González Sepúlveda José Gumercindo

El día 10 de octubre de 1973, José Gumercindo GONZALEZ SEPULVEDA, 32 años, casado, empleado en un negocio de la localidad, fue detenido el día 10 de octubre de 1973 alrededor de las 16,00 horas, por agentes de Carabineros quienes lo sacaron a golpes desde su lugar de trabajo, trasladándolo hasta la Sub Comisaría de Paine. Hasta ese lugar su cónyuge le llevó comida la noche de la detención.

Testigos presenciaron el día siguiente, cuando Carabineros entregaba al detenido a efectivos que se trasladaban en un vehículo militar.

Después de múltiples diligencias realizadas por la familia, fueron informados en el Servicio Médico Legal que la víctima estaba muerta y que había sido enterrado en el Patio 29 del Cementerio General. Se entregó certificado de defunción que señala como fecha de muerte el 9 de octubre de 1973 y el lugar Puente Viluco, al interior de la Viña el Carmen.

Todo lo anterior permite a esta Comisión llegar a la convicción que la víctima murió por actuación de agentes del Estado, mientras permanecía detenido.    

 

 

El máximo tribunal condenó a 10 funcionarios del Ejército como autores del homicidio calificado de 38 personas y a un Carabinero por el secuestro calificado de dos víctimas. La Corte recalificó los delitos elevando las penas de los condenados.

Tras 49 años de ocurridos los hechos la Corte Suprema emitió fallo definitivo en uno de los casos más emblemáticos perpetrados por dictadura militar, a través de su Segunda Sala Penal condenó a ex uniformados por el homicidio calificado de 36 trabajadores agrícolas y 2 empresarios, todos de la localidad de Paine, quienes fueron ejecutados en la cuesta Chada y la quebrada Los Quillayes, el 3 y 16 de octubre 1973, respectivamente, a manos de funcionarios de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Los ministros Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y los abogados integrantes Diego Murita y Leonor Etchebery, en fallo histórico condenaron a Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez, capitán y subteniente del Ejército, respectivamente, a 20 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificados de las víctimas. En este caso, el máximo tribunal aumentó sus penas en relación al fallo de segunda instancia dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el cual Romero venía condenado a 15 años y Fernández a 10.

Del mismo modo, la Corte elevó las penas para el cabo José Vásquez Silva y a los conscriptos Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera y Carlos Durán Rodríguez de 5 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo también como autores de homicidio calificado.

La misma pena recibieron los conscriptos Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza y Víctor Sandoval Muñoz.

En el caso del conscripto Raúl Francisco Areyte Valdenegro, la Corte aumentó su condena de 5 a 6 años de presidio mayor en grado mínimo como autor de 14 homicidios calificados.

Señalar que para todos los condenados antes mencionados, el máximo tribunal recalificó los delitos en relación al fallo de segunda instancia, de secuestro calificado a homicidio calificado. Del mismo modo, los ministros reconocieron la colaboración que tuvieron los conscriptos mediante sus declaraciones, lo cual habría aportado en las identificaciones y les aplicó la atenuante especial de colaboración sustancial y de irreprochable conducta anterior.

Mientras que el capitán de Carabineros Nelson Bravo Espinoza fue condenado a 10 años de presidio mayor en su grado medio, cuya pena fue elevada en 5 años y su delito fue recalificado como autor de secuestro simple a secuestro calificado de Ramón Capetillo Mora y Mario Muñoz Peñaloza, ocurrido entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

En tanto, Osvaldo Magaña Bau, Juan Guillermo Quintanilla y Carlos Kylling Schmidt, quienes habían sido condenados durante el proceso, fueron sobreseídos por encontrarse fallecidos, al igual que Víctor Pinto Pérez.

El abogado querellante Nelson Caucoto, quien representa a familiares de 37 víctimas, se mostró satisfecho ya que la Corte acogió todos los recursos de casación que presentaron y celebró el fallo señalando que “mañana habrá un día más luminoso para los familiares de las víctimas de Paine, ejecutadas por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, un día plagado de nuevas sensaciones y esperanzas”.

Caucoto, quien lleva el caso desde sus inicios, señaló que “El máximo tribunal de la República ha dictado sentencia definitiva, en este caso, que habla de una masacre ocurrida hace 49 años en esa localidad rural. Se ha logrado vencer la impunidad, la indolencia y la barbaridad.  Lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de sanidad para esos familiares y para la sociedad chilena en general.

Uno de los crímenes imperdonables de la dictadura cívico-militar ha sido resuelto por la justicia chilena de manera civilizada.  A pesar del largo tiempo transcurrido, la Justicia es posible”.

Mencionar que en los alegatos actuaron también como querellantes el Programa De DD.HH del Ministerio del Interior, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC)  y el abogado Luciano Fouillioux, como apoderado del padre la abogada Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberng.

En materia civil se dejó sin efecto la cosa juzgada que había sido decretada por la Corte de Apelaciones de San Miguel y que impedía a algunos familiares de las víctimas acceder a una reparación.

El Mostrador publica a continuación un extracto del capítulo del libro de los periodistas Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, a publicarse en 2015, y que tratará sobre el rol de los civiles que actuaron como «cómplices pasivos» y «no pasivos» de la dictadura de Pinochet. Los personajes elegidos van desde abogados, médicos, ingenieros, políticos, periodistas, operadores, hasta grandes empresarios. La investigación se centra en episodios inéditos, como el de la participación en la represión de algunos miembros de la familia Kast, dueños de la cadena Bavaria, en la zona de Paine, donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria.

Pedro León Vargas Barrientos pensaba que no tenía de qué preocuparse la mañana del 13 de septiembre de 1973. Tenía sólo 23 años, militaba en el MIR y poco tiempo atrás trabajaba en los establecimientos Bavaria. El mismo 11 de septiembre se presentó a la Subcomisaría de Paine y el capitán a cargo, Nelson Bravo, que lo conocía bien, le dijo que “todo estaba en orden. Así que se devolvió tal como había llegado”[1], recuerda Sylvia Vargas, hermana de Pedro.

A pesar de eso, el 13 de septiembre fue sacado brutalmente de la cola del pan y arrastrado hasta un vehículo que lo llevó a la comisaría. Varios vecinos trataron de ayudarlo, algunos lo tomaron de la ropa, pero fue imposible. Ya en el calabozo le comentó a su compañero de celda, Armando Pereira Salas, que “su detención era ‘pesada’”[2]. Como brazo derecho de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estaban los civiles que se paseaban triunfantes por las calles del pequeño pueblo.

Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión, reconoció que: “Acompañamos a Carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar, y a celebrar lo acontecido ese día”[3]. Ese mismo 11 de septiembre condujo hasta la Subcomisaría el Datsun 1.500 color verde de su familia, cargado con alimentos de Bavaria para los carabineros. “Pues en ella los funcionarios tenían una olla común. Fui invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente”[4], declaró. En ese lugar fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine.

Rato después, durante esa misma noche, Kast vio llegar a la Subcomisaría a un grupo de detenidos “los que en la mañana del día 12 fueron retirados por un camión militar. Iban rapados”[5]. Kast nunca denunció este hecho a la justicia.

Christian Kast es actual Presidente de la fábrica de cecinas, restaurantes y rotisería Bavaria, conocida empresa del rubro alimenticio que tiene sucursales a lo largo de una parte importante de Chile, y hermano del actual diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast. Además es tío de Felipe Kast, diputado y líder de Evópoli.

Al mediodía del 12 de septiembre, horas después de la detención de Pedro Vargas, “se hizo un asado en el sitio indicado (patio de la Subcomisaría) y retorné a mi casa, momento en que mi madre me prohibió seguir yendo a la subcomisaría en razón de todo lo que había sucedido y que ella había apreciado por televisión. A pesar de ello, en los días posteriores volví a la subcomisaría a dejar cecinas de nuestro negocio familiar, los establecimientos Bavaria, en dos o tres ocasiones y en horas de la tarde. Cada vez que acudí veía a los carabineros y civiles compartir asados en el patio que indiqué. En esas ocasiones me enteraba que había detenidos en el cuartel, los que estaban en unas dependencias ubicadas al fondo del mismo. Sólo recuerdo haber escuchado hablar de una persona que apodaban ‘Harina Seca’, no recuerdo otros nombres o apodos”.[6]

[cita]Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario de un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero. Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”.[/cita]

El detenido al que se refiere Christian Kast y por el cual nunca inició algún trámite de denuncia en base a lo que había escuchado en la Subcomisaría, es Luis Nelson Cádiz Molina, comerciante de 28 años, detenido el 14 de septiembre, simpatizante del MIR. Cádiz es uno de los detenidos desaparecidos de Paine. La última vez que fue visto con vida fue en el calabozo de la Subcomisaría de Paine, junto a Pedro Vargas, ambos con signos de haber sido torturados.

Inquirido por la jueza, Christian Kast declaró que solo conoció a Pedro como empleado de su establecimiento, pero que no supo de su situación. “Sólo posteriormente tuve conocimiento que fue detenido por Carabineros, pero yo no lo vi en la Sub Comisaría, ni escuché que estuviera cuando yo acudí a dicho establecimiento”.[7]

Según declaró, el también detenido, Alejandro del Carmen Bustos González, cerca de las tres de la madrugada del 18 de septiembre, un carabinero llegó a pasar lista al calabozo y lo sacó hacia el patio. Le ordenó que se vistiera, lo dejó un instante ahí y partió hacia el calabozo. Bustos observó varios vehículos de civiles estacionados, “siempre desde el patio y al acercarme a un pasillo, a través de una ventana, nuevamente pude observar a las personas de civiles. Me refiero a Francisco Luzoro, Claudio Oregón, Antonio Carrasco, Luis Mondaca, Segundo Suazo, Miguel González, Cristián Kast, Patricio Meza, Tito Carrasco, Mario Tagle, Jorge Nazar y Ruperto Jara”.[8]

Minutos más tarde, él junto a Carlos Chávez, Orlando Pereira, Luis Ramírez y Raúl Lazo fueron subidos por carabineros a vehículos de civiles. No les pusieron capuchas. La comitiva tomó un camino que reconoció como la carretera Norte Sur. Luego enfilaron hacia el poniente, hasta un campo. Camino de tierra sinuoso, todos en silencio y el zumbido de los motores. Los bajaron, alineados en medio de un escampado, focos de vehículos alumbrándolos de medio lado, al frente un pelotón de civiles y carabineros, y el horror a la muerte en ciernes. A su costado derecho, diez metros más abajo, un remolino negro y espumoso de agua, esperando que cayeran en él. “Levanten las manos, nos dijo el sargento Reyes. Lo hicimos y miré hacia arriba, al cerro. ‘¡Puta a dónde estamos, Dios mío santo! ¡Virgencita linda!’, me dije. Y veo que va subiendo una imagen de la virgen arriba de una nube”[9], dijo con lágrimas Bustos.

Cuando sonó el estruendo, una bala le dio en el brazo y un chorro de sangre se le estrelló en la cara. Era de Orlando Pereira, su compañero de muerte. Algunos cayeron heridos, otros gritando de dolor y miedo. “Con un yatagán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua”[10]. Cuando el trabajo estuvo listo, lo empujaron por el despeñadero hacia el canal y rodó junto al resto del grupo. Adentro del agua, mientras daba vueltas en el remolino, sintió un brazo que lo tomaba del cuello. Era Orlando Pereira. “Me rogó que lo ayudara, así que lo monté al hombro y nadé. Salimos juntos al otro lado.”[11] Pereira tenía varios impactos de bala en el pecho. “Me dijo que estaba muerto y que le cuidara a su señora y al hijo. Me pasó su chomba entera perforada y murió”.[12]

Bustos fue el único que sobrevivió para contarlo. Careado con Christian Kast[13], reafirmó que lo vio en la comisaría el día de su detención, pero aclaró que no fue parte de la caravana que rato después lo fusiló. Entrevistado para este reportaje, Bustos puntualizó que en realidad quiso decir que no fue capaz de identificarlo. “Había más civiles, pero con las luces y la oscuridad, no los identifiqué a todos. No me recuerdo de haber visto a Kast ahí, pero podría haber estado también”[14].

Kast reconoció a la justicia solo haber escuchado la historia: “En una oportunidad un sacerdote me relató un acontecimiento similar al que señala mi interlocutor, que relacionándolos, creo que se trata del mismo. Esa fue la primera vez que tuve noticias de lo sucedido en Collipeumo”.[15]

La traición y los recuerdos de Sylvia

Sylvia recuerda que el único problema que tenía Pedro con los Kast era un altercado previo al 11 de septiembre, en su lugar de trabajo, Cecinas Bavaria. “Mi hermano descubrió que no estaban pagando a sus trabajadores un porcentaje de las ventas, que era su obligación legal. Entonces organizó un sindicato y don Miguel lo castigó, bajándolo a rondín de la fábrica de cecinas. Tenía que usar un arma. A Pedro no le gustaba la violencia, así que renunció”[16], recuerda Sylvia.

A pesar de ese episodio y sus nueve meses de embarazo, Sylvia decidió ir hasta la casa de los Kast en Buin, para pedirle ayuda a su patrón. A su favor tenía que a comienzo de los 60 su familia y los Kast habían trabajado codo a codo para sacar adelante la recién creada fuente de soda Bavaria, junto a la carretera Norte Sur, a la altura de Buin, donde los Vargas también vivían: “Otros patrones habían ayudado a salir libre a sus funcionarios, así que por eso me decidí a ir donde él”[17], recordó.

En la entrada de la casa la recibió don Michael: “Estaba molesto. Me dijo ‘cómo se ve Sylvia que usted no sabe lo que es una guerra’. Le dije: ‘Pero ¿qué guerra, don Miguel? Pedro andaba con una malla del pan y la plata, nada más’. El insistió. ‘No, Sylvia, esto es grave, usted no tiene idea. Esto es de vida o muerte’. Yo le respondí, pero me dijo cortante que me fuera tranquilita para mi casa a tener a mi hijo”.[18]

Interrogado por la justicia, Michael Kast negó la visita de Sylvia para solicitarle ayuda: “No recuerdo de que familiares de Pedro hayan concurrido a mi domicilio, el día 17 de septiembre de 1973, a pedirme ayuda para encontrar o liberarlo y tampoco creo que de haber sido así, yo les hubiera contestado de la manera que se me señala, ya que le tenía aprecio a la familia, pues Sylvia y Pedro Vargas Barrientos trabajaban para mí, al igual que su padre, Bernabé Vargas”.[19]

Camiones

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero.

Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”. [20]

Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros –procesado por varios crímenes de Paine– reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”[21]. Aprovechó, eso sí, de abrir a medias el secreto a voces sobre la participación de otros civiles, sin comprometerse: “Quiero hacer presente que no solo yo estaba prestando colaboración con vehículos a personal de Carabineros, sino que habían otras personas civiles y que además tenían otros vehículos (…) pero no recuerdo quiénes eran, como asimismo había otras camionetas, pero de diferentes colores.[22]

En cuanto a su relación con el líder de los civiles de Paine, y los demás integrantes de las brigadas formadas luego del golpe, Michael Kast fue discreto: “[A Luzoro] sólo lo ubico, por cuanto es un fletero de la zona, pero no tenemos un vínculo de amistad, igual cosa ocurre con Ramón Huidobro (…). Los Carrasco porque tienen parcela agrícola en Paine, a los hermanos Tagle porque son hijos de un dueño de fundo. Nunca nos visitamos con estas personas, ya que como señalé solamente los ubico”.[23]

La mayoría de las personas que Kast declaró “sólo ubicar”, actualmente están procesadas y algunos de ellas confesas de su participación en los crímenes que se han logrado dilucidar en Paine.

Hasta hoy, en la mayoría de los casos, la justicia no ha dilucidado qué camiones y vehículos fueron utilizados en los diversos episodios criminales. Se sabe que, por ejemplo, un camión rojo trasladaba detenidos desde y hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo. También, como excepción, se sabe qué vehículos y qué choferes secuestraron al profesor Cristian Víctor Cartagena Pérez, detenido desaparecido, profesor de la Escuela de Chada y militante del Partido Comunista

Esto no fue problema para que en 2008 Christian Kast protegiera a Rubén Darío González, comerciante que colaboró conduciendo vehículos y que se encuentra confeso de su participación en el crimen del profesor Cartagena Pérez. Kast firmó un “certificado de honorabilidad” a su favor.

“Certifico conocer al señor Rubén Darío González desde su infancia. Asimismo, conocí a sus padres y abuelos, quienes se destacaron como personas correctas y respetables, activos participantes del comercio, muy queridos entre la comunidad de Paine. Don Rubén González siempre ha sido un joven normal y muy ordenado. Se casó y formó una familia muy cristiana de Paine. Como he sabido participa de movimientos cristianos de la comuna (…)”[24]

La viuda del profesor Cristián Víctor Cartagena Pérez, Holanda Vidal, recordó ante la Policía de Investigaciones que, al momento de ser secuestrado, su marido fue amarrado con una cuerda y esta a una de las camionetas de la caravana de civiles y militares. Se perdió en el camino, “arrastrándolo por todo el camino hasta llegar a la comisaría (…)”[25]

Las redes políticas

Con el golpe militar, la familia Kast fortaleció su posición social y política. Miguel, el mayor de los hijos, economista de la Universidad Católica y con postgrado en la Universidad de Chicago, pasó a ser parte de los civiles que trabajaron para la dictadura. En 1978 asumió como director de la Odeplan[26]; en 1980 fue designado por Augusto Pinochet como ministro del Trabajo y, en 1982, presidente del Banco Central. En 1983 le diagnosticaron cáncer óseo y, finalmente, murió ese mismo año. A partir de ese momento, se transformó en una leyenda dentro de la extrema derecha, ya que junto a Jaime Guzmán había integrado la fundación del Gremialismo, movimiento político que sentó las bases de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político nacido para dar apoyo social e ideológico a la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de su muerte, dos de sus familiares directos asumieron la representación política de la familia. Su hijo, Felipe Kast Sommerhoff, ingeniero de la Universidad Católica, militó en la UDI y, posteriormente, formó Evópoli[27]. Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue Ministro de Planificación Social. En las elecciones presidenciales fue jefe de campaña en el comando de la candidata Evelyn Matthei y actualmente es diputado por Santiago. Respecto de la dictadura de Augusto Pinochet, a través de Evópoli ha marcado un distanciamiento con la generación de su padre. En una entrevista señaló: “Tengo una visión muy crítica de las violaciones a los derechos humanos, como una menos crítica de lo que se hizo en políticas sociales”[28]. Explicando sus parámetros valóricos para balancear dichos temas, señaló que “como no me tocó vivir eso, tengo mucho menos complejo al valorar lo bueno.”[29] Además, dijo que “académicamente” apoya lo que él llama “pronunciamiento” militar y que si estuviera en dictadura habría ejercido como ministro de Estado para Pinochet.[30]

José Antonio, hijo menor del matrimonio Kast Rist, es conocido como un bastión político y valórico de la derecha más dura. En 2013 señaló a la prensa que la operación de venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986, no fue digitada por el Estado, sino que “hubo personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet y cometieron un delito”[31]. En la misma ocasión confundió episodios históricos, señalando que dicha venganza fue el crimen de los “Degollados”, ocasión en que Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, fueron asesinados por personal de Carabineros, hecho ocurrido antes del atentado a Pinochet, en marzo de 1985, investigado y sancionado por la justicia como crimen de Estado.

Días más tarde, Kast pidió disculpas por haber confundido el caso Degollados con el atentado a Pinochet.

José Antonio se ha caracterizado por su discurso de “protección a la vida” al referirse a la posibilidad de discusión sobre el aborto en Chile. Su oposición a la pastilla de contracepción de emergencia, la regulación de la vida en pareja de homosexuales, la adopción de niños por parejas gays y el matrimonio gay han sido sus caballos de batalla, erigiéndose como uno de los hombres más conservadores al interior de la UDI.

Desde el comienzo la empresa familiar Bavaria ha estado presente en las carreras políticas de José Antonio y Felipe.

El 9 de mayo de 2014, Michael Kast Schindele, el páter familias, murió a los 90 años como célebre y cristiano empresario de la zona y fundador de un imperio. Pocos saben, pero hasta su muerte mantuvo su calidad de inculpado por los crímenes de Paine.

Sylvia, sin conocer los antecedentes del sumario que actualmente se sustancia en la Corte de Apelaciones de San Miguel, siempre mantuvo la duda respecto a la participación de Michael Kast y Christian Kast en el crimen de Pedro. Su absoluta inhumanidad y la negativa a ayudarla en momentos en que su sola gestión significaba la vida o la muerte de su hermano, persisten en su memoria.

Han pasado 41 años de ocurridos estos crímenes y aún no existen condenas. Solo hay siete carabineros procesados, dos militares y nueve civiles por los distintos episodios[32]. Unos pocos vehículos que participaron en las caravanas de la muerte lograron ser asociados a sus dueños y a episodios criminales concretos. El resto se encuentra en la nebulosa.

Son 70 árboles nativos en homenaje a los desaparecidos y ejecutados, cuyo recuerdo perdura en el Memorial de Paine.

“Estos arbolitos nos pueden cobijar, para tener una mirada más alegre de la vida”. Así resumió y agradeció la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Flor Lazo, la entrega de árboles nativos materializada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a través de Memorial Paine.

En total son 70 árboles nativos, bajo el concepto de “Árboles para la Vida y la Memoria”, que CONAF donó en homenaje a la misma cantidad de desaparecidos y ejecutados de Paine, durante una ceremonia cargada de simbolismo celebrada en el Memorial Paine, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Árbol y del Programa de Arborización que impulsa la Corporación.

La gerenta de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Constanza Troppa, destacó en la oportunidad que se trata de una iniciativa con la que, junto con garantizar sostenibilidad, es también una manera de entregar justicia.

“Lo que buscamos es entregar también justicia. Y a través de un árbol, entregar vida a pesar de todo el dolor que algún momento hubo aquí. Es tan simbólico que, mediante el programa de arborización, logremos vincularnos con lo que pasó. La Corporación también tuvo víctimas de la Dictadura, ejecutados, y a través de estas acciones estamos llamando a no olvidar”, dijo la ejecutiva de CONAF.

La ceremonia de entrega contó además con la participación del delegado presidencial provincial del Maipo, Miguel Ángel Rojas; del director de CONAF Región Metropolitana, Rodrigo Illesca; la consejera regional Camila Navarro; el director ejecutivo de Memorial Paine, Juan Leonardo Maureira; y familiares de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine.

Fue Flor Lazo, presidenta de la AFDDyE, quien valoró este homenaje a los 70 de Paine y agradeció el gesto de CONAF, señalando que “estos arbolitos tienen vida y nos van a ayudar a cobijar de mejor forma esta lucha que hemos dado durante 49 años por verdad y por justicia. (…) a mirar la vida con un aire distinto, con un aire de alegría”.

A su turno, el director ejecutivo de Memorial Paine, Juan Leonardo Maureira, resaltó la iniciativa de CONAF, indicando que “es una iniciativa muy importante, porque el árbol tiene mucho simbolismo. Colocar estos árboles en el Memorial y en los lugares de ejecución, nos permite a nosotros tener un recuerdo mucho más importante de nuestros familiares, porque el árbol es vida y memoria”.

Cabe recordar que CONAF, en su historia, también cuenta con trabajadores asesinados en el marco de la represión política ejercida por la Dictadura Militar. En total, son 19 trabajadores, a quienes se les recuerda en la Reserva Nacional Malleco, donde 13 de ellos fueron ejecutados, y en cuyo lugar se inauguró en el 2016 el “Sendero de la Memoria”, en el que a través de diferentes hitos se rememora el trayecto que debieron recorrer desde la zona de detención, hasta donde fueron asesinados.

En el marco del Programa de Arborización, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) busca fomentar el aumento de la cobertura arbórea, por medio de la creación de espacios arbolados construidos conjuntamente con la comunidad a lo largo de todo el país, en espacios de uso público y privado, mediante la producción, entrega de plantas a la comunidad y la asistencia técnica y educación ambiental, considerando especies con valor ornamental, patrimonial y cultural, además de las condiciones climáticas.

Para este año, la meta de entrega de árboles, a nivel nacional, es de 394 mil plantas, cantidad que se espera seguir aumentando en los próximos años, ya que la producción en los 30 viveros o centros de acondicionamiento de CONAF es de 2.344.000 plantas. Desde el 2014 a la fecha se han entregado un poco más de 20 millones de árboles a la comunidad nacional, concretando ya muchos parques urbanos.

La Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a penas de entre 5 y 15 años de cárcel a 13 miembros del Ejército (r) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de 38 campesinos de asentamientos de la comuna de Paine, ejecutados en la cuesta Chada y la quebrada Los Quillayes, durante los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet, entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973.

"Estamos cansados pero satisfechos, porque se ha hecho un ajuste con la historia y con tanta víctima inocente e indefensa", dijo el abogado Luciano Fouilloux, querellante en la emblemática causa, a Cooperativa. 

"Es un caso muy duro, un caso muy histórico. Paine es la localidad en que, en relación víctima-población, más represión hubo en Chile, sin lugar a dudas", agregó el jurista. 

La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la tardanza en llegar a este resultado. 

"Uno no puede hablar de que en Chile hay justicia. Distinto es que siempre vamos a luchar para que los tribunales de justicia cumplan con su deber, pero esta justicia es tardía, donde muchos de los familiares han fallecido, donde además es una verdad donde siempre se excluye a los civiles políticos responsables del genocidio, donde las condenas no tienen correlato con la magnitud del delito cometido", indicó la representante de las familias de las víctimas de la dictadura. 

"Nunca vemos que se resuelva condenar a condenas perpetuas. Es decir, tardan y más encima (son) migajas", agregó. 

 

Testimonio de Raquel González Sepúlveda

Mi nombre es Raquel González Sepúlveda, hermana de José Gumercindo, conocido por todos como Chindo. Yo tenía 23 años cuando fue detenido el día 10 de octubre de 1973 por carabineros mientras se encontraba trabajando como mecánico tornero en el taller de don Andrés Pereira. Fueron sus compañeros de trabajo, don Jorge Tamayo y Nicolás Catrileo, quienes me indicaron que carabineros lo sacaron de su lugar de trabajo y fue trasladado a la Sub Comisaría de Paine.

El Chindo era el segundo de los cuatros hermanos que éramos, yo soy la única mujer y la menor. Mi hermano mayor, José Guillermo falleció hace cuatro años. Le seguía el Chindo que me lo mataron los asesinos. Luego venía mi otro hermano, Segundo Rudercindo, el Guagua que le decíamos, quien se quitó la vida a sus 26 años en el año 1971. Mi papá, José Agustín, murió cuando yo tenía un año, así que no tengo recuerdos de él. Mi mamá se llamaba Teolinda de las Mercedes Sepúlveda, quedó viuda a los 32 años y falleció en el año 2006. Siempre fuimos de Paine y éramos muy pobres, mi papá siempre fue campesino. Mi mamita me contaba que vivíamos en una choza hecha de cañita, tapaditas con barro. Un señor le había cedido un rinconcito del fondo del sitio en Calle Gran Avenida para que levantaran una chocita. A mi papá le había dado una parálisis, estaba inválido y en esa chocita murió. Mi mamita y el Chindo le ayudaban a trasladarse, lo sentaban en una sillita y ahí se pasaba todo el día. El Chindo era el que le daba los remedios, lo cuidaba, le daba agüita. Yo estaba chiquita, tenía un año, y él pedía “siénteme la niña, tráigame la niña”. Cuando falleció, contaba mi mamita que como el Chindo era quien se encargaba de él, mi papá le dijo “vaya a ver afuera, parece que están llamando” y era para que no lo viera morir y así fue.

Pasaron los años, mi mamá viuda y con cuatro hijos y le piden salir del terreno. Tuvimos la suerte que justo se presentó la oportunidad que necesitaban a una persona que cuidara esta casa y así nos vinimos para acá. Yo tenía como 5 años y desde ahí hemos pasado toda la vida, mi hermano, mi mamita, yo y pasamos todas las alegrías y penas, todo en esta casita. Ninguno de los hermanos terminamos el colegio y los varones comenzaron a trabajar desde pequeños. Aquí mi hermano Chindo compró la primera televisión para mi mamita, le compró también la cocina a parafina. El Chindo era quien sostenía el hogar. Mi mamá recibía una pensión de viudez y también viajaba a Santiago, tres o cuatro veces a la semana, para hacer lavados en casas particulares. Como era la menor me llevaba a todos lados, así que siempre la acompañé a Santiago. Con eso nos arreglábamos, además cuando mis hermanos fueron más grandes, con lo que trabajaban en los campos de Paine, más el trabajo del Chindo –que comenzó a trabajar de muy joven en el Taller de don Andrés Pereira- pudimos sobrevivir a la pobreza. Al taller mi hermano Chindo entró como mecánico ayudante y solo fue aprendiendo la especialidad de tornero, por lo que terminó siendo el tornero del taller.El Chindo era el hombre de la casa, hacia el papel de papá, de hermano mayor, aunque no lo fuera, a mí me cuidaba como hueso santo y no era de esos de salir, de llegar haciendo escándalo. Era tranquilo, él era su trabajo y la distracción del fin de semana era que jugaba a la pelota con un grupo de amigos que se juntaba cerca de la casa. Pocos meses antes de ser detenido, mi hermano se había casado y no alcanzó a saber que su esposa estaba embarazada. Nació Adriana Josefina. Lamentablemente falleció a los pocos días de vida. Y así fue que desde este triste hecho nunca más volvimos a saber de mi cuñada. Nosotras nos hicimos cargo del funeral y sepultura de Adriana. Todo el tiempo voy al cementerio y le pongo florcitas a mi mamita, a mis hermanos y a la niña, yo le digo “mi chiquitita, mi niñita”. Ella tendría la misma edad de una de mis tres hijas. Mi hija mayor, cuando era guagua fue la regalona del Chindo, era su chiche. Él iba a almorzar a la casa y tenía que hacerlo con la niña en brazos y traerle sus caramelos infaltables, que si no se los traía cuando llegaba tenía que devolverse a comprárselos o a buscar, pero él tenía que llegar con los dulces. Mi niña se acuerda de eso y también ha sufrido mucho, no sé si yo le he traspasado este dolor, esta pena que viví. Sabiendo que mi dolor es grande… ¡cómo sería el dolor de mi madre!

En el tiempo que detuvieron a mi hermano, yo vivía con mi familia en Santiago, y si bien apenas me informaron vine a la casa en Paine, mi mamá se fue sola a la Sub Comisaría, pues le habían dicho que allá lo habían llevado. En este lugar ella escuchó gritos desgarradores y le dijeron que sí, que efectivamente estaba ahí, que se viniera tranquila, que lo iban a largar prontamente. Al día siguiente fuimos juntas y, como no había llegado a la casa, mi mamita le llevó ropa de cambio al Chindo. Aquí nos dijeron que se lo habían llevado a la cárcel de Buin. Así que nos fuimos para allá y tampoco estaba. Desde ahí fuimos a la Escuela de Infantería de San Bernardo2 , en Cerro Chena, luego íbamos donde nos dijeran que podía estar: al Estadio Nacional3 , al Estadio Víctor Jara4 y a la Dirección General de la Fuerzas Armadas, frente a La Moneda. En todos estos lugares nos dijeron que mi hermano no estaba y no figuraba en ninguna de las listas que mantenían en estos recintos. Por miedo nosotras nunca dejamos que mi hermano Guillermo se involucrara en este tema. Como luego nos trasladamos con mi familia a la Región de Coquimbo, mi mamá siguió viviendo en Paine y continuó con la búsqueda incansable y valiente de mí hermano. Ella apenas sabía leer, pero se las arreglaba para ir donde le dijeran que podían saber del Chindo, era muy valiente mi mamita. En algunas oportunidades se encontraban con otras mujeres familiares de los detenidos de Paine. De esta manera, comenzó a participar de las reuniones, que luego sería la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine (AFDDyE) y así participó, por ejemplo, en una manifestación en el centro de Santiago. Mi mamita era muy tranquila, no era de demostrar sus emociones. A veces la sorprendía llorando calladita y cuando le preguntaba que tenía, ella decía que no pasaba nada. Ella sufrió toda su pena en silencio y yo creo que aprendí también de ella a callar, porque si yo le demostraba mi sentir la iba hacer sufrir más, porque ella estaba sufriendo por su hijo que se lo habían matado y también iba a sufrir porque yo estaba sufriendo también. Entonces a lo mejor en eso me contuve y a lo mejor todo eso ahora me está repercutiendo…  Recuerdo que en el año 1975 llegó un auto de militares de San Bernardo a la casa, eran cuatro, se bajaron dos militares y le dijeron a mi mamita que dejara de buscar a su hijo, que estaba muerto y que estaba en el Cementerio General. Mi mamita se fue al patio y empezó a gritar, a llorar y a desesperarse.

La vida continuó Mi hermano Chindo con su trabajo era quien sostenía la casa y también tenía a mi mamá como carga familiar, así que con la pensión que recibía se las pudo arreglar económicamente tras su detención y desaparición. Además, mucho tiempo después ella recibió una pensión de reparación por la calidad de detenido desaparecido de su hijo y así se la pudo arreglar bien.En la cuadra que vivíamos habían vecinos con los que cuando chicos jugábamos, que para los 11 de septiembre izaban la bandera chilena para celebrar el Golpe de Estado. Eso me daba mucha pena y rabia, pues mientras ellos celebraban, nosotras, con mi mamita, lo lamentábamos, pues a raíz de esto, mi hermano fue detenido y ejecutado. Sin embargo, nunca sentimos que nos discriminaran o miraran extraño por tener un detenido desaparecido en la familia. Mi hermano Guillermo se convirtió en un sostén importante para mi mamita. Siempre hizo trabajos en el campo, sobre todo desinfectando árboles. Entonces los productos eran extremadamente fuertes y en ese tiempo no les entregaban equipos de protección, por tanto fue inhalando todo eso, enfermo del pulmón y estuvo un tiempo hospitalizado en el Hospital El Salvador, en Santiago, allá íbamos con mi mamita a verlo. Luego de unos meses salió del hospital, pero quedó con secuelas y además como siguió fumando le afectó más aún. Tuvo pensión por invalidez y falleció hace cuatro años.

Encontraron al Chindo y lo sepultamos en Paine

En el año 1991 llamaron por teléfono a mi mamá para informarle que habían encontrado los restos de mi hermano en el Patio 295 , y que lo habían reconocido por una fractura en el pie que se hizo jugando futbol. Cuando fue a reconocer los restos al Instituto Médico Legal, mi mamita nunca se quebró a pesar de lo espantoso de ver que tenía todo el cráneo destrozado porque murió baleado, las costillas también quebradas por los golpes que le dieron. Mi mamá ahí encontró la conformidad siendo evangélica y pudo quizás descansar más tranquilamente, porque antes de eso, ella no creía en que se haría justicia, o sea nadie creía, yo creo que nadie cree todavía. Había esperanzas de que apareciera, mi mamita decía “aunque sea, como sea que llegue pero que llegue. Sea malito de la cabeza que lo hayan dejado, como lo hayan dejado, pero que llegue”. Ella siempre cuando veía a personas que vivían en la calle o que se notaban como idas, buscaba a mi hermano, pues como le habían comentado que había sido golpeado, siempre pensó que podía estar como de vagabundo. Entonces mi mamita cuando pasaban personas pidiendo comida por la casa les daba a todos, porque decía “y mi hijo podría estar pidiendo en las puertas de la casa y espero que nadie le niegue un pedazo de pan a mi hijo, es por eso que yo nunca le voy a negar a nadie”. Yo pienso que si mi mamita no se trastornó fue por obra de Dios nada más. Nosotras siempre pensamos que no iba a existir justicia. Yo la escuchaba en las noches cuando oraba y le pedía a Dios que le diera salud y vida para presenciar la caída de los culpables. Sin embargo, era una petición en una oración, pues nunca se escuchó que ella fuera a exigir justicia ni nada. El Chindo también participaba de la iglesia evangélica y siempre andaba con su nuevo testamento, uno chiquito de tapa azul y mi mamita decía “él anda con nuestro Señor así que él lo va a salvar, él lo va a proteger”. Por lo mismo, yo renegué mucho de Dios porque ¿¡Dónde está la justicia!?, tanto dolor para ella. Ojala Dios quiera que logremos que se haga justicia. Siendo la última que queda de mi familia, espero poder presenciar el día que se haga justicia y que mi mamita desde el cielo vea la justicia para su hijo y pueda descansar en paz.