Carvajal Gonzalez Agapito Del Carmen

Agapito del Carmen CARVAJAL GONZALEZ, 32 años. Funcionario Público. Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio y llevado al regimiento de Copiapó, donde estuvo recluido hasta la llegada de Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.

El 17 de octubre de 1973, en las primeras horas de la madrugada, fueron ejecutadas trece personas que se encontraban detenidas:

Winston Dwight CABELLO BRAVO, 28 años, ingeniero comercial, Jefe Provincial de la Oficina de Planificación Nacional(ODEPLAN) y militante del Partido Socialista.  Fue detenido el 12 de septiembre en la Intendencia y trasladado al Regimiento de Copiapó, actual Regimiento Capitán Rafael Torreblanca. 

Agapito del Carmen CARVAJAL GONZALEZ, 32 años, funcionario público y militante del Partido Socialista.  Detenido en su domicilio y trasladado al Regimiento de Copiapó. 

  Fernando CARVAJAL GONZALEZ, 30 años, empleado, militante del Partido Socialista.  Fue detenido el 22 de septiembre en su domicilio, conducido hasta el Regimiento de Copiapó y desde allí a la cárcel de esa localidad. 

Manuel Roberto CORTAZAR HERNANDEZ, 20 años, estudiante secundario, dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  Se presentó ante las autoridades militares luego de ser requerido mediante un Bando, el l7 de septiembre de l973.  Quedó detenido en la Cárcel de Copiapó, lugar desde el cual fue trasladado al Regimiento de esa misma localidad, el 2 de octubre del mismo año. 

Alfonso Ambrosio GAMBOA FARIAS, 35 años, profesor, Director de Radio Atacama y militante del Partido Socialista.  Fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros el 15 de septiembre y trasladado al Presidio de Copiapó. 

Raúl del Carmen GUARDIA OLIVARES, 23 años, funcionario público y militante del Partido Socialista. 

  Raúl Leopoldo de Jesús LARRAVIDE LOPEZ, 21 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  Fue detenido el 12 de septiembre de l973 al interior de la Universidad y conducido al Regimiento de Copiapó.  A fines de septiembre se le trasladó al Presidio de la misma ciudad.

Edwin Ricardo MANCILLA HESS, 21 años, estudiante de Pedagogía en la Escuela Normal, presidente del Centro de Alumnos y Secretario Regional del Movimiento de Izquieda Revolucionaria (MIR).  El 15 de octubre fue detenido por efectivos de Carabineros e Investigaciones en su domicilio, conducido al Presidio de Copiapó y desde allí trasladado al Regimiento de esa ciudad. 

Adolfo Mario PALLERAS NORAMBUENA, 27 años, comerciante, dirigente poblacional y militante del Movimiento de Izquieda Revolucionaria (MIR).  Requerido por las autoridades a través de un Bando militar, decidió no presentarse.  Fue detenido el l5 de octubre por efectivos de Carabineros, conducido al Regimiento de Copiapó y trasladado posteriormente al Presidio de esa ciudad.

Jaime Iván SIERRA CASTILLO, 27 años, locutor de radio y militante del Partido Socialista.  Fue detenido el 20 de septiembre en su domicilio por efectivos de Investigaciones, llevado al Cuartel de dicha Institución y desde allí trasladado al Regimiento de Copiapó. 

  Atilio Ernesto UGARTE GUTIERREZ, 24 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  Fue detenido el 14 de octubre en la residencial donde vivía y conducido al Regimiento de Copiapó. 

Néstor Leonello VINCENTI CARTAGENA, 33 años, profesor, Secretario Regional del Partido Socialista.  Fue detenido por efectivos militares y conducido al Regimiento de Copiapó.

Pedro Emilio PEREZ FLORES, 29 años, Ingeniero en Minas, profesor de la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó, Interventor de la planta minera "Elisa de Bordo" y dirigente del Partido Socialista.  Fue detenido el 25 de septiembre de l973 en su domicilio, que luego fue allanado por funcionarios de Investigaciones, quienes lo condujeron al presidio de Copiapó.

Respecto de varias de las personas antes mencionadas, la Comisión ha podido acreditar que fueron sometidos a torturas y otros apremios ilegítimos. 

A través de un comunicado oficial publicado en el diario "Atacama" del 18 de octubre de 1973, el Jefe de la Zona en Estado de Sitio informó de la muerte de las trece personas antes individualizadas, aduciendo que se había detectado un plan de fuga entre los prisioneros del Presidio de Copiapó.  La Fiscalía Militar había procedido, en atención a la poca seguridad y a la sobrepoblación penal existente, a "remitir a un grupo de los procesados más peligrosos de la Justicia Militar a la Cárcel presidio de La Serena ".  El comunicado oficial continuaba relatando que habían sido trasladados en un camión del Regimiento, el cual había sufrido una panne eléctrica casi al llegar a la cumbre de la cuesta Cardones.  " Aprovechando que el conductor y ayudante se encontraban preocupados de solucionar el desperfecto, sorpresivamente los detenidos aprovechándose del descuido de uno de los centinelas, saltaron a tierra dándose a la fuga hacia la pampa.  Pese a que los centinelas les gritaron ¡alto!, varias veces e incluso dispararon al aire para amedrentarlos, no se detuvieron.  En vista de esta situación, continúa el mismo informe, procedieron a disparar en contra de los fugitivos, hiriendo a trece de ellos que fallecieron en el lugar"

La fecha y hora de sus muertes ha sido corroborada por diferentes documentos, tales como certificados de defunción y registro del cementerio.  Sus salidas del presidio se encuentran también debidamente acreditadas.

Luego que se les diera muerte, sus cuerpos permanecieron al interior de un camión en el Regimiento de Copiapó, para ser luego enterrados en el Cementerio local por personal militar, en una misma fosa, entre las últimas horas del día 17 y las primeras del 18.  El lugar preciso de la inhumación no se dio a conocer ni siquiera a sus familiares.  Sólo el 31 de julio de 1990, en virtud de una presentación judicial hecha por la Comisión, se exhumaron los restos de estas 13 personas y tras su identificación fueron entregados a los familiares para su sepultación definitiva.

  Esta Comisión rechaza la versión oficial de que se haya debido dar muerte a las personas antes individualizadas para impedir su fuga, en consideración a las siguientes circunstancias:

  Las trece víctimas habrían sido seleccionadas para ser trasladadas a la Serena atendiendo su peligrosidad, según señala la misma versión oficial, lo que hace presumir que iban custodiadas por un fuerte contingente militar, en un operativo organizado previamente; todo lo cual lleva a pensar que, aún de haberse producido el desperfecto del vehículo la vigilancia resultaba suficiente para haber impedido su intento de fuga antes que empezaran a correr por la pampa;

Resulta también inverosímil a esta Comisión, que una patrulla militar fuertemente armada; haya requerido dar muerte a trece prisioneros que huían por el desierto como único medio para recapturarlos.  Reafirma este punto la consideración de las condiciones físicas en que se encontraban algunos de los detenidos, después de varios días de reclusión.  La Comisión conoció además de varios testimonios circunstanciados y concordantes que dan cuenta de torturas a las cuales muchos de ellos fueron sometidos;

Parece poco verosímil, que para sofocar un intento de fuga de trece prisioneros, haya sido necesario ejecutar en el acto a la totalidad de ellos;

El hecho de que sus cuerpos sin vida no hayan podido ser vistos por sus familias lleva a pensar en algún afán de ocultamiento;

El estado en que se encontraban los restos al ser exhumados, indica que estas personas fueron ejecutadas en circunstancias que se hallaban bajo el total control y a merced de los efectivos militares lo que resulta absolutamente inconsistente con la versión oficial.  Los restos de varios de ellos se encontraron mutilados, sin impactos de bala y con evidentes signos de corte con arma blanca. 

En atención a lo señalado, la Comisión se formó convicción que estas trece personas fueron ejecutadas por agentes del Estado al margen de toda justificación, lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos. 

La Comisión ha conocido diversos y calificados testimonios en cuanto a quien o quienes habrían participado en la planificación y ejecución de estos graves hechos, no habiéndose podido formar convicción ni siendo de su competencia el establecimiento de responsabilidades personales, respecto de las cuales, en consecuencia, no se pronuncia.

A los 51 años ha fallecido Ricardo Carvajal Oliveros, hijo de Fernando Carvajal González y sobrino de Agapito Carvajal González, hermanos asesinados por la Caravana de la Muerte en su paso por Copiapó en octubre de 1973.

El fallecimiento de Ricardo es una dolorosa pérdida para la familia Carvajal y para el movimiento de derechos humanos.

Ricardo Carvajal es parte de la niñez castigada por los golpistas de 1973, parte de los niños y niñas que vieron debilitados o desmoronados sus hogares debido al asesinato o desaparición de sus padres, porque estos fueron llevados a la cárcel o a la relegación, debieron salir al exilio o sumergirse en la clandestinidad.

Junto a sus hermanos Jorge y Luis, a sus primos Jaime y Patricia, a Alfonso y Adi Gamboa, a Cecilia Pérez, a Rodolfo Villarroel, a Susan Cabello, a los hijos e hijas de Leonello Vincenti, de Jaime Sierra, de Ricardo García y de Maguindo Castillo, Ricardo Carvajal es uno de los miles de niñas y niños que a partir del 11 de septiembre de 1973 y durante los oscuros años que siguieron, sufrieron la barbarie de la dictadura cívico-militar de la derecha chilena.

Ricardo Carvajal finaliza la semblanza que escribiera sobre su padre en la Revista Derechos Humanos de Copiapó, edición de Octubre-Noviembre de 1993, diciendo: “Todo lo que he dicho de mi padre – Fernando Carvajal -, sobre su vida y su consecuencia, lo he sabido de mi familia y sus compañeros,  ya que yo sólo tenía un año y seis  meses cuando lo mataron”.

En ese año 1993, algunos “negociadores progresistas” coqueteaban y sondeaban la posibilidad de institucionalizar la impunidad a través de una Ley de Punto Final, y frente a tamaña amenaza, el joven Ricardo Carvajal decía: “Y ahora vienen los ´democráticos´ a decirnos que hay que olvidar el pasado, que debemos reconciliarnos, que debemos olvidar que nuestros seres queridos fueron vilmente asesinados, queno podemos hacer nada. Se equivocan, lucharemos y nuestros hijos también lo harán, hasta que se derrumben las cortes y los funcionarios corruptos y podamos hacer justiciaa todos los que llenaron de desgracia a nuestro pueblo”.

Duele la partida de un compañero, duele que se vaya un hijo de uno de los militantes socialistas asesinados, duele que parta otro de los niños víctimas del golpe de 1973 sin ver la verdad y la justicia que merecen cientos de personas desaparecidas y ejecutadas.

En víspera de los 50 años del golpe derechista contrarrevolucionario, en momentos en que la derecha muestra sin pudor alguno su rostro neofascista y utiliza,desvergonzadamente, los casos de corrupción propios de su modelo capitalista neoliberal,  una pérdida como la del compañero Ricardo Carvajal debe convertirse en una nueva razón para mantener firme y en alto la bandera  “por encontrar los cuerpos de nuestros seres queridos, por saber dónde están los detenidos desaparecidos, por recuperar nuestra cultura indígena, por hacer justicia dentro de esta limitada democracia protegida”.

“Es un espacio de reflexión y de recuerdo, de revalorizar la democracia y los derechos humanos y cómo vinculamos la obra pública, la infraestructura con ello”, señaló el SEREMI de Aysén.

El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, informó que en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, durante el viernes 08 septiembre y el fin de semana, en dependencias del Ministerio de Obras Públicas se realizó la muestra fotográfica: “Infraestructura para La Memoria: Atentado a La Moneda y su reconstrucción”

La muestra comprendió una serie de fotografías que reflejan la destrucción en septiembre de 1973 de La Moneda y el trabajo de reconstrucción de ella que realizó la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, junto con la exhibición de diversos testimonios de los funcionarios que estaban trabajando el 11 de septiembre en dependencias del Ministerio de Obras Públicas y que sufrieron violaciones a los derechos humanos, así como también el recuerdo de las personas funcionarias detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, con el fin de construir memoria y futuro para proyectar las próximas décadas de nuestra institución y país.

La ceremonia de inauguración se inició con la voz de Silvia Martínez y guitarra del funcionario de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas Matías Pizarro quienes interpretaron el tema Manifiesto de Víctor Jara, posteriormente se recordó en vídeo el bombardeo a La Moneda y se efectuó un minuto de silencio por los trabajadores detenidos y desaparecidos Jorge Ernesto Carrión Castro; Ismael Darío Chávez Lobos; Gustavo Manuel Farías Vargas; Nelson Nolberto Llanquilef Velásquez; José Rosario Segundo Panguinamún Ailef; Mario Sandoval Vásquez; José Raúl Velásquez Vargas y entre ellos una mujer Elizabeth Mercedes Rekas Urra; y por los funcionarios MOP ejecutados políticos Camilo Clariel Carmona Concha; Carlos Aurelio Carrasco Cáceres; Agapito del Carmen Carvajal González; Óscar Armando Gómez Farías; Camilo Enrique Humeres Verdugo; Luis Francisco Pascual Núñez Álvarez; Julio Enrique Reyes Espinoza; Waldo Enrique Rivera Concha; Julio Fernando Tapia Martínez y Florindo Alex Vidal Hinojosa. Posteriormente, el baile de la Cueca Sola dio pie al corte de cinta que inauguró la muestra fotográfica.

En la ceremonia, el SEREMI del MOP señaló “esta exposición muestra lo que fue el bombardeo a La Moneda y su reconstrucción. Es un espacio de reflexión, es un espacio de recuerdo, porque se busca mantener viva la memoria para desde ahí, construir un futuro sin renunciar a la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas, pero con el eje principal además, de revalorizar la democracia y los derechos humanos. A 50 años del Golpe de Estado, hoy es la primera vez que como Ministerio de Obras Públicas dedicamos un acto de reparación simbólica en donde dimos a conocer los nombres de cada uno de los funcionarios detenidos, torturados, desaparecidos y ejecutados políticos. En esta ceremonia, fuimos acompañados también por trabajadores y trabajadoras y por algunas personas que fueron objeto de apremios, de tortura durante la dictadura y en este contexto hemos hablado como vinculamos la obra pública, la infraestructura con más democracia y más derechos humanos”.

Por su parte, Joaquín Real Hermosilla, prisionero político en el Centro de Detención Las Bandurrias en Coyhaique y Director de Radio Ventisqueros señaló: “Estar en esta exposición y acto de conmemoración de verdad llega con mucho sentimiento al alma. Recordar gracias a la fotografía y a los videos que hoy hemos visto tan cruento día, inicio de un quiebre democrático que no esperábamos es motivo de reflexión, y la reflexión justamente la hago basándome en esta exposición fotográfica, donde se muestra el horror de  la destrucción de Patrimonios históricos los que desde hace dos a tres siglos atrás comenzaron a construirse en nuestro país. La Moneda tiene un simbolismo importantísimo en la construcción de la República y en la vida democrática de Chile, y de pronto no concibo y no acepto que se halla determinado destruirla de este modo, me parece que no era la manera de enfrentar este quiebre que tenía a las Fuerzas Armadas en pie. Junto con poder felicitar a los organizadores de esta exposición, quiero decir que conmemorar es importante, porque el recuerdo de aquello, nos debe proyectar al futuro pensando en que nunca más suceda algo por el estilo y además, porque es necesario que jamás por ningún motivo, jamás ni por ninguna justificación puedan volver a atropellarse los derechos humanos porque nuestra gente, el mundo, el ser humano y la civilización no merece retroceder a la barbarie”.

En tanto, Cristóbal Barceló, Delegado Presidencial Provincial de General Carrera junto con agradecer la invitación del SEREMI de Obras Públicas y a todo el equipo que preparó esta actividad  indicó que fue “una actividad muy emotiva, que sin duda nos llama a continuar con el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, de pensar en democracia que sea memoria y futuro, de no volver a cometer los mismos hechos, los mismos actos que sin duda separaron, dividieron y destruyeron a nuestro país. Hoy en día nuestro rol es unir, es estar en democracia, es potenciar la tolerancia, el respeto y seguir con esos valores en el futuro”.

Corte en Santiago.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en contra de seis miembros del Ejército en retiro como responsables de 13 delitos de homicidio calificado y tres secuestros calificados, ilícitos perpetrados el 17 de octubre de 1973, en Copiapó, en el marco del denominado caso «Caravana de la muerte».

En fallo unánime la Primera Sala del tribunal de alzada condenó a dos penas de 15 años y un día de presidio a los miembros del Ejército en retiro Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo, como autores de 13 homicidios calificados y tres secuestros calificados.

Asimismo, se condenó al miembro del Ejército Patricio Díaz Araneda a una pena de 11 años por su participación, en calidad de autor, de los delitos reiterados de homicidio calificado de las 13 víctimas. En tanto, los miembros del Ejército Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán purgar penas de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los mismos delitos.

Asimismo, los oficiales Edwin Herbstaedt Gálvez y Fernando Castillo Cruz fueron absueltos de los cargos de secuestro calificado.

De acuerdo a la sentencia de primera instancia, dictada por la ministra en visita Patricia González, se logró determinar que: «El día 16 de octubre de 1973, en horas de la noche, como a las 20 horas, llegaron a Copiapó en un helicóptero «Puma», un grupo de personas, pertenecientes al Ejército de Chile, comandadas por un general del mismo, quien portaba un documento en el que constaba que tenía atribuciones delegadas por el Comandante en Jefe del Ejército de entonces, para «cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales», como también, «para revisar y acelerar los procesos»; algunos de dichos funcionarios al mando del general a cargo, junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento Atacama de Copiapó, luego de efectuar una revisión, estudio y selección de las fichas y antecedentes de los detenidos existentes, sin que conste que haya existido alguna causa o proceso en su contra, y por una parte procedieron a sustraer, a apartar en horas de la noche, a cuatro personas que se encontraban detenidas en dicha unidad militar, las hicieron subir a un camión del Ejército, y con ellas se dirigieron a la cárcel pública de Copiapó, lugar desde donde sustrajeron a otras nueve personas que se encontraban privadas de libertad en dicho recinto por orden de la autoridad jurisdiccional militar. Luego, el grupo de militares pertenecientes al Regimiento de la ciudad, transportó a los trece detenidos hacia las afueras de la ciudad, a un sector llamado Cuesta Cardone, los obligaron a descender del camión y procedieron a disparar contra ellos, cuyas identidades correspondían a Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, Fernando del Carmen Carvajal González, Agapito del Carmen Carvajal González, Winston Dwight Cabello Bravo, Manuel Roberto Cortázar Hernández, Raúl del Carmen Guardia Olivares, Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras Norambuena, Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, Pedro Emilio Pérez Flores y Jaime Iván Sierra Castillo, utilizando para ello fusiles SIG calibre 7.62 mm, falleciendo todos en el lugar. Verificadas las muertes de las mencionadas personas, los cadáveres fueron trasladados a la unidad militar, y posteriormente desde ese lugar al cementerio de la ciudad, y luego de ser identificados, fueron sepultados en una fosa común, practicándose las correspondientes inscripciones de defunción».

Resolución que agrega: «Con el estudio acabado de los mismos antecedentes y elementos probatorios reseñados, apreciados de igual manera, se ha establecido, además, que en las últimas horas del día 17 de octubre de 1973, un grupo de militares perteneciente al Regimiento Atacama de la ciudad de Copiapó, se dirigieron hasta unos barracones existentes en esa unidad militar, lugar en que se mantenían, privados de libertad y en calidad de detenidos políticos, a Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada, respecto de quienes no hay constancia fehaciente que haya existido algún proceso o juicio seguido en su contra, quienes habían sido retirados, apartados ese mismo día de la cárcel pública de la ciudad, como consecuencia de la revisión de sus antecedentes ya señalada por parte de algunos integrantes de la comitiva del General Arellano y de algunos militares del Regimiento local, personas a quienes sustrajeron, trasladándolos, presuntamente, al mismo sector de la Cuesta Cardone, lugar desde el cual se pierden sus rastros, sin que hasta la fecha hayan sido habidos con vida, así como tampoco sus restos mortales, ni se conozcan sus paraderos, excediendo con creces y en demasía, el término de noventa días signado en la referida disposición legal, y en esas circunstancias debe entenderse que el encierro o la detención que los afectara, aún perdura».
En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco y los demandados a pagar la suma total de $6.400.000.000 (seis mil cuatrocientos millones de pesos) a familiares de las víctimas.

La ministra en visita Patricia González Quiroz dictó el cúmplase y ordenó el ingreso a cumplimientos de los ocho miembros del Ejército en retiro condenados en la investigación por los secuestros y homicidios calificados del “Episodio Copiapó” del Caso Caravana de la Muerte.

Cuatro de ellos ingresaron al módulo especial del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina I.

En tanto, dos condenados ya se encontraban cumpliendo penas en Punta Peuco y dos sentenciados fueron absueltos y serán notificados en los próximos días de la resolución.

En la causa fueron condenados a 15 años y un día de presidio a los exmiembros del Ejército Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo, en calidad de autores de los delitos secuestros y homicidios calificados.

El oficial en retiro Patricio Díaz Araneda fue sentenciado a la pena de 11 años de presidio, en calidad de autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de las 13 víctimas. En tanto, los miembros del Ejército en retiro Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán purgar penas de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los mismos delitos.

Los exoficiales Edwin Herbstaedt Gálvez y Fernando Castillo Cruz fueron absueltos de los cargos de secuestro calificado.
 

LAS VÍCTIMAS

Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, Fernando del Carmen Carvajal Gonzále, Agapito del Carmen Carvajal González, , Winston Dwight Cabello Bravo, Manuel Roberto Cortázar Hernández, Raúl del Carmen Guardia Olivares, Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras Norambuena, Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, Pedro Emilio Pérez Flores y Jaime Iván Sierra Castillo fueron asesinados en 16 de octubre de 1973 en el sector de Cuesta Cardone de Copiapó.

En tanto, desde el 17 de octubre de 1973 se desconoce el paradero de Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada.

Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, realizaron una actividad en el memorial que conmemora a dichas personas, en el Cementerio Municipal de Copiapó, donde depositaron coronas de flores en conmemoración de las víctimas, a 47 años del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

Las actividades contaron con la presencia de distintos partidos y organizaciones sociales, además, se hizo una actividad de parte de la Coordinadora Feminista, frente a la Catedral de Copiapó, donde según asistentes, se registraron detenidos al ser dispersados por fuerzas policiales.

Al respecto, Jaime Iturra, del Partido Comunista, expresó:

“Se hizo presente gente del Partido Comunista, Socialista, de Udema y de otras organizaciones sociales de ejecutados políticos en el frontis del cementerio donde está la placa recordatoria de los ejecutados y desaparecidos de Atacama, gente de la Comisión de Derechos Humanos, que se manifestaron rápidamente debido al contexto actual”.

“Luego se hizo una actividad frente a la catedral de mujeres de la Coordinadora Feminista, que fueron brutalmente repelidas por las fuerzas de Carabineros y terminaron 3 compañeras y un compañero detenidos, están en libertad pero están citados a la fiscalía”, comentó.“Es una persecución absurda porque el 11 de septiembre no es un día cualquiera en Chile después de 47 años, fueron cosas espontáneas, ha sido audacia, y hay que hacerlo porque en el fondo si hicimos cosas durante la dictadura, ¿Por qué no las podemos hacer en democracia?”, dijo finalmente Iturra.