Jimenez Alfaro Tucapel Francisco

Tucapel Francisco JIMENEZ ALFARO, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile y figura de gran relevancia dentro del sindicalismo nacional de oposición al Gobierno de la época, fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 Km. de Santiago hacia el Poniente. En ese lugar se le dio muerte mediante disparos en el cráneo y posterior degollamiento.

  El móvil de estos hechos no fue el robo ya que se encontraron en su poder especies de valor.  La víctima sufría seguimientos previos, en los que aparecen comprometidos agentes de los servicios de seguridad, específicamente miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios y la CNI.

Con posterioridad a los hechos se realizaron diversas maniobras destinadas a encubrir el crimen y entorpecer la labor de los investigadores. Incluso un individuo confesó por escrito ser el autor del crimen para luego suicidarse, demostrándose posteriormente en el proceso que había sido asesinado y que la confesión era falsa.

  La Comisión ha adquirido la convicción de que se trató de un crimen cometido por motivaciones políticas en violación de los derechos humanos de Tucapel JIMENEZ.  Aunque no puede afirmar categóricamente que la ejecución de este crimen fue obra de agentes del Estado, ponderados todos los antecedentes estima en conciencia que está comprometida en su muerte la responsabilidad del Estado por cuanto, si no fueron agentes del Estado los hechores, éstos contaron al menos con el amparo del Estado.

 

La periodista Mónica González realizó un perfil de Silva Valdés, quien se declaró en rebeldía y pasó a la clandestinidad.

Dos de los condenados por el caso del asesinato del químico de la Dina, Eugenio Berríos, no se han entregado a la justicia para cumplir su pena en Punta Peuco. Son los autores materiales del homicidio, siendo uno de ellos el Mayor (R) Arturo Silva Valdés.

Silva Valdés, quien está condenado a 15 años y un día sin beneficios por secuestro y asociación ilícita, se declaró en rebeldía y pasó a la clandestinidad para no cumplir la pena. Fue escolta de Pinochet y de Agustín Edwards y tenía un apodo particular: el James Bond chileno.

Condenados por el homicidio del químico Eugenio Berríos ingresaron al penal Punta Peuco
Fue él quien disparó a Berríos en Uruguay. La periodista Mónica González publicó hace unos años un completo perfil para el desaparecido Diario Siete. Este es un extracto del perfil que pueden leer aquí en PDF.

"Alto, atractivo, elegante, con don de mando, hombre de mundo, experto en inteligencia, tirador eximio, jugador de polo y rodeado de una aureola que le significó incluso el apelativo de “el James Bond chileno”.

Esas son algunas de las características que se le atribuyen al mayor (r) Arturo Rodrigo Silva Valdés, miembro del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y quien aparece identificado en al menos dos testimonios como el autor chileno – el otro sería uruguayo- de los disparos que terminaron con la vida del químico de la DINA Eugenio Berríos.

Pero Silva Valdés tiene otros atributos que contribuyeron a engrandecer su leyenda. Es dueño de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, el director y dueño del diario El Mercurio. De ambos fue jefe de seguridad personal, amo y señor de su retaguardia y desplazamientos.

El nombre de Silva Valdés ya era conocido en tribunales. Saltó a la palestra cuando el ministro Sergio Muñoz lo procesó como encubridor en el asesinato de Tucapel Jiménez. Pero su identificación se conoció en el corazón de la DINE antes de que fuera procesado. Y se tomaron medidas. Para entonces se desempeñaba como escolta personal de Agustín Edwards".

"Yo le pido a Carlos Herrera Jiménez que, si 27 años después entrega una información que nunca antes se conoció acerca de una lista de sindicalistas para asesinar en 1982, en la que estaba mi padre, entregue también antecedentes que, por la cercanía de las fechas, probablemente debe tener sobre el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva".

Es la reacción del diputado (indep-PPD) Tucapel Jiménez, frente a la entrevista, publicada por La Nación Domingo, a uno de los autores materiales del homicidio del líder sindical del mismo nombre. "Eran los mismos mandos superiores en enero y febrero de 1982 en que son asesinados el ex Presidente y mi padre", afirmó.

El parlamentario expresó que "veo que los 20 años de cárcel le han hecho reflexionar a Carlos Herrera. Mi familia y yo no nos vamos a oponer a que él comience a recibir beneficios carcelarios, como una salida dominical, porque es uno de los que más ha colaborado con la justicia. En la cárcel hay mucho tiempo para pensar y él ya pagó su deuda".

Expresó que "a Herrera le deseo que, si un día sale en libertad, aproveche los años de vida que le quedan junto a su familia como una persona de bien".

Sin embargo, Tucapel hijo dice que por esos beneficios Herrera también debe aportar la información que maneje sobre otros casos, "aunque él no haya participado en ellos".

Pero aunque Herrera dijo que no pedirá el indulto a la Presidenta Bachelet porque considera que ya cumplió las condenas que se le aplicaron, argumentando que "también hay que respetar los derechos humanos de quienes los violamos porque, de lo contrario, se transforma en venganza", el congresista se opone a que se le conceda ese beneficio si Herrera cambia de opinión y lo solicita. "Yo me opongo a cualquier indulto presidencial, porque es entrometerse en lo que resolvió otro poder del Estado".

Lorena pizarro

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que "lo que Carlos Herrera debe hacer es entregar toda la información que guarde sobre cualquier otro caso, porque vemos que él tiene antecedentes que hasta ahora no eran conocidos como lo que contó de la lista para matar a sindicalistas".

Sostuvo que "lo que él piense ahora de su vida y cómo ésta le ha cambiado, es algo suyo y de su familia. Más que su concepción filosófica hoy día, nos interesa que entregue toda la información que tenga para aliviar el dolor de los familiares".

Si bien valoró que hoy Herrera esté del lado de quienes piensan que el drama de los desaparecidos es innegable, aunque existan errores en las calificaciones o aparezcan vivas algunas personas que se encuentran en esa calidad, dijo que "cuando se leen estas entrevistas resulta horroroso darse cuenta de la frialdad con que todos ellos mataron".

La última entrevista que Herrera había concedido a la prensa fue también publicada por La Nación en mayo de 2002, semanas antes de ser condenado por el crimen de Tucapel Jiménez.

 

Es reconocido como un ícono de las violaciones de los derechos humanos, pero hoy afirma, que aunque aparecieran cien casos falsos, no es posible poner en duda lo ocurrido en dictadura. El ex agente de la CNI califica la fallida denuncia de Karla Rubilar como un problema “moral y ético” y revela que, en 1982, el presidente de la ANEF era sólo el cuarto nombre de una lista de dirigentes sindicales que la dictadura pretendió asesinar, encabezada por Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y Hernol Flores.

El nombre de Carlos Herrera Jiménez entró para siempre en la historia de la dictadura. Aunque mató en Pisagua meses después del golpe militar, no fue un soldado operativo en el arresto, la tortura y el método del trozo de riel para arrojar cuerpos al mar, sino en el crimen político, selectivo y planificado de los últimos años de la tiranía. Jamás dudó en matar cuando le tocó obedecer. Sin chistar. Orgulloso de cumplir su misión por la patria y con la fe ciega en sus superiores. Su "medalla estrella" la obtuvo cuando en 1982 eliminó de tres disparos al sindicalista Tucapel Jiménez. Fue el crimen que lo catapultó a la fama. Hoy revela, por primera vez, que Tucapel era apenas el cuarto y último de una lista para morir que encabezó entonces el sindicalista del cobre Rodolfo Seguel y, tras él, los dirigentes Manuel Bustos y Hernol Flores.

Integró el Batallón de Inteligencia del Ejército y luego, en 1983, se hizo cargo de la CNI en la Región de Valparaíso. Fue en esa destinación que, junto a Álvaro Corbalán, integró el cuarteto que ultimó al carpintero Juan Alegría Mundaca.

Después de 20 años de presidio, Carlos Herrera, con 57 años y el pelo cano, usa una colita que, al interior del penal Punta Peuco, lo diferencia de otros, como Raúl Iturriaga Neumann o el mismo ex jefe de la CNI, general Hugo Salas. Ellos todavía mantienen la formalidad marcial. Su visión de la vida, lo aleja hoy de aquel obediente soldado.

-¿Qué opina de la reciente gestión de la diputada RN Karla Rubilar, que entregó antecedentes erróneos respecto de presuntos falsos detenidos desaparecidos?

-Lo que Karla Rubilar hizo es monstruoso. Fuera de su desconocimiento, ella tiene un problema moral y ético. Encontrar cuatro o cinco personas que se pasaron de listos no cambia en absoluto el fondo, que en Chile hay desaparecidos. Incluso si aparecieran diez o cien, eso sólo cambia la magnitud. Aunque hubiera sólo un detenido desaparecido el problema sigue igual.

-¿Cree que hoy los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos son una realidad en Chile?

-Sí, efectivamente, eso no se puede desconocer. Creo que ese es el eje del conflicto de las violaciones de los derechos humanos. Me parece inconcebible que haya detenidos desaparecidos.

-¿Qué efecto cree que tuvo este conflicto sobre la dictadura?

-La existencia de los detenidos desaparecidos deslegitimó todo el trabajo bueno que hicimos en los servicios de seguridad y que llevó a cabo el régimen militar.

-Después del sufrimiento de tantos años y sumados los acontecimientos recientes, ¿qué le diría hoy a los familiares de las víctimas?

-Es difícil la pregunta. Me parece que, con todo lo que se ha sabido hasta ahora, pedir perdón es algo sobrepasado por los acontecimientos. El perdón es un proceso que corre por parte de los afectados. Y yo personalmente no hice desaparecer a nadie, por lo tanto no puedo pedir perdón por algo que no hice.

-Pero entonces, ¿siente algún tipo de empatía por familiares de asesinados o ejecutados políticos?

-Sí. A mí se me murió un hijo en 1978. Sufrí bastante, pero creo que de alguna forma ya se cerró la herida, aunque la cicatriz queda. El está enterrado y sé dónde está. No viví la desaparición de un ser querido.

-Y a los familiares de los ejecutados políticos, ¿les pediría perdón?

-Yo ya pedí perdón a los familiares de mis víctimas, entre ellos Tucapel Jiménez.

-¿Usted fue el primero en pedir perdón a sus víctimas?

-Sí, me parece que fui el primero.

-Conoció bien a Manuel Contreras, ¿qué opinión tiene de él?

-Yo conviví con él tres años y nueve meses en Punta Peuco. Creo que es alguien muy inteligente. Lamentablemente me parece que quedó pegado en el pasado. Él sigue en la pelea de 1973, no ha evolucionado. Y eso daña a quienes fueron sus subalternos.

-¿En qué sentido los daña?

-Hoy Contreras es quien encabeza el problema de los derechos humanos. Pero su dimensión no es igual a la de un suboficial como, por ejemplo, Basclay Zapata. Pero la sociedad en su conjunto, y la prensa en particular, pone a ambos en la misma dimensión, cuando hay una diferencia tremenda. Y Manuel Contreras no ha hecho nada para hacer esa diferencia. ¿Por qué él permite que sus subalternos sigan puestos a su mismo nivel?

-Contreras incluso sigue negando la existencia de detenidos desaparecidos.

-Por eso digo que está pegado en el pasado.

-¿Cuándo y por qué se decidió a confesar los crímenes en que participó durante la dictadura?

-Fue precisamente durante la convivencia con Contreras. Sobre todo porque no hizo nada por poner las cosas en su justo nivel. Creo que sería muy varonil y honroso que se hiciera cargo de las órdenes que dio.

-¿Cree que Contreras ha sido cobarde?

-Pienso que la sociedad chilena en su conjunto es un poco cobarde. Estamos en un país del "yo no fui".

-¿Hubo otros motivos para que confesara sus crímenes?

-Yo tengo cuatro hijos, incluido uno de veintidós años, que es la edad en que a mí me tocó vivir todas estas cosas. De verdad no quisiera que ellos vivieran lo que yo viví, ni tampoco que fueran víctimas como lo fueron otros jóvenes durante la dictadura. Mi hijo menor esconde lo que ocurrió a su padre y eso es duro. Cuando caí detenido él era una guagua de brazos, entonces él prácticamente ha vivido toda su vida sin padre. No me conoce de otra manera si no es preso.

-¿Se refiere a que existe un costo familiar?

-Sí. Además de cuatro hijos, tengo cuatro nietos y ellos humanizan más que los propios hijos.

El orgullo perdido

-Usted dijo que cuando mató a Tucapel Jiménez sintió orgullo debido a que creía fervientemente en lo que hacía. ¿Cuáles eran sus ideales?

-A mí se me pintó que Jiménez estaba traicionando a la patria. Me bastó sólo eso para pensar que su muerte, siendo ilegítima desde el origen por el hecho de matar, se legitimaba por sí sola por el objetivo final, aunque suene maquiavélico.

-Pero en qué se basó el orgullo que sintió al matarlo.

-En los jóvenes de esa época, y particularmente en mí, había un patrioterismo que caía en el chovinismo. Todo lo que se hiciera en beneficio de la patria se legitimaba por sí mismo. Jiménez era parte de ese patrioterismo. Pero voy a contar que él originalmente era el cuarto de una lista de probables asesinados. El primero era Rodolfo Seguel (a 1982, importante dirigente sindical cuprero y diputado 2002-2006), el segundo era Manuel Bustos (a la fecha presidente de la Coordinadora Nacional Sindical) y el tercero, Hernol Flores (dirigente de Correos de Chile). Matar a cualquiera de ellos fue evaluado como un grave problema político. A Tucapel se le eligió por descarte. Debido a que quienes dirigieron esto "se les hizo el potito". A mí me impactó mucho saber esto con posterioridad.

-¿Qué justificó para usted el crimen del carpintero Alegría, realizado para inculparlo de haber matado a Tucapel Jiménez?

-Fue una consecuencia del primer crimen. Con el pasar de los años te das cuenta que si ya fue torpe matar a Jiménez, eliminar a Alegría lo fue mucho más.

-¿Cree que cuando alguien mata está haciendo un mal?

-Yo creo que es así y quien diga lo contrario está mintiendo. A uno en la familia desde chico le enseñan que matar es malo. Creo que se pueden analizar las motivaciones, pero quien mató sabe lo que hizo.

-¿En algún momento sintió que estábamos en guerra?

-Sinceramente sí. Después me impactó muy fuerte darme cuenta de que no era sí.

-¿Cuáles son los ideales o paradigmas que entonces tenía y que hoy ya no tiene?

-Yo salí de la Escuela Militar en 1970. Y, aunque había cosas del Gobierno de Allende que encontraba notables, como el medio litro de leche para los niños, no estaba de acuerdo con el fondo de su proyecto. Pero de alguna manera éramos una juventud mucho más ideologizada que la actual. De 13 ó 14 años ya estabas participando en algo, en uno de los dos bandos, algo bastante maniqueo que no consideraba los matices.

Juicio a la dictadura

-¿Cuándo y por qué se le comienza a quebrar la imagen de Augusto Pinochet?

-Pinochet me desilusionó cuando en un discurso dijo "este no es un gobierno fascista". Entonces yo dije, cómo que no somos fascistas si estamos rodeados de militantes de Patria y Libertad. Y, además, éramos muy amigos de ellos. Eso me produjo muchos problemas. Siempre noté que Pinochet fue inconsecuente. Primero dijo que éramos antimarxistas y no sabíamos lo que era el marxismo; luego nacionalistas sin jamás leer a Primo de Rivera. Yo pensaba que el nacionalismo era bailar cueca, escuchar a Los Huasos Quincheros, comer empanadas y ver la Parada Militar. En un camino zigzagueante, después nos dijo que éramos gremialistas.

-¿Rescata algo del régimen militar?

-Sí, yo separo a Pinochet del régimen. La reorganización de la administración pública, el desarrollo de exportaciones no tradicionales, la reactivación de la Región de Tarapacá y la creación de la Zona Franca, son obras que han perdurado. Creo también que el salto en la economía fue una obra del régimen militar que lamentablemente se ve empañada por la violación de los derechos humanos.

-¿Y qué piensa del sistema neoliberal y de la economía de mercado?

-Ahí entro en un problema y déjenme volver un poco al pasado. Cuando asumió Allende prometió igualdad, y lo mismo sucedió con Pinochet donde todos íbamos a tener acceso a la educación. Pero en definitiva, pasados los años, resultó que esta sociedad nueva construida por los militares dejó afuera a los mismos que la hicimos. Por ejemplo, con cuatro hijos, no podía pagar las universidades. Hoy no hay igualdad de oportunidades para todos y yo me embarqué en este proyecto para lograr esa igualdad.

-¿Cree que el sistema hizo de Chile un país más clasista?

-Sí, y un ejemplo de ello es la reacción a la muerte de las estudiantes del Colegio Cumbres, que es lamentable por sí mismo. Al poco rato la Presidenta puso a disposición de los padres el avión presidencial, pero ¿cuántos accidentes hay todos los días de chilenos menos iguales que otros a los que nadie les pone un avión?

-¿Cree que todo lo bueno que hubo en el régimen militar hubiese sido posible bajo un gobierno democrático?

-Sí, pero con un proceso bastante más lento. En dictadura todo es más rápido, aunque el costo es alto.

-Entonces, ¿reconoce que vivimos una dictadura?

-Fue una dictadura. De viejo he aprendido a hablar sin eufemismos. Si un gobernante no es elegido por el voto popular, es un dictador. Cuando preguntan si fue pronunciamiento o golpe militar, es obvio que fue un golpe, el resto es un adorno.

El abandono

-¿En qué medida se sintió utilizado por el sistema? ¿Cuándo y cómo empezó a darse cuenta de ello?

-Después de viejo. En el momento yo sentí que lo hacía muy bien. A mí me viene muy bien el aforismo "dile al tonto que es bueno pal’ hacha, y el tonto tala el bosque". En 1991 yo me desligué de la institución al pedir mi baja. Empecé a conocer otra vida y personas. En el Ejército uno vive como en un ghetto, igual que la gente de la UDI o la DC que se casan entre ellos. Nosotros también nos casamos con las hijas de otros militares. Cuando yo estudié en el Ejército las calificaciones estaban orientadas a qué tan buen cumplidor de órdenes eras. Como yo siempre fui bien calificado, me sentí un buen soldado, sin pensar las consecuencias que eso me iba a traer.

-¿Cómo entiende las dos etapas en que se hizo desaparecer prisioneros: la de la DINA y la posterior de la CNI llamada "Operación Retiro de Televisores"?

-A muchos como yo nos dijeron que estábamos en guerra y lo creímos. Desde la lógica de la guerra de esos primeros años, con algún esfuerzo, podría entender esas muertes. Pero cuando en 1978 y 1979 se hizo el desentierro de cuerpos bajo el mando del director de la CNI, general Odlanier Mena, es algo que no comparto. Ahí ya existe la manifiesta intención de ocultar un delito consciente de haberlo cometido. Y creo que el general Mena debe responder por eso.

-¿Qué sintió cuando supo que la dictadura había sido derrotada en las urnas?

-Varias cosas. Desde el punto de vista judicial estaba clarito lo que iba a venir, aunque nunca me imaginé que sería tan duro. Pero más que eso pensé que los mandos, que habían sido bastante severos y autocráticos, entre ellos Sergio Arellano Stark, Humberto Gordon, Carlos Forestier y el mismo Pinochet, se iban a hacer cargo de las órdenes que dieron. Algo que nunca ocurrió. Pero yo estaba desilusionado de Pinochet hacía rato. Aunque recalco nuevamente que, para mí, él no es el gobierno militar.

-¿Se imaginó que los mandos superiores no iban a asumir su responsabilidad?

-Nunca. Fue una decepción muy grande y todavía la tengo. Me dolió mucho. Me cuesta mucho hoy mirarlos a la cara y tratarlos por el grado y de "mi general".

-¿Qué efecto tuvo que los mandos no asumieran las órdenes que dieron?

-Que la justicia inicialmente empezara a escarbar por abajo. Entonces caímos presos primero los subalternos.

-¿Voto Sí o No en 1988?

-Con el alma en el No, voté que Sí.

-¿Por qué?

-Porque era un soldado disciplinado.

La falsa reconciliación

-Viéndose en el tiempo, ¿cree que es válido matar por la patria?

-Como ya dije, inicialmente sentí mucho orgullo. Pero después me atacaron el peso de la conciencia, los hijos cuando crecieron, y conocer a mis nietos. Ahora creo que todo eso fue monstruoso.

-¿Qué le parecen algunos de los gestos de reconciliación que han habido?

-Hace algunos años el entonces comandante en jefe Juan Emilio Cheyre hizo una misa reparatoria en la memoria del general Carlos Prats, lo cual me pareció fantástico. Pero encontré de pésimo gusto ver, en primera fila y al borde de las lágrimas, a los mismos generales que nos dijeron que Prats era un traidor.

-¿Como quiénes?

-Por ejemplo, el general César Benavides. Actitudes de ese tipo son las que me provocan el desconcierto. Por años pensé que Prats era un traidor. Igualmente me pareció poco decente ver en las páginas sociales de "El Mercurio", en un cóctel del mundo universitario, juntos al general Guillermo Garín y al dirigente del MIR, Pascal Allende. Eso me parece muy poco decente. Ninguno de los dos debiera haber estado.

-¿Eso no tiene que ver con una eventual reconciliación?

-¿Se van a reconciliar las cúpulas? ¿Y qué pasa con los de abajo que ellos mismos mandaron a la muerte? Tiene que haber respeto por los caídos de uno y otro lado. Ahora, poniéndome en el lugar del MIR, sus muertos ese día se estarían revolcando en la tumba. Si eso es reconciliación, no entiendo nada.

El lento camino al cielo

-Aparte del costo judicial y el escarnio público. ¿Existe un costo familiar?

-El familiar fue el costo más alto, porque no sólo mentí judicialmente sino también a mi familia. Nunca conté que había cometido tal o cual homicidio. Pero mis hijos fueron creciendo y en un momento, en el 2000, les tuve que contar. Y contarle a mi esposa creo que fue más difícil que cuando hablé con el ministro Sergio Muñoz (que investigó el crimen de Tucapel Jiménez). No sabía por dónde empezar y justificar lo injustificable. Creo que lo más difícil fue con mi hijo más chico, ya que los otros sospechaban en lo que yo trabajaba. Él cuestiona mis acciones del pasado y eso evidentemente produce dolor.

-¿De qué se arrepiente?

-Dejando de lado las violaciones de los derechos humanos de las que ya me arrepentí y pedí perdón, me arrepiento de no haber estudiado Leyes. Estando en la CNI fui aceptado como alumno en la Universidad Católica de Valparaíso, pero el general Gordon me dijo "¿Usted está loco?". Acá en la cárcel me habría gustado estudiar Filosofía, pero tampoco he podido. Cuando uno está viejo y hace la lista, son más los arrepentimientos que los aciertos.

-¿De qué no se arrepiente?

-De mi familia. Y de haber estado presente en los acontecimientos más importantes del siglo XX, a pesar de que muchos de ellos fueron deleznables. Desde el punto de vista histórico, puedo decir "yo estuve ahí". Es un contrasentido, pude haber tenido una vida más simple y haber conocido más cosas, pero también ¡qué lindo es tener la culpa de lo que ha pasado! Esto sirve para saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Para qué sirve todo esto? No tengo idea.

-¿Es religioso?

-En el plano religioso, soy católico, y tuve que pasar un largo periplo antes de volver a comulgar. No fue fácil, porque resulta ilógico que un católico practicante y observante, como es mi caso, haya hecho lo que hizo. Todavía me lo cuestiono desde el punto de vista espiritual, ya que conozco bastante de la Biblia. Yo sabía que mi religión prohíbe hacer lo que yo hice.

-¿Reza usted?

-Sí.

-¿Cree que se irá al cielo?

-Sí, sí. Cuánto me voy a demorar en llegar, es algo que no sé. Aunque creo que me voy a demorar bastante.

-¿Por qué?

-Por el purgatorio, pues.

Pisagua

-Usted estuvo en Pisagua a fines de 1973. ¿Mató al prisionero Nelson Márquez?

-Sí, yo lo maté.

-¿Quién le dio la orden?

-Me la dio el capitán Jaime Krauss Rusque y yo la cumplí. Él después fue edecán de la Cámara de Diputados.

-Pero usted está preso y Krauss está libre.

-Porque la justicia chilena aceptó como válido que él se encontraba en tareas administrativas contando remedios en una farmacia. Aunque la farmacia era muy chica, se demoró un mes en contar los remedios.

La ansiada libertad

-¿Cuándo debería salir libre?

-Yo tengo una condena a cadena perpetua unificada por las muertes del carpintero Alegría y Tucapel Jiménez, que suman 20 años de presidio. Ese tiempo se cumplió el 21 de junio de 2008. Caí preso en 1992, pero tenía tres años y siete meses acumulados de una condena previa por el caso del transportista de La Serena, Mario Fernández. Entonces, lo que sostengo es que, si la legislación penal permite la acumulación de las penas, yo ya cumplí la mía. Si el Estado, con toda justicia, fue tan ágil para juzgarme y condenarme, hoy con esa misma agilidad debe dejarme en libertad. También hay que respetar los derechos humanos de quienes los violamos. De lo contrario, se transforma en una venganza.

-A usted recientemente la justicia le denegó un recurso de amparo, por un error en la forma…

-Exactamente. A diferencia de la medicina, donde prima la urgencia por salvar a un paciente independientemente de cualquier formalidad, en la justicia no sucede. ¿Qué hubiera pasado si los recursos de amparo en Chile se hubieran acogido adecuadamente? Se habrían salvado muchas vidas.

-Si ya le pidió el indulto al ex Presidente Ricardo Lagos y le fue negado, ¿por qué no se lo solicita a la Presidenta Michelle Bachelet?

-No, y no es por soberbia, sino porque yo ya cumplí mi pena.

-¿Qué quiere hacer si algún día sale en libertad?

-Vaya paradoja, yo me acostumbré a estar encerrado y quiero ir a encerrarme a mi casa. No tengo ganas de reintegrarme en actividades de tipo social. Ni siquiera quiero ir al estadio, que antes me gustaba.

-¿De qué equipo es hincha?

-¡De San Luis de Quillota, pues hombre! Pero lo que en verdad hoy me interesa es vivir con mi señora en una parcela que tengo. Recomenzar nuestro pololeo. Lamentablemente mis hijos ya no van a estar conmigo en la casa, lo cual me va a costar mucho superar. Hace un par de años tuve el síndrome del nido vacío, que normalmente les da a las mamás.

-¿Quisiera aislarse del mundo?

-No del todo, quiero hacer una radio comunal, porque considero que Chile es un país muy injusto. Soy radioaficionado y tengo los equipos necesarios. Entre otras cosas, me gustaría hacer un programa dedicado a los presos. Pero esto lo voy a hacer desde mi casa.

Reflexiones

Al final de la entrevista, Carlos Herrera extrajo una carpeta y dijo que quería plantear algunos puntos.

“Existe una inequidad en las condenas cuando se aplican las mismas penas a los altos oficiales como Manuel Contreras y otros generales, y a los suboficiales como Basclay Zapata y otros”.

“La ley no es rígida, el derecho siempre se ha interpretado. La primera condena por homicidio calificado fue ejemplificadora y me la llevé yo: cadena perpetua. Hoy, el mismo tipo de delito se condena con pena remitida (cumplirla en libertad). Tengo claro que salí perjudicado por el momento histórico en que cometí el crimen”.

“Hay casos de oficiales y suboficiales que han hecho mucho daño, no han confesado nada, y cumplen una condena. Por el contrario, hay otros que confesaron todo lo poco que hicieron, y tienen la misma condena”.

 

Un documento firmado por ex colaboradores de la dictadura militar revela que Augusto Pinochet dio la orden de asesinar al jefe sindical Tucapel Jiménez Alfaro, en febrero de 1982.

El escrito, cuya existencia fue dada a conocer por el hijo del sindicalista, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, está firmado entre otros por el general en retiro Manuel Contreras, ex director de la DINA, según la misma fuente.

El texto corresponde, siempre según ese informe, a una declaración notarial en la que los firmantes aseguran haber escuchado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Arturo Álvarez, declarar espontáneamente haber recibido de parte de Pinochet la orden de matar al entonces presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

"Me interesa que se sepa la verdad", dijo el diputado Jiménez, quien tiene previsto emplazar a los ex uniformados, recluidos en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos, para que se pronuncien sobre la veracidad del documento.

La declaración de Álvarez, quien cumple una condena de ocho años por el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez, se produjo al parecer en julio de 2006 durante una reunión con los firmantes de la declaración en el recinto de reclusión.

"Nosotros tenemos la convicción absoluta de que Pinochet dio la orden de asesinar a nuestro padre y, de ser verídico este documento, se confirmaría", dijo el parlamentario. El ex dictador, fallecido en diciembre de 2006, declaró en el caso Tucapel Jiménez por exhorto mientras estaba detenido en Londres en diciembre de 1999.

El juez Sergio Muñoz le solicitó nuevamente una declaración en noviembre de 2000, pero Pinochet se negó argumentando problemas de salud.

La línea de investigación en torno al ex general fue descartada por Muñoz, quien cerró el caso en 2001 y condenó al mayor en retiro Carlos Herrera como autor material y confeso del crimen, y a Arturo Álvarez, Manuel Contreras y Francisco Ferrer, entre otros.

Tucapel Jiménez fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 kilómetros de Santiago, donde fue asesinado mediante disparos en la cabeza y degollado.

Una persona confesó por escrito ser el autor del crimen del sindicalista y luego se suicidó.

Sin embargo, se demostró en el proceso que había sido asesinado y que su testimonio era falso.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó ayer el pago de 1.200 millones de pesos a los hijos del asesinado líder sindical Tucapel Jiménez.

El monto indemnizatorio por el daño moral que causó en los deudos la muerte de su padre deberá ser cancelado por el fisco.

El tribunal de alzada capitalino acogió la demanda civil deducida por sus hijos Tucapel, Isabel y María, los tres de apellidos Jiménez Fuentes; y Sara Jiménez Weber y Rodrigo Jiménez Roa. A cada uno el Estado los deberá indemnizar con la suma de 200 millones de pesos.

En el dictamen además se incluye el desagravio a favor de Haydée Fuentes Salinas, esposa del otrora presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Estos 200 millones se les entregarán al diputado Tucapel Jiménez y a sus hermanas, al encontrarse fallecida su madre.

"No cabe duda que el plazo de prescripción debe computarse, en este caso, desde la fecha en que quedó a firme la sentencia dictada en el proceso criminal por homicidio de Jimenez Alfaro", señala el fallo respecto a quienes alegaron que estaba fuera de plazo la solicitud de indemnización.

En libertad salió el viernes pasado desde el penal de Punta Peuco el suboficial (R) de Ejército Miguel Letelier Verdugo, coautor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez cometido el 25 de febrero de 1982 en una operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Letelier obtuvo el beneficio luego de cumplir su pena de ocho años a la que fue condenado en el proceso que instruyó el juez Sergio Muñoz, último magistrado que tuvo a cargo esta causa.

Nunca mostró arrepentimiento del crimen, como sí lo hizo el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, indultado en 2005 por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Su decisión fue en aquel momento duramente criticada por el actual diputado independiente Tucapel Jiménez, hijo del dirigente.

Ambos suboficiales hoy en retiro fueron junto al mayor Carlos Herrera Jiménez los tres autores materiales del homicidio. Herrera cumple por ello presidio perpetuo en el penal Punta Peuco. Gendarmería confirmó a La Nación la salida de Letelier Verdugo "tras haber cumplido íntegramente su condena de ocho años".

Al suboficial (R) que integró la DINE le fue computado el período que estuvo detenido antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema confirmara el 9 de marzo de 2004 las condenas aplicadas por el juez Sergio Muñoz en su sentencia del 5 de agosto de 2002.

A pesar de que el juez Muñoz ya conocía durante la investigación las identidades de Letelier y Contreras Donaire como quienes acompañaron a Herrera a cometer materialmente el crimen, en la fase probatoria y pública del juicio quedó para el recuerdo el momento en que a Herrera, respondiendo consultas del juez Muñoz, se le escaparon de la boca los nombres de ambos.

Hasta ese instante Herrera nunca había mencionado las identidades de sus dos acompañantes.

También mostró después arrepentimiento por el crimen, e incluso pidió perdón público a la familia del líder sindical, pero hasta ahora nunca le ha sido concedido el indulto presidencial que ha solicitado.

El abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Leonardo Aravena Arredondo, haciendo referencia a la reciente libertad condicional otorgada al suboficial (r) Miguel Letelier, uno de los autores materiales del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, sostuvo que “han pasado 25 años desde que, con alevosía, se cometió ese crimen horrendo, acto en el que los homicidas actuaron concertados, con superioridad de número, por sorpresa, sobre seguro, con absoluta desproporción de los medios empleados, sin dar a la víctima ninguna posibilidad de defensa, acuchillando y baleando por la espalda”.

Aravena, quien también es integrante de Amnistía Internacional sección Chile, manifestó que “por no tratarse de un homicidio más, parece grave el olvido sin dejar una enseñanza. No basta con una romería y un homenaje. Es necesario recordar lo sucedido, el extremo al que llevó la garantizada impunidad a los malhechores, porque crímenes ocurren todos los días y, no obstante siempre ser repudiables, éste es diferente, porque el homicidio de Tucapel Jiménez resulta señero”.

Agregó que “la motivación, la ejecución cruel y fría, la calidad de la víctima, la investigación demorada judicialmente por años para asegurar impunidad, deben mantenerse presentes en la memoria de Chile para que actos tan crueles, que sólo pueden tener lugar concebidos, instigados y ejecutados por mentes enfermas, amparadas en una distorsión del ejercicio del poder absoluto, no vuelvan a ocurrir.

El abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central manifestó que todo el país debe tener presente los hechos que terminaron con la vida del sindicalista. De esta forma, dijo, “redoblaremos la lucha por los derechos de todos y el respeto mutuo, es el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria. Debemos hacer que, al menos, su muerte no haya sido en vano y asegurarnos que nuestra sociedad está de verdad en vías de mejoría, en la esperanza de dejar atrás el abuso, la locura y el descontrol”.

El Gobierno confirmó ayer que otorgó el indulto a Miguel Contreras Donaire, suboficial (r) del Ejército, condenado como uno de los autores del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982.

El ex uniformado fue beneficiado con la modalidad de “Indulto de Conmutación de la Pena”. Luis Bates, ministro de Justicia, aclaró ayer que el beneficio se otorgó porque Contreras Donaire cumple con todos los requisitos para optar a él y que, según las normas, el indulto particular puede materializarse como remisión, conmutación o reducción de la pena.

El secretario de Estado señaló que tras haber cumplido “cinco años y siete meses privado efectivamente de libertad, cumplirá el saldo de 2 años 4 meses (de un total de ocho años) bajo sujeción a la vigilancia del Patronato Local de Reos. En consecuencia, el señor Contreras Donaire seguirá cumpliendo su condena, bajo la modalidad señalada”.

La familia del asesinado presidente de la ANEF cuestionó duramente la medida, calificándola como una “bofetada”.

Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del ex dirigente, dijo que es “una bofetada no sólo a la familia, sino a los trabajadores de Chile, especialmente a los empleados públicos. Nosotros como familia nos oponemos a todo tipo de indulto. No le hace bien a la democracia que el Poder Ejecutivo interfiera en una decisión ya tomada por el Poder Judicial”.

Según se estableció judicialmente, Manuel Contreras Donaire fue uno de los que, el 25 de febrero de 1982, interceptaron al presidente de la ANEF cuando manejaba su taxi. Junto a él subió al vehículo Miguel Letelier Verdugo (suboficial retirado) y Carlos Herrera Jiménez, todos ellos ex integrantes del DINE. Finalmente, tras dirigir el vehículo hasta el camino El Noviciado, Herrera Jiménez le disparó en la cabeza y degolló a Jiménez.

 

Como una "bofetada" calificó el hijo homónimo de Tucapel Jiménez, la conmutación de pena otorgada por el gobierno al suboficial en retiro Manuel Contreras Donaire, uno de los condenados por el homicidio del líder sindicalista.

Hablando en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Fuentes, acompañado del titular de dicha organización, Raúl de la Puente, criticó con dureza la medida confirmada durante la jornada desde La Moneda.

“Nos hemos enterado por las noticias, viendo al ministro del Interior Francisco Vidal explicando lo inexplicable”, dijo el primogénito del asesinado sindicalista, lamentando cómo se canalizó al información.

Tucapel Jiménez Fuentes remarcó que la noticia es “una bofetada no sólo a la familia, sino a los trabajadores de Chile, especialmente a los empleados públicos. Nosotros como familia nos oponemos a todo tipo de indulto. No le hace bien a la democracia que un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, interfiera en una decisión ya tomada por otro poder del Estado, como el Poder Judicial”.

Contreras Donaire quedará en libertad, pero no a través de un indulto presidencial, como primero comunicó el ministro del Interior Francisco Vidal, sino del otorgamiento de un beneficio penitenciario, como salió posteriormente a aclarar el vocero de Palacio, Osvaldo Puccio.

El beneficiado fue condenado a ocho años de presidio por el crimen de Tucapel Jiménez, pena que ha cumplido en su gran mayoría. El suboficial en retiro fue una de las personas que interceptó al presidente de la Anef y le dio muerte el 25 de febrero de 1982. Junto a él participaron en el homicidio Miguel Letelier Verdugo y Carlos Herrera Jiménez, todos ellos ex integrantes del DINE.

El ministro Puccio explicó que no se le concedió “un indulto presidencial, pues se trata de una decisión a nivel del Ministerio de Justicia en el cual a reos que cumplen ciertos requisitos de cumplimiento de pena se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería”.

Agregó que va en la línea de beneficios humanitarios, ya que “se trata de una decisión de un reo que cumplió los requisitos para acceder a este tipo de beneficios” y aclaró que el documento no lleva la firma del Presidente Ricardo Lagos.

Previamente, Puccio había sido consultado por la reacción que podría tener la familia de Tucapel Jiménez, y declaró al respecto que “vivimos en este país una situación traumática, donde muchos de nosotros fuimos víctimas de esa situación y creo que el país ha ido avanzando en un clima distinto. Los que luchamos por los derechos humanos, por un sistema democrático distinto, luchamos al mismo tiempo porque la ley se aplique a cabalidad y todos tengan acceso a los beneficios que esa ley otorga”.

Temen que sea un precedente

Jorge Mario Saavedra, el abogado de la familia de Tucapel Jiménez, advirtió que la conmutación de la pena a Contreras Donarire puede sentar un precedente para otros militares vinculados a atropellos de los derechos humanos durante la dictadura.

El jurista explicó que el beneficio al suboficial condenado está contemplado en la ley, y que Contreras Donaire solicitó el pronunciamiento del Ejecutivo considerando que ya había cumplido seis de los ocho años de condena.

Las condenas

El 9 de marzo del año pasado, la Corte Suprema confirmó la condena contra Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo, el general (r) Ramses Arturo Alvarez Sgoglia y los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima a ocho años de cárcel. Junto a ello condenó al general (r) y auditor general del Ejército Fernando Torres a 800 días de pena remitida como encubridor del crimen, y a los generales (r) Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y Hernán Ramírez Hald, director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), a 800 días de presidio remitido en calidad de encubridores.

La Corte estimó que en el caso de Herrera Jiménez la pena sería de cadena perpetua, y en esa oportunidad también se liberó de responsabilidad al coronel Enrique Ibarra Chamorro y el agente civil Jorge León Alessandrini.

De acuerdo a los antecedentes aportados por la investigación del ministro Sergio Muñoz, Tucapel Jiménez fue interceptado por dos sujetos que simulando ser pasajeros abordaron su taxi y le pidieron que los trasladara hasta el camino Renca-Lampa. Se trataba del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el suboficial Miguel Letelier Verdugo. Mientras, el suboficial Manuel Contreras Donaire los siguió en un automóvil Peugeot.

En Pudahuel, Herrera le ordenó detener el vehículo y le disparó, asestando también cortes con arma blanca, los tres huyeron en el Peugeot.

 

El vocero de gobierno Osvaldo Puccio, aseguró que no se trata de un indulto propiamente tal, sino de una conmutación de su pena.

“La figura efectiva es una conmutación de saldo de pena, que saldo que queda luego de la conmutación queda detenido a la supervigilancia del sistema penitenciario nacional. No corresponde a un indulto presidencial sino a una decisión a nivel del ministerio de Justicia, en la cual, a reos que cumplen ciertos requisitos de cumplimiento de pena se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se ,mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería”, sostuvo Puccio.

El vocero de gobierno aseguró además que no existe la voluntad de equiparar las situaciones entre los ex reos subversivos, que dejarán la cárcel de Alta Seguridad, y aseguró que se enmarca dentro del ambiente de reconciliación que existe en el país.

El supuesto indulto

Esta mañana se informó que el Presidente de la República, Ricardo Lagos, a través del Ministerio de Justicia, había indultado al suboficial en retiro del Ejército Manuel Contreras Donaire, condenado por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez.

El ex uniformado, quien perteneció a la Dirección de Inteligencia Nacional de dicha institución, estaba sentenciado a una pena de ocho años por su responsabilidad y participación en el crimen del desaparecido dirigente de la ANEF, la que cumplía en el penal de Punta Peuco desde abril de 2004.

Contreras había sido condenado por el ministro que sustanció esta causa, Sergio Muñoz Gajardo, quien además condenó al mayor en retiro del Ejército, Carlos Herrera Jiménez -quien además cumple una pena por el crimen del carpintero Juan Alegría Mondaca, efectuado en febrero de 1982, con la intención de encubrir el homicidio del sindicalista-, el general (r) Ramsés Alvarez Scoglia; los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima y el suboficial (r) Miguel Letelier Verdugo.

Cabe recordar que Tucapel Jiménez Alfaro fue asesinado el 25 de febrero de 1981, cuando manejaba su taxi y se dirigía a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la que presidía.

Jiménez siempre fue visto por el gobierno militar como una amenaza, puesto que siempre estuvo a favor de las protestas opositoras y de luchar en contra del gobierno militar.

Su muerte fue investigada durante 17 años por el juez Sergio Valenzuela Patiño, quien no llegó a ninguna conclusión, hasta que en 1999, con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, la familia de Jiménez logró que el Poder Judicial reemplazara al juez por Sergio Muñoz, quien en pocos meses logró establecer las responsabilidades y condenas.

La versión de vidal

Pese a lo señalado por el vocero Puccio en torno a la naturaleza del beneficio otorgado a Contreras Donaire,

el ministro del Interior, Francisco Vidal, confirmó en La Moneda que "en el uso de sus atribuciones exclusivas en algunas materias, el Presidente hace dos o tres semanas, procedió a indultar a este suboficial de Ejército, cuyo nombre es Manuel Contreras Donaire".

Aunque no entregó las razones concretas de la medida, señaló que el gobernante la adoptó "en virtud de la pacificación, de la clemencia, de dar señales de que el país puede avanzar en esta dirección".

Indemnización a la familia

En abril de este año, la Justicia Civil condenó a una millonaria multa al Estado chileno por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.

La sentencia de la titular del 13° Juzgado Civil de Santiago, Clara Carrasco Andoni, condenó al Fisco a cancelar la suma de $1.000 millones a la familia del dirigente por el delito de daño moral.

La familia había presentado una demanda civil que se tramitó en forma paralela a la investigación criminal que llevó el juez Sergio Muñoz, y este fallo, dado a conocer esta tarde, obliga al Estado chileno a desembolsar esa alta suma de dinero.

Conocida esta información, el Consejo de Defensa del Estado decidió inmediatamente apelar a la resolución, por lo que deberá ser una sala del tribunal de alzada capitalino la que resuelva si mantiene, anula o baja la cifra dictada en primera instancia.

 

Hasta La Moneda llegará hoy la molestia ante la "conmutación de pena" concedida por el Presidente Ricardo Lagos a Manuel Contreras Donaire, uno de los autores materiales del homicidio del ex presidente de la Anef.

Resignados a sólo denunciar mediante la crítica pública, sin posibilidad de revertir la decisión, se encuentran los familiares del asesinado ex dirigente sindical, Tucapel Jiménez Alfaro, que esta mañana cuestionaron las explicaciones dadas anoche por el Presidente Ricardo Lagos respecto de la "conmutación de pena" que concedió a uno de los participantes en el crimen, el suboficial de Ejército (R), Manuel Contreras Donaire.

En efecto, ante las versiones que interpretaban la iniciativa como un indulto, Lagos, enfático, precisó que no se trata de aquello. "No pues, no es (indulto). Lea usted lo que es (…) lea usted de qué se trata y tiene la clave del concepto", respondió a un periodista al se requeridas sus precisiones.

Apuntando a la explicación dada por Lagos, Jiménez destacó que "estos condenados, si uno recuerda lo que dictaminó Sergio Muñoz, ya recibieron penas muy bajas, ya fueron beneficiados con la media prescripción y ahora vuelven a ser beneficiados, entonces, no creo que sea un argumento como para justificar esta decisión."

"Le pediría al Presidente Lagos, al ministro de Justicia, que antes de haber tomado una medida así podrían haber tomado unos minutos de su tiempo y haber leído el fallo, porque este es uno de los autores materiales. Carlos Herrera Jiménez (condenado a 15 años de cárcel) fue el que efectuó los disparos a mi padre y este asesino fue el que degolló a mi padre. Eso es lo más terrible de todo", agregó.

Confirmando que esta mañana acudirán hasta el Palacio de gobierno, junto a la dirigencia de la Anef, para manifestar sus críticas la medida, el único recurso que les queda, asumió, insistió en que se trata de " una decisión que al país le cuesta entender. Si uno va a los hechos, es uno de los crímenes más horribles que se han cometido en el país. El beneficiado es uno de los autores materiales, nunca ha cooperado con la justicia, nunca ha mostrado un signo de arrepentimiento, entonces cuesta mucho más entenderlo."

CASO TUCAPEL: Perpetua para Herrera; Corbalán, absuelto

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.

 Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.

El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.

Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.

En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.

Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.

El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).

El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.

Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio.

Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.

Proceso judicial

En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.

Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.

Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.

El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.

Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.

El día que murió Tucapel

Tucapel Jiménez fue víctima de constantes amenazas de muerte y seguimientos. Por eso, esa mañana del 25 de febrero de 1982 no tomó ninguna precaución extraordinaria al salir de su casa en la población Villa España, sector de Renca, al volante de su taxi Datsun, que trabajaba en las horas que le dejaba libre su actividad sindical.

Eran las 9.30 de la mañana cuando se despidió de su esposa y sus hijos para tomar rumbo hacia el centro por la Panamericana Norte, como siempre lo hacía. Debía estar a las 10 en la sede de la Anef, en la Alameda, para encabezar una importante reunión que él mismo había convocado con el fin de crear un gran frente laboral unitario de oposición al régimen militar.

El sindicalista nunca llegó a la cita. Hacia el mediodía, nerviosos llamados telefónicos de sus colaboradores, familiares y amigos intentaban ubicarlo en todos los lugares posibles, con la conciencia de que un atentado en su contra podría haberse concretado.

Los temores no eran infundados. Al anocher del mismo día, lugareños denunciaron el hallazgo de un automóvil estacionado a la orilla de un polvoriento camino vecinal de la comuna de Lampa, en cuyo interior había una persona muerta.

Tras constituirse la policía en el lugar se confirmó que se trataba de Tucapel Jiménez y que su cuerpo presentaba cinco impactos de bala de bajo calibre y tres heridas cortopunzantes inferidas con un cuchillo, que no tenían otra explicación que "rematarlo", según advirtieron peritos del Servicio Médico Legal.

El presidente de la Anef fue asesinado entre las 10 y las 11:30 horas de esa mañana de finales de un verano, cuando se anticipaban los estragos de la peor crisis económica y social que ha enfrentado el país en los últimos años.

Abogado Jorge Mario Saavedra apelará ante la C. de Apelaciones

Querellantes en caso Tucapel apuestan por aumentar condenas

La defensa de Alvaro Cobalán, en tanto, se manifestó tranquila con el fallo que absolvió al ex agente de la CNI.

El abogado de la familia del asesinado dirigente sindical, Tucapel Jiménez, Jorge Mario Saavedra, anunció que en los próximos días apelará para aumentar las penas de cinco de los condenados por el fallo de primera instancia dictado por el ministro Sergio Muñoz.

En conversación con La Tercera.cl, el abogado señaló que "era previsible" que el magistrado absolviera al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, todos procesados en calidad de cómplices por la muerte del ex presidente de la Anef.

Según Saavedra, para haber recibido condena había que probar "que la gente de la CNI seguía a Tucapel y lo grababa, sabiendo que todo eso iba a servir para que lo mataran", algo que nunca pudo realmente hacerse. Saavedra acotó incluso que "yo diría que eso estaba débil".

Las condenas que debieron ser mayores

En relación a las condenas de los ejecutores, la opinión del abogado cambia radicalmente. Según él, su responsabilidad en el caso "está clarísima y creo que las penas son extremadamente bajas".

Saavedra aclaró que esperaba que el general (r) Ramsés Alvarez y el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez fueran condenados a penas más altas. Agregó que "eran generales y en ese tiempo, hombres que formaban a la gente, por lo que tienen mucha más responsabilidad penal que el propio ejecutor (Carlos Herrera Jiménez), que era un hombre que entró como a los 15 ó 16 años a la Escuela Militar y que no conoció otra formación que la jerarquía, la patria y los enemigos de la patria, que enseñaba el Ejército y que en ese entonces eran los marxistas".

En este mismo punto, el abogado agregó que "los que verdaderamente hacen todo, que determinan la cosa y que enseñan estas creencias obtuvieron una condena de entre ocho y diez años, mientras que Herrera Jiménez que fue un hombre dirigido desde chico, le aplican una cadena perpetua. Todo, además de que Herrera dijo la verdad. En mi opinión eso no es justo".

Los mismo en relación con la condena del ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva.

"Me parece francamente incomprensible cuando él abusó del poder que tenía de una manera increíble. Fue miembro de la Corte Suprema, se dignó a dictar sentencias, se sentó en el más alto sitial de la Judicatura chilena a dictar sentencias, en circunstancias de que fue abogado de las personas que juzgaba. Eso hace que su conducta sea tan irreprochable como para no merecer ningún beneficio. Durante el día impartía justicia y durante la noche daba instrucciones de sacar a Herrera Jiménez del país. Eso es una agravante enorme".

En todo caso, Saavedra dijo no saber cuáles fueron las atenuantes que se consideraron en estos casos porque el mismo problema computacional que retrasó la publicación del fallo es el que le ha impedido conocer sus alcances.

Las apelaciones

"Voy a apelar, pidiendo mayores penas para los ejecutores, oficiales de Ejército y no subalternos", dijo. El abogado querellante se refiere a las sentencias del general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, condenado a 10 años de presidio y del brigadier (r) Víctor Pinto Pérez, quien deberá estar recluido ocho años. Además acudirá a la Justicia para aumentar la pena de 800 días -remitibles a firmar durante el mismo período de tiempo en el Patronato de Reos- al ex auditor general del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva; el general (r) Hernán Ramírez Hald y al ex general Hernán Ramírez Rurangue.

El aumento de las penas se pediría sobre la base de "la gravedad del delito y las agravantes de éste". Según Saavedra, "estas personas estaban en una posición inmejorable para exigir el bien y elmal. Ellos abusaron de su poder, o sea, cuentan con todas las agravantes que se pueden tener en contra y ningún atenuante porque ellos nunca tuvieron buena conducta".

En relación al tiempo que podría durar el conjunto de apelaciones en este caso hasta que llegue a dictarse en la Suprema un dictamen definitivo, el abogado señala que cree que "debería ser rápido porque hay personas que están privadas de libertad, -Herrera Jiménez, Contreras Donaire y Letelier Verdugo- lo que hace que el expediente sea más rápido". Por esta razón, entre dos y tres meses podría tardar una sentencia en la Corte de Apelaciones, y como las casaciones en la Suprema son rápidas, a fines de año podría haber un resultado definitivo. "Esas son mis esperanzas y mis ilusiones", acota.

La inocencia de Corbalán

La absolución de Alvaro Corbalán era esperada no sólo para el abogado querellante. También su defensor, Juan Manuel Lezaeta creía que no sería condenado y, es más confía en la inocencia absoluta de su representado en el caso Tucapel.

Corbalán estaba procesado como encubridor del hecho por no haber dado a conocer los autores del crimen, pese a que lo supo en 1983, un año después del homicidio el líder sindical.

Para el abogado Lezaeta, el fallo puede ser interpretado como un trabajo acucioso en el Poder Judicial y del ministro Sergio Muñoz.

"Sin embargo, estos casos y los otros por los cuales están procesados los militares que pertenecieron a la CNI son hechos que deben entenderse en su contexto, en su realidad histórica", dijo a La Tercera.cl el representante legal de uno de los más controvertidos agentes de la CNI.

En cuanto a los pasos a seguir, Lezaeta precisó que todas aquellas personas que se sientan eventualmente dañadas o perjudicados por esta resolución judicial podrán presentar las apelaciones y los recursos correspondientes o todos los requerimientos y herramientas jurídicas con las que cuenten.

Caso Alegría Mundaca

Juan Alegría Mundaca fue encontrado muerto en su domicilio de Valparaíso el 11 julio de 1983, con dos heridas cortantes en sus muñecas, en un aparente suicidio.

Junto a él había una carta en la que supuestamente decía estar arrepentido de haber matado a Tucapel Jiménez. Sin embargo, las investigaciones del caso del sindicalista determinaron que Alegría había redactado la nota inducido bajo hipnosis.

Es por esta razón, que el asesinato del carpintero es considerado un caso anexo al asesinato del dirigente sindical destinado a encubrirlo.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Carlos Cerda, Jorge Dahm y Gabriela Pérez, condenó el 19 de julio del 2000 en segunda instancia y como autores al ex director operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán; al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez; y al suboficial Armando Cabrera Aguilar a cadena perpetua por el homicido calificado de Juan Alegría Mundaca

El escrito de 50 páginas forma parte del proceso que se sigue en Sao Paulo por el secuestro de Washington Olivetto

9 de Agosto  2002 La Tercera

Sentencias fueron rechazadas por la familia del sindicalista

Tucapel Jiménez, hijo del sindicalista asesinado, pidió a los tribunales que "las condenas sean más ejemplares como una señal para el país". El abogado querellante Jorge Mario Saavedra que lo representa apeló hoy a las sentencias dictadas por el ministro en visita Sergio Muñoz, en relación al asesinato del líder de la Anef, Tucapel Jiménez Alfaro.

El profesional explicó que aceptan la gradualidad para la rebaja de las penas adoptadas por el ministro Muñoz, pero estiman junto con la familia Jiménez que algunos de los condenados deben recibir un mayor castigo.

Cómo debió haber sido

En específico, Saavedra dijo que el jefe de la Direcciín de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine) general (r) Ramsés Alvarez Sgoglia, quien recibió 10 años de reclusión como autor del delito, debería ser condenado a un total de 20 años; el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez que recibió ocho años de cárcel con beneficio remitido debería ser sentenciado a 15 años y el ex fiscal del Ejército, Fernando Torres Silva que recibió 800 días de cárcel remitida debería ser condenado con una pena aflictiva.

Sobre Torres Silva, el abogado indicó que "no es justo que él con su conducta contumaz, que ha tenido mofándose de la justicia y no sólo ha impedido libremente en Tucapel Jiménez y en muchos otros procesos por su conducta, a él no le permite pedir el beneficio de la remisión de la pena. El tiene que ir a la cárcel".

Saavedra añadió que tampoco corresponde que haya sido absuelto el comandante (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien como autor del crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, que fue cometido para ocultar el crimen de Jiménez, necesariamente tuvo que estar al tanto del asesinato del desaparecido sindicalista.

Cardenal satisfecho con sentencias

El arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, manifestó su satisfacción porque se haya llegado a la verdad en la investigación de la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez ocurrida el 25 de febrero de 1982 y con el dictamen de primera instancia, al tiempo que llamó a respetar las decisiones de la justicia y aseguró que el ministro en visita Sergio Muñoz dio lo mejor de sí en el esclarecimiento del caso.

La autoridad eclesiástica pidió además a quienes se sienten insatisfechos con el dictamen a tener paciencia y confianza a la espera de lo que determinen los tribunales de segunda instancia.