Jordán Domic Jorge Mario

Jorge Mario JORDAN DOMIC

El 16 de octubre de 1973 quince personas que permanecían prisioneras en la Cárcel de La Serena fueron fusiladas en el Regimiento "Arica", de esa ciudad:

Oscar Gastón AEDO HERRERA, 23 años, técnico forestal, militante comunista.  Fue detenido por Carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre.  Permaneció incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cual llega en la madrugada del 16 de octubre.           

Carlos Enrique ALCAYAGA VARELA, 38 años, albañil, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU).  Fue detenido el l2 de septiembre por Carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual es trasladado a la Cárcel de La Serena.

José Eduardo ARAYA GONZALEZ, 23 años, campesino, militante del Partido Comunista.  Fue detenido en Salamanca y llevado a la Cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el l5 de octubre, fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena.

Marcos Enrique BARRANTES ALCAYAGA, 26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A.  (MANESA), militante socialista.  Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la Cárcel local.

Jorge Abel CONTRERAS GODOY, 31 años, campesino, sin militancia política conocida.  Fue detenido por Carabineros, conducido a la Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena.  Permaneció incomunicado.

Hipólito Pedro CORTES ALVAREZ, 43 años, obrero, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista.  Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena.

Oscar Armando CORTES CORTES, 48 años, campesino, militante del Partido Comunista.  El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la Comisaría.  Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.

  Víctor Fernando ESCOBAR ASTUDILLO, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y Secretario Comunal del Partido Comunista.  El 1º de octubre es detenido por Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa localidad.  Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena.

Jorge Mario JORDAN DOMIC, 29 años, médico, militante del Partido Comunista.  Se presentó a la Comisaría de Ovalle el 12 de septiembre luego de ser requerido por un bando.  Estuvo detenido un día y luego permaneció bajo arresto domiciliario.  El l6 de septiembre es detenido nuevamente y conducido al Regimiento de La Serena, desde allí es llevado a la Cárcel de la ciudad.

  Manuel Jachadur MARCARIAN JAMETT, 31 años, agricultor, militante del Partido Comunista.  Detenido el 16 de septiembre, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros.  Fue conducido a la Cárcel de Illapel, Recinto en el cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de La Serena.

Jorge Ovidio OSORIO ZAMORA, 35 años, profesor universitario, militante socialista.  Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las dependencias de MANESA el l7 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.

Jorge Washington PEÑA HEN, 45 años, músico y profesor universitario.  Militante socialista.  Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.

Mario Alberto RAMIREZ SEPULVEDA, 44 años, profesor universitario, militante del Partido Socialista.  Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser citado.  Fue detenido e inmediatamente trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel de esa ciudad.  Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades.  La mayoría del tiempo permaneció incomunicado.

Roberto GUZMAN SANTA CRUZ, 35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fé y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).  El l4 de septiembre se presenta voluntariamente al Retén de Incahuasi luego de informarse que había sido requerido por las autoridades de La Serena.  Es detenido y desde allí conducido a la Cárcel de La Serena.  Procesado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.  En Consejo de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años.  El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su condena fue rebajada a 541 días.

Gabriel Gonzalo VERGARA MUÑOZ, 22 años, campesino, militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU).  Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento "Arica" de La Serena.  En ambos lugares permaneció incomunicado.  Luego es trasladado a la Cárcel de La Serena.

La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:

"Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra…".

Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que: "habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona".

Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que: "formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de éstos mayores de 8 años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias".

Respecto de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían: "ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre".  Se señaló, además, que habían "participado como instructores de guerrillas en la zona".

Respecto de Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: "sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado" y que "era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña".

Respecto de Manuel Marcarian, se dijo que fue ejecutado por: "haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros".

Respecto de Roberto Guzmán, se dijo que su ejecución fue: "por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno".

Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.

La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría "venido especialmente de Santiago ".

Esta Comisión acredita la presencia en la zona de una comitiva especial llegada desde Santiago, con facultades para revisar la situación de los detenidos del lugar.  Se han recibido testimonios verosímiles acerca de las nóminas de los arrestados por las autoridades militares de dicha comitiva, y de la elección que éstas hicieron de las personas cuya situación debía ser revisada.

 En relación a todas esta muertes la Comisión recibió abundantes y calificados testimonios concordantes en ciertos hechos: Los 15 prisioneros individualizados precedentemente fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado.  Avalan dicha convicción, los siguientes antecedentes:

Testimonios verosímiles respecto de la secuencia en que se produjeron los hechos que condujeron a la muerte de los quince detenidos, ya que casi no medió tiempo entre la revisión de los casos y la ejecución, lo que hace imposible que en ese lapso se desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a Derecho. 

El hecho que, de haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió derecho a defensa de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados ni posibilidad alguna de efectuar descargos.  Incluso, Roberto Guzmán, según se señaló precedentemente, ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una pena de cinco años, la que fue rebajada en el año 1975 a 541 días. 

Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal referidas al juicio que habría sido realizado en contra de los quince ejecutados.

Por tanto y considerando que, los acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta Comisión haya tenido acceso.  Esta Comisión se ha formado la convicción que las quince ejecuciones constituyen una violación de los derechos humanos atribuible a agentes del Estado.

 

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho exoficiales y dos exsuboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de 15 personas víctimas del paso de la llamada "Caravana de la Muerte" por la ciudad de La Serena en 1973.  El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex general y comandante en jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de los dos suboficiales.

por Darío Núñez

En el episodio, la comitiva uniformada perpetró el 16 de octubre de ese año, los asesinatos de Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.

En fallo unánime (causa rol 4.599-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Antonio Ulloa y las ministras Gloria Solís y Verónica Sabaj- el pasado viernes 28 de octubre modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro Mario Carroza en noviembre de 2018, respecto a la participación que les cupo en los hechos, a los condenados exoficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos, en lugar de los 5 años en calidad de cómplices como los había calificado el ministro Carroza. Otro ex oficial y principal inculpado, Ariosto Alberto Lapostol Orrego, quien había sido condenado a 15 años de presidio, falleció en el curso del proceso por lo que resulta sobreseído.

Además, el tribunal confirmó el fallo penal en la parte que condenó a los ex oficiales Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González y al ex suboficial Víctor Hugo Alegre Rodríguez a la pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos; y a los ex oficiales Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Oscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y al ex suboficial Luis Segundo Araos Flores a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

El helicóptero de la muerte

En la investigación judicial quedó establecido que el día 16 de octubre de 1973, arribó a la ciudad de La Serena la comitiva encabezada por el exgeneral Sergio Arellano Stark (fallecido) en un helicóptero 'Puma' del Ejército, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Emilio Robert de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco Gallardo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Marcelo Luis Manuel Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González.

Luego de bajar de la aeronave, el mencionado Arellano Stark sostiene una reunión con el entonces Comandante del Regimiento de Artillería N°2, "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión encomendada por el tirano Pinochet consistente en la ejecución de seleccionadas personas de izquierda que permanecían detenidas por los uniformados golpistas en diversos lugares y distintas ciudades del país.

A continuación, Arellano Stark selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. Por orden suya, retiran desde la Cárcel Pública de La Serena a 14 de las víctimas escogidas a quienes trasladan al Regimiento y quedan a disposición de la mencionada autoridad militar. Paralelamente, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento otro detenido y lo unen a los demás prisioneros, conduciéndolos hasta el polígono de tiro de ese recinto militar. Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.

Luego de cometidos los asesinatos, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares.  Acto seguido, personal militar procede al traslado de los cuerpos de los ejecutados hasta el cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían efectuado previamente las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.

Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, particularmente la Jefatura de Zona ejercida por Lapostol Orrego, publica en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, cuestión que nunca aconteció pues el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundado en la sola circunstancia de su ideología.

El año 1998, el Servicio Médico Legal, habría encontrado osamentas humanas en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el 16 de octubre de 1973, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos

Hay suicidios que provocan conmoción nacional. Basta con que dos diarios instalen la noticia en la portada y pasa a ser tema obligado en La Moneda. Ocurrió con el coronel Barriga en enero pasado. El ex agente de la DINA puso fin a su vida y la derecha pinochetista decidió que podía usar el «evento» en su proyecto de obtener impunidad. Para eso transformó el hecho en noticia de primera plana, anotando como causal de la trágica decisión los «eternos» procesos judiciales.

El comandante en jefe del Ejército suspendió sus vacaciones, vistió uniforme y se presentó a dar condolencias a la familia Barriga, rodeado de cámaras. El presidente de la Corte Suprema anunció que los casos de derechos humanos debían cerrarse en seis meses. Y las voces políticas, por doquier, lamentaron la desgracia.Hay suicidios, en cambio, que se lloran en silencio.

Sólo 35 años tenía Jorge Jordan y decidió terminar con su vida el día del cumpleaños de su padre: 15 de septiembre. Casi toda su vida vivió en proceso, un «eterno» proceso en búsqueda de verdad y justicia. Tenía apenas tres años cuando vio a su padre por última vez en la cárcel de la Serena.

Allí estaba el doctor Jorge Jordan Domic (29 años), prisionero político traído desde Ovalle.Se había presentado voluntariamente a las nuevas autoridades militares cuando su nombre fue requerido por bando militar. Esperaba enfrentar un consejo de guerra, ya convocado para el 18 de octubre de 1973, cuando pasó por La Serena el general Sergio Arellano Stark y su «caravana de la muerte». Fue asesinado dos días antes.

El doctor Jorge Jordan Domic -hijo del entonces director del Hospital Siquiátrico de Santiago, doctor Jorge Jordan Subat- no tuvo derecho a juicio. No tuvo derecho a funeral. No tuvo derecho a una tumba donde su mujer y sus dos pequeños hijos pudieran rezar y poner flores. Se transformó en un detenido-desaparecido.Su hijo mayor decidió partir de este mundo dejando un solo mensaje invisible: la fecha 15 de septiembre. Arrastró una vida de dolorosas contradicciones, sin saber de la historia real de su padre hasta que ya fue un joven, amparado por una madre que creyó que el silencio protegería a sus hijos durante la dictadura.Pero no hubo protección posible contra el dolor. Más aún. Buscó, de adulto, la compañía amorosa de otra doliente: Javiera, la hija de Miguel Enríquez. Y fue ella la que halló, al despertarse, su cuerpo meciéndose como una campana.
Una campana que tañe a duelo. Por todos los hijos de las víctimas…

Una escultura y una placa ubicadas en el SEMDA Central son el testimonio de las y los estudiantes, académicos y funcionarios de las carreras de la salud que fueron ejecutados o hechos desaparecer por razones políticas durante la dictadura civil-militar, liderada por Augusto Pinochet a partir de 1973.

Con la presencia de familiares, amigos, representantes de colegios profesionales, autoridades y miembros de la comunidad universitaria, este jueves 21 de diciembre se inauguró el memorial que recuerda a todas las personas ligadas al Campus Norte de la Universidad que hoy se encuentran desaparecidas o fueron asesinadas por la dictadura.

En total son veintiocho personas, entre estudiantes, académicos y funcionarios de las unidades de la salud que perdieron la vida por acción de organismos del Estado entre 1973 y 1990, empezando por el mismo Salvador Allende, quien falleciera en el Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre.

El sitio de memoria consta de una escultura hecha por el artista Miguel Lecaros, además de una placa con los nombres de las víctimas, que pudo levantarse gracias a un trabajo conjunto entre la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el colectivo Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, y el Área Proyectos, Memoriales y Gestión Institucional, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

La ceremonia, que fue conducida por la actriz Malucha Pinto y contó con la presentación de la cantautora Elizabeth Morris, se inició con las palabras que la Presidenta Michelle Bachelet envió con motivo de este acto. En ella destacó el homenaje a las víctimas de nuestro plantel: “Me honra saber que la Universidad de Chile, su Casa de Estudios, su refugio, su hogar, hoy honra su memoria con esta obra y, a través de ésta, también honra la persistencia y la valentía de sus familiares, sus amigos y compañeros, porque es gracias a todos ellos que nuestros ejecutados y detenidos no han muerto nunca, porque viven como un ejemplo en la memoria de cada uno de nosotros que reconocemos en sus historias de vida, testimonios de convicciones y tesón”.

Luego, a nombre de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, María Soledad Silva, coordinadora del Área de proyectos y memoriales, leyó un saludo en el cual se destacó al memorial en el marco de la promoción de una sociedad en la cual prime el diálogo y la paz: “Proyectos como éstos contribuyen a integrar a la sociedad civil y las nuevas generaciones, creando conciencia acerca de la importancia que los derechos humanos tienen para cada una de las personas y la sociedad en su conjunto”.

En la actividad estuvieron también presentes, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Kukuljan, la directora de la Escuela de Salud Pública, Patricia Frenz, el coordinador accademico de la Catedra de DDHH de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Claudio Nash, y los ex directores de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano y Óscar Arteaga, entre otras autoridades y ex autoridades de nuestro plantel.

Rescatar los valores de lo público, la verdad y la justicia

El Rector Ennio Vivaldi intervino en la jornada señalando la necesidad de un cambio cultural que prevenga a la sociedad de volver a caer en los atropellos cometidos durante el régimen militar, y también destacó todo lo que se perdió junto con las personas que fueron víctimas: “Cada una de estas personas representa lo mejor que Chile tuvo para ofrecer, los valores trascendentes que nuestro país tenía, y que nosotros pudimos conocer”, indicó.

Esos valores, señaló, se pueden traer al presente para analizar cómo se enfrenta, por ejemplo, la coyuntura educacional: “Hoy podemos ver cuán tergiversado está un concepto tan esencial como ‘lo público’ en su sentido de bien común, de algo que nos pertenece a todos y nos hace sentirnos solidarios. Es impresionante cómo se pierden esos conceptos a la par que se perdieron las personas que fueron perseguidas”.

Por último, a nombre de los familiares de las víctimas, se dirigió al público Jaime Lorca, hermano del médico desaparecido Carlos Lorca Tobar, quien destacó la fortaleza de los cercanos a las víctimas, así como las instituciones y organizaciones que los acogieron, para no olvidar lo sucedido y levantar la causa de los Derechos Humanos. “Así hemos logrado que no se de vuelta la página, y también un poco de justicia bastante insuficiente aún”, señaló.

“No exigimos verdad y justicia sólo porque sea importante en términos personales o familiares, sino que lo hacemos pensando en el futuro, en las próximas generaciones y en el Chile que estamos construyendo día a día, para que estos hechos nunca puedan acaecer de nuevo”, finalizó Lorca.

Posterior a las intervenciones, se dio paso al descubrimiento de la placa con los nombres de las y los homenajeados en el Memorial, cuyos nombres son los siguientes:

Salvador Guillermo Allende Gossens 11.9.1973

Pablo Ramón Aranda Schmied 17.9.1973

Óscar Eduardo Avello Avello 24.6.1976

Jorge Ávila Pizarro 18.9.1973

Gabriel Castillo Cerna 11.10.1976

Sara de Lourdes Donoso Palacios 15.7.1975

Héctor Victoriano García García 13.8.1974

Carlos Enrique Godoy Lagarrigue 4.8.1976

Eduardo Alberto González Galeno 10.9.1973

Ramiro Carlos Gonzáles Gonzáles 15.9.1973

Claudio Enrique González Núñez 9.12.1974

Iván Sergio Insunza Bascuñán 4.8.1976

Jorge Mario Jordan Domic 16.10.1973

Georges Klein Pipper 11.9.1973

Carlos Enrique Lorca Tobar 25.6.1975

Jorge Eduardo Ortiz Moraga 12.12.1974

Juan Antonio Eduardo Paredes Barrientos 11.9.1973

Egidio Enrique Paris Roa 11.9.1973

Reinalda del Carmen Pereira Plaza 15.12.1976

Héctor Ricardo Pincheira Núñez 11.9.1973

Hernán Sarmiento Sabater 28.7.1974

Renato Alejandro Sepúlveda Guajardo 12.12.1974

Samuel Eduardo Silva Contreras 25.3.1974

Ricardo Cristián Silva Soto 16.6.1987

Rosa Elvira Soliz Poveda 7.7.1975

Claudio Rómulo Tognola Ríos 16.9.1973

Álvaro Modesto Vallejos Villagrán 20.5.1974

Absalón del Carmen Wegner Millas 13.12.1973

  Ex alumnos LMS víctimas de la dictadura militar recibieron títulos póstumos en la Universidad de Chile

 El pasado miércoles 11 de abril en la Casa Central de la institución se realizó  la licenciatura  simbólica y entrega de títulos profesionales adeudados a 100 estudiantes de la U. de Chile detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/as políticos/as en dictadura. Cuatro de ellos manuelsalinos.

La Universidad de Chile hizo entrega de títulos póstumos y simbólicos a sus estudiantes detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura cívico militar comandada por Augusto Pinochet Ugarte. Familiares de 100 estudiantes recibieron, este 11 de abril en la Casa Central de la institución, sus títulos adeudados: cuatro de ellos eran ex alumnos del Liceo Experimental Manuel de Salas.

Ellos son: Martín Elgueta Pinto, detenido desaparecido egresado del Liceo en 1970, quien recibió el título de Ingeniero Comercial; Luis Fernando Fuentes Riquelme, detenido desaparecido egresado en 1969, el de Profesor de Estado en Biología y Ciencias; Luis Julio Guajardo Zamorano, detenido desaparecido egresado en 1968, el de Ingeniero Civil Mecánico; y Eugenio Robotham Bravo, detenido desaparecido egresado en 1968, de Sociólogo.

La máxima autoridad de la Universidad, el Rector Ennio Vivaldi, hizo entrega de los reconocimientos y se dirigió a cada uno de los familiares y asistentes. “La U. de Chile está haciendo hoy un gesto de demostración de autonomía moral. La dictadura militar nos dijo que habían muerto y hoy nosotros nos sentimos con el derecho de decir otra cosa y entregarles este diploma”, destacó.

Según el Director del LMS, “hoy, los nombres de los cuatro estudiantes reconocidos, además de otros 11 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Liceo, se honran en nuestro Memorial que homenajea a estos luchadores que nos dignificaron con su sacrificio”.

El 11 de septiembre de este año la U. de Chile distinguirá a los nuevos nombres que arroje la investigación y el proceso continuará hasta reconocer a todas y todos los estudiantes que fueron víctimas de violencia política durante la dictadura cívico militar.

El Memorial
Cada mañana, al comienzo de la jornada escolar, los y las estudiantes del Liceo Manuel de Salas  ingresan por la entrada principal de la institución y los recibe una escultura de dos jóvenes hecha por Sergio Castillo Amunategui, que connmemora a los 15 ex alumnos  desaparecidos o ejecutados en la dictadura cívico militar de Pinochet.

El Memorial, se inauguró en 1991 en el parque del establecimiento y a fines de 2013 el Centro de Ex Alumnos del LMS propuso a la dirección del Liceo trasladar la escultura a un lugar más visible. Tras la elaboración de un proyecto, el Memorial fue reposicionado en septiembre del 2015, a este espacio cotidiano de ingreso a un nuevo día de experiencias y aprendizaje.

Así, día a día los y las estudiantes pueden ver y recordar los nombres de nuestros caidos: María Inés Alvarado Börgel, Jaime Buzio Lorca, Arnoldo Camú Veloso, Luis Alberto Corvalán Castillo, Alejandro de la Barra Villaroel, Martín Elgueta Pinto, Sergio Gabriel Flores Durán, Luis Fernando Fuentes Riquelme, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Luis Julio Guajardo Zamorano, Jorge Mario Jordán Domic,  Hugo Martínez González, Littré Quiroga Carvajal, Jaime Eugenio Robotham Bravo y Edwin Van Yuric Altamirano.

El 10 de marzo de 2002, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinosa asumió como comandante en jefe del Ejército. Ostentado ese cargo, dos años después de asumir, publicó el texto “Ejército de Chile: el fin de una visión”, un escrito en el que asumió la responsabilidad de la institución en los crímenes ocurridos entre 1973 y 1990, pidiendo perdón a sus víctimas y manifestando un compromiso de “nunca más” para estos hechos.

Habían pasado 14 años desde que se publicó ese texto cuando, en noviembre de 2018, Cheyre fue condenado por el juez Mario Carroza como encubridor de 15 homicidios en el llamado episodio La Serena del caso Caravana de la Muerte, una causa emblemática de los crímenes contra los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet.

Este jueves, en tanto, se conoció que la Corte Suprema recalificó su participación en los homicidios, condenándolo como cómplice de los crímenes ocurridos en octubre de 1973, cuando Cheyre tenía el grado de teniente de la rama uniformada.

Con la recalificación, el máximo tribunal aumentó la pena impuesta originalmente por el juez Carroza, la que pasó de tres años y un día de presidio a cinco años de presidio menor en su grado máximo.

Se le impusieron también las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.

Considerando su irreprochable conducta anterior se le concedió la libertad vigilada intensiva.

El fallo indica que si por cualquier motivo se decretase el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, se le deberá abonar el tiempo que permaneció detenido en el Campo Militar de Peñalolén. Fueron cuatro días, entre el 8 y el 12 de julio de 2016.

Los crímenes ocurrieron en el Regimiento Arica N° 2 de La Serena, el 16 de octubre de 1973, fecha en que la comitiva comandada por el general de Brigada Sergio Arellano Stark llegó hasta dicha ciudad, donde -según consigna el fallo original de Carroza- se ajustició sin sentencia previa a las 15 víctimas, las que posteriormente fueron arrojadas a un fosa común del cementerio local. Luego se justificaron los fusilamientos, informando que se trataba de terroristas. Entre ellos figura Jorge Peña, hijo ilustre de La Serena,director de la Orquesta Filarmónica y creador de la Orquesta Filarmónica de Niños de la zona.