Vergara Doxrud Héctor Patricio

Rut       : 4.592.233-5

F.Nacim. : 14-07-42, 32 años a la fecha de su detención

Domicilio : Juan Esteban Montero N°519, Santiago

E.Civil  : Casado, tres hijos

Actividad : Ingeniero civil; Ex ingeniero de la Corfo; Ex dirigente de la Asociación de Empleados de Corfo; Ex miembro del Consejo de Administración de Indisa y Ex interventor de las industrias de muebles "Marttonfy" y "Galaz".

C.Repres. : Militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

F.Detenc. : 17 de septiembre de 1974

SITUACION REPRESIVA

            Héctor Patricio Vergara Doxrud, casado, 3 hijos, Ingeniero Civil, militante del MAPU, fue detenido por personal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los que no portaban orden alguna de detención, el día 17 de septiembre de 1974, alrededor de las 15:30 horas, en su oficina particular ubicada en San Antonio N°427, oficina 311, junto a Miguel Baeza Chaud, quien luego de permanecer 8 meses recluido en el Campamento de Prisioneros de "Tres Alamos", fue expulsado del país con destino a Francia.

            Con anterioridad a la detención, la oficina de calle San Antonio fue allanada por sus aprehensores.

            El día 21 de septiembre de 1974, alrededor de las 15:00 horas, la cónyuge del afectado, la abogada Mónica García Vivanco, recibió un llamado telefónico de su marido. Con voz entrecortada, Patricio Vergara se limitó a decirle que le había ocurrido un contratiempo y que entregara, de los ahorros de la familia, E°500.000 a "dos caballeros" que pasarían a buscarlos. Ante los requerimiento de su cónyuge que le explicara lo que ocurría y donde se encontraba, el afectado dio respuestas inconexas, que evidenciaban estar custodiado y forzado a darle sólo los precisos datos expuestos. Media hora después, llegaban hasta la casa de la familia Vergara García, dos individuos de aspecto matonesco, quienes exigieron la entrega del dinero. Mónica García les solicitó reiteradamente que se identificaran y dejaran un recibo, pero tercamente rehusaron hacerlo, advirtiéndole que no realizara gestión alguna para ubicar al afectado, ya que ello le significaría asumir riesgos mayores. Luego que se apoderaron del dinero y se retiraron del lugar, la señora García pudo ver que los sujetos se dirigieron hasta una camioneta marca Chevrolet, color amarillo, de los últimos modelos, sin patente, y que se encontraba estacionada en una calle transversal.

            Posteriormente, contactándose Mónica García con el testigo Miguel Baeza Chaud, mientras permanecía recluido en el Campo de Prisioneros de "Tres Alamos", en libre plática, le relataría que permaneció detenido, junto a Héctor Patricio Vergara, en el recinto de incomunicados a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) denominado "Cuatro Alamos".

            Por otra parte, Miguel Pedro Anglés Chateau, detenido por agentes de civil pertenecientes a la DINA, el 16 de septiembre de 1974, en la intersección de las calles Puente con Santo Domingo, declaró bajo juramento ante el Alcalde de la Comuna de Acheves, Francia, haber permanecido incomunicado en una pieza de una casa (la que posteriormente se individualizaría como el centro secreto de reclusión y tortura de la DINA, ubicado en José Domingo Cañas con República de Israel), entre los días 16 y 19 de septiembre de 1974, con Luis Durán Rivas y Patricio Vergara. El 19 de septiembre del año indicado, los tres fueron trasladados hasta el pabellón de incomunicados del Campo de Prisioneros de "Tres Alamos", denominado en ese sector "Cuatro Alamos", siendo separados al llegar a este recinto.

            Agregaba el testigo en su declaración, que tanto Luis Durán como Patricio Vergara habían sido violentamente golpeados y torturados por lo que su situación, desde el punto de vista de su salud, le preocupaba enormemente.

            Ambos detenidos (Vergara y Durán), que permanecen hasta hoy desaparecidos, trabajaban, al ocurrir los hechos que se relatan y desde hacía un tiempo, en la edición de un periódico clandestino.

            Algunos años después, se reconstituiría parte de lo ocurrido a Héctor Patricio Vergara. En efecto, el día de su detención, concurrieron hasta su oficina de calle San Antonio, un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cargo del "Capitán Max" y acompañados de Miguel Anglés Chateau, quien había sido detenido el día anterior. Anglés reconoció al afectado, el que fue subido a un vehículo blanco, Marca Peugeot. En el interior del vehículo fueron cubiertos sus ojos con una venda y fue conducido hasta una casa blanca, de persianas azules, ubicada en la comuna de Ñuñoa, en las calles José Domingo Cañas con República de Israel, donde fue duramente torturado mediante aplicaciones de descargas eléctricas en su cuerpo. Igual suerte corrió Miguel Baeza Chaud, detenido junto a Vergara en la oficina particular de este último, siendo trasladado hasta José Domingo Cañas, por sus aprehensores, en una camioneta marca Chevrolet, separado del afectado.

            Aproximadamente el 19 ó 20 de septiembre de 1974, Héctor Patricio Vergara, junto a Miguel Anglés Chateau y al detenido Luis Durán Rivas (aprehendido el 14 de septiembre del mismo año), fue llevado hasta Cuatro Alamos, recinto al que ya había sido trasladado Miguel Baeza.

            El día 21 de septiembre de 1974, fueron trasladados: Patricio Vergara, Miguel Anglés, Miguel Baeza y un detenido de apellido Lagos, hasta el nuevo recinto secreto de reclusión y tortura de la DINA conocido como Villa Grimaldi, que recién comenzaba a funcionar. Desde este recinto se efectuó el llamado telefónico que el afectado sostuvo con su esposa. El mismo día los detenidos fueron nuevamente conducidos hasta Cuatro Alamos, donde son separados.

            Entre los días 24 y 26 de septiembre de 1974, son sacados de sus respectivas celdas de Cuatro Alamos, Patricio Vergara y Luis Durán, perdiéndose, desde entonces, todo rastro de aquél.

            Por su parte, Luis Eduardo Durán Rivas fue visto por última vez, por Miguel Anglés Chateau, entre los días 2 y 4 de octubre de 1974, cuando era llevado en andas por personal de "Cuatro Alamos", en un estado físico tan deplorable que no podía sostenerse en pie por sus propios medios.

            La permanencia del afectado en el Campo de Detenidos Incomunicados de "Cuatro Alamos", le fue confirmada a su cónyuge por otros medios. En efecto, el día 31 de diciembre de 1974 fue llamada telefónicamente por el abogado de la Corfo y Armada Nacional, Roberto Cobo de la Maza, quien le informó que Héctor Patricio Vergara se encontraba, a la fecha, en el recinto mencionado. Posteriormente, en el mes de enero de 1975, el General de Ejército (R) Roberto Fuentes Stone, comunicó a la familia de Patricio Vergara que éste continuaba arrestado en "Cuatro Alamos" y que pronto sería expulsado del país, con destino a Noruega, país que le había otorgado la correspondiente visa. Sin embargo, la detención del afectado fue siempre negada por la autoridad competente, y hasta hoy se desconoce todo antecedente que permita establecer su suerte y paradero.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Con fecha 23 de septiembre de 1974 se interpuso recurso de amparo en favor del afectado, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue rolado con el número 1128.

            El 11 de octubre de 1974, el Ministro del Interior de la época Raúl Benavides Escobar, informó a la Corte que Patricio Vergara "no se encontraba detenido por orden de alguna autoridad administrativa, ignorándose su actual paradero".

            Estando pendiente la respuesta de los Oficios despachados al Ministerio de Defensa y a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), la recurrente, Mónica García Vivanco, solicitó el 23 de octubre de 1974, se ordenara a la Secretaría mencionada, traer a la presencia judicial al testigo de detención y reclusión del afectado, Miguel Baeza Chaud, quien permanecía recluido en libre plática, en el Campo de Prisioneros de "Tres Alamos".

            La Corte de Apelaciones no se pronunció directamente sobre la diligencia solicitada, sino que se limitó a ordenar se remitieran Oficios al Jefe de Zona en Estado de Sitio de Santiago, Sergio Arellano Stark, y al Comandante en Jefe del Comando de Aviación de Combate, a fin de que informaran acerca de la detención del afectado.

            Tanto el Jefe de Zona en Estado de Sitio como el auditor del Comando de Combate para Tribunales de Aviación en Tiempo de Guerra, Víctor Barahona Bustos, señalaron que no se registraban antecedentes respecto de la detención o procesamiento de Héctor Patricio Vergara.

            El 12 de noviembre de 1974 se reiteró la petición de que se cite a la presencia judicial al testigo Miguel Baeza Chaud. Esta vez la Corte no dio lugar a la diligencia, y ordenó oficiar al Ministro del Interior, haciendo sólo presente que el afectado se encontraría detenido en el lugar denominado "Tres Alamos", y a fin de que informe sobre el particular.

            El 26 de diciembre de 1974 se certificó en autos que "el Ministro del Interior, por Oficio N°1003 de fecha 12 del mismo mes y año, señaló que el afectado no registraba antecedentes".

            Con el mérito de los informes transcritos, sin que se recibiera respuesta a los Oficios remitidos al Ministerio de Defensa y al SENDET ni se instara por obtenerla, la Corte rechazó el recurso de amparo interpuesto y ordenó remitir los antecedentes al 6° Juzgado del Crimen de Santiago, a fin de instruir sumario por el desaparecimiento de Patricio Vergara.

            El 6 de enero de 1975 se inició, por Oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago, la causa por presunta desgracia del afectado, ante el 6° Juzgado del Crimen, la que fue rolada con el número 91.059.

            Decretada la correspondiente orden de investigar, ésta no aportó antecedente alguno que permitiera establecer el paradero del afectado. Habiéndose realizado gestiones, sin resultado positivo, en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), en centros asistenciales, Morgue y Registro Civil, fue devuelta al Tribunal, el que ordenó agregarla a los autos.

            El 28 de febrero de 1975, el Juez Instructor del proceso, ordenó oficiar a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a fin de que informara si el afectado se encontraba detenido en alguno de los lugares destinados a esos efectos. El 6 de mayo del año señalado, en un Oficio respuesta en que se lee la frase "por orden del Director de Inteligencia Nacional", se señaló: "ruego al 6° Juzgado del Crimen tenga la amabilidad de dirigirse al Ministerio del Interior (Departamento Confidencial) o a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, que tienen como misión dar este tipo de información".

            Tal como se indicaba en la respuesta enviada al Tribunal por la DINA, se ofició al Ministerio del Interior, el que informó con fecha 2 de julio de 1975 que: Héctor Patricio Vergara no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio.

            Sin decretar la práctica de nuevas diligencias se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa el 15 de septiembre de 1975, teniendo presente que de los antecedentes acumulados en autos, no resulta completamente justificada la perpetración de algún delito.

            Apelada esta resolución, el señor Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago fue del parecer que, habiendo señalado doña Mónica García Vivanco (cónyuge del afectado) que su esposo fue detenido junto a Miguel Baeza Chaud, el que se encontraría recluido en el Campo de Prisioneros de "Tres Alamos", se hace necesario, por tanto, oír a esta persona. En consecuencia, solicitó se repusiera la causa al estado de sumario, citándose a la presencia judicial al testigo mencionado, y oficiándose al efecto a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos. Todo esto con fecha 26 de septiembre de 1975.

            El 13 de octubre de 1975, la Corte de Apelaciones de Santiago se hizo cargo del informe del Fiscal y dispuso se continuara la tramitación de la causa, ordenando la práctica de las diligencias anteriormente señaladas.

            Fue así, como requerido el Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo Nacional de Detenidos, informó al 6° Juzgado del Crimen con fecha 10 de noviembre de 1975, que Miguel Baeza Chaud registraba "decreto exento de arresto N°452 de 30 de septiembre de 1974 del Ministerio del Interior; y decreto N°528 del Ministerio de Defensa de 16 de abril de 1975, disponiéndose en este último su abandono obligado el país, por lo que viajó a Francia el 26 de junio de 1975".

            Con el sólo mérito del precedente informe se declaró nuevamente cerrado el sumario, y por las mismas razones anteriormente expuestas, se sobreseyó temporalmente la causa el 24 de noviembre de 1975.

            Informando nuevamente el señor Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el recurso interpuesto para obtener la revocación de la resolución que decretó el sobreseimiento temporal de la causa, señaló con fecha 3 de diciembre de 1975 que era de opinión de aprobar la mentada resolución, pero expresó lo siguiente: "Fue, sin duda, muy de lamentar que US.I. no haya accedido a la diligencia solicitada el 12 de noviembre de 1974, en orden a citar a declarar al arrestado Miguel Baeza Chaud, quien según la recurrente "sabe de la detención del amparado llevada a cabo por personal de la DINA". Pedida por el Fiscal la diligencia señalada, se comprueba que es impracticable, ya que Miguel Baeza Chaud, arrestado conforme a decreto de 30 de septiembre de 1974, se dicta con fecha 16 de abril de 1975 decreto donde se dispone el abandono obligado del país, y que viajó a Francia el 26 de junio de 1975. La investigación decretada para averiguar el desaparecimiento de Héctor Patricio Vergara corre igual suerte que el amparo. No hay, en verdad, una respuesta. El amparado no está arrestado. Del amparado no se logra saber nada".

            El 13 de enero de 1978, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de amparo, que se roló con el N°60-61, en favor del afectado, el que fue enviado por carta, desde el extranjero, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con domicilio en México.

            Este recurso no fue sometido en definitiva a tramitación, pues la Corte, el 8 de febrero de 1978 decretó que previamente se acreditara que había sido interpuesto por personas capaces de aparecer en juicio; lo que no se verificó.

            Ante los resultados de las investigaciones judiciales, la familia de Héctor Patricio Vergara Doxrud, busca otros caminos para obtener alguna respuesta a sus muchas interrogantes.

            Quince o veinte días después de la detención del afectado, su hermano se entrevistó con el entonces Presidente de la Corte Suprema, don José María Eyzaguirre, quien llamó telefónicamente, en su presencia, al Director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, el que señaló que ubicaba de nombre a Héctor Patricio Vergara, pues era una persona muy peligrosa y que seguramente se encontraría en Argentina.

            El 25 de septiembre de 1974, la cónyuge del afectado, presentó amparo ante el H. Consejo General del Colegio de Ingenieros. Con fecha 25 de noviembre del año indicado, se presentó el caso de Patricio Vergara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

            El 25 de junio de 1975 se escribe carta al Presidente del Colegio de Ingenieros y el 13 de octubre del mismo año, el padre del afectado escribió una carta al Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo Nacional de Detenidos, pidiendo información sobre su hijo.

            Asimismo, se solicitó ayuda a la Cruz Roja Internacional y a la Embajada de Noruega.

            Sin embargo, todas las gestiones tendientes a establecer la suerte y paradero de Héctor Patricio Vergara, resultaron infructuosas. Desde aquel día en que fuera detenido en su oficina de la calle San Antonio, permanece desaparecido.

La nueva decisión judicial se suma a las dos cadenas perpetuas que ya cumple el ex el jefe de la DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El juez Fuentes que condenó a Contreras, ha llevado adelante algo más de setenta procesos por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Para compartir
El ex el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet que se extendió de 1973 a 1990, el general Manuel Contreras Sepúlveda fue condenado a otros cinco años de cárcel por la desaparición de un político opositor. La decisión del juez de primera instancia de Chile, Juan Fuentes Belmar fue dada a conocer por la propia justicia chilena.
Según la información revelada por fuentes judiciales chilenas a la prensa local, Contreras fue condenado junto a otros dos agentes del servicio secreto por el secuestro ocurrido el 17 de septiembre de 1974, de Héctor Vergara Doxrud, quien era ingeniero, tenía 32 años y estaba casado y con tres hijos, era militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), un grupo izquierdista cuando fue detenido por el servicio secreto chileno.
Los otros condenados son el ex jefe de la brigada metropolitana de la DINA, César Manríquez, y otro ex alto funcionario de la DINA, Marcelo Morén, condenado a 800 días de presidio.
El juez Fuente ha llevado adelante algo más de setenta procesos por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
La nueva condena contra Contreras, quien dirigía la ya desaparecida DINA se suma a otras dos cadenas perpetuas que actualmente cumple en prisión.

A 47 años del golpe de Estado de 1973, ANECOR recuerda y rinde homenaje a los 23 funcionarios de CORFO detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la Dictadura Militar, ocurrida entre los años 1973 y 1989.
Es de esperar que este oscuro período político de nuestro país, en el que reinó la barbarie y el oprobio, jamás vuelva a repetirse, y en el presente aflore la solidaridad y el entendimiento entre todas y todos.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por el caso de Héctor Vergara Doxrud y determinó las penas contra el ex director de la DINA y otros agentes.

En fallo dividido, os ministros de la Segunda Sala, Milton Juica, Juan Araya, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Emilio Pfeffer, rechazaron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago por el caso del secuestro de Héctor Patricio Vergara Doxrud (detenido desaparecido), ocurrido el 17 de septiembre de 1974 en la Región Metropolitana.

La sentencia definitiva de la Corte Suprema, según detalla La Nación, determinó las siguientes penas contra los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda (ex director del organismo represor) 5 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado; César Manríquez Bravo, 5 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado; Marcelo Moren Brito, 5 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado; Orlando Manzo Durán, 5 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado; y Ciro Torré Sáez, absuelto por falta de participación.

El ingeniero civil Héctor Vergara Doxrud, era casado con 3 hijos, militante del MAPU y en el gobierno de Allende se desempeñó en Corfo, Indisa y fue interventor de 2 empresas. Tenía 32 años cuando fue detenido por agentes de la DINA y, según se estableció, fue sometido a torturas en Villa Grimaldi desde donde desapareció, sin que se supiera nada de él hasta la fecha.

En el fallo de la Suprema se indica que “atendida la naturaleza del hecho pesquisado y con arreglo a los antecedentes reunidos durante la indagación, es procedente inferir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica universal ha dado en denominar delito contra la humanidad”, agregando que de acuerdo al Derecho Internacional, este tipo de delito no prescribe.

Con este nuevo antecedente y de acuerdo a las cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y del Poder Judicial, el general (R) Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (83 años) registra 33 sentencias a firme (ratificadas por la Corte Suprema) sumando un total de 268 años de cárcel, la última conocida este martes.

Recordarán la memoria de 28 estudiantes y académicos de la Pontificia Universidad Católica asesinados o hechos desaparecer por la dictadura militar de 17 años establecida por los mismos grupos económicos y políticos civiles que gobiernan de nuevo Chile, e inicialmente incluso por el ahora opositor Partido Demócrata Cristiano, PDC. 

Tras una indiferencia de más de tres décadas de esa casa de estudios respecto a la suerte de estos miembros de la comunidad universitaria, las víctimas serán recordadas por segunda vez en un recinto universitario católico el jueves 17 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Campus San Joaquín, Vicuña Mackenna 4860, en una ceremonia organizada por el Colectivo Memoria PUC, integrado por exalumnos de los años 60/70, y la Federación de Estudiantes de la Católica, FEUC.

En la PUC ahora soplan otros vientos políticos, como lo demuestra la activa participación de su Federación de Estudiantes en el conflicto estudiantil en curso hace más de 6 meses, bajo el liderazgo de Giorgio Jackson, quien no postuló a la reelección, cuya segunda vuelta se realiza hoy martes. 

Noam Titelman, de Nueva Acción Universitaria (NAU), el mismo grupo de Jackson, compite con el derechista pro gobierno Juan José Silva, del Movimiento Gremial (MG), alentado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), que convirtió a la PUC en el “think tank” de la dictadura.

La PUC fue históricamente la cuna formadora de la clase política de las dos facciones de la derecha conservadora que hoy gobiernan Chile con Sebastián Piñera, la alianza UDI y Renovación Nacional (RN). 

Casi todos los ministros y altos funcionarios del actual gobierno se formaron en las aulas de la PUC y después cursaron el clásico postgrados en universidades emblemáticas del capitalismo estadounidense, Harvard, Yale, Chicago y otras. 

La Escuela de Economía de la PUC suscribió tan temprano como en 1956 el convenio con su homónima de la Universidad de Chicago que bajo la dictadura introdujo en Chile por la fuerza el modelo neoliberal que tiene en problemas a Piñera y a sus seguidores de todo el planeta.

La desaparición y/o muerte de estas 28 personas fue un tabú jamás reconocido por las autoridades de la Católica. 

Incluso, desapareció misteriosamente una placa recordatoria informal ubicada en la cafetería de la escuela de sociología, pero al parecer el grabado resultó molesto porque nadie supo cuándo, por qué, ni quién lo retiró.

En 2007 hubo una misa y eso fue todo… Pero hace poco más de un año, el 6 de octubre 2010, este mismo Colectivo Memoria PUC, junto al académico Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia y ex profesor de esa casa de estudios, presentaron el libro “Una luz sobre la sombra: detenidos desaparecidos y asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, que en 180 páginas refleja una investigación del equipo editor y de la periodista/escritora Nancy Guzmán, con prólogo del historiador Salazar y diseño gráfico y portada de José Bórquez.

La presentación de ese libro fue la primera actividad en memoria de estas 28 víctimas realizada oficialmente en un recinto de la PUC, gracias al interés de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, presidida entonces por Joaquín Walker.

¿Quiénes fueron “los 28”?

Entre las víctimas se encuentran talentosos jóvenes, como las (os) periodistas Diana Arón y Eduardo Jara, la incipiente cinematografista Carmen Bueno y su pareja, el documentalista Jorge Hernán Müller Silva –camarógrafo de la trilogía “La batalla de Chile”, de Patricio Guzmán–, el estudiante de ingeniería Allan Bruce, el profesor de inglés Alejandro Ávalos, el pedagogo y ex sacerdote Omar Venturelli y otras vidas truncadas. 

El ex fiscal del ejército Alfonso Podlech, abogado y terrateniente anticomunista que envío a la muerte a Venturelli y a decenas de personas en la Araucanía-Temuco, estuvo preso en Italia desde 2006, juzgado por un tribunal que investiga el asesinato de éste y otros ciudadanos de origen italiano ultimados en Chile, Argentina y Uruguay, pero resultó “absuelto” en julio de 2011, aunque la Fiscalía italiana pidió cadena perpetua.

Cinco víctimas –Ismael Chávez, María Teresa Eltit, Ángel Guerrero, Samuel Lazo y Ernesto Ríos– estudiaban en el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC), que nació en 1968, con la Reforma Universitaria y el primer rector laico de la PUC, Castillo Velasco, para dar educación gratuita a hijos de obreros y campesinos, tal como otros programas de las universidades de Chile, Técnica del Estado y Federico Santa María dirigidos a trabajadores y alumnos pobres que recibían formación en carreras técnicas de alto nivel. Al año de fundarse, el DUOC tenía 475 alumnos y siguió creciendo, pero hoy la educación debe pagarse.

Entre las víctimas figuran también Eugenio Ruiz Tagle-Orrego, ingeniero civil y militante del Mapu, pariente del ex presidente y actual senador demócrata cristiano Eduardo Frei R-T, quien perdió las elecciones ante Sebastián Piñera.

Sus ideas políticas condujeron a todas las víctimas de la Católica a militar o simpatizar con los diferentes partidos y movimientos que caracterizaron la diversidad política de la época que marcaron la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) y el ascenso de las luchas sociales en Chile en la década del 60.

Según el orden alfabético de sus apellidos, las víctimas cuya memoria se recuerda en la PUC son Diana Frida Arón Svigilsky, Alejandro Ávalos Davidson, Jenny del Carmen Barra Rosales, Leopoldo Raúl Benítez Herrera, Patricio Biedma Schadewaldet, Alan Roberto Bruce Catalán, Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Mauricio Jean Carrasco Valdivia, María Teresa Eltit Contreras, Ismael Darío Chávez Lobos, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Ignacio Orlando González Espinoza, Luis Enrique González González, José Eduardo Jara Aravena, Juan Alberto Leiva Vargas, José Patricio del Carmen León Gálvez, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Enrique López Olmedo, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Jaime Ignacio Ossa Galdámez, Ernesto Igor Ríos Céspedes, Alicia Viviana Ríos Crocco, Juan Carlos Rodríguez Araya, Eugenio Ruiz Tagle Orrego, Enrique Antonio Saavedra González, Jilberto Patricio Urbina Chamorro, Omar Roberto Venturelli Leonelli y HECTOR PATRICIO VERGARA DOXRUD.

De las víctimas, 5 pertenecieron al Mapu, 2 al PC, 1 al partido Socialista, 18 al MIR y el resto no registran militancia específica, como Ernesto Ríos, de 18 años, muerto en 1986 de un balazo en el cráneo disparado desde un helicóptero mientras presenciaba una protesta popular en su barriada.

También hay tres extranjeros, como el sociólogo Enrique López Olmedo, nacido en España, y el arquitecto Patricio Biedma, oriundo de Buenos Aires, quien terminó sus estudios en la Católica, y se quedó a vivir y trabajar en Chile, tras huir de la dictadura argentina de Juan Carlos Onganía.

Su asesinato secreto, al igual que la desaparición de otras 118 personas, fue enmascarado por la Operación Colombo del Plan Cóndor, con el montaje periodístico de un falso enfrentamiento “en las pampas argentinas” en que murieron 119 supuestos refugiados izquierdistas provenientes de Chile. 

Esta colosal mentira fabricada por los diarios de las cadenas El Mercurio, La Tercera y otros grandes medios, con la complicidad de ciertos periodistas de la época, también es conocida como el caso de “Los 119”.

Otro episodio terrorífico sesgó la vida del joven boliviano Enrique Saavedra, 18, quien jamás mostró ningún interés por la política. 

Sólo viajó a Chile para formarse como ingeniero comercial en la PUC, que ya había se había hecho famosa por su adscripción a las teorías neoliberales que impartía la escuela de economía de la universidad de Chicago. 

Alcanzó a aprobar el primer semestre en 1973 y con su primo Ramiro Carlos González enfrentaban la aventura de vivir solos en un hotel céntrico de la capital chilena. 

Cuatro días después del golpe del 11 de septiembre de 1973, salieron a caminar por las calles, a curiosear y comprar alimentos, tras el prolongado toque de queda impuesto por el nuevo gobierno. Jamás reresó a su hotel, al igual que el primo. Nunca más se supo de ellos. 

Tampoco apareció cadáver alguno, ni hubo causa judicial. Pasaron al olvido como si nunca hubieran existido.

La única explicación de esta desaparición es la fobia racista contra los extranjeros estandarizada por los militares como pilar ideológico del golpe contra Allende “para defender la patria amenazada por el comunismo internacional”. 

Las fantasías castrenses pregonaban el mito de un ejército secreto de 10.000 checoslovacos, húngaros, cubanos, etc., y toda clase de “comunistas” empeñados en dominar el país. 

Cualquier latinoamericano sospechoso de “tropical”, o que hablara de manera distinta al chileno, se convirtió en un peligroso “comunista cubano”, aunque fuera brasilero o centroamericano, y si era negro, peor. 

Por lo demás, desde la expansión territorial chilena conquistada en la llamada Guerra del Pacífico de 1879, los bolivianos siempre han padecido en Chile la xenofobia racista subyacente en la propaganda de una clase propietaria bicentenaria.

Empatía PUC-dictadura

La PUC, que se llama Pontificia porque pertenece al Vaticano, fue un importante soporte ideológico y teórico de los militares.

La universidad jamás mostró interés en rescatar la memoria de estos 28 miembros de la casa de estudios, en contradicción con el innegable esfuerzo de 17 años de la jerarquía católica por “dar voz a quienes no la tienen” defendiendo los derechos humanos de las víctimas de la dictadura (1973-1990) a través de la Vicaría de la Solidaridad. 

La facultad de economía de la PUC motorizó las teorías político-económicas acuñadas por Milton Friedman en la Universidad de Chicago, que del debate académico pasaron a implantarse por la fuerza en Chile sobre una clase trabajadora incapaz de defenderse de la feroz represión castrense, en el primer experimento neoliberal de la historia contemporánea en todo el mundo.

Muchos académicos de la facultad de economía de la PUC se convirtieron en millonarios, ministros y altos cuadros del aparato económico-financiero del estado, que bajo la dictadura militar privatizó todas las empresas públicas, incluida la línea aérea LAN, que al cabo de los años terminó en manos de Sebastián Piñera. 

El mayor aporte teórico de esos ingenieros comerciales fue un pesado texto fundamentalista de teoría económica neoliberal apodado “El Ladrillo”, que se convirtió en el catecismo de la dictadura.

En el ámbito jurídico, el académico de derecha Jaime Guzmán, ideólogo del régimen militar, muy cercano a Pinochet y profesor de derecho de la Católica, fundador del movimiento de extrema derecha que se hace llamar “gremialismo”, fue uno de los forjadores de la constitución impuesta por la dictadura en 1980, después de gobernar 7 años sin ninguna carta fundamental. 

Esta constitución sigue vigente en Chile gracias al maquillaje de sucesivas modificaciones que más bien legitimaron una carta caduca que sólo refleja los intereses de la clase política. Algunos profesores, como el abogado y ex senador UDI Carlos Bombal, incluso ayudaron a la DINA a capturar y torturar a sus colegas y alumnos de ideología izquierdista.

“Son conocidos los casos del abogado Carlos Bombal, que ayudó a la DINA en la detención de Alejandro Ávalos Davidson, [de] Andrés Terrisse, quien habría participado en interrogatorios a detenidos de la Universidad Católica, y el de la enfermera egresada de esta casa de estudios María Eliana Bolumburú Taboada, que fue conocida en la DINA como la ‘Reina del Pentotal’ por ser quien lo inyectaba a los detenidos antes de ser subidos al helicóptero que los lanzaba al mar”, cita un párrafo del libro (pág. 24) 

“Una luz sobre la sombra…”

En una solemne ceremonia a las afueras de la sede de la ANEF, este lunes 8 de septiembre, se inauguró el memorial en homenaje a los empleados/as públicos víctimas de la dictadura cívico militar. En la ocasión, asistió la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, y de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira; junto a la ministra del Trabajo, Javiera Blanco; la ministra de Minería, Aurora Williams; la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz; Joan Jara, viuda de Víctor Jara; los parlamentarios/as Tucapel Jiménez, Maya Fernández, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Claudio Arriagada; además de dirigentes sociales y sindicales.

En la ceremonia, el coro de ex presos políticos dedicó unos temas a los caídos de la ANEF. Luego, dirigieron unas palabras Lorena Pizarro y Alicia Lira, quienes celebraron este acto de memoria y llamaron a las autoridades a buscar la verdad y la justicia en los casos que aún están pendientes de desaparecidos y ejecutados políticos.

“Con este memorial cerramos una deuda de la ANEF con los trabajadores del Estado, ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, sin dejar de recordar que el nuestro fue uno de los sectores más golpeados durante este oscuro periodo”, señaló en su discurso el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.

De la Puente también recordó la resistencia y lucha de algunos de los homenajeados, como la de Jorge Peña Hen, Reinalda Pereira, Carlos Prats y el padre de la Presidenta, Alberto Bachelet. El memorial tiene los nombres de 380 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos plasmados en unas elegantes placas de bronces, empleados públicos de diversos sectores, quienes según lo informado por el Ministerio del Interior fueron víctimas de la tiranía.

“No se puede construir una comunidad sólida sin hacernos cargo de la violencia que fracturó nuestra sociedad y acabó con la vida de personas maravillosas, como las que hoy reciben nuestro homenaje”, señaló la Presidenta Bachelet, en su discurso.

“Necesitamos que esa justicia sea pronto y necesitamos, para que ello sea posible, que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”, consignó la Mandataria, quien instó a la Justicia a trabajar por encontrar la verdad.

Tras la ceremonia, se mostró a los asistentes las placas que constituyen el memorial a la entrada de la ANEF, donde el sacerdote Mariano Puga, reconocido colaborador de los trabajadores/as, bendijo el memorial.

Por último, destacar la excelente organización del evento a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, Nayadé Zúñiga.