Villarroel Vilches Jorge Eduardo

Rut       : 18.840, Quilpué

F.Nacim. : 24-06-35, 38 años al momento de la detención

Domicilio : Avenida Dueñas N°82, sector San Pedro, Valparaíso

E.Civil  : Casado, 3 hijos

Actividad : Transportista

C.Repres. : Dirigente del MOPARE (organización de transportistas), de Limache

F.Detenc. : 19 de abril de 1974

 

 SITUACION REPRESIVA

            Jorge Eduardo Villarroel Vilches, casado, 3 hijos, transportista, dirigente del MOPARE, organización afín al gobierno de Salvador Allende, de Limache, fue detenido el 19 de abril de 1974, en las siguientes circunstancias: ese día en horas de la mañana, llegó hasta el domicilio del afectado, el Suboficial de Carabineros Manuel Muñoz Pizarro, preguntando por él. Como Jorge Eduardo se encontraba en cama, pues estaba enfermo, le dejó el recado de que se presentara en el Retén de Carabineros de San Pedro.

            Jorge Eduardo Villarroel se levantó y partió hacia el recinto policial. Su familia no lo volvería a ver. Sin embargo, como al mediodía de ese mismo 19 de abril, cuando Luis Alberto Pérez Ramírez se dirigía hacia la estación de ferrocarriles ubicada justo detrás del Retén de Carabineros, vio al afectado acompañado de un desconocido (moreno, macizo, vestido con parka roja y gafas). Jorge Eduardo llamó a Luis Alberto Pérez y le dijo que le avisara a su esposa que lo llevaban detenido. Le pidió cigarrillos y el testigo le pasó una cajetilla "Hilton".

            Una escena similar presenció Carlos Ramiro Rivera Trigo, quien a mitades del mes de abril de 1974 (no recuerda la fecha exacta) se encontraba frente al fundo "Santa Rosa", en el camino hacia El Troncal. Por allí pasó Jorge Eduardo Villarroel con un desconocido. También en esta ocasión el afectado llamó al testigo y pidió que avisara a su esposa que iba detenido. No agregó más antecedentes.

            Antes de que ocurrieran esos hechos y días después del 11 de septiembre de 1973, Jorge Eduardo Villarroel Vilches había sido detenido e interrogado por el Servicio de Inteligencia Naval y por la Fiscalía Naval de Valparaíso. En esa oportunidad fue acusado de pertenecer al Partido Comunista, de haber participado en actividades subversivas y por su calidad de dirigente del "Mopare". También fue interrogado por la Fiscalía Militar de Quillota. Quedó libre. Pero, el 29 de enero de 1974 volvió a ser detenido y permaneció un día en la Cárcel de Quillota. Salió en libertad el 1° de febrero de 1974 con clasificación de "segunda categoría", es decir, debía presentarse periódicamente a firmar a la Fiscalía Militar de Quillota.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 10 de julio de 1974, su cónyuge, Blanca del Carmen Céspedes Acosta, presentó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de amparo por su esposo, el que fue rolado con el N°59- 74.

            Durante la tramitación del amparo, el Sargento 1° de Carabineros Héctor Zamudio San Cristóbal, Jefe del Retén San Pedro, informó a la Corte, el 11 de julio de 1974, que el afectado había sido detenido por personal del Servicio de Inteligencia de la Armada, sin participación de funcionarios del Retén. Dice que este antecedente le fue proporcionado por el Suboficial Manuel Muñoz Pizarro. Posteriormente, Luis Eberhard Escobar, Vicealmirante e Intendente de Valparaíso, informó al Tribunal que los datos entregados por el Retén de Carabineros de San Pedro se debían a "una desinteligencia al respecto" (julio de 1974). Así, el 24 de julio del mismo año, el Sargento 1° Héctor Zamudio respondió una vez más a la Corte que, después de revisar los libros correspondientes, no existían antecedentes sobre la detención de Villarroel Vilches.

            El 31 de julio de 1974, la Corte de Apelaciones de Valparaíso no dio lugar al recurso de amparo, "teniendo presente que no hay constancia de la detención de Jorge Eduardo Villarroel Vilches". Los antecedentes fueron remitidos al Juzgado del Crimen de Quillota, para que investigara la presunta desgracia o secuestro del afectado.

            El 14 de agosto de 1974, en el 2° Juzgado del Crimen de Quillota se abrió sumario para investigar la presunta desgracia de Jorge Eduardo Villarroel. El proceso fue rolado con el N°17.747.

            Se citó a declarar a Blanca del Carmen Céspedes Acosta, quien ratificó los hechos relatados. Por su parte el Sargento 1° de Carabineros, Héctor Zamudio San Cristóbal declaró que la información que había proporcionado a la Corte de Apelaciones la había recibido del suboficial Manuel Muñoz.

            El 30 de septiembre de 1974, el Suboficial de Carabineros, Manuel Muñoz Pizarro, dijo, ante el Tribunal, que efectivamente había acudido al domicilio del afectado en abril de 1974, pero que fue sólo para decirle que tenía un comprador para su vehículo. Como Jorge Eduardo Villarroel se encontraba durmiendo le dejó el recado de que un señor quería hablar con él. Agregó que la información que entregó al Sargento 1° Héctor Zamudio se debió a que éste no le especificó la fecha de detención. Así -dijo Manuel Muñoz- él se refirió a la primera detención del afectado la que fue efectivamente realizada por personal de la Armada.

            Después de interrogar a los testigos que vieron a Jorge Eduardo Villarroel detenido por un civil desconocido y expedir una orden de investigación -que no hizo más que confirmar los distintos testimonios- el 30 de septiembre de 1974, se cerró el sumario y se sobreseyó el proceso por no encontrarse completamente "justificado el hecho que dio origen a la formación de esta causa".

            Blanca del Carmen Céspedes Acosta apeló de esta resolución. Pero, el 9 de diciembre del mismo año, la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la resolución del juez.

            Hasta hoy, Jorge Eduardo Villarroel Vilches es un detenido- desaparecido. 

Séptimo: Que en mérito de lo razonado precedentemente, se disiente de la opinión de la Fiscal Judicial en su informe de fojas 779en cuanto a confirmar la sentencia en alzada sin modificaciones.- Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 510, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal y lo resuelto en forma reiterada porjurisprudencia sobre la materia, se confirma la sentencia de primera instancia dictada con fecha 10 de enero de 2005 y escrita de fojas 754a fojas 766 vta. , con declaración que se condena a Sergio Placencia Sepúlveda, a Laureano Enrique Hernández Araya y a José RenéVelásquez Núñez, como coautores del delito de secuestro calificado,previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal en la persona de Jorge Eduardo Villarroel Vilches, cometido en San Pedro, Quillota a contar del día 19 de abril de 1974, a sufrir cada uno de ellos la pena corporal de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, la que lleva como accesoria la del artículo 30 del Código Penal, esto es, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y a pagar las costas de la causa.- Igualmente, se declara que a los sentenciados se les concede el beneficio de la libertad vigilada contemplada en el artículo 15 de la Ley18.216, quienes deberán cumplir con las condiciones establecidas enel artículo 17 de dicho cuerpo legal quedando sometidos a un plazo detratamiento y observación igual al de la duración de la pena impuesta.-

El entonces capitán de Ejército Daniel Walker habría dado el "tiro de gracia" a un prisionero que quedó con vida. Los cuerpos de las nueve víctimas habían sido llevados desde el lugar de la masacre al Regimiento de Ingenieros. Según un oficial que entregó su testimonio, cuando Walker se percató que uno seguía con vida, dispuso subirlo a un jeep y llevarlo al lugar donde habían realizado el montaje del falso "asalto a la patrulla" y allí, sobre un montó de tierra, le disparó para darle muerte. Después regresaron con el cadáver al Regimiento. Hasta ahora no se sabe cuál de las víctimas fue tan fríamente ultimado por el uniformado.

Esos y otros espeluznantes detalles se encuentran establecidos -gracias a declaraciones de testigos- en el voluminoso expediente de la Causa Rol Nº 35.738 que instruye la ministra en visita Gabriela Corti por secuestro y homicidio calificado, referida al episodio mal llamado "asalto a la patrulla", que en la madrugada del 18 de enero de 1974 dejó un saldo de nueve militantes de izquierda muertos en Quillota.

Los antecedentes fluyen de una treintena de fojas del proceso, cuya fotocopia fue entregada a este medio por el hijo de una de las víctimas de la masacre.

En la ocasión, la autoridad militar realizó un montaje para dar muerte a los nueve dirigentes y luego sostener que los detenidos eran trasladados desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería, y que en el trayecto la patrulla había sido asaltada por "elementos extremistas" dejando como saldo seis prisioneros muertos. Los tres restantes -el ex alcalde socialista Pablo Gac Espinoza, el abogado y dirigente socialista Rubén Cabezas Parés y el dirigente campesino Levi Arraño Sancho, del Mapu- havbrían escapado, según el bando emitido en la época.

 

Todo fue planificado

De acuerdo a los antecedentes recopilados durante los dos años de indagaciones a cargo de la ministra Corti, la orden de detener a los militantes y dirigentes de izquierda Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Arturo Loo, Eduardo Manzano, Ángel Díaz y Víctor Fuenzalida (algunos de los cuales ya se hallaban en prisión) junto a Pablo Gac y Rubén Cabezas, la habría dado el coronel Sergio Arredondo González, quien había sido jefe operativo de la "Caravana de la Muerte" -que dejó un centenar de muertos por todo Chile-, quien en la época era director de la Escuela de Caballería. Levi Arraño se habría encontrado detenido desde antes en la misma Escuela.

La masacre habría sido planificada con anterioridad, con participación -incluso- de civiles, quienes asesoraron a los militares y colaboraron apoyando las acciones.

Los nueve prisioneros fueron concentrados en la noche del 17 de enero de 1974 en el Regimiento de Ingenieros, hasta donde también fueron llegando los oficiales y suboficiales citados para esos efectos. A cargo de todo el operativo habría estado el entonces capitán Francisco Pérez Egert.

Algunos de los participantes reconocen que se les citó "sólo para colaborar en el traslado" de los prisioneros de una a otra unidad militar.

Granadas y ráfagas de metralleta

Lo que está establecido es que en el mismo Regimiento fueron separados los tres detenidos que serían dados por fugitivos de los seis restantes. Todos salieron pasada la medianoche en una caravana de cuatro vehículos que enfiló por Yungay hasta Freire y de ahí al Camino a San Isidro, que da a la Escuela de Caballería. Pero a metros del paso bajo nivel de la vía férrea, la caravana se detuvo y el capitán Pérez dispuso que bajen todos los detenidos, maniatados como se encontraban, ubicándolos a un costado de los vehículos. A cada lado del camino, unos 80 metros del lugar, efectivos militares fueron ubicados para impedir el paso de vehículos. Detrás del escenario de la masacre, un civil observaba desde la casa de su parcela, con la misión de avisar a la Escuela de Caballería apenas ésta hubiese concluido.

A la orden del capitán Pérez, se inició el estallido de granadas y las ráfagas de metralletas orientadas hacia los nueve prisioneros. Fueron escasos segundos; lo suficiente para asesinar a los nueve dirigentes e incendiar uno de los jeeps de la caravana, con lo que se pretendió hacer aparecer la masacre como un "asalto extremista a la patrulla" que transportaba detenidos.

Remoción de los cuerpos

Finalizada la balacera, el capitán Pérez ordenó levantar los cuerpos y llevarlos de vuelta al Regimiento. Allí, tras percatarse que uno de los ejecutados permanecía con vida, el entonces capitán Daniel Walker ordenó subirlo a un vehículo militar para trasladarlo personalmente al lugar donde se efectuó el montaje. Allí lo hizo ubicar sobre un montón de tierra y le habría disparado el tiro de gracia.

Devuelto el cadáver hasta el Regimiento de Ingenieros, se dispuso que los cuerpos de los tres que serían dados por fugados, fueran llevados a la Escuela de Caballería, desde donde antes de las diez de la mañana siguiente, fueron retirados por un helicóptero de la Armada para ser lanzados al mar, frente a las costas de Quintero.

Los restos de los otros seis dirigentes asesinados, fueron enviados a la morgue del Hospital de Quillota, donde los doctores Jorge Abde (ya fallecido) y Orazio Bruzzone -quien declaró ante la Ministra- les practicaron las autopsias. Posteriormente, los cadáveres fueron entregados a los familiares en ataúdes cerrados y sellados por una empresa funeraria escogida por los propios militares.

Todo este procedimiento se apartó absoluta y arbitrariamente de los que corresponden judicialmente, porque los militares levantaron los cuerpos sin esperar las pericias de Investigaciones, que debió intervenir inmediatamente en el sitio del suceso.

Todos niegan su participación

De las piezas del expediente a las que tuvieron acceso los familiares de las víctimas y ZonaImpacto.cl , fluye que cada uno de los involucrados y procesados en esta causa continúan negando sistemáticamente su participación, al parecer respetando el ya conocido "pacto de silencio". El coronel (r) Arredondo, que ordenó toda la operación, asegura haber llegado justo esa madrugada desconociendo todo lo sucedido. El entonces capitán Walker dice no haber tenido conocimiento de lo sucedido, igual que su colega Pedro Durcodoy, mientras el también capitán Pérez Egert asegura haber ido pasando casualmente por el lugar cuando fue sorprendido por el estallido de una granada, que desbarrancó su vehículo y le causó un traumatismo encéfalocraneano y graves lesiones en un brazo. Perdió el conocimiento -sostiene- y por tanto no sabe nada de lo ocurrido.

Sin embargo, la ministra Corti ha obtenido contundentes antecedentes que le permitieron establecer participación "en calidad de autores" de secuestros y homicidios calificados, de los siete ex militares y un ex carabinero a quienes sometió a proceso en julio pasado.

Ellos son los coroneles en retiro Sergio Arredondo, Francisco Pérez, Pedro Durcodoy y Daniel Walker; el mayor en retiro Raúl Muñoz; los suboficiales mayores Leonardo Quilodrán y Sergio Placencia, todos del Ejército, y el suboficial mayor en retiro de Carabineros Laureano Hernández. A excepción del coronel Arredondo, todos los procesados obtuvieron la libertad bajo fianza.

Treinta años más tarde

Al cumplirse ayer treinta años de la masacre que conmocionó -hasta ahora- la vida en la apacible ciudad de Quillota, los familiares de las víctimas se manifiestan muy acongojadas tras conocer detalles de lo sucedido, pero también algo aliviadas porque perciben que el acucioso trabajo de la Ministra en Visita está logrando acercarse decididamente al establecimiento de toda la verdad, lo que permitirá que los responsables sean sancionados.

Ayer domingo, día del trigésimo aniversario de esta cruel matanza, los familiares y organizaciones humanitarias de Quillota recordaron la fecha con una exposición audiovisual junto al Monumento a las Víctimas de Violaciones contra los Derechos Humanos, en la Plaza de Armas, y luego una "velatón" en el mismo lugar.

Sorpresivo encuentro de hijo de ex Alcalde asesinado y dos de los procesados como autores de crímenes

En la mañana del pasado miércoles 14 de enero, el profesor Pedro Pablo Gac concurrió a un local comercial de Quillota para fotocopiar parte del expediente sobre los homicidios de su padre –el ex alcalde Pablo Gac- y otros ocho militantes de izquierda, perpetrados el 18 de enero de 1974.

Había comprometido entregar dicha fotocopia a este periodista para la redacción de reportajes para este y otros medios de comunicación, con motivo del trigésimo aniversario de la masacre.

 

Durante la noche y la madrugada previas, había leído una y otra vez las fojas del sumario, y aún estaba conmocionado por los espeluznantes detalles allí descritos.

Mientras una dependiente del negocio sacaba sus fotocopias, se percató con inusitada sorpresa que en otra máquina, la funcionaria a cargo, fotocopiaba idénticos escritos y partes del mismo expediente.

Tras vacilar unos minutos, preguntó a los clientes que llevaban esos documentos quiénes eran.

Momentos más tarde, aún excitado por el inusitado encuentro y en la calma de una mesa de un café, intentaba reponerse de la impresión y ordenar sus ideas.

 “Se trataba de un sujeto bajo, de bigotes, de unos 65 años, y otro más alto, algo menor –relató a ZonaImpacto.cl-. Les pregunté quiénes eran y se me presentaron, dándome la mano: uno era el suboficial en retiro del Ejército Sergio Placencia y el otro, suboficial retirado de Carabineros Laureano Hernández”.

Dos de los procesados como autores del secuestro calificado de su padre, cuya condición de desaparecido aún se mantiene. También se les procesa por el secuestro de Rubén cabezas y Levi Arraño, junto con el homicidio de otros seis militantes de izquierda.

Lo niegan todo, todo…

A Pedro Pablo Gac le impresionó sobremanera la actitud de los dos procesados.

– Se les veía demacrados, disminuidos. Nada refleja en ellos a los sujetos altaneros y prepotentes de antes, aquellos que detenían y torturaban, según tengo entendido.

¿Los conocías de antes?

– Para nada. Había escuchado sobre ellos y visto sus nombres en el auto de procesamiento. Nada más.

¿Se manifestaron humildes?

– Diría que sí, aunque más bien fueron extremadamente amables conmigo. Me relataron las funciones que dicen haber cumplido en la época de la masacre y aseguraron que no tuvieron absolutamente nada que ver con los crímenes.

¿Qué explicación tienen?

– No sé, no retuve mucho, estaba muy impresionado y además confieso que no les creí lo que decían.

¿No te parecieron sinceros?

– En realidad, se esforzaban por parecerlo; me dijeron que estaban a mis órdenes, que les gustaría volver a conversar… pero la Ministra Corti ha investigado minuciosamente por dos años, ha ido atando cabos y los procesó como autores. No tengo dudas sobre el trabajo de la Magistrado, de tal modo que debo sospechar que ellos no dicen la verdad.

¿Te pidieron perdón?

– ¡No, pues! ¡Si ellos aseguran que son inocentes! Entonces lo único que hicieron fue justificarse, argumentar que no tuvieron participación y ponerse a las órdenes de nosotros, los familiares, para “ayudarnos” a descubrir la verdad.

Pero ellos deben saberla…

– Sostienen que no saben nada de lo acontecido, que nunca se les ocurrió averiguar, que no escucharon nada, que no les correspondía investigar.

¿Ni siquiera reconocen haber tenido participación colateral?

– En ex carabinero Hernández dice que sólo actuó como chofer en varias detenciones, pero no sabe quiénes fueron los detenidos y no se acuerda el nombre de los aprehensores.

 ¿Qué sensación te queda después de esta experiencia?

– Que se trata de personas cobardes que no quieren asumir sus responsabilidades y no están dispuestos a pagar con cárcel su participación en los delitos tan graves en los que participaron. Creo que ellos estaban convencidos que jamás les caería encima la mano de la justicia y temo que hace treinta años alguien –o más de alguien- les debe haber garantizado la total y eterna impunidad. Da la impresión que ahora se sienten desconcertados, temerosos y abandonados. Quedé con la sensación que tienen miedo… mucho miedo.

Proceso estableció participación de civiles en la planificación de los homicidios

Una cantidad indeterminada de civiles participó en la planificación y ejecución de los homicidios perpetrados por militares el 18 de enero de 1974.

El expediente registra interrogatorios a varios de ellos, tanto en Chile como en el exterior; los primeros realizados directamente por la Ministra instructora y los demás, por efectivos del Departamento Quinto de Investigaciones.

Las piezas del sumario conocidas por ZonaImpacto.cl demuestran no sólo el minucioso e incansable trabajo cumplido por la magistrada Gabriela Corti sino también por los funcionarios de la policía civil, que no dejaron diligencia alguna sin cumplir.

Civiles

Un suboficial de Ejército, en su testimonio, menciona al empresario agrícola Claudio Monreal Navarro, sosteniendo que “esta persona era un ‘ayudista'del Ejército, quien presenció estos hechos, además él mismo me comentó que estaba en conocimiento con antelación de la planificación de cómo iba a ocurrir el ‘asalto a la patrulla'; a él lo prepararon para esto y le correspondió hacer la llamada telefónica a la Escuela de Caballería para informar de lo sucedido, como asimismo facilitó vehículos e incluso coordinó con la funeraria que transportó a los fallecidos. Esta es una persona mayor de edad y me ha señalado que está dispuesta a colaborar, pero está asustado”.

Al parecer, tuvo que superar el miedo, porque finalmente declaró como testigo, al igual que Osvaldo “Guatón” Romo e Ismael Villavicencio Carrasco.

El mismo suboficial dice haber reunido una serie de antecedentes sobre este episodio, “enterándome que no fue un asalto sino un ‘show' realizado por camaradas militares de esa época para eliminar a una serie de personas políticas contrarias al gobierno militar, simulando un enfrentamiento entre una patrulla militar que transportaba detenidos políticos y elementos subversivos”.

También menciona nombres de otros militares que tuvieron participación: Eladio Lara Valenzuela, René Olivares Faúndez, Carlos Retamal Salazar, René Gutiérrez Herrera. También a un carabinero: Orlando Tapia Tapia.

El general Juan Arenas Franco, en tanto, menciona a un tal “Pepe” como otro de los ayudistas de los militares: “Lo único que yo recuerdo de esa noche (la de la masacre) es que anduve de patrullaje acompañado de un civil de nombre Pepe, que era dueño de una parcela ubicada frente a la Escuela de Caballería, que facilitaba su camioneta para este tipo de diligencias”.

¿Existió la cena de delatores?

Al conocer estos detalles, junto a la demostración de que la matanza de dirigentes quillotanos fue fríamente planificada, cobra vigor la denuncia formulada hace algunos años por Pablo Cabezas Salamanca, hijo del abogado Rubén Cabezas.

Pablo Cabezas aseguró tener conocimiento de una cena “social” que se realizó días antes de este episodio, poco después de la llegada del entonces teniente coronel como Director de la Escuela de Caballería.

El nuevo jefe militar habría seleccionado un grupo de civiles que eran empresarios –especialmente agricultores- y dirigentes políticos de derecha o personas adineradas que habían engendrado odio hacia la gente de la derrocada Unidad Popular.

En esa ocasión, los asistentes habrían elaborado para Arredondo una fatídica lista de los dirigentes políticos de izquierda “más peligrosos” de la zona.

Esa habría sido la sentencia de muerte para nueve destacados dirigentes sociales de la ciudad.

Son muchos los nombres que circulan sobre los asistentes a esta reunión “social”, pero las versiones destacan la de un agricultor que fue alo ejecutivo de una empresa estatal durante el régimen de Pinochet.

Otros detenidos desaparecidos

En todos los interrogatorios a militares, la magistrado Corti no dejó de preguntarles si conocían el destino de dos detenidos desaparecidos cuyo paradero final desea establecer.

Invariablemente, todos los interrogados aseguran no tener idea ni haber escuchado antes esos nombres.

Se trata de Jorge Eduardo Villarroel Vilches, de Limache, entonces dirigente del MOPARE (organización afín al gobierno de Salvador Allende), quien fue detenido el 19 de abril de 1974 cuando se presentó en el Retén de Carabineros de San pedro, a donde había sido citado.

El segundo desaparecido es Bernardino Rodríguez Cortez, talabartero que vivía en el Cerro Mayaca, militante del Partido Comunista, detenido el 6 de marzo de 1974 al interior de una suelería de calle O'Higgins de Quillota. La detención la practicaron funcionarios de Investigaciones de Quillota, entre los que estaban el subinspector Omar Mercado y los detectives Juan González y Hugo Olivari.

Ex gobernador militar

Ha llamado la atención que el entonces Gobernador, Jefe militar de Quillota y comandante del Regimiento de Ingenieros, Ángel Custodio Torres, no haya declarado ni fue procesado. La autoridad pudo no haber participado directamente, pero al menos sería encubridor, ya que firmó el bando engañando a la comunidad con la versión del asalto extremista.

Las partes del expediente conocidas por este medio no arrojan plenas luces sobre el detalle, pero fuentes allegadas al proceso nos aseguraron que el ex gobernador está afectado por demencia total. En el expediente hay un certificado médico que acusa pérdida parcial de memoria debido a su pronunciado alcoholismo.

Las confusiones de Placencia

Una curiosidad del proceso es la afirmación inicial del suboficial mayor (r) Sergio Placencia en el sentido que el ex capitán Daniel Walker le dio el “tiro de gracia” a una de las víctimas que no murió instantáneamente.

Pero careados ambos, a Placencia le entra la duda: “Mantengo lo declarado anteriormente en lo que respecta al herido en el asalto a la patrulla que posteriormente fue rematado por un oficial en el Camino Internacional. Pero ahora viendo a mi mayor Walker no puedo precisar con certeza de que éste haya sido dicho oficial, manteniendo al respecto las dudas que expresé anteriormente; es decir, si era éste o era Jaime Bachler…”+

Pero luego enfrentado con este último oficial, nuevamente se “confunde”: “Mantengo mis anteriores declaraciones. Ahora que tengo frente a mí al Oficial Bachler no puedo decir que éste era el oficial que remató al herido. Insisto la duda persiste si era éste o el Mayor Walker y para despejar dicha duda me remito al careo que se me efectuó con este último”

El proyecto «Residencias de la Memoria» es una iniciativa del Museo de la Memoria y los Humanos Derechos que busca replicar el ejercicio de memoria originado en Berlín, Alemania conocido como las Stolpelsteine que reconoce las residencias de los judíos que sufrieron persecución para rescatar el lugar de vida de las víctimas, donde crecieron, compartieron historias y muchos formaron familia.

El proyecto Residencias de la Memoria al igual que en las calles de Berlin, mediante la colocación de placas conmemorativas en las veredas reúne nuevos lugares simbólicos en el paisaje de las ciudades. Lugares que permiten a los ciudadanos recordar a quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Chile entre 1973 y 1990. Colocando una placa conmemorativa donde las víctimas construyen sus vidas: su último lugar de residencia, en donde desplegaron sus vidas diarias antes del Régimen Militar.

Este ejercicio de memoria permite dignificar la vida de los ciudadanos y ciudadanas víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Chile, como lugares simbólicos del recuerdo y la reflexión del nunca más-

Experiencia piloto

En el año 2017 y 2018 se llevó a cabo un proyecto piloto en la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso, financiado por el World University Service Alemán y el Gobierno de Hessen de Alemania, que permitió identificar e instalar las primeras placas que recuerdan el último lugar de residencia de los detenidos desaparecidos: Jaime Aldoney Vargas, Arturo Loo Prado, Carlos Vargas Arancibia y Jorge Villarroel Vilches; y del ejecutado político Oscar Farías Urzua.

¿Por qué Limache? En la comuna de Limache, tal como en otras localidades agroindustriales de la región de Valparaíso, existieron numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. La persecución fue encauzada contra el fuerte movimiento obrero que existía al alero de la fábrica de cerveza CCU, la empresa conservera Parma, y la industria de alimentos Purina, todas intervenidas por el Estado antes de 1973.

Durante la investigación se localizaron las cinco residencias correspondientes al total de víctimas de la dictadura en Limache. Luego se trabajó con los actuales dueños de cada vivienda, entendiendo que muchas de ellas ya no pertenecían a las familias de las víctimas. Además, se trabajó con las propias familias para contener el proceso de reparación ciudadana, y se realizaron los contactos necesarios para que las autoridades locales autorizaran el proceso intervención de las veredas, ya que se tratan de espacios públicos.

El cierre del proyecto consistió en una procesión con familiares, vecinos y autoridades a cada una de las placas, con el fin de asegurar la apropiación y sostenibilidad del proyecto en el lugar.

El Museo a través de esta experiencia piloto desea inspirar y expandir esta iniciativa conmemorativa en otras ciudades y vecindarios de todo Chile.