares de los desaparecidos y asesinados por la dictadura tenían una sola foto de él. Incluso en los escritos que el juez Baltasar Garzón dirigió a la justicia española para que se juzgara en España a los responsables de asesinatos de ciudadanos españoles en Chile, tampoco hay una sola foto de Enrique López Olmedo.

Con mi compañera, Carmen Yánez, nos propusimos saber más del compañero español caído en Chile, uno de los nuestros, uno de los que nos faltan, y lentamente dimos con la historia de una atroz soledad.
La soledad era el precio de la militancia clandestina. Y la soledad respetada a ultranza, mantenida para proteger tu vida y las de tus compañeros, a veces y aunque duela, puede cubrirse de olvido, de injusto olvido.

Dimos con una foto de Enrique López Olmedo, tal vez la única que existe, la foto porfiada de un hombre joven que sobrevivió a la muerte, a la clandestinidad, y al olvido. Y yo sé que debo contar su historia.