Albornoz González Guillermo José

Guillermo José Albornoz González, fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en las oficinas de la CONAF de la Reserva Forestal de Malleco. Hasta ese lugar llegaron unos uniformados fuertemente armados, los que de inmediato procedieron a detener a José Albornoz, a quien sacaron violentamente del lugar y lo condujeron a través de un punte de cimbra que une (o unía) el predio de la Reserva Forestal Malleco, con el Fundo "El Carmen Maitenes". En este último lugar, fue recluido en las casas de la Administración, junto a otros trabajadores agrícolas, entre los que se encontraban los hermanos José Liborio, Florencio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Luis Alberto Godoy Sandoval, los hermanos José Nieves, Germán Hernán y Miguel Albornoz Acuña y, Alejandro Albornoz González.

Después de haber detenido a José Guillermo, alrededor de las 15 horas, sus aprehensores se dirigieron hasta la casa de éste, donde obligaron a salir de ella con las manos en alto a su esposa y sus siete hijos, el mayor de 10 años de edad. Posteriormente, los uniformados encerraron en una habitación con llave a la cónyuge e hijos de Albornoz, donde les obligaron a permanecer por espacio de unas dos horas aproximadamente. Luego de ese lapso de tiempo, autorizaron a doña Albertina del Carmen, para que diera alimentación a sus hijos, todo ello bajo la estricta vigilancia de un guardia al que debía solicitar autorización para cualquier movimiento. A la señora Albertina la interrogaron acerca de la posible militancia política y actividades de su esposo y, recién en ese momento le informaron que éste había sido detenido en las oficinas de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco. Paralelo a ello, le ordenaron que no lo reclamara y que "no hiciera un espectáculo de la detención de su cónyuge".

El día domingo 7, el jefe de la oficina de la CONAF, don Adolfo Márquez, le dijo a doña Albertina Yáñez que su cónyuge no regresaría más a su lado.
Los aprehensores formaban parte de un grupo más amplio, los que en un número aproximado de treinta, entre Militares, Carabineros y civiles, habían llegado el día anterior al Fundo Carmen Maitenes. Entre ellos los lugareños pudieron distinguir al en ese entonces Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, ambos ex funcionarios del Retén El Morro (ubicado en una Hacienda del mismo nombre contigua al predio) y a un Sargento de Ejército de apellido Díaz. Entre los civiles, pudieron individualizar a Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor; Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera; Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor todos domiciliados en Mulchén y a Carlos Lehman, quien residía en el fundo. Este último era yerno de Romualdo ("Mayo") Guzmán.
El conjunto de los detenidos, tal como se señaló antes, eran obreros agrícolas domiciliados en el Fundo El Carmen Maitenes ubicado en la comuna de Mulchén, Provincia de Bío Bío, los que estaban contratados por la Corporación Nacional Forestal CONAF . Este fundo había estado en trámite de expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria CORA la que lo había cedido a la CONAF para su forestación, debido al virtual abandono por parte de sus propietarios. Uno de los civiles, integrante de la patrulla, portaba un documento firmado por el Capitán de Carabineros Sergio Maira Tapia quien posteriormente ocupó el cargo de Gobernador de Mulchén que los autorizaba para actuar en el sector y para exigir todo tipo de facilidades y cooperación. Romualdo Guzmán se destacaba del resto por su prepotencia, razón por la cual los campesinos, familiares de las víctimas, hablan de un Capitán Guzmán como jefe del grupo. Los efectivos militares pertenecían al Regimiento de Infantería de Montaña N°17 "Los Angeles", en tanto los policías estaban adscritos a la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchén.

El grupo llevaba consigo una lista de nombres de lugareños del sector la que, aparentemente, habían obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén.
Los detenidos fueron recluidos en la Administración del fundo, la que fue facilitada para esos efectos por Carlos Lehman. En ese lugar, fueron obligados a tenderse boca abajo con las manos en la nuca, mientras sus captores caminaban por sobre sus espaldas, taqueando, golpeándoles con las espuelas y con las culatas de las armas. Se les obligó a golpearse duramente entre los mismos familiares hermanos contra hermanos y padres contra hijos bajo amenaza de muerte si se resistían; todo ello acompañado de insultos y sarcasmos. 
Posteriormente, fueron sacados de la Administración y obligados a ponerse con la cara contra la pared, donde les hicieron simulacros de fusilamiento. 
Los vecinos más cercanos a las casas de Administración del fundo, escucharon gritos y lamentos. Mientras esto ocurría en la Administración, otro grupo se dedicó allanar algunas viviendas de las víctimas.

Alrededor de las 19:00 horas de ese día, los aprehensores libertaron a los hermanos José Nieves y Germán Albornoz Acuña, quienes narraron a sus familiares lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente a las 23:00 horas, los habitantes del fundo "El Carmen Maitenes" escucharon dos ráfagas largas de disparos provenientes de la Administración y, luego, silencio absoluto.

Al día siguiente, domingo 7 de octubre, concurrieron a la casa de los hermanos Rubilar Gutiérrez dos funcionarios de la CONAF, don Adolfo Martín Sánchez y el guardabosques Juan Leal, quienes manifestaron a los padres de los primeros que sus hijos y los otros detenidos habían sido trasladados a un lugar lejano y que les serían devueltos en un plazo de dos años.
Ese mismo día por la mañana, unos uniformados se hicieron presentes en la casa de los padres de los hermanos Rubilar Gutiérrez con el objeto de pedirles unas palas, con las que se dirigieron a un lugar ubicado a unos 500 metros hacia el oriente de las casas patronales del fundo, donde cavaron una fosa en una vega a las faldas de un cerro, entre un estero y un cerco de alambre. En esa fosa procedieron a sepultar siete cadáveres de las ocho víctimas del fundo "El Carmen Maitenes". Los victimarios prohibieron, bajo amenaza de muerte, a los familiares acercarse al lugar. 

José Guillermo Albornoz González, a diferencia de los demás ultimados en el Fundo "El Carmen Maitenes", en la mañana del día 7 de octubre fue trasladado en un coloso tirado por un tractor, hasta el puente de cimbra sobre el río Renaico, donde, atado, le dispararon varias ráfagas que le ocasionaron la muerte, sin que hasta ahora se haya encontrado su cadáver.
En el mes de marzo de 1979, coincidiendo con la fecha en que la Corte Suprema ordenara la investigación de los hechos señalados, desconocidos que se identificaron como carabineros, procedieron a la exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos. No obstante, detectives de Angol recuperaron algunas osamentas humanas de data aproximada a la fecha de comisión de los hechos. (Ver ficha de Juan de Dios Laubra Brevis).

El mismo grupo aprehensor de los 8 campesinos del Fundo Carmen Maitenes el día anterior, el 5 de octubre, había detenido a otros 5 campesinos de la Hacienda El Morro, Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, José Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y José Yáñez Durán; y el día posterior, el 7 de octubre, detuvieron en el Fundo Pemehue a Alberto y Felidor Albornoz González, a José Gutiérrez Ascencio, Juan Roa Riquelme y Gerónimo Sandoval Medina. Estos 10 campesinos también fueron ejecutados por sus captores y todos inhumados en fosas clandestinas, desde donde en 1979 los exhumaron también ilegalmente. (Para mayor información, ver caso de Juan de Dios Laubra Brevis y de Florencio Rubilar Gutiérrez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Debido a antecedentes hechos llegar por la Corte Suprema a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, se instruyó el sumario rol N°33.316 por la presunta desaparición de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, en el Juzgado de Letras de Angol. El día 10 de julio de 1979, la Jueza se declaró incompetente debido a que el delito denunciado tuvo lugar fuera de su jurisdicción, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Mulchén, el que inició el conocimiento de la causa el 18 de julio de 1979, siendo rolado con el N°20595. Mientras este proceso se desarrollaba, en el mismo Juzgado de Letras se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval".

Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.

El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.

En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de ocho campesinos del fundo El Carmen Maitenes.

El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446 81.

El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.

Durante tres días, un destacamento de Carabineros, militares y agricultores detuvo, torturó y asesinó a 18 campesinos en la provincia del Biobío, en octubre de 1973. Nueve hermanos, de tres familias distintas, fueron obligados a luchar entre sí para salvarse. El horror que vivió gente inocente marcada por la venganza de sus patrones. Pasaban ya […]

Durante tres días, un destacamento de Carabineros, militares y agricultores detuvo, torturó y asesinó a 18 campesinos en la provincia del Biobío, en octubre de 1973. Nueve hermanos, de tres familias distintas, fueron obligados a luchar entre sí para salvarse. El horror que vivió gente inocente marcada por la venganza de sus patrones.

Pasaban ya las dos de la madrugada. Llevaban varias horas atados con cuerdas y alambres. No tenían agua, comida ni calor. Esa noche, el 6 de octubre de 1973, cayó agua-nieve sobre los techos de teja del potrero donde los habían puesto. El frío era casi insoportable para las 12 personas, todos trabajadores del fundo Carmen y Maitenes, detenidos en el día por la patrulla de Carabineros, militares y empresarios agrícolas que fue enviada desde el Regimiento de Los Ángeles.

Alejandro Albornoz González (48 años) intentaba echarse encima de sus hermanos Daniel (28) y José (32) para mitigar el frío que los hacía tiritar. Sus primos, Miguel (20), Ramón, Germán y José Albornoz Acuña, un poco más allá, rezaban al unísono. Al otro lado del terroso edificio, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33) intentaba hacer lo propio con sus hermanos José Liborio (28) y Manuel (25). Pegado a ellos, el último prisionero, Luis Godoy Sandoval (23), estaba mudo.

Tres carabineros los vigilaban apuntándoles con fusiles SIG. A esa misma hora, después de comer un «rancho» en la casa patronal de Carlos Lehman, administrador del fundo, llegó hasta el potrero techado el resto de la comitiva cívico-militar.

El oficial de Carabineros a cargo comenzó a insultar y patear nuevamente a los campesinos. Lo mismo hicieron los otros cinco uniformados, cuatro de Carabineros y uno del Ejército. Les molestaban los quejidos por el frío. El civil presente los conocía. Sabía que las familias Albornoz y Rubilar eran las más conocidas y numerosas del sector.

Los habían interrogado sobre un tal Carlos Altamirano y sobre escuelas guerrillas, pero lo único que admitieron fue que habían trabajado toda su vida en el fundo la mayor parte del tiempo y, algunas veces, en las tierras que un asunto que se llamaba Cora (Corporación de Reforma Agraria) le había quitado a sus patrones.

Las respuestas no evitaron que, a punta de manotazos, pateaduras y huaycazos les rompieran las costillas, además de la mandíbula a uno de ellos y la cabeza al menor de los Albornoz González. El frío y el hambre aumentaban el dolor.

Ninguno había terminado la escuela. Por esos lugares, dicen, se comienza a trabajar a los 14 años, entre animales, veranadas, el aserradero y los cultivos de trigo. La única radio, que estaba en la casa patronal, apenas captaba señales. Por eso, desde las elecciones de 1970 que no sabían nada de Allende y la UP, excepto por las tierras que, según habían escuchado con interés, estaban asignando a los campesinos, pese a que el patrón, Lehman, decía que eran robadas por el Gobierno.

El desafío

Las pocas salas de cine chileno ya habían estrenado, durante la década de los sesenta, «Espartaco», la famosa adaptación que el director Stanley Kubrick hizo de la novela de Howard Fast. Se trata de la historia del mayor alzamiento de esclavos ocurrida en el Imperio Romano y de su líder, Espartaco, quien recorrió la península itálica liberando a los esclavos de la explotación y poniendo en jaque el infame sistema que sostenía la fortuna de la nobleza romana. Una vez derrotados, los patricios ejecutan una feroz venganza contra los sublevados que querían libertad: los persiguen, los detienen, los torturan y los crucifican.

Pero el sadismo de esta historia, que fue real, concluye cuando Craso, el general romano que lo derrotó, obliga a Espartaco a batirse en un duelo de espadas con su amigo Antonino. La lucha tenía como objetivo librar a uno de ellos de la muerte más ignominiosa de la época: la crucifixión en la vía Apia.

El joven teniente de Carabineros que comandaba la patrulla, y más de alguno de los que lo acompañaba esa madrugada de octubre de 1973, debían haber visto o escuchado hablar de la película cuando estuvieron frente a los campesinos de Mulchén.

La patrulla SALVAJE

Jorge Maturana Concha aún no cumplía los 29 años. Siempre estuvo entre las notas más bajas de la Escuela de Carabineros. Partió en Ñuñoa, pero luego fue destinado a Los Ángeles y de allí a Mulchén. En octubre de 1973 tenía 28 años y seguía siendo teniente. Dos noches atrás, el mayor de la Segunda Comisaría de Mulchén, Sergio Neira (hoy fallecido), se reunió con él y con empresarios de la zona. De ese encuentro emanó un listado de personas que Maturana Concha debía detener y fusilar. Sin proceso, sin juicio, sin vergüenza.

Las arengas que se escuchaban desde el 11 de septiembre tenían entusiasmado al oficial de verde musgo. Era su oportunidad para mostrar sus virtudes. Sin dudar tomó a cuatro carabineros y a un suboficial del Regimiento de Los Ángeles, asignado especialmente. Completaban la comitiva siete civiles, en su mayoría dueños de fundo y de los predios más grandes del sector, que guiaron con precisión a los uniformados.

Primero en camión y luego a caballo, recorrieron los más de 40 kilómetros hacia el este de la ciudad. Se detuvieron en el fundo El Morro. Ese 5 de octubre detuvieron a los campesinos Juan de Dios Laubra, Domingo Sepúlveda, José Vidal, Celsio Vivanco y José Yáñez. Todos ellos fueron conducidos al retén del sector, que estaba abandonado.

Recién en diciembre de 2007, Maturana Concha confesó estos hechos a los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y, luego, al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana. Hasta esa fecha, en todas sus declaraciones anteriores había mentido.

«Trasladamos a los detenidos a pie hasta el borde el río Renaico, donde di la orden de ponerlos en una fila, con su vista vendada, mientras el personal tomó posición frontal a los detenidos, dando la orden de disparar con un movimiento de mano; instrucción que cumplieron los subalternos dando muerte a los detenidos, quedando sus cuerpos tenidos (sic) en la ladera del río, luego nosotros continuamos nuestro camino», reconoció.

A caballo, y en forma de caravana de la muerte, los carabineros, militares y empresarios siguieron su camino hacia el fundo Carmen y Maitenes. Al otro día hicieron más detenciones. Los integrantes del destacamento que han reconocido alguna participación, reconoce que ninguno de los detenidos opuso resistencia.

Tras la larga jornada, Maturana ordenó que los uniformados y civiles se instalaran en la casa patronal, ofrecida por el dueño. Cerca de las dos de la madrugada, Maturana y el resto de la comitiva corrieron bajo el agua-nieve que caía para dirigirse al potrero techado, donde tres carabineros custodiaban a los 12 detenidos.

Espartaco Y ANTONINO

Los campesinos estaban en mal estado y se quejaban. Fue el momento en que Maturana Concha adoptó la postura del general romano victorioso y les comunicó que al día siguiente algunos serían ejecutados, pero que otros podrían salvarse. Pocos minutos después, los hermanos Albornoz González, los Albornoz Acuña y los Rubilar Gutiérrez se turnaban en el centro de la habitación para pelearse a combos hasta dejar inconsciente al contendor. Según el teniente de Carabineros, los vencedores podrían sobrevivir.

Después de una hora, los prisioneros convertidos en gladiadores jadeaban en el suelo, ensangrentados, con ojos llorosos y conscientes del sadismo del juego. Maturana y el resto de la patrulla reían. Durante lo que quedó de la noche, dos de ellos fueron liberados. Otro, José Guillermo González Albornoz, fue amarrado al coloso de un tractor.

Al resto, relató Maturana Concha, «los trasladamos a unos 40 metros, ordenando que comenzaran a hacer una fosa de dos metros de profundidad y unos cuatro a seis metros de largo, exigiéndoles a los detenidos que se pusieran boca abajo y que todo el personal procediera a disparar, ocasionándole la muerte a todas las personas. Luego los funcionarios procedieron a tapar la fosa con la misma tierra y pasto».

Durante el 2 de abril último, el juez Aldana realizó varias reconstituciones de escena en el sector. Acompañado de detectives y 23 personas, entre inculpados (siete) y testigos, recreó la ruta y hechos ocurridos esos días de 1973. Tras tantos años de silencio y de angustias reprimidas, el dolor no pudo más y estuvo a punto de generar una delicada situación ese día.

Los sobrevivientes de ese juego macabro, los hermanos Germán y José Nieves Albornoz Acuña, increparon a los ex carabineros que, 34 años después, aparecían obligados a decir la verdad por un juez que los escuchó. Las descargas iban principalmente dirigidas a Maturana Concha, quien, en un comentario fuera de su declaración, reclamó a los detectives: «Hasta cuándo van a seguir con esta chacota». El propio ministro Aldana debió solicitar al personal policial que interviniera para evitar un pugilato entre ex uniformados y los ex prisioneros cuyas vidas, sienten, costaron las de otros.

Según el mismo relato, la patrulla, que había asesinado a 12 campesinos en 48 horas, continuó camino hasta el sureste. En los faldeos del cerro Pemehue continuaron las detenciones. La violencia aumentó. Las casas eran allanadas con suma violencia; niños y mujeres fueron golpeados a puntapiés y culatazos.

El mismo Maturana reconoce que en una de las casas obligaron a la familia a proveerles alojamiento y comida durante tres días, mientras tenían detenidos a otros campesinos. Algunos de ellos fueron llevados caminando, tirados por un cordel atado al caballo de los suboficiales.

Con la misma mano fría demostrada en Carmen y Maitenes, la matanza continuó. Alberto y Felidor Albornoz González, los otros hermanos que trabajaban allí, también fueron obligados a cavar su anónimo sepulcro, junto a José Gutiérrez y Jerónimo Sandoval. Sin cuestionar las órdenes ni un asomo de rebeldía, se metieron en la fosa, se echaron boca abajo y fueron acribillados. Otro detenido, Juan de Dios Roa, fue fusilado y semienterrado muy cerca de allí.

EL HORROR ANTE SUS OJOS

Durante la noche, los miembros de la patrulla comieron y durmieron tranquilos. Al despuntar el 8 de octubre, el único militar de la patrulla, Luis Díaz Quintana, se percató que el prisionero que habían detenido en Carmen y Maitenes tres días antes, José Guillermo Albornoz González, seguía atado al coloso del tractor, a la intemperie, sin comida ni agua, con la mandíbula fracturada, las muñecas sangrantes por los alambres, defecado y orinado. Aún no está claro por qué este campesino, el último hijo varón sobreviviente de la familia, fue llevado allí. El militar que lo encontró declaró: «Acompañé a Ortiz, pasamos el río y Ortiz me dijo que yo lo matara. Pero yo no andaba armado, por lo que él sacó su arma y lo mató».

En cuatro días, 18 campesinos fueron detenidos ilegalmente, torturados, sometidos a juegos sádicos, asesinados brutalmente, algunos lanzados al río y otros enterrados en fosas.

Los familiares, que permanecían dentro de sus casas, amenazados por un toque de queda impuesto, comenzaron la búsqueda de sus seres queridos dos días después que la patrulla se fue. Los Roa dieron con su padre. Su hijo Pedro Roa Castillo, hoy de 44 años, era un niño cuando su padre fue detenido. En 2003 relató el horror que le tocó vivir: «Allí encontraron a mi padre, estaba siendo comido por perros, la cabeza estaba aparte del cuerpo, y procedimos a hacer un hoyo en el mismo lugar para enterrarlo. Lo mismo se hizo con otros cuatro cuerpos más, siendo enterrados estos últimos a orillas del río Renaico. Todos quedaron con una cruz. A la tumba de mi padre le hicimos una cerca de madera, sin pintar».

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó acusación en contra de miembros de Carabineros y el Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 trabajadores de los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue, ubicados en el sector precordillerano de la localidad de Mulchén.

En la resolución el ministro Aldana acusó a los miembros de Carabineros en retiro: Jacob Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, en calidad de autores de los homicidios calificados de José Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ilícitos perpetrados el 6 y 7 de octubre de 1973.

Ex carabineros que, además, fueron acusados como autores de los delitos de secuestro calificado de: Juan de Dios Laura Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir del 5 de octubre de 1973. Agentes del Estado que también fueron acusados como autores del delito de inhumación ilegal de las 12 víctimas del delito de homicidio.

En tanto, Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano, fueron acusados como encubridores de 11 delitos de homicidios –excepto el de Juan de Dios Roa Riquelme– y del delito de exhumación ilegal de dichas víctimas.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que las 18 víctimas fueron detenidas por personal del Ejército del Regimiento N° 13 de Los Ángeles y de la Comisaría de Carabineros de Mulchén entre el 5 y 7 de octubre de 1973, en los fundos El Morro, El Carmen Maitenes y Pemehue de la zona, fusilados e inhumados en dichos lugares, otros en el Cementerio de Mulchén o a las orillas del río Renaico, lugares donde los restos permanecieron por más de 5 años.

Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento “Húsares” de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973, y llevados con destino desconocido.

“Árbol de la Memoria” es el nombre del proyecto institucional que busca rescatar la historia de quienes murieron tras el Golpe Militar.

Tan emotivo como de justicia fue el reconocimiento que la Corporación Nacional Forestal y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hicieron a los 19 trabajadores de CONAF que fueron fusilados tras el Golpe Militar de 1973.

La iniciativa se encuentra enmarcada en el proyecto institucional “Árbol de la Memoria: reconocimiento a funcionarios de CONAF víctimas de la dictadura”, que busca rescatar la historia de la Corporación en esta materia y para lo cual el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, y el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, firmaron un convenio de cooperación tendiente a recopilar los antecedentes de aquellos trabajadores asesinados, información que posteriormente quedará plasmada en un libro.

En la ceremonia estuvieron presentes familiares de las víctimas (Claudia Gutiérrez, nieta del trabajador de la Reserva Forestal Malleco, José Gutiérrez Ascencio; Marina Rubilar, hija del trabajador de la Reserva Forestal Malleco, José Rubilar Gutiérrez; y Óscar Aedo, primo hermano de Óscar Aedo Herrera), como también el abogado del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, Rodrigo Cortés; el Doctor en Historia y miembro de la ONG Eco-Comunicaciones, Mario Garcés; y la abogada de DD.HH. María Raquel Mejías, entre otros representantes de los servicios del agro.

Durante su intervención, Aarón Cavieres, muy emocionado, indicó que “hace 42 años, justo con el nacimiento de CONAF, estos 19 funcionarios perdieron la vida cuando estaban abocados a la conservación de la naturaleza. Hoy la institución, cuyo principal objetivo es el bienestar y el desarrollo de las personas, abre este nuevo camino destinado a la conservación de las personas… Quiero agradecer, además, la presencia en este acto de Homero Altamirano, ex director ejecutivo de CONAF hasta 1973 y que vivió esos duros momentos”.

El proyecto, inédito entre los servicios del Estado, está orientado a difundir el valor de los Derechos Humanos, y con ello mantener vivo el recuerdo de quienes formaron parte de la institución y que perdieron la vida por la acción militar. En este contexto, se harán encuentros a lo largo de todo el país, partiendo por las regiones Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Francisco Estévez, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, al hacer uso de la palabra, señaló que “para nosotros es de vital importancia colaborar con el proyecto ‘Árbol de la Memoria’ de la Corporación Nacional Forestal, que viene a rescatar la memoria de los trabajadores de esta institución que fueron víctimas de la dictadura. Son sus vidas e historias de trabajo las que hoy hemos dignificado en parte al iniciar un trabajo de colaboración conjunto entre CONAF y el museo, como un aporte a la investigación de casos como el asesinato de los trabajadores de la Reserva Nacional Malleco”.

Conforme al espíritu del proyecto, la idea es enfatizar en el respeto de los Derechos Humanos, promoviendo así una convivencia social sin discriminaciones y de respecto a la dignidad de las personas. En este sentido, la educación adquiere una dimensión relevante como herramienta de difusión en los distintos niveles de la sociedad.

Los 19 funcionarios de CONAF víctimas de la dictadura son:

1) Oscar Gastón Aedo Herrera
2) Miguel del Carmen Albornoz Acuña
3) Daniel Alfonso Albornoz González
4) Alejandro Albornoz González
5) Guillermo José Albornoz González
6) Alberto Albornoz González
7) Felidor Exequiel Albornoz González
8) Luis Alberto Godoy Sandoval
9) Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez
10) José Liborio Rubilar Gutiérrez
11) José Lorenzo Rubilar Gutiérrez
12) José Fernando Gutiérrez Ascencio
13) Gerónimo Humberto Sandoval Medina
14) Juan de Dios Roa Riquelme
15) Mario Rubén Morales Bañares
16) José Alejandro Ramos Jaramillo
17) Gerardo Alejandro Ramos Huina
18) José Moisés Ramos Huina
19) Luis Alberto Soto Chandía

Dieciocho campesinos fueron asesinados por carabineros y militares en octubre de 1973.

La causa es investigada por el ministro en visita Carlos Aldana, quien recibió "antecedentes valiosos" para dar con los restos de Guillermo Albornoz González.

Uno de los testigos de la causa en que se investiga el asesinato de 18 campesinos de Mulchén, en la Provincia de Biobío, reveló después de 46 años el sitio en el que estaría enterrado Guillermo José Albornoz González, detenido desaparecido desde el 6 de octubre de 1973, cuando tenía 32 años de edad.

La confesión fue obtenida por Carlos Aldana, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, quien realizó una serie de diligencias en la investigación por el secuestro calificado de Albornoz a manos de Carabineros y del Ejército.

"Tenemos antecedentes que estimamos valiosos para ubicar sus restos óseos. Se ha abierto una causa especial para hacer todas las averiguaciones pertinentes", dijo Aldana.

El propio juez se trasladó hasta el fundo Carmen y Maitenes para dirigir en terreno las diligencias encargadas al Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones.

Los hechos

Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973, funcionarios de Carabineros y del Ejército, comandados por el teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha se dirigieron al sector precordillerano de Mulchén, deteniendo a un total de 18 personas en los fundos "El Morro", "Carmen y Maitenes" y "Pemehue".

Éstas fueron ejecutadas con armas de fuego, y luego sus cuerpos lanzados al Río Renaico o enterrados en las cercanías.

Posteriormente, los cuerpos inhumados fueron extraídos por funcionarios del Ejército para impedir su hallazgo, en la operación denominada "retiro de televisores".

Carlos Aldana precisó que "esta causa está fallada en primera instancia y en estado de apelación en la Corte de Concepción, y esta víctima aparece como secuestro calificado, desaparecido".

Una serie de diligencias realizó en las últimas semanas el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, Carlos Aldana. Estas acciones tienen relación con la investigación por el secuestro calificado de Guillermo José Albornoz González, víctima del denominado episodio Mulchén en el que 18 campesinos fueron ejecutados por funcionarios de Carabineros y del Ejército. Este hecho ocurrió el 6 de octubre de 1973 en la citada comuna. El magistrado, junto a un testigo que en las últimas semanas declaró conocer el sitio dónde fue enterrada la víctima, realizó una inspección ocular y la ubicación del terreno en que habrían sido depositados sus restos, ordenando al Servicio Médico Legal (SML) y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones desarrollar los peritajes en el lugar. "Esta causa está fallada en primera instancia y en estado de apelación en la Corte de Concepción y esta víctima aparece como secuestro calificado, desaparecido. Tenemos antecedentes que estimamos valiosos para ubicar sus restos óseos se ha abierto una causa especial para hacer todas las averiguaciones pertinentes", aseveró el ministro. Agregó que se identificó que en el Fundo Carmen y Maitenes, al lado del río, habría sido enterrado el cuerpo y que el SML lidera las excavaciones de la exhumación, labores que podrían extenderse hasta hoy..

El ministro realizó una serie de diligencias en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de Guillermo José Albornoz González, víctima del denominado episodio Mulchén, en el cual 18 campesinos fueron ejecutados por personal de Carabineros y del Ejército.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, Carlos Aldana, realizó una serie de diligencias en la investigación que sustancia por el delito de secuestro calificado de Guillermo José Albornoz González, víctima del denominado episodio Mulchén, en el cual 18 campesinos fueron ejecutados por personal de Carabineros y del Ejército, en octubre de 1973, en la comuna.

El ministro en visita -acompañado por un testigo que, en las últimas semanas, declaró conocer el sitio donde fue enterrada la víctima-, realizó una inspección ocular del terreno, y ordenó al Servicio Médico Legal (SML) y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones desarrollar peritajes en el lugar.

"Este caso es una de las ejecuciones masivas que se hicieron en octubre de 1973, en que murieron 18 personas. Esta causa está fallada en primera instancia y en estado de apelación en la Corte de Concepción; en ella Albornoz González figura como víctima de secuestro calificado. Tenemos antecedentes que estimamos valiosos para ubicar sus restos óseos. Por ello se ha abierto una causa especial para hacer todas las averiguaciones pertinentes", explicó el ministro Aldana.

Agregó que "se ubicó el lugar, de acuerdo al testigo. Luego de hacer la inspección en el sitio en donde fue ejecutado y cayó al río Renaico, se ha logrado determinar que en este sector, el Fundo Carmen y Maitenes, al lado del río, habría sido enterrado su cuerpo. EL SML y el Laboratorio Criminalística de la PDI han hecho los peritajes planimétricos y fotográficos, fijando la trinchera para realizar las excavaciones de la exhumación, lo que continuará hasta el jueves si es necesario liderado por personal del Servicio Médico Legal".

De acuerdo a los antecedentes recopilados por el ministro Aldana en el proceso, entre el 5 y 7 de octubre de 1973, funcionarios de Carabineros y del Ejército, comandados por el teniente de Carabineros de Mulchén Jorge Maturana Concha, se dirigieron al sector precordillerano de Mulchén, deteniendo a un total de 18 campesinos en los fundos "El Morro", "Carmen y Maitenes" y "Pemehue",  quienes fueron ejecutados con armas de fuego, lanzando sus cuerpos al río Renaico o enterrándolos en las cercanías.

Querido Abuelito… Si soy sincera con usted, no sé cómo empezar a escribirle sin que se me forme un nudo en la garganta, con un sin fin de emociones, uno de mis anhelos más grandes era poder tener una foto suya y hace aproximadamente un año tuve la gran bendición de poder verlo, no se imagina todas las veces que le pedía a Dios que me diera la oportunidad de poder verlo en mis sueños, era mi única esperanza para poder conocerlo de alguna manera antes de que llegara a mi teléfono una foto de usted y en ese momento uno no se imagina lo valiosa que se puede transformar una simple foto, una simple foto para los ojos de otras personas, pero para mí, es un tesoro que es invaluable.

Si me dieran un deseo, pediría sin pensarlo que pudieras bajar un ratito del cielo y poder abrazarte, conversar te de mi vida y decirte lo mucho que te quiero a pesar de no haber podido tener la dicha de conocerte. Gracias por darme el padre que tengo, mi papito es un hombre extraordinario, para mi es mi héroe, es mi vida y no sabes lo bendecida que me siento de tener los padres que tengo. Vivo lejos de casa, y no es fácil estar lejos de mi familia, todo se vuelve más difícil cuando mamá y papá no están ahí para sostenerte cuando te caes o para un abrazo cuando tienes un mal día, los abrazos de mamá para mí, llenan mi alma y todo parece ser más fácil, y los besos de papi recargan mi vida y me hacen sentir segura, cuando el me abraza vuelvo a ser niña.

Quizás que consejos hubieses dado en tantos momentos de mi vida, cuantas historias y vivencias me hubieses contado, eso pasa por mi mente y ojos se llenan de lágrimas, a pesar de todo mi padre ha sabido transmitir todo lo que recuerda de ti, gracias al vives para nuestra familia, siempre como un hombre humilde y buena persona, muy esforzada en darlo todo por su familia.

Quisiera contarte mil cosas más, pero creo que ya abra tiempo para eso.

Sé que algún día podré verte y podremos hablar de todo, poder abrazarte y sentir que estas aquí, pero nos arrebataron ese privilegio. No olvides que siempre estás en nuestra familia a través de las historias de mi padre vives en nuestros corazones para siempre.

TE QUIERO ABUELITO, NOS VEMOS EN EL CIELO CUANDO DIOS ASÍ LO QUIERA.                                                                                                                                                               

Yoselin Yareli Albornoz Bascur Nieta de José Guillermo Albornoz González Detenido Desaparecido, 7 de Octubre de 1973

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.