Arias Quezada Juan Domingo

Juan Domingo ARIAS QUEZADA

                                     El 26 de noviembre de 1973, fueron ejecutadas las siguientes personas:

                             –           Juan Domingo ARIAS QUEZADA, 17 años, soltero, estudiante, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí.

                              –           Mario Francisco ZAMORANO CORTES, 33 años, soltero estudiante, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí.

                               –           Juan Carlos MERINO FIGUEROA, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí. 

                                –           Juan Jonas DIAZ LOPEZ, 24 años, estudiante, militante del Partido Socialista de Osorno.

                                –           Que Phung TRAN HUYNH, vietnamita, Doctor en bioquímica y medicina nuclear.

                                   En la madrugada del día 27 de noviembre, vecinos de El Arrayán escucharon la subida por el camino de un vehículo pesado, y alrededor de las 04:00 horas, múltiples disparos.  En el transcurso del mismo día, los cuerpos sin vida de todos los señalados, fueron encontrados por un vecino en la Parcela Nº 38 de El Arrayán con una leyenda alusiva al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde son sindicados como “traidores”. 

 En los respectivos protocolos de autopsia, se determinó que murieron por múltiples impactos de bala de grueso calibre.  Varios de los cuerpos presentaban lesiones distintas a las provocadas por los proyectiles, tales como “escoriaciones multiformes distribuidas en la región frontal derecha”, “múltiples traumatismos, en múltiples regiones del cuerpo, provocadas por cuerpos contundentes y cuerpos candentes”, y “múltiples lesiones equimóticas en diversas zonas del cuerpo”.  Además de lo indicado, dichos protocolos indican que dos de ellos se encontraban amarrados.

Según relatan familiares, de acuerdo a indagaciones realizadas por ellos, el grupo habría intentado asilarse en una embajada, siendo sorprendidos por una patrulla militar, la que los habría detenido. 

También según relato de familiares, uno de los afectados había sido buscado en su domicilio en los días previos por militares del Regimiento Tacna, quienes dijeron que debía presentarse en esa unidad militar.

 Teniendo presente que por los testimonios conocidos, y los informes de autopsia, ha quedado establecido que fueron ejecutados durante la vigencia del toque de queda, con armas de grueso calibre, y que además sus cuerpos presentaban lesiones compatibles con apremios anteriores a la muerte, y la circunstancia que al menos uno de ellos había sido buscado por efectivos militares en los días previos, a lo que se agrega la común militancia política y las características generales del período en que ocurren estos hechos, la Comisión ha llegado a la convicción que estas personas fueron ejecutadas por agentes del Estado, siendo víctimas de una grave violación de su derecho a la vida.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

En la madrugada del 27 de noviembre de 1973, los vecinos del El Arrayán, en los faldeos pre-cordilleranos de Las Condes, escucharon el sonido del motor de un vehículo pesado subiendo por el camino El Cajón, polvorienta vía que conectaba a esa localidad con el resto de la comuna. Minutos más tarde, hacia las cuatro de la mañana, volvieron a despertarse sobresaltados, esta vez por el ruido sordo y característico de múltiples disparos. Con las primeras luces de la mañana, los cuerpos sin vida de cinco hombres jóvenes fueron encontrados por un vecino frente a la Parcela 38 del sector. Había un cartel alusivo al MIR, en el cual se indicaba que habían sido ejecutados por “traidores”.

Los respectivos protocolos de autopsia determinaron que todos murieron por múltiples impactos de bala de grueso calibre. Varios de los cuerpos presentaban lesiones distintas a las provocadas por los proyectiles, tales como “escoriaciones multiformes distribuidas en la región frontal derecha”, “múltiples traumatismos y lesiones en diferentes regiones del cuerpo, provocadas por cuerpos candentes y cuerpos contundentes”. Es decir, fueron torturados salvajemente antes de su muerte. Según el informe de la autopsia, dos de ellos, además, se encontraban amarrados.

La prensa golpista dio una cobertura sensacionalista al hallazgo de los cuerpos y legitimó la versión oficial respecto a que se trataba de una purga al interior del MIR. Sin embargo, todos los ejecutados militaban en la Juventud Socialista y, según sus familiares, intentaban asilarse en la embajada de Finlandia cuando se vieron sorprendidos por una patrulla militar que los habría detenido.

La historia de esos jóvenes se remontaba a muchos años atrás, cuando dos de ellos, Juan Carlos Merino Figueroa y Juan Domingo Arias Quezada, habían coincidido con Jorge Aravena Mardones y con otros jóvenes vecinos de Población San Joaquín, estableciendo una férrea y temprana amistad al calor de la vida cotidiana en ese tradicional sector de la comuna de San Miguel, contiguo a la Población La Victoria. Los juegos infantiles al principio, los partidos de fútbol, las fiestas y los primeros escarceos con el amor después, los unirían en una complicidad que, ya adolescentes, los llevaría a integrarse a una común militancia en la Juventud Socialista.

Ángel Arias, hermano mayor de Juan Domingo, así lo recuerda: “Jorge Aravena tenía 10 años y yo nueve cuando nos conocimos. Siempre me llamó la atención el poco interés y aún menor talento de ambos para jugar a las bolitas, al trompo o a los volantines. En cambio, y quizás de manera compensatoria, teníamos la inmensidad de la vía férrea del tren al sur, allí, a escasas cuadras de nuestros hogares. El momento culminante de nuestros juegos era correr y llegar primero al otro lado del paso sobre nivel de la calle Carlos Valdovinos, equilibrándonos sobre los rieles. De vuelta de una de aquellas jornadas nos encontramos un día frente a un afiche que hablaba sobre la Revolución Cubana y sobre un canje de prisioneros estadounidenses por tractores para los campos del primer territorio libre de América.  Nos acercamos todos a leer y entre nosotros se produjo un no disimulado fervor que nadie pudo controlar. Nos volvimos riendo y comentando que Fidel Castro nos resultaba  simpático y que seguro nos ganaba a todos en la carrera sobre los rieles del tren. Era el comienzo de una afinidad política que se inició así, a temprana edad”.

La efervescencia social y la movilización política de fines de los 60 coincidieron con el paso a la enseñanza secundaria de la mayoría de los amigos del barrio. Eran los estertores del Gobierno de Frei y la juventud chilena expresaba con sus marchas y tomas su repudio al alza del pan, a la intervención norteamericana en Vietnam y la seguidilla de golpes militares en Argentina, Brasil y Bolivia. Como estudiantes secundarios, las movilizaciones también rechazaban la conscripción militar en los liceos, una iniciativa que contaba con el aval de la Administración del PDC.

En la Población San Joaquín, la organización política que logró capitalizar todo ese entusiasmo adolescente fue la Juventud Socialista. En 1970, había crecido tanto que prácticamente la totalidad de los viejos amigos del barrio militaban en ella. Era los casos de Luis y Jorge Aravena; de Rosa, Brígida, Margott, Alfredo y Juan Carlos Merino; de Ángel, Leonardo y Juan Domingo Arias; de Alejandro Cid, Martín Saavedra, Uberlinda Rodríguez, Cecilia Cerna y muchos más. A la fecha del triunfo de la Unidad Popular, había cuatro núcleos (José Martí, Kim Il Sung, Che Guevara y Manuel Rodríguez) actuando en la población con más de un centenar de jóvenes que participaban activamente en las actividades sociales, culturales y deportivas que la JS impulsaba en el sector.

La intensa actividad política, lejos de disminuir, aumentó durante los mil días de la Unidad Popular. Los viejos amigos fueron poniéndose a la cabeza de tareas organizativas y de masas: Así, a Juan Domingo Arias le correspondió desempeñarse progresivamente como secretario político del núcleo José Martí, presidente de la comisión constituyente del nuevo Seccional La Feria e integrante de la Secretaría de Organización del Regional San Miguel.

Juan Domingo había nacido en la población. Vivía en la calle Valenzuela Llanos, cerca de donde hoy se levanta el “Umbral de las Ausencias y de las Presencias”, que los vecinos, amigos y familiares de los desaparecidos y ejecutados de este sector levantaron en su homenaje. Aparte de las experiencias comunes con sus amigos de la infancia, las conversaciones con su padre, allendista convencido, influyeron también en su definitivo ingreso a las filas de la JS.

Durante esos tres años de la UP, uno de los principales desafíos del grupo fue enfrentar las reiteradas acciones desestabilizadoras de la oposición. Durante el paro de los camioneros en octubre de 1972, que intensificó el desabastecimiento y el mercado negro, la JAP del sector se las ingenió para asegurar la distribución de todos los productos de primera necesidad. Al tiempo que se explicaba a los vecinos las razones del problema, todos los militantes se movilizaban en la tarea de conseguir vehículos para distribuir las mercaderías.

Tras el fallido intento golpista del 29 de junio de 1973, continuaron acercándose simpatizantes a las filas de la JS. Ello abrió toda una discusión respecto a la forma de responder adecuadamente a este entusiasmo. Juan Domingo Arias, en un artículo publicado en el periódico “Avanzar”, daba una noción de ese desafío:

La llegada de nuevos militantes trae consigo nuevas preocupaciones a la organización. Lo ideal es una constante conversación personal, en ningún momento abandonarlos ni dejarlos solos. Dejar que cumplan las tareas solas es quebrar al militante, es no ayudarlo a que se ubique en la línea de la revolución. Ayudar a entender lo complejo que es la revolución y qué significa ingresar a una colectividad revolucionaria.

El 11 de septiembre constituyó la más dura prueba de lealtad y compromiso a la que se enfrentó aquel puñado de jóvenes militantes. Al escuchar las primeras informaciones sobre el golpe, todos los núcleos llevaron a cabo lo que habían acordado: reunirse en la escuela básica del sector para preparar la resistencia. Cada uno asumió tareas específicas, mientras algunos trasladaban las granadas caseras y las bombas molotov que se alcanzaron a preparar, Juan Carlos Merino observaba desde la torre de agua de la escuela las maniobras de los aviones de la FACH sobre el Palacio de La Moneda.

Ángel Arias rememora que a las 15:00 horas el grupo sólo tenía informaciones imprecisas: “Se decía que los alumnos de la Facultad de Ingeniería vendrían a apoyar nuestro precario foco de resistencia; que desde el Cordón Cerrillos –muy próximo a la Población– también avanzaban grupos de trabajadores allendistas; que había que ir a la Población La Legua a apoyar a la gente que allí combatía”. Jorge Aravena, que con sus 23 años era el líder natural e indiscutido del grupo, decidió que lo más responsable era quedarse a defender la población.

Ese día, Aravena llegó temprano a la población. Desde su trabajo, en la Policía de Investigaciones, había logrado sacar una subametralladora y tres cargadores. En la población se hizo cargo de la organización de cerca de 80 combatientes, en su mayoría jóvenes y adolescentes, con escasos medios de combate. Al llegar se enfrentó con una patrulla policial que arrinconaba a un importante número de jóvenes pobladores y militantes socialistas, logrando evitar su detención. Luego de la escaramuza con carabineros, las horas transcurrieron en un ambiente tenso de intranquilidad y espera. Ángel comenta que Jorge y todos los otros tenían la convicción de que el enfrentamiento llegaría de un momento a otro.

Cerca de las 16:00 horas, un jeep del Ejército, premunido con una ametralladora Punto 30, entró velozmente a través de la calle Marinero Caro, esquivando las trincheras cavadas por los jóvenes. Jorge logró herir al soldado que iba a cargo de la poderosa arma, mientras decenas de pobladores apedrearon el vehículo militar. Durante el resto de la tarde, obedeciendo las instrucciones impartidas por Jorge, los militantes del núcleo José Martí lograron mantener a raya a los militares golpistas.

Cerca de las 20:00 horas, un grupo de soldados fue acorralado por los jóvenes combatientes, siendo conminados a entregar sus armas. Los militares lograron huir, y a eso de las 21:30, un camión de la FACH llegó con todo un contingente de efectivos. A partir de ese instante se produjo el combate: los jóvenes lanzaron una granada a un jeep militar, los golpistas incrementaron el fuego en las calles de la población. Pronto el combate se tornó dramáticamente desigual. Entre los militantes de la JS cundió la dispersión, unos se parapetaron en los jardines o detrás de los bancos de cemento de las plazas. El ruido sordo de las armas hacía difícil cualquier intento de comunicación.

En medio del desbande y fuego cruzado entre los militares y los defensores del Gobierno Popular, un piquete de soldados cercó a un grupo de combatientes, en la contigua Población La Victoria. Jorge corrió hacia ese sector y abrió fuego contra los militares, permitiendo la rápida evacuación de los jóvenes allendistas en apuros. En un momento, quedó sólo frente a cinco soldados de la FACH, siendo herido en un pie y desplomándose al suelo. Sin rendirse se enfrentó a ellos, hasta que resultó acribillado a quemarropa por los militares, recibiendo tres balas, en el pecho, una en el cuello y otra en la pierna. Sus compañeros lograron rescatar el cuerpo, y durante toda la noche del 11 al 12 de septiembre le protegieron del asedio militar.

En los días posteriores, Juan Domingo Arias, Alfredo y Juan Carlos Merino comenzaron a ser requeridos insistentemente en sus domicilios por efectivos del Regimiento Tacna. La Inteligencia del Ejército había detectado su participación en los acontecimientos del día 11 y su rol como dirigentes de la JS del sector.

La inminente represión a que se exponían llevó a que su organización los incluyera en un plan de salida del país, coordinado por Ariel Mancilla. La idea era evacuar a una treintena de militantes de la JS, dirigentes intermedios que estuvieran en riesgo o vinieran saliendo de las cárceles y de la represión. Mario Aravena, el popular Juan Samuel, era uno de los “medios pollos” –como cariñosamente los denominó Ariel– que debían salir del país. Luego de su paso por el Estadio Nacional, recinto en que estuvo detenido por más de dos meses, fue recontactado por la JS. En un punto realizado en el paradero 21 de la Gran Avenida, Ariel le informó que formaría parte de “un contingente de jóvenes que se instruirá en el exterior y que luego se reincorporará a la lucha anti dictatorial”. Aunque Ariel no llegó a decirlo, Juan Samuel sintió que la idea de sacar de Chile a esos “medios pollos” era formarlos para reemplazar a la dirección partidaria de la época, que “tarde o temprano sería capturada por la represión”, reflexiona.En el caso específico de los jóvenes de la Población San Joaquín, el plan estaba bajo la responsabilidad de Mario Zamorano. El operativo contaría con la activa colaboración de un joven ciudadano vietnamita, Que Phung Tran, un doctor en Bioquímica y experto en Medicina Nuclear, que durante los días más álgidos de la Guerra de Vietnam había desplegado en Europa una activa campaña contra la invasión norteamericana a su país. Entusiasmado con el triunfo de Allende, llegó a trabajar a Chile, primero en el Hospital José Joaquín Aguirre y luego en el INDAP. Ahora, amparándose en un pasaporte especial de Naciones Unidas, prestaba un invaluable apoyo a los socialistas perseguidos por los militares, estableciendo contactos con embajadas y colaborando en sus asilos.

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $400.000.000 por concepto de daño moral, a los hermanos de Juan Domingo Arias Quezada, quien fue detenido con solo 17 años de edad, torturado y luego ejecutado por agentes del Estado en el sector de El Arrayán, en noviembre de 1973.

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) por concepto de daño moral, a los hermanos de Juan Domingo Arias Quezada, quien fue detenido con solo 17 años de edad, torturado y luego ejecutado por agentes del Estado en el sector de El Arrayán, en noviembre de 1973.

En la sentencia (causa rol 17.435-2020), la magistrada Gabriela Silva Herrera rechazó las excepción de preterición legal, reparación satisfactiva, excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años (artículo 2332 del Código Civil) y la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años (artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil), tras establecer la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en sede penal como civil.

“Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el actor, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de ilícito, esto es el asesinato de un menor de 17 años por órganos del Estado, implicando ello que sus familiares, incluidos los demandantes de autos, hayan padecido dolor y secuelas psicológicas; ello con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a las víctimas de autos”.

“Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan a las víctimas en nada destierran el dolor y aflicción permanentes sufridos por el demandante, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos, encontrándose entre ellos don Juan Domingo Arias Quezada”, añade.

“Que, habiendo el Estado truncando la vida familiar, durante tan largo tiempo, situación que se mantiene hasta esta fecha; corresponde ahora que los devuelva en alguna medida a su amparo, por lo que la acción deducida habrá de prosperar”, afirma la resolución.

“En consecuencia y según lo expuesto, encontrándose acreditada la comisión del delito, la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron y la relación de parentesco de la víctima y los demandantes, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que provoca la desaparición y la irresolución del destino de un familiar en tan vitandas circunstancias”, colige.

“En atención a lo expuesto se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor de los demandantes en la suma de $50.000.000, para cada uno, asciendo al total de $400.000.000”, ordena.

Domiciliado en calle Valenzuela Llanos #3774 población San Joaquín , la Cisterna.

Actividad; estudiante 4to medio liceo Miguel Luis Amunategui.

Detenido, no se sabe por quién,fecha de fallecimiento 27 de noviembre de 1973 a las 15,30,el Arrayán camino a el Cajón, frente a parecela # 38 , causa ; herida cráneo encefálica .