Albornoz González Felidor Exequiel

Felidor Exequiel Albornoz González, padre de 2 hijos, obrero agrícola, sin militancia política conocida, fue detenido en su domicilio el día domingo 7 de octubre de 1973, alrededor de las 17:00 horas, por uniformados que lo sacaron violentamente de su casa, lo esposaron con las manos atrás y lo condujeron hasta las casas de Administración del Fundo Pemehue de Mulchén.
Los aprehensores, en un número aproximado a treinta, formaban parte de un grupo compuesto por Carabineros, Militares y civiles armados que, ese día domingo, poco antes de las 17:00 horas, llegó al fundo "Pemehue", proveniente del predio "El Carmen Maitenes", donde procedieron a la detención de ocho campesinos. Entre ellos los campesinos pudieron identificar al en ese entonces Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; a los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, ambos ex funcionarios del Retén El Morro. A los civiles, Romualdo ("Mallo") Guzmán Saavedra, agricultor; Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera; Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor, todos domiciliados en Mulchén; Rolf Düring Pohler, hijo de los propietarios del Fundo Verdún; Samuel Arriagada Domínguez, un hermano de éste y Raúl Tirapeguy.
La patrulla portaba una lista de nombres de lugareños del sector que, al parecer, había obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén. De esta forma, procedieron a detener violentamente en el Fundo Pemehue, desde sus respectivos domicilios a: Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González, Gerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Fernando Gutiérrez.
Los 5 detenidos fueron recluidos en la casa de Administración del fundo, donde fueron torturados y, posteriormente, conducidos hacia el río Renaico, donde los ejecutaron. Este traslado fue presenciado por don Juan Angel Segura, lugareño de la Parcelación Los Guindos, quien vio cuando los uniformados se dirigían por la ribera del río hacia el Este con las cinco víctimas. Al percatarse los victimarios de su presencia le obligaron a cubrirse la vista y, minutos después, el señor Segura escuchó una fuerte descarga de fusilería. Al poco rato, vio volver a los militares pero, en esta ocasión, sin las víctimas. Por temor de sufrir similares consecuencias, no se atrevió a ir hasta el lugar desde donde provenían los disparos.
Los agentes permanecieron tres días en el fundo Pemehue. Uno de esos días, tres de ellos se presentaron en la parcela de don Juan Angel Segura y le exigieron una vaquilla y un cordero, los que debió carnear para entregárselos. Para esto el carabinero Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate"), hizo valer su conocimiento anterior con el parcelero, cuando "El Alicate" se desempeñaba en la dotación del Retén de la Hacienda "El Morro", donde Segura lo había tratado.
Sólo ocho días después, una vez que se aseguraron que los victimarios habían abandonado el lugar, los familiares se atrevieron a salir de sus casas en busca de sus seres queridos. Participaron en dicha búsqueda María Carrasco Rosales, cónyuge de Alberto Albornoz González; la señora Gloria, cónyuge de Fernando Gutiérrez; María Medina Bustamante, madre de Humberto Sandoval Medina y la esposa e hijos de Juan Roa Riquelme.
Los cadáveres de Gerónimo Humberto Sandoval Medina, Alberto y Felidor Albornoz González y Fernando Gutiérrez, los pudieron ubicar en un sector de la ribera del río Renaico; estaban semicubiertos con unas piedras pesadas y presentaban evidentes huellas de tortura y numerosos impactos de balas. Por el tiempo transcurrido estaban destrozados parcialmente y comidos por los perros y roedores del lugar. Los árboles del sector presentaban en sus troncos numerosos impactos de balas.
Los familiares cavaron en el mismo lugar una fosa de más o menos un metro de profundidad, donde colocaron los cuatro cuerpos, cubriéndolos con tierra y enmarcando con piedras el lugar.
Internándose un poco al bosque y en la planicie de un pequeño monte, fue encontrado el cadáver de Juan de Dios Roa Riquelme. Sin embargo, los restos encontrados correspondían sólo a la parte inferior del cuerpo y a un trozo superior de la columna vertebral. El cuerpo pudo ser identificado debido a que quedaban algunos trozos de sus ropas y a pocos metros fue encontrada su cédula de identidad. Un hijo de la víctima, y la señora María Medina, cavaron una pequeña fosa y lo sepultaron, marcando el lugar con una cerca de madera.
El 12 abril de 1979, aproximadamente a las 5:30 horas, la señora María Medina Bustamante, vio pasar dos vehículos con varios individuos en su interior, en dirección al fundo Pemehue. Uno era una camioneta Pick up de color claro y, el otro, un station o furgón de carrocería alta, que tenía pintado a lo largo dos franjas de color naranja y de color café, respectivamente. Los vio regresar como a las 10:30 horas y esta vez, la camioneta llevaba cubierto con palos y ramas el espacio destinado a la carga. Ese mismo día, el parcelero Juan Angel Segura vio desde su parcela a estos vehículos.
El mismo operativo que detuvo y ejecutó a los 5 campesinos del Fundo Pemehue los días anteriores había detenido y también ejecutado a otros 13 campesinos de predios cercanos. El 5 de octubre llegaron a la Hacienda El Morro deteniendo a Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, José Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y a José Florencio Yáñez Durán, y un día después el mismo grupo en el Fundo Carmen Maitenes detiene a otros 8 campesinos: Miguel Albornoz Acuña, Alejandro, Daniel y Guillermo Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval y a los hermanos Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez. Todos ellos también fueron ejecutados por sus captores, en las riberas del río Renaico. (Ver fichas de Juan de Dios Laubra Brevis y de Florencio Rubilar Gutiérrez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
En el Juzgado de Letras de Mulchén se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.
El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.
El 14 de julio de 1980, la Corte de Apelaciones de Concepción, acogiendo un escrito presentado por el Arzobispado de la misma ciudad, acordó facultar al ministro Cerda para que investigara los hechos ocurridos en la Hacienda "El Morro", acumulando dichos antecedentes a la causa Nº 20.595 del Juzgado de Letras de Mulchén.
En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de cinco campesinos de la Hacienda "El Morro".
El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446 81.
El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de 1978 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal. 

La masacre de 18 campesinos en tres fundos de la comuna de Mulchén, región del Bío Bío, en octubre de 1973, es uno de los hechos más crueles cometidos durante la dictadura. El ministro en visita Carlos Aldana, procesó a cinco ex funcionarios de carabineros como responsables de secuestro calificado y homicidio, figuras que fueron modificadas por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Modificaciones a los autos de procesamiento dictados por el ministro en visita Carlos Aldana en contra de cinco ex carabineros por la matanza de 18 campesinos en Mulchén, en octubre de 1973, introdujo la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, tras resolver la apelación presentada por la defensa de los encausados.

En junio del año pasado, el ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, había procesado a Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Concha, Juan de Dios Higueras Alvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, como autores de los delitos de secuestro y homicidio calificado , en perjuicio de Juan Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme , Fernando Gutiérrez Ascencio y José Guillermo Albornoz González. 
Todos ellos fueron detenidos por una patrulla integrada por militares, civiles y carabineros en los fundos Pemehue, Carmen Maitenes y El Morro, situados en la comuna de Mulchén, los días 5,6 y 7 de octubre de 1973.

Este caso de larga data, había sido investigado en profundidad por el ministro en visita Carlos Cerda, en 1981, pero la causa fue sobreseída en 1996 por la Corte Marcial, luego que se aplicara Ley de Amnistía.

Pero años más tarde, la investigación fue retomada y es así como en marzo del año pasado llegó a manos del ministro Aldana, quien después de varias diligencias, determinó someter a proceso a cinco ex funcionarios de carabineros.

El pasado 30 de enero, la Quinta Sala de la Corte penquista emitió su fallo, redactado por la ministra Irma Bavestrello, que en lo sustancial modifica las figuras por las cuales Aldana sometió a proceso a los ex uniformados.

Es así como en la resolución se señala que si bien “en cuanto a los delitos de secuestro, estos sentenciadores estiman que se encuentran acreditadas las detenciones sin orden judicial o administrativa de Juan Laubra Brevis, Edmundo VIdal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González y Jerónimo Humberto Sandoval Medina, y José Guillermo Albornoz González”, hasta ahora no se ha  podido comprobar su paradero ni el fallecimiento de estos individuos en forma legal.

Por otra parte, indican que se encuentra comprobado en el proceso que José Yáñez Durán y Celsio Vivanco Carrasco, fueron víctimas de secuestro,  y fueron luego ajusticiados en el sector playita del Fundo El Morro, de Mulchén, a orillas del río Renaico, el 5 de octubre de 1973, e , igualmente resulta acreditado que a los ilegalmente detenidos el día 7 de octubre de 1973, Felidor Exequiel Albornoz González y José Fernando Gutiérrez Ascencio, se les dio muerte en el fundo Pemehue de Mulchén, defunciones de las que dan testimonio los certificados incorporados al expediente.

Teniendo en consideración estos fundamentos, la Corte determinó que “Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Concha, Juan de Dios Higue ras Alvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, son sometidos a proceso como coautores de los delitos de secuestro de Juan Laubra Brevis, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González y Jerónimo Humberto Sandoval Medina y José Guillermo Albornoz González, ilícitos perpetrados entre los días 5 y 7 de octubre de 1973”.

Asimismo, quedan sometidos a proceso Maturana Concha, Ortiz Concha, Higueras Alvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña, como coautores de los delitos de secuestro con resultado de muerte de Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, José Florencio Yáñez Durán, Felidor Exequiel Albornoz González y José Fernando Gutiérrez Ascencio, delitos cometidos entre los días 5 y 7 de octubre de 1973.   
Del mismo modo, el tribunal de alzada rechazó considerar como argumentos la cosa juzgada y la prescripción de los delitos, argumentos esgrimidos por la defensa de algunos de los procesados.

Resuelta la apelación, ahora le corresponderá al ministro Aldana dictar sentencia en este caso, en la que sin duda que esta modificación hecha por el tribunal de alzada, influirá en la condena que se determine para los responsables de una de las violaciones a los derechos humanos más brutales cometidas en la zona durante la dictadura militar.

El ministro especial para causas de Derechos Humanos, Carlos Aldana Fuentes, reabrió esta semana el sumario por la desaparición de 18 campesinos de la comuna de Mulchén ocurrido en 1973. Luego de seis meses de haber decretado el cierre del sumario, el ministro decidió reabrirlo de oficio para investigar la participación de uniformados, particularmente del Regimiento de Los Ángeles, en la "Operación Retiro de Televisores" efectuada a comienzos de 1979. Esta operación consistió en practicar exhumaciones ilegales de las víctimas ejecutadas y sepultadas clandestinamente (hechas desaparecer) durante las acciones de represalia y castigo que llevaron a cabo los uniformados y civiles fachos en funestas razias represivas; en los campos de la zona estas razias fueron masivas y cruentas.

Años más tarde, luego del descubrimiento de los cadáveres de desaparecidos de Buin y Paine en los Hornos de Llonquén, cerca de Santiago, el tirano ordenó limpiar el territorio de tumbas clandestinas y hacer desaparecer los restos de las víctimas ya desaparecidos. Esta perversa operación fue encabezada, organizada y coordinada, por el recientemente suicidado ex jefe de la CNI Odlanier Mena Salinas.

Al momento del cierre del sumario, en abril de este año, el ministro Aldana solo había procesado a cinco carabineros en retiro por los delitos de secuestro y homicidio calificado de las víctimas, pero sin procesar a nadie por la operación del 79. Al decretar la reapertura señala que ha advertido la necesidad de dictar nuevas diligencias para cerrar el caso.

La abogada Patricia Parra, del Programa de Derechos Humanos, celebró la reapertura puesto que espera que se procese a otros cinco civiles y ex uniformados por la comisión del delito de homicidio calificado de las víctimas. Por otra parte, señala que existen antecedentes claros y suficientes sobre quienes tuvieron participación en las exhumaciones ilegales e incineración de los restos en hornos al interior del regimiento de Los Ángeles. En la investigación han surgido los nombres de nueve ex militares del regimiento de Los Ángeles y agentes de servicio de inteligencia de esa unidad.

Los crímenes

Los asesinatos se cometieron en operaciones punitivas llevadas a cabo en octubre de 1973. Los campesinos fueron hechos prisioneros y ejecutados en tres lugares distintos de la zona cordillerana de Mulchén. Los fusilamientos se registraron en el fundo El Morro, ubicado a 50 kilómetros al interior de Mulchén,; en el fundo El Carmen-Maitenes, ubicado a 80 kilómetros; y en el fundo Pemehue, situado en la alta cordillera, a más de 100 kilómetros de la ciudad.

El 6 y 7 de junio del año 2009 el ministro Aldana realizó intensas reconstituciones de escena con el fin de establecer responsabilidades en las detenciones, ejecuciones, inhumaciones ilegales y exhumaciones ilegales de los campesinos. En la diligencia quedó acreditada la secuencia de los hechos y la participación de los hechores en los delitos, así como la ulterior operación de borrado de huellas que efectuaron en 1979.

Los 18 campesinos asesinados entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 fueron los hermanos Alejandro Albornoz González (de 48 años), Alberto Albornoz González (41), Felidor Exequiel Albornoz González (33), Guillermo José Albornoz González (32), Daniel Alfonso Albornoz González (28), y un hijo de Alejandro de nombre Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20); Luis Alberto Godoy Sandoval (23); José Fernando Gutiérrez Asencio (25); Juan de Dios Laubra Brevis (26); Juan de Dios Roa Riquelme (35); los hermanos José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33), José Liborio Rubilar Gutiérrez (28), Florencio Rubilar Gutiérrez (24); Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22); Domingo Sepúlveda Castillo (29); Edmundo José Vidal Aedo (20); Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26) y José Florencio Yáñez Durán (34).

Los criminales

Las unidades represivas estaban integrantes por efectivos del ejército, provenientes del regimiento de Los Ángeles, carabineros, que operaban con una orden expresa del capitán Sergio Neira Tapia de Mulchén, y una horda de civiles fachos comandados por el latifundista Romualdo Guzmán Saavedra.

Los carabineros estuvieron comandados por el entonces teniente Jorge Maturana Concha, y los carabineros Osvaldo Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña; entre los civiles, además del facho Guzmán Saavedra, destacaban Aquiles Guzmán Fritz, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Rofh Düring Pohler, Raúl Tirapeguy, Carlos Lehman, y Samuel Arriagada Domínguez.

La comitiva criminal comenzó actuando en el fundo El Morro el día 5 de octubre. Allí detuvieron, torturaron y asesinaron a Juan Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda, Edmundo Vidal, Celsio Vivanco y José Yáñez.

El día 6 continuaron por el fundo El Carmen-Maitenes donde obraron de igual manera contra Alejandro, Guillermo, Daniel y Miguel Albornoz, José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar, y Luis Godoy.

El día 7 llegaron al fundo Pemehue donde ejecutaron a Alberto y Felidor Albornoz, Juan Gutiérrez, Juan Roa y Gerónimo Sandoval.

Los campesinos asesinados fueron enterrados o semienterrados en fosas clandestinas en los mismos lugares donde fueron ejecutados.

Borrado de huellas

Seis años después de los crímenes, los mismos ejecutores, acompañados de otros efectivos del ejército y agentes civiles, procedieron a exhumar las fosas clandestinas en que habían sido sepultadas las víctimas. Luego, los restos exhumados fueron llevados hasta el regimiento de Los Ángeles en donde procedieron a quemarlos en hornos y tambores acondicionados para la incineración. Los crematorios estaban bajo el control de la Sección II, (como denominan al departamento de inteligencia en las unidades del ejército), e instalados al costado de donde esta sección tenía sus oficinas.

En esa misma área centró las diligencias el ministro Aldana al momento de realizar en el lugar la reconstitución señalada del año 2009. En la misma oportunidad procedió a interrogar a una serie de ex militares y ex carabineros vinculados con los fusilamientos, exhumaciones e incineraciones ilegales. Unos 14 ex militares, entre oficiales y clases, fueron interrogados por el ministro Aldana en esa ocasión. Sin embargo, no procesó a ninguno de ellos; al parecer ahora han surgido nuevos antecedentes que lo llevaron a decretar la reapertura del sumario.

La "Operación Retiro de Televisores" es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por el "impecable" Mena, y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó acusación en contra de miembros de Carabineros y el Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 trabajadores de los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue, ubicados en el sector precordillerano de la localidad de Mulchén.

En la resolución (causa rol 30.2007), el ministro Aldana acusó a los miembros de Carabineros en retiro: Jacob Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, en calidad de autores de los homicidios calificados de José Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ilícitos perpetrados el 6 y 7 de octubre de 1973.

Ex carabineros que, además, fueron acusados como autores de los delitos de secuestro calificado de: Juan de Dios Laura Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir del 5 de octubre de 1973. Agentes del Estado que también fueron acusados como autores del delito de inhumación ilegal de las 12 víctimas del delito de homicidio.

En tanto, Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano, fueron acusados como encubridores de 11 delitos de homicidios –excepto el de Juan de Dios Roa Riquelme– y del delito de exhumación ilegal de dichas víctimas.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que las 18 víctimas fueron detenidas por personal del Ejército del Regimiento N° 13 de Los Ángeles y de la Comisaría de Carabineros de Mulchén entre el 5 y 7 de octubre de 1973, en los fundos El Morro, El Carmen Maitenes y Pemehue de la zona, fusilados e inhumados en dichos lugares, otros en el Cementerio de Mulchén o a las orillas del río Renaico, lugares donde los restos permanecieron por más de 5 años.

Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento "Húsares" de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973, y llevados con destino desconocido.

El proyecto busca resaltar la importancia de la cultura de los derechos humanos, en todos sus ámbitos, y especialmente desde la mirada que deben tener los servicios públicos.

Con la presentación del “Sendero de la Memoria” en la Reserva Nacional Malleco en la Región de La Araucanía, el próximo 29 de octubre, continuará el trabajo de resaltar al interior de la Corporación la importancia de vivir en una cultura cívica del respeto de los derechos humanos y, a la vez, rescatar la memoria cotidiana y emotiva recordando a los trabajadores de la institución que fueron víctimas de la represión política ejercida por la Dictadura Militar.

El objetivo de esta nueva iniciativa, enmarcada en el proyecto institucional “Árbol de la Memoria”, es que al interior de esta unidad protegida, se recuerde a los 13 trabajadores asesinados entre el 6, 7 y 8 de octubre de 1973, creando un sendero por el lugar que recorrían a diario para ir desde sus hogares a las faenas laborales, resaltando tanto a ellos como la necesidad del respeto irrestricto a los derechos humanos.

Cabe recordar que el pasado 9 de agosto, en una emotiva ceremonia realizada en el Museo de La Memoria y Los Derechos Humanos, nuestro Director Ejecutivo, Aarón Cavieres, formalizó este proyecto institucional, trabajo que se origina a partir de una propuesta efectuada por un grupo de trabajadores de la Corporación, el cual ha permitido a la fecha recabar información relativa a 19 trabajadores de CONAF que fueron asesinados en los meses de septiembre y octubre de 1973.

Uno de ellos, fue Oscar Gastón Aedo Herrera, práctico forestal de la Escuela de Contulmo, técnico de la COREF (Corporación de Reforestación, actual CONAF) en la ciudad de Salamanca, hoy día Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, quien fue fusilado el 16 de octubre de 1973 junto a otras 14 personas en el Regimiento de Arica de la ciudad de La Serena, por orden del General Arellano Stark y su sanguinaria “Caravana de la Muerte”.

Luego están los 13 trabajadores de la Reserva Nacional Malleco (en esos años Reserva Forestal Malleco), a manos de una patrulla de aproximadamente 30 personas compuesta por militares, carabineros y civiles. Las víctimas fueron: Miguel del Carmen Albornoz Acuña; los hermanos Daniel Alfonso, Alejandro, Guillermo José, Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González; Luis Alberto Godoy Sandoval; los hermanos Manuel Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; José Fernando Gutiérrez Ascencio; Gerónimo Humberto Sandoval Medina y Juan de Dios Roa Riquelme.

También están 5 trabajadores de CONAF que laboraban en la Cordillera de Melipeuco, asesinados entre septiembre y octubre de 1973: Mario Rubén Morales Bañares; José Alejandro Ramos Jaramillo; los hermanos Gerardo Alejandro y José Moisés Ramos Huina; y Luis Alberto Soto Chandía.

El proyecto “Árbol de la Memoria”, busca rescatar los recuerdos cotidianos y emotivos de estos trabajadores. Junto con ello, se quiere promover al interior de la institución el ejercicio y el respeto por principios básicos de la convivencia social: Derechos Humanos, solidaridad, tolerancia y coherencia.

En este marco, el trabajo contempla también, además del “Sendero de la Memoria”, el diseño y elaboración de un libro “Árbol de La Memoria”, elaborado por un equipo de profesionales de CONAF que actuaran como un equipo editor, y “Talleres de Memoria y Derechos Humanos”, en las regiones de Coquimbo y La Araucanía, durante este año.

El proyecto será ejecutado por equipos regionales de CONAF, constituyéndose a la fecha dos equipos de trabajo, uno en la Región de Coquimbo, conformado en reunión efectuada el día 22 de julio en la ciudad de Coquimbo y el equipo que agrupa a las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, conformado en reunión realizada los días 23 y 24 de agosto en la ciudad de Temuco.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.