Avila Maldonado Mario Alberto

El 18 de septiembre de 1973, Arturo Villegas Villagrán, militante socialista de Penco, desapareció. En 2015, la justicia dictaminó que un teniente de carabineros estaba involucrado en su caso y lo sentenció a cinco años de cárcel. Del cuerpo nada se supo, hasta que en diciembre de 2017 el juez Mario Carroza le informó a sus hijos que algunos restos de él habían sido encontrados, cuando ya nadie lo buscaba. Esta es la historia contada por su familia que, sin saberlo, cuatro décadas antes había ido a su funeral.

Por Jorge Rojas, desde Penco

‘¡Guillermo, me van a matar!', recuerda Vera que le dijo su amigo. Luego yo lo abracé y le dije: ‘Fuerza, Arturo, fuerza'

Cuando Estrella Villegas vio el nombre de su padre grabado en una placa adosada a una pequeña urna vacía, rompió en llanto. Habían pasado 45 años desde que Arturo Villegas Villagrán, militante del Partido Socialista y exdirigente del sindicato de Fanaloza, había desaparecido desde la comisaría de Penco y allí, parada frente al cajón en el que reposarían sus restos, ella tomó conciencia de cómo se cerraba el círculo de una larga historia.

—Nosotros hemos visto de todo acá, pero su caso es único —le dijo el dueño de la funeraria, mientras inspeccionaban el féretro de madera.

Hasta diciembre de 2017, el nombre de Arturo Villegas figuraba entre los 1.102 detenidos desaparecidos que dejó la dictadura, y que fueron consignados por el Informe Rettig y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Villegas había sido detenido el 18 de septiembre de 1973 por carabineros y desde entonces se desconocía lo que había pasado con él. Eso, hasta que apareció, sin que nadie lo estuviera buscando, de “casualidad” —como dice Estrella—, cuando ya la familia había abandonado todas las esperanzas.

Y entonces, mientras su mirada estaba fija en la urna, Estrella repasó todo lo que había sucedido en esos años, como si rebobinara una cinta de video con sus recuerdos: la desaparición, la búsqueda, el abandono, el odio, la resignación, la justicia y la muerte de su mamá, que en enero de 2015 falleció creyendo que su marido —tal como pensaba toda la familia— había sido lanzado al mar. Luego Estrella se preguntó algo que había evitado desde que el ministro Mario Carroza le informó de su aparición:

—¿Seré capaz de ver los restos de mi padre?

Faltan dos días para el funeral y en la casa que construyó Arturo Villegas en Penco, y que hoy ocupa su hijo Mario, de 63 años, la familia prepara su velorio. Despejan el living, montan un altar y lo único que dejan es un plasma, donde pondrán música y videos de Víctor Jara e Inti Illimani. En las paredes hay decenas de fotos de Villegas en blanco y negro, siempre rodeado de amigos. En todas lleva puesto terno y corbata.

Mario cuenta que su padre tenía 16 años cuando entró a la seccional Penco del Partido Socialista, donde también militaba su abuelo y otros amigos de la familia. Más tarde, a los 19, Villegas comenzó a trabajar en Fanaloza, donde asumió la presidencia del sindicato de trabajadores.

—Fue un gran luchador por los derechos de los obreros. A fines de los 50, él conversó con un profesor socialista porque veía que entre los empleados había muchos que no sabían leer ni escribir. Así se crearon las clases de alfabetización —dice Estrella, sentada en el living de la casa.

Arturo Villegas organizaba las Navidades en la empresa, ayudaba a que los trabajadores compraran electrodomésticos en cuotas sin intereses, a través de convenios, y todos los años viajaba a Santiago para negociar con los dueños de la fábrica nuevas condiciones laborales. Hizo tanto —cuenta Mario— que cuando en 1965 fue despedido, todo Penco marchó hacia la planta para pedir su reincorporación.

—Fue tal el revuelo, que no tuvieron más que reincorporarlo —agrega.

Para entonces, Arturo Villegas era el patriarca de una familia de seis hijos. Se había casado con María Eliana Zárate y gracias a la industria llevaban una vida sin problemas económicos. Villegas —recuerda su hija— también tenía otros negocios: un casino-restorán en la playa, un taxi que manejaba un hermano y todos los 18 de septiembre montaba una ramada. Así, cuando en 1970 lo echaron definitivamente de Fanaloza, la familia siguió viviendo de esas rentas. Ese mismo año, prosigue Estrella, su padre participó activamente en la campaña presidencial de Salvador Allende.

—En el casino se hicieron varias cenas. A Allende le gustaban mucho los curantos. Él llegaba con la señora Hortensia Bussi, don José Tohá, la señora Moira, Mario Palestro, Carlos Altamirano, la Carmen Lazo, y todo el comité central del partido.

Pero luego de la elección de Allende, Arturo Villegas se alejó del partido y se concentró en pasar tiempo con su familia. Para esa fecha, él y su mujer habían sufrido varias tragedias, entre ellas la muerte de tres hijos en diversas circunstancias, dos de ellas siendo aún niñas.

—Yo creo que tomó conciencia que había dejado de lado a su familia —dice Estrella.

—Antes, él llegaba del trabajo, almorzaba y se iba al partido —agrega Mario.

Pero Arturo Villegas nunca dejó de lado la actividad política. Sus hijos recuerdan largas jornadas de discusiones en la misma casa. En particular con un joven de 27 años llamado Mario Ávila, que era presidente de la juventud socialista de la zona, quien también desaparecería en 1973.

—Eran íntimos con mi papá. Él llegaba acá a la casa y era uno más de la familia. Los dos se instalaban en el living y pasaban largas horas conversando y fumando —describe Estrella.

Pero cuando vino el golpe militar, todos dejaron de verse. Arturo Villegas, de hecho, se escondió durante tres días en la casa de unos familiares hasta que Estrella, que entonces tenía 17 años, lo acompañó a la comisaría de Penco a entregarse. Allí, recuerda ella, un capitán de nombre Rudy Cortés le dijo que no tenían ningún encargo sobre él. Villegas, entonces, volvió a su casa, pero el 18 de septiembre de 1973, alrededor de las cinco de la tarde, una cuadrilla de policías encabezada por el teniente Juan Abello Vildósola, según quedaría acreditado años después en el juicio que se siguió por su desaparición, llegaron a buscarlo. Estrella y Mario andaban de paseo en la playa cuando eso sucedió y al regresar les contaron la noticia. Estrella recuerda con detalle lo que pasó ese día y los que vinieron después.

—Me dijeron que el teniente Abello vino en un auto particular, un Dodge, que era manejado por su cuñado. Al día siguiente, acompañé a mi madre y a mi abuelo al retén de Penco. Hablamos en una primera instancia con Rudy Cortés y él dijo que lo habían dejado en libertad la misma tarde. Después conversamos con Abello y dijo que lo habían dejado libre en la mañana. Cuando hubo esta contradicción, dijimos que había algo raro. Y ahí empezó la búsqueda.

Guillermo Vera, profesor, 75 años, lee un papel escrito a mano: “Arturo, por fin descansarás en paz y los tuyos también. Ha sido una larga lucha, pero con un final donde la verdad se impuso. Juan Abello y sus secuaces no descansarán jamás, sus crímenes los perseguirán por siempre”, dice. El texto forma parte de un mensaje que ha estado ensayando para cuando le toque hablar en el funeral de su amigo.

—A Arturo lo conocí cuando llegué a Penco en 1971 —recuerda, sentado en el living de su casa en La Florida—. Yo hacía clases en el entonces campamento Ho Chi Minh, donde el gobierno de Allende formó una escuela y me nombraron a mí como director.

Guillermo Vera es una persona importante en la historia judicial de Arturo Villegas. Esa que relata todo lo que sucedió después de su desaparición y que comenzó a investigarse recién en 1998, cuando la familia del exdirigente sindical presentó una denuncia en contra de Juan Abello y “todos los que resulten responsables” por el delito de secuestro calificado.

—Yo fui la última persona que lo vio con vida —dice Vera.

Su testimonio quedó registrado en el expediente al que “Sábado” tuvo acceso. Allí contó que el 18 de septiembre de 1973 fue detenido por el teniente Abello y que estando en la celda de la comisaría llegó Arturo Villegas. Esa noche —dijo— su amigo fue torturado a golpes por los policías.

—Preguntaban lo mismo de siempre: “¿Dónde están las armas?” —recuerda Vera.

A la noche siguiente, “entre las nueve y las diez, Villegas fue sacado de la celda”. Minutos antes de que eso sucediera, ambos se despidieron.

—¡Guillermo, me van a matar! —recuerda Vera que le dijo su amigo—. Luego yo lo abracé y le dije: “Fuerza, Arturo, fuerza”.

Y nunca más nadie lo vio. El expediente que cuenta la historia de Arturo Villegas está agrupado a otros dos casos de detenidos desaparecidos: el de Omar Manríquez, secretario del PS de Coelemu, y el de Luis Acevedo Andrade, alcalde del pueblo. En la causa de Villegas, declararon su hija Estrella, su esposa María Eliana Zárate, un hermano y dos vecinas que presenciaron la detención. Todos los relatos son concordantes en que quien lideraba la cuadrilla era el teniente Juan Abello y que quien manejaba el auto era su cuñado. Ambos fueron sometidos a proceso en julio y septiembre de 2006, como autor y cómplice respectivamente. En su defensa, los dos señalaban no conocer a Villegas. “Sábado” se contactó con Juan Abello, pero este no quiso dar entrevista.

En el documento también quedó registro de la búsqueda que hizo su familia y que hoy Estrella recuerda:

—Buscamos por Tomé, la isla Quiriquina, la cárcel pública y la morgue. En noviembre de 1973 hubo un rumor en Penco de que había unos cadáveres en un mausoleo y en esa oportunidad acompañé a mi mamá y a unos tíos. Encontramos dos nichos que estaban con ladrillos y adentro había dos cadáveres en sacos. Pero con el miedo, nos fuimos.

La familia —agrega ella— quedó sola. Estrella dice que las personas que antes solían compartir con ellos ya no se les acercaban, incluidos los amigos. Y al abandono, luego sobrevino la crisis económica. María Eliana Zárate tuvo que entrar a trabajar como manipuladora de alimentos y en la Vicaría de la Solidaridad les ayudaban con comida. Una vecina —cuenta— les hacía ropa con prendas que la gente dejaba de usar. Por entonces, Estrella terminaba la carrera de Asistente Social y Mario, que había dado la prueba para entrar a la universidad, no pudo continuar y debió trabajar en los programas de empleo mínimo de la época.

La búsqueda de Arturo Villegas se extendió hasta comienzos de la década del 80. Luego de eso, agrega Estrella, se resignaron a su muerte.

—Perdimos la esperanza. Yo pensaba que a mi padre lo habían dejado en una cantera o en el mar, porque decían que en la isla Quiriquina habían tirado mucha gente amarrada con rieles.

Lo único que trajo consuelo, dice, fue la condena que en abril de 2011 dictó el ministro Alejandro Solís y que sentenció a diez años de cárcel a Juan Abello, como autor del secuestro, y a tres años a su cuñado, quien fue considerado “cómplice” del delito por manejar el Dodge en el que se habían llevado a Arturo a la comisaría.

Años más tarde, en agosto de 2015, la Corte Suprema rebajó la condena de Abello a cinco años y quedó preso en Punta Peuco, donde luego de cumplir la mitad de la pena salió en libertad en 2017 por buena conducta. Para entonces, María Eliana Zárate, la esposa de Villegas, había fallecido.

—Ella pidió que la cremaran y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar, porque creía que mi padre estaba allí —dice Estrella.

Mario Ávila recuerda a su padre del mismo nombre, quien era presidente de las juventudes socialistas de Penco y que pasaba largas horas conversando con Arturo Villegas en su casa. Hoy tiene 44 años, es ingeniero y nació siete meses después de que desapareciera su papá.

—Yo soy hijo póstumo —dice, sentado en un café de Concepción.

Para entender cómo es que Arturo Villegas apareció luego de 45 años es necesario antes contar cómo Mario Ávila murió, y cómo sus historias comenzaron a vincularse ese 18 de septiembre de 1973, cuando ambos fueron detenidos en la misma comisaría, pero en celdas distintas.

—Ese día mi papá se presentó de forma voluntaria porque sabía que lo andaban buscando y lo dejaron detenido. Según carabineros, él tenía armas, pero nunca le encontraron nada —relata Ávila hijo.

Todo lo que sabe —cuenta— es gracias al expediente judicial que a comienzos de 2014 el juez Carlos Aldana, ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, abrió para esclarecer su muerte: 800 páginas que se ha leído como si fuera un libro. Allí —dice— está la declaración de su madre Doris Reyes, quien describió cómo llegó su marido a la casa el 20 de septiembre, luego de pasar tres días en el cuartel: “Su cara estaba hinchada, con moretones y quemaduras de cigarrillos, además su espalda presentaba marcas de latigazos, su estómago igualmente presentaba quemaduras de cigarro”, dice el testimonio al que “Sábado” tuvo acceso.

En el documento, además, Doris identificó a los dos carabineros que habían agredido a su marido, uno de ellos amigo de su familia, y agregó un antecedente que hasta entonces el juez desconocía: “En esa ocasión Mario me dijo que habían matado a Villegas, refiriéndose a un amigo de él”. Era la primera vez que el apellido de Arturo aparecía mencionado en la causa.

Luego de eso, Mario Ávila estuvo con licencia una semana y posteriormente regresó a trabajar al Departamento de desarrollo social de Tomé, desde donde el 9 de octubre se le perdió la pista. Días después, su suegro le reveló a su hija un dato clave: “Me comentó que un carabinero (amigo de la familia) había pasado por su trabajo, consultándole por el paradero de Mario, específicamente por su lugar de trabajo. Ahí mi padre le señaló que estaba en Tomé”, dijo Doris en su declaración.

Durante las siguientes semanas su familia lo buscó por varios lugares de la región hasta que una noticia en el diario La crónica, del 27 de noviembre de 1973, llamó su atención: “Puzle en caso de Quebrada Honda”. El titular hacía referencia a unas osamentas y unas ropas que habían aparecido en un despeñadero entre Penco y Lirquén. La nota estaba acompañada de una foto que a Doris le pareció familiar: “Aparecía una chaqueta con la etiqueta de la sastrería Selmu, inmediatamente relacionamos esa chaqueta con la que Mario se había casado. Efectivamente se trataba de las vestimentas de Mario. A mí no me dejaron entrar, ya que me encontraba embarazada de un mes y medio de mi marido, quien nunca supo que iba a ser padre”, agregó ella en su testimonio judicial.

Así fue como Mario Ávila fue hallado muerto, con 27 años. En pocos meses, su cuerpo se había esqueletizado e incluso faltaban partes debido a los animales carroñeros. Fueron los huesos que no alcanzaron a comerse y la ropa, lo que su familia enterró en el Cementerio Parroquial de Penco días después, luego de un funeral al que también asistieron los hijos de Arturo Villegas.

Y desde ese momento, hasta cuando el juez Aldana inició la investigación a comienzos de 2014, nada se sabía de los responsables de su muerte. Mario Ávila hijo dice que se enteró a los 12 años de cómo había fallecido su padre y que la causa le ayudó a profundizar esa historia.

—Quería descubrir por mí mismo lo que había pasado con él. Yo no tenía internalizado ser hijo de un ejecutado político (…). Trato de ser fuerte, pero me cuesta. Me da pena saber todo lo que le hicieron, todo lo que sufrió y el tener un padre ausente —dice.

El 14 de noviembre de 2014, Carlos Aldana decretó la detención de los dos carabineros acusados por la familia, que negaban todos los hechos, y los procesó por homicidio calificado. Cuatro años más tarde serían condenados en primera instancia a cinco años de cárcel.

Antes que eso sucediera, en marzo de 2015, el juez Aldana ordenó la exhumación de los restos de Ávila para determinar si efectivamente correspondían a él. Su hijo se pasó dos días en el cementerio hasta que apareció.

—Para mí fue la oportunidad de acercarme a mi papá, de verlo por primera vez. Imagínate, 40 años después, fue súper emocionante. Todavía estaba su chaqueta y entre medio encontraron una bala —recuerda.

Pero eso no fue lo más relevante del hallazgo. Mientras sacaban los restos, los peritos del Servicio Médico Legal (SML) rápidamente descubrieron que algunas piezas, específicamente seis huesos de las extremidades, entre los cuales se encontraban los fémures, se repetían. Es decir, que adentro del cajón, ya desecho por el tiempo, había dos cuerpos.

Un año después del desentierro, un laboratorio de Suiza confirmó que efectivamente las osamentas halladas eran de Mario Ávila.

Sobre las otras seis piezas, se certificó lo que ya se sabía: que correspondían a otra persona sin vinculación familiar con él. Pero entonces, ¿de quién eran los restos? El ADN permitió cotejarlas con la base de datos de perfiles genéticos de familiares de detenidos desaparecidos de la Región del Biobío, pero el computador no arrojó ningún match.

—Siempre estamos barajando que los perfiles extras que nos aparecen puedan ser de otros detenidos desaparecidos. Esa es la primera hipótesis que manejamos. Pero acá teníamos escasa representación de los familiares de esa zona. Entonces se le solicitó al ministro (Carlos Aldana) que nos autorizara a tomar muestras a los familiares que no estaban en la base de datos —explica Ximena Leiva, quien estuvo a cargo del caso en el SML y que lleva nueve años en la Unidad de Detenidos Desaparecidos.

Una de las familias a las que se les hizo llegar este requerimiento fueron los Villegas Zárate, que en enero de 2017, bajo la excusa de aumentar la base de datos, entregaron muestras de ADN, las que fueron enviadas a Suiza en septiembre de ese mismo año. Luego de un par de meses llegó un inesperado resultado: había un 99,9993% de probabilidades de que los restos que no pertenecían a Mario Ávila fueran de Arturo Villegas.

—Hicimos un análisis antropológico y llegamos a la conclusión que desde ese primer hallazgo, en 1973, ellos estaban juntos. Nosotros estamos medianamente familiarizados con estas situaciones, pero a mí me sorprendió averiguar las circunstancias de la desaparición de estas personas. Su historia, en lo personal, me conmovió —agrega Ximena Leiva.

Pero, ¿por qué estaban juntos? No hay una respuesta certera para esa pregunta. La familia de Villegas cree que a él lo tiraron en Quebrada Honda inmediatamente después que lo mataron en septiembre y que a Mario Ávila lo llevaron allí en octubre, “quizá para mostrarle lo que habían hecho con su amigo”. Y cuando apareció Ávila también apareció Villegas, pero en ese tiempo nadie supo que era él.

El 17 de diciembre de 2017, el juez Mario Carroza citó a su oficina a los tres hijos de Arturo Villegas y les dio la noticia.

—El ministro nos dijo que eran los huesitos de mi papá, que habían sido encontrados con Mario Ávila y que se iban a mandar afuera para separarlos. En ese momento nosotros nos quebramos. Nunca pensamos que íbamos a encontrar algo de mi papá, teníamos las esperanzas perdidas —recuerda Estrella, mientras espera en el SML de Concepción para entrar a recibir los restos.

Hace 20 días el ministro Mario Carroza les dijo que estaban en condiciones de sepultarlo. En la morgue hay hermanos, sobrinos, hijos y nietos de Arturo Villegas. También hay madres, esposas e hijas de otros detenidos desaparecidos de la región. En total son casi 30 personas y muchas de ellas no se veían hacía décadas. Su hallazgo —dicen allí— ha unido más a la familia.

Estrella es quien comanda el grupo. Aunque tiene que firmar el acta —dice—, no entrará.

—Prefiero recordarlo como lo vi en vida —le explica al resto de los parientes.

Las peritos del SML que han viajado desde Santiago les advierten que solo la familia directa y los más cercanos podrán entrar a reconocer los restos. El concepto “reconocer” es simbólico, porque en realidad lo que allí sucederá más bien es un reencuentro. El grupo es pequeño: una hermana, un cuñado, tres sobrinos y dos hijos de Villegas —Mario y Sandra— ingresan a la sala. Han pasado 45 años y los seis huesos de las extremidades están allí, dispuestos en una camilla, sobre una sábana blanca que tiene una bandera chilena, justo debajo de un retrato de él, donde aparece con terno y corbata.

—Pensar que nosotros estuvimos en el funeral de mi padre sin saberlo, cuando fuimos al de Mario Ávila —dice uno de los hijos, mientras Sandra, la menor del clan, toma algunas osamentas y las besa.

Luego de 30 minutos, donde les explicaron todos los procesos que les habían realizado a las piezas para determinar que eran de Arturo Villegas, la familia se convence que están frente a él: “Ya, es el tío”, dice un sobrino y luego rezan un Padre Nuestro y un Ave María. Entre todos toman los huesos y los ponen en la urna, la misma que días antes Estrella vio en la funeraria. Al salir, aplauden. Hay pena, pero es más la alegría.

Al día siguiente, alrededor de 300 personas asistieron a su funeral, entre ellos miembros de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, del Partido Socialista, familiares, amigos, extrabajadores de Fanaloza, y también Mario Ávila hijo y su madre Doris Reyes, que el 31 de agosto tendrán su propio reencuentro, cuando les entreguen los restos de su familiar: Arturo Villegas y Mario Ávila han regresado.

El 27 de noviembre de 1973 fue encontrado en el sector de Quebrada Honda el cadáver de Mario Alberto AVILA MALDONADO, 27 años, empleado del Departamento de Desarrollo Social de Tomé y militante de la Juventud Socialista.

                   El 18 de septiembre se había presentado voluntariamente a la unidad policial de Penco.  Tras permanecer detenido durante tres días, salió en libertad.  El día 9 de Octubre Carabineros de la Comisaría de Penco y civiles lo arrestaron en su lugar de trabajo.  Desde esa fecha se pierde toda noticia acerca de su paradero hasta que el 27 de noviembre apareció su cadáver en el lugar antes referido.  El certificado de defunción señala que la causa de muerte no pudo ser precisada.

                   Estando acreditada su detención, a esta Comisión le asiste la convicción que Mario Avila murió a consecuencia de la acción de agentes del Estado quienes violaron gravemente su derecho a la vida. 

 

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, condenó al funcionario en retiro de Carabineros, Héctor José Santiago Aburto Muñoz, a las penas efectivas de 61 días como autor del delito de aplicación de tormentos y a 5 años y un día, como autor de secuestro con resultado grave, ambos en perjuicio de Mario Alberto Ávila Maldonado. Ilícitos perpetrados entre  septiembre y noviembre de 1973.

El magistrado absolvió a Franklin Crisosto Maldonado por no lograr convicción de su participación en los hechos.

En la etapa de investigación, el ministro Aldana logró establecer que el militante socialista Mario Ávila Maldonado, en compañía de su hermano José Alberto, se presentó voluntariamente en la Comisaría de Carabineros de Penco el 18 de septiembre de 1973. En ese lugar fue recibido por el carabinero Aburto Muñoz, permaneciendo en esa unidad policial hasta el 20 de septiembre de ese año, siendo sometido a diferentes torturas físicas como: quemaduras en su piel con objetos calientes; golpes en los genitales; introducción de palos bajo las uñas; llegando malherido a su casa, por lo que fue trasladado por su cuñado Dagoberto Reyes Sanhueza al hospital, recinto dónde estuvo internado por 12 días.

Una vez recuperado, mientras trabajaba en el Departamento de Desarrollo Social de Tomé, llegó al lugar en horas de la mañana de 9 de octubre de 1973 el mencionado carabinero Héctor Aburto Muñoz, quien lo sacó mediante engaños de ese sitio, trasladándolo hasta la Comisaría de Penco, en donde quedó detenido de manera ilegal, siendo sometido a nuevos apremios ilegítimos por miembros de dicha unidad, resultando con lesiones graves.

Días después de su detención fue sacado por funcionarios policiales hasta el denominado sector rural "Quebrada Honda", cerca del camino que conecta Lirquén con Tomé, sitio en que fue ejecutado con armas de fuego por Carabineros, encontrándose sus restos en el mencionado lugar el 27 de noviembre de 1973.

En el aspecto civil, el ministro Aldana condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $90.000.000 (noventa millones de pesos) para cada uno de sus familiares: Doris del Rosario Reyes Sanhueza, cónyuge de la víctima y Mario Alberto Ávila Reyes (hijo del fallecido).

El ministro en visita por causas de violaciones a los DD.HH además dictó autos de procesamiento por los mismos delitos ocurridos en Penco.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, Carlos Aldana, dictó cuatro autos de procesamiento por delitos de secuestro y homicidio perpetrados en 1973 en diversas comunas de la Octava Región.

En la primera resolución el ministro en visita sometió a proceso a Héctor José Santiago Aburto Muñoz, como autor directo del delito de detención ilegal o secuestro con resultado grave de Mario Alberto Ávila Maldonado, hecho perpetrado en la comuna de Penco, a contar del 9 de octubre de 1973.

En tanto, Franklin Demetrio del Carmen Crisosto Maldonado fue encausado, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Ávila Maldonado, cometido entre el 12 de octubre y el 25 de noviembre de 1973.

En el segundo caso el ministro Aldana encausó a Patricio Enrique Jeldres Rodríguez por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Gabriel Marcelo Cortez Luna, que fue cometido el 19 de septiembre de 1973, en la comuna de Chillán.

En la etapa de investigación de la causa, se estableció que “a las 17:00 horas del 18 de septiembre de 1973 llegó al domicilio de Gabriel Marcelo Cortez Luna, ubicado en pabellón Manuel Rodríguez N° 107 comuna de Chillán, una patrulla de Carabineros integrada por Herminio Fernández Mercado (fallecido), Juan Francisco Opazo Guerrero (fallecido), Márquez Rodolfo Riquelme Echeverría (fallecido), Pedro Loyola Osorio (fallecido), los que entraron sin orden judicial, ni administrativa competente, registrando violentamente el domicilio, en busca de Jorge Cortez Luna (hermano mayor de la víctima), quien no se encontraba en el lugar, procediendo a detener a los hermanos Gabriel Marcelo y Pedro Eduardo ambos Cortez Luna, a quienes trasladaron hasta la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán, lugar en el que Pedro Cortez Luna, fue liberado por orden del teniente Patricio Jeldres Rodríguez, porque había sido compañeros de estudios en el Liceo de Hombre de Chillán, quedando detenido Gabriel Marcelo Corte Luna en dicha unidad policial".

"Después de muchas búsquedas de la familia, su madre toma conocimiento el 18 de octubre de 1973, que en dependencias del Servicio Médico Legal de Chillán permaneció un cuerpo que presentaba como causa de muerte: "Perforación cráneo encefálica, proyectil balístico, acción de contingente uniformado", según certificado médico de defunción emitido el 20 de septiembre de 1973, el que fue sepultado en fosa común del cementerio de Chillán. Exhumado el cuerpo, se verificó que correspondía a la víctima Gabriel Marcelo Cortez Luna, que habría fallecido el 19 septiembre del mismo año, en el paso nivel de calle Maipón al llegar a la estación de ferrocarriles de Chillán".

Normalistas

En la tercera resolución el ministro en visita extraordinaria procesó a Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, como autor de los delitos de secuestro calificado de Arturo Prat Martí y José Retamal Velásquez, y del homicidio de Patricio Lautaro Weitzel Pérez.

Dirigentes

En la última resolución el ministro Carlos Aldana encausó a Jeldres Rodríguez como autor directo de los delitos de secuestro calificado de Robinson Enrique Ramírez del Prado y Leopoldo López Rivas, ilícitos perpetrados en la comuna de Chillán, el 25 y 26 de septiembre de 1973, respectivamente.

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, Carlos Aldana, dictó cuatro autos de procesamiento por delitos de secuestro y homicidio perpetrados en 1973 en diversas comunas de la Región del Bío Bío.

En la primera resolución (causa rol 1-2014), el ministro en visita sometió a proceso al ex carabinero de la Tenencia Penco, Héctor José Santiago Aburto Muñoz, como autor directo del delito de detención ilegal o secuestro con resultado grave de Mario Alberto Ávila Maldonado. Ilícito perpetrado en la comuna de Penco, a contar del 9 de octubre de 1973.

En tanto, el ex suboficial de carabineros de la Tenencia Penco, Franklin Demetrio del Carmen Crisosto Maldonado fue encausado, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Ávila Maldonado, cometido entre el 12 de octubre y el 25 de noviembre de 1973.

En la etapa de investigación, quedó establecido que: «En horas de la mañana del 9 de octubre de 1973, Mario Alberto Ávila Maldonado fue sacado de su lugar de trabajo, en el departamento de desarrollo social, ubicado en el edificio de los servicios públicos de calle Serrano N° 1055 de la ciudad de Tomé, mediante engaño, por un funcionario policial y luego trasladado hasta la comisaría de Carabineros de Penco, donde quedó detenido, en forma arbitraria e ilegal, pues no existía orden legal, administrativa o judicial competente, siendo sometido a interrogatorios y apremios ilegítimos por policías adscritos a dicha unidad, resultando con grave daño a su persona».

«Días después de su detención, fue sacado de la comisaría antes señalada por funcionarios policiales y trasladado hasta un sector rural y despoblado, denominado «Quebrada Honda», ubicado cerca del camino público que conecta Lirquén con Tomé, siendo ejecutado por disparos de armas de fuego manipulada por carabineros, encontrándose sus restos en dicho sector el 25 de noviembre de 1973″.

El nombre de Mario Alberto Ávila Maldonado es recordado en el Memorial existente en Quebrada Honda, lugar en que, además de la víctima de esta causa, fueron ejecutados otros prisioneros políticos en la época.

Chillán

En el segundo caso (causa rol 6-2017), el ministro Aldana encausó al ex oficial de carabineros Patricio Enrique Jeldres Rodríguez por su responsabilidad en el delito homicidio calificado de Gabriel Marcelo Cortez Luna, ilícito cometido el 19 de septiembre de 1973, en la comuna de Chillán.

En la etapa de investigación de la causa, se estableció que: «A las 17:00 horas del 18 de septiembre de 1973 llegó al domicilio de Gabriel Marcelo Cortez Luna, ubicado en pabellón Manuel Rodríguez N° 107 comuna de Chillán, una patrulla de Carabineros integrada por Herminio Fernández Mercado (fallecido), Juan Francisco Opazo Guerrero (fallecido), Márquez Rodolfo Riquelme Echeverría (fallecido), Pedro Ernesto Loyola Osorio (fallecido), los que entraron sin orden judicial, ni administrativa competente, registrando violentamente el domicilio, en busca de Jorge Cortez Luna (hermano mayor de la víctima), quien no se encontraba en el lugar, procediendo a detener a los hermanos Gabriel Marcelo y Pedro Eduardo ambos Cortez Luna, a quienes trasladaron hasta la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán, lugar en el que Pedro Cortez Luna, fue liberado por orden del teniente Patricio Jeldres Rodríguez, porque había sido compañeros de estudios en el Liceo de Hombre de Chillán, quedando detenido Gabriel Marcelo Corte Luna en dicha unidad policial».

«Después de muchas búsquedas de la familia, su madre toma conocimiento el 18 de octubre de 1973, que en dependencias del Servicio Médico Legal de Chillán permaneció un cuerpo que presentaba como causa de muerte: «Perforación cráneo encefálica, proyectil balístico, acción de contingente uniformado», según certificado médico de defunción emitido el 20 de septiembre de 1973, el que fue sepultado en fosa común del cementerio de Chillán. Exhumado el cuerpo, se verificó que correspondía a la víctima Gabriel Marcelo Cortez Luna, que habría fallecido el 19 septiembre del mismo año, en el paso nivel de calle Maipón al llegar a la estación de ferrocarriles de Chillán».

Normalistas
En la tercera resolución (causa rol 9-2017), el ministro en visita extraordinaria procesó a Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, como autor de los delitos de secuestro calificado de Arturo Prat Martí y José Retamal Velásquez, y del homicidio de Patricio Lautaro Weitzel Pérez.

Según los antecedentes recopilados en la investigación de la causa: «A las 22:00 horas el 1 de octubre de 1973, en el domicilio de Patricio Lautaro Weitzel Pérez, ubicado en Pabellones Pizarro, calle seis, casa cuatro, comuna de Chillán, llegó una patrulla de Carabineros, integrada Herminio Fernández Mercado (fallecido), Juan Francisco Opazo Guerrero (fallecido), Márquez Rodolfo Riquelme Echeverría (fallecido), los que entraron sin orden judicial, ni administrativa competente, lo detuvieron conjuntamente con sus compañeros de estudios en la Escuela Normal de Chillán, Arturo Lorenzo Prat Martí y José Gregorio Retamal Velásquez, trasladándolos hasta la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán, donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas, por un grupo operativo de carabineros, dirigidos por el teniente Patricio Jeldres Rodríguez».

En tanto, el 24 de diciembre de 1973, «una joven llegó hasta el local de relojería de Mario Weitzel Trincado a reparar un reloj pulsera, que pertenecía a su hijo Patricio Lautaro Weitzel Pérez, procediendo de inmediato a realizar indagaciones sobre su paradero, arribando hasta el sector del puente El Ala, sobre el río 'uble, en cuya ribera encontró los cuerpos de seis personas que flotaban en el agua, entre ellos el de su hijo Patricio, dejándolo a medio enterrar en el mismo lugar, para dar cuenta al tribunal el 26 de diciembre de 1973, formándose causa criminal y constituyéndose el juez en el lugar antes referido al día siguiente, ordenando el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue, para la autopsia correspondiente y, luego, dispuso su entrega a los familiares, los que le dieron sepultura. (…) respecto de Arturo Lorenzo Prat Martí y José Gregorio Retamal Velásquez, desde la fecha de su detención -1 de octubre de 1973-, en la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán, se desconoce todo paradero o noticia».

Dirigentes
En la última resolución (causa rol 11-2017), el ministro Carlos Aldana encausó a Jeldres Rodríguez como autor directo de los delitos de secuestro calificado de Robinson Enrique Ramírez del Prado y Leopoldo López Rivas. Ilícitos perpetrados en la comuna de Chillán, el 25 y 26 de septiembre de 1973, respectivamente.

En la etapa investigativa, se estableció que: «Alrededor de las 10:00 horas del 25 de septiembre de 1973, es detenido por un grupo de carabineros, sin orden judicial ni administrativa competente, Robinson Enrique Ramírez del Prado, presidente de la Central Única de Trabajadores de Chillán, en presencia de su jefe (Juan León Bernier) y compañeros de labores, en su lugar de trabajo: Curtiembre «El Cóndor», ubicada en Av. Collin N° 866, Chillán, y trasladado a la 2° Comisaría de Chillán».

En tanto: «A las 13:00 horas del 26 de septiembre de 1973, en su taller de zapatería ubicado en Av. Brasil con Av. Libertad, en la ciudad de Chillán, es detenido por un grupo de carabineros, sin orden judicial ni administrativa competente, Leopoldo López Rivas, militante del Partido Comunista, en presencia de su ayudante (Vicente Vidal Méndez), quien es trasladado a la 2° Comisaría de Chillán».

«Ambos detenidos Robinson Ramírez del Prado y Leopoldo López Rivas fueron objetos de intensas y crueles torturas, quedando ambos en malas condiciones físicas y en dicho estado fueron sacados de la unidad policial (…) se desconoce todo paradero o noticia».

En el Cementerio Municipal de Penco se llevó a cabo este viernes 27 de marzo la exhumación de los restos de Mario Alberto Ávila Maldonado, militante socialista de Penco, que fue ejecutado y desaparecido el día 9 de octubre de 1973. La diligencia fue decretada y dirigida por el Ministro Especial para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, don Carlos Aldana, y efectuada por peritos del Servicio Médico Legal.

Mario Ávila Maldonado, de 27 años, trabajaba como empleado en el Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tomé hasta el día de su desaparición y muerte.

Con anterioridad a ese fatídico día, Mario Ávila Maldonado se había presentado voluntariamente el día 18 de septiembre de 1973 en la Comisaría de Carabineros de Penco, permaneciendo tres días detenido en dicho recinto luego de lo cual fue dejado en libertad, sin juicio ni cargos en su contra.

Sin embargo, el día 9 de octubre, carabineros de Penco y agentes civiles lo arrestaron en su lugar de trabajo, en Tomé. Desde ese momento se perdió todo rastro de su persona hasta que el 27 de noviembre de ese mismo año 73 aparece su cadáver en el sector de Quebrada Honda.

El cadáver de Mario Ávila al momento de ser hallado estaba en avanzado estado de descomposición e irreconocible producto de la acción del clima y de otras causas naturales. Sin embargo, su familia entonces le reconoció por las ropas y asumió que había sido ejecutado el mismo día de su detención en Tomé.

La diligencia decretada por el ministro Aldana tiene como finalidad, precisamente, tener la certeza legal de que la víctima de hallazgo se trata de Mario Ávila. Para ello deberán realizarse las pericias que permite el desarrollo de la ciencia actual, incluido examen de ADN. De ese modo, se podrá tener una certeza jurídica de su identidad y de las causas de muerte para así continuar adelante con el proceso que busca establecer los responsables de su asesinato. No hay una fecha o plazo preciso para conocer los resultados de las pericias.

En el sitio de Quebrada Honda existe un monumento memorial que rinde homenaje a las víctimas asesinadas en ese lugar, incluido el nombre de Mario Ávila. El mismo día 9 de octubre de 1973, también fueron ejecutados allí por agentes de la armada tres militantes del MIR que habían sido sacados en horas de la noche de ese día desde la cárcel de Tomé por una patrulla de infantes de marina que comandaba Carlos Blanlot Kerberhard, 2° comandante del Destacamento de Infantería de Marina N° 3 "Aldea", con asiento en la Base Naval de Talcahuano. Hasta ahora no se tiene certeza de quienes serían los ejecutantes del crimen de Mario Ávila.

El ministro en visita Carlos Aldana rechazó la libertad bajo fianza solicitada por los dos carabineros en retiro procesados por el asesinato del dirigente socialista, Mario Avila Maldonado.

La decisión del magistrado se fundamentó en las diligencias pendientes que existen en el proceso, en el cual Héctor Aburto y Carlos Burdiles fueron encausados por el delito de apremios ilegítimos.

Los dos ex uniformados, que apelaron de la resolución, se mantendrán detenidos hasta que la Corte penquista revise los recursos, lo que podría ocurrir este martes.

El caso de Mario Avila fue abierto sólo este año por una querella presentada por el programa de Derechos Humanos, que apunta a los ex carabineros no únicamente como responsables de torturas sino también del homicidio y secuestro del dirigente socialista.

El joven, entonces de 27 años, apareció muerto en noviembre de 1973, en el sector Quebrada Honda de Penco luego que fuera detenido por miembros de la Tenecia de Carabineros de Lirquén.

En el día de los Derechos Humanos, la Sociedad Mutualista Bautista van Schouwen Vasey en conjunto con los municipios de Tomé y Penco, realizó la ceremonia de inauguración del memorial en homenaje a las víctimas de la dictadura.

Se trata de una escultura realizada por el artista de Tomé, Igor Reyes, que recuerda a los tomecinos Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz (MIR), Miguel Ángel Catalán Febrero (MIR) y Héctor Manuel Lepe Moraga (MIR), además del pencón Mario Alberto Ávila Maldonado (PS), todos asesinados tras el golpe de estado.

El acto se desarrolló en el sector de Quebrada Honda y contó con la participación de los familiares de las víctimas, dirigentes del MIR, de distintos partidos políticos, así como con los alcaldes de Tomé, Ivonne Rivas y de Hualqui Ricardo Fuentes. También hubo un representante del municipio de Penco.

En la ocasión, la alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas Ortiz, manifestó que “Es muy simbólico que justo este día, en el que conmemoramos los derechos humanos, estemos llevando a cabo esta ceremonia. Recordamos hoy a cuatro personas cuyos derechos humanos fueron despojados de la forma más cruel”.

La jefa comunal opinó también que esperaba que el memorial “sea para siempre un ejemplo de la importancia de los derechos humanos. Si no se les tiene en cuenta de forma principal, nuestra sociedad no puede ser moderna, ni menos tolerante e inclusiva. Que lo que ocurrió hace 40 años en nuestro país no se vuelva a repetir es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y que siempre que pasemos por este lugar tengamos en cuenta la importancia de tolerarnos y respetarnos”.

Este nueve de octubre se cumplieron 40 años del asesinato de tres prisioneros políticos cometido por efectivos de la Armada en el lugar conocido como Quebrada Honda, ubicado sobre la carretera 150 que une Penco y Tomé.

El recién pasado 11 de septiembre se dio a conocer un fallo de primera instancia en que el Ministro Carlos Aldana Fuentes dictó sentencia por estos crímenes contra tres ex uniformados de la marina. El Ministro Aldana sustancia la causa por los asesinatos de Quebrada Honda en su calidad de Ministro en Visita extraordinario para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción.

El fallo condena a los autores de los delitos de homicidio calificado cometido en la persona de las víctimas Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero y Héctor Manuel Lepe Moraga asesinados la noche del 9 de octubre de 1973. En el lugar del crimen se erige un memorial que honra la memoria de los tres mencionados y de Mario Alberto Ávila Maldonado ejecutado ese mismo día y en ese mismo lugar pero cuyo caso no forma parte de este proceso.

El Ministro Aldana condenó a los suboficiales en retiro de la Armada, Bernardo del Rosario Daza Navarro, de 66 años, y Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, de 63, a las penas efectivas de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos; además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y el pago solidario de las costas de la causa.

Condena a Patricio Enrique Salamanca Marín, de 60 años, soldado primero en retiro de la Armada, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y el pago solidario de las costas de la causa. A este condenado se le concedió el beneficio de libertad vigilada. Un cuarto procesado en esta causa, el soldado primero en retiro de la Armada, Eliecer Victoriano Caamaño, resultó absuelto de los cargos referidos.

Todos los ex marinos antes mencionados integraban una patrulla al mando del entonces capitán de corbeta Carlos Mauricio Blanlot Kerberhard, 2° comandante del Destacamento de Infantería de Marina N° 3 “Aldea”, con asiento en el Fuerte Borgoño, de Talcahuano. Este oficial, quien luego llegó al cargo de Almirante, estuvo procesado en esta causa pero falleció de muerte natural hace un par de años, librándose así de una posible condena.

Por su parte, el Fuerte Borgoño, el Destacamento “Aldea” y los agentes de inteligencia naval jugaron un papel gravitante en la ejecución de las labores represivas y punitivas que fueron propias de la época de instauración de la dictadura en la zona. Los recintos de la Armada y de la Base Naval de Talcahuano se convirtieron en campos de prisioneros y centros de tortura, cuestiones que están más que acreditadas en los Informes Rettig, Valech y en una decena de juicios por causas de Derechos Humanos.

Los tres ejecutados en Quebrada Honda eran militantes del MIR que habían sido detenidos el 27 de septiembre de 1973 en Tomé por efectivos de carabineros quienes los entregaron a agentes de inteligencia de la marina. Junto a ellos fue detenido Ricardo Antonio Barra Martínez quien, durante esa misma noche, fue muerto en las torturas a las que fue sometido por los oficiales del Servicio de Inteligencia de la Armada, denominado Ancla II. Los otros tres prisioneros fueron sometidos a un espurio consejo de guerra que el día 6 de octubre del 73 los condenó a insólitas penas de cárcel. Cabrera fue condenado a penas de 15 años y un día de presidio mayor, más 5 años de presidio menor; Catalán a 15 años y un día de presidio mayor, más otros 10 años y un día de presidio mayor, más 20 años de presidio mayor y, por si fuera poco, 10 años de extrañamiento mayor; y Lepe fue condenado a 15 años de presidio mayor, 5 años y un día de presidio mayor y 3 años y un día de presidio menor. Los tres fueron ingresados luego en la cárcel de Tomé.

No obstante, la farsa de consejo de guerra y las penas aplicadas, el día 9 de octubre, en horas de la noche, se presenta en el penal tomecino la patrulla al mando de Carlos Blanlot Kerberhard y sacó del recinto a los tres miristas condenados trasladándolos con destino desconocido.

En el lugar Quebrada Honda, Blanlot procede a ejecutarlos y montar la farsa de un enfrentamiento. Al respecto el fallo señala: Los miembros de la patrulla naval trasladaron a los detenidos “(…) por el camino de Tomé a Concepción con el fin de eliminarlos, para lo cual se detuvieron al costado derecho del camino, en el sector denominado “Quebrada Honda”, procediendo a bajar a los prisioneros, ordenándole el Jefe de la Patrulla correr hacia el cerro, disponiendo, de inmediato, que los custodios le dispararan por la espalda con sus metralletas HK, causándoles heridas que le produjeron la muerte”.

Luego, agrega, que “el mismo jefe de la patrulla sacó una escopeta que portaba en la cabina del camión y disparó contra la carpa del mismo, para aparentar que habían sido atacados por extremistas, informando en este sentido a la prensa de la época. Que los hechores actuaron a traición y sobre seguro en la ejecución de la muerte de sus víctimas, las que se encontraban desarmadas y a plena merced de sus custodios, en horario de toque de queda y en lugar despoblado”.

Aparte de Blanlot quien asentó su carrera con estos asesinatos, destaca entre los criminales el suboficial Bernardo Daza Navarro, quien por sus antecedentes de asesino es convocado a formar parte de la DINA desde su creación a fines del 73. Allí, en la DINA, formó parte del grupo más cercano de Manuel Contreras, encargado de la protección del Mamo y que recibían la denominación de “Los Míos”. Daza Navarro, conocido como “El Chancho”, integró la sanguinaria Brigada Lautaro de la DINA, la misma que operaba en el llamado Cuartel Simón Bolívar (Simón Bolívar 8800) desde donde ningún prisionero salía con vida. Luego, en la CNI, esta Brigada, con otra denominación, operaba en el llamado Cuartel Loyola y el Chancho Daza siguió formando parte del aparato represivo criminal.

Breve semblanza de los miristas tomecinos asesinados.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Tomé, comienza a estructurarse a través de la organización de un (GPM) Grupo Político Militar, debido a la gran cantidad de militantes que existían en la comuna. Desde el comité regional del MIR, en Concepción, enviaron a Miguel Ángel Catalán Febrero, con la misión de organizar allí el GPM de Tomé, quién junto a Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz, Héctor Manuel Lepe Moraga y Ricardo Antonio Barra Martínez se pusieron a la dirección del movimiento revolucionario tomecino. Estos hombres constituyeron la base de dirección del GPM, manteniendo vínculos con entidades de izquierda que los apoyaran, y formando organizaciones de masas intermedias como el FTR (Frente de Trabajadores Revolucionarios) en las tres industrias textiles y el FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios) pertenecientes a la Escuela Industrial y al Liceo Co-educacional de la comuna y jóvenes Universitarios.

RICARDO ANTONIO BARRA MARTÍNEZ

Tenía 24 años cuando fue asesinado. Nació en Tomé en 1949. Vivió junto a sus padres y dos hermanos menores, Pedro y Roberto, en la casa ubicada en el sector San Juan, calle 21 de Mayo Nº 85, Tomé. Hizo la educación primaria en la Escuela D- 417, luego ingresó al Liceo Vicente Palacios donde terminó sus estudios secundarios. Después comenzó a trabajar en la Fábrica de Paños FIAP Tomé, donde se desempeñaba como obrero en la sección de Apresto Seco.

En ésta época, conoció a Tránsito Cabrera militante del MIR, de quién recibió las primeras influencias políticas. Después de un año, ingresó a la Universidad de Concepción a estudiar la carrera de Economía Política por 4 años, durante las tardes, ya que por las mañanas seguía trabajando en la industria textil. Allí conoció a Luciano Cruz, uno de los fundadores del MIR en Concepción, con quien además de compartir actividades académicas, mantuvo un vínculo de amistad.

Fue dirigente del MIR en Tomé, donde era conocido como Miguel, y viajó a Cuba en 1972 sin conocimiento de su familia, con el fin de recibir entrenamiento militar. Regresó al cabo de unos meses reintegrándose a sus actividades laborales, estudiantiles y políticas.

TRANSITO DEL CARMEN CABRERA ORTIZ

Tenía 28 años de edad. Nació el 4 de Mayo de 1945. Su infancia la vivió en la localidad de Cerro Verde entre Lirquén y Penco. Años después se trasladó a la ciudad de Tomé con el fin de estudiar en el Liceo Industrial de dicha comuna; debido a la lejanía con su hogar debió permanecer internado durante este período. Una vez egresado de la enseñanza secundaria optó por trabajar durante algunos años.

En 1966 inició su militancia en el MIR, donde era conocido como Manuel o Tatín y llegó a tener un papel relevante en el desarrollo del mirismo en la comuna. Alrededor de 1968 ingresó a estudiar a la Universidad Técnica del Estado la carrera de Proyectista en la que se mantuvo por dos semestres y luego debió retirarse, ya que al año siguiente se casó con Blanca Amelia Álvarez y al mismo tiempo comenzó a trabajar en la industria textil FIAP Tomé. En la fábrica, tiempo más tarde alcanzó cargos sindicales; en esa época se estableció en una vivienda ubicada en la calle O’Higgins. Tuvo dos hijos, César y Claudio, de tres años y de tres meses, respectivamente, al momento de su muerte.

Durante el verano de 1972 viajó a Cuba por unos 4 meses. Ya de regreso, el día 30 de agosto su vivienda fue allanada por militares con el pretexto de la Ley de control de Armas reinstalada en el país por esos días.

HÉCTOR MANUEL LEPE MORAGA

Tenía 29 años de edad. Nació en Tomé el 21 de Mayo de 1944. Su hogar estaba ubicado en calle Miramar Nº 10, Cerro Alegre. Era el segundo hijo de Laura Moraga y el primero del matrimonio Lepe-Moraga. Sus hermanos, nacidos de este enlace, son Marcos y Eduvigis. En los años cincuenta falleció su padre y su madre tiempo después volvió a contraer matrimonio. Realizó sus estudios primarios en la Escuela de Bellavista y luego de terminar la enseñanza secundaria, ingresó a la Universidad Técnica del Estado en Concepción, en 1967, donde siguió la carrera de Electricidad.

Mientras cursaba estudios superiores conoció a distintas personas vinculadas al movimiento político de izquierda, entre ellos a Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz, militante del MIR. En 1970 ingresó a este movimiento en el que fue conocido como Javier Rojas o Rojitas. Por sus méritos como militante también fue seleccionado para formar parte del GAP (Grupo de Amigos del Presidente).

Viajó a Cuba por unos meses, en 1972. Una vez de regreso se reintegró a las actividades políticas, con un convencimiento profundo de sus ideales y de la lucha social.

MIGUEL ÁNGEL CATALÁN FEBRERO

Tenía 22 años de edad. Nacido el 31 de enero de 1951 en Río Negro, Osorno. Estudió en el Liceo de Osorno y en el Liceo de Puerto Montt, donde terminó cuarto medio. Durante su vida estudiantil tuvo activa participación en agrupaciones sociales y políticas locales. Luego de la enseñanza media ingresó a estudiar Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de Concepción. El arribo a esta zona estaba motivado por la presencia de su hermano mayor quien estudiaba Agronomía en la sede de Chillán de la UdeC y militaba en el MIR.

Ya en Concepción, Miguel Ángel se integra al MIR donde es conocido como Cata Chico, en alusión a que su hermano era conocido como Cata. Entre sus pares también era llamado Coliguacho por lo busquilla e inquieto, y Pepe por los militantes tomecinos.

El MIR lo destina a Tomé a organizar el GPM a partir de las bases existentes en la comuna. En dicho lugar se hospeda en la casa de Erasmo Peñailillo, estudiante de Matemáticas de la UdeC. Fue instalado en una pieza al fondo del patio donde permaneció por varios meses; luego debió cambiarse de domicilio en varias ocasiones por razones de seguridad.

Según quienes le conocieron, Miguel Ángel era una persona de mediana estatura, rubio, delgado, tez blanca, muy sencillo, generoso y siempre preocupado de los problemas sociales. Era un joven brillante y muy callado, que en sus ratos libres solía jugar ajedrez con sus compañeros.

MARIO ALBERTO ÁVILA MALDONADO

Tenía 27 años de edad al momento de su asesinato. Era empleado del Departamento de Desarrollo Social de Tomé y militante de la Juventud Socialista. El 18 de septiembre se había presentado voluntariamente a la unidad policial de Penco. Tras permanecer detenido durante tres días, salió en libertad. Sin embargo, el día 9 de octubre carabineros de Penco y agentes civiles lo arrestaron en su lugar de trabajo, en Tomé. Desde ese momento se perdió todo rastro de su persona hasta que el 27 de noviembre del 73 aparece su cadáver en el sector de Quebrada Honda. El certificado de defunción señala que la causa de muerte no pudo ser precisada.

En el sector Quebrada Honda, en el kilómetro 7 del camino que une a Lirquén con Tomé, el 9 de octubre de 1973, fueron asesinados Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero, Héctor Manuel Lepe Moraga, todos miristas, además del militante PS, Mario Alberto Ávila Maldonado.

Cuarenta años después, los municipios de Tomé y Penco -de donde eran las víctimas- junto a distintas organizaciones de derechos humanos y sociales, inauguran este miércoles la primera etapa de un memorial que se ubicará en el mismo lugar donde estos jóvenes fueron fusilados durante la dictadura militar.

Tránsito Cabrera Ortiz, tenía 28 años, era obrero textil de la FIAP-Tomé, Miguel Catalán Febrero, tenía 22 años y era estudiante universitario, Héctor Manuel Lepe Moraga, tenía 29 años y estudiaba en la Universidad Técnica del Estado.
Los tres habían sido detenidos por carabineros el 27 de septiembre de 1973, y puestos a disposición del Servicio de Inteligencia de la Armada. Fueron sometidos a un Consejo de Guerra, el 6 de octubre de 1973 (el denominado Ancla 1), que condenó a Cabrera a 15 años y un día de presidio mayor y 5 años de presidio menor; a Catalán a 15 años y un día de presidio mayor, 10 años y un día de presidio mayor, 20 años de presidio mayor y 10 años de extrañamiento mayor; y a Lepe a 15 años de presidio mayor, 5 años y un día de presidio mayor y 3 años y un día de presidio menor.
Pero la versión oficial, indica que la patrulla naval a cargo de la custodia de los detenidos fue atacada por dos o tres individuos con escopetas de caza y artefactos de fabricación casera, ocasión que los presos habrían aprovechado para intentar una fuga. Sin embargo, no llegaron muy lejos, ya que uno de los integrantes de la patrulla les disparó, dándoles muerte inmediata.

A la Comisión Rettig esta versión oficial no le calzó, por varias razones: “Los afectados iban custodiados y desarmados; de haber existido un ataque contra la patrulla, es poco plausible que no quedaran uniformados lesionados y que ninguno de los atacantes fuera herido, detenido o muerto; y, testimonios de otros detenidos que iban junto a los tres muertos, señalaron que éstos fueron fusilados sin que mediara ataque previo”.
Así de tajante y claro fue el Informe Rettig al referirse a esta situación. Es más, la Comisión Rettig llegó a la convicción que “la ejecución de estas tres personas fue un acto de violación de los derechos humanos cometida por agentes del Estado, específicamente de la Armada”.

Respecto de la situación del pencón María Alberto Ávila Maldonado, éste se había presentado voluntariamente al cuartel policial de Penco, el 18 de septiembre de 1973. Allí permaneció durante tres días hasta que salió en libertad. Pero poco le duró esa condición. El 9 de octubre, Carabineros de la Comisaría de Penco y civiles lo arrestó en su lugar de trabajo. Desde esa fecha se pierde toda noticia acerca de su paradero hasta que el 27 de noviembre apareció su cadáver en el sector de Quebrada Honda.. El certificado de defunción señala que la causa de muerte no pudo ser precisada.

El Memorial que se quiere iniciar es una forma de ayudar a construir la historia nacional sin omitir las verdades y además, busca no olvidar a los chilenos asesinados, torturados y exiliados bajo el gobierno de Pinochet, en miras de conseguir una sociedad reconciliada y tolerante.