Alvarez Cañas Guillermo Amador

Guillermo ALVAREZ CAÑAS

El día 22 de septiembre de 1973, fueron ejecutados por personal del Ejército, en el sector Atalaya, en el camino entre San Antonio y Bucalemu:

            – Raúl Enrique BACCIARINI ZORRILLA, 49 años, Secretario Regional del Partido Socialista de San Antonio.

            – Héctor ROJO ALFARO, 43 años, dirigente nacional del Sindicato de Estibadores, Secretario de la COMACH y de la Federación Internacional del Transporte, militante del Partido Comunista.

            – Samuel NUÑEZ GONZALEZ, 49 años, dirigente de los Estibadores de San Antonio y militante del Partido Socialista.

            – Armando JIMENEZ MACHUCA, 38 años, Director del Sindicato de Estibadores y militante del Partido Socialista.

            – Guillermo ALVAREZ CAÑAS, 49 años, Presidente del Sindicato de Estibadores de San Antonio, militante del Partido Demócrata Cristiano. 

            – Fidel Alfonso BRAVO ALVAREZ, 22 años, obrero, militante del Partido Socialista.

                     Según la versión oficial emitida por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de San Antonio y Comandante de la Escuela de Ingenieros Militares "Tejas Verdes", contenida en el Bando Nº 26, los detenidos: "eran trasladados desde San Antonio al campo de prisioneros de Bucalemu, y a raíz de una falla mecánica del vehículo que los transportaba, trataron de escapar, siendo reducidos por armas de la patrulla que los custodiaba".  Agregaba dicha versión oficial que las víctimas, a quienes se sindicó como extremistas, eran llevadas a Bucalemu dada su alta peligrosidad, y que en el caso de los cuatro dirigentes de estibadores, se dijo que habían tratado de paralizar el puerto de San Antonio, incitando al resto de los trabajadores a no cumplir las órdenes del administrador del puerto, que actuaba en cumplimiento de disposiciones de la jefatura de Zona de Estado de Sitio.

                     Analizados los antecedentes recogidos, la Comisión rechaza la versión oficial, atendidas las siguientes circunstancias:

          – Resulta inverosímil que todos los afectados sin excepción hayan debido ser muertos para evitar su presunto intento de fuga, si se considera que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar.

          – No hay constancia de que en septiembre de 1973 existiera un campo de detenidos en Bucalemu, por lo que la ruta seguida por la patrulla no resulta justificada.

          – Raúl Bacciarini Zorrilla se encontraba en deplorables condiciones físicas, existiendo múltiples testimonios verosímiles de que tenía ambas rodillas rotas, lo que le impedía trasladarse por sí solo.  Por su parte, Alvarez Cañas había sido sometido a una cirugía mayor, poco tiempo antes de su detención y estaba muy delicado de salud, por lo que también resulta poco probable que estuviera en condiciones de tratar de escapar.

          – Los cuerpos de las seis víctimas llegaron a la Morgue casi destrozados por heridas de arma blanca; los impactos de bala que presentaban habían sido hechos post mortem y con los cuerpos de las víctimas en el suelo.  Los protocolos de autopsia no pudieron ser encontrados.  La persona que fue testigo del estado de los cuerpos fue detenida y llevada al Campamento Nº 2.

          – Los certificados de defunción señalan como lugar de la muerte el fundo Atalaya, camino Navidad, San Antonio.  En ese mismo lugar se fusiló el día 18 de noviembre a Jorge Cornejo Carvajal y Patricio del Carmen Rojas González, según consta en los certificados de defunción de ambas víctimas.

          – La inexistencia de investigación judicial o interna del arma involucrada, respecto de los hechos.

                     Por tanto a esta Comisión le asiste la convicción que Raúl Bacciarini, Héctor Rojo, Samuel Nuñez, Armando Jimenez, Guillermo Alvarez y Fidel Bravo fueron ejecutados al margen de todo proceso, por agentes del Estado que violaron sus derechos humanos.

El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard Acuña dictó sentencia en la causa conocida como "Armando Jiménez" y condenó a quince años de presidio al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, (DINA) general (R) Manuel Contreras, y a doce años al ex fiscal militar de San Antonio David Miranda Monardes.

Tras su investigación Billard resolvió que ambos eran coautores del delito de homicidio calificado de seis dirigentes sindicales portuarios de San Antonio, ocurrido el 21 de septiembre de 1973 en ese puerto.

Ese día efectivos militares de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes detuvieron en el sindicato de estibadores de San Antonio y en algunos domicilios de la ciudad, a los dirigentes portuarios Armando Jiménez Machuca, Samuel Núñez González, Guillermo Alvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Raúl Bacciarini y Fidel Bravo Alvarez.

Sin embargo, más tarde todo el pueblo se conmovió al enterarse que los seis sindicalistas habían sido ejecutados.

Según un bando militar emitido poco después que la muerte de los dirigentes se produjo porque al ser trasladados en un camión militar desde el regimiento de Tejas Verdes a otro lugar cerca de Bucalemu, intentaron escaparse por lo que se les aplicó la ley de fuga.

No obstante, la investigación determinó que los dirigentes fueron obligados a bajar del camión y los acribillaron.

A la fecha Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de la zona militar de San Antonio, mientras que Miranda había sido designado fiscal militar.

Contreras se encuentra recluido en el Penal Cordillera en Peñalolén cumpliendo condena por el crimen del sastre Miguel Ángel San Martín, y varias otras sentencias que se han dictado en su contra.

El ministro Billard no aplicó ni la amnistía ni la prescripción por el paso del tiempo, considerando que se trata de delitos de lesa humanidad.

El monumento será un homenaje a cuatro estibadores asesinados en 1973. Puerto San Antonio, familiares y agrupaciones ligadas a Derechos Humanos, formalizaron un acuerdo para su construcción en el Paseo Bellamar.

Han transcurrido casi 50 años de la muerte de cuatro trabajadores portuarios de San Antonio, quienes fueron asesinados en el año 1973. Luego de una serie de reuniones de trabajo entre Puerto San Antonio, agrupaciones de Derechos Humanos y familiares de las víctimas, este viernes se realizó la firma de un convenio y la colocación de la primera piedra de lo que será un memorial en homenaje a estos estibadores.

Luis Knaak, gerente general de Puerto San Antonio, señaló que “esta actividad corresponde a la postura de la primera piedra de un memorial a los trabajadores portuarios. Forma parte de una iniciativa que nace cuando Moisés Jiménez, hermano de uno de los fallecidos, nos visitó hace un par de años y nos manifestó que estaba muy interesado de tener un memorial conmemorativo para las víctimas del asesinato ocurrido en 1973”.

“Comenzamos un arduo trabajo en el que participaron funcionarios de nuestra empresa portuaria, logramos avanzar y después de dos años pudimos concretar esta primera piedra, hecho muy importante porque se cumple el sueño de una legítima aspiración”, explicó Knaak.

Por su parte, Francisco Estévez, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, aseguró que “aquí ha existido un trabajo colaborativo que ha permitido que se concrete este anhelo. Estamos en la ceremonia de primera piedra para que se levante el memorial que se requiere, en recuerdo de estos estibadores del puerto que fueron asesinado a raíz del golpe militar de 1973”.

Estévez añadió que “esas muertes tienen que estar presentes en nuestra memoria, y nos parece que este es un primer paso e importante. En la medida que Puerto San Antonio siga manteniendo este compromiso que ha demostrado hoy, con este gran paso dado, se irá logrando el objetivo para que esa memoria no se pierda”.

“Era algo esperado por años y que ahora se concretó. Acá los familiares han reconocido el rol de la actual generación que dirige la empresa portuaria, y eso hay que valorarlo y es un hecho muy importante”, indicó el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Una opinión similar manifestó Moisés Jiménez Machuca, hermano de uno de los trabajadores portuarios que perdieron la vida hace 48 años. “Armando murió cobardemente en el sector de Tejas Verdes y ahora estamos haciendo las veneraciones pertinentes en memoria de él y de todas las familias que sufrieron con estos crímenes. Doy las gracias a Luis Knaak, el gerente general de la empresa portuaria, quien nos ayudó a realizar esto en un terreno que les pertenece a ellos. Nos dieron 25 metros cuadrados para poder hacer el memorial”, comentó.

Luis Barrera, presidente del Comité Educacional de Derechos Humanos de San Antonio, dijo que “los compañeros fallecidos en esa época eran dirigentes sindicales de la zona e hicieron muchas obras por San Antonio, los cuales pidieron que no los olvidáramos. En específico, este memorial recordará a los portuarios Guillermo Álvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Armando Jiménez Machuca y Samuel Núñez González”.

La Corte Suprema dictó la primera sentencia del año 2011 en causa de investigación por derechos humanos que investigan ministros en visita al analizar los homicidios calificados de Armando Jiménez Machuca, Samuel Núñez González, Guillermo Álvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Raúl Bacciarini y Fidel Bravo Álvarez, ocurridos el 22 de septiembre de 1973 en el puerto de san Antonio.

En fallo dividido, los ministros de la Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron: Siete años de presidio y sin beneficios al ex jefe de la DINA, Manuel «Mamo» Contreras Sepúlveda; seis años de presidio y sin beneficios al mayor David Miranda Monardes.

Al mismo tiempo, resultaron absueltos por falta de participación de los ex uniformados del Ejército: Eugenio Videla Valdebenito y Carlos Araya Silva.

En el aspecto civil se rechazó la solicitud de indemnización de perjuicios para los familiares de las víctimas, acogiendo la causal de incompetencia absoluta del tribunal.

Ante el monolito que recuerda a los dirigentes estibadores del puerto de San Antonio, se realizó ayer una ceremonia de homenaje y recuerdo de los directivos Armando Jiménez Machuca, Guillermo Alvarez Cañas, Samuel Núñez González y Héctor Rojo Alfaro quienes fueron asesinados en dictadura.

El encuentro se efectuó en la plaza Mártires Marítimos ubicada en la intersección de las calles Milán con Génova en la parte alta de Barrancas, sector ampliamente identificado con los portuarios y donde muchos levantaron sus casas.

Allí, bajo un celo brillante y con un frío viento que de tanto en tanto se hacía sentir, se reunieron representantes de antiguas y nuevas generaciones de trabajadores que entregan sus esfuerzos para hacer grande a la labor portuaria en San Antonio.

En el sitio se efectuó un recuerdo emocionado de los dirigentes fallecidos y a la vez, se reiteró que su ejemplo de lucha por los derechos de los trabajadores, no ha sido olvidado.

Este encuentro fue convocado por el Centro Comunitario de Villa Italia y se espera que tenga lugar año a año en este espacio de San Antonio.

Así lo refrendó Juan Herrera, presidente de la Agrupación Raíces del Puerto de San Antonio, quien indicó que «este es un recuerdo de mucho dolor, por cuanto se trata de una fecha trágica no solamente para los trabajadores portuarios, sino para Chile en general. Esto ocurrió a 11 días del golpe militar y quedaron cuatro mártires. Ellos fueron llamados a Tejas Verdes y asistieron pensando en defender sus derechos. ¿Por qué los asesinaron?, queda en la suposición, pero esos dirigentes tenían una amplia capacidad de liderazgo».

Ricardo Rodríguez, vocero de la Unión Portuaria de Chile, comentó que «esto es importante. Cada trabajador portuario marca un hito en la labor en la orilla y recordar a quienes murieron en un periodo en que se trató de oprimir a los trabajadores, cobra relevancia porque esto no puede pasar nunca más. Este es un día instaurado en la ley corta 20.773 y que empleamos para recordar a nuestra gente, a quienes han dejado su vida en el puerto».