Albornoz González Alberto

Alberto Albornoz González, casado, 2 hijos, obrero agrícola, fue detenido en su domicilio el día domingo 7 de octubre de 1973, alrededor de las 17:00 horas, por uniformados que lo esposaron con las manos atrás y lo condujeron hasta las casas de administración del fundo Pemehue de Mulchén.
Los aprehensores, en un número aproximado a treinta, formaban parte de un grupo compuesto por Carabineros, Militares y civiles armados que, ese día domingo, poco antes de las 17:00 horas, llegó al fundo "Pemehue", proveniente desde el predio "El Carmen Maitenes". Entre ellos los campesinos pudieron identificar al en ese entonces Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; a los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, ambos ex funcionarios del Retén El Morro. A los civiles, Romualdo ("Mallo") Guzmán Saavedra, agricultor; Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera; Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor, todos domiciliados en Mulchén; Rolf Düring Pohler, hijo de los propietarios del Fundo Verdún; Samuel Arriagada Domínguez y un hermano de éste y a Raúl Tirapeguy.
La patrulla portaba una lista de nombres de lugareños del sector que, al parecer, había obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén. De esta forma, procedieron a detener violentamente en el Fundo Pemehue, desde sus respectivos domicilios a: Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González, Gerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Fernando Gutiérrez. Los 5 detenidos fueron recluidos en la casa de Administración del fundo, donde fueron torturados y, posteriormente, conducidos hacia el río Renaico, donde los ejecutaron. Este traslado fue presenciado por don Juan Angel Segura, lugareño de la Parcelación Los Guindos, quien vio cuando los uniformados se dirigían por la ribera del río hacia el Este con las cinco víctimas. Al percatarse los victimarios de su presencia le obligaron a cubrirse la vista y, minutos después, el señor Segura escuchó una fuerte descarga de fusilería. Al poco rato, vio volver a los militares pero, en esta ocasión, sin las víctimas. Por temor de sufrir similares consecuencias, no se atrevió a ir hasta el lugar desde donde provenían los disparos.
Los victimarios permanecieron tres días en el fundo "Pemehue". Uno de esos días, tres de éstos se presentaron en la parcela de don Juan Angel Segura y le exigieron una vaquilla y un cordero, los que debió carnear para entregárselos. Para esto el carabinero Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate"), hizo valer su conocimiento anterior con el parcelero, cuando "El Alicate" se desempeñaba en la dotación del Retén de la Hacienda "El Morro", donde Segura lo había tratado.
Sólo ocho días después, una vez que se aseguraron que los victimarios habían abandonado el lugar, los familiares se atrevieron a salir de sus casas en busca de las víctimas. Participaron en dicha búsqueda María Carrasco Rosales, cónyuge de Alberto Albornoz González; la señora Gloria, cónyuge de Fernando Gutiérrez; María Medina Bustamante, madre de Humberto Sandoval Medina y la esposa e hijos de Juan Roa Riquelme.
Los cadáveres de Gerónimo Humberto Sandoval Medina, Alberto y Felidor Albornoz González y Fernando Gutiérrez, los pudieron ubicar en un sector de la ribera del río Renaico; estaban semicubiertos con unas piedras pesadas y presentaban evidentes huellas de tortura y numerosos impactos de balas. Por el tiempo transcurrido estaban destrozados parcialmente y comidos por los perros y roedores del lugar. Los árboles del sector presentaban en sus troncos numerosos impactos de balas.
Los familiares cavaron en el mismo lugar una fosa de más o menos un metro de profundidad, donde colocaron los cuatro cuerpos, cubriéndolos con tierra y enmarcando con piedras el lugar.
Internándose un poco al bosque y en la planicie de un pequeño monte, fue encontrado el cadáver de Juan de Dios Roa Riquelme. Sin embargo, los restos encontrados correspondían sólo a la parte inferior del cuerpo y un trozo superior de la columna vertebral. El cuerpo pudo ser identificado debido a que quedaban algunos trozos de sus ropas y a pocos metros fue encontrada su cédula de identidad. Un hijo de la víctima y la señora Medina, cavaron una pequeña fosa y lo sepultaron, marcando el lugar con una cerca de madera.
El 12 abril de 1979, aproximadamente a las 5:30 horas, la señora María Medina Bustamante, vio pasar dos vehículos con varios individuos en su interior, en dirección al fundo Pemehue. Uno era una camioneta Pick?up de color claro y, el otro, un station o furgón de carrocería alta, que tenía pintado a lo largo dos franjas de color naranja y de color café, respectivamente. Los vio regresar como a las 10:30 horas y esta vez, la camioneta llevaba cubierto con palos y ramas el espacio destinado a la carga. Ese mismo día, el parcelero Juan Angel Segura vio desde su parcela a estos vehículos.
El mismo grupo que detuvo y ejecutó a los 5 campesinos del Fundo Pemehue los días anteriores, había detenido y también ejecutado a otros 13 campesinos de predios cercanos. El 5 de octubre llegaron a la Hacienda El Morro deteniendo a Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, José Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y a José Florencio Yáñez Durán, y un día después el mismo grupo en el Fundo Carmen Maitenes detiene a otros 8 campesinos: Miguel Albornoz Acuña, Alejandro, Daniel y Guillermo Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval y a los hermanos Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez. Todos ellos también fueron ejecutados por sus captores en las riberas del río Renaico. (Ver fichas de Juan de Dios Laubra Brevis y de Florencio Rubilar Gutiérrez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
En el Juzgado de Letras de Mulchén se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.
El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.
El 14 de julio de 1980, la Corte de Apelaciones de Concepción, acogiendo un escrito presentado por el Arzobispado de la misma ciudad, acordó facultar al ministro Cerda para que investigara los hechos ocurridos en la Hacienda "El Morro", acumulando dichos antecedentes a la causa Nº20.595 del Juzgado de Letras de Mulchén.
En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de cinco campesinos de la Hacienda "El Morro".
El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446?81.
El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de 1978 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.

Con la presentación del “Sendero de la Memoria” en la Reserva Nacional Malleco en la Región de La Araucanía, el próximo 29 de octubre, continuará el trabajo de resaltar al interior de la Corporación la importancia de vivir en una cultura cívica del respeto de los derechos humanos y, a la vez, rescatar la memoria cotidiana y emotiva recordando a los trabajadores de la institución que fueron víctimas de la represión política ejercida por la Dictadura Militar.

El objetivo de esta nueva iniciativa, enmarcada en el proyecto institucional “Árbol de la Memoria”, es que al interior de esta unidad protegida, se recuerde a los 13 trabajadores asesinados entre el 6, 7 y 8 de octubre de 1973, creando un sendero por el lugar que recorrían a diario para ir desde sus hogares a las faenas laborales, resaltando tanto a ellos como la necesidad del respeto irrestricto a los derechos humanos.

Cabe recordar que el pasado 9 de agosto, en una emotiva ceremonia realizada en el Museo de La Memoria y Los Derechos Humanos, nuestro Director Ejecutivo, Aarón Cavieres, formalizó este proyecto institucional, trabajo que se origina a partir de una propuesta efectuada por un grupo de trabajadores de la Corporación, el cual ha permitido a la fecha recabar información relativa a 19 trabajadores de CONAF que fueron asesinados en los meses de septiembre y octubre de 1973.

Uno de ellos, fue Oscar Gastón Aedo Herrera, práctico forestal de la Escuela de Contulmo, técnico de la COREF (Corporación de Reforestación, actual CONAF) en la ciudad de Salamanca, hoy día Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, quien fue fusilado el 16 de octubre de 1973 junto a otras 14 personas en el Regimiento de Arica de la ciudad de La Serena, por orden del General Arellano Stark y su sanguinaria “Caravana de la Muerte”.

Luego están los 13 trabajadores de la Reserva Nacional Malleco (en esos años Reserva Forestal Malleco), a manos de una patrulla de aproximadamente 30 personas compuesta por militares, carabineros y civiles. Las víctimas fueron: Miguel del Carmen Albornoz Acuña; los hermanos Daniel Alfonso, Alejandro, Guillermo José, Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González; Luis Alberto Godoy Sandoval; los hermanos Manuel Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; José Fernando Gutiérrez Ascencio; Gerónimo Humberto Sandoval Medina y Juan de Dios Roa Riquelme.

También están 5 trabajadores de CONAF que laboraban en la Cordillera de Melipeuco, asesinados entre septiembre y octubre de 1973: Mario Rubén Morales Bañares; José Alejandro Ramos Jaramillo; los hermanos Gerardo Alejandro y José Moisés Ramos Huina; y Luis Alberto Soto Chandía.

El proyecto “Árbol de la Memoria”, busca rescatar los recuerdos cotidianos y emotivos de estos trabajadores. Junto con ello, se quiere promover al interior de la institución el ejercicio y el respeto por principios básicos de la convivencia social: Derechos Humanos, solidaridad, tolerancia y coherencia.

En este marco, el trabajo contempla también, además del “Sendero de la Memoria”, el diseño y elaboración de un libro “Árbol de La Memoria”, elaborado por un equipo de profesionales de CONAF que actuaran como un equipo editor, y “Talleres de Memoria y Derechos Humanos”, en las regiones de Coquimbo y La Araucanía, durante este año. https://www.youtube.com/watch?v=QNTHjCc59ps&t=7s

El proyecto será ejecutado por equipos regionales de CONAF, constituyéndose a la fecha dos equipos de trabajo, uno en la Región de Coquimbo, conformado en reunión efectuada el día 22 de julio en la ciudad de Coquimbo y el equipo que agrupa a las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, conformado en reunión realizada los días 23 y 24 de agosto en la ciudad de Temuco.

El Ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, condenó a 11 exintegrantes del Ejército y Carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal de 18 víctimas ejecutadas en Mulchén, en octubre de 1973, y cuyos restos fueron posteriormente, retirados ilegalmente.
En el fallo, el Ministro Aldana condenó a Jacob Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Díaz Díaz y Héctor Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio, cometidos en octubre de 1973, en los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, en la comuna de Mulchén.
Asimismo, Ortiz Palma, Higueras Álvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de Juan de Dios Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González, ilícitos cometidos en octubre de 1973, en el fundo El Morro. Además de 541 días de presidio por la inhumación ilegal de las 12 víctimas de homicidio.
En tanto, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Patricio Torres, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano fueron condenados a 3 años y un día de presidio, como encubridores del delito de homicidio simple de 11 víctimas de los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, más 541 días de presidios por su responsabilidad en la exhumación ilegal de dichas víctimas.
En el caso de Julio Reyes Garrido, el fallo lo condenó a purgar una pena de 3 años de presidio como encubridor de 11 homicidios simples, y a la pena de 300 días de presidio por su responsabilidad en la exhumación ilegal de esas víctimas. Absuelto resultó José Puga Pascua.
En la etapa de investigación, el Ministro en visita logró establecer que el 4 de octubre de 1973 un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Chile con asiento en la ciudad de Los Ángeles junto a 3 conscriptos de la misma unidad fue comisionado para ponerse a disposición del Comisaría de Carabineros de la ciudad. Esa comisión acompaña de un teniente de Carabineros y 4 funcionarios de esa unidad partió al sector cordillerano de la localidad para buscar una lista de personas opositoras al gobierno de la época.
El 5 de octubre el grupo llegó hasta el fundo "El Morro" en el sector precordillerano de Mulchén y detuvo, sin orden administrativa o judicial legítima, a 5 personas que fueron interrogadas en un retén provisorio, y trasladadas hasta el sector "La Playita" del río Renaico donde fueron ejecutadas y sus cuerpos hechos desaparecer.
El 6 de octubre, la comitiva llegó hasta los fundos Carmen y Maitenes, donde se detuvo a 7 personas a las que se les obligó a cavar una fosa de 6 por 4 metros para luego ser fusilados en el lugar e inhumados ilegalmente. Horas más tarde se detuvo en el lugar a otro prisionero el que fue llevado por el grupo hasta la casa patronal del fundo Pemehue hasta donde se llegó al día siguiente.
El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo Pemehue, las que fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus familiares.
En tanto, entre fines de 1978 y principios de 1979 un sección del regimiento "Húsares" de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época concurrió a las sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos y los hizo desparecer, pese a que un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción investigaba los hechos.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Fisco a pagar indemnización a familiares de la víctima.

La bendición del terreno y la plantación simbólica de un guindo santo en el inicio del Sendero de la Memoria en la Reserva Nacional Malleco, marcó el día en que la Corporación Nacional Forestal rindió un homenaje a sus 13 trabajadores víctimas de la represión política ejercida por la Dictadura Militar en la región de La Araucanía.

La ceremonia de reivindicación de los trabajadores de CONAF fue presidida por el Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres, el alcalde de Collipulli, Leopoldo Rosales, Director regional, David Jouannet, la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Mulchén, abogados de organizaciones de Derechos Humanos y contó con la presencia de un centenar de familiares de las víctimas y de funcionarios de CONAF de la Oficina Central, Coquimbo, Bío Bío, Los Ríos y La Araucanía.

“Entiendo que CONAF es la primera institución que hace un reconocimiento público y abierto a las víctimas         –comentó el Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres-, y fue necesario que nuestra institución pusiera a la luz a un conjunto de trabajadores en un acto que es muy significativo porque rearma la familia de CONAF, nos integra con la familia de las víctimas que fueron parte de la Corporación y coloca un tema importante, los Derechos Humanos debemos ubicarlos al medio de nuestra relación societal, como derecho básico, por lo tanto, es una obligación generar los caminos para no olvidar, hacer justicia y para reparar”, detalló Cavieres.

Los familiares de los trabajadores ejecutados valoraron el trabajo que está haciendo CONAF. “Este sendero, este memorial que se está proyectando es para preservar la memoria de estos 13 campesinos, que pese a no tener ninguna militancia política, y cumpliendo con su trabajo como obreros, los asesinaron. CONAF es la única institución del Estado que está reconociendo a sus víctimas”, subrayó Pedro Roa, presidente de la Agrupación de familiares de DD.DD de Mulchén.

Indignación ha provocado en los familiares de las víctimas del caso Mulchén el fallo dictado este lunes 30 por el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, quién condenó a 11 ex integrantes del ejército y de carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal de 18 víctimas ejecutadas en Mulchén, en octubre de 1973, y cuyos restos fueron posteriormente, exhumados ilegalmente para hacerlos desaparecer.

A todos los procesados, Aldana les condena a penas irrisorias dada la gravedad y cuantía de los delitos criminales indagados y dado el hecho de que se trata de delitos de lesa humanidad; además, el fallo les otorga a siete de los condenados el beneficio de la libertad vigilada, lo que se traduce en impunidad disfrazada. Familiares de las víctimas y abogados querellantes ya manifestaron su voluntad de apelar al fallo buscando penas acorde con los crímenes cometidos y con el sentido de la justicia.

En el fallo (causa rol 30-2007 y acumuladas), el ministro Aldana condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día depresidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio, 12 crímenes cometidos en octubre de 1973, en los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, en la comuna de Mulchén. Estos cuatro condenados son los únicos que, en juicio de Aldana, deben cumplir pena efectiva de presidio.Asimismo, Ortiz Palma, Higueras Álvarez, Díaz Díaz y Guzmán Saldaña deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yañez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. Estos crímenes fueron cometidos en octubre de 1973, en el fundo El Morro. Además de 541 días de presidio por la inhumación ilegal de las 12 víctimas de homicidioEn tanto, los ejecutantes de la "Operación Retiro de Televisores", el ex oficial de ejército Jaime Oscar García Zamorano, y los ex suboficiales José María Iturriaga Valenzuela, Jaime Jorge Muller Avilés, Julio Hernán Fuentes Chavarriga, Luis Alberto Palacios Torres y Juan Carlos Balboa Ortega fueron condenados a solo 3 años y un día de presidio, solo en calidad de encubridores del delito de homicidio simple de 11 víctimas de los fundos Carmen, Maitenes y Pemehue, más 541 días de presidios por su responsabilidad en la exhumación ilegal de dichas víctimas.En el caso del ex oficial de ejército Julio Guillermo Humberto Reyes Garrido, también implicado en la operación de desaparecimiento de las víctimas, el fallo lo condenó a purgar una pena de 3 años de presidio como encubridor de 11 homicidios simples, y a la pena de 300 días de presidio por su responsabilidad en la exhumación ilegal de esas víctimas.

Además, el ministro Aldana, absolvió al ex suboficial José Francisco Puga Pascua y Juan Luis Cares Molina resultó absuelto por fallecimiento.

La "Operación Retiro de Televisores" es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

Entre fines de 1978 y comienzos de 1979, personal del Regimiento «Húsares» de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, retiró los restos de quienes fueron ejecutadas en octubre de 1973,

y llevados con destino desconocido, llevando a cabo la "Operación retiro de televisores" que fue ordenada para hacer desaparecer los restos de los detenidos desaparecidos que habían sido asesinados. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes.

El condenado Jaime García Zamorano permanece en prisión en el Penal Punta Peuco, desde hace un par de años, donde cumple condena efectiva de siete años de prisión por dos delitos de homicidio en otras causas de derechos humanos.

Los hechos

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que el 4 de octubre de 1973 un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Chile con asiento en la ciudad de Los Ángeles junto a 3 conscriptos de la misma unidad fue comisionado para ponerse a disposición del Comisaría de Carabineros de la ciudad. Esa comisión acompaña de un teniente de Carabineros y 4 funcionarios de esa unidad partió al sector cordillerano de la localidad para buscar una lista de personas opositoras al gobierno de la época.

El 5 de octubre el grupo llegó hasta el fundo «El Morro» en el sector precordillerano de Mulchén y detuvo, sin orden administrativa o judicial legítima, a 5 personas que fueron interrogadas en un retén provisorio, y trasladadas hasta el sector «La Playita» del río Renaico donde fueron ejecutadas y sus cuerpos hechos desaparecer.

El 6 de octubre, la comitiva llegó hasta los fundos Carmen y Maitenes, donde se detuvo a 7 personas a las que se les obligó a cavar una fosa de 6 por 4 metros para luego ser fusilados en el lugar e inhumados ilegalmente. Horas más tarde se detuvo en el lugar a otro prisionero el que fue llevado por el grupo hasta la casa patronal del fundo Pemehue hasta donde se llegó al día siguiente.

El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo Pemehue, las que fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus familiares.

En tanto, entre fines de 1978 y principios de 1979 un sección del regimiento «Húsares» de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época concurrió a las sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos y los hizo desparecer, pese a que un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción investigaba los hechos.

Elementos comunes en matanzas de Santa Bárbara, Mulchén, Laja-San Rosendo, Lonquén y Chihuio. Sitios de Memoria.

Elementos comunes en las matanzas selectivas de campesinos en diversos lugares del país en tiempos de dictadura. Una amenaza, una advertencia que anunciaba los caminos a seguir por Pinochet, uniformados, representantes de Patria y Libertad y dueños de fábricas o latifundios se unen para eliminar sistemáticamente a cientos de obreros y campesinos en los primeros días después del Golpe de Estado Cívico-Militar.

Cronología del horror: Fusilamientos en los primeros días del golpe, septiembre y octubre de 1973.

Laja y San Rosendo.

19 personas que se presentaron a la Comisaria de Carabineros de Laja, fueron llevadas a las afueras de la ciudad y ejecutadas, enterradas clandestinamente en medio de un campo del “Fundo San Juan”; era septiembre del año 1973.  Trabajadores de La Papelera y Ferrocarriles del Estado, estudiantes y dos profesores fueron acribillados, amarrados con alambres, indefensos e inocentes, fusilados y enterrados luego de recibir instrucciones, comida y alcohol proporcionado por ejecutivos de la empresa papelera. El Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Concepción ha dictado sentencia contra 14 carabineros en retiro y tres ex funcionarios civiles de la CMPC.

Según el fallo unánime del 15 de marzo de 2018, la Corte de Apelaciones de Concepción procesó a tres jefes y un chofer de la empresa papelera perteneciente al Grupo Matte como cómplices de homicidio, la empresa delató y facilitó vehículos y choferes a cargo de un civil, el agricultor Peter Wilkens. Civiles y Carabineros unidos en un exterminio brutal.

Los ex carabineros acusados como co-autores de homicidio calificados: Alberto Juan Fernández Michell, Lisandro Alberto Martínez García, Luis Antonio León Godoy, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Pedro del Carmen Parra Utrera, Gabriel Washington González Salazar, Samuel Francisco Vidal Riquelme, Víctor Manuel Campos Dávila, Nelson Casanova Salgado, y el oficial (R) René Urrutia, señalado como autor del delito de inhumación ilegal de las 19 personas. Civiles: Pedro Jarpa, ex jefe de seguridad de CMPC, cómplice de homicidio y Alejandro Aguilera, ex ejecutivo de la CMPC.

Santa Bárbara.

La desaparición y posterior ejecución de 28 campesinos de las localidades de Santa Bárbara y Quilaco en la Región del Biobío, en el año 1973, sigue los mismos patrones de ejecuciones en la zona, denuncias de patrones y apoyo de Carabineros, terminan con la vida de lugareños. Los procesos llevados a cabo por la Ministra Raquel Lermanda hasta mayo de 2013, tienen sentencias de 17 ex uniformados y 11 civiles que figuran como responsables de las detenciones y desapariciones.

Entre las victimas están: José Rafael Zúñiga Aceldini, José Secundino Zúñiga Aceldini, José Gilberto Araneda, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, José Guillermo Purrán Treca, José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira, Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Elba Burgos Sáez, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, Aliro Oporto Durán, Sergio D’Apollonio Petermann.

Mulchén

Desaparición de 18 campesinos de la comuna, hecho ocurrido en los primeros días de octubre de 1973, durante las acciones de represalia y castigo que llevaron a cabo los uniformados y civiles de la zona. Los asesinatos se cometieron en operaciones llevadas a cabo durante ese mes. Los campesinos fueron hechos prisioneros y ejecutados en tres lugares distintos de la zona cordillerana de Mulchén. Los fusilamientos se registraron en el fundo El Morro, ubicado a 50 kilómetros al interior de Mulchén, en el fundo El Carmen-Maitenes, ubicado a 80 kilómetros y en el fundo Pemehue, situado en la alta cordillera, a más de 100 kilómetros de la ciudad.

Los 18 campesinos asesinado fueron: los hermanos Alejandro Albornoz González (de 48 años), Alberto Albornoz González (41), Felidor Exequiel Albornoz González (33), Guillermo José Albornoz González (32), Daniel Alfonso Albornoz González (28), y un hijo de Alejandro de nombre Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20); Luis Alberto Godoy Sandoval (23); José Fernando Gutiérrez Asencio (25); Juan de Dios Laubra Brevis (26); Juan de Dios Roa Riquelme (35); los hermanos José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33), José Liborio Rubilar Gutiérrez (28), Florencio Rubilar Gutiérrez (24); Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22); Domingo Sepúlveda Castillo (29); Edmundo José Vidal Aedo (20); Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26) y José Florencio Yáñez Durán (34).

El Ministro Carlos Aldana de la Corte de Apelaciones de Concepción, ha notificado nueve ex militares procesados por delitos de homicidio y encubrimiento de 18 campesinos ejecutados en 1973. Los procesados serían Julio Reyes Garrido, José Puga Pascual, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Müller Aviles, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, JuanCares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano.

Chihuio

El 9 de Octubre de 1973, grupos del ejército de los regimientos Cazadores y Maturana. de Valdivia, en el sector de “Baños de Chihuio”, ejecutaron a 18 campesinos en el sector sur del complejo maderero de Panguipulli. En los días posteriores al Golpe de Estado, la casa de administración del Fundo “Chihuio” (Valdivia), de propiedad de Américo González, se convirtió en un centro de exterminio. El fundo está ubicado en la pre cordillera, a casi 300 km de Valdivia.  Campesinos de Futrono,  Llifén, Curriño, Arquilhue y Chabranco fueron llevados desde sus hogares o lugares de trabajo hasta esta localidad, después de ser detenidos por soldados pertenecientes a la Cuarta División del Ejército, al mando del General Héctor Bravo Muñoz, y apoyados por civiles de la localidad. Los soldados habían llegado hasta las diferentes localidades con listas en la mano.

Los 18 campesinos permanecieron desaparecidos por más de 17 años. Se sabe que sus cuerpos fueron exhumados ilegalmente en 1979 (probablemente por miembros del ejército  o la CNI). Posteriormente, en 1990 y después de un largo trabajo por parte de los grupos de Derechos Humanos, solo parte de sus restos fueron encontrados.

Víctimas: Carlos Acuña Inostroza; Orlando Barriga Soto; José Cortez Díaz; Rubén Durán Zúñiga; Luis Ferrada Sandoval; Eliecer Freire Caamaño; Narciso García Cancino; Juan González Delgado; Daniel Méndez Méndez; Fernando Mora Gutiérrez; Sebastián Mora Osses; Segundo Pedreros Ferreira; Rosendo Rebolledo Méndez; Ricardo Ruiz Rodríguez; Carlos Salinas Flores; Manuel Sepúlveda Rebolledo; Rubén Vargas Quezada; Andrés Silva Silva.

Lonquén

Un descubrimiento estremecedor se realizaba el año 1978 en los hornos de Lonquén, los restos de 15 campesinos de la Isla de Maipo habían sido encontrados, lugareños que habían desaparecido el 7 de octubre de 1973. Es el caso de mayor impacto mediático donde la Vicaría de la Solidaridad juega un importante rol en dar a conocer el caso, bajo la dirección del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Procesos: El año 2018 la Corte Suprema dicta sentencia contra 6 carabineros por secuestro calificado y secuestro simple en el caso conocido como “Hornos de Lonquén.”

Recorrido por los memoriales

Actividad organizada por el Consejo de Usuarios Prais y Departamento de Derechos Humanos, Municipalidad de Concepción. Los memoriales de Mulchén, Santa Bárbara, Laja y San Rosendo emergen silenciosamente en medio de las ciudades para recordar y conmemorar a los Detenidos Desaparecidos en Dictadura.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.

Este lunes 8 de septiembre, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), realizará una ceremonia en que inaugurará un memorial en homenaje a los funcionarios públicos detenidos desaparecidos y muertos en dictadura, homenaje que tendrá la presencia de autoridades de gobierno, organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

“Esto va con todo el respeto que tiene para nosotros como agrupación conservar la memoria de nuestro país. En esta ocasión, queremos inmortalizar a nuestros funcionaros y dirigentes, quienes también nos legaron su ética y lucha sindical y que fueron asesinados en el peor periodo de nuestra historia. Y al rememorara a nuestros compañeros caídos, también hacemos un llamado a la vida y la paz”, comentó el secretario general de la ANEF, Bernardo Jorquera.

Junto a los dirigentes ANEF que anunciaron el memorial, los acompañó el diputado Tucapel Jiménez, – hijo del dirigente sindical de la ANEF del mismo nombre, asesinado por agentes del Ejército en 1982-, además de la dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

Son más de 380 casos los que aparecerán en una placa, en la sede de la ANEF, y que se inaugurará el lunes 8 de septiembre a las 11 hrs. La lista fue proporcionada al gremio por el Ministerio del Interior, donde destacan el presidente Salvador Allende Gossens y Tucapel Jiménez.

“Esta inauguración dignifica a la clase trabajadora, y a los movimientos sindicales” contó Alicia Lira, quien es viuda de un funcionario de Tesorería asesinado los primeros días tras el Golpe de Estado.

“Estos actos de mantener viva la memoria, recordar a los caídos, son importantes porque la memoria es frágil y es bueno mantenerla viva. Nosotros queremos que los jóvenes no vuelvan a vivir esa historia negra que pasamos como país y por eso es importante recordar a los caídos y buscar verdad y justicia, con el propósito de que estas cosas nunca más ocurran”, afirmó el diputado Jiménez.