Carrasco Tapia José Humberto

José Humberto CARRASCO TAPIA

Según la versión de familiares que son a la vez testigos presenciales, siete horas después de la emboscada a la comitiva del Presidente de la República cerca de las 02:00 de la madrugada del 8 de septiembre de 1986, un grupo de hombres con gorros pasamontañas rodean la casa de Felipe RIVERA GAJARDO, electricista, militante del PC, en Pudahuel, lo sacan y lo suben a un taxi que partió con rumbo desconocido.  Cerca de las 04:00 horas, media docena de hombres fuertemente armados irrumpen en la casa de Gastón VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ, profesor, militante del MIR, en San Bernardo los que se cruzan con Carabineros y lo sacan a empujones con destino desconocido.

  A las 05:00 de la madrugada llegaron hasta el domicilio del periodista José Humberto CARRASCO TAPIA, periodista, dirigente gremial, militante del MIR, en el Barrio Bellavista tres civiles armados quienes se lo llevan a la fuerza.

Horas después fueron encontrados los cadáveres de los tres secuestrados, acribillados a balazos.

Al día siguiente, esto es el 9 de septiembre a las 03:00 de la madrugada, llegaron a la parcela de Abraham MUSKATBLIT EIDELSTEIN, publicista, militante del PC, del sector Casas Viejas, 12 individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén.

Esa misma noche civiles armados intentaron secuestrar al abogado Luis Toro de la Vicaría de la Solidaridad.

Estos hechos se los atribuyó un comando autodenominado 11 de Septiembre.  El Ministro Secretario General de Gobierno informó a la opinión pública que no se descartaba la posibilidad que estos crímenes obedecieran a una purga entre comunistas.

Esta Comisión, considerando la militancia y el trabajo de las víctimas, el que los secuestradores se identificaran como policías, el que los hechos se desarrollaran en horas de la madrugada, desafiando las rígidas medidas de control militar y policial del momento y la gran disponibilidad de medios de los autores, ha llegado a la convicción de que se trata de ejecuciones por motivaciones políticas con responsabilidad moral del Estado, ya fuere porque en estos hechos actuaban directamente sus agentes o porque había connivencia o tolerancia de éstos, siendo sus muertes violaciones a los derechos humanos.

La más alta es para el otrora jefe operativo del organismo represivo,  mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien fue condenado a 18 años de  presidio. Otro de los condenados, a 13 años, es el prófugo oficial (r)  de Carabineros Iván Quiroz. El fallo sin embargo rechazó indemnizar a  los familiares del periodista y de otros tres profesionales asesinados  en 1986.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones confirmó este viernes, de  manera unánime, las condenas contra 14 ex agentes de la disuelta  Central Nacional de Inteligencia (CNI) por el asesinato del periodista  José Carrasco Tapia y otros tres profesionales, que se llevó a cabo  pocas horas después del fallido atentado contra el general (r) Augusto  Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986.

El tribunal, integrado por los ministros Jorge Dahm, Víctor Montiglio  y el abogado integrante Jorge Lagos, confirmó de este modo el dictamen  que emitió el 29 de diciembre de 2006 el ministro en visita Haroldo  Brito también por los asesinatos del militante del MIR y artista  plástico Gastón Vidaurrázaga, y los militantes del Partido Comunista  (PC) Felipe Rivera Fajardo y el publicista Abraham Mufkatblit  Eidelstein.

La más alta condena, de 18 años y un día de prisión es contra el mayor  (r) del Ejército y ex jefe operativo de la CNI, y Alvaro Corbalán  Castilla, mientras que a trece años y un día están condenados el  capitan (r) del Ejército Jorge Vargas Bories y el mayor (r) de  Carabineros Iván Quiroz, quien permanece prófugo hace tres meses luego  que no se presentó a cumplir otra condena por su responsabilidad en el  caso conocido como Operación Albania.

En su calidad de coautores fueron condenados a ocho años y un día  Pedro Javier Guzmán Olivares, Gonzalo Fernando Mass del Valle, Kranz  Bauer, Jorge Enrique Jofré Rojas y Juan Alejandro Jonquera. En tanto,  cinco años y un día deberán pasar los ex agentes Víctor Hugo Lara  Cataldo, René Armando Valdovinos Morales, Víctor Manuel Muñoz  Orellana, Eduardo Martín Chávez Baeza, Guillermo Fascinetti López y  José Ramón Meneses Arcauz.

En tanto, el tribunal de alzada, también de manera unánime, rechazó  entregar una indemnización de $ 250 millones para cada una de las  madres, viudas e hijos de los profesionales, además de $ 75 millones  para cada uno de los hermanos.

El Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, presidido por Patricio Martínez, manifestó en declaración pública su conformidad con las sentencias decretadas por la justicia contra los ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia en el asesinato del profesional de la orden, y Consejero Metropolitano José Carrasco Tapia el 8 de septiembre de 1986. “Cuando el 2006
estaba llegando a su fin, nos enteramos de la noticia largamente esperada por los y las periodistas” afirman, recordando que en septiembre de este año conmemoraron los 20 años transcurridos desde el crimen. Agrega el comunicado: “ En este minuto de profunda emoción, recordamos a Pepone como un hombre, padre de familia, compañero y colega, que creía en el proyecto de una
sociedad mejor, intentando recuperar la democracia y haciendo una defensa inclaudicable de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.
Es un momento de alegría, pero también debe ser de recuerdo para sus ex compañeros y compañeras de revista Análisis, de curso en la escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, de su familia, de sus colegas de aquella época como dirigente en el Colegio de Periodistas. Hoy, Pepe está más vivo que nunca entre nosotros”.
Las condenas
Los comentarios del dirigente del gremio se refieren a las sentencias conocidas el pasado 31 de diciembre. A 18 años de cárcel fue condenado Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, junto a 13 agentes que recibieron otras penas por los asesinatos del dirigente gremial de los periodistas y el MIR,
José Carrasco Tapia, el profesor Gastón Vidaurrázaga (también mirista), el electricista Felipe Riveros, y el publicista Abraham Muskablitt (ambos militantes comunistas). El fallo por los crímenes perpetrados en represalia por el fallido atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra el ex dictador Pinochet camino a El Melocotón, fue dado a conocer el último día hábil de 2006, por el ministro en visita Haroldo Brito, quien recibió las confesiones de los criminales de manos del juez Hugo Dolmetsch, al ser promovido éste a la Corte Suprema.
En esta sentencia de primera instancia ninguno de los criminales recibió beneficios carcelarios, por lo tanto deberían cumplir penas efectivas de cárcel. Brito condenó además al fisco a pagar 250 millones de pesos (unos 470.000 dólares) a las viudas, madres e hijos de las víctimas y unos 75 millones de pesos (141.000 dólares) a cinco hermanos de ellas. Sin embargo, ni los padres de José Carrasco, redactor de la revista "Análisis" y colaborador de la revista Punto Final, ni su hijo Luciano, vivieron para ver el fin de la impunidad. En Chiloé, la señora Yolanda Manríquez, la madre del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga, en su condición de ex jueza, se mostró contenta de que finalmente se hiciera justicia. El hermano de Gastón, el periodista Ignacio Vidaurrázaga mostró conformidad con las sentencias pero sostuvo que habrá que estar atentos a las apelaciones de los condenados y luchar porque las condenas se hagan realidad.
El juez Brito condenó a trece años al ex capitán de ejército Jorge Vargas Bories y al ex mayor de carabineros Iván Quiroz, como autores de los homicidios de Carrasco y Muskablitt. Por el homicidio del profesor Vidaurrázaga fueron condenados a ocho años de prisión los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera. Corbalán y Quiroz ya estaban en Punta Peuco, el primero con perpetua por el crimen del carpintero Alegría y ambos además recibieron quince y diez años respectivamente, por su responsabilidad en los homicidios de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la llamada Operación Albania que investigó paralelamente el juez Dolmestch..
René Valdovinos, que tuvo una sentencia menor, también cumple condena por Operación Albania.
Otros crímenes de Bauer
Krantz Bauer era el ex jefe de la Brigada Verde de la CNI y pese a haber dirigido ese operativo de aniquilamiento conocido también como la matanza de Corpus Christi, fue absuelto por Dolmetstch en ese proceso, al igual que Vargas Bories. Actualmente Bauer también está procesado por la desaparición de cinco frentistas en 1987. Se estima que hasta la fecha Bauer y Vargas Bories siguen gozando de una suculenta pensión del Estado por supuesto “estrés post guerra”, que les permite una doble jubilación reajustable. El año 2004, el departamento de comunicaciones del Ejército informó al diario La Nación que esas pensiones tenían el carácter de “irrevocables”.
Por el crimen de Felipe Rivera, los ex CNI Pedro Guzmán Olivares (ex coronel de ejército) y el detective Gonzalo Maas del Valle recibieron ocho años de prisión; los agentes civiles Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos (por Rivera); Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza (por Vidaurrázaga), así como Carlos Alberto Fachinetti (por Carrasco) y José Ramón Meneses (por Muskablitt) tienen cinco años y un día. El criminal número dos, el director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio, procesado por la ministra Dobra Luksic en mayo de 2000 por su directa responsabilidad en los hechos, murió de un infarto en junio del mismo año. Fue él quien luego de reunirse en la Moneda con el almirante Merino, ordenó a Corbalán, jefe del Cuartel Borgoña, asesinar a dos izquierdistas por cada escolta fallecido en el atentado.
La orden de Gordon
En su confesión, Corbalán relató al juez Dolmestch que luego de la acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Gordon dispuso el acuartelamiento en grado uno de los miembros de la CNI. Corbalán estaba fuera de Santiago y regresó de inmediato dirigiéndose al Cuartel General de la CNI de calle República. Había sido citado allí por el general Gordon Rubio, quien poco antes había participado en una reunión de emergencia en La Moneda con el almirante Merino.
A la reunión con Gordon llegó Corbalán y también Manuel Provis Carrasco, que dirigía la División Política Metropolitana, encargada del control de los partidos políticos de la época. Se lee en el expediente: “El señor General nombrado, profundamente alterado por los hechos les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos
con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas”.
La orden se cumplió sólo en la División Antisubversiva que encabezaba Corbalán. “Transmitida la orden por el comandante del Cuartel Borgoña a sus subalternos, se actuó por equipos separados de trabajo, respetándose estrictamente la jerarquía y el compartimentaje, como era la organización y forma normal de hacerlo.” El primer operativo de aniquilamiento se cumplió en la población Sara Gajardo de la comuna de Cerro Navia, donde secuestraron a Felipe Rivera, llevándolo en un vehículo hasta Américo Vespucio. Fue ejecutado frente a la Planta Toyota.
Alrededor de las 4 de la madrugada Krantz Bauer Donoso, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa asaltaron el hogar de Gastón Vidaurrázaga, ubicado en calle Fidel Angulo 1109 de la comuna de San Bernardo. El profesor trató de
huir pero fue capturado y conducido a la Ruta 5 Sur donde a la altura del kilómetro 16 le dieron muerte, recibiendo doce impactos de bala.
Poco después, a las 5 horas de la madrugada del mismo día, siempre cumpliendo las órdenes de Corbalán, los agentes Iván Raul Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López ingresaron a la casa de José Carrasco, en calle Santa Filomena 111 donde “procedieron a aprehender y secuestrar en presencia de su familia, a José Humberto Carraco Tapia, periodista y dirigente sindical vinculado al MIR, el cual fue introducido en un vehículo y conducido hasta la Avenida Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, frente al pasaje Merino González de la Villa Los Héroes de la Concepción, lugar donde se le dio muerte, siendo la causa de ésta traumatismo cráneo encefálico, facial y de la extremidad inferior izquierda por balas, estimando el perito forense que los disparos son de tipo homicida. Recibió según la autopsia de rigor, catorce impactos.”
En la siguiente madrugada, una patrulla integrada por Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Ramón Meneses Arcauz, se dirigió al domicilio de Abraham Muskablitt en Puente Alto, dirigente interno del Partido Comunista, secuestrándolo para ser ejecutado en el Camino Lonquén a la altura del Nº 2360, con nueve impactos de balas alojadas en el tórax, abdomen y brazos.
La acusación señala que los hechos relatados son constitutivos de sendos delitos de secuestro seguidos de homicidio…cometidos por terceros “haciendo uso de la fuerza y aprovechando su condición de miembros de los servicios de seguridad”. El abogado Nelson Caucoto, defensor de la causa considera que Dolmestch realizó una profunda investigación y que dadas las confesiones obtenidas, las acusaciones –hoy convertidas en sentencias- son inobjetables.
Cuatro jueces
En 1991, ya en democracia, este proceso había estado con una insólita prohibición de informar dictada por la Corte Suprema y vigente por cinco años.
El juez de la causa, Aquiles Rojas, fue quien dictó el primer auto de procesamiento contra Vargas Bories. Pero por haber aparecido el rostro del agente en primera plana en la prensa, antes de realizarse la rueda de reconocimiento que lo inculpó, esa resolución fue desautorizada por la Corte.
Luego vino la prohibición de informar, medida siempre objetada por el Colegio de Periodistas.
Al asumir la causa la jueza Dobra Luksic se produjeron importantes avances, ya que ella investigó y dictó las 14 encargatorias de reos con los que profundizó la investigación que posteriormente debió asumir como ministro en visita Hugo Dolmestch, trabajando estos antecedentes en paralelo con la Operación Albania.

El ministro en visita Hugo Dolmetsch, otorgó ayer certeza jurídica a lo que se sabía desde 1986: que los crímenes de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit a manos de la CNI, fueron una venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet el domingo 7 de septiembre de 1986.

En una resolución más bien “ordenatoria” en la que procesó a siete nuevos ex agentes, mantuvo a otros siete que ya se encontraban encausados por la jueza Dobra Lusic desde 2000, y exculpó a tres de los ya procesados por la magistrada el ministro Dolmetsch entregó algunos detalles del operativo que hasta ahora no eran públicos.

Los tres ex agentes sobreseídos por el magistrado son Hernán Vásquez Villegas, Egon Barra Barra y Arturo Sanhueza Ros.

El juez sostuvo en su dictamen que momentos después de acontecido el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo -acto realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el cual murieron cinco escoltas-, el integrante de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino, citó al jefe de la CNI, general Humberto Gordon, a una reunión de urgencia a La Moneda.

Finalizado el encuentro, Gordon convocó al cuartel general de la CNI en calle República, al comandante de la División Antisubversiva de ese organismo, mayor Álvaro Corbalán, y al comandante de la División Política Metropolitana “encargada del control de los partidos políticos de la época”, mayor Manuel Provis Carrasco. “Estas dos divisiones representaban en ese momento de emergencia, los órganos básicos de la CNI en su aspecto operativo”, dice el juez.

En esa reunión, “el señor general, profundamente alterado, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos en el atentado, venganza que debía ser en una proporción de dos por uno en relación a las víctimas (escoltas)”, afirma el fallo.

De esta manera, Dolmetsch logró determinar que los grupos de agentes que operaron en las detenciones y ejecuciones fueron distintos, salvo en los casos de Carrasco y Muskablit donde algunos se repiten.

El escrito del juez no aclara, en todo caso, por qué CNI sólo asesinó a cuatro opositores y no a diez como fue la orden que impartió Gordon y que probablemente emanó de La Moneda. Al menos una quinta víctima debía ser el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Luis Toro, quien se salvó al reforzar puertas y ventanas de su casa para dificultar el ingreso de los agentes, y alertando a los vecinos.

El punto es relevante al incorporar al puzzle la intervención, casi en paralelo, de Investigaciones la misma madrugada en que comienzan los secuestros de la CNI. Esta policía detuvo a algunos dirigentes opositores, como el actual Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro Germán Correa, el actual diputado (PPD) Patricio Hales, y el ex subsecretario del Trabajo Eduardo Loyola.

Según el ex vocero del régimen militar Francisco Javier Cuadra, Investigaciones actuó por orden de su director, el general (R) Fernando Paredes, para evitar más muertes a manos de la CNI. No obstante, no está claro por qué la CNI, con el poder que tenía por sobre Investigaciones, no continuó con las ejecuciones para “cumplir la cuota” ordenada por general Gordon.

Tampoco se sabe con certeza si efectivamente la actuación de Investigaciones fue con el fin que sostiene Cuadra. Aunque, al menos, un hecho es cierto: que los detenidos por esa policía salvaron con vida. Lo que no resulta creíble es la afirmación de Cuadra en el sentido de que, al ocurrir un año después la Operación Albania -en la que la CNI asesinó a 12 militantes del FPMR que vinculó al atentado- el régimen “no apoyó esa operación ni le dio soporte comunicacional”. Al consultar la prensa de la época y las propias declaraciones de Cuadra, se confirma lo contrario

El ministro Hugo Dolmestch encausó al equipo liderado por el mayor (r) Alvaro Corbalán que dio muerte a Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez, Abraham Muskatblit Eidelstein y al periodista José Carrasco, horas después del atentado contra Augusto Pinochet.

El ministro en visita Hugo Dolmestch asestó un duro golpe a la estructura de la desaparecida CNI al procesar hoy a siete ex integrantes del organismo represivo por su responsabilidad en el secuestro con homicidio de cuatro profesionales en 1986, entre ellos el periodista José Carrasco.

La resolución además implica especificar los cargos contra otras siete personas que antes estaban procesados y que ahora se precisó en cuales crímenes participaron y junto a ello el juez anuló procesamiento de otras tres personas.

En la práctica uno de los más comprometidos con estos delitos fue el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla quien se especificó su procesamiento como autor de secuestro seguido de homicidio en contra de los cuatro profesionales: Felipe Rivera Gajardo, Gaston Vidaurrázaga Manríquez, Abraham Muskatblit Eidelstein y José Carrasco.

Los siete nuevos procesados son Víctor Hugo Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Jorge Jofre Rojas, Eduardo Chávez Baeza, Juan Jorquera Abarzúa, Carlos Fachinetti López y José Meneses Arcauz. En tanto los absueltos –que fueron procesados el 2000 por la ministra Dobra Lusic- son Hernán Vásquez Villegas, Egon Barra Barra y Luis Sanhueza Ross.

"Me pareció aconsejable adecuar este caso a la nueva realidad, fijando responsabilidades más precisas, directas y reales respecto de los hechos, como así también dejar sin efecto aquéllos que se dirigen contra personas respecto de las cuales, hasta la fecha, no aparecen fundadas presunciones de participación en los mismos", dijo el juez en su despacho del Palacio de los Tribunales.

En el detalle se aprecia que Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Mass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales enfrentan encargatoria de reo como autores de secuestro seguido de homicidio en contra de Felipe Rivera Gajardo. A su vez Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas, Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa se les acusa de la muerte de Gastn Vidaurrázaga.

Junto a ellos figuran Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Carlos Fachinetti por su rol en el asesinato de José Carrasco. Y finalmente están procesados Quiroz, Vargas y José Meneses Arcauz por Abraham Muskatblit.

En su dictamen el ministro establece que sean prontuariados los catorce mencionados y además dictó orden de detención contra Víctor Lara, Jorge Jofré, Eduardo Chávez, José Meneses y Carlos Fachinetti. En el caso de los otros encausados se encuentran en libertad provisional por otras causas y seguirán bajo ese mismo régimen, mientras que Corbalán seguirá recluido en el penal de Punta Peuco donde cumple condena.

El ministro Dolmestch estableció que el asesinato de los cuatro profesionales fue una clara consecuencia del atentado frustrado que sufrió Augusto Pinochet en septiembre de 1986. Relata que tras este episodio los oficiales de la CNI que integraban la División Antisubversiva, Bernado O'Higgins, a cargo del mayor Álvaro Corbalán Castilla, se acuartelaron y recibieron instrucciones.

Corbalán concurrió hasta la sede de la Central Nacional de Informaciones y donde se reunió con el general Humberto Gordon, quien a su vez se había reunido en La Moneda con el almirante José Toribio Merino. A esta cita asistió también el comandante de la división política metropolitana, Manuel Provis.

En la resolución se indica que el general Gordon "profundamente alterado por los hechos, les ordenó (a Provis y a Corbalán) que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno en relación a las víctimas".

Así se gestó el operativo que comenzó la detención a las 2 de la madrugada de Felipe Rivera, quien de acuerdo a la autopsia recibió seis impactos de bala.

Dos horas después fue el turno del profesor Gastón Vidaurrázaga, quien fue ultimado con dos disparos en el kilómetro 16 de la ruta 5 Sur.

Exactamente una hora después el periodista José Carrasco, fue detenido en su casa y fue trasladado hasta la avenida Américo Vespucio, a un costado del cementerio Parque del Recuerdo, donde se le dio muerte con 14 impactos de bala.

En la madrugada del 9 de septiembre, a las 2:15 horas de la madrugada Abraham Muskatblit recibía la visita de los agentes en su domicilio en Puente Alto y era conducido al camino Lonquén, donde murió a causa de nueve disparos.

El sacrificio de Luciano es como otra muerte de su padre, José Carrasco.

El segundo hijo del periodista nunca se repuso de la terrible experiencia que vivió en la madrugada del 8 de septiembre de 1986, cuando a los 14 años una banda armada secuestró a su padre desde la tibieza del hogar del barrio Bellavista. Esa noche Luciano presenció cómo lo sacaron a medio vestir, sin dejarle atarse los zapatos. "No los va a necesitar", espetó un sicario.
Luciano y su hermano Iván se volcaron jóvenes a una intensa actividad política, siguiendo el camino de Peppone. Sin embargo, Luciano jamás se repuso de lo vivido esa madrugada. La depresión fue en adelante compañía permanente.

Su tragedia tiene que ver con la ausencia de justicia, aunque se conoce a los culpables con pelos y señas desde hace años. Si se hubiera hecho justicia, la familia habría recibido “además” una legítima reparación del Estado.

Se habría podido financiar un tratamiento adecuado para la depresión crónica de Luciano.

Aunque parezca que su decisión recae, impotente, en el dolor de las personas equivocadas (su madre, la periodista Olivia Mora, quien sacó adelante a la familia; su hija de 10 años; su hermano Iván, sus amigos…), su inmolación es un grito desesperado por la justicia que todavía no ofrecen los tribunales, 16 años después y… en democracia. Luciano puso en el tapete una cuestión mucho más profunda: la sociedad y el Estado le deben a la juventud reventada por el asesinato y/o la desaparición de sus seres queridos la posibilidad de atención médica, rehabilitación psicológica y tratamiento adecuado. Desde luego, jamás nada reemplazará a los seres de su afecto perdidos para siempre.

Además de privarlos de sus seres queridos, a estos jóvenes se les ha quitado el piso mismo de la vida. Es demasiada crueldad.

por Ernesto Carmona

Homenaje en el Segundo Aniversario de tu Crimen: No a la impunidad para quienes te asesinaron

No quisiéramos tener que escribir estas líneas.

No quisiéramos porque Pepe Carrasco debería estar con nosotros.

Acompañándonos en el trabajo, con ese debordante optimismo con que llegó a trabajar a Revista ANALISIS en 1984.  Pero, con dolor e indignacion, hoy debemos recordar otra vez la fatídica fecha en que fue asesinado.

Este 8 de Septiembre se cumplen dos años desde que José Carrasco, nuestro amigo y nuestro colega, fuera secuestrado de su hogar y luego cobardemente acribillado por un comando que actuó en la mas completa impunidad.  Es inevitable admitir que en esa madrugada de horror segaron la vida de un hombre que era de esos imprescindibles e irremplazables.  Pero a dos años de su crimen también es nítido y rotundo el aprender con alegría que quienes lo mataron no sabían que hombres como Pepe nunca mueren.  Y que esto no es sólo una frase sino una constatación cotidiana.

Por eso, aunque hoy conmemoramos su partida, su muerte en esa madrugada brutal, queremos mas que nada recordar su vida.  Porque Pepe está con nosotros.  Con su ejemplo, con su pasión por la vida, con su valentía inclaudicable.  Y es ese recuerdo, ese legado, el que nos da la fuerza – aún en los momentos mas duros, como los que hoy vive la prensa libre en nuestro país – para seguir luchando por el inviolable derecho a la dignidad.  Por eso Pepe esta vivo.  Y a ese Pepe queremos recordar en esta fecha luctuosa.  Al hombre que nunca transó valores esenciales y que nos acompaña, enseñandonos a diario la dignidad.

Hoy los invitamos a transformar este segundo aniversario de su crimen en momento de esperanza y no de tristeza.  En un momento de reflexión y no de derrota.  Un momento para unir voluntades y construir las madrugadas de luz por las que lucho Pepe.  Y para que nunca vuelvan a repetirse las madrugadas de horror en nuestro país.

 8 de Septiembre de 1988.

Asesinato de José Carrasco:

Habla miembro de Comando "Septiembre Once"

Al Comando "Septiembre Once" se lo conocia por amenazas que hizo en multiple murallas santiaguinas antes de los crimenes de septiembre pasado: frases como: "muerte a los rojos", "a matar comunistas" las firmo con su sigla S/11.

La ligazon entre esos rayados y los asesinatos de Jose Carrasco, Abraham Muskatblit, Gaston Vidaurrazaga y Felipe Rivera, se establecio el 12 de septiembre.  Cuando los cuatro asesinatos eran aun una brutalidad incapaz de aceptarse, una voz masculina llamo a las agencias de noticias.  Friamente informo que el "Comando Septiembre Once" era el autor de la matanza cometida en las madrugadas del 8 y 9 de ese mes y justifico su proceder con la Ley del Talion: "Cinco fueron los muertos del atentado al presidente Augusto Pinochet, cinco seran los muertos por cada escolta asesinado".

La noticia, que entonces aparecio escuetamente en la prensa, confirmo lo que era una creencia masiva.  Tambien dejo sin asidero la version del Gobierno, que intento explicar lo inexplicable: los Ministros del Interior, Ricardo Garcia, y de Secretaria General de Gobierno, Francisco Cuadra, habian asegurado que los asesinos correspondian a "una purga entre grupos marxistas", relacionada con "el fracaso de atentado".

La probable quinta victima del Comando – el abogado Luis Toro, de la Vicaria de la Solidaridad – logro desbaratar su secuestro gracias a la ayuda de sus vecinos y a una voz que le advirtio telefonicamente lo que le ocurriria.  Los sujetos debieron arrancar incluso despues de haber entrado al patio de la casa de Toro y de haber forzado puertas.  Despues de ese "trabajo" frustado, que sin muchas dudas se atribuyo al Comando criminal, este dejo de operar, al menos con su "firma".

Reaparecion el 31 de diciembre pasado.  Como para que no se fuera a creer que estaba inactivo y tal vez queriendo darle un macabro simbolismo a su accion, el Comando cerro el ano 1986 con un asalto a una sede diplomatica.  Quizas tambien la idea era mostrar el poder e impunidad de que goza, ya que el local del Comite Intergubernamental de Migraciones, CIM, fue invadido a plena luz del dia por un grupo de civiles armados.  Estos estuvieron por mas de tres horas revisando archivos y sacando informacion precisa.  Actuaron con una brutalidad ya conocida, golpeando incluso a mujeres, y sin importarles que el lugar estuviera lleno de publico.  Con un fuero insospechado, los hombre, finalmente, pintarrajearon las paredes del CIM con una variante de su firma: "Frente Nacionalista Anticomunista Once de Septiembre".

Como en septiembre, la accion causo conmocion.  Esta vez el tipo de organizacion vejado llevo la protesta a otras esferas.  El directivo maximo del CIM, Giacinto Maselli, viajo a Chile a exigir explicaciones, "porque se ha violentado, en todo el sentido de la palabra, a las personas alli presentes y se ha violado la inmunidad diplomatica".  El Gobierno le dio excusas: "Esto es condenable y deleznable", "es inaudito que se use la fecha once de septiembre para una accion de ese tipo" dijeron personeros del Regimen.  Felizmente, en su ultima accion del ano el grupo hizo una distincion: no dejo muertos en el camino.

A cuatro mese de los asesinatos de militantes, los cuatro de izquierda, parece haber buenas pistas.  Al menos sobre un grupo que se da el mismo nombre.  El problema es el de siempre: hasta donde podra llegar la investigacion.  Por otro lado, el amordazamiento a la prensa durante el Estado de Sitio impidio toda difusion de esos datos.  ANALISIS entrega en forma exclusiva los documentos que habria servido de base para que el ministro en Visita, Aquiles Rojas, quien investiga los asesinatos, indagara sobre las posibles o ninguna vinculaciones entre el comando que se atribuyo los asesinatos y el que fue procesado por la justicia militar hace tres anos.

NUEVA CONFESION DE EX AGENTE

La informacion, inesperada y clave, que tendria el juez Rojas habria tenido interes en Fuentes Ciscutti luego de conocer una confesion que este hizo dsde la carcel.  ANALISIS tuvo acceso a este documento.

Ensu confesion, Fuentes Ciscutti senala que la hace "sin presion alguna y frente a los acontecimientos que vive el pais".  La dirige a la "Cruz Roja Internacional, Comite Internacional de Derechos Humanos, Embajadas de Francia e Italia y Arzobispado de Santiago".

Consta que lo dicho por Fuentes en su confesion coincide con la informacion que primeramente entrego el FPMR.  Tambien ha trascendido que Fuentes la habria ratificado plenamente ante el juez Rojas.  Es decir, que el Comando Septiembre Once es "un escuadron antiterrorista de infiltracion, fuente de contrainteligencia, formado por civiles, oficiales militares de planta y oficiales de reserva pertenecientes a las siguientes unidades: Regimiento Arsenales de Guerra; Regimiento Tacna, Centro de Inteligencia Nacional del ejercito, CINE, Central Nacional de Informaciones".  Que las misiones del grupo serian "reunir informacion de inteligencia-conexion" sobre distintos grupos sociales y una "operacion silencio" dirigida a "politicos, universitarios y prensa".

Fuentes Ciscutti relata tambien su trayectoria y los origenes del Comando que integro: "En el tiempo de la Unidad Popular fui integrante del MAPU en la Universidad de Punta Arenas.  Despues del pronunciamiento militar fui reclutado por el Ejercito en el Departamento Cirma, dependiente de la Quinta Division, donde presencie los arrestos de mas de 50 personas (…).  Tambien me toco estar en el Regimiento No.2 Caupolican, Porvenir y Tierra del Fuego, en el chequeo y control de presos politicos (…).  En los anos 74 ingrese a la Escuela del Ejercito de San Bernardo y en el ano 75 fui designado en la Escuela de Suboficiales del Ejercito, en el curso de Combatiente Especial para Comando de Infanteria y Fuerza Especiales, en la unidad de fusileros.  El director del plantel era Osvaldo Hernandez Pedreros (…).  Faltando 25 dias para mi graduacion, me retire en forma voluntaria, regresando a Punta Arenas.  Fui detenido por el Servicio de Inteligencia, me preguntaron el porque de mi retiro, pero como mi padre era militar Y Jefe de Control de Armas y Explosivos del Cuartel general de la Quinta Division del Ejercito, fui dejado en libertad al quinto dia (…).  Fui a Buenos Aires por algunos meses (…).  Al regresar a Chile, estudie mi profesion actual en Santiago, Tecnico Ortopedista, perito estetico terapista con mencion en Tanatologia, 'Medicina Legal'.

"En 1979, frente al conflicto limitrofe con Argentina, fui llamado al servicio activo como oficial, enviandoseme a la zona fronteriza de la Patagonia Austral.  En 1980, el Ejercito me ofrecio, a traves de la CNI, si queria trabajar en la Clinica de la CNI de Avenida Republica 517, lo que no acepte y me dedique a trabajar en forma privada.  En 1982, ingrese al Regimiento Tacna, al curso AOR de reserva, como paramedico, donde se preparaban los cursos de represion que actuan en las calles, poblaciones y universidades (…).  En 1983, el Servicio de Inteligencia Militar me solicito que deberiamos formar un Comando Anti-Subversivo cuyo nombre seria 'Comando Septiembre Once' o 'Comando Once de Septiembre' (…).

Al referirse a su participacion en este grupo, Fuentes Ciscutti anade: "Dentro de la programacion nos comunicabamos con nuestros enlaces al telefono 592020, de la Escuela de Inteligencia San bernardo.  Como no podian figurar militares de planta en el Ministerio y el comando dependeria del Ministerio del Interior, fui elegido como Capitan del Comando y Jefe de Operaciones de Enlace entre el Ministerio del Interior y el Ejercito (…).  El escuadron tenia como mision el control de personas, parroquias, grupos religiosos, universitarios, dirigentes politicos, poblacionales.  Para estos efectos se contaba con el conocimiento del asesor del Ministerio del Interior, abogado Hugo Ortiz y sus secretarias Paulina y Ximena, ademas del jefe de la Presidencia, coronel Morgado (…).  Durante las noches (el comando) detuvo y secuestro a numerosas personas, trasladandolas al Regimiento Escuela de Pracaidistas de Peldehue (…) (Tambien) recibio la orden de interrogar y torturar sicologicamente a la sicologa Andrea Hales (…).

Fuentes tambien da detalles de los medios con que contaba el comando: "un Ford Corcel color rojo, conducido por el teniente Hugo Hurtado Latorre.  En su interior iban dos fusiles ametralladoras marca UZI, dos granadas de fabricacion espanola, cuatro granadas lacrimogenas para dispersar multitudes, una pistola marca Walters, una bengala de fabricacion espanola, una baliza de color rojo, ademas de un mapa con el area de todas las unidades, mas un radio trasmisor.  El segundo vehiculo era un Suzuki utilitario con las mismas armas".

Finalmente, el agente arrepentido nombra a doce miembros del Comando, entre civiles y oficiales del Ejercito.

DIFICIL INVESTIGACION

A pesar de contar con estos antecedentes, el ministro Aquiles Rojas no ha podido llegar a ningun resultado que esclarezca los hechos cometidos por le Comando Septiembre Once que actuo en septiembre pasado.  Ello porque lo que el ha solicitado o que le han pedido los abogados querellantes ha tenido resultados insolitos.

Como la respuesta que dio la jefatura de la Zona en Estado de Sitio cuando los abogados del caso Carrasco – Carmen Hertz y Jaime Hales – pidieron la nomina de vehiculos con salvoconductos que circularon en la madrugada del lunes 8 de septiembre: "No se puede entregar esa informacion por razones de 'orden practico' ".  Cuando se requirio la lista de carabineros que habian estado de guardia en la Tenencia de El Salto, por donde necesariamente debieron pasar los dos autos en que se movilizaba el grupo que secuestro al periodista de ANALISIS, la respuesta fue del mismo tipo: Se entrego la lista del personal que estuvo de turno la noche antes del crimen.

De la treintena de diligencias pedidas, otras son: citar a declarar al ministro Francisco Javier Cuadra para que explique porque aseguro que las cuatro muertes eran producto de "purgas marxistas"; oficiar al Registro Civil para que entregue nomina completa de vehiculos Datsun Stanza, Toyota 1.6 – automovil – y furgones utilitarios Subaru, ya que esos son los autos identificados en los cuatro secuestros; citar al personal de la Tenencia de El Salto que estaba con posterioridad de las cinco de la manana y hasta el mediodia del lunes 8 de septiembre para que declare sobre la oportunidad y forma en que se enteraron de la presencia del cadaver de Jose Carrasco en el sector; oficiar a Investgaciones para que diga la razon por la cual no se tomo contacto con la familia del periodista una vez que se determino su identidad mediante el procedimiento de huellas dactilares.

Los abogados que patrocinan las querellas por los cuatro homicidios calificados esperan que llegue el momento en que las respuestas a las multiples preguntas vayan mas alla de la conclusion a la que llego la "Brigada Especial" creada por Investigaciones: "Las muertes fueron por balas y por accion de terceros" …  Porque como senalaron Jaime Hales y Carmen Hertz en un escrito presentado al ministro Rojas, llegar a otra conclusion no parece ser dificil: "El mas elemental raciocinio nos debe llegar a concluir que los asesinos deben ser buscados entre personas afectas al regimen imperante, muy fanaticas o dispuestas a cumplir sin bacilar cualquier orden, preparadas para actuar y dar muerte a seres humanos con bastante facilidad".  Fueron incluso mas explicitos: "El grupo de facinerosos no solo estaba integrado por personas que tiene simpatia en grado de fanatismo a las actuales autoridades politicas del pais, sino un grado de autoridad que les asegura el desplazamiento expedito a traves de la ciudad.  Es decir, quienes cometieron estos crimenes eran portadores de salvoconductos o eran personas de aquellas que no los necesitan para desplazarse".

O como lo senalo Hales a ANALISIS: "Es claro que era mas dificil encontrar a los culpables de esos asesinatos que a quienes participaron en el atentado al general Pinochet.  Sabemos donde se los encontraba, podemos presumir su rol de pagos, conocemos el poder que tienen.  Pero mientras no haya voluntad de la autoridad policial, administrativa y militar, no se conoceran sus nombres, que es lo unico que falta".  Concluyo: "No basta con un buen juez.  Hay que tener un buen aparato investigador, y no lo hay.  Pero ello tampoco basta, hay que tener investigadores con voluntad.

(Reportaje publicado en Revista ANALISIS No.157 despues de levantarse el Estado de Sitio de 1986).

"Era uno de los imprescindibles"

A Pepe lo secuestraron en presencia de su mujer, Silvia Vera, y de sus hijos Ivan, de 16 anos, Luciano, de 14, y Alfredo, de 12 anos.  Eran diez para las cinco de la madrugada del 8 de septiembre pasado cuando golpearon la puerta.  Por una precaucion historica, Silvia acudio a ver.  La recibio un grito de "¡Policía! ¡Jose Carrasco, abra la puerta!".  Casi no alcanzo a avisar a su companero de los ultimos diez anos – a quien habia conocido buscando su marido desaparecido – cuando echaron abajo la puerta del departamneto del Barrio Bellavista.  Dos hombres, uno muy alto y uno chico que usaba jockey entraron al dormitorio y se llevaron a empellones a Pepe.  No lo dejaron siquiera ponerse los zapatos, "no los vai a necesitar", le dijeron.  Quince minutos despues le descerrajaban en la cabeza los catorce tiros de una pistola semiautomatica.  Su cuerpo quedo botado al lado de una muralla del Cementerio Parque del Recuerdo.

"Despues que le dije 'Pepe, te buscan' supe que no lo veria mas con vida.  El no tenia otra forma de morir porque nunca habia claudicado.  No le perdonaron que no transara sus principios fundamentales: luchar por una sociedad justa para su pueblo.  Por ello, era su enemigo irreconciliable.  Y a sus enemigos irreconciliables los matan", expresa Silvia.  Sin embargo, anade que no vivian angustiados con Pepe.  "Haciamos cosas hermosas en medio del peligro que nos acechaba.  Desde la vuelta del exilio, en 1984, el era un hombre completamente feliz: habia logrado trabajar en periodismo en su pais.  Habia vuelto a se r reconocido por sus colegas, que lo habian elegido dirigente del Colegio de Periodistas.  Me tenia a mi, que lo venia siguiendo desde la carcel.  Estaba por fin junto a todos sus hijos y cerca de su familia despues de diez anos de carcel y destierro".

La suerte estaba echada para Pepe practicamente desde que volvio al pais.  En Agosto de 1984, el gobierno lo acuso publicamente de haber planificado "el accionar subversivo" para ese ano junto a otros dirigentes del MIR.  En Agosto pasado, quince dias antes de su asesinato, se monto una nueva amenaza.  A diversos lugares y a diversas personas – incluida la subdirectora de ANALISIS, Maria Olivia Mönckeberg – llegaron unos panfletos que anunciaban que Pepe "seria ajusticiado".  Los firmaba una supuesta "Direccion" del MIR, que acusaba a Pepe de "traidor al pueblo".  El, que era militante de ese partido desde hacia 25 anos, denuncio que el modus operandi era similar a aquel con se habia justificado el asesinato de 119 personas detenidas y desaparecidas en 1974.  El MIR tambien desmintio la autoria de los panfletos.

Por precaucion, Pepe partio a Buenos Aires el 20 de Agosto.  Regreso 48 horas antes de su muerte.  En entrevista concedida excepcionalmente un dia antes del secuestro, expreso: "Amamos la paz, amamos la vida, pero mas que nada, amamos la justicia y la libertad, y por la justicia y la libertad estamos dispuestos a dar la vida si es necesario".

SU COMPROMISO CRECIENTE

Jose Carrasco Tapia era de origen humilde.  Desde nino vivio en la Comuna de Conchali, donde hasta hoy siguen sus padres: Humberto, un ex-obrero de la construccion, y Graciela, de una familia de mineros de las salitreras.  De su cuatro hermanos – tres mujeres y un hombre -, las tres primeras murieron tragicamente.

Pepe era un hombre que se carcterizaba por la alegria a pesar del sino de la tragedia que marco su vida: cuando lo detuvo la Marina, en diciembre de 1974, su companera fue asesinada.

Durante su adolescencia, Pepe no tuvo un vinculo directo con la politica.  Este era solo familiar: sus padres eran viejos militantes del Partido Socialista.  Su toma de conciencia comenzo cuando entro al Pedagogico, en 1962, tambien su pasion por el periodismo.  En la agitada decada del '60 hubo en ese mundo gente y experiencias que lo fueron definiendo.  En 1968 entro al Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

A partir de esa decision, tomo otra que tampoco abandonaria: no dejar el periodismo a pesar de sus responsabilidades partidarias.  Solo hubo una excepcion: entre septiembre de 1973 y su llegada al exilio.  Despues del Golpe de Estado, entro a vivir clandestinamente.  En esa situacion fue detenido en Concepcion.  Estuvo dos anos preso, sin cargo alguno.  Fue brutalmente torturado en Talcahuano para luego ser llevado a Villa Grimaldi y Cuatro Alamos, donde continuaron los tormentos.  Solo tres meses despues, el Gobierno reconocio su detencion en el Campo de Prisioneros de Tres Alamos.  De alli paso al Campamento de Puchuncavi, donde estuvo hasta noviembre de 1976, cuando salio libre.

Alli tuvo activa participacion en la primera huelga de hambre que se realizo en el Gobierno militar.  Fue la forma en que mas de 100 presos politicos denunciaron la matanza de 119 personas de las que se dijo que habian muerto en "purgas internas del MIR".

Al recuperar su libertad, Pepe se vio obligado a optar por el autoexilio pues su vida habia sido amenazada.  En marzo de 1977 dejo el pais.

En Abril de 1984 cumplio el sueno de volver, al precio que fuera.  Su rapida integracion al periodismo, en revista ANALISIS; a la politica, en el Movimiento Democratico Popular, y a la labor gremial, en el Colegio de la Orden, le costaron, tambien muy pronto, la vida.

El Juez Fernando Montenegro, del Vigesimo Primer Juzgado del Crimen y quien tomo en primera instancia el proceso de Pepe, realiza la reconstitucion de la escena del secuestro.  El nochero Claudio Canales le entrega informacion sobre como actuo el Comando.  El tambien estuvo retenido por los asesinos, dentro del furgon donde se llevaron a Pepe.

LOS CUATRO CRIMENES TRAS EL ATENTADO:

Pruebas ineditas delatan a los culpables

El domingo 7 de septiembre de 1986, a las 18.40 horas, el general Pinochet regresaba desde su residencia en El melocoton.  Su auto y los que integraban su escolta fueron emboscados.  Cinco hombres murieron entre los agentes de seguridad del general mientras este ultimo resultaba ileso.

En todo Santiago se encendio de inmediato la alerta roja.  En forma desordenada y masiva, los servicios de seguridad del Regimen invadieron las calles de la ciudad.  La alarma tambien cundio entre la ciudadania, que no sabia cuales serian las consecuencias del hecho inesperado.  En muchas casas la gente se reunio alrededor de las pantallas de television.  Aquellos que miraban las imagenes que difundia el Canal 7 de television escucharon, con asombro, un singular llamado de "Utilidad Publica".  Totalmente fuera del contexto noticioso del momento, una voz llamo a los socios del"Club Deportivo Papillon", de Colina, a reunirse con caracter de urgente.  El aviso se repitio en pantalla varias veces durante una hora.

Entre los que a esa hora miraban las emisiones del canal estatal habia algunos que lo hacian cumpliendo una funcion.  La esposa de un militar asignado a tareas de seguridad comento a ANALISIS: "Siempre veo los programas del 7, mi marido debe verlos, me dice que en cualquier momento puede recibir mensajes en clave".

Y si de clave se trata, lo cierto que ese domingo 7 de septiembre en Colina no hubo ni un solo Club Papillon que se reuniera a solucionar urgentes problemas deportivos.  Lo que si sucedio cuatro horas mas tarde fue que un Comando, sorteando todas las barreras policiales y militares que cercaban las calles de la ciudad en medio del nuevo orden que impuso el Estado de Sitio, llego sin contratiempos hasta la misma Comuna de Pudahuel, vigilada desde todos sus angulos.  Desde la poblacion "Sara Gajardo" secuestro desde su hogar al electricista Felipe Rivera, antiguo militante comunista y cunado de uno de los detenidos por el hallazgo de los arsenales.

Dos horas mas tarde, la misma comitiva atraveso nuevamente las calles de la ciudad sitiada y repitio la misma operacion en la casa de Gaston Vidaurrazaga, en San Bernardo.  Gaston era un destacado militante del MIR. Una hora despues tambien era secuestrado el Editor Internacional de ANALISIS y dirigente nacional del Colegio de Periodistas, Jose Carrasco, tambien militante del MIR.  Quien completo la lista fue otro destacado militante comunista en los tiempos de la Unidad Popular, el publicista Abraham Muskatblit.  Los cuatro fueron secuestrados en operaciones que tuvieron la misma marca y las mismas caracteristicas para luego aparecer acribillados en cuatro puntos de Santiago.

A un ano de ocurridos los crimenes, el Ministro en Visita que lleva el caso, magistrado Aquiles Rojas, de la Corte Pedro Aguirre Cerda, no ha logrado dar con ningun culpable.  A pesar de las condiciones en que actuaron.  No ocurrio lo kismo en el caso del atentado al general Pinochet, donde – a pesar de que los fusileros actuaron sin vigencia de toque de queda y sin regir Estado de Sitio – parte del grupo fue encontrado un mes despues de eludir el ferreo cerco policial y militar que se monto inmediatamente despues del atentado.

ANALISIS cuenta con antecedentes ineditos sobre la secuencia de hechos que rodearon los asesinatos de los cuatro izquierdistas acribillados en septiembre de 1986.  Y de estos se desprende que si el Ministro Rojas no ha podido hacer justicia o acercarse a la verdad es porque – como senala Jaime Hales, uno de los abogados querellantes en el caso de Jose Carrasco – "ha tenido la imposibilidad material de hacerlo.  La colaboracion de los organismos auxiliares de la justicia ha sido casi nula".

EL "MODUS OPERANDI"

El comando asesino inicio su recorrido a las 2.15 del 8 de septiembre de 1986.  La viuda de Felipe Herrera, Alicia Lira, relata: "Puedo asegurar que eran militares aunque no llevaran uniforme.  No eran civiles cualquiera.  Se les notaba por la forma que saltaron el muro, por la forma de impartir ordenes, de pegar la carrera cuando sacaron a mi marido a la calle.  Llevaban pasamontanas verde oliva, casacas cortas, iban con bluyines y uno daba las ordenes: '¡Tu para alla, tu para aca!'.  Cuando en un momento sali al patio y grite, uno de ellos corrio detras mio y me tapo la boca y sin hablar me llevo para adentro.  Actuaban con seguridad".

Poco antes de las cuatro de la madrugada, el grupo homicida llego al hogar del profesor de 29 anos Gaston Vidaurrazaga, hijo de la jueza Yolanda Manriquez, titular del Undecimo Juzgado Civil.  La segunda victima vivia con su esposa Marisol Aros y su hija de tres anos.  En el proceso que lleva el Ministro Rojas consta que la pareja vivia en condiciones de clandestinidad.  Vidaurrazaga era un alto dirigente del MIR en Santiago.  Su hermano Ignacio habia caido preso en 1984 y sigue encarcelado.  Segun declaro la duena de la casa en que vivia la pareja, ella conocia a Vidaurrazaga por otro nombre y asi constaba en el contrato de arriendo.

La puerta de la casa fue derribada violentamente por los miembros del comando que se llevaron a Vidaurrazaga casi sin ropa, mientras su esposa corria a protegerse hacia la casa del fondo, donde vivia la arrendadora.  Marisol Aros declaro ante el Ministro Rojas que al volver vio que en la casa estaba todo hecho pedazos.  Vecinos escucharon disparos que – segun dijeron fueron hechos al aire para evitar que la gente saliera a mirar.  Una vecina, ante este escandalo, llamo a Carabineros.  La policia llego en los momentos en que el auto con Vidaurrazaga iba partiendo.  Nada se hizo por detenerlo.  Los Carabineros se limitaron a registrar otra vez la casa.  Dijeron que habia explosivos y un lanza cohetes en el patio y por ello se llevaron detenida a Marisol Aros y su hija, a la Comisaria de San Bernardo.  Siete vecinos declararon ante el Ministro Rojas, senalando que escucharon los disparos, carreras y que vieron partir un vehiculo donde iba Vidaurrazaga.

El abogado Claudio Torres, patrocinante de la querella criminal en este caso, senalo a ANALISIS que, aparte de la pregunta ¿sabia el comando que alli vivia Vidaurrazaga?, habia otra serie de interrogantes e irregularidades.  Poe ejemplo, que el parte policial fue hecho por "hallazgo de cadaver y tenencia de explosivos".  "¿Porque – se pregunta – se hace un parte conjunto Ssi los dos hechos supuestamente no tenian que ver e incluso ocurrieron en distintos lugares?".  El cuerpo de Vidaurrazaga con 16 impactos de bala aparecio a cinco kilometros, frente al Motel "Toi et Moi".  Alli lo encontro Radiopatrullas de la Trigesima Comisaria a las 7 de la manana.  Los funcionarios dieron cuenta a la Tenencia de San Bernardo y alli se decidio – insolitamente – notificar del hecho al titular de la Tercera Fiscalia Militar, Luis Acevedo.  Fue entonces este Fiscal quien ordeno a sus subalternos levantar el cadaver.

Carabineros tambien aviso a la familia de Vidaurrazaga que Marisol aros estaba detenida para que fueran a buscar a su hija de tres anos.  A la hermana del joven asesinado le dijeron que ellos tenian un carnet de identidad de Gaston Vidaurrazaga.  ¿Como y porque lo tenian? ¿Tuvieron contacto con quienes se llevaron a Vidaurrazaga?.

El abogado Claudio Torres tambien senala que Carabineros no aviso a la Brigada de Homicidios, de modo que solo cuando el cuerpo llego a la morgue, tras el peritaje de los funcionaros de la Fiscalia, se pudo tomar las fotos y datos pertinentes.

Diez para las cinco de la manana el comando llego al departamento de Jose Carrasco, ubicado en el barrio de Bellavista.  El "modus operandi" fue similar, pero en este caso no hubo allanamiento a la morada.  Sin embargo, hay otros hechos que constan en el sumario que llevan a las mismas obvias preguntas de los casos anteriores.  El periodista de ANALISIS fue la ultima vistima de esa madrugada.  Veinticuatro horas despues, el comando iria a buscar a Abraham Muskatblit a su casa, ubicada cerca del lugar del atentado, en el Cajon del Maipo.  El cadaver del publicista apareceria con siete balas en el cuerpo y con senales de tortura dos dias despues.

Antes que el caso de Jose Carrasco pasara a manos del magistrado Rojas, el juez Montenegro trato de avanzar arduamente en la investigacion, accion que continuo el Ministro Rojas.  Primero se hizo una reconstitucion con el nochero, luego se dio curso  trece de las catorce diligencias que la parte querellante solicito.

Una de estas fue citar a todo el personal policial que estaba en la tenencia de El Salto la noche del crimen.  Ello porque el cadaver de Carrasco, con trece balas en la cabeza y una en el pie, fue encontrado casi a un kilometro del reten.  Y porque el recorrido que hizo el furgon, al que lo subieron los dos sujetos que lo sacaron de su doemitorio, debio obligadamente pasar por el frente o el costado del cuartel policial.  Iba ademas seguido de otro auto, Datsun modelo Stanza, segun los testigos.

Pero en sus declaraciones, desde el jefe maximo de la tenencia, teniente Gilberto Aravena Jones, hasta el ultimo de los funcionarios senalaron textualmente: "En esa madrugada no paso ningun vehiculo"; "Esa noche estuve de guardia y no paso nada especial".  Anadieron que frente al reten se pusieron las barreras de control a las 19.00 horas – en la esquina de El Salto con Americo Vespucio – y que estas "no se retiraron" en ningun momento.

Una version bastante distinta fue la que dieron testigos oculares que viven en la poblacion "Heroes de la Concepcion", situada en Americo Vespucio, frente al cementerio "Parque del Recuerdo".  Un panificador, cuyo nombre consta en el proceso, presto declaracion extrajudicial a funcionarios de Investigaciones senalando: "Encontrandome de madrugada en mi trabajo, me percate que en Americo Vespucio, casi frente a mi domicilio, habia dos vehiculos estacionados al costado norte: un furgon utilitario y un auto, ambos blancos.  En ese momento vi que desde el furgon descendio un individuo que fue al otro automovil, y despues de permanecer brevemente, volvio al furgon.  Se escucho una puerta corredera y casi al instante, varios disparos continuos provenientes del mismo lugar.  Enseguida, el furgon inicio la marcha por la calzada norte hacia el poniente, seguido por el auto".  Otros dos testigos, C.O.G. y C.G.R. declararon lo mismo.

El nochero del edificio donde vivia Pepe Carrasco tambien identifico "un auto blanco, con vidrios polarizados, mas el furgon".

A las once de la manana del dia siguiente un poblador aviso en el reten que habia un cadaver en el muro del cementerio.  El juez Montenegro cito tambien a declarar a todos los funcionarios policiales que estuvieron esa manana de guardia, los que declararon que fueron al lugar y al verificar que habia una persona muerta llamaron a la Brigada de Homicidios.  Esta llego a las 12 del dia.  A las 14.00 horas estaba – senalan los abogados – el informe de la identidad del occiso: Jose Carrasco Tapia. ¿Porque esta institucion oculto por 24 horas el hecho mientras en el pais y el mundo entero se exigia saber del paradero del periodista y solo el 9 de septiembre informo que no lo habia detenido? ¿Porque Canal 13 y el diario "La Nacion" senalaron esa noche y a la manana siguiente que Jose Carrasco estaba "detenido en Investigaciones"? ¿Porque nunca dieron una respuesta concreta sobre quien fue la fuente de esa informacion? ¿Porque en el lugar donde fue acribillado Carrasco se encontraron solo cuatro proyectiles y 11 vainillas vacias si todas las balas salieron de su cuerpo, como senala la autopsia?

Las preguntas sin respuestas se convierten en este caso en respuestas que conducen a los culpables.  Como senala el abogado Jaime Hales, "de las diligencias pedidas al Ministerio de Defensa y a la Jefatura de la Zona en Estado Sitio, solicitando la nomina de los autos que podian circular esa madrugada, de las personas que podian portar armas, salvoconductos, etcetera; de las unidades policiales y militares que tenian a su cargo la vigilancia de los lugares aledanos a las casas de los secuestrados, nada se obtuvo".  Y agrego: "Todas las respuestas fueron las mismas: 'No se puede responder a Usia por tratarse de informacion confidencial', 'por razones de seguridad nacional',etcetera".

Hales concluye que "el Ministerio de Defensa sabia quienes en Chile eran duenos de las armas que se usaron esas dos noches, sabia que autos tenian permiso,para circular, solo que no quiere entregar la informacion".

Lo claro es que en las cuatro operaciones hay un modus operandis que se repite, automoviles y vehiculos identificados, descripciones de miembros del comando asesino.  Y con todos estos elementos en la mano, la Brigada Especials que Investigaciones creo para investigar los crimenes concluyo en el informe entregado al ministro que: se establecio la efectividad de la denuncia, es decir, que hay cuatro murtos, que los mataron terceros "que serian desconocidos" y que "hay retratos hablados".

El informe de los sabuesos que dirigio el comisario Juan Fieldhouse podria contrastarse con la opinion que entrego el juez Fernando Montenegro, quien llevo en una primera instancia el caso de Jose Carrasco y seis dias despues de los asesinatos afirmo que, de acuerdo a los procedimientos adoptados por el grupo, "se trataria de gente con experiencia en este tipo de maniobras, atleticos, que no trepidan en saltar rejas de proteccion, que se movilizan en horas de toque de queda en lugares con vigilancia militar y policial y cuyo patron de accion es similar en los cuatro casos que se investigan".

Las pistas y las evidencias senalan claramente a los culpables.  Para los proximos dias se esperan importantes diligencias que podrian conducir a la identificacion de uno de los asesinos, que estaria individualizado por la viuda de Abraham Muskatblit, Maria Elena Alvarado.  La verdad entonces esta alli, muy cerca, pero hacer justicia ya es otra historia.

(Reportaje publicado en Revista ANALISIS No.190, del 31 de agosto al 6 de septiembre de 1987)

PERIODISMO BAJO ESTADO DE SITIO

A pesar del terror y la mordaza

Asi se esta escribiendo la historia de este pais…ANALISIS esta otra vez en la calle.  Tambien "El Fortin Mapocho", y luego estara "Cauce", "La Bicicleta", "Pluma y Pincel".  Termino el Estado de sitio y hasta el Toque de Queda.  La sede de esta Revista en manuel Montt volvio a ser hervidero de noticias y comentarios, acelerado y estimulante.  Ya no seran unos pocos lectores de cartas informativas los que recibiran el resultado del trabajo semanal, sino que de nuevo volveremos a llegar a miles y miles de chilenos.  Y eso alienta a seguir adelante con renovada fuerza, en la linea que nos hemos trazado.

Pero…

Si, por todos y cada uno de los que conformamos este equipo de trabajo, un sentimiento extrano paso en algun instante de la ajetreada semana que termino en medio de los aprontes de la reaparicion: ¡Y no es para menos!

ANALISIS vuelve a salir.  Retoma el camino abruptamente interrumpido el 7 de septiembre.  Pero uno de los nuestros, el editor internacional, Jose Carrasco Tapia, fue asesinado aquella madrugada del 8 de septiembre cuando un siniestro comando lo secuestro desde su casa.

Ese fin de semana habiamos trabajado codo a codo con Pepe Carrasco preparando el No.157 de ANALISIS.  Este numero nunca logro salir a la venta porque la misma noche del domingo, un rato despues del atentado contra la caravana del general Pinochet, el Gobierno decreto el Estado de Sitio y funcionarios de Investigaciones incautaron las peliculas de ANALISIS desde los talleres de la imprenta, en virtud del Estado de Sitio que suspendio las revistas en forma indefinida.

Periodista al fin y al cabo, mas que de su seguridad personal por la que podria haber estado inquieto un militante de Izquierda como el, ante lo sucedido en el pais, esa noche del domingo, Pepe Carrasco estaba preocupado porque la revista iba a salir "aneja".  Y tras dos llamadas telefonicas al director Juan Pablo Cardenas, este decidio para la impresion de la Revista antes de que se anunciara el Estado de Sitio.  Una simple anecdota que refleja el espiritu de Pepe y que de paso sirvio para que ANALISIS se ahorrara algunos miles de pesos, ya que cuando llegaron los agentes de Investigaciones a requisar el numero, que debia salir esa semana, solo encontraron las peliculas.

El drama que tino con el signo del terror al periodismo chileno se desencadeno diez para las cinco de la madrugada del lunes 8, cuando Pepe Carrasco fue secuestrado desde su departamento.  Durante todo ese dia, los dirigentes del Colegio, los trabajadores de ANALISIS y sus familiares hicieron innumerables gestiones indagando por su paradero.  Pepe Carrasco tambien era Consejero del Colegio de Periodistas, como delegado del Metropolitano al Consejo Nacional.

En un comienzo se penso que podia tratarse de una detencion mas como las muchas que se practicaron esa manana.  Pero a medida que transcurria el dia y se sucedian las respuestas negativas sobre su paradero de parte de Investigaciones ("no lo tenemos en nuestros cuarteles"") y de la CNI, la preocupacion y la incredulidad iban en aumento.

Concurrimos hasta la Morgue – "para descartar la posibilidad" – junto al presidente del Colegio de Periodistas, Ignacio Gonzalez, al secretario general, Guillermo Torres, y al abogado Luis Eduardo Thayer.  La "gestion" se mantenia en reserva.  En esos momentos casi ni podiamos creer lo que estabamos viviendo.  Mientras haciamos antesala en la Morgue y llamabamos al Ministerio de Justicia, para que autorizaran ver los cadaveres – cuestion que no se logro – intentabamos romper el silencio de los funcionarios del Instituto Medico Legal.  Se necesitaba obtener algun dato que permitiera saber la verdad de una vez por todas o mantener las ya debilitadas esperanzas.

Logramos averiguar que efectivamente habia llegado un cadaver, pasado el medio dia, con caracteristicas que podian ser las d Pepe Carrasco.  Pelo oscuro, bigotes, alrededor de 40 anos, no llevaba zapatos…Las senales fueron confrmadas por el director del Instituto que, tras nuestra insistencia, recibio a Ignacio Gonzalez.  Finalmente esa misma tarde, un alto jefe de Carabineros recibio al presidente del Colegio ya con el parte policial en la mano.  Tras el informe policial no habia dudas: el NN del Parque del Recuerdo no era otro que el dirigente del Colegio de Periodistas de Chile y Editor Internacional de Revista ANALISIS, Jose Carrasco Tapia.

La comprobacion definitiva la tuvimos al dia siguiente.  Dirigentes del Colegio y el hermano de Pepe, Raul Carrasco, llegaron temprano hasta la Morgue.  Pero no pudimos ver el cadaver de inmediato.  Explico atentamente una funcionaria que se le estaba haciendo la autopsia a ese NN del Parque del Recuerdo.  Nos entrego en cambio el sobre con las impresiones dactilares del cadaver a quien se le hacia la autopsia.  Un colega nos llevo en auto con Ignacio Gonzalez y Raul Carrasco, hasta el Gabinete de Identificacion.  Alli se entrego la comprobacion oficial: las huellas dactilares correspondian.  Minutos mas tarde, cuando ya la noticia del asesinato de Pepe golpeaba en los flashes de las radios, junto a su mujer Silvia Vera y a Raul Carrasco, entramos a la Morgue, al reconocimiento oficial del cadaver.

Horas despues, cientos de periodistas y amigos concurrieron hasta la sede gremial, hasta donde fue trasladado el cadaver tras horas y horas de espera.  El acceso al Colegio en calle Amunategui estaba interrumpido por la concentracion masiva de los adeptos del general Pinochet..  Solo cerca de la medianoche Pepe Carrasco pudo empezar a ser velado en la sede de su Colegio.  Los dirigentes nacionales iniciaron una guardia de honor que continuo con el equipo de ANALISIS encabezado por Juan Pablo Cardenas, cuya suerte por esos dias era incierta, lo mismo que la de los otros directores de las revistas.  Los rumores de ordenes de detencion cundian en medio de un clima cargado de horror y del silencio impuesto.

DEMANDAS DE LA SIP

Bajo el Estado de Sitio visitaron el Colegio de Periodistas importantes personeros extranjeros preocupados de la situacion en Chile.  Entre otros, estuvo una delegacion de la Sociedad Interamericana de Prensa que precisamente tenia que entregar su informe la segunda semana de enero. Los representantes de la SIP, que interpretan a los empresarios de la prensa de Estados Unidos y de America Latina, hicieron suyas las dos demandas centrales que habia venido haciendo el Colegio de Periodistas desde septiembre: esclarecimiento del asesinato de Jose Carrasco y fin a las clausuras, lo que implicaba el levantamiento del Estado de Sitio.  Asi se lo plantearon los delegados de la SIP al ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, quien argumento que las revistas estaban clausuradas para asegurar una expedita investigacion en el caso de los arsenales y el atentado.  Los delegados de la SIP, a pesar de los argumentos de Cuadra, insistieron en su demanda.

A ls pocos dias la mano se solto para revist "Apsi", pero cayo la mordaza para la recien reabierta revista cultural "Pluma y Pincel".  Finalmente, en las visperas del Ano Nuevo, con el levantamiento del Estado de Sitio en Santiago se abrio el paso para la salida de ANALISIS, "Fortin Mapocho", "Cauce", "La Bicicleta" y "Pluma y Pincel".  1987 se inicia asi con un signo alentador.  Esta semana esta en la calle reencontrandose con sus lectores ANALISIS y "Fortin Mapocho".  Para el 26 esta anunciada la salida de "Cauce", que cuenta ahora con nuevos miembros del directorio – Hernan Vodanovic y otros personeros vinculados al area socialista – y con novedades en su plana ejecutiva periodistica: Francisco Herreros fue designado director y subdirector Victor Vaccaro.  El "Fortin", por su parte, tiene novedades mas substanciales que anunciar: en una fecha proxima saldra diariamente.

En definitiva, superamos un nuevo periodo de Estado de Sitio, mas amargo y complejo que el anterior.  Sabemos que el levantamiento del Estado de Sitio no es una vistoria definitiva.  La experiencia indica que han sido multiples las formas de represion sobre el quehacer periodistico.  Basta recordar los requerimientos de julio, despues del paro de la Asamblea de la Civilidad, que significo desfilar por los tribunales a 29 personas vinculadas a ANALISIS, un mes de carcel para el director, aun encargado reo, y tres semanas de clausura, o el proceso de justicia militar seguido contra "Cauce".  Todo esto puede volver a ocurrir cuando quien ostenta el poder lo estime necesario.  Sabemos, como se ha dicho en el Colegio tantas veces, que sin democracia no habra libertad de expresion.  Y sabemos tambien que esta lucha por defender este principio basico requiere de toda la sociedad.  No solo de los periodistas.

Atrapado entre el muro de la impunidad y la conspiración del silencio

 NOMBRE

José Humberto Carrasco Tapia

 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

Santiago, 24 de agosto de 1943

 ESPECIALIDAD

Periodista, Universidad de Chile

 LUGAR Y FECHA DE MUERTE

Santiago, 8 de septiembre de 1986, en el cementerio Parque del Recuerdo.

 ACTIVIDADES

En los años ’60 trabajó en las revistas Gol y Gol, Siete Días y Punto Final ; en La Tercera, radio Minería y Canal 9 de Televisión. Editor internacional de Análisis en los '80. También se desempeñó en medios de Venezuela y México durante su exilio. Fue dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

 SITUACION JUDICIAL (1996)

Causa a cargo del Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones P.A.C. Aquiles Rojas (sustituido por enfermedad por Juan Manuel Escandón), Rol 3-F-86, se encuentra en sumario.

«Te voy a contar la historia terrible y dramática de tu abuelo, porque vale la pena relatarla. No tengo pruebas de quiénes lo asesinaron. Pero, ¿qué importa que no las tenga si todos sabemos quienes fueron sus asesinos?»

Con este preámbulo imagina el abogado Jaime Hales su libro Escúchame, "Peppone chico", texto que escribiría para el nieto homónimo de José Carrasco. Insiste, vehemente, en que «la verdad existe desde el primer momento, aunque nosotros no tengamos la sentencia de esta causa».

José Carrasco Tapia fue asesinado cuando cumplía 43 años. Lo sacaron a medio vestir de su departamento de calle Santa Filomena, en el barrio Bellavista, durante la madrugada del 8 de septiembre de 1986, para acribillarlo a balazos en un muro del cementerio Parque del Recuerdo. En su caso, uno de los más claros y evidentes, sólo faltan los nombres de quienes integraron la «patota criminal».

Cinco horas antes del asesinato, un grupo guerrillero cometió un atentado contra Augusto Pinochet. Toda la noche Santiago estuvo militarizado, con las tropas al mando del jefe de la Guarnición, general Julio Canessa. El control castrense y policial fue total.

Alguien esa noche emitió la orden de perpetrar una venganza ejemplarizadora. Con el secuestro y asesinato de cuatro notorios opositores a la dictadura, el mandato se cumplió en horas en que nadie podía circular por la ciudad. José Carrasco fue sacado de su domicilio en pijamas, sin calcetines ("No los va a necesitar", le dijo a su familia uno de los asesinos), ante la angustia de Silvia Vera, su mujer, y de Iván, Luciano y Alfredo, sus hijos.

Según el abogado Nelson Caucoto, el proceso por el asesinato de José Carrasco sería el único que estuvo más de 5 años con prohibición de informar, hasta septiembre de 1996, por decisión del ministro que sustanció el proceso, el magistrado Aquiles Rojas, adoptada el 18 de julio de 1991. Después de diez años del alevoso crimen, la presión de los periodistas y estudiantes de periodismo logró que el ministro suplente (el titular estaba enfermo) Juan Manuel Escandón levantara por fin la prohibición de informar.

"Purga interna de extremistas"

Los automóviles de los secuestradores circularon impunemente bajo el toque de queda, recorrieron calles y avenidas vigiladas por uniformados, pasaron frente al regimiento Buin y movieron la barrera de la tenencia de Carabineros de El Salto, por donde no podían pasar ni las ambulancias.

En el paredón del cementerio, José Carrasco recibió doce disparos en el tórax y uno en el pie. Otro balazo dio contra el muro. En total fueron catorce estampidos de ametralladora, gatillados a 800 metros de un cuartel policial y a 1.200 de una patrulla militar.

Para los abogados que presentaron la querella criminal, Carmen Hertz y Jaime Hales, "quienes cometieron el crimen eran personas eximidas del toque de queda, autorizadas a portar armas y a deambular sin impedimentos frente a cuarteles militares y en medio de patrullas policiales".

Para el secretario general de Gobierno Francisco Javier Cuadra, de guardia en La Moneda durante toda la noche del 7 al 8 de septiembre, "las cuatro muertes investigadas fueron consecuencia de una purga interna entre sectores marxistas, relacionada con el fracaso del atentado contra el general Pinochet". El abogado Hales retrucó esta descabellada afirmación: "Sabemos dónde encontrar a los culpables. Podemos presumir su rol de pagos. El nombre de los asesinos es el único dato que falta".

Hombre justo y bueno

Treinta meses antes de su muerte, Pepe Carrasco —Peppone para sus amigos— se despidió en México de sus hijos Iván (14) y Luciano Carrasco Mora (12). En esa asoleada tarde de invierno, su presencia en el departamento del barrio Coyoacán fue todo un alboroto. Pepe siempre fue bueno, dulce y cariñoso con los niños. En sus frecuentes viajes nunca se olvidó de escribirles para aconsejarlos y contarles sus experiencias.

Esa tarde los instó a que salieran bien en sus exámenes "para que así la mamá acepte que regresen a Chile a vivir conmigo". Los niños bajaron a la calle a despedirlo y yo lo vi por última vez desde la ventana del living.

A los tres meses recibía a sus dos hijos con infinita alegría. "Es una felicidad inmensa poder compartir con ellos e influir en su formación de adolescentes", dijo en una carta enviada a México en la Navidad de 1984. La alegría duró apenas 780 días. Iván y Luciano vivieron la terrible experiencia del secuestro y asesinato de su padre, un hombre justo y bueno.

Rosa Tapia, su tía, lo recuerda como un niño tímido pero preocupado por la situación de "los de abajo". Siempre fue sencillo y amistoso con sus amigos de Conchalí, barrio en que nació y se crió. Lo ofendían las injusticias, la discriminación y la marginalidad. "Me duele el corazón cuando veo a los niño descalzos por las calles frías", decía.

Pudo estudiar y llegar a la Universidad para estudiar periodismo en "la Chile" por el esfuerzo de sus padres, sobre todo de doña Chela, su madre, quien lo inscribió en el Instituto Nacional porque deseaba la mejor educación para el primogénito. La enseñanza laica, solidaria y libertaria que recibió en esas aulas, lo marcó para siempre. "Soy de los que alcanzaron a educarse con el sistema gratuito; sólo pagábamos la matrícula", recordaba Pepe.

Trayectoria profesional

Trabajó en las revistas Gol y Gol, Siete Días y Punto Final, donde también fue miembro del consejo de redacción. Además, se desempeñó en el diario La Tercera, en radio Minería y en Canal 9 de Televisión, de la Universidad de Chile, donde participó en los noticiarios y en el programa Emisión Cero.

Durante los primeros años de la década del ’70 comenzó a dedicarse a la política a tiempo completo, como dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Después del golpe, fue detenido en 1974, torturado en la base naval de Talcahuano y trasladado a la tristemente célebre Villa Grimaldi, el presidio secreto de la DINA en Santiago.

Más tarde fue enviado al campo de prisioneros de Puchuncaví, donde lideró la primera huelga de hambre de prisioneros políticos para denunciar el asesinato de «los 119», nómina de detenidos desaparecidos que aparecieron "muertos" en Argentina, según publicaciones de diarios brasileños, argentinos y chilenos orquestadas por los agregados de prensa de la dictadura.

Liberado en 1976, inició su exilio en Venezuela en 1977, donde trabajó en El Diario de Caracas y en empresas publicitarias del chileno Raúl Alvarez, Papelucho, también ex alumno de la escuela de periodismo de "la Chile". Radicado después en México, trabajó en una versión internacional de la revista Punto Final junto a Mario Díaz.

De regreso en Chile en 1984, ejerció como editor internacional de la revista Análisis y corresponsal del diario mexicano Uno más uno. Fue miembro del consejo metropolitano del Colegio de Periodistas y dirigente del Movimiento Democrático Popular, (MDP), en representación del MIR.

En una entrevista sobre las amenazas de muerte que recibió en esos días, cuarenta y ocho horas antes de morir reafirmó sus ideales: "Amamos la vida y amamos la paz, pero más que nada amamos la justicia y la libertad. Por ellas estamos dispuestos a dar la vida".

Ni la justicia fue "justa", ni la libertad le fue pródiga. Como paradoja del destino, no se puede informar sobre su causa. "Me sobrecoge, porque siento que es una traición tan grande a un hombre tan bueno", dijo el abogado y escritor Jaime Hales, decepcionado como muchos amigos y colegas de Pepe porque la imposición del silencio en torno al caso impide el camino hacia la verdad.

Soberbia de un régimen

Desde las primeras horas del crimen, La Moneda tendió un manto de confusión. Mientras Francisco Javier Cuadra hablaba de purgas internas de sectores marxistas, intentando confundir a la opinión pública sobre los cuatro crímenes de la noche del 7 al 8 de septiembre, un Comando 11 de septiembre enviaba un mensaje a El Mercurio, La Segunda y La Tercera, adjudicándose los asesinatos como un apoyo al régimen militar.

Jaime Hales recuerda las primeras diligencias que le tocó realizar en el caso: "Yo puedo afirmar que toda esta operación fue dirigida aquella noche desde la secretaría general de Gobierno del régimen militar. Allí se dio la orden de proceder, atacar y ejecutar. Las dos personas que se encontraban "al mando" aquella madrugada en La Moneda eran un civil y un general, y que yo sepa ninguna de ellas ha sido interrogada hasta ahora por el magistrado instructor".

El ministerio de Defensa se negó a investigar al autodenominado «Comando 11 de septiembre». "No fue posible realizar ninguna de las diligencias que se solicitaron y que tenían que ver con actuaciones administrativas de los organismos dependientes del ministerio de Defensa", dijo la abogada Carmen Hertz. "En una ocasión se pidieron 25 diligencias y ni una sola fue acogida".

Para el gremio periodístico y los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, el comando estuvo integrado por personal de los servicios de seguridad. No fueron "patotas sueltas" ni "particulares armados". Esos servicios, adscritos jerárquicamente a la cúpula de las Fuerzas Armadas, están amparados por disposiciones legales que impiden a la justicia civil constituirse en los cuarteles para investigar a los presuntos culpables.

Enredando el proceso

El proceso se inició el 2/10/86, con el ministro Aquiles Rojas como instructor, pero al poco tiempo la Corte Suprema desautorizó su actuación. "Era una persona que pretendía investigar y llegar al final, pero la resolución de la Corte Suprema desautorizando todo el trabajo realizado, indudablemente lo marcó. Y también trastrocó el devenir del proceso hasta hoy", enjuició el abogado Caucoto.

"La actitud de la Corte Suprema fue uno de los mantos de impunidad que se tendieron para enredar, entorpecer y enmarañar la causa", afirmó. El abogado piensa que "la Suprema se amparó en la excesiva publicidad otorgada al caso y en que las fotografías del principal inculpado —Jorge Vargas Bories— aparecieran con gran difusión en la prensa. La publicidad terminó por causar daño a la investigación porque los abogados de Vargas Boris se aprovecharon de la situación para invalidar todo lo obrado, amparándose en esos «excesos»".

"A fines de 1986 apareció en el «Caso Carrasco» el agente Fuentes Ciscutti, quien sirvió más para enredar las investigaciones que para aclararlas y entregar nombres de los verdaderos culpables", dijo el abogado. "Apareció de repente y de una manera muy extraña, como inducido a perturbar y a enredar las investigaciones. Advertido de esta situación por los abogados querellantes, el ministro Aquiles Rojas continuó su trabajo con los antecedentes que entregó el agente y perdió meses en comprobar aportes que no llevaron a nada concreto".

El velo se extendió, mientras cada personaje desempeñaba su rol en un libreto en que todos los protagonistas perseguían la impunidad. Las autoridades de gobierno no colaboraron, la policía se desentendió, la justicia se mostraba temerosa y los medios de comunicación del gobierno completaron el elenco ocultando los hechos con versiones oficiosas, tendenciosas y falsas.

"El principal policía encargado de ocultar las pruebas del crimen de Carrasco era el hombre de confianza de Francisco Javier Cuadra, entonces secretario general de Gobierno. Junto a otros que aún están en actividad en los servicios policiales, algunos ocupando puestos de confianza de las autoridades, cumplieron muy bien su papel: manipularon, frenaron y paralizaron las investigaciones", acusó Jaime Hales.

Presiones y amenazas

A Pepe Carrasco le gustaban las películas de contenido social y político. A comienzos de los ’70, causó gran impacto el film "Z", del realizador Costa Gavras, contando la historia de un periodista que investigaba crímenes contra los opositores al régimen militar griego, pero terminó descubriendo a los responsables entre las autoridades del gobierno, la policía, los funcionarios militares y judiciales, toda una red que encubría a los verdaderos culpables tras una maraña de desinformación. Como muchos espectadores de la época, Pepe quedó impresionado por el contenido del film político. Paradójicamente, la intriga que desenmascaró el periodista de Costa Gavras resultaría con los años muy semejante al Caso Carrasco.

"Fue sin duda una venganza, ejecutada con todas las señales para que quedara muy claro quiénes eran sus autores, porque se sabía de antemano que las autoridades militares no buscarían a los culpables", reiteró una y otra vez el abogado Hales. Además, hubo amenazas contra los jueces desde que comenzaron los procesos por la muerte de las cuatro personas secuestradas durante esa noche del 7 al 8 de septiembre.

"El director de Investigaciones, Fernando Paredes, designó una comisión especial para investigar estos crímenes, pero se da la paradoja que ese grupo realizó muchas diligencias para emitir informes verdaderamente infantiles, como que las víctimas murieron «por balas» y por «acción de terceros», en circunstancias que, en mi propia oficina, Investigaciones interrogó a testigos para después hacer ese informe increíble. Hay constancia que a la jueza Berta Rodríguez le negaron auto y bencina para hacer una importante diligencia"*, afirmó Jorge Mario Saavedra, abogado de la familia de Abraham Muskatblit, otra de las víctimas de aquella noche.

"Entre los jueces, las presiones psicológicas influyen más que en cualquier otra persona, y es peor aún cuando estas presiones provienen de sus propios superiores", explicó el abogado Nelson Caucoto. "Es muy difícil que los jueces de abajo puedan oponerse al criterio de sus superiores. En este país son pocos los que contrarían el parecer de los de arriba. Al final, ellos saben que son esos señores quienes califican su trabajo. No tengo dudas que hubo y hay presiones ocultas en este caso", acusó, categórico.

"Desde el comienzo, el ministro Rojas** no hizo lo que tenía que hacer para enrumbar las investigaciones", recordó Jaime Hales. "No se atrevió a tomar las medidas necesarias para llegar al esclarecimiento de toda la verdad. Prefirió ascender en su carrera, antes que hacer justicia".

Sumisión y temor

Las investigaciones del Caso Carrasco se desenvuelven por más de 10 años entre la sumisión y el miedo. "Un elemento más de la represión es la justicia militar y también la civil, que es sumisa a aquélla", explicó en 1987 la abogada Carmen Hertz. Los abogados de derechos humanos sostuvieron que "los altos magistrados son los que llevan la voz cantante en este coro de obsecuentes". En la época hubo jueces que privadamente reconocieron no hacer justicia por temor a las amenazas de afuera y a las reprimendas de sus superiores, desde el interior del Poder Judicial. La Justicia vivió en esos años su etapa más obscura.

Los abogados de la Vicaría de la Solidaridad sabían muy bien cuál sería el destino de los jueces que se atrevían a investigar a fondo las violaciones de los derechos humanos. "Eran sancionados, trasladados, se cuestionaban sus ascensos y dejadas sin efecto sus resoluciones. Nadie los aplaudía por sus severas investigaciones. Y todo el mundo los criticaba si insistían en interrogar a algún militar", señaló Carmen Hertz. Probablemente, esos temores llevaron a Aquiles Rojas a decretar la prohibición de informar, el 18 de julio de 1986.

"No sólo enfrentamos la impunidad, sino que también nos imponen la conspiración del silencio", reclamó Carmen Hertz. "La imposición del silencio impide el camino de la verdad y eso no lo podemos aceptar", demandó Hales. Los magistrados saben que los efectos de estas medidas siempre son negativos. El desenlace lógico es que los procesos inician la lenta marcha hacia el olvido.

Ausencia de justicia

Durante 23 años, los chilenos se habituaron a vivir en ausencia de justicia. Las encuestas confirman la apreciación negativa que tiene la gente sobre la aplicación del derecho. El magistrado Marcos Libedinsky no ocultó su sorpresa cuando la ciudadanía aplaudió en las calles el fallo contra los responsables del crimen de Orlando Letelier: "La sensación que tuve no fue de alegría ni de conformidad, sino una extraña sensación de ver a la gente en las calles celebrando un fallo". Para el abogado Nelson Caucoto, las expresivas palabras del ministro Libedinsky constituyen una "autoconfesión", no de un hombre, sino de todo el Poder Judicial. "Antes la gente no celebró nada porque aquí no hubo justicia. Y si alguien celebra algo es porque no ocurre todos los días", sentenció. A don Humberto Carrasco, el padre de José Carrasco, la muerte lo sorprende a los 80 años, en 1996, sin perder todavía la esperanza en que los asesinos de su hijo terminen en la cárcel.

El abogado del caso, Nelson Caucoto, no pudo acceder al sumario durante los 5 años en que permaneció secreto y con prohibición de informar. Cada vez que solicitó al ministro levantar las medidas, sostuvo que "las prohibiciones de informar son esencialmente transitorias y su prolongación en el tiempo favorece más a los delincuentes que a las víctimas". Afirmó que la opinión pública tiene derecho a saber que el caso sigue abierto, que la investigación prosigue y que los culpables continúan libres.

En el Caso Carrasco hubo obstrucción de justicia, manipulación de informes, desidia en las investigaciones de la policía, amenazas, sumisión y temores de jueces, aplicación del silencio, entrega de información tendenciosa a través de cierta prensa y buscadores de notoriedad que sólo favorecieron al principal inculpado.

"Creo que el tiempo también hace su aporte, no para olvidar, sino para descubrir la verdad", dijo Nelson Caucoto. "Algún día aparecerá alguien que, desde el propio comando, nos cuente cómo ocurrió todo".

Jaime Hales cree saber quiénes fueron los autores intelectuales: «La justicia está en deuda con José Carrasco Tapia: hay que contar la historia, públicamente; la historia verdadera. No tenemos pruebas, pero ¡qué importa que no las tengamos!»

La prohibición de informar se levantó el 12 de septiembre de 1996, después que el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, accedió a la solicitud del Colegio de Periodistas formulada el día 9.

Al poderse hablar públicamente del tema, el abogado Caucoto afirmó que una maniobra de inteligencia dejó sin efecto el auto de procesamiento contra el principal inculpado, el agente CNI Jorge Vargas Bories, quien se encontraba detenido por la quiebra fraudulenta de la empresa de transportes Santa Bárbara, aparentemente una pantalla de la CNI. Vargas Bories fue encausado por Aquiles Rojas después que fuera reconocido por los familiares de José Carrasco.

El juez fijó para el 12 de septiembre de 1990 la diligencia de reconocimiento en rueda de presos, pero el detenido fue llevado antes al palacio de los tribunales y expuesto a la prensa que cubre esa fuente. Cuando la imagen de Vargas Bories apareció en revistas y televisión, se echó por tierra el trabajo del ministro Rojas. La Corte Suprema acogió un reclamo de la defensa de Vargas Bories, declaró viciada la diligencia y dejó sin efecto los cargos contra el único encausado hasta entonces.

Caucoto cree que los autores deben buscarse donde lo hizo el ministro Rojas. "Es decir —dijo—, el círculo de sospechosos sigue estando vinculado, única y exclusivamente, a la CNI".

Notas:

(*) Asesinato de un Periodista, Patricia Collyer y María José Luque, Editorial Emisión, 1987.

(**) Desde 1997 instruye el sumario el ministro Juan Manuel Escandón, por enfermedad, y luego defunción, del ministro Rojas.

Olivia Mora, periodista formada en la Universidad de Chile, trabajó en Las Noticias de Ultima Hora, radio Magallanes y La Nación, entre otros medios. Continuó en la profesión durante su exilio en Perú y México. Actualmente se desempeña en la Cancillería, como Agregada de Prensa en Buenos Aires. En 1996-1998 fue doirigente del Consejo Metropolitana del Colegio de Periodistas. Estuvo casada con José Carrasco Tapia, con quien tuvo dos hijos.

Un ex agente de la CNI que declara en el cuaderno secreto de la ministra Dobra Lusic inculpa a dos de sus compañeros del crimen del periodista José Carrasco Tapia, ocurrido tras el atentado a Augusto Pinochet, el 7 de septiembre de 1986.

El pasado seis de abril la ministra Dobra Lusic se declaró incompetente para seguir conociendo el proceso por el homicidio del periodista José Carrasco Tapia y cuatro disidentes al régimen militar, lo que nuevamente otorgó notoriedad pública al emblemático caso.

La decisión de la magistrada derivó en que la causa se acumuló a la llamada Operación Albania, que fue instruida por el magistrado Milton Juica -quien precisamente hoy jura como el nuevo miembro de la Corte Suprema-, quien también logró amplios resultados, al igual que Dobra Lusic, en su investigación.

Conozca los detalles del cuaderno secreto:

''Negro, tú eres el único que puede ayudarnos''

"Al momento que procede a abrir el portamaletas del auto, al interior me mostró un saco de color verde de transporte de ropa del Ejército, que contenía varias armas", asegura el testigo secreto del caso Carrasco.

El 8 de septiembre de 1986, entre las 14 y 15 horas, un automóvil Nissan Stanza color celeste, perteneciente a la Brigada Especial de la Unidad Antisubersiva de la CNI (UAT), llegó hasta el domicilio de un ex agente de ese servicio, cuya identidad El Mostrador se reserva por razones de seguridad.

En el vehículo iba el oficial civil de la CNI y luego empleado del DINE, Jorge Vargas Bories (o Jorge Polanco) y como conductor el agente Víctor Muñoz Orellana ("El cordillera").

Vargas Bories bajó del auto y tocó el timbre de la casa. "Negro, tú eres el único que puede ayudarnos", dijo a uno de los testigos secretos de la causa que instruye la ministra en visita Dobra Lusic, por la muerte de cuatro opositores al régimen militar, el 8 de septiembre de 1986, entre quienes se contaba el editor de la desaparecida revista Análisis, José Carrasco Tapia.

El testigo se interesó en las palabras de Vargas Bories y lo acompañó hasta el vehículo.

"Al momento que procede a abrir el portamaletas del auto, al interior me mostró un saco de color verde de transporte de ropa del Ejército, que contenía varias armas", continúa.

La presente declaración está extractada del cuaderno secreto del proceso y consta -a su vez- en el "informe pericial balístico reservado Nº 28", fechado el 29 de septiembre de 1999, al que tuvo acceso exclusivo El Mostrador por una fuente que pidió mantener reserva de su identidad.

''Estos fierros están calientes''

"A la vista del saco, yo ví un fusil AK, una ametralladora con silenciador marca HK SD2, una pistola CZ, una pistola Llama y una pistola Walther PPK, calibre 7.65 mm con silenciador", relató el declarante a la magistrada especial.

Vargas Bories, según el testigo, siguió con su relato: "Anoche fileteamos a unos huevones y los fierros hay que pajearlos" (sic), asegura el testigo, quien explica que en la jerga de la CNI la última palabra significaba alterar el estriado de los cañones. Esto sirve para modificar las marcas que, al disparar, el ánima (la parte interna del cañón) le hace a las vainillas y a los proyectiles.

Las estrías son el rayado helicoidal que tienen los cañones de las armas -salvo las escopetas y los morteros-, que sirven para dar mayor precisión a las balas que tienen trayectoria tensa.

"A la vista del saco, yo ví un fusil AK, una ametralladora con silenciador marca HK SD2, una pistola CZ, una pistola Llama y una pistola Walther PPK, calibre 7.65 mm con silenciador", relató el declarante a la magistrada especial.

El ex agente se negó a la petición de Vargas Bories. "Estos fierros están calientes. Lo que quiere decir que habían sido usados recientemente", aseguró.

Declara que Vargas Bories "me insultó tratándome de traidor y, acto seguido, se fueron en el mismo vehículo, sin que volviera a verlos".

La noche del 8 de septiembre, al escuchar las noticias referidas a la muerte de José Carrasco, Abraham Muskablit, Eugenio Rivera y Gastón Vidaurrázaga a manos del autodenominado Comando 11 de Septiembre, el testigo las relacionó "en forma inmediata".

Notables coincidencias

En el informe mencionado, el jefe del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), subprefecto Fernando Ilabaca, valora la la declaración del testigo secreto porque su reconocimiento de las armas es coincidente con el análisis balístico hecho a los proyectiles que quedaron en los cuerpos de las víctimas. "Por lo señalado precedentemente, lo expuesto por el declarante es notable, dada la coincidencia establecida en el armamento señalado", escribió Ilabaca.

En el anexo 2 del informe policial Nº 233/000202 del 9 de junio de este año y que fue preparado por el Departamento Quinto de Investigaciones, otro testigo menciona las armas de cargo que tenía la CNI. Todas concinciden con las que Vargas Bories habría mostrado al testigo secreto.

En el informe mencionado, el jefe del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), subprefecto Fernando Ilabaca, señala "por lo señalado precedentemente, lo expuesto por el declarante es notable, dada la coincidencia establecida en el armamento señalado".

Cabe recordar que si bien las armas pertenecían al cargo fiscal, al disolverse la CNI, según testigos declarantes, éstas fueron vendidas a los funcionarios y otras traspasadas al cargo de Inteligencia del Ejército.

Las que fueron usadas en el crimen nunca han sido halladas ni entregadas por el Ejército. Se presume que las hicieron desaparecer.

La pistola vinculada al tráfico de drogas

El arma que permitió asesinar a uno de los cuatro disidentes al régimen militar fue vendida a un narcotraficante por 30 mil pesos.

La pistola Walther 7,65 mm que aparece mencionada en el proceso, perteneció a un ingeniero y asesor en materia de diseño de armas y explosivos de proyectos secretos de FAMAE, cuya identidad este medio se reserva porque no declara en el proceso como inculpado.

En 1984 le vendió a bajo precio el arma, según declaró ante la ministra Dobra Lusic, a un oficial de Ejército que conocía, pero de quien, casualmente, olvidó su nombre.

Años más tarde, la misma arma apareció implicada en un contrabando de droga en el norte del país.

El implicado en el narcotráfico declaró en el expediente, que la magistrada tuvo a la vista, que el arma le fue vendida en 30 mil pesos por un hombre en las cercanías del persa del Bío-Bio.

''Vengo a contar mi verdad''

A fines del año pasado el coronel activo del Ejército Krantz Bauer Donoso, procesado en calidad de autor en el crimen de José Carrasco y en la Operación Albania, con lo cual arriesga un posible presidio perpetuo hasta la pena de muerte, se reunió en secreto con tres abogados de derechos humanos a quienes les relató paso a paso como se realizó la operación que terminó con la vida del periodista.

En noviembre del año pasado el coronel activo del Ejército Krantz Bauer Donoso tenía problemas de conciencia y deseaba delimitar responsabilidades en las operaciones en las que había participado.

Hasta esa fecha figuraba procesado en calidad de autor del delito de secuestro calificado seguido de homicidio, tanto en el caso Carrasco como en la Operación Albania. Bauer sabía en ese instante que arriegaba la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Su idea no sólo era relatar su verdad sino, además, había un marco amplio de colaboración de los ex agentes de la CNI, que buscaban que se les aplicara las pena que les correspondía, evitando ser sancionados por los actos cometidos por otras personas o en el cumplimiento de órdenes superiores.

Fue así como Bauer Donoso se reunió con los abogados de derechos humanos Nelson Caucoto, Héctor Salazar y Jorge Mario Saavedra.

El militar, en un acto que no dejó de llamar la atención a los profesionales, relató paso a paso cómo se ejecutó la operación que terminó con la vida del ex editor de la revista Análisis, José Carrasco Tapia, y otros tres opositores del régimen militar, en venganza por el atentado perpetrado por el FPMR contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986.

El encuentro, solicitado por el propio oficial se realizó en una oficina de Santiago, que las fuentes solicitaron se mantenga en reserva.

Jorge Molina Sanhueza

Le enviamos a la familia de Luciano Carrasco, a sus compañeros  y amigos, nuestros mas profundos sentimientos, en esta nueva tragedia.

El asesinato de Jose Carrasco "Pepone), esta aun impune como miles de otros asesinatos y desaparecimientos. La muerte de Luciano, muestra una vez mas, que los crimenes de la dictadura no estan en el pasado, sino que siguen afectando el presente mientras no se logre justicia por cada uno de los casos.

Seguiremos trabajando por el rescate de la memoria y la justicia.

Proyecto Internacional de Derechos Humanos – Londres
Memoriaviva

El ministro en visita Hugo Dolmestch dictó ayer la acusación en la investigación por el crimen de periodista José Carrasco Tapia y otros tres profesionales asesinados en septiembre de 1986 por agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) en venganza por el atentado perpetrado contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido unos días antes.

El magistrado acusó al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de José Carrasco Tapia, Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez y Abraham Muskatblit Eidelstein.

En calidad de coautores del secuestro y homicidio de Rivera dictó cargos contra el oficial (R) del Ejército Pedro Javier Guzmán Olivares, el detective

(R) Gonzalo Fernando Maas del Valle, Víctor Hugo Lara Cataldo y René Armando Valdovinos Morales. En la misma calidad, pero contra Vidaurrázaga, imputó al comandante (R) Krantz Bauer Donoso, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa.

Igual acusación recayó sobre el coronel (R) de Carabineros Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, el mayor (R) Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López como coautores del crimen de Carrasco Tapia.

Igual causa recayó en contra de Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Ramón Meneses Arcauz por el delito de secuestro seguido de homicidio de Muskatblit.

En octubre del año pasado, el ministro Dolmestch recalificó el procesamiento de 14 ex agentes de la CNI involucrados en la muerte de estos cuatro profesionales. En ese fallo también absolvió a tres ex agentes: Hernán Vásquez, Egon Barra y Luis Sanhueza.

Luego de esta resolución, las defensas tienen 20 días para contestar la acusación. En ese plazo los querellantes también pueden formular sus propios cargos y deducir las acciones civiles que correspondan.

Posterior a la acusación viene el plenario, donde acusados y acusadores deberán prestar declaración para contrastar las versiones que entregaron inicialmente al juez en el período sumario. Posteriormente sigue la dictación de la sentencia de primera instancia.

Seis meses después que mataran al profesional en septiembre de 1986, sus amigas y colegas Patricia Collyer y María José Luque publicaron “Asesinato de un periodista”. 22 años más tarde presentan el texto actualizado. Acá Collyer entrega detalles de la publicación.

Se podía oler la sangre en el aire. El atentado frustrado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo, gatilló el destino del periodista de revista Análisis José Carrasco Tapia, quien fue asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) al otro día del atentado.

Por una petición del director de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, las periodistas y compañeras de redacción de Carrasco, Patricia Collyer y María José Luque publicaron el 10 de marzo de 1987, cuando se cumplieron seis meses del homicidio de "Pepone" -como le decían cariñosamente- la primera edición del libro "Asesinato de un periodista". En él se escribió cómo fueron los hechos que le quitaron la vida.

Ahora, tras 22 años del alevoso crimen de este luchador por los derechos humanos, se lanzará una nueva edición de "Crimen de un periodista", corregida y actualizada.

Las autoras detallaron cómo ocurrieron los hechos esa fatídica madrugada del 8 de septiembre de 1986. Ahora se identifica con nombre y apellido a los responsables de los crimenes y además el nuevo texto relata detalles desconocidos del actuar de la CNI.

La historia narra que inmediatamente después del atentado se decretó estado de sitio y los profesionales de Análisis temían posibles represalias. Sin embargo, Carrasco decidió volver a su hogar, de donde fue sacado violentamente por desconocidos. Al día siguiente fue encontrado muerto en las inmediaciones del Parque del Recuerdo con 14 disparos de bala en el cuerpo.

"Cuando escribimos la vida y el asesinato de Pepe como un homenaje a él, siempre estuvo la idea de reeditarlo. Han pasado 22 años y ha habido cinco jueces que llevaron una investigación y llegaron, incluso, a dictar sentencias definitivas en contra de todos los integrantes de los comandos asesinos", dice Collyer. Agrega que todo el capítulo de los procesos, confesiones, sentencias y los roles de cada juez es material nuevo en la edición.

Mañana será presentada la obra en una conversación entre las autoras y el ex director de Análisis, Juan Pablo Cárdenas, que se realizará en vivo en el programa radial "Vuelan las plumas" que conduce la periodista Vivian Lavín, a las 18:45 horas en Sala Master de la Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.

-Llama la atención que las especulaciones que ustedes escribieron hace 22 años calquen tan bien con las declaraciones de los involucrados.

-Nosotros habíamos especulado cómo había sido el crimen. Lo increíble que calza casi todo, porque era tan obvio cómo habían actuado en esa época. Entonces, ahora en las escenas donde se cometen los crímenes se agregaron los nombres y en dos capítulos se dieron a conocer todos los detalles del proceso y de las sentencias.

-¿Pensó José en algún minuto que podían tomar represalia?

-Creo que sí. La revista ya estaba en la imprenta el viernes y esto (el atentado) fue un domingo. Estábamos en nuestras casas y Pepe empezó a catetear para cambiar la portada y él se ofreció para ir a la imprenta y cambiarla, al menos logró que la revista no saliera como estaba. Luego nosotros le dijimos que no se fuera a su casa, pero él no quiso irse a dormir a otro lado porque su señora estaba súper enferma de la columna, estaba en reposo. Y me imagino que pensó la posibilidad, pero fue una ruleta rusa que se jugó y le salió mal. Él siempre me decía "cada vez que le doy contacto al auto pienso que va a estallar", pero igual él apostaba a la vida y apostó ese día también y perdió. Tenía algunas señales que podían tenerlo en engorda, pero ese día se fue a su casa.

También se disminuyó el castigo al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán y a los miembros del comando 11 de Septiembre, Jorge Vargas e Iván Quiroz.

Once ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) no irán a la cárcel.

Ayer la Corte Suprema resolvió que podrán cumplir en libertad vigilada las condenas que les impuso por su participación en los crueles asesinatos del periodista y editor de la revista Análisis José Carrasco Tapia, el técnico electrónico Felipe Rivera Gajardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskatblit Eidelstein.

Todos fueron ultimados entre el 8 y el 9 de septiembre de 1986 como venganza al frustrado atentado contra el dictador Augusto Pinochet.

El máximo tribunal acogió la atenuante de media prescripción, que otorga beneficios a quienes hayan sido detenidos después de la mitad del plazo que se espera para que una acción penal quede extinta.

De esta forma, los ministros rebajaron gradualmente las penas dictadas por el tribunal de alzada. Así el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, quedó condenado a 12 años de cárcel, obteniendo un descuento de seis años.

La misma suerte corrieron los miembros de la brigada 11 de Septiembre: Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz, a quienes se les bajó de 13 a siete años la condena.

Pero, sin duda, los que recibieron la mayor prerrogativa fueron los agentes operativos del organismo represor y quienes ejecutaron a los cuatro profesionales.

Se trata de Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Kranz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, Juan Jorquera Abarzúa, Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcauz.

Los 11 agentes fueron condenados a 5 años, sin embargo, no estarán un sólo día tras las rejas, pues quedaron el libertad bajo la vigilancia de Gendarmería.

Sobre las reparaciones económicas a las familias, el fisco ya había acordado pagar $210 millones a los familiares de José Carrasco y la misma suma a los parientes de Gastón Vidaurrázaga, $270 millones a los de Abraham Muskablit y otros $90 millones a los de Felipe Rivera Gajardo.

El abogado querellante Nelson Caucoto llamó a mirar la resolución desde una perspectiva positiva, pues es un juicio en el cual se llegó a la verdad y hubo reparación.

"Nos queda pendiente el tema de la sanción penal, creemos que para crímenes horrorosos debe haber penas más sustantivas y mucho más elevadas", dijo.

Agregó que "nos estamos acostumbrando con muy poco" frente al escenario que vivieron las víctimas "en una noche en que la CNI y la policía se volvieron locas en este país".

Finalmente, dijo que esta causa quedará consagrada en la historia con una sentencia condenatoria, con una pena respetable para los jefes.

"Hay que destacar que los jefes están siendo más condenados que los subordinados, lo que me parece un criterio correcto", señaló Caucoto, quien definió este crimen como "uno de aquellos imperdonables".

La actividad se desarrollará el jueves 8 de septiembre a las 20 horas en el auditorio Jorge Mueller.

La madrugada del 8 de septiembre de 1986, un día después de que un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) atentase contra la vida del dictador Augusto Pinochet, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinan al periodista José Carrasco Tapia, dirigente gremial y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), como parte de la represalia por los cinco escoltas fallecidos.

“Pepone”, como le decían sus amigos, junto a Felipe Rivera Gajardo, electricista, militante del PC y funcionario de la Tesorería General de la República, y Gastón Vidaurrazaga Manríquez, profesor, artista plástico y militante del MIR, fueron encontrados acribillados a balazos.

A 30 años de su muerte, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI) realizará a las 18 horas una ceremonia conmemorativa para recordarlo en el Auditorio Jorge Müller (Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa). Participarán la directora del ICEI y Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Mönckeberg; el también Premio Nacional, fundador y exdirector de la revista “Análisis” y ahora director de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas; Patricia Collyer, una de las autoras del libro “José Carrasco Tapia: asesinato de un periodista” y Patricio Martínez, vicepresidente del Colegio de Periodistas.

Una vida contra la censura y la democracia

José Carrasco Tapia combatió desde la prensa la dictadura cívico-militar. Fue editor internacional de la revista “Análisis”, creada por Juan Pablo Cárdenas en 1977, transformándose en una de las principales revistas de oposición. Fue además consejero del Colegio de Periodistas, miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y parte del Movimiento Democrático Popular (MDP).

Tuvo dos hijos, Iván y Luciano, con la periodista Olivia Mora. El 6 de diciembre de 1974 fue detenido y deambuló por diversos campos de concentración como Cuatro Álamos y Puchuncaví hasta 1976; sSe exilió en México y Venezuela con su compañera Silvia Vera regresando al país en 1984, con quién se encontraba la noche de su muerte.

En la época en que todos los periodistas trabajaban con miedo, Carrasco siguió de pie, aún cuando pensaba que cada vez que prendía su auto, éste podía explotar. Fue miembro del consejo de redacción de “Punto Final” hasta el golpe militar, corresponsal del diario “Uno Más Uno” de México y del “Diario” de Caracas, además de ser colaborador del semanario “El Periodista” de Buenos Aires.

Un día antes de su asesinato, a sus 43 años, dio una entrevista al medio “Prensa Latina” donde afirmó: “amamos la paz y amamos la vida, pero más que nada amamos la justicia y amamos la libertad. Y por la justicia y la libertad estamos dispuestos a dar la vida si es necesario“.

La periodista Susana Kuncar recuerda que la noche de su muerte Juan Pablo Cárdenas le insistió telefónicamente que pasaran la noche juntos en casa de María Olivia Mönckeberg, no lo hizo y se fue a su domicilio. “Soy periodista, soy periodista, soy periodista”, con estas, sus últimas palabras escuchadas mientras se lo llevaban hombres de la CNI, pasó a conformar la lista de los 31 periodistas y estudiantes de periodismo asesinados y desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Condenas

Recién el año 2006 el ministro en visita Haroldo Brito dictó condena contra 14 exagentes de la disuelta CNI por el asesinato de José Carrasco y los otros tres profesionales ejecutados esa noche. En diciembre del 2007 la 9° Corte de la Sala de Apelaciones de Santiago confirmó el dictamen del ministro en visita.

Sin embargo, dos años después, la Corte Suprema resolvió rebajar la condena para quienes fueron encontrados culpables de estos crímenes. De esta manera el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, fue condenado a 12 años de cárcel, logrando un descuento de seis años.

Por su parte los miembros de la brigada 11 de septiembre, Jorge Vargas e Iván Quiróz, sufrieron una rebaja de 13 a 7 años de condena. Y los 11 agentes operativos del organismo –y quienes efectuaron las ejecuciones- quedaron en libertad bajo vigilancia de Gendarmería. Ellos son: Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Kranz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, Juan Jorquera Abarzúa, Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcauz.

 La segunda muerte de José Carrasco

El sacrificio de Luciano es como otra muerte de su padre, José Carrasco.

El segundo hijo del periodista nunca se repuso de la terrible experiencia que vivió en la madrugada del 8 de septiembre de 1986, cuando a los 14 años una banda armada secuestró a su padre desde la tibieza del hogar del barrio Bellavista. Esa noche Luciano presenció cómo lo sacaron a medio vestir, sin dejarle atarse los zapatos. «No los va a necesitar», espetó un sicario.

Luciano y su hermano Iván se volcaron jóvenes a una intensa actividad política, siguiendo el camino de Peppone. Sin embargo, Luciano jamás se repuso de lo vivido esa madrugada. La depresión fue en adelante compañía permanente.

Su tragedia tiene que ver con la ausencia de justicia, aunque se conoce a los culpables con pelos y señas desde hace años. Si se hubiera hecho justicia, la familia habría recibido “además” una legítima reparación del Estado.

Se habría podido financiar un tratamiento adecuado para la depresión crónica de Luciano.Aunque parezca que su decisión recae, impotente, en el dolor de las personas equivocadas (su madre, la periodista Olivia Mora, quien sacó adelante a la familia; su hija de 10 años; su hermano Iván, sus amigos…), su inmolación es un grito desesperado por la justicia que todavía no ofrecen los tribunales, 16 años después y… en democracia. Luciano puso en el tapete una cuestión mucho más profunda: la sociedad y el Estado le deben a la juventud reventada por el asesinato y/o la desaparición de sus seres queridos la posibilidad de atención médica, rehabilitación psicológica y tratamiento adecuado. Desde luego, jamás nada reemplazará a los seres de su afecto perdidos para siempre.
Además de privarlos de sus seres queridos, a estos jóvenes se les ha quitado el piso mismo de la vida. Es demasiada crueldad.

No a la impunidad para quienes te asesinaron   No quisiéramos tener que escribir estas líneas. No quisiéramos porque Pepe Carrasco debería estar con nosotros. Acompañándonos en el trabajo, con ese debordante optimismo con que llegó a trabajar a Revista ANALISIS en 1984. Pero, con dolor e indignacion, hoy debemos recordar otra vez la fatídica fecha en que fue asesinado. Este 8 de Septiembre se cumplen dos años desde que José Carrasco, nuestro amigo y nuestro colega, fuera secuestrado de su hogar y luego cobardemente acribillado por un comando que actuó en la mas completa impunidad. Es inevitable admitir que en esa madrugada de horror segaron la vida de un hombre que era de esos imprescindibles e irremplazables. Pero a dos años de su crimen también es nítido y rotundo el aprender con alegría que quienes lo mataron no sabían que hombres como Pepe nunca mueren. Y que esto no es sólo una frase sino una constatación cotidiana.

Por eso, aunque hoy conmemoramos su partida, su muerte en esa madrugada brutal, queremos mas que nada recordar su vida. Porque Pepe está con nosotros. Con su ejemplo, con su pasión por la vida, con su valentía inclaudicable. Y es ese recuerdo, ese legado, el que nos da la fuerza – aún en los momentos mas duros, como los que hoy vive la prensa libre en nuestro país – para seguir luchando por el inviolable derecho a la dignidad. Por eso Pepe esta vivo. Y a ese Pepe queremos recordar en esta fecha luctuosa. Al hombre que nunca transó valores esenciales y que nos acompaña, enseñandonos a diario la dignidad. Hoy los invitamos a transformar este segundo aniversario de su crimen en momento de esperanza y no de tristeza. En un momento de reflexión y no de derrota. Un momento para unir voluntades y construir las madrugadas de luz por las que lucho Pepe. Y para que nunca vuelvan a repetirse las madrugadas de horror en nuestro país.             8 de Septiembre de 1988. Analisis

Habla miembro de Comando "Septiembre Once" Al Comando "Septiembre Once" se lo conocia por amenazas que hizo en multiple murallas santiaguinas antes de los crimenes de septiembre pasado: frases como: "muerte a los rojos", "a matar comunistas" las firmo con su sigla S/11. La ligazon entre esos rayados y los asesinatos de Jose Carrasco, Abraham Muskatblit, Gaston Vidaurrazaga y Felipe Rivera, se establecio el 12 de septiembre. Cuando los cuatro asesinatos eran aun una brutalidad incapaz de aceptarse, una voz masculina llamo a las agencias de noticias. Friamente informo que el "Comando Septiembre Once" era el autor de la matanza cometida en las madrugadas del 8 y 9 de ese mes y justifico su proceder con la Ley del Talion: "Cinco fueron los muertos del atentado al presidente Augusto Pinochet, cinco seran los muertos por cada escolta asesinado". La noticia, que entonces aparecio escuetamente en la prensa, confirmo lo que era una creencia masiva. Tambien dejo sin asidero la version del Gobierno, que intento explicar lo inexplicable: los Ministros del Interior, Ricardo Garcia, y de Secretaria General de Gobierno, Francisco Cuadra, habian asegurado que los asesinos correspondian a "una purga entre grupos marxistas", relacionada con "el fracaso de atentado". La probable quinta victima del Comando – el abogado Luis Toro, de la Vicaria de la Solidaridad – logro desbaratar su secuestro gracias a la ayuda de sus vecinos y a una voz que le advirtio telefonicamente lo que le ocurriria. Los sujetos debieron arrancar incluso despues de haber entrado al patio de la casa de Toro y de haber forzado puertas. Despues de ese "trabajo" frustado, que sin muchas dudas se atribuyo al Comando criminal, este dejo de operar, al menos con su "firma". Reaparecion el 31 de diciembre pasado. Como para que no se fuera a creer que estaba inactivo y tal vez queriendo darle un macabro simbolismo a su accion, el Comando cerro el ano 1986 con un asalto a una sede diplomatica. Quizas tambien la idea era mostrar el poder e impunidad de que goza, ya que el local del Comite Intergubernamental de Migraciones, CIM, fue invadido a plena luz del dia por un grupo de civiles armados. Estos estuvieron por mas de tres horas revisando archivos y sacando informacion precisa. Actuaron con una brutalidad ya conocida, golpeando incluso a mujeres, y sin importarles que el lugar estuviera lleno de publico. Con un fuero insospechado, los hombre, finalmente, pintarrajearon las paredes del CIM con una variante de su firma: "Frente Nacionalista Anticomunista Once de Septiembre". Como en septiembre, la accion causo conmocion. Esta vez el tipo de organizacion vejado llevo la protesta a otras esferas. El directivo maximo del CIM, Giacinto Maselli, viajo a Chile a exigir explicaciones, "porque se ha violentado, en todo el sentido de la palabra, a las personas alli presentes y se ha violado la inmunidad diplomatica". El Gobierno le dio excusas: "Esto es condenable y deleznable", "es inaudito que se use la fecha once de septiembre para una accion de ese tipo" dijeron personeros del Regimen. Felizmente, en su ultima accion del ano el grupo hizo una distincion: no dejo muertos en el camino. A cuatro mese de los asesinatos de militantes, los cuatro de izquierda, parece haber buenas pistas. Al menos sobre un grupo que se da el mismo nombre. El problema es el de siempre: hasta donde podra llegar la investigacion. Por otro lado, el amordazamiento a la prensa durante el Estado de Sitio impidio toda difusion de esos datos. ANALISIS entrega en forma exclusiva los documentos que habria servido de base para que el ministro en Visita, Aquiles Rojas, quien investiga los asesinatos, indagara sobre las posibles o ninguna vinculaciones entre el comando que se atribuyo los asesinatos y el que fue procesado por la justicia militar hace tres años.

La informacion, inesperada y clave, que tendria el juez Rojas habria tenido interes en Fuentes Ciscutti luego de conocer una confesion que este hizo dsde la carcel. ANALISIS tuvo acceso a este documento. Ensu confesion, Fuentes Ciscutti senala que la hace "sin presion alguna y frente a los acontecimientos que vive el pais". La dirige a la "Cruz Roja Internacional, Comite Internacional de Derechos Humanos, Embajadas de Francia e Italia y Arzobispado de Santiago". Consta que lo dicho por Fuentes en su confesion coincide con la informacion que primeramente entrego el FPMR. Tambien ha trascendido que Fuentes la habria ratificado plenamente ante el juez Rojas. Es decir, que el Comando Septiembre Once es "un escuadron antiterrorista de infiltracion, fuente de contrainteligencia, formado por civiles, oficiales militares de planta y oficiales de reserva pertenecientes a las siguientes unidades: Regimiento Arsenales de Guerra; Regimiento Tacna, Centro de Inteligencia Nacional del ejercito, CINE, Central Nacional de Informaciones". Que las misiones del grupo serian "reunir informacion de inteligencia-conexion" sobre distintos grupos sociales y una "operacion silencio" dirigida a "politicos, universitarios y prensa". Fuentes Ciscutti relata tambien su trayectoria y los origenes del Comando que integro: "En el tiempo de la Unidad Popular fui integrante del MAPU en la Universidad de Punta Arenas. Despues del pronunciamiento militar fui reclutado por el Ejercito en el Departamento Cirma, dependiente de la Quinta Division, donde presencie los arrestos de mas de 50 personas (…). Tambien me toco estar en el Regimiento No.2 Caupolican, Porvenir y Tierra del Fuego, en el chequeo y control de presos politicos (…). En los anos 74 ingrese a la Escuela del Ejercito de San Bernardo y en el ano 75 fui designado en la Escuela de Suboficiales del Ejercito, en el curso de Combatiente Especial para Comando de Infanteria y Fuerza Especiales, en la unidad de fusileros. El director del plantel era Osvaldo Hernandez Pedreros (…). Faltando 25 dias para mi graduacion, me retire en forma voluntaria, regresando a Punta Arenas. Fui detenido por el Servicio de Inteligencia, me preguntaron el porque de mi retiro, pero como mi padre era militar Y Jefe de Control de Armas y Explosivos del Cuartel general de la Quinta Division del Ejercito, fui dejado en libertad al quinto dia (…). Fui a Buenos Aires por algunos meses (…). Al regresar a Chile, estudie mi profesion actual en Santiago, Tecnico Ortopedista, perito estetico terapista con mencion en Tanatologia, 'Medicina Legal'. "En 1979, frente al conflicto limitrofe con Argentina, fui llamado al servicio activo como oficial, enviandoseme a la zona fronteriza de la Patagonia Austral. En 1980, el Ejercito me ofrecio, a traves de la CNI, si queria trabajar en la Clinica de la CNI de Avenida Republica 517, lo que no acepte y me dedique a trabajar en forma privada. En 1982, ingrese al Regimiento Tacna, al curso AOR de reserva, como paramedico, donde se preparaban los cursos de represion que actuan en las calles, poblaciones y universidades (…). En 1983, el Servicio de Inteligencia Militar me solicito que deberiamos formar un Comando Anti-Subversivo cuyo nombre seria 'Comando Septiembre Once' o 'Comando Once de Septiembre' (…).Al referirse a su participacion en este grupo, Fuentes Ciscutti anade: "Dentro de la programacion nos comunicabamos con nuestros enlaces al telefono 592020, de la Escuela de Inteligencia San bernardo. Como no podian figurar militares de planta en el Ministerio y el comando dependeria del Ministerio del Interior, fui elegido como Capitan del Comando y Jefe de Operaciones de Enlace entre el Ministerio del Interior y el Ejercito (…). El escuadron tenia como mision el control de personas, parroquias, grupos religiosos, universitarios, dirigentes politicos, poblacionales. Para estos efectos se contaba con el conocimiento del asesor del Ministerio del Interior, abogado Hugo Ortiz y sus secretarias Paulina y Ximena, ademas del jefe de la Presidencia, coronel Morgado (…). Durante las noches (el comando) detuvo y secuestro a numerosas personas, trasladandolas al Regimiento Escuela de Pracaidistas de Peldehue (…) (Tambien) recibio la orden de interrogar y torturar sicologicamente a la sicologa Andrea Hales (…). Fuentes tambien da detalles de los medios con que contaba el comando: "un Ford Corcel color rojo, conducido por el teniente Hugo Hurtado Latorre. En su interior iban dos fusiles ametralladoras marca UZI, dos granadas de fabricacion espanola, cuatro granadas lacrimogenas para dispersar multitudes, una pistola marca Walters, una bengala de fabricacion espanola, una baliza de color rojo, ademas de un mapa con el area de todas las unidades, mas un radio trasmisor. El segundo vehiculo era un Suzuki utilitario con las mismas armas". Finalmente, el agente arrepentido nombra a doce miembros del Comando, entre civiles y oficiales del Ejercito.

DIFICIL INVESTIGACION

A pesar de contar con estos antecedentes, el ministro Aquiles Rojas no ha podido llegar a ningun resultado que esclarezca los hechos cometidos por le Comando Septiembre Once que actuo en septiembre pasado. Ello porque lo que el ha solicitado o que le han pedido los abogados querellantes ha tenido resultados insolitos. Como la respuesta que dio la jefatura de la Zona en Estado de Sitio cuando los abogados del caso Carrasco – Carmen Hertz y Jaime Hales – pidieron la nomina de vehiculos con salvoconductos que circularon en la madrugada del lunes 8 de septiembre: "No se puede entregar esa informacion por razones de 'orden practico' ". Cuando se requirio la lista de carabineros que habian estado de guardia en la Tenencia de El Salto, por donde necesariamente debieron pasar los dos autos en que se movilizaba el grupo que secuestro al periodista de ANALISIS, la respuesta fue del mismo tipo: Se entrego la lista del personal que estuvo de turno la noche antes del crimen. De la treintena de diligencias pedidas, otras son: citar a declarar al ministro Francisco Javier Cuadra para que explique porque aseguro que las cuatro muertes eran producto de "purgas marxistas"; oficiar al Registro Civil para que entregue nomina completa de vehiculos Datsun Stanza, Toyota 1.6 – automovil – y furgones utilitarios Subaru, ya que esos son los autos identificados en los cuatro secuestros; citar al personal de la Tenencia de El Salto que estaba con posterioridad de las cinco de la manana y hasta el mediodia del lunes 8 de septiembre para que declare sobre la oportunidad y forma en que se enteraron de la presencia del cadaver de Jose Carrasco en el sector; oficiar a Investgaciones para que diga la razon por la cual no se tomo contacto con la familia del periodista una vez que se determino su identidad mediante el procedimiento de huellas dactilares. Los abogados que patrocinan las querellas por los cuatro homicidios calificados esperan que llegue el momento en que las respuestas a las multiples preguntas vayan mas alla de la conclusion a la que llego la "Brigada Especial" creada por Investigaciones: "Las muertes fueron por balas y por accion de terceros" … Porque como senalaron Jaime Hales y Carmen Hertz en un escrito presentado al ministro Rojas, llegar a otra conclusion no parece ser dificil: "El mas elemental raciocinio nos debe llegar a concluir que los asesinos deben ser buscados entre personas afectas al regimen imperante, muy fanaticas o dispuestas a cumplir sin bacilar cualquier orden, preparadas para actuar y dar muerte a seres humanos con bastante facilidad". Fueron incluso mas explicitos: "El grupo de facinerosos no solo estaba integrado por personas que tiene simpatia en grado de fanatismo a las actuales autoridades politicas del pais, sino un grado de autoridad que les asegura el desplazamiento expedito a traves de la ciudad. Es decir, quienes cometieron estos crimenes eran portadores de salvoconductos o eran personas de aquellas que no los necesitan para desplazarse". O como lo senalo Hales a ANALISIS: "Es claro que era mas dificil encontrar a los culpables de esos asesinatos que a quienes participaron en el atentado al general Pinochet. Sabemos donde se los encontraba, podemos presumir su rol de pagos, conocemos el poder que tienen. Pero mientras no haya voluntad de la autoridad policial, administrativa y militar, no se conoceran sus nombres, que es lo unico que falta". Concluyo: "No basta con un buen juez. Hay que tener un buen aparato investigador, y no lo hay. Pero ello tampoco basta, hay que tener investigadores con voluntad.

(Reportaje publicado en Revista ANALISIS No.157 despues de levantarse el Estado de Sitio de 1986).

A Pepe lo secuestraron en presencia de su mujer, Silvia Vera, y de sus hijos Ivan, de 16 anos, Luciano, de 14, y Alfredo, de 12 anos. Eran diez para las cinco de la madrugada del 8 de septiembre pasado cuando golpearon la puerta. Por una precaucion historica, Silvia acudio a ver. La recibio un grito de "¡Policía! ¡Jose Carrasco, abra la puerta!". Casi no alcanzo a avisar a su companero de los ultimos diez anos – a quien habia conocido buscando su marido desaparecido – cuando echaron abajo la puerta del departamneto del Barrio Bellavista. Dos hombres, uno muy alto y uno chico que usaba jockey entraron al dormitorio y se llevaron a empellones a Pepe. No lo dejaron siquiera ponerse los zapatos, "no los vai a necesitar", le dijeron. Quince minutos despues le descerrajaban en la cabeza los catorce tiros de una pistola semiautomatica. Su cuerpo quedo botado al lado de una muralla del Cementerio Parque del Recuerdo. "Despues que le dije 'Pepe, te buscan' supe que no lo veria mas con vida. El no tenia otra forma de morir porque nunca habia claudicado. No le perdonaron que no transara sus principios fundamentales: luchar por una sociedad justa para su pueblo. Por ello, era su enemigo irreconciliable. Y a sus enemigos irreconciliables los matan", expresa Silvia. Sin embargo, anade que no vivian angustiados con Pepe. "Haciamos cosas hermosas en medio del peligro que nos acechaba. Desde la vuelta del exilio, en 1984, el era un hombre completamente feliz: habia logrado trabajar en periodismo en su pais. Habia vuelto a se r reconocido por sus colegas, que lo habian elegido dirigente del Colegio de Periodistas. Me tenia a mi, que lo venia siguiendo desde la carcel. Estaba por fin junto a todos sus hijos y cerca de su familia despues de diez anos de carcel y destierro".

La suerte estaba echada para Pepe practicamente desde que volvio al pais. En Agosto de 1984, el gobierno lo acuso publicamente de haber planificado "el accionar subversivo" para ese ano junto a otros dirigentes del MIR. En Agosto pasado, quince dias antes de su asesinato, se monto una nueva amenaza. A diversos lugares y a diversas personas – incluida la subdirectora de ANALISIS, Maria Olivia Mönckeberg – llegaron unos panfletos que anunciaban que Pepe "seria ajusticiado". Los firmaba una supuesta "Direccion" del MIR, que acusaba a Pepe de "traidor al pueblo". El, que era militante de ese partido desde hacia 25 anos, denuncio que el modus operandi era similar a aquel con se habia justificado el asesinato de 119 personas detenidas y desaparecidas en 1974. El MIR tambien desmintio la autoria de los panfletos. Por precaucion, Pepe partio a Buenos Aires el 20 de Agosto. Regreso 48 horas antes de su muerte. En entrevista concedida excepcionalmente un dia antes del secuestro, expreso: "Amamos la paz, amamos la vida, pero mas que nada, amamos la justicia y la libertad, y por la justicia y la libertad estamos dispuestos a dar la vida si es necesario". SU COMPROMISO CRECIENTE Jose Carrasco Tapia era de origen humilde. Desde nino vivio en la Comuna de Conchali, donde hasta hoy siguen sus padres: Humberto, un ex-obrero de la construccion, y Graciela, de una familia de mineros de las salitreras. De su cuatro hermanos – tres mujeres y un hombre -, las tres primeras murieron tragicamente. Pepe era un hombre que se carcterizaba por la alegria a pesar del sino de la tragedia que marco su vida: cuando lo detuvo la Marina, en diciembre de 1974, su companera fue asesinada. Durante su adolescencia, Pepe no tuvo un vinculo directo con la politica. Este era solo familiar: sus padres eran viejos militantes del Partido Socialista. Su toma de conciencia comenzo cuando entro al Pedagogico, en 1962, tambien su pasion por el periodismo. En la agitada decada del '60 hubo en ese mundo gente y experiencias que lo fueron definiendo. En 1968 entro al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. A partir de esa decision, tomo otra que tampoco abandonaria: no dejar el periodismo a pesar de sus responsabilidades partidarias. Solo hubo una excepcion: entre septiembre de 1973 y su llegada al exilio. Despues del Golpe de Estado, entro a vivir clandestinamente. En esa situacion fue detenido en Concepcion. Estuvo dos anos preso, sin cargo alguno. Fue brutalmente torturado en Talcahuano para luego ser llevado a Villa Grimaldi y Cuatro Alamos, donde continuaron los tormentos. Solo tres meses despues, el Gobierno reconocio su detencion en el Campo de Prisioneros de Tres Alamos. De alli paso al Campamento de Puchuncavi, donde estuvo hasta noviembre de 1976, cuando salio libre.

Alli tuvo activa participacion en la primera huelga de hambre que se realizo en el Gobierno militar. Fue la forma en que mas de 100 presos politicos denunciaron la matanza de 119 personas de las que se dijo que habian muerto en "purgas internas del MIR". Al recuperar su libertad, Pepe se vio obligado a optar por el autoexilio pues su vida habia sido amenazada. En marzo de 1977 dejo el pais. En Abril de 1984 cumplio el sueno de volver, al precio que fuera. Su rapida integracion al periodismo, en revista ANALISIS; a la politica, en el Movimiento Democratico Popular, y a la labor gremial, en el Colegio de la Orden, le costaron, tambien muy pronto, la vida. El Juez Fernando Montenegro, del Vigesimo Primer Juzgado del Crimen y quien tomo en primera instancia el proceso de Pepe, realiza la reconstitucion de la escena del secuestro. El nochero Claudio Canales le entrega informacion sobre como actuo el Comando. El tambien estuvo retenido por los asesinos, dentro del furgon donde se llevaron a Pepe.

El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile realizará una romería en memoria de la figura de “Pepone”, como lo llamaban sus amigos. Un recuerdo importante de un profesional comprometido con valores permanentes, como la libertad de expresión, especialmente ahora cuando los estudiantes levantan su petitorio a favor de la educación pública de calidad, sin fines de lucro.

El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile realizará una romería en recuerdo de José Carrasco Tapia. La ceremonia se efectuará el sábado 10 de septiembre, a las 12:00 horas, en Américo Vespucio, costado del cementerio Parque del Recuerdo (Huechuraba)

El periodista José Humberto Carrasco Tapia, Pepone, como lo llamaban sus amigos, tenía 43 años cuando agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) lo secuestraron desde su hogar para después asesinarlo el 8 de septiembre de 1986, a horas del atentado contra el general Pinochet, ocurrido el día antes.

Pepone se destacó en su lucha pacífica contra la dictadura de Pinochet, a través de su trabajo profesional, donde quedaban de manifiesto sus principios democráticos y en favor de la libertad de expresión, especialmente contrarios con la violación de los derechos humanos que ejerció el régimen militar durante 17 años.

José Carrasco, nació en Santiago en 1943 en la comuna de Conchalí, donde creció en el seno de una familia de clase media. Luego en los años de su juventud estudió en el Instituto Nacional y una vez que egresó de la Enseñanza Media postuló a la carrera de Periodismo en la Universidad de Chile.

Carrasco trabajó en las revistas Gol y Gol, Siete Días y Punto Final, donde también fue integrante del consejo de redacción. Además, se desempeñó en el diario La Tercera, en radio Minería y en Canal 9 de Televisión, de la Universidad de Chile, donde participó en los noticiarios y en el programa Emisión Cero.

Durante los primeros años de la década del ’70 comenzó a dedicarse a la política a tiempo completo, como dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Después del golpe militar, fue detenido en 1974, torturado en la base naval de Talcahuano y trasladado a Villa Grimaldi, el presidio secreto de la DINA en Santiago.

Después fue enviado al campo de prisioneros de Puchuncaví, donde lideró la primera huelga de hambre de prisioneros políticos para denunciar el asesinato de «los 119», nómina de detenidos desaparecidos que aparecieron ´muertos´ en Argentina, según publicaciones de diarios brasileños, argentinos y chilenos orquestadas por los agregados de prensa de la dictadura.

Una vez que fue liberado en 1976, partió al exilio en Venezuela en 1977, donde trabajó en El Diario de Caracas y en empresas publicitarias del chileno Raúl Alvarez, Papelucho. En los años posteriores se radicó en México, y trabajó en una versión internacional de la revista Punto Final.

Cuando regresó a Chile en 1984, ejerció como editor internacional de la revista Análisis y corresponsal del diario mexicano Uno más uno. Fue miembro del consejo metropolitano del Colegio de Periodistas y dirigente del Movimiento Democrático Popular, (MDP), en representación del MIR.

Se hace justicia después de 21 años del asesinato

En lo judicial, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma unánime en 2007, acordó ratificar la condena dictada por el Ministro en Visita Extraordinario Haroldo Brito Cruz.

En la sentencia destaca la condena a 18 años de presidio para el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla, como autor de homicidios calificados,  también son condenados por el crimen  Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López en calidad de autores de los delitos de secuestro y homicidio del periodista.

Cabe señalar que en  2008, el Consejo de Defensa del Estado acuerda una indemnización reparatoria con los familiares de las víctimas de la dictadura, entre ellos, familiares de José Carrasco Tapia, entregándoles 210 millones de pesos.

Esa misma noche del 8 de septiembre de 1986, el mismo grupo que dio muerte a Carrasco Tapia participó con otras personas en el asesinato de otros tres disidentes de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.

La historia de Pepone tiene su libro

José Carrasco Tapia, Asesinato de un periodista de las también periodistas Patricia Collyer y María José Luque. Editorial: Ediciones Radio Universidad de Chile. Año: 2008.

Este libro es el resultado de la investigación que durante veinte años realizaron las destacadas periodistas sobre el crimen de quien había sido su amigo y colega en la revista Análisis.

En dicho lugar, el recordado comunicador fue hallado muerto durante la dictadura.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, la municipalidad de Huechuraba, en la región Metropolitana, aprobó cambiar el nombre de una calle: se trata del tramo de la caletera de Américo Vespucio por «Periodista José Carrasco Tapia», asesinado en 8 de septiembre de 1986 por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la sucesora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura cívico-militar.

El cambio comenzará a regir desde este sábado 9 de septiembre, y abarcará el tramo de la calzada norte de la autopista que va desde avenida El Salto y avenida Recoleta. El lugar carga, además, con otro valor simbólico: fue allí donde el cuerpo del profesional de las comunicaciones apareció con señales de un acribillamiento. 

La decisión fue una respuesta a la solicitud hecha por el Colegio de Periodista al alcalde Carlos Cuadrado, quien, citado por 24 Horas, señaló: «Para nosotros, honrar la figura de José Carrasco es un acto de justicia no solo por las circunstancias en que se produjo su muerte, sino que también por el ejemplo de compromiso que él exhibió en su trayectoria profesional, defendiendo siempre valores tan esenciales para la democracia como son la verdad y la libertad de expresión».

José «Pepe» Carrasco Tapia

La trayectoria de José «Pepe» Carrasco Tapia fue amplia, pese a haber sido asesinado a los 43 años: trabajó en las revistas Punto Final, Gol y Gol, y Análisis; las radios Minería, Portales y Chilena, y el Canal 9, que en los 80′ era de la Universidad de Chile.

Activo afiliado del Colegio de Periodistas, fue asesinado como respuesta al frustrado atentado al dictador Augusto Pinochet Ugarte: así lo estableció el ministro en visita Hugo Dolmetsch, quien, de acuerdo a una publicación del diario La Nacion de 2005, pudo reconstruir una orden de Álvaro Corbalán, comandante de la división Antisubversiva de la CNI, y del mayor Manuel Provis, comandante de la división Política Metropolitana «encargada del control de los partidos políticos de la época».

“El señor general (jefe de la CNI, Humberto Gordon), profundamente alterado, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos en el atentado, venganza que debía ser en una proporción de dos por uno en relación a las víctimas (escoltas)”, se lee en la web Memoria Viva.

El periodista de Radio ADN y Tolerancia Cero rememoró el asesinato de su colega José Carrasco Tapia en manos de la CNI asegurando que «en esa época todos los periodistas de la revista Análisis trabajaban con miedo».

El periodista y editor internacional de la revista Análisis, José Humberto Carrasco Tapia, fue asesinado por agentes de la CNI el 7 de septiembre de 1986 como represalia del atentado fallido a Pinochet. El hecho fue recordado por su colega de entonces, Fernando Paulsen, en el capítulo de «Chile, Las Imágenes Prohibidas» de Chilevisión que se emitió la noche del miércoles.

En el reportaje, Paulsen confidenció que pedirle a ‘Pepe» Carrasco volviera a Chile desde el exilio fue entonces «lo más lógico» y «probablemente fue la recomendación más brutal que le hicimos».

Esta mañana, en Radio ADN, admitió además que «de todos los periodistas que trabajamos en medios alternativos u opositores durante la dictadura, yo no conozco a ninguno que no haya trabajado con miedo. Todos trabajábamos con miedo».

«Los periodistas de la revista Análisis éramos muy unidos, teníamos diferencias bastante grandes en materia de posiciones en algunas cosas, y sin embargo nos achoclonábamos en la defensa de lo que creíamos era nuestra obligación de entregar informaciones que no se entregaban por los medios de comunicación oficiales o alineados a la dictadura», agregó.

«Pepe Carrasco tenía una personalidad absolutamente adorable de inmediato, era un tipo muy creativo, no era el típico militante cerrado, cuadrado, encerrado en la trinchera (…) teníamos la secreta expectativa que apareciera Pepe golpeado, malherido, pero vivo. Y de pronto nos avisan que encontraron dos cuerpos, y uno respondía a las características de Pepe», apuntó.

Asimismo, recordó que estos cadáveres estaban «en muy mal estado, cocidos a balazos, Pepe tenía 13 balazos en la cabeza». Entonces, dijo, tuvo que comunicar la noticia a la viuda, Silvia Vera.«Le dije de la forma más fría que se me ocurrió, para tratar de no sobrecargar más el asunto (…) ¿Y cómo está?, me dijo. Mal, le dije, está mal, está muerto. Y me dijo ¿estás seguro que es el Pepe? Estoy seguro que es el Pepe. La Silvia estuvo muy entera, fue una persona muy valiente en esas circunstancias», concluyó.

El Tribunal declaró la responsabilidad de la Corte Suprema por la violación a los derechos de garantías judiciales, así como de la protección judicial en los casos de 44 detenidos desaparecidos y cinco ejecutados políticos.

En el marco del caso Vega González y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación, entre otros, a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 49 víctimas -entre ellas, el periodista José “Pepe” Carrasco-, y al derecho a la integridad personal de 99 familiares.

De acuerdo al comunicado emitido por el tribunal internacional, el caso trata sobre los hechos relativos a una serie de decisiones judiciales dictadas entre los años 2007 y 2010, en las cuales la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, interviniendo como tribunal de casación penal, aplicó la media prescripción como parte de un proceso de revisión a sentencias condenatorias de personas que habrían sido encontradas responsables de hechos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial ocurridos durante la dictadura civil-militar.

“Como consecuencia de estas decisiones de casación se redujo sustantivamente las penas impuestas a los responsables. Chile realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en el presente caso y aceptó la incompatibilidad de esta figura con sus obligaciones convencionales”, dice el texto.

La media prescripción está prevista en el artículo 103 del Código Penal chileno, y contempla la reducción de la condena a prisión que se le impone a un responsable de un delito en los casos en que éste se presente o sea puesto a la orden del tribunal, luego de haber transcurrido la mitad o más de la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal o de la pena.

Según el criterio de la Corte, ello es contrario a las obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos debido a lo siguiente:

• Genera una atenuación a la dosificación punitiva que puede causar que la condena se vuelva irrisoria, haciendo en casos que la condena impuesta termine siendo inferior al mínimo establecido para ciertos delitos.
• Atenta contra el principio de efectiva administración de justicia y sanción a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, generando impunidad.
• Afecta la proporcionalidad que debe regir al momento de determinar sanciones en casos de graves violaciones a derechos humanos. La Corte determinó que, en el caso concreto, la norma fue aplicada y permitió la reducción sustantiva de las penas impuestas a los responsables de los hechos relativos a la desaparición forzada de 44 víctimas y la ejecución extrajudicial de 5 víctimas, y actuó como factor de impunidad, incompatible con las obligaciones del Estado de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad.

La Corte también encontró que se había violado el derecho a las garantías judiciales de 98 familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas, al no permitir su participación en todas las etapas del proceso, particularmente al no dejárseles intervenir en la etapa de casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que se aplicó la media prescripción.

De igual forma, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho de integridad personal de 99 familiares de dichas personas desaparecidas y ejecutadas debido a la incertidumbre, sufrimiento y angustia que les produjo las conductas estatales violatorias examinadas en la Sentencia.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación:

• Revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción.
• Adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de que la figura de la media prescripción no sea aplicable bajo ningún término a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y que hasta que no se haga dicha modificación deberá aplicar control de convencionalidad.
• Brindar el tratamiento psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, o en su caso pagar un monto establecido de manera subsidiaria.
• Realizar las publicaciones y difusiones de esta Sentencia y su resumen oficial.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
• Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por reintegro de costas y gastos.

Cabe mencionar que entre los casos en los que se condenó por la violación de dichas garantías se encuentra el Juan Luis Rivera Matus, Felipe Segundo Rivera Gajardo, Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein, entre varios otros, quienes fueron víctimas de ejecución extrajudicial y de violación a la integridad personal de sus familiares.