Albornoz González Daniel Alfonso

Daniel Alfonso Albornoz González, soltero, obrero agrícola de la CONAF, sin militancia política conocida, fue detenido el día 6 de octubre de 1973, alrededor de las 14:00 horas, junto a su hermano Alejandro Albornoz González y a sus sobrinos Miguel, Germán y José Albornoz Acuña. Todos ellos fueron detenidos en la casa de Alejandro Albornoz González, hasta donde llegaron unos diez uniformados fuertemente armados, los que se movilizaban en caballos. De inmediato procedieron a allanar la vivienda y acto seguido, a detener a los hombres que en esos momentos se encontraban en la casa. A estos últimos les ordenaron incorporarse a un grupo de detenidos que tenían en la calle principal del predio, entre los que se encontraban los hermanos José Liborio, Florencio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Luis Alberto Godoy Sandoval.
Los aprehensores formaban parte de un grupo más amplio, los que en un número aproximado a treinta, entre Militares, Carabineros y civiles, habían llegado el día anterior al Fundo Carmen Maitenes. Entre ellos los lugareños pudieron distinguir al en ese entonces Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, ambos ex funcionarios del Retén El Morro (ubicado en una Hacienda del mismo nombre contigua al predio) y a un Sargento de Ejército de apellido Díaz. Entre los civiles, pudieron individualizar a Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor; Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera; Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor todos domiciliados en Mulchén y a Carlos Lehman, quien residía en el fundo. Este último era yerno de Romualdo ("Mayo") Guzmán.
Todos los detenidos, tal como se señaló antes, eran obreros agrícolas domiciliados en el Fundo El Carmen Maitenes ubicado en la comuna de Mulchén, Provincia de Bío Bío. Todos estaban contratados por la Corporación Nacional Forestal CONAF . Este fundo había estado en trámite de expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria CORA la que lo había cedido a la CONAF para su forestación, debido al virtual abandono por parte de sus propietarios.
Uno de los civiles, integrante de la patrulla, portaba un documento firmado por el Capitán de Carabineros Sergio Neira Tapia quien posteriormente ocupó el cargo de Gobernador de Mulchén que los autorizaba para actuar en el sector y para exigir todo tipo de facilidades y cooperación. Romualdo Guzmán se destacaba del resto por su prepotencia, razón por la cual los campesinos y familiares de las víctimas, hablan de un Capitán Guzmán como jefe del grupo. Los efectivos militares pertenecían al Regimiento de Infantería de Montaña N°17 "Los Angeles", en tanto los policías estaban adscritos a la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchén.
El grupo llevaba consigo una lista de nombres de lugareños del sector la que, aparentemente, habían obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén.
Los detenidos fueron recluidos en la Administración del fundo, la que fue facilitada para esos efectos por Carlos Lehman. En ese lugar, fueron obligados a tenderse boca abajo con las manos en la nuca, mientras sus captores caminaban por sobre sus espaldas, taqueando, golpeándoles con las espuelas y con las culatas de las armas. Se les obligó a golpearse duramente entre los mismos familiares hermanos contra hermanos y padres contra hijos bajo amenaza de muerte si se resistían; todo ello acompañado de insultos y sarcasmos. Posteriormente, fueron sacados de la Administración y obligados a ponerse con la cara contra la pared, donde les hicieron simulacros de fusilamiento. 
Los vecinos más cercanos a las casas de Administración del fundo, escucharon gritos y lamentos, lo que indicaba el grado del castigo que les estaban infiriendo. Mientras esto ocurría en la Administración, otro grupo se dedicó allanar algunas viviendas de las víctimas. Alrededor de las 19:00 horas de ese día, los aprehensores libertaron a los hermanos José Nieves y Germán Albornoz Acuña, quienes narraron a sus familiares lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente a las 23:00 horas, los habitantes del fundo "El Carmen Maitenes" escucharon dos ráfagas largas de disparos provenientes de la administración y, luego, silencio absoluto.
Al día siguiente, domingo 7 de octubre, concurrieron a la casa de los hermanos Rubilar Gutiérrez dos funcionarios de la CONAF, don Adolfo Martín Sánchez y el guardabosques Juan Leal, quienes manifestaron a los padres de los primeros que, sus hijos y los otros detenidos habían sido trasladados a un lugar lejano y que les serían devueltos en un plazo de dos años.
Ese mismo día por la mañana, unos uniformados se hicieron presentes en la casa de los padres de los hermanos Rubilar Gutiérrez con el objeto de pedirles unas palas, con las que se dirigieron a un lugar ubicado a unos 500 metros hacia el oriente de las casas patronales del fundo, donde cavaron una fosa en una vega a las faldas de un cerro, entre un estero y un cerco de alambre. En esa fosa procedieron a sepultar siete cadáveres de las ocho víctimas del fundo "El Carmen Maitenes". Los victimarios prohibieron, bajo amenaza de muerte, a los familiares acercarse al lugar. 
La octava víctima, Guillermo José Albornoz González, fue ejecutada en la mañana del día 7 de octubre en un puente de cimbra sobre el río Renaico; allí, atado, le dispararon varias ráfagas que le ocasionaron la muerte. Sin que hasta ahora se haya encontrado su cadáver.
En el mes de marzo de 1979, coincidiendo con la fecha en que la Corte Suprema ordenara la investigación de los hechos señalados, desconocidos que se identificaron como carabineros, procedieron a la exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos. No obstante, detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de data aproximada a la fecha de comisión de los hechos. (Ver ficha de Juan de Dios Laubra Brevis).
El mismo grupo aprehensor de los 8 campesinos del Fundo Carmen Maitenes el día anterior, 5 de octubre, había detenido a otros 5 campesinos de la Hacienda El Morro, Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, José Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y José Yáñez Durán; el día posterior, el 7 de octubre, detuvieron en el Fundo Pemehue a Alberto y Felidor Albornoz González, a José Gutiérrez Ascencio, Juan Roa Riquelme y Gerónimo Sandoval Medina. Estos 10 campesinos también fueron ejecutados por sus captores y todos inhumados en fosas clandestinas, desde donde en 1979 los exhuman también ilegalmente. (Para mayor información, ver caso de Juan de Dios Laubra Brevis y de Florencio Rubilar Gutiérrez). 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Debido a antecedentes hechos llegar por la Corte Suprema a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, se instruyó el sumario rol N°33.316 por la presunta desaparición de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, en el Juzgado de Letras de Angol. El día 10 de julio de 1979, la Jueza se declaró incompetente debido a que el delito denunciado tuvo lugar fuera de su jurisdicción, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Mulchén, el que inició el conocimiento de la causa el 18 de julio de 1979, siendo rolado con el N°20595. Mientras este proceso se desarrollaba, en el mismo Juzgado de Letras se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.
El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.
En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de ocho campesinos del fundo El Carmen y Maitenes.
El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446 81.
El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.

La masacre de 18 campesinos en tres fundos de la comuna de Mulchén, región del Bío Bío, en octubre de 1973, es uno de los hechos más crueles cometidos durante la dictadura. El ministro en visita Carlos Aldana, procesó a cinco ex funcionarios de carabineros como responsables de secuestro calificado y homicidio, figuras que fueron modificadas por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Modificaciones a los autos de procesamiento dictados por el ministro en visita Carlos Aldana en contra de cinco ex carabineros por la matanza de 18 campesinos en Mulchén, en octubre de 1973, introdujo la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, tras resolver la apelación presentada por la defensa de los encausados.

En junio del año pasado, el ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, había procesado a Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Concha, Juan de Dios Higueras Alvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, como autores de los delitos de secuestro y homicidio calificado , en perjuicio de Juan Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme , Fernando Gutiérrez Ascencio y José Guillermo Albornoz González.
Todos ellos fueron detenidos por una patrulla integrada por militares, civiles y carabineros en los fundos Pemehue, Carmen Maitenes y El Morro, situados en la comuna de Mulchén, los días 5,6 y 7 de octubre de 1973.

Este caso de larga data, había sido investigado en profundidad por el ministro en visita Carlos Cerda, en 1981, pero la causa fue sobreseída en 1996 por la Corte Marcial, luego que se aplicara Ley de Amnistía.

Pero años más tarde, la investigación fue retomada y es así como en marzo del año pasado llegó a manos del ministro Aldana, quien después de varias diligencias, determinó someter a proceso a cinco ex funcionarios de carabineros.

El pasado 30 de enero, la Quinta Sala de la Corte penquista emitió su fallo, redactado por la ministra Irma Bavestrello, que en lo sustancial modifica las figuras por las cuales Aldana sometió a proceso a los ex uniformados.

Es así como en la resolución se señala que si bien “en cuanto a los delitos de secuestro, estos sentenciadores estiman que se encuentran acreditadas las detenciones sin orden judicial o administrativa de Juan Laubra Brevis, Edmundo VIdal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González y Jerónimo Humberto Sandoval Medina, y José Guillermo Albornoz González”, hasta ahora no se ha  podido comprobar su paradero ni el fallecimiento de estos individuos en forma legal.

Por otra parte, indican que se encuentra comprobado en el proceso que José Yáñez Durán y Celsio Vivanco Carrasco, fueron víctimas de secuestro,  y fueron luego ajusticiados en el sector playita del Fundo El Morro, de Mulchén, a orillas del río Renaico, el 5 de octubre de 1973, e , igualmente resulta acreditado que a los ilegalmente detenidos el día 7 de octubre de 1973, Felidor Exequiel Albornoz González y José Fernando Gutiérrez Ascencio, se les dio muerte en el fundo Pemehue de Mulchén, defunciones de las que dan testimonio los certificados incorporados al expediente.

Teniendo en consideración estos fundamentos, la Corte determinó que “Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Concha, Juan de Dios Higue ras Alvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, son sometidos a proceso como coautores de los delitos de secuestro de Juan Laubra Brevis, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González y Jerónimo Humberto Sandoval Medina y José Guillermo Albornoz González, ilícitos perpetrados entre los días 5 y 7 de octubre de 1973”.

Asimismo, quedan sometidos a proceso Maturana Concha, Ortiz Concha, Higueras Alvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña, como coautores de los delitos de secuestro con resultado de muerte de Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, José Florencio Yáñez Durán, Felidor Exequiel Albornoz González y José Fernando Gutiérrez Ascencio, delitos cometidos entre los días 5 y 7 de octubre de 1973.  
Del mismo modo, el tribunal de alzada rechazó considerar como argumentos la cosa juzgada y la prescripción de los delitos, argumentos esgrimidos por la defensa de algunos de los procesados.

Resuelta la apelación, ahora le corresponderá al ministro Aldana dictar sentencia en este caso, en la que sin duda que esta modificación hecha por el tribunal de alzada, influirá en la condena que se determine para los responsables de una de las violaciones a los derechos humanos más brutales cometidas en la zona durante la dictadura militar.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó acusación en contra de miembros de Carabineros y el Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 trabajadores de los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue, ubicados en el sector precordillerano de la localidad de Mulchén.

En la resolución el ministro Aldana acusó a los miembros de Carabineros en retiro: Jacob Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, en calidad de autores de los homicidios calificados de José Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ilícitos perpetrados el 6 y 7 de octubre de 1973.

Ex carabineros que, además, fueron acusados como autores de los delitos de secuestro calificado de: Juan de Dios Laura Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir del 5 de octubre de 1973. Agentes del Estado que también fueron acusados como autores del delito de inhumación ilegal de las 12 víctimas del delito de homicidio.

En tanto, Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano, fueron acusados como encubridores de 11 delitos de homicidios –excepto el de Juan de Dios Roa Riquelme– y del delito de exhumación ilegal de dichas víctimas.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que las 18 víctimas fueron detenidas por personal del Ejército del Regimiento N° 13 de Los Ángeles y de la Comisaría de Carabineros de Mulchén entre el 5 y 7 de octubre de 1973, en los fundos El Morro, El Carmen Maitenes y Pemehue de la zona, fusilados e inhumados en dichos lugares, otros en el Cementerio de Mulchén o a las orillas del río Renaico, lugares donde los restos permanecieron por más de 5 años.

Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento “Húsares” de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973, y llevados con destino desconocido.

La masacre de 18 campesinos en tres fundos de la comuna de Mulchén, región del Bío Bío, en octubre de 1973, es uno de los hechos más crueles cometidos durante la dictadura. El ministro en visita Carlos Aldana, procesó a cinco ex funcionarios de carabineros como responsables de secuestro calificado y homicidio, figuras que fueron modificadas por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Modificaciones a los autos de procesamiento dictados por el ministro en visita Carlos Aldana en contra de cinco ex carabineros por la matanza de 18 campesinos en Mulchén, en octubre de 1973, introdujo la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, tras resolver la apelación presentada por la defensa de los encausados.

En junio del año pasado, el ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, había procesado a Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Concha, Juan de Dios Higueras Alvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, como autores de los delitos de secuestro y homicidio calificado , en perjuicio de Juan Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme , Fernando Gutiérrez Ascencio y José Guillermo Albornoz González.

Todos ellos fueron detenidos por una patrulla integrada por militares, civiles y carabineros en los fundos Pemehue, Carmen Maitenes y El Morro, situados en la comuna de Mulchén, los días 5,6 y 7 de octubre de 1973.

Este caso de larga data, había sido investigado en profundidad por el ministro en visita Carlos Cerda, en 1981, pero la causa fue sobreseída en 1996 por la Corte Marcial, luego que se aplicara Ley de Amnistía.

Pero años más tarde, la investigación fue retomada y es así como en marzo del año pasado llegó a manos del ministro Aldana, quien después de varias diligencias, determinó someter a proceso a cinco ex funcionarios de carabineros.

El pasado 30 de enero, la Quinta Sala de la Corte penquista emitió su fallo, redactado por la ministra Irma Bavestrello, que en lo sustancial modifica las figuras por las cuales Aldana sometió a proceso a los ex uniformados.

Es así como en la resolución se señala que si bien “en cuanto a los delitos de secuestro, estos sentenciadores estiman que se encuentran acreditadas las detenciones sin orden judicial o administrativa de Juan Laubra Brevis, Edmundo VIdal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González y Jerónimo Humberto Sandoval Medina, y José Guillermo Albornoz González”, hasta ahora no se ha  podido comprobar su paradero ni el fallecimiento de estos individuos en forma legal.

Por otra parte, indican que se encuentra comprobado en el proceso que José Yáñez Durán y Celsio Vivanco Carrasco, fueron víctimas de secuestro,  y fueron luego ajusticiados en el sector playita del Fundo El Morro, de Mulchén, a orillas del río Renaico, el 5 de octubre de 1973, e , igualmente resulta acreditado que a los ilegalmente detenidos el día 7 de octubre de 1973, Felidor Exequiel Albornoz González y José Fernando Gutiérrez Ascencio, se les dio muerte en el fundo Pemehue de Mulchén, defunciones de las que dan testimonio los certificados incorporados al expediente.

Teniendo en consideración estos fundamentos, la Corte determinó que “Jorge Maturana Concha, Jacob del Carmen Ortiz Concha, Juan de Dios Higue ras Alvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña, son sometidos a proceso como coautores de los delitos de secuestro de Juan Laubra Brevis, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda, José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz Acuña, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Alberto Albornoz González y Jerónimo Humberto Sandoval Medina y José Guillermo Albornoz González, ilícitos perpetrados entre los días 5 y 7 de octubre de 1973”.

Asimismo, quedan sometidos a proceso Maturana Concha, Ortiz Concha, Higueras Alvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña, como coautores de los delitos de secuestro con resultado de muerte de Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, José Florencio Yáñez Durán, Felidor Exequiel Albornoz González y José Fernando Gutiérrez Ascencio, delitos cometidos entre los días 5 y 7 de octubre de 1973.  

Del mismo modo, el tribunal de alzada rechazó considerar como argumentos la cosa juzgada y la prescripción de los delitos, argumentos esgrimidos por la defensa de algunos de los procesados.

Resuelta la apelación, ahora le corresponderá al ministro Aldana dictar sentencia en este caso, en la que sin duda que esta modificación hecha por el tribunal de alzada, influirá en la condena que se determine para los responsables de una de las violaciones a los derechos humanos más brutales cometidas en la zona durante la dictadura militar.

“Árbol de la Memoria” es el nombre del proyecto institucional que busca rescatar la historia de quienes murieron tras el Golpe Militar.

Tan emotivo como de justicia fue el reconocimiento que la Corporación Nacional Forestal y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hicieron a los 19 trabajadores de CONAF que fueron fusilados tras el Golpe Militar de 1973.

La iniciativa se encuentra enmarcada en el proyecto institucional “Árbol de la Memoria: reconocimiento a funcionarios de CONAF víctimas de la dictadura”, que busca rescatar la historia de la Corporación en esta materia y para lo cual el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, y el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, firmaron un convenio de cooperación tendiente a recopilar los antecedentes de aquellos trabajadores asesinados, información que posteriormente quedará plasmada en un libro.

En la ceremonia estuvieron presentes familiares de las víctimas (Claudia Gutiérrez, nieta del trabajador de la Reserva Forestal Malleco, José Gutiérrez Ascencio; Marina Rubilar, hija del trabajador de la Reserva Forestal Malleco, José Rubilar Gutiérrez; y Óscar Aedo, primo hermano de Óscar Aedo Herrera), como también el abogado del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, Rodrigo Cortés; el Doctor en Historia y miembro de la ONG Eco-Comunicaciones, Mario Garcés; y la abogada de DD.HH. María Raquel Mejías, entre otros representantes de los servicios del agro.

Durante su intervención, Aarón Cavieres, muy emocionado, indicó que “hace 42 años, justo con el nacimiento de CONAF, estos 19 funcionarios perdieron la vida cuando estaban abocados a la conservación de la naturaleza. Hoy la institución, cuyo principal objetivo es el bienestar y el desarrollo de las personas, abre este nuevo camino destinado a la conservación de las personas… Quiero agradecer, además, la presencia en este acto de Homero Altamirano, ex director ejecutivo de CONAF hasta 1973 y que vivió esos duros momentos”.

El proyecto, inédito entre los servicios del Estado, está orientado a difundir el valor de los Derechos Humanos, y con ello mantener vivo el recuerdo de quienes formaron parte de la institución y que perdieron la vida por la acción militar. En este contexto, se harán encuentros a lo largo de todo el país, partiendo por las regiones Coquimbo, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Francisco Estévez, director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, al hacer uso de la palabra, señaló que “para nosotros es de vital importancia colaborar con el proyecto ‘Árbol de la Memoria’ de la Corporación Nacional Forestal, que viene a rescatar la memoria de los trabajadores de esta institución que fueron víctimas de la dictadura. Son sus vidas e historias de trabajo las que hoy hemos dignificado en parte al iniciar un trabajo de colaboración conjunto entre CONAF y el museo, como un aporte a la investigación de casos como el asesinato de los trabajadores de la Reserva Nacional Malleco”.

Conforme al espíritu del proyecto, la idea es enfatizar en el respeto de los Derechos Humanos, promoviendo así una convivencia social sin discriminaciones y de respecto a la dignidad de las personas. En este sentido, la educación adquiere una dimensión relevante como herramienta de difusión en los distintos niveles de la sociedad.

Los 19 funcionarios de CONAF víctimas de la dictadura son:

1) Oscar Gastón Aedo Herrera
2) Miguel del Carmen Albornoz Acuña
3) Daniel Alfonso Albornoz González
4) Alejandro Albornoz González
5) Guillermo José Albornoz González
6) Alberto Albornoz González
7) Felidor Exequiel Albornoz González
8) Luis Alberto Godoy Sandoval
9) Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez
10) José Liborio Rubilar Gutiérrez
11) José Lorenzo Rubilar Gutiérrez
12) José Fernando Gutiérrez Ascencio
13) Gerónimo Humberto Sandoval Medina
14) Juan de Dios Roa Riquelme
15) Mario Rubén Morales Bañares
16) José Alejandro Ramos Jaramillo
17) Gerardo Alejandro Ramos Huina
18) José Moisés Ramos Huina
19) Luis Alberto Soto Chandía

La bendición del terreno y la plantación simbólica de un guindo santo en el inicio del Sendero de la Memoria en la Reserva Nacional Malleco, marcó el día en que la Corporación Nacional Forestal rindió un homenaje a sus 13 trabajadores víctimas de la represión política ejercida por la Dictadura Militar en la región de La Araucanía.

La ceremonia de reivindicación de los trabajadores de CONAF fue presidida por el Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres, el alcalde de Collipulli, Leopoldo Rosales, Director regional, David Jouannet, la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Mulchén, abogados de organizaciones de Derechos Humanos y contó con la presencia de un centenar de familiares de las víctimas y de funcionarios de CONAF de la Oficina Central, Coquimbo, Bío Bío, Los Ríos y La Araucanía.

“Entiendo que CONAF es la primera institución que hace un reconocimiento público y abierto a las víctimas         –comentó el Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres-, y fue necesario que nuestra institución pusiera a la luz a un conjunto de trabajadores en un acto que es muy significativo porque rearma la familia de CONAF, nos integra con la familia de las víctimas que fueron parte de la Corporación y coloca un tema importante, los Derechos Humanos debemos ubicarlos al medio de nuestra relación societal, como derecho básico, por lo tanto, es una obligación generar los caminos para no olvidar, hacer justicia y para reparar”, detalló Cavieres.

Los familiares de los trabajadores ejecutados valoraron el trabajo que está haciendo CONAF. “Este sendero, este memorial que se está proyectando es para preservar la memoria de estos 13 campesinos, que pese a no tener ninguna militancia política, y cumpliendo con su trabajo como obreros, los asesinaron. CONAF es la única institución del Estado que está reconociendo a sus víctimas”, subrayó Pedro Roa, presidente de la Agrupación de familiares de DD.DD de Mulchén.

Marina Rubilar, vicepresidenta de la Agrupación de DD.DD de Mulchén, dijo que “para mí ha sido importante y reconfortante este proyecto de CONAF para rescatar la memoria de nuestros seres queridos. Ellos eran personas humildes y no tenían derecho a asesinarlos en la forma que lo hicieron; por eso, agradezco a CONAF, en forma personal y me enorgullece este proyecto”.

Para la abogada de familiares, Patricia Parra, el caso de los 13 ejecutados en la Reserva Malleco fue cerrado y está hoy en la etapa de sumario con un autoacusatorio. La etapa siguiente es el plenario, dónde se exhiben las pruebas y los acusados se deben defender, para terminar con la sentencia.

“Como hay confesión de los hechores directos, es tal el nivel de elementos probatorios, que sería muy difícil que los puedan absolver.  Aquí va a ver condenas hacia los hechos ocurridos en octubre de 1973, sino que además el ministro lo que ha hecho fue establecer la necesaria conexión con lo que ocurrió en 1979, porque este secuestro y muerte, está conectado con lo que ocurrió en la operación retiro de televisores”, enfatizó la abogada Parra.

Árbol de la Memoria

El Director Ejecutivo de CONAF recordó que esta iniciativa se originó a partir de una propuesta efectuada por un grupo de trabajadores de la institución, que ha permitido a la fecha recabar información relativa a 19 trabajadores de CONAF que fueron asesinados en los meses de septiembre y octubre de 1973, de los cuales 18, son de esta región de La Araucanía. La documentación precisa que se trata de 13 trabajadores de la Reserva Forestal Malleco, asesinados los días 6 y 7 de octubre de 1973, a manos de una patrulla de aproximadamente 30 personas compuesta por Militares, Carabineros y civiles: Miguel del Carmen Albornoz Acuña; los hermanos Daniel Alfonso, Alejandro, Guillermo José, Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González; Luis Alberto Godoy Sandoval; los hermanos Manuel Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; José Fernando Gutiérrez Ascencio; Gerónimo Humberto Sandoval Medina y Juan de Dios Roa Riquelme.

A ellos, se suman otros 5 trabajadores de CONAF que laboraban en la Cordillera de Melipeuco, asesinados entre septiembre y octubre de 1973: Mario Rubén Morales Bañares; José Alejandro Ramos Jaramillo; los hermanos Gerardo Alejandro y José Moisés Ramos Huina; y Luis Alberto Soto Chandía.

Y, por último, Óscar Gastón Aedo Herrera, Práctico Forestal de la Escuela de Contulmo, Técnico de la COREF (Corporación de Reforestación, actual CONAF) en la ciudad de Salamanca, hoy día Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, fusilado el 16 de octubre de 1973 junto a otras 14 personas en el Regimiento de Arica de la ciudad de La Serena, por orden del General Arellano Stark y su sanguinaria “Caravana de la Muerte”.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.