Zárate Alarcón Pedro Antonio

ZARATE ALARCON, PEDRO ANTONIO: 33 años, soltero, trabajador agrícola, desaparecido el 11 de septiembre de 1973 en San Bernardo.

Pedro Antonio Zárate Alarcón desapareció ese día alrededor de las 5:00 horas, después que saliera de su domicilio ubicado en la chacra «La Lata», en San Bernardo.

Según familiares, Pedro Zárate, salió en la madrugada del 11 de septiembre de 1973 hacia un molino de la localidad de Nos por encargo de su empleador, sin embargo, nunca llegó a ese lugar ni regresó a su hogar. Todas las diligencias realizadas por su familia para ubicarlo han sido infructuosas.

De acuerdo con antecedentes reunidos por esta Corporación, en la madrugada del 11 de septiembre, en San Bernardo, el Regimiento Escuela de Infantería ocupó desde tempranas horas los accesos de la ciudad y realizó operativos en diversos sectores, de los que resultaron detenidas numerosas personas, algunas de las cuales fueron ejecutadas sumariamente y otras desaparecieron.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Pedro Antonio Zárate Alarcón fue víctima de la violencia política imperante.

Con posterioridad a la calificación de este caso, con fecha 26 de julio de 1995, el Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, en la investigación que instruye por inhumación ilegal en el Patio N929 del Cementerio General, estableció que el Protocolo de Autopsia N° 2800/ 73, atribuido a un «desconocido de sexo masculino», pertenece a Pedro Antonio Zárate Alarcón, y ordenó inscribir la defunción a su nombre y entregar sus restos a su familia. En este protocolo se señala que falleció el 23 de septiembre de 1973 en el Hospital Alejandro del Río, lugar al que fue conducido desde la vía pública. La causa de su muerte fue un traumatismo cráneo facial, torácico y de extremidades superiores, y traumatismo de golpes en ambas manos. Las lesiones, según el Protocolo, son del tipo homicida.

Según datos de agrupaciones de Derechos Humanos, en el lugar se habría ejecutado a al menos 100 personas, entre ellas campesinos y obreros ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo.

"Yo sigo reforzando que en Chena puede seguir habiendo cuerpos, quizás fragmentos de prisioneros que allí fueron fusilados", afirma a EFE Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, uno de esos antiguos centros de detención y tortura de la dictadura (1973-1990) que 50 años después apenas ha sido investigado.

Ubicado a 25 kilómetros del corazón de Santiago, diversos testimonios aseguran que se trata de un "cementerio clandestino" que "ocupa el espacio de dos canchas de fútbol y está a escasos 300 metros de la carretera longitudinal sur, en la cara oeste del Cerro Mayor", como escribía en 1988 la revista "Análisis" en su número 217.

Un artículo que incluía la confesión de un exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -brazo opresor de la dictadura de Augusto Pinochet- donde retrata el horror de los crímenes cometidos en el citado cerro, un promontorio seco de poco menos de 1.000 metros de altura visible desde una de las autopistas que rodean Santiago.

"Los primeros cadáveres comenzaron a llegar al cementerio clandestino en noviembre de 1973, a escasos meses del golpe militar. Fue desde el Estadio Nacional desde donde partieron los primeros ejecutados", señaló entonces el exagente, identificado como Ricardo Emilio Guzmán Bousquet, a la periodista Mónica González.

"A altas horas de la madrugada, camiones del Ejército marca Ford, Toyota o Mack, trasladaban hasta el recinto militar de San Bernardo su cargamento cubierto con lona resistente", agregó.

De acuerdo con su testimonio, "mientras unos vigilaban la acción metralleta en mano, otros militares cavaban las fosas. En un principio, debido a la cantidad de muertos que llegaban, se hicieron tumbas a un metro de profundidad. Después, se dieron órdenes de que las tumbas tuvieran como mínimo cuatro metros", describió.

LAS CAJAS OLVIDADAS

El 2002, 17 años antes de que fuera declarado Monumento Histórico y gracias al trabajo de la magistrada Cecilia Flores, aparecieron los primeros restos que destaparon su pasado represivo: pequeños restos óseos que fueron llevados al tribunal, clasificados y guardados en sobres de papel y en cajas rotuladas como "Cerro Chena".

A partir de ahí la historia de los restos se enreda: el nuevo encargado de la investigación, el juez Juan Guzmán ordena el traslado de las cajas y los restos a la Universidad de Chile, donde quedan apiladas y olvidadas en una bodega que se inundó en 2014.

En febrero pasado, agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura chilena conocieron, con horror, que durante casi 23 años esos restos óseos permanecieron apilados sin ser sometidos a pericias de identificación.

En total, 89 cajas con restos de 300 presuntas víctimas fueron dadas en custodia a la Universidad de Chile en 2002, que en 2019 pasaron, igualmente sin ser examinadas, al Servicio Médico Legal (SML), incluida la rotulada como "Cerro Chena", explica Mónica Monsalves.

"Estas cajas demuestran nuevamente un horror, una falta de humanidad, un desprecio. Esto nos ha afectado mucho, yo fui testigo de esto, las cajas existen y fueron olvidadas en el tiempo. No hay palabra para poder representar el daño que se hizo, negligencia no es suficiente", agregó.

Algunas de las cajas han sido ya enviadas a un laboratorio de Austria para una identificación que los familiares esperan con ansia.

CIEN EJECUTADOS Y 17 DESAPARECIDOS

Informes oficiales como el que firma la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como procesos judiciales acreditan lo que el Ejército se empeñó durante años en ocultar: en Cerro Chena se habría ejecutado a al menos 100 personas, entre ellas campesinos y obreros ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo, y el padre de Mónica Monsalves.

De acuerdo a la nómina entregada por el exjefe de la DINA, Manuel Contreras, allí se encerró a 441 personas: 353 hombres y 88 mujeres. Algunas de ellas, fusiladas, fueron llevadas en camiones al SML, pero 17, según registros de la Corporación Memorial, aún permanecen desaparecidas, 14 campesinos de Paine y 3 de San Bernardo.

La prioridad de las organizaciones de derechos humanos es, ahora, que este sitio figure en el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos que el Gobierno de Gabriel Boric aún elabora, que prevé despliegues en terreno para volver a revisar lugares con posibles tumbas clandestinas.

"La confianza que depositamos en este sistema fue un error, porque nosotros entregamos todos los antecedentes, todos los nombres, y el Poder Judicial nos negó saber la verdad respecto de los hallazgos que se hicieron en 2002 con ayuda de los familiares y la colaboración de los jueces" se queja Monsalves.

"Nosotros confiamos en ellos y esa confianza fue traicionada con el olvido", subraya.

La actividad estuvo marcada por el retiro de la placa en homenaje al dictador Augusto Pinochet en la Casa de la Cultura comunal, además de los testimonios de los hechos ocurridos con pobladores luego del golpe de Estado de 1973.

En una jornada sensible para las víctimas de la dictadura, San Bernardo retiró una placa en homenaje a Augusto Pinochet que estaba ubicada en la Casa de la Cultura de la comuna.

A la ceremonia asistió el alcalde de Fontenay Sous Bois, Jean-Phillip Grutier, edil de una de las comunas francesas que acogió a más de 800 exiliados políticos durante la dictadura.

También asistieron agrupaciones de Derechos Humanos, entre ellas la Corporación Memorial Cerro Chena, la Corporación Jenny Barra, el Grupo de Amigos del Padre Joan Alsina, Grupo Ferroviarios Mártires, Corporación Memorial Paine, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y representantes del Colegio de Profesores.

Durante el encuentro se anunció la puesta en marcha de la Oficina de los Derechos Humanos, iniciativa inédita en la comuna que comenzó a trabajar durante marzo.

En su discurso, el alcalde Christopher White comentó que “para poder mirar hacia el futuro debemos reparar el pasado y mientras siga en un muro el nombre de una persona que no genere consenso en el país creo que estamos dando un paso importante al retirarlo”.

Por su parte, Andrés Bravo, fotógrafo de la memoria recordó cómo su padre fue torturado en el centro de Casas Viejas de Chena, en un relato que emocionó a los presentes.

Al término del encuentro, ambos alcaldes mantuvieron una reunión bilateral para acordar un trabajo de intercambio en materia cultural, educativa y de gestión municipal.