Achu Liendo Rigoberto

 El 13 de diciembre de 1973, personal del Ejército dio muerte en San Felipe a dos personas:

  – Absalón del Carmen WEGNER MILLAR, 31 años, Director del Area de Salud de San Felipe y médico del Hospital Siquiátrico de Putaendo, militante comunista, quien fuera detenido por primera vez el 12 ó 13 de septiembre, durante un día, siendo liberado sin cargos y con orden de reintegrarse a su trabajo en el Hospital.            

                         Su segunda detención se produjo en los últimos días de noviembre, oportunidad en que fue puesto a disposición de la autoridad militar local.

  – Rigoberto del Carmen ACHU LIENDO, 31 años, Secretario Seccional del Partido Socialista y Jefe de Desarrollo Social de San Felipe. Fue detenido el 12 de septiembre en casa de un familiar por efectivos militares del Regimiento de Infantería Nº3 "Yungay", luego de haber sido llamado por un bando militar. Se le recluyó en la Cárcel de San Felipe, desde donde era sacado regularmente para ser interrogado en el Cuartel de Investigaciones, por personal de dicha Repartición.

                           Según la versión oficial entregada por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería Nº3,"Yungay", cuando los detenidos eran trasladados de regreso a la Cárcel, desde la Fiscalía Militar, el vehículo en que viajaban quedó en panne a sólo 60 metros del establecimiento penal, debiendo continuarse el recorrido a pie. En ese momento, uno de los prisioneros habría aprovechado la situación para "violentar" el arma de servicio de un conscripto, y el otro, para darse a la fuga, siendo ambos muertos instantáneamente. 

                           La Comisión no pudo aceptar esta versión atendidas, principalmente, las siguientes circunstancias:  

– Es inverosímil que dar muerte a los afectados haya sido la única forma de evitar su presunta huída, puesto que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia de los efectivos del Regimiento de Infantería Nº 3 "Yungay" y estando la patrulla inmediata al recinto penitenciario, que disponía de personal capacitado para prestar ayuda en la supuesta captura de los evadidos. También cabe destacar que se ha podido acreditar que los prisioneros habían sido llevados encadenados a la Fiscalía Militar, como mayor medida de seguridad, y no se ve motivo para suponer que no fueran devueltos al penal en la misma forma, a menos que quisiera prefigurarse de algún modo su supuesta huída.

– La existencia de testigos presenciales y verosímiles que señalaron que los detenidos eran custodiados por una patrulla del Ejército camino a la Cárcel y que en determinado momento, sin que existiese intento alguno de fuga, los funcionarios militares les dispararon por la espalda, rematándolos posteriormente con otros disparos. Declararon además, que los cuerpos fueron subidos inmediatamente a un vehículo, y que personal de Gendarmería salió en los mismos instantes del recinto carcelario con baldes de agua, para lavar los rastros de sangre de la vereda.

– Rigoberto Achú se encontraba en muy mal estado de salud, producto de las torturas sistemáticas que se le aplicaron en el Cuartel de Investigaciones desde el mismo día 12 de septiembre en que fue detenido, y a consecuencia de ellas no podía vestirse, comer ni moverse coordinadamente. El mismo día de su ejecución, se lo vio muy deteriorado físicamente, con muy bajo peso y con notoria pérdida de su cabello. Su condición hacía inverosímil que tratara de huir.

– No resulta verosímil la versión de que el doctor Wegner hubiese intentado huir, ya que por antecedentes y testimonios reunidos por esta Comisión, resulta demostrado que se trataba de una persona que no intentó nunca eludir a las autoridades militares. Después de los hechos del 11 de septiembre, permaneció detenido por un día en la Cárcel de San Felipe, y una vez que fue dejado en libertad, continuó viviendo en la zona, llevando una vida pública, y trabajando en el mismo servicio, a pesar de haber contado con los medios para huir de la zona sin que nadie se lo impidiese, por no existir cargos en su contra, los cuales no fueron conocidos ni siquiera después de su segunda detención. 

Las redes sociales ardieron durante la emisión del reportaje del programa "En la Mira" de Chilevisión y donde se mostraron los rostros de los más emblemáticos facultativos que participaron en acciones de tortura durante el régimen de Pinochet.

El programa mostró un reportaje llamado "Médicos torturadores" y donde se investigaron los casos de personas las que eran torturadas y estos profesionales los encargados de monitorear sus condiciones y determinaban si los detenidos podían o no seguir con la sesión de tortura. En otros casos como el del doctor Guido Díaz Pacci se mostró a la investigación que lo incrimina en la ejecución de Jorge Jordan, médico del Partido Comunista que en 1973 fue torturado y asesinado en la Región de Coquimbo cuando tenía 29 años. Al respecto Díaz Pacci sería presuntamente quien le habría propinado el tiro de gracia al facultativo.

Varios fueron los casos que se mostraron en el reportaje de este miércoles y que mostraban la crueldad que se ejercía en regimientos del país como los de Arica, La Serena y Tejas Verdes, donde se ejerció además tortura sexual y en la cual participaron la mayoría de los agentes de las represión.

También mostraron el caso del doctor Raúl Navarro Quintana quien al igual que todos los supuestos facultativos torturadores aún sigue atendiendo pacientes y se desplaza en absoluta impunidad por las calles. En el caso de Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del comando de la muerte y se le responsabiliza de la muerte de Absalon Wegner y el ex detective Rigoberto Achú.

Aparte de Navarro Quintana el reportaje del periodista Alejandro Vega nombró a otros profesionales quienes también están de alguna manera involucrados en el "trabajo" que les encargaron los aparatos represores de la dictadura de "mantener con vida" a los torturados. Entre los nombrados están Vittorio Orvietto, oftalmólogo de la Clínica Plus Médica; Manfred Jurgensen, ex miembro de la CNI; Alejandro Forero, médico que habría participado de la caravana de la muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa, Eugenio Fantuzzi, a cargo del departamento de sanidad de la DINA y quien fuera expulsado del Colegio Médico.

El crudo reportaje dio cuenta en detalle de muchos casos de tortura narrados por sus víctimas y por testigos que vieron el horrendo accionar de algunos profesionales. En la parte final del espacio, el periodista Alejandro vega y su camarógrafo encararon a algunos de los implicados quienes se vieron sorprendidos con la llegada de la cámara y en el acto siempre negaron su participación con frases acompañadas de un evidente nerviosismo que incluso los hacía atropellarse en las palabras.

Elprograma de Chilevisión reveló también la amistad que existía entre el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y uno de los supuestos torturadores, el doctor Guido Díaz Pacci. Al respecto tanto víctimas como testigos de los macabros hechos señalaron que ambos funcionaban como un dupla que abusaba y denigraba a los detenidos. Finalmente se informó que este jueves el abogado Cristian Cruz presentó una querella por torturas por el caso de los médicos torturadores que emitió el programa "En la Mira".

Pasadas las 14 horas de este lunes, en las afueras del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe ubicado en calle Molina, se realizó la reconstitución de escena de los asesinatos de los presos políticos Rigoberto Achú y Absalón Wegner, ocurridos el 13 de diciembre de 1973.

Este hecho a días de cumplir los 40 años, fue importante para familiares, amigos y conocidos de estos dos dirigentes, que de acuerdo a la situación nacional, esta es la primera reconstitución de asesinatos de presos político.

La diligencia fue ordenada por el juez de la causa, magistrado Julio Miranda Lillo, en el marco del procesamiento e investigación que se sigue en contra de doctor Raúl Navarro, el teniente Pedro Lovera y los funcionarios de Ejército Héctor Orozco, Milton Núñez y Sergio Jara Arancibia, investigación y peritajes que permitan avanzar en el esclarecimiento de este caso, así como para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Como se recuerda fue a propósito de una querella presentada por La Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos a favor de Rigoberto Achú el Ministerio del Interior en julio de 2011 abrió una investigación encabezada por el ministro en visita Julio Miranda Lillo sobre este caso, sometiendo a proceso a mediados de mayo pasado a los cinco autores de este crimen.

Más de cuarenta testigos han prestado declaración en este caso, cuyo sumario cuenta más de dos mil fojas. Los cinco procesados, quedaron detenidos en primera instancia en Peñalolén, luego de ser notificados por el juez en el Tribunal de Letras de San Felipe, para tres días más tarde quedar en libertad bajo el pago de una fianza de 500 mil pesos cada uno.

Familiares esperan la resolución de esta causa que habré un precedente en la justicia de nuestro país, para continuar con la querella del dirigente del partido comunista, médico y director del servicio de salud Aconcagua, Absalon Wegner.

Este lunes se llevó a efecto la reconstitución de escena a cinco militares pertenecientes al ex Regimiento Yungay de San Felipe, quienes están inculpados por las muertes de los prisioneros políticos Absalón Wegner Millar y Rigoberto Achú Liendo.

Cabe señalar que los ex uniformados son el general (r) Héctor Orozco, los tenientes Pedro Lovera y Sergio Jara Arancibia, el doctor del Regimiento Yungay de la época, Raúl Navarro y el sub oficial, Milton Núñez, quienes están siendo procesados por el ministro en visita Julio Miranda Lillo.

“Los militares del Regimiento Yungay de San Felipe que asesinaron a los compañeros Rigoberto Achú y Absalón Wegner, no son más que unos cobardes, ya que mienten cuando manifiestan que no estuvieron en el lugar de los hechos aquella noche del 13 de diciembre de 1973, cuando se encontraban acuartelados”, aseveró el concejal PC, Ricardo Covarrubias.

Cabe señalar que estas expresiones las vertió cuando escuchó al general (r) Héctor Orozco Sepúlveda, decir que a su edad “no recuerda bien los hechos y que además era un hombre honorable dentro del ejército y embajador plenipotenciario”. Ante ello, Covarrubias refutó con un listado de acciones judiciales que sindican al militar en otro auto de procesamiento, como “por el delito de secuestro calificado del sub oficial de ejército Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien fue detenido y desaparecido en 1978, caso vinculado al proceso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier”, precisó el concejal.

A su vez Covarrubias puntualizó que Orozco se ríe de la inteligencia humana de los chilenos al decir que su honorabilidad está plasmada en su gran trayectoria militar “la V Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago lo sometió a una investigación por la muerte de seis personas y la desaparición del teniente de ejército y miembro de la DINE, Guillermo Gutiérrez, detenido el 23 de enero de 1978 cuando este intentaba asilarse en la embajada de Venezuela”, precisó.

Al ser consultado si cree en la justicia, dado que el ex militar aún permanece libre a pesar de todas las investigaciones que se le han hecho en los tribunales, señaló que “pienso que a 40 años del golpe debemos apelar a la confianza del aparato judicial, más allá de lo que haya pasado con este señor, pero cuando veo que existen varios militares encarcelados en Punta Peuco, es porque en algo se debe confiar. De lo contrario no estaríamos apoyando la demanda contra quienes asesinaron a los compañeros Rigoberto Achú y Absalón Wegner” manifestó el concejal.

Al mismo tiempo precisó Covarrubias que en este momento los sanfelipeños han centrado su atención en todo lo que pueda resolver el ministro en visita Julio Miranda Lillo “porque las familias recuerdan aquel 13 de diciembre de 1973 como un día de terror, al igual al 11 de octubre del mismo año cuando una patrulla militar del Regimiento Yungay asesinó a cinco trabajadores mineros de la provincia de Petorca en el sector de Las Coimas, camino a Putaendo” aseveró.

“Es preocupante hacer pensar que tener trayectoria es lo mismo que tener prontuario, porque todos sabemos quién fue Héctor Orozco y quienes son del grupo de personajes que hoy quieren hacer creer que fueron inocentes en las violaciones a los derechos humanos en Chile, cuando muchos de ellos ni siquiera pueden salir del país porque a la vuelta está Interpol esperándoles para atraparles por sus crímenes”, concluyó Ricardo Covarrubias.

Para este lunes 9 de diciembre, a las 13:00 horas en las afueras del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe, está contemplada la diligencia de reconstitución de escena del asesinato de los presos políticos Rigoberto Achú y Absalón Wegner, fallecidos el 13 de diciembre de 1973.

La diligencia fue ordenada por el juez de la causa, Magistrado Julio Miranda Lillo, en el marco del procesamiento e investigación que se sigue en contra de doctor Raúl Navarro, el Teniente Pedro Lovera y los funcionarios de Ejército Héctor Orozco, Milton Núñez y Sergio Jara Arancibia, quienes deberán presentarse en la diligencia, la que se espera permita avanzar en el esclarecimiento de este caso, así como para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Achú Liendo, junto al Doctor Absalón Wegner Millar, dos prisioneros políticos en los inicios de la dictadura militar, fueron objeto de las más horribles torturas, primero a manos de la Policía de Investigaciones, cuando su cuartel operaba en la actual Dirección de Desarrollo Comunitario, y luego en el Regimiento Yungay de San Felipe.

Ambos murieron a manos de funcionarios de Ejército la noche del 13 de diciembre de 1973, estando sometidos a procesos por este crimen precisamente los recién mencionados.

Casi 40 años más tarde, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Magistrado Julio Miranda Lillo, sometió a proceso a mediados de mayo pasado a los cinco ex uniformados como presuntos autores de este macabro crimen.

Efectivamente, el comunicado que se publicó en el Diario El Mercurio respecto de estas muertes, señalaba que ambos prisioneros políticos, en circunstancias que llegaban a la cárcel de Calle Molina y producto de una avería en el vehículo que los trasladaba, debieron caminar con custodia militar, momento que aprovecharon para darse a la fuga, lo que obligó a los funcionarios castrenses a abrir fuego.

Fue a propósito de una querella presentada por el Ministerio del Interior en julio de 2011, que se abrió una investigación encabezada por el Ministro en visita Julio Miranda Lillo.

Más de 40 testigos han prestado declaración en este caso, cuyo sumario cuenta más de 2.000 hojas.

Los cinco procesados quedaron detenidos en primera instancia en Peñalolén, luego de ser notificados por el juez en el Tribunal de Letras de San Felipe, para tres días más tarde quedar el libertad bajo el pago de una fianza de 500.00 pesos cada uno.

Este viernes en prisión en recinto de Peñalolén quedaron los cinco ex militares involucrados en los asesinatos de Rigoberto Achú y Absalón Wegner en diciembre del año 1973, tras ser notificados de su procesamiento en el Primer Juzgado de Letras de San Felipe por el Ministro en Visita Julio Miranda Lillo. (Foto: El abogado Álvaro Pavés se reunió en las afuera del tribunal con familiares y amigos de las víctimas)

En el transcurso de este viernes se concretó en dependencias del Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en calle Molina, por parte del Ministro en Visita, Julio Miranda Lillo, la notificación de procesamiento contra los cinco ex militares Héctor Manuel Orozco Sepúlveda, Sergio Francisco Jara Arancibia, Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana, Pedro Luis Lovera Betancourt y Milton René Núñez Hidalgo, por su responsabilidad en los homicidios de Rigoberto Achú y Absalón Wegner, el 13 de diciembre del año 1973 en las afueras de la cárcel de San Felipe, cuando se desempeñaban en el Regimiento Yungay.

Esperando la llegada de los cinco ex militares para ser notificados de su procesamiento, una veintena de personas entre familiares y amigos de las víctimas, además de algunos políticos como el Diputado Marco Antonio Núñez, los concejales Ricardo Covarrubias y Mario Sottolichio, se apostaron cerca de las 11:00 horas en las afueras del tribunal.

Sin embargo la llegada de los ex militares se concretó paulatinamente, siendo Sergio Jara Arancibia el primero en llegar al tribunal, mientras que Manuel Orozco Sepúlveda, Pedro Lovera Betancourt y Milton Núñez, fueron detenidos en Santiago y trasladados en horas de la tarde hasta San Felipe por personal de la PDI, siendo el último en presentarse el doctor Raúl Navarro Quintana.

El abogado de las familias de Rigoberto Achú y Absalón Wegner, Álvaro Pavés, tras reunirse con el Ministro en Visita Julio Miranda Lillo, señaló que los cinco ex militares después de culminar la primera parte de la investigación al reabrirse la causa por el asesinato ocurrido hace 40 años, fueron procesados en su calidad de autores; “de estos delitos que son imprescriptibles, Inamnistiables, son delitos de Lesa Humanidad.”

La resolución del Ministro en Visita fue acogida con bastante satisfacción por familiares y el abogado Pavés; “porque creemos que ha realizado una labor de investigación muy importante. Creemos sin embargo de que hay que avanzar todavía en establecer las responsabilidades no solamente por el homicidio calificado, sino que además por los delitos de torturas y detención ilegal. Esto está comenzando por la etapa final, tenemos que reescribir la historia para establecer las responsabilidades de quienes detuvieron ilegalmente, privaron de libertad y luego torturaron. Porque recordemos que el año 73 se dio una versión a la opinión pública de esto como un intento de fuga, de personas que venían de una tortura brutal, que no eran capaces de mantenerse de pie, lo que está quedando desacreditado fruto de la investigación que ha desarrollado el Ministro en Visita, Julio Miranda.”

El mismo profesional, señaló que los detenidos deberán serán acusados de homicidio calificado y que el Ministro en Visita tendría que pedir solamente un par de diligencias; “porque creemos que la investigación está prácticamente agotada.”

En cuanto a las posibles penas que podrían recibir los ex militares, el abogado dijo que estas podrían ir de los cinco años a cadena perpetua; “que es lo que nosotros vamos a solicitar.”

Pasadas las 16:00 horas, cuando los últimos procesados fueron sacados del tribunal para ser trasladados hasta el recinto donde quedarán detenidos en Peñalolén, un grupo de persona reaccionó contra ellos con una “funa”, resultando tres jóvenes, dos hombres y una mujer, detenidos por Carabineros.

En libertad bajo fianza quedaron los cinco militares procesados por las muertes de los prisioneros políticos, Rigoberto Achú y Absalón Wegner, quienes cancelaron la suma de quinientos mil pesos cada uno para continuar con la investigación que lleva a cabo el ministro en visita Julio Miranda Lillo.

Cabe señalar que los ex uniformados, Héctor Orozco, Raúl Navarro, Pedro Lovera, Sergio Jara y Milton Núñez, habían quedado detenidos el pasado viernes cuando les fue notificados por el ministro Miranda Lillo que quedaban privados de su libertad a causa de la mencionada investigación de ambos crímenes.

A la salida de los tribunales, los cinco inculpados fueron interpelados por el concejal PC, Ricardo Covarrubias, quien se encontraba solo y les trató de cobardes mientras el ex comando Pedro Lovera tapado por una especie de bufanda en su rostro respondía con groserías desde el vehículo que les transportaba.

Una vez concluida la partida de los cinco ex uniformados, Covarrubias, manifestó “aquí estamos

Al frente de cinco delincuentes, quienes abusaron no solamente en estos dos crímenes sino que también les persiguen las muertes de los obreros provenientes de la provincia de Petorca, asesinados antes en octubre de 1973” aseveró.

Al mismo tiempo el concejal indicó “en verdad este tipo de personajes son un triste recuerdo para Chile, y cuando uno les ve como son tratados, como si fueran verdaderos divos de la farándula, ahí uno se cuestiona en qué tipo de sociedad estamos insertos, con criminales que andan libres por las calles, que cuando son interpelados se tapan el rostro para no ser descubiertos por la sociedad” indicó.

En el mismo tenor, el concejal apeló a la justicia “para que regresen a la brevedad a la cárcel, porque estamos hablando de asesinos crueles, que se burlaron cuando asesinaban y torturaban a los prisioneros políticos. Estamos hablando de criminales y no de personas honorables precisamente y que nuestro país les financia con altas pensiones para vivir una vejez diferente a la del resto de los trabajadores de nuestra patria” sentenció.

Finalmente manifestó Ricardo Covarrubias “estos delincuentes seguramente están ya con sus familias en sus casas abrazando a sus señoras, a sus hijos y nietos, sin explicarles que fueron criminales y que abusaron de personas indefensas o simplemente contándoles mentiras como lo hicieron cuando emanaban los bandos en 1973 cuando aseguraron que aplicaron ley de fuga, mientras los prisioneros ni siquiera podían caminar de dolor por todas las torturas que les aplicaban” concluyó.

El Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo, sometió a proceso por el homicidio calificado de Absalón Wegner y Rigoberto Achú a quienes pertenecían al denominado “comando de la muerte”: el General Héctor Manuel Orozco Sepúlveda; los tenientes Sergio Francisco Jara Arancibia y Pedro Luis Lovera Betancourt; al suboficial Milton René Núñez Hidalgo y al oficial de sanidad Raúl Navarro Quintana.

Cabe consignar que el 13 de diciembre de 1973, Absalón Wegner y Rigoberto Achú, permanecían detenidos en la cárcel de San Felipe. En esa circunstancia, fueron requeridos por la Fiscalía Militar, instalada en el Regimiento Nº 3 Yungay, siendo trasladados por una patrulla de la misma unidad.

Al regresar, los efectivos militares dispararon una ráfaga de metralleta en contra de ambos. La muerte fue inmediata, acto seguido, se acercaron hasta las víctimas y les dispararon un tiro de gracia, tras esto levantaron los cadáveres, quedando personal de Gendarmería a cargo de la limpieza del sector.

Alvaro Pávez, Abogado de la familia de Rigoberto Achú señaló que “estamos en un período de la investigación donde existen fundadas sospechas y antecedentes graves respecto a que estas 5 personas les ha cabido participación en calidad de autores. Las penas que podrían arriesgar por homicidio calificado irían desde 5 años a cadena perpuetua calificada.

Carlos Aedo, hermano de Rigoberto Achú, señaló que la decisión de Ministro en Visita reafirma la esperanza que existía sobre los resultados que podía tener la investigación que se inició a mediados del 2012.

Para la familia ahora se debe determinar quién y por qué dio la orden de matar a estos dirigentes políticos, como también saber quiénes fueron lo que ejecutaron esta medida.

Al respecto Carlos Aedo, Hermano de Rigoberto Achú indicó “ ya el hecho de ser procesados quiere decir que se tienen todos los antecedentes consolidados para iniciar un juicio definitivo”.

Consultado sobre si como familia perdonarían a los culpables de la muerte de su hermano Aedo dijo “esto es difícil para nosotros por lo que no hay perdón ni olvido”.

Durante la audiencia que sostuvo la familia de Rigoberto Achú con el Ministro en Visita, se destacó la importancia de la decisión que permite someter a proceso a los responsables de la muerte de estos dos dirigentes políticos de la época.

Rigoberto del Carmen Achú Liendo al momento de su muerte tenía 31 años de edad, casado y con tres hijos, ex detective de la Policía de Investigaciones, se desempeñaba como jefe de desarrollo social de las provincias de San Felipe y Los Andes, además era secretario regional de la Juventud Socialista.

Mientras que Absalón del Carmen Wegner Millar también tenía 31 años de edad a la fecha de su detención. De profesión médico, casado y 2 hijos. Se desempeñó como director zonal de salud de la provincia de Aconcagua y también era médico general en los hospitales de San Felipe y Putaendo. Pertenecía al Partido Comunista.