Godoy Mansilla Darío Armando

Darío Armando GODOY MANSILLA

El 19 de octubre de 1973 a la 01:.20 horas, fueron ejecutadas por efectivos del Ejército, cerca de Antofagasta, las siguientes personas:

                          –            Luis Eduardo ALANIZ ALVAREZ, de 23 años de edad, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante socialista; quien a fines de septiembre se entregó voluntariamente a las autoridades militares de Arica, ante el requerimiento público hecho por las autoridades de Antofagasta.  Desde aquella localidad fue trasladado a la Cárcel de esta última ciudad, donde al parecer se le inició un proceso, acusado de poseer armas, el que no fue concluído.

                        –            Dinator Segundo AVILA ROCCO, de 32 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), militante socialista; quien fue detenido el 29 de septiembre en María Elena y trasladado primero a la Comisaría de Tocopilla y luego a la Cárcel de Antofagasta.

                        –            Guillermo Nelson CUELLO ALVAREZ, de 30 años de edad, funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), militante socialista, quien se presentó voluntariamente el 13 de septiembre a la Comisaría de Antofagasta, desde donde fue llevado a la Cárcel de esa ciudad.

                        –            Segundo Norton FLORES ANTIVILO, de 25 años de edad, asistente social de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) en María Elena, militante socialista; detenido el 1º de octubre en su domicilio de María Elena, desde donde es trasladado a Tocopilla y a la Cárcel de Antofagasta, posteriormente. 

                        –            Darío Armando GODOY MANSILLA, de 18 años de edad, estudiante de enseñanza media, militante socialista; detenido en Tocopilla y desde allí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.

                        –            José Boerlindo GARCIA BERRIOS, de 66 años de edad, trabajador marítimo y dirigente sindical, militante comunista; detenido en Tocopilla el 12 de septiembre, llevado a la Comisaría de esa ciudad y de ahí trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  En varias oportunidades, durante su detención, fue llevado junto a su hija a interrogatorios en Cerro Moreno.

                        –            Miguel Hernán MANRIQUEZ DIAZ, de 25 años de edad, profesor, empleado de la industria de cementos INACESA, militante socialista; quien fue detenido el 20 de septiembre por detectives y efectivos militares y llevado al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta y desde allí a la Cárcel Pública de esa misma ciudad. 

                        –            Danilo MORENO ACEVEDO, de 28 años de edad, chofer en la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y dirigente sindical, militante socialista; quien se presentó voluntariamente el 8 de octubre al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta ante un requerimiento público.  Permaneció allí, incomunicado, hasta el 15 de octubre, cuando fue trasladado a la Cárcel Pública. 

                        –            Washington Radomil MUÑOZ DONOSO, de 35 años de edad, Interventor en la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU); detenido en Antofagasta en fecha indeterminada y recluído en la Cárcel de esa ciudad.

                        –            Eugenio RUIZ – TAGLE ORREGO, de 26 años de edad, ingeniero, Gerente de la Industria INACESA, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quien se presentó voluntariamente a la Intendencia de Antofagasta el 12 de septiembre, ante un requerimiento público.  Desde ese lugar fue trasladado a la Base de Cerro Moreno, donde permaneció hasta el 23 de septiembre, cuando fue trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  La tortura a que fue sometido se relata en la parte general de este período. 

                        –            Héctor Mario SILVA IRIARTE, de 38 años de edad, abogado, Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO-Norte, ex-Regidor de Chañaral, Secretario Regional del Partido Socialista; quien viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en la mañana del día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la Intendencia. 

                          –            Alexis VALENZUELA FLORES, de 29 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), Presidente del Sindicato de esa empresa y Tesorero de la Central Unica de Trabajadores CUT Regional, Regidor de Tocopilla, militante comunista; detenido el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, llevado a la Cárcel de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de Antofagasta.  Permaneció incomunicado durante toda su detención.

                        –            Marco Felipe DE LA VEGA RIVERA, de 46 años de edad, ingeniero, Alcalde de Tocopilla, militante comunista; detenido el 15 de Septiembre por efectivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros, llevado a la Comisaría de Tocopilla y el 15 de octubre, a la Cárcel de Antofagasta. 

                          –            Mario del Carmen ARQUEROS SILVA, de 45 años de edad, Gobernador de Tocopilla, militante comunista; detenido el 14 de Septiembre en su domicilio por efectivos de Carabineros y conducido a la Comisaría de Tocopilla, donde permanece hasta el 15 de octubre cuando es trasladado a la Cárcel de Antofagasta.  Durante el período de su detención permaneció incomunicado. 

                                    El 21 de octubre de l973 se publicó en la prensa de Antofagasta un comunicado oficial que daba cuenta de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz-Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, señalándose que "las ejecuciones fueron ordenadas por la Junta Militar de Gobierno…".  El 24 de octubre apareció un segundo comunicado público que daba cuenta de las ejecuciones de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Nelson Cuello, indicándose que por "resolución de la Honorable Junta de Gobierno, el día 20 en la madrugada se procedió al fusilamiento de tres personas…", las ya indicadas.

                                      No hubo versión oficial de los restantes siete ejecutados del día 19 de Octubre. 

                                      Comunicados oficiales posteriores, tanto de autoridades provinciales como nacionales, hacen referencia a esas ejecuciones como si ellas fueran la consecuencia del cumplimiento de sentencias dictadas por Consejos de Guerra.  En informes entregados por el Gobierno de la época a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señalaba que Eugenio Ruiz-Tagle y Héctor Silva, entre otros, habían sido procesados en la causa 349-73 seguida ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, comprobándosele a Ruiz-Tagle "su participación en el delito de malversación de caudales públicos…y giro de fondos para adquirir armamentos para el Partido Socialista y el Movimiento de Acción Popular.  Además se acreditó su responsabilidad en la organización de un plan terrorista preparado para los días 18 y 19 de septiembre de l973…  el tribunal correspondiente le impuso la pena de muerte que se cumplió por fusilamiento el 19 de octubre de l973".  En cuanto a Héctor Silva, según esa versión, se le habrían acreditado diversos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, atentado contra la Seguridad del Estado, tenencia ilegal de armamentos y explosivos, agregándose que "su participación en estos actos se comprobó fehacientemente ".  En la causa confesó su participación, como propiciador, organizador y principal dirigente de una organización paramilitar…En el proceso respectivo …  se le condenó a la pena de muerte, que fue cumplida mediante fusilamiento el 19 de octubre de l973". 

                                    Tras analizar detenidamente los antecedentes recibidos y los testimonios recogidos de diversas fuentes, la Comisión se formó la convicción de que las muertes de las catorce personas antes individualizadas correspondieron a ejecuciones de responsabilidad de agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad, lo cual constituyó una violación de sus derechos humanos, en especial a la integridad física, al justo proceso y a la vida.  Fundamenta su convicción en las siguientes consideraciones:

                          –            Respecto de la mayoría de los ejecutados existen testimonios verosímiles de que mientras estuvieron privados de libertad y antes de ser muertos, fueron atrozmente torturados.  Ello, desde luego, invalidaría cualquier confesión prestada.

                        –            La versión oficial que daba cuenta de la existencia de un proceso judicial que habría concluído en la condena a muerte de los catorce afectados es contradictoria con la primera información que daba cuenta de una decisión de la Honorable Junta de Gobierno;

                        –            Que a pesar de los requerimientos hechos por la Comisión, no fue posible obtener las piezas del proceso que se habría sustanciado en contra de los ejecutados, lo que junto a los demás antecedentes la lleva a concluír que este nunca existió

                        –            Que, además, la primera versión acerca de la decisión de la Junta de Gobierno es coherente con el hecho que al momento de los fusilamientos se hallaba presente en Antofagasta una comitiva militar procedente de Santiago con autoridad delegada precisamente de las más altas autoridades nacionales;

                        –            Que a este último respecto, las versiones que han entregado los protagonistas son contradictorias en cuanto a la procedencia de las órdenes de ejecución, pero ninguna alega que haya existido un Consejo de Guerra;

                        –            Que en el evento que se hubiese realizado alguna especie de juzgamiento de los ejecutados, ello ocurrió sin conocimiento de sus familiares y abogados, lo que significó que los afectados carecieran de derecho a defensa;

                        –            Que, cualquiera que haya sido el origen de la orden de ejecutar a los catorce detenidos, en sus fusilamientos participaron oficiales y efectivos militares del Regimiento Antofagasta y oficiales integrantes de la comitiva procedente de Santiago. 

Sergio Ramírez
Rebelión

    En Chile se logra consolidar la impunidad y la negación de justicia en nombre del perdón y la reconciliación. Se intenta borrar el pasado dictatorial de crímenes de lesa humanidad. Pero, la inconsecuencia y la traición no logran borrar los crímenes cometidos ni ocultar la identidad de sus autores. De la memoria histórica del pueblo extraemos el recuerdo permanente de asesinatos de jóvenes y niños por las hordas de Pinochet.
    Mientras los pinochetistas de dentro y fuera de la Concertación presionan a los tribunales de justicia para que mantengan la impunidad de los asesinos, incluyendo a Pinochet, el libro "Difícil Envoltorio" de Mónica Echeverría denuncia nuevas facetas de la represión dictatorial, al relatar la historia de Tamara Callejas Leiva, hija de una detenida desaparecida, María Isabel Beltrán, y de un ejecutado político, Javier Antonio Pacheco Monsalve, adoptada ilegalmente en 1977 por una pareja de partidarios de la dictadura. Producto de las presiones del gobierno y de los mandos castrenses se ha intentado impedir su venta. La joven afirma ahora que decidió relatar su historia, pero bajo la condición de resguardar su identidad y la de sus padres adoptivos, pues sólo aceptó que se identificara a sus padres biológicos, por lo cual solicitó se suspendiera el lanzamiento del libro. Sin embargo, esta versión fue descartada por la autora al señalar que a Tamara "le bajó la inseguridad y el miedo". Había sido visitada por un secretario del actual director de Investigaciones, Nelson Mery. En el libro se menciona al jefe de la policía civil como responsable de la detención y desaparición de María Isabel Beltrán en Linares. Por lo cual, Arturo Infante, gerente de la editorial, indicó que lo importante "es contar esta historia" y que "la verdad es la única verdad que podemos asumir. Ella (Mónica Echeverría) contó la historia, la narró y no la tergiversó…. El libro tiene el mismo valor con el apellido y sin el apellido."
    El debate suscitado por la publicación del libro citado, actualiza la represión, raptos y crímenes cometidos contra niños y jóvenes por las hordas asesinas de Pinochet. Violaciones a los DD.HH. que permanecerán en la impunidad gracias al acuerdo negociado de la Mesa de Reconciliación y a la Ley Lagos ("Secreto Profesional"). ¿Cuáles son estos crímenes de lesa humanidad que el contubernio Concertación-militares encubren?. Una síntesis de la obra de la brutalidad fascista que la inconsecuencia y traición protegen:

Diversas organizaciones artísticas y sociales se preparan para pintar las murallas de la Umiversidad Católica del Norte, esto en el marco de la iniciativa “Tu Memorial”, del Museo de la Memoria y los DD.HH.

El norte de Chile fue uno de los múltiples escenarios que presenciaron la violación de los derechos humanos en nuestro país, no solo durante nuestro periodo más cercano –la dictadura- sino que su historia se remonta a la vida antigua en las salitreras, donde se vivía el día a día, con arduas jornadas y precarias condiciones laborales.

Hoy, más de 100 años después de estas viejas historias del desierto, aún existe una deuda del Estado de Chile con la memoria de quienes sufrieron apremios como trabajadores o ciudadanos a lo largo del tiempo. Es en este contexto que, diferentes agrupaciones antofagastinas se preparan para dar vida a un acto reparatorio, el cual incluirá la confección de un mural en compañía de familiares de DD.DD, organizaciones defensoras de los DD.HH y toda la comunidad universitaria de la casa de estudios.

La importancia de la memoria

El acto, que inicialmente se realizaría las primeras semanas de abril, aún no tiene una fecha definida, esto producto del cambio cronológico que se realizó debido a la catástrofe que afectó a gran parte del norte del país.
Esta actividad se realizará en el marco del proyecto “Tu Memorial”, del Museo de la Memoria y los DD.HH, el cual busca acercar a la ciudadanía a las historias que rodean los lugares donde ellos viven el día a día, recordando la memoria de quienes sufrieron durante la dictadura.

Recordemos que, durante la dictadura militar de Pinochet, fueron siete los estudiantes y funcionarios asesinados en la Universidad del Norte –hoy Universidad Católica del Norte- quienes recién a finales del 2013 recibieron el reconocimiento por parte de la institución con la entrega de sus títulos profesionales póstumos y otras actividades enmarcadas en la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado.

Cuando se cumplen 45 años del paso por la ciudad del grupo liderado por Sergio Arellano Stark, dejando su siniestra huella, diferentes organizaciones sociales y sindicales recordaron a las víctimas. Familiares y amigos de los ejecutados y desaparecidos, aún esperan justicia.

14 personas en Antofagasta y 26 en Calama. En total, 40 víctimas que la madrugada del 19 de octubre de 1973 fueron asesinadas por un grupo de militares enviado por Augusto Pinochet y liderados por Sergio Arellano Stark.

La tristemente célebre “Caravana de la Muerte” se recuerda en las principales localidades de la región, con una serie de actividades que se realizan esta semana, conmemorando a los caídos y generando conciencia sobre la barbarie que generó la dictadura cívico-militar.

A 45 años de lo sucedido, un extenso programa se está llevando a cabo desde el pasado lunes en ambas localidades, y culmina hoy viernes, con homenajes en la pampa, lugar donde a principios de los 90 fueron encontrados, en fosas comunes, los restos de la mayoría de las víctimas.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos Políticos de Calama (Afeddep), Violeta Berríos, resaltó la importancia de este tipo de actividades, donde se hace un fuerte énfasis a no olvidar a las víctimas, pero también tener conciencia del autoritarismo y la masacres que se cometieron en dictadura.

“A ellos los enterraron en fosas comunes, en la pampa, y nosotros los encontramos, más o menos, en 1990, donde ubicamos solo algunos huesitos. Esto igual permitió la identificación de 24 personas a través de exámenes de ADN. Solo dos víctimas continúan en calidad de detenidos desaparecidos, y yo creo que es muy difícil que ahora o en el futuro obtengamos algo de ellos”, afirmó.   

La presidenta de la Afeddep, Violeta Berríos, indicó que a 20 años de haber interpuesto la primera querella contra los responsables, aún esperan la dictación de condenas por parte de la justicia.

“Acá estamos esperando, más de 20 años han pasado de la primera acción legal y aún no pasa nada. Yo creo que a estas alturas, justicia no va a haber, porque estos desgraciados se están muriendo y se van como blancas palomas, incluso se les realizan homenajes. Ahora los procesos están en la Corte de Apelaciones y, supuestamente, iban a pasar a tabla hace como seis meses, aún no hay nada, y mientras no sea visto por los magistrados no va a haber condena”, argumentó.

En Antofagasta, al igual que en Calama, las actividades conmemorativas iniciadas el pasado lunes contemplaron la realización de misas por los derechos humanos, actos culturales, exposiciones fotográficas y romerías a los respectivos cementerios municipales de cada ciudad.

Específicamente en Calama, este viernes culminan los actos recordatorios con un acto en el “Parque para la preservación de la Memoria”, ubicado en el kilómetro 15 de la ruta a San Pedro de Atacama, donde fueron encontrados algunos restos de los asesinados. La mayoría de ellos estudiantes, dirigentes sindicales y trabajadores mineros.

46 años han pasado desde aquella sensible fecha que cambió para siempre la historia de Chile, un nuevo aniversario de un hecho traumático. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al Presidente Salvador Allende, dando inicio a una turbulenta dictadura, junto a las brutales violaciones a los derechos humanos, la manipulación de los medios de comunicación y la imposición del sistema político y económico de tendencia neoliberal.

Influenciados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, los militares se pronuncian contra el estado, precisamente, la democracia. Se produce el pronunciamiento de las armas y el eventual bombardeo al Palacio de La Moneda que contrajo la represión social en todo Chile. Antofagasta, Calama, Tocopilla y Chuquicamata fueron escenarios de terror y violencia por parte de las Fuerzas Armadas.

Al asumir el gobierno de la Unidad Popular, el partido de izquierda más sólido de la región era el comunista, quien contaba con dos diputados, dos senadores y un disciplinado militante que asumió la Intendencia Provincial. De hecho, los alcaldes de Antofagasta y Tocopilla militaban en sus filas. De igual manera, las juventudes comunistas dirigían las federaciones de estudiantes de las universidades de Chile y Técnica del Estado.

Aquella mañana del 11 de septiembre de 1973, los militantes de la izquierda antofagastinos fueron sorprendidos por el pronunciamiento militar, tanto así, que tras conocerse los acontecimientos en Santiago muchos comenzaron a retirarse a sus casas, ya que el primer bando del general Joaquín Lagos –el mismo que el 2001 acusó a Pinochet como el gran responsable penal de los sucesos mediante Televisión Nacional de Chile- decretó el toque de queda durante la tarde del día posterior.

Paralelamente, en la Universidad del Norte, el 15 de septiembre, dos alumnos de la escuela de Periodismo fueron detenidos, torturados y asesinados en esos días. Uno de ellos es Nesko Teodorovic Sertic de 25 años, quien era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El periodista e historiador Isidro Morales, recuerda aquel momento con mucho pesar:

“Los centenares de estudiantes, profesores y no académicos, ubicados junto al casino, esperaban órdenes. Nadie sabía de quién y para qué.  La primera idea fue defender el recinto, pero era imposible, cualquier acción podría ser sólo simbólica. Crecía la incertidumbre, más aún cuando se observaba cómo vehículos blindados y de transporte de personal del Ejército se dirigían por la costanera hacia el centro de la ciudad a ocupar el edificio de la Intendencia y de servicios claves y estratégicos. En tanto, algunas tropas de infantería tomaban posición detrás de los regimientos y con cara hacia la universidad, cercanos a las cabañas del hogar universitario que cobijaba a estudiantes de la Norte».

En  total, en nuestra región se ejecutó a 56 detenidos políticos por orden de Sergio Arellano Stark, general del Ejército que viajó especialmente ‘delegado’ al norte del país, precisamente durante el paso de la “Caravana de la Muerte”, conocido como uno de los crímenes más siniestros jamás registrados en nuestra historia que aconteció el 19 de octubre de 1973, hecho que, hasta el día de hoy registra incógnitas sobre el paradero de aquellas personas que fueron víctimas de  uno de los capítulos más sanguinarios en la historia de Chile.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.