Fernández López Mario Gilberto

El 18 de octubre de 1984 falleció Mario FERNANDEZ LOPEZ, de 49 años, transportista, militante del Partido Demócrata Cristiano.  Fue detenido en la madrugada del 17 de octubre en su domicilio en la ciudad de Ovalle, por agentes de la CNI. Fue conducido a La Serena a dependencias de dicha institución, donde fue objeto de torturas por parte de dichos funcionarios.

  Al otro día, debió ser trasladado desde ese recinto al Servicio de Urgencia del Hospital Regional de la Serena, en donde ingresó agónico. Su muerte se produjo a las 22:30 horas a consecuencia de fuertes violencias recibidas a nivel de la pared abdominal, lo que le causó un shock hipobolémico por ruptura traumática, de acuerdo al protocolo de autopsia.

Ante ello, la CNI informó a la opinión pública que "El 18 de octubre el detenido sufre una crisis nerviosa perdiendo el control sobre sus actos, como consecuencia de haber sido descubierto en sus actividades terroristas y subversivas, golpeándose contra los muebles de la dependencia para detenidos sin la intervención de terceras personas, provocándose lesiones indeterminadas que hizo recomendable su traslado al Hospital Regional de La Serena, por un paro cardíaco respiratorio".

  En el proceso judicial se encuentran encargados reos dos funcionarios de la CNI como autores de violencias innecesarias con resultado de muerte.

La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Mario FERNANDEZ murió a consecuencia de la tortura practicada por agentes de la CNI, no encontrando por tanto verídica la versión oficial, constituyendo estos hechos una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.

 

 

El 17 de octubre de 1984, aproximadamente a las 6,30 de la mañana, Mario G. Fernández López fue detenido por cuatro individuos armados con metralletas, vestidos con parca azul y boina, que se movilizaban en un automóvil «Datsun» blanco, modelo

160 J, con matrícula de Paihuano. Los aprehensores llegaron hasta el domicilio de Fernández, siendo recibidos por éste. Inmediatamente ingresaron en el inmueble, sin exhibir orden de detención ni de allanamiento. El transportista fue esposado con las manos en la espalda, mientras los agentes revisaban las dependencias de la casa.

A continuación subieron al detenido al automóvil, llevándoselo con rumbo desconocido para sus familiares.

Cerca de las 19,00 horas volvieron al domicilio los mismos aprehensores, esta vez acompañados de siete civiles, identificándose verbalmente como agentes de la CNI, todos los cuales realizaron un completo allanamiento de la morada. Al exigírseles que exhibieran la orden pertinente, mostraron un papel que la señora Amanda Fernández debió firmar.

Preguntaron si el detenido padecía alguna afección cardíaca, a lo que los familiares respondieron negativamente. Sin embargo, uno de los hijos señaló que pocos días antes había sufrido una subida de tensión, por lo que debió consultar a un médico.

El viernes 19 de octubre el abogado Fernando Peñafiel comunicó a la familia que Mario Fernández había fallecido la noche del día 18, después de haber sido llevado de urgencia desde el recinto de detención de la CNI al Hospital de La Serena.

El 20 de octubre, el hijo de Fernández, William Gilberto, concurrió a la Morgue a retirar el cadáver de su padre. «Pude constatar que presentaba múltiples hematomas en el abdomen, huellas profundas y grandes quemaduras en su muñeca izquierda, a tal punto que se le veían las venas y rasmilladuras en sus extremidades. Lo anterior pude comprobarlo fehacientemente, ya que me tocó lavar y vestir los restos de mi padre.»

El 29 de octubre es remitido a la Corte de Apelaciones de La Serena el certificado de defunción (número 19123) de la víctima, en el que se señala que la muerte fue ocasionada por anemia exanguinizante, rotura de vísceras abdominales y traumatismo externo. También llega el protocolo de autopsia, que establece que «el bazo no está presente en la cavidad abdominal, existiendo algunos puntos de sutura en el sitio anatómico donde debiera haber estado; su pedículo está ligado. Explorando el intestino se encuentra una gran zona en la que el mesenterio está severamente dañado con múltiples dislaceraciones y hematomas que requieren numerosos puntos de sutura quirúrgica. Existe un gran hematoma retroperitoneal. El intestino delgado correspondiente a esta zona del mesenterio (yeyuno) tiene un color violáceo oscuro en un trayecto de 50 centímetros».

El 24 de octubre, William Gilberto Fernández interpone una querella criminal por el delito de homicidio calificado en contra de todos aquellos que resulten responsables ante el Tercer juzgado del Crimen de La Serena.

El documento afirma que «es sólo en el cuartel de la CNI donde personas que deberán ser identificadas golpearon y torturaron a mi padre en tal grado e intensidad que le provocaron la muerte. Que la finalidad última era asesinarlo una vez que le hubieran <'sacado" toda la información, se confirma con la circunstancia de que debió ser una persona ajena al CNI, un médico militar enviado por el intendente, el que tomó la decisión de enviarlo de urgencia al hospital.

»Las características, magnitud y multiplicidad de las lesiones que presentaba el cadáver de mi padre no se condicen con aquella científica manera de aplicar tormentos que no deja rastros y no busca la eliminación de las víctimas, sino sólo extraerles información. El castigo físico a que fue sometido, violento y despiadado, sólo podía conducirlo a la muerte. Mi padre fue literalmente reventado por dentro, por lo que difícilmente su muerte fue producto de un accidente durante su permanencia en el recinto de la CNI». A consecuencia de las investigaciones realizadas, el 21 de noviembre el juez Brucher encargó reos a Marcos Belmar Oyarce y a Miguel Escobar Sanguinetti, agentes de la CNI.

El documento pertinente señala en sus partes fundamentales:

«1) (…) se encuentra justificada en autos la existencia del delito de emplear, sin motivo racional, violencia innecesaria con resultado de muerte de Mario Fernández López, previsto en el artículo 330, número 1, del Código de Justicia Militar, cometido en La Serena el día 18 de octubre último en las dependencias de la Central Nacional de Informaciones por personal de dicho servicio público.

»2) Que de estos mismos antecedentes y de las declaraciones prestadas ante este Tribunal por los agentes de la Central Nacional de Informaciones, señores Marcos Belmar Oyarce (…) y Miguel Escobar Sanguinetú se desprenden presunciones fundadas para estimar que dichos funcionarios habrían tenido participación en el hecho incriminado, descrito en el fundamento anterior, en calidad de autor.

»3) Que en consecuencia existieron méritos suficientes para encargar reos y someter a proceso a los funcionarios ya nombrados en el número 2 de esta resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal».

Luego de cumplida esta diligencia, el magistrado se declaró incompetente, dado que el delito se había cometido en un recinto tipificado como militar, y remitió el proceso a la justicia militar.

El 6 de diciembre la prensa informó que el titular de la Fiscalía Militar de La Serena, con asiento en Coquimbo, teniente coronel Renato Valencia, había dejado en libertad por falta de méritos a los mencionados agentes alrededor de diez días antes.

(Diario «Las Ultimas Noticias», 6 de diciembre de 1984)

 "Si de algo sirve, de la forma mas sincera y humilde, pido perdón a la sociedad chilena y en particular a las personas y los familiares de las personas que pudiesen haber sido dañadas por mi fanatizado proceder" . "Me arrepiento de haber pertenecido a la CNI, por la indiferencia de mis compañeros de armas en servicio activo y en retiro, puesto que ni siquiera me visitan en esta cárcel". "El que conozca solo un poco el mundo militar, comprenderá lo difícil que resulta que un teniente coronel y un mayor se concerten, sin que nadie lo sepa, para matar de un bombazo a un diplomático en el corazón del barrio cívico del país mas importante del mundo".

 Carlos Herrera Jiménez, ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y por años el único procesado por la muerte de Tucapel Jiménez, mira con dolor la historia de Chile a 25 años del golpe militar y de haber participado en un hecho que miro, de joven, como una verdadera guerra.

 Con 48 años y preso en Punta Peuco cumpliendo una condena de 10 años y un día -que termina el 23 de octubre próximo- por la muerte del transportista Mario Fernández y aquejado de cáncer, analiza su vida como ex agente de los servicios de seguridad y se arrepiente de haberlo sido.
Reconoce, por primera vez, que "a todos se nos paso la mano" y tiene la sensación de que quienes fueron privados de libertad, ya sea en Punta Peuco como en la Cárcel de Seguridad -lo llama "ambos bandos"-, son los jóvenes idealistas que creyeron en "palabrerías", en las ordenes. Incluso, se ve a si mismo quizás como un ingenuo, un candoroso.

 Herrera Jiménez pide perdón. Por primera vez en democracia un ex agente de la CNI pide perdón. Dice ser inocente de los crímenes que se le imputan, como el homicidio calificado de Tucapel Jiménez y la muerte de Fernández, pero de todas formas pide perdón a quienes pudo haber dañado, en un momento crucial en la historia de Chile, cuando los problemas de violaciones a los derechos humanos están mas pendientes que nunca.

 Pide perdón cuando nadie se lo esperaba. Y lo hace "por si de algo sirve", dice. Y cree que otros militares en retiro también deberían hacerlo, pero primero a sus propios pares.
 -Ud. Conocía a Tucapel Jiménez?
 -No. Nunca escuche hablar de el hasta cuando lo mataron.
 -Que estaba haciendo el día que lo mataron (25 de febrero)?
 -Como todos los días, tengo que haber estado en mi unidad, en la cual me vio el coronel Ferrer, que en esa época era mayor; el comandante Pinto Pérez, que era el comandante de la unidad y todo el resto de los oficiales del grupo permanente. No me acuerdo de la data de muerte de Tucapel Jiménez, pero si yo lo hubiese matado, alguien me tiene que haber echado de menos en el batallón.

 Sin embargo, la Corte estimo que no solo hay presunciones fundadas de que Herrera participo en el hecho (hasta ahora estaba procesado por robo con homicidio), sino que desde la semana pasada lo sindica como supuesto autor del crimen.
 -Con lo que ha ocurrido, Se arrepiente de haber sido parte de la CNI?
 -Si, por varias razones. Las principales son la indiferencia de mis compañeros de armas en servicio activo y en retiro, puesto que ni siquiera me visitan en esta cárcel. Siento que con esa postura me hacen ver que reprueban mi accionar en el pasado y en el presente. A lo mejor esperan de mi un cambio de actitud. Nunca me ha visitado un general. Solo un compañero lo ha hecho. Cuando he sido vilipendiado por la prensa, no hay, nadie que salga en mi defensa. Nadie dice nada será vergüenza?
 -De que mas se arrepiente?
 -Me arrepiento también por el desprecio de los políticos de todas las tiendas hacia los militares que están presos. Nadie nos comprendió. Tal vez porque lo que hicimos fue equivocado o innecesario. También, por las continuas criticas de la Iglesia Católica hacia los organismos de seguridad, al extremo de que salvo el obispo general castrense (Gonzalo Duarte), que nos visita cuatro veces al año, ningún otro sacerdote ha venido a esta cárcel a ejercer su ministerio, por lo menos respecto de mi persona. Si volviera nacer, idea que de suyo es absurda, no volvería a ser militar del Ejercito de hoy.
 -Por que?
 -En nuestro Ejercito hay una distancia abismante entre el deber ser y el ser. En efecto, dice ser una institución cimentada en sólidos principios de honor, pundonor, amor a la Patria, compañerismo y lealtad. Sobre los tres primeros principios no haré observaciones, pero sobre la lealtad y el compañerismo, tengo serias reservas. Aunque duela reconocerlo, este es el único Ejercito del mundo que cuando ha correspondido, sus generales no han asumido la responsabilidades por las ordenes que dieron. Como ejemplo, el caso Letelier. Contreras podrá no ser querido, pero no por ello hay que dejar de reconocer que cuando fue la muerte del señor Letelier, Contreras era teniente coronel y el otro (Pedro Espinoza Bravo) mayor, respectivamente. El que conozca solo un poco el mundo militar, comprenderá lo difícil que resulta que un teniente coronel y un mayor se concerten, sin que nadie lo sepa, para matar de un bombazo a un diplomático en el corazón del barrio cívico del país mas importante del mundo. Todos estos hechos no podrían haber ocurrido si no ha mediado la orden de un general.
 -Que no entiende?
 -No entiendo como un Ejercito que se autodefine como vencedor, jamás vencido, y vencedor de la gesta heroica del 11 de septiembre, hoy día -porque mañana no se cuantos va a haber- hay tres generales presos, dos brigadieres, un coronel, tres tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente, un empleado civil con categoría de oficial y tres suboficiales presos. De los tres generales, esta ni mas ni menos que el comandante en jefe benemérito y dos directores de inteligencia.
 -Usted dice estar arrepentido de haber estado en la CNI. Además dice que en 1973 estaban en una verdadera guerra, pero cree que de alguna manera se les puede haber pasado la mano y que fue innecesaria tanta violencia?
 -Con la perspectiva que dan los años, creo que se nos paso la mano a todos. De uno y de otro lado. Tiempo atrás hubo un general que dijo que aquí faltaba el gran juicio de la historia. Yo no se a quien el pensaba que se iba a juzgar. Desde mi perspectiva, pienso que algún día la historia enjuiciara moralmente a los políticos de derecha, de izquierda, de centro, a los empresarios y dirigentes sindicales y gremiales, a los generales y almirantes que nos llevaron a que se produjera el 11 de septiembre. Porque ellos, con sus encendidos discursos cargados de ideología, incitaron a una serie de jóvenes idealistas a tomar partido en sus posiciones. Mas de 20 años después, muchas de estas personas, ya no tan jóvenes, están detenidas en unidades militares, en Punta Peuco, y por que no decirlo, también en la Cárcel de Alta Seguridad por el otro lado. Mientras sus lideres y jefes tranquilamente permanecen en sus casas. La historia dirá, digo yo.
 -Que sensación tiene de esta historia?
 -Aquí nos llevaron a un problema en uno y otro lado y pagamos nosotros con la cárcel.
 -Es injusto porque ha tenido que pagar en la cárcel?
 -Seria justo en la medida que todos pagáramos de acuerdo a la responsabilidad de todos, los que mandaron y los que obedecieron. Y en ambos bandos, pero no solamente los que obedecieron. De cualquier manera, sin el animo de inspirar lastima, debo decir que en la cárcel enferme de cáncer. No se cuanto me quede de vida, ya que la tengo condicionada. Si yo ingrese al Ejercito y participe de las acciones que se derivaron del 11 de septiembre, fue porque quiero ver a Chile unido, pujante. Pero esta desunido y polarizado. Si de algo sirve, y con el discernimiento que da el paso de los años, de la forma mas sincera y humilde, pido perdón. En general, a la sociedad chilena y en particular a las personas y los familiares de las personas que pudiesen haber sido dañadas por mi fanatizado proceder mientras fui integrante de los servicios de seguridad.
Del mismo modo, valga la oportunidad para pedir perdón a mi madre, a mi esposa y a mis cuatro hijos, por todos los sobresaltos, angustias y vicisitudes. Y también por haber sido tan ingenuo, candoroso tal vez, al haberme dejado llevar por tanta palabrería, ordenes irresponsables, slogans, etcétera, que me hicieron en su momento… (póngalo entre comillas) "adorar ídolos de barro".

  -Usted esta pidiendo perdón. Es la primera persona que pide perdón…
 -Ojala sirva de algo.
 -Pide perdón a nombre de los servicios de seguridad?
 -No, pido perdón a nombre mío. No represento ni al Ejercito ni a la CNI.
Hay otras personas que los representan, yo no.
 -Cree que otros militares en retiro debieran tener el mismo gesto suyo de pedir perdón a la sociedad y a los familiares de las victimas?
 -Creo que hay militares que tienen que pedirle perdón primero a sus propios pares. Por ahí hay algunos perdones que pedir primero, a sus propios pares. La indiferencia de los compañeros es terrible. Tengo la sensación de que a lo mejor eso esperan, un cambio de actitud, no? Creo que eso es lo que ocurrió. Nadie entendió lo que hicimos. A lo mejor fue innecesario y estuvo mal hecho.

 – Como fue su paso por el Dine y la CNI?
 – Me toco bastante duro. Tengo buenos recuerdos, aunque lo que paso después se convierte en malos recuerdos. A mi me toco siempre estar en unidades operativas de primera línea.
 -Y como llego a ser involucrado en el crimen de Tucapel Jiménez y a permanecer por años como el único procesado?
 -Es fácil echar a correr una bola y de ahí sostenerla, sobre todo cuando se dispone de medios como los tuvo la parte querellante, con el apoyo de Investigaciones de esa época, no de la actual. Además, el Ejercito se echo un poco al lado conmigo.
 -Que siente por el Ejercito?
 -Se han hecho al lado en muchas cosas.
 -Lo dejaron solo?
 -Solo no, pero siento que se han hecho al lado.
 -Le habría gustado que el Ejercito lo defendiera mas activamente?
 -Exacto. He escuchado al señor Saavedra decir que los abogados defensores son empleados del Ejercito y pagados por el. Por Dios que me habría gustado que eso fuera cierto. A mi nunca me han pagado nada. La gente que me defiende ahora lo hace gratis. He pagado el 15 por ciento de lo que me han cobrado.
 -Esta dolido con el Ejercito?
 -No con el Ejercito, con personas del Ejercito, que pudiendo haber hecho algo, no hacen nada. No me parece justo que quienes fueron mis jefes, hoy día se hayan quedado en sus casas y no hubiesen sido capaces ni siquiera de mandarme un diario. Si ellos fueron mis jefes, tienen que saber que soy inocente. Y si lo soy, debieron haber hecho lo imposible por demostrarlo.
 -Sus jefes deberían haber sacado la cara por usted?
 -Creo que el comandante en jefe del momento, del general Pinochet para abajo, debieron haber dicho abiertamente que yo era inocente.
 -Si usted dice que no fue el autor, ni los nuevos procesados, quienes mataron a Tucapel Jiménez? En el proceso esta establecido que fueron funcionarios de la CNI…
 -Lo que pasa es que la Corte hizo una mezcla de Dine y CNI. Si bien ambas eran conformadas por militares, los campos de acción eran diferentes. El Dine tenia un campo de acción de inteligencia militar. Y la CNI tenia un campo de acción sobre inteligencia nacional. Hacer una mezcla de una cosa con la otra no esta bien. Para alguien de afuera puede ser lo mismo, pero no lo es.
 -Alguna vez se ha arrepentido de haber estado en la CNI?
 -Si, porque pienso que si nos acusan de algo que no hicimos, la defensa debiera ser en todos los niveles. Encuentro que al no defendernos, las autoridades han dejado de manifiesto una sensación de culpabilidad. Al no tomar la defensa, el mando militar deja la sensación de que somos culpables. Creo que la opinión publica debe pensar que si tal persona esta en la cárcel, debe ser culpable. Hubiera preferido una defensa dando mas la cara. Creo que entro el miedo.
 -Miedo a que?
 -Miedo de involucrarse en cosas. Esa actitud tan chilena de no meterse en nada.
 -Pero esta arrepentido de haber estado en la CNI…
 -Si. Por la actuación posterior respecto de los que estamos en esta situación, por ese poco compromiso de quienes fueron nuestros compañeros y jefes. Han dejado un marco de duda en la opinión publica. No ha habido una clara defensa. No he visto nunca al Circulo de Generales en Retiro ni a los almirantes reclamando por nosotros.
 -Así como ha sido en el caso del general (R) Pinochet?
 -Claro. No ha habido ninguna fundación moviéndose en torno a nosotros. Con la encendida defensa al general Pinochet, por lo menos alguien esta reaccionando. Pero en lo que a mi respecta no he visto a nadie. Lo mas doloroso es para la familia, que sufre. Nunca nadie ha ido al lado de mi señora a decirle `no se preocupe, estamos con usted'.
 "No han dado la cara"
 -En los autos de procesamiento de este proceso y de otros esta acreditada la participación de la CNI en diversos hechos de sangre.
 -Pero no hay que olvidar la presunta inocencia. Queda acreditada cuando hay una sentencia a firme. Echo de menos a los militares argentinos, porque después de que termino la llamada `guerra sucia', quienes respondieron fueron los generales que mandaban y no los subalternos. Acá en Chile no se ha dado eso. Han respondido los subalternos y no han dado la cara quienes mandaban. Y lo peor es que los generales no han salido a defender a sus subalternos. Eso echo de menos. Es muy difícil para uno defenderse sin medios.
 "Sentí que estaba en guerra"
 -Por que cree que muchos dardos han caído sobre usted?
 -Porque es fácil. No lo digo en forma pedante, pero siempre estuve en primera línea, cerca de cosas y de situaciones. No es que yo fuera el asesino estrella. El problema es que acá se dice y después se da por hecho y por probado. Se dicen cosas con una liviandad tremenda. Es cierto que hay hechos que ocurrieron. Es innegable que hay detenidos desaparecidos.
 -Que le parece esa parte de la historia de Chile?
 -Mala. Creo que ese es un problema que no se ha enfrentado y debería enfrentarse de una buena vez. Esto se ha hecho a la chilena y se ha chuteado el problema para adelante. Ni el Ejercito ni la Iglesia ni nadie se ha sentado a conversar para ver como lo arreglan. Hay que citar a todos los actores. No se trata de que se reúnan las cúpulas. Debe ser a todo nivel.
    Su defensa de Valenzuela Patiño
   -Que opina del ministro Sergio Valenzuela Patiño? Los querellantes insisten en que debe ser cambiado…
   -Debe entender que yo estoy detenido en esta causa. No me va ni me viene. Creo que el ha hecho su trabajo. No se si bien o mal, no podría calificarlo, porque no soy el llamado a hacerlo. No se si llamarlo deslealtad, pero por lo menos chuecura, que en tanto el ministro hizo acciones que le convenían a la parte querellante, era el gran ministro.
Cuando empezó absolver y encontró que éramos inocentes, entonces   ahí paso
de lindo a feo.
   -A usted lo absolvieron en noviembre de 1998 de la muerte del carpintero Alegría Mondaca.
   -Y de ahí paso de feo a bonito. Ahora dicen que el ministro es malo. Esa es una actitud tan chilena. Ahora dicen que tuvo un hijo en la CNI. El siempre tuvo un hijo en la CNI.

Sólo 16 acusaciones dictó el ministro en visita, Sergio Muñoz, en la causa por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, mientras que otros tres involucrados en los hechos quedaron sobreseidos gracias a que se estimó que no hubo suficientes antecedentes para condenarlos.
Se trata del ex oficial de inteligencia del Ejército, y hombre de confianza de Augusto Pinochet, Arturo Silva Valdés, quien ayudó al autor material del crimen, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, a salir del país en 1991 bajo la identidad falsa Mauricio Gómez, cuando éste fue requerido por la justicia en crimen del transportista Mario Fernández.
Arturo Silva, además, un nutrido currículum de viajes al extranjero como miembro de la avanzada o “productor” de Pinochet en sus viajes. De allí que en su pasaporte figuren destinos repetidos como Argentina, Uruguay y Brasil. Hasta esos países viajaba para proveer de dinero a algunos militares vinculados hoy a procesos por violaciones a los derechos humanos. De hecho, Silva Valdés apareció mencionado en el programa especial que TVN realizó hace algunos meses sobre la desaparición y muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos, como uno de los responsables de su muerte. A raíz de ello, la titular del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago realizará la diligencia de observar y transcribir el video para citarlo a declarar. Silva Valdés antes de ser detenido y procesado en calidad de encubridor en el caso Tucapel trabajaba en una prestigiosa empresa de seguridad de donde fue despedido al conocerse su calidad de involucrado en este proceso.
Los otros dos
El segundo sobreseido es un ex funcionario de Carabineros, Rolando Pino, quien estuvo encausado mientras duró el proceso en calidad de cómplice del crimen de Tucapel Jiménez. Esto se debe a que habría sido él quien hizo detener, el 25 de febrero de 1982, a Tucapel Jiménez para que el mayor Carlos Herrera y los suboficiales que lo acompañaron, Miguel Letelier y Manuel Contreras Donaire, pudieran asesinarlo.
Pino fue sometido a proceso por Muñoz debido a que él mismo se autoinculpó del hecho ante la familia de Tucapel Jiménez, con quienes mantenía una cercana relación familiar. Sin embargo, el ministro Muñoz estimó que su sola declaración no bastaba para dictar acusación en su contra.
El tercer sobreseido es el ex agente y jefe de personal de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), Humberto Calderón Luna. La decisión de liberarlo de responsabilidad se debió a que tampoco se configuraban los antecedentes del proceso para dictar acusación en su contra.
Muñoz utilizó el mismo criterio que del año pasado, cuando dejó en libertad por falta de méritos a siete ex agentes de la CNI, vinculados a la Brigada Laboral que espiaba a los líderes sindicales agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la cual Tucapel Jiménez era su presidente.
Los acusados
Actualmente, están acusados en calidad de autores del crimen Tucapel Jiménez: el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez; el general (R) y el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Arturo Alvarez Scoglia; el brigadier de la DINE, Víctor Pinto Pérez; el comandante de la DINE, Maximiliano Ferrer Lima y los suboficiales del mismo servicio secreto, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier.
En calidad de cómplices, en tanto, lo están el brigadier de la CNI, Roberto Schmied, el capitán Miguel Hernández, el mayor de la DINE Juan Carlos Arriagada, el dentista Jorge León Alessandrini y el ex empleado de la ANEF y amigo personal de Tucapel Jiménez, Julio Olivares y el general (R) Hernán Ramírez Hald.
Como encubridores están el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, el ex abogado de la justicia militar Enrique Ibarra, el ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán Castilla y el ex jefe de la DINE, Hernán Ramírez Rurange

El ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, reconoció –en forma personal y a través de una carta – al ministro en visita en causas de Derechos Humanos, Joaquín Billard, ser el responsable directo de los fusilamientos de opositores a la dictadura en el campo de concentración de Pisagua, en la Primera Región, en 1974.

El retirado oficial, que se encuentra recluido en el Penal de Punta Peuco cumpliendo condena por el homicidio del otrora líder de la ANEF, Tucapel Jiménez, aseguró al magistrado que su actuar se debió a las órdenes que recibió de parte del ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (r) Jaime Krauss Rusque.

El relato entregado al juez Billard buscaba que la investigación de este caso fuera reabierta, tras haber sido sobreseída el año pasado y en que absolvió de cargos a los inculpados en el proceso.

De acuerdo a la versión entregada por fuentes de tribunales, Herrera Jiménez, también conocido con el alias de "Bocaccio", envió primero una carta, para luego al ver la negativa del magistrado, requerir una audiencia personal en un intento por contar su verdad.

Tanto en el documento como en la visita al Palacio de Tribunales, el retirado mayor intentó exculparse de responsabilidad en las ejecuciones masivas de prisioneros políticos, ocurrida en enero de 1974.

Herrera sostuvo que Krauss Rusque fue el mando del Ejército que impartió las instrucciones para acabar con la vida de siete disidentes al régimen de Augusto Pinochet: Nelson Márquez Aburto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chanes Chanes.

Las fuentes consultadas aseguran que el "Bocaccio", intenta dar un giro en esta causa que se apronta a iniciar su período de plenario, ad portas de las condenas que se dictarán por este caso.

Las imputaciones formuladas contra Krauss hicieron que abandona su cargo como edecán de la Cámara Baja en 2004, debido a las encargatorias de reo decretadas en su contra por la entonces ministra del caso, Carmen Garay.

Carlos Herrera Jiménez, fue condenado a prisión perpetua como autor de la muerte de Tucapel Jiménez. El ya cumplió diez años de presidio desde que fue encarcelado inicialmente por haber torturado hasta morir al transportista Mario Fernández (DC).

Además está sentenciado a cadena perpetua como autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, para encubrir su responsabilidad en el homicidio del Tucapel Jiménez.

La juez Garay procesó a Jaime Krauss como autor material de siete asesinatos de prisioneros de Pisagua. Junto con él fueron encausados el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el ex carabinero Manuel Vega Collao, además del general (r) Carlos Forestier, fallecido el 2005.

El país se ha visto expuesto a una situación dramática porque hay quienes están pidiendo la libertad o el indulto para los violadores de los derechos humanos durante la dictadura e incluso después. Las opiniones están divididas. Si bien es atendible desde el plano humano y cristiano, lo mismo tendríamos que exigirles a ellos con sus víctimas a quienes torturaron, asesinaron y desaparecieron. Muchos de ellos ya cuentan con los beneficios que se les otorga a los presos como salida los fines de semana, salida diaria y también la libertad condicional como fueron favorecidos varios de los involucrados –por ejemplo-en el caso Degollados. También hay que recordar que los casos de lesa humanidad no son prescriptibles, indultables, amnistiables ni se conceden beneficios.La mayoría de los ancianos enfermos han muerto en el Hospital Militar, rodeados de sus familiares y muy bien atendidos. Incluso, la mayoría de ellos recibe pensiones arriba de dos millones de pesos.La justicia es para todos y así se debe cumplir. La vida humana no se recupera y estos -hoy ancianos- cuando no lo eran asesinaron sin misericordia a cientos de chilenos solo por pensar distinto. Aquí le recordamos a algunos de los peores

Miguel Krassnoff Martchenko 
Brigadier de Ejército y Agente DINA. Alias: "Capitán Miguel"; "Caballo loco". Considerado uno de los más sanguinarios verdugos de los campos de concentración en dictadura. “El Cosaco” Krassnoff, como gusta ser reconocido, provenía de la carrera militar. Participó, como teniente del Ejército,  del asalto de la casa presidencial de Tomás Moro. Fue asignado a la DINA, donde dirigió el centro de torturas y exterminio de Londres 38. A partir de septiembre de 1974, encabezó la Brigada Caupolicán, conocida por su crueldad, así como también dirigió las agrupaciones Halcón 1 y 2, asociadas a Villa Grimaldi y al campo de exterminio de José Domingo Cañas, de donde nadie podía salir vivo.
Torturó y violó a Lumi Videla, quien fue asesinada y lanzada al interior de la Embajada de Italia. Participó en los crímenes de Alfonso Chanfreau, de la periodista embarazada Diana Arón, del sacerdote Antonio Llidó, del español Carmelo Soria e, incluso, se le sindica como parte de los homicidas del cantautor Víctor Jara. Fue condecorado por el asesinato del dirigente del MIR Miguel Enríquez. También, tuvo participación en la elaboración de listas de la Operación Cóndor, que terminó con el secuestro y asesinato de 119 chilenos en el extranjero. A Krassnoff  se le  responsabiliza del homicidio de Jorge Fuentes Alarcón, secuestrado en Paraguay y trasladado a Villa Grimaldi, donde fue torturado hasta la muerte en La Torre, con su participación directa. Se le inyectó el virus de la rabia y se le mantuvo encerrado en una pequeña jaula de madera. El actuar criminal del militar no sólo se limita a la DINA: también fue parte de la CNI, donde cumplió labores represivas. Su nombre está asociado a 113 causas de DD.HH. en que fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas centenas de personas. Otro crimen, que se le imputa, es el cuasi descuartizamiento de la profesora Marta Ugarte, quien luego de ser lanzada al mar fuera devuelta por las olas y descubierto su cuerpo.
 Los testimonios de quienes estuvieron en Villa Grimaldi, donde exterminó a familias completas como los Gallardo Pacheco, lo retratan como un ser sin Dios ni Ley. El ha pedido el indulto a las autoridades. Lleva 500 años de presidio acumulado. El año 2011, el entonces alcalde de Providencia, Cristián Labbé, protagonizó una dura polémica por organizar un homenaje para el hombre que fuera parte de la temible DINA.

Álvaro Corbalán Castilla
Corbalán, que utilizaba la chapa de Álvaro Valenzuela mientras fue parte de la CNI, se encuentra en Punta Peuco cumpliendo condena perpetua por una serie de crímenes cometidos en dictadura. Teniente Coronel de Ejército Jefe de la División Antisubversiva de la CNI, alias: "Don Juan";"Faraón". Ex jefe operativo de la CNI y máximo jefe del temido Cuartel Borgoñotiene a su haber un modus operandi: los montajes. Casos como la Operación Albania, el asesinato del Carpintero Juan Alegría Mundaca y del periodista José “Pepe” Carrasco es parte de su curriculum. En su declaración judicial por la Operación Albania contó que días después de la masacre se reunieron y celebraron con un asado, donde bebieron whisky que, fue invitado por el general Hugo Salas Wenzel. Realizó un curso en la Escuela de las Américas en enero de 1971. Miembro del DINE, participó en las acciones del Comando Conjunto. Condenado por diversos crímenes de derechos humanos. Acusado de organizar el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez e implicado en la Operación Albania ( Matanza de Corpues Christi, en la que fueron asesinados en junio de 1987, 12 miembros del  Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Carlos Herrera Jiménez
 Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez actualmente, en la cárcel de Punta Peuco, comuna de Til-Til, cumpliendo condena de presidio perpetuo por su responsabilidad en la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez . Herrera J iménez, agente de la CNI, hizo un curso en la Escuela de las Américas en enero de 1971. Participó en las sesiones de torturas que causaron la muerte del transportista Mario Fernández López, quien fue detenido por 4 agentes de la CNI, en su domicilio en la ciudad de Ovalle. Posteriormente fue conducido al cuartel de dicho organismo de La Serena "Casa de Piedra". El 25 de Febrero de 1982 participó en el homicidio del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) Tucapel Jiménez. En 1991 se fugó hacia Argentina gracias a la complicidad del Fiscal Fernando Torres Silva. Actualmente, el mayor de Ejército en retiro, se encuentra cumpliendo cadena perpetua en Punta Peuco. Fue el primero militar de aquella época que se decidió a pedir perdón por los crímenes que cometió y también ha reiterado su petición de indulto la que, hasta ahora, ha sido rechazada.

Miguel  Estay Reyno, El Fanta
 Militante de izquierda previo al golpe militar, Miguel Estay Reyno se transformó, luego, en una pesadilla para sus ex compañeros, a quienes traicionó. Está condenado a cadena perpetua por el Caso Degollados, en que fue ejecutado Manuel Guerrero, a quien personalmente conocía. También fue amnistiado en la ejecución y desaparición de Reinalda Pereira, embarazada de tres meses.  Al principio fue la tesis de “mis compañeros, o yo”, para terminar gozando con lo que hacía. Terminó sentenciando a muerte a decenas de sus ex camaradas del Partido Comunista, a muchos de los cuales torturó personalmente. Fue beneficiado con una pensión como víctima de torturas durante el régimen de Pinochet.

José Octavio Zara Holger,
 Brigadier de ejército, nació el 6 Febrero 1943 en Chillan. Pertenecía al Departamento Exterior de la DINA y fue alumno de la Escuela de las Américas, al igual que muchos otros militares Latino Americanos implicados en procesos a violaciones de los Derechos Humanos.
Zara Holger, participó en Operación Cóndor y en el asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. Fue conocido por amenazar con sus “corvos acerados” al país.
En Julio 2010, Zara,  fue condenado por estos homicidios a 15 años y un día junto a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, Juan Morales Salgado, mientras que Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio. Zara Holger fue también condenado a 100 días de cárcel por asociación ilícita que organizó la DINA para cometer el doble crimen.

Raúl Iturriaga Neumman
La fecha de inicio del cumplimiento de condena es 02 de agosto de 2007 y la fecha del término del cumplimiento de condena el 06 de junio de 2031. Es acusado como autor de 2 secuestros calificados de Mario Fernando Peña Solari y Nilda Patricia Peña Solari, diciembre de 1974, Santiago. Acusado como coautor del secuestro calificado de Jorge Arturo Grez Aburto, Operación Colombo, julio de 1974. Fue procesado como coautor de 38 secuestros calificados en 25 cuadernos. (Procesado como coautor de los secuestros calificados de Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albano Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones y Jilberto Urbina, Operación Colombo, entre junio de 1974 y febrero de 1975, Santiago. Está condenado a firme como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y Sra. Sofía Cuthbert Chiarleoni, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, y como autor de asociación ilícita a la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo; a 5 años y 1 día como autor del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara en 1974.a 5 años y 1 día como coautor de los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Fernando Olea Alegría; a 3 años de presidio menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como autor del secuestro calificado de Félix De la Jara Goyeneche; como co-autor de 3 secuestros calificados de Luis Genaro González Mella, Luis Omar Mahuida Esquivel y Antonio Patricio Soto Cerna, noviembre de 1974, Santiago.

En 1976 asiste nuevamente a la Escuela de las Américas en Panamá, esta vez era un curso especial que incluía técnicas de interrogación y torturas. Iturriaga Neumann se desempeñaba, en 1977, como subdirector de inteligencia en el cuartel general de la DINA en calle Belgrado No 1. En diciembre de 1975 fue nombrado jefe de la Brigada Purén, la cual hizo desaparecer a decenas de prisioneros. Esta brigada funcionaba originalmente con asiento en Villa Grimaldi y posteriormente en la venda sexy o la discoteque que era el centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul. La Brigada Purén se caracterizó por las aberraciones sexuales que cometían sus integrantes, incluido su jefe en contra de las detenidas. Huyó en 2007, cuando se debía entregar ante el juez Solís para iniciar su condena de cinco años y un día dictada en su contra por el secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara en 1974. Permaneció 52 días prófugo de la justicia.

 Sergio Carlos Arredondo Gonzalez
Brazo derecho del general Sergio Arellano Stark ( Caravana de la Muerte)y uno de los principales instigadores del golpe de Estado en las filas del Ejército desde la Academia de Guerra y con contactos privilegiados con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Descrito por los informes de inteligencia estadounidense de la época como “uno de los anticomunistas y antimarxistas duros” y amante del buen whisky. El oficial de Caballería supo siempre mantener cuotas de poder pero sin ocupar el rol protagónico: su placer era dirigir las piezas desde el fondo del escenario. El inicio de la dictadura lleva su huella. El mismo 11 de septiembre de 1973 fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Sergio Arellano Stark, a cargo de las operaciones en Santiago, y luego fue su mano derecha en la fatídica Caravana de la Muerte. Arredondo esta directamente involucrado en los crímenes de nueve prisioneros políticos en Quillota, en enero de 1974. En septiembre de 1973 era director de la Academia de Guerra del Ejército. Y precisamente en esas instalaciones, Manuel Contreras tendría el primer cuartel secreto de la DINA. Entre los primeros agentes operativos de ésta figuraban nombres como Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Fernández Larios y un grupo de oficiales reclutados por Arredondo para fungir de fusileros en la Caravana de la Muerte.

Hugo Salas Wenzel
General del Ejército en retiro, fue jefe de la CNI entre octubre de 1986 y noviembre de 1988, periodo en que encabezó la Operación Albania. Esta emblemática matanza de doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez se produjo entre el 15 y 16 de junio de 1987 en el feriado de Corpus Christi. La versión oficial fue que murieron en “enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”. Responsable de la muerte de  Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky ;Patricio Ricardo Acosta Castro; Juan Waldemar Henríquez Araya; Wilson Daniel Henríquez Gallego y Julio Arturo Guerra Olivares.

 Pedro Octavio Espinoza Bravo
 Brigadier  en retiro del Ejército, agente DINA, su nombre está indisolublemente ligado a la así llamada "Caravana de la Muerte", que inicia su trágica trayectoria el 4 de octubre en Cauquenes y termina el 19 del mismo mes en Antofagasta dejando a su paso 68 ejecuciones. Pero no solo ejecuciones sino además masacres con corvos, con armas blancas. Extraditable. Pedro Espinoza ocupó una de las jefaturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en los comienzos de la dictadura y fue uno de los hombres de Arellano Stark. En el Ejército tiene la clásica imagen del militar profesional, razón por la que se desempeñó en la DINA como jefe de operaciones y como jefe del Centro de tortura Villa Grimaldi. Sus cercanos lo describen como una persona reservada y a momentos taciturna. Prisioneros de Villa Grimaldi coinciden con esa percepción, aunque le agregan un apego a las formalidades y admirador por los valores y el orden. Era el segundo al mando después de Manuel Contreras. Fue jefe de operaciones del organismo represor y mandamás de Villa Grimaldi. Está condenado por el crimen de Letelier y por su participación en el crimen del joven periodista estadounidense Charles Horman Lazar. En 1995, decidió su retiro voluntario del Ejército -luego de pertenecer 46 años- debido a la condena dictada por la Corte Suprema y que ratificó la resolución de primera instancia del ministro instructor Adolfo Bañados. Espinoza era el segundo hombre de la policía política, después de general Manuel Contreras. Actualmente, cumple condena por asesinato y secuestro en Punta Peuco, incluyendo el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier.  

Fernando Torres Silva
Fue Fiscal y Auditor General del Ejército, uno de los hombres fuertes del gobierno militar, fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales. Como Fiscal y Auditor General del Ejército, tuvo a su cargo los principales casos relacionados con grupos de izquierda que operaron en contra del régimen militar. En octubre de 1997, un año antes de la detención de Augusto Pinochet, viajó a España para entregar antecedentes exculpatorios al juez Manuel García Castellón, quien llevaba el caso contra el senador vitalicio. En esa ocasión, se habría presentado como abogado de Pinochet y en España, el viaje de Torres Silva fue considerado como el primer reconocimiento chileno del juicio contra el ex comandante en Jefe del Ejército. Por un general en servicio activo. El general , hoy retirado,  fue artífice de la defensa de los militares más leales a la dictadura. Los militares criminales le deben mucho, gracias a su gestión, muchos juicios e investigaciones que los involucraban quedaron truncadas. Tuvo un papel determinante en la represión de los años ochenta en su calidad de fiscal, y en el encubrimiento sistemático de los violadores de derechos humanos.  Se caracterizó por sus abusos en la aplicación de leyes contra los detenidos, determinó incomunicaciones prolongadas y arbitrarias mas allá de lo permitido por la ley, permitió que agentes de la CNI golpearan y maltrataran a detenidos en “su” Fiscalía, cuando estos se negaban a cooperar.  En el 2000, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones confirmó el procesamiento del ex Fiscal Torres como encubridor del homicidio de Tucapel Jiménez, hecho ocurrido el 25 de febrero de 1982.

Héctor Orozco Sepúlveda
Uno de los últimos en ingresar a Punta Peuco. El ex jefe de la DINE general (r) Héctor Orozco, hermano del conocido ex presidente d ela “U” René Orozco. En septiembre del año 2008 se dictó condena en su contra por secuestro calificado de un exsuboficial del Ejército,  Guillermo Jorquera. También tiene otras causas pendientes. El 23 de enero de 1978 el suboficial Guillermo Jorquera intentó asilarse en la Embajada de Venezuela siendo sorprendido por carabineros que lo entregaron a la DINE. Momento desde el que no se tiene conocimiento de su paradero. En 1976 el suboficial fue adscrito por la DINE al Ministerio de Relaciones Exteriores para operar en tareas de inteligencia y control del personal de la Cancillería. Allí Jorquera manejó gran cantidad de información, entre otras cuestiones, sobre la documentación falsa (caso pasaportes) que ese ministerio entregó a agentes DINA que viajaron a Washington para asesinar al ex ministro de Allende, Orlando Letelier. A fines de 1977 se inició el trámite de baja de Jorquera por acontecimientos sucedidos en la Cancillería relacionados con tareas de inteligencia. En esa fecha apareció “suicidado” el director del Departamento Consular de esa cartera, Carlos Osorio, quien participó en el otorgamiento de pasaportes falsos a los agentes Armando Fernández Larios y Michael Townley, con los que viajaron a Paraguay a preparar el atentado a Letelier. El día en que trató de asilarse, Jorquera visitó al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, y le contó su decisión de buscar protección diplomática, porque “estoy seguro de que me van a matar igual que a Osorio”, según declaró Trujillo en el proceso. Después de ese día nunca más se supo de Guillermo Jorquera .

FERNANDO  LAURIANI  MATURANA                      
 Alias “Teniente Pablito”. Perteneció a la Dina. En Londres 38 fue: Jefe del grupo  “Vampiro” en la brigada “Caupolicán”. Jefe del grupo “Aguila” (“Los guatones”). Se caracterizaba por su crueldad contra los presos políticos. Lauriani dirigió  operaciones de traslado de presos políticos a Colonia Dignidad, donde muchos de ellos fueron hechos desaparecer.  Acusado de secuestro y desaparición de los hermanos Andrónico Antequera. El 91 fue ascendido a Teniente Coronel Jefe del Estado Mayor de la 3ra División Ejército . Desciente del general Marcos Maturana del Campo (participó en la Guerra del Pacífico) . Interrogador casi permanente de prisioneros políticos. La mayoría desaparecidos.

por María Cristina Prudant

A 40 años del Golpe Militar la sociedad vincula a los militares con las violaciones a los derechos humanos, pero en muchos casos, la participación de civiles ha quedado omitida. Una lista con médicos apunta a su rol en diversas violaciones a los Derechos Humanos y desde el colegio de la especialidad se destaca que aún hay condiciones que impiden penalizar estos actos.

Bernardo Lejderman y María Avalos fallecieron en 1973, ejecutados por militares en el norte, un crimen conocido hace pocos días por el emplazamiento de Ernesto Lejderman al saber que sus padres no se habían suicidado con explosivos, tal como señalaba el parte médico firmado por Guido Díaz Paci, médico que se mantiene en actividad hasta la actualidad trabajando en el Departamento de Tránsito de la municipalidad de La Serena.

Como éste, son distintos casos de violaciones a los derechos humanos que tienen a médicos civiles como protagonistas. La abogada Carmen Hertz realizó un listado, donde detalla una treintena de galenos vinculados a la dictadura que se mantienen en la impunidad, incluso ejerciendo su profesión.

La abogada describe el rol que ejercieron los profesionales, en procesos de interrogatorio y tortura para que la DINA cumpliera con los objetivos trazados desde la Junta Militar: “Existe una larga nómina de médicos que fueron funcionarios de la DINA, que colaboraron en la aplicación de tortura en centros clandestinos. Parte de ellos han sido sometidos a proceso, los médicos mantenían a los presos vivos en la aplicación de torturas, para que la DINA pudiera sacar la información que ellos pretendían”.

Carmen Hertz subraya que hoy los médicos se mantienen en actividad, sin ser individualizados en las investigaciones, eludiendo además una condena moral por estos hechos.

“Hay una suerte de renuencia a la persecución criminal de civiles, pese a pruebas evidentes, por ejemplo muchos de estos médicos ejercen y ocupan cargos directivos en la Clínica Dávila y en la Clínica Indisa. Hay complicidad en la justificación de políticas de exterminio y en propiciarla, que en definitiva ha vivido en la impunidad judicial, política, social y moral”, indicó la abogada.

La labor de los médicos va desde la asistencia en métodos de tortura, destinar medicamentos en interrogatorios, como el llamado “suero de la verdad” (pentotal sódico) falsificación de documentos, adulterar fichas clínicas o firmar certificados de defunción con motivos de deceso que ocultan la responsabilidad de organismos de inteligencia.

El Colegio Médico levantó sumarios contra profesionales vinculados a la dictadura, inhabilitando su ejercicio e incluso retirando el título profesional. El doctor Álvaro Reyes Bazán, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, destaca que antes del régimen un médico debía estar colegiado por obligación, pero esta condición se eliminó y con ello el organismo pierde su potestad para inhabilitar el ejercicio de la profesión.

Reyes Bazán apunta que “en ese momento el Colegio tenía autoridad para someter a proceso o rescindir el ejercicio de la profesión. Pero hoy no, el Colegio no recuperó su categoría y no tiene autoridad, antes era obligatorio para ejercer la medicina pero ahora es voluntario, son secuelas de la dictadura que no han sido superadas todavía”.

Álvaro Reyes tuvo un rol especial en el resguardo de perseguidos por militares, evitando incluso la desaparición de Miria Contreras, “Payita”, secretaria personal de Salvador Allende. A su juicio, hoy el Colegio no tiene herramientas para penalizar irregularidades de profesionales no inscritos, lo que destaca como una más de las herencias políticas que dejó ese período.

El médico apuntó que “es una lucha que hemos mantenido por recuperarlo, pero no se ha logrado, se necesitan altos quórum para cambiar algunos aspectos de la Constitución, una serie de instrumentos para impedir que la voluntad popular se manifieste. Vivimos por un sistema organizado en dictadura, eso es lo fundamental, e involucra un cambio importantísimo que es recuperar la democracia plena”.

Tanto la abogada como el médico subrayan que profesionales de la medicina vinculados a los crímenes de la dictadura pueden estar legítimamente en ejercicio, tanto en instituciones de Fuerzas Armadas como en el sector privado. Por contraste, la desaparición de médicos perseguidos por su condición política se mantiene en un proceso judicial aún en curso.

La lista de médicos es la siguiente:

1. Darwin Arriagada – Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia.

2. Camilo Azar Saba – Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Álvarez Santibáñez.

3. Guillermo Araneda – Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

4. Alejandro Babaich Schmith – Director Hospital “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

5. Gregorio Burgos – Médico del Regimiento de Los Ángeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

6. Víctor Carcuro Correa – Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

7. Raúl Díaz Doll – Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

8. Guido Mario Félix Díaz Paci – Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

9. José María Fuentealba Suazo – Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

10. Alejandro Jorge Forero Alvarez – Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

11. Werner Gálvez – Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

12. Fernando Jara de la Maza – Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

13. Manfred Jurgensen Caesar – Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

14. Luis Losada Fuenzalida – Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

15. Minoletti – Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

16. Vittorio Orvieto Teplizky – Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

17. América González Figueroa – Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como “muerte súbita”, el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro “servicio a la patria” fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

18. Jorge León Alessandri – Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

19. Osvaldo Leyton Bahamondes – Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus “colegas” al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

20. Bernardo Purto – Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

21. Luis Hernán Santibáñez Santelices – Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

22. Hernán Horacio Taricco Lavín – Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

23. Hernán Twane – Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones.

24. Werner Zanghellini Martínez – Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.

25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz – Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

26. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo – Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila.

28. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra – Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.

En la primavera de 1998 un grupo de jóvenes demócrata cristianos, entre ellos José Valencia Castañeda,  rompía el letargo partidario, pero aún más el olvido y la omisión, instalando en la sede central de su partido en la Alameda cerca de La Moneda, una placa memorial de bronce con un listado de militantes del PDC víctimas de la dictadura cívico militar que asoló a Chile por largos diecisiete años.

 Entre ellos están los más conocidos como el Presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por un grupo de agentes de la policía política de Pinochet a tráves de venenos que le inyectaron a su cuerpo luego de una operación sencilla a la que había sido sometido. Muere en enero de 1982 en una clínica de Providencia.

También está el dirigente de la juventud DC Mario Martínez que es encontrado ahogado con una mochila en su espalda en una playa en las Rocas de Santo Domingo en pleno invierno de agosto de 1986. El dirigente había denunciado que se sentía perseguido y amenazado por su trabajo político juvenil.

El tercero más conocido es el transportista de 49 años Mario Fernández López que fue detenido por su trabajo partidario en Ovalle en octubre de 1984 por agentes de la CNI, la policía política de Pinochet. Fue llevado a La Serena, torturado en un recinto de esta siniestra entidad y muere en el hospital adonde llegó agónico. El asesino confeso del presidente de la ANEF,  Tucapel Jiménez, el mayor del Ejército Carlos Herrera, está detenido y procesado por este crimen.¿Por qué hacer un libro?
José Valencia señala que "era una iniciativa que por años anhelaron concretar, y que venía a hacer justicia a hombres y mujeres demócrata cristianos que fueron ejecutados o que, hasta hoy, continúan en la dolorosa condición de detenidos desaparecidos".

Eran anónimos militantes de base, del mundo sindical, estudiantil, campesino y profesional, cuyos nombres hasta entonces, permanecían prácticamente desconocidos para el grueso de la militancia y dirigencia partidaria DC, olvidados por los vaivenes y exigencias de la política coyuntural, permanentemente exigida por la gestión de sucesivas elecciones,la administración del poder y el ejercicio de la responsabilidad gubernamental.
Valencia asegura que "Sus nombres, en cambio, eran llevados en el corazón de sus familiares, amigos y compañeros de ruta, como un fuego imperecedero mantenido vivo en los pliegues de la memoria, de sus memorias".

Valencia Castañeda es el autor del libro “La Placa. Mucho más que un trozo de metal”. Es periodista, diseñador y dibujante. Milita en la Democracia Cristiana desde los 15 años, en 1987 fue víctima de prisión política y su caso está consignado en el informe de la Comisión Valech.

En su primera obra, el autor recuerda a Cambio21 la historia de la placa que contiene los nombres de 16 personas vinculadas a la DC que perdieron la vida a manos de agentes del Estado en el oscuro período de la dictadura cívico-militar.¿Cuándo comienza esta iniciativa?
Esto se gesta en 1998, yo tenía responsabilidades partidarias, como consejero nacional de la Juventud Demócrata Cristiana. Fue un año marcado por las manifestaciones, ya que luego de entregar el mando del Ejército, Pinochet juró ante el Congreso Nacional como senador vitalicio, tal como lo establecía la Constitución de 1980. Era uno de los enclaves autoritarios con los que el antiguo régimen pretendía mantener su inaceptable tutela en la recién recuperada democracia chilena. En ese contexto, decidimos reconocer a nuestros camaradas caídos, por supuesto en el sentido de exigir verdad y justicia para ellos y sus familias. Así es como instalamos en la sede partidaria una placa con los nombres de las víctimas DC de la dictadura cívico militar.

¿Cuántos son los casos?

Hoy en día, aún no sabemos cuántos son. Pero en la actualidad hemos contabilizado 16 víctimas entre desaparecidos y/o ejecutados de personas que estuvieron vinculadas a la DC por militancia o cercanía, aunque originalmente la placa consideró sólo 14. Los organismos oficiales que en democracia abordaron la materia, no pudieron acceder a información precisa por los pactos de silencio de los perpetradores y por el fundado temor de los familiares. Nosotros tampoco teníamos esas certezas en 1998, por eso en la placa puse la frase “homenaje a los demócrata cristianos que dieron su vida por la justicia y la libertad, a los aquí mencionados, a aquellos cuyos nombres nunca conocimos, y a los que día a día dedican su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos”.

La placa también tiene inscrito al ex Presidente Frei Montalva…

Efectivamente, su nombre está incorporado, fue una de las dos personas agregadas en 2017. Cuando se elaboró originalmente la placa, no existía la certeza judicial de que don Eduardo también era parte de este triste listado. Hubo un trabajo jurídico y técnico-pericial que posibilitó establecer la verdad e identificar a los culpables. En ese sentido es importante reconocer el enorme esfuerzo que hizo la familia del ex Presidente Frei Ruíz Tagle, especialmente la labor de su hermana e hija de Frei Montalva, Carmen, por lograr resultados en una investigación que, a todas luces y desde un principio, apuntaba a la participación de terceros en su deceso y específicamente de miembros de los organismos de inteligencia de la dictadura de Pinochet.

¿Cómo surge la idea de escribir un libro y por qué ahora?

La instalación y reinstalación de la placa, significó un trabajo de recopilación de información que permitió tener la base para comenzar a escribir esta pequeña historia, que también trata del contexto y de cómo se resuelve por parte de la JDC de la época hacer este testimonio. Consideré que era importante hacerlo para rescatar la memoria de las víctimas, justo ahora, cuando se han producido graves violaciones a los derechos humanos por la represión policial, en donde el terrorismo de Estado, que hoy se asoma mutilando o dejando ciegos a los manifestantes y manteniendo presos a los jóvenes de la revuelta social, nos evoca cuando la dictadura detuvo y desapareció personas, o cuando ejecutó gente en falsos enfrentamientos.

Estos son los DC que fueron asesinados por la Dictadura
 
1. Eduardo Frei Montalva, Asesinato Político.
2. Guillermo Amador Álvarez Cañas, Ejecutado Político.
3. José Emiliano Balboa Benítez, Detenido Desaparecido.4. 

4. Sonia De Las Mercedes Bustos Reyes, Detenida Desaparecida.
5. Hernán Horacio Castillo Calcagni, Ejecutado Político.
6. Gustavo Efraín Domínguez Jara, Detenido Desaparecido.
7. Tomás Rogelio Domínguez Jara, Detenido Desaparecido.
8. Mario Gilberto Fernández López, Asesinato Político.
9. Mario Daniel Martínez Rodríguez, Asesinato Político.
10. Juan Guillermo Navarrete Solar, Ejecutado Político.
11. Juan Segundo Palma Arévalo, Ejecutado Político.
11. Roberto Romualdo Romero Reyes, Ejecutado Político.
13. Sergio Orlando Verdugo Herrera, Ejecutado Político.
14. Juan Antonio Villaseñor Jara, Ejecutado Político.
15. Sergio Gervasio Rodríguez Villanueva, Detenido Desaparecido.
16. Fernando David Becerra Julio, Ejecutado Político.