Véliz Ramírez Héctor

Rut       : 3.330.564-8

F.Nacim. : 20-01-33; 43 años a la fecha de su detención

Domicilio : Alonso de Ercilla N°1189, Población Martin Luther King, Renca, Santiago

E.Civil  : Casado, 4 hijos

Actividad : Obrero

C.Repres. : Ex Dirigente de la Central Unica del Trabajo, CUT; Ex Presidente de la Seccional Renca del Partido Comunista; Ex Candidato a Regidor por el Partido Comunista en la comuna de Renca.

F.Detenc. : 15 de diciembre de 1976

 

  SITUACION REPRESIVA

            Héctor Véliz Ramírez, 43 años, casado, cuatro hijos, obrero, ex dirigente de la CUT y militante comunista, detenido el 15 de diciembre de 1976, en la vía pública.

            Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas, que permanecen en calidad de desaparecidas hasta la fecha: once de ellas pertenecientes al Partido Comunista -algunos miembros de su Comité Central- y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre sí, particularmente en el hecho de que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, secuestrándose en ese sólo día a siete personas. La otra nota común en sus situaciones, fue la información que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina, entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977, lo que posteriormente se estableció judicialmente que era falso.

            Las personas desaparecidas son: Santiago Edmundo Araya Cabrera, militante del MIR, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, militante del Partido Comunista, detenido el 9 de Diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos militantes comunistas, detenidos el 15 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, militante del Partido Comunista y Carlos Patricio Durán González, militante del MIR, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, comunista, detenido el 20 de diciembre de 1976.

            Héctor Véliz Ramírez, salió de su hogar el 15 de diciembre de 1976, a las 09:00 horas, para buscar trabajo, oportunidad desde la que nunca más se le volvió a ver, pese a todas las gestiones que sus familiares realizaron ante comisarías de Carabineros, hospitales, postas, Instituto Médico Legal, etc. Cabe hacer presente que después del Golpe Militar, entre los años 1974 y 1975, estuvo siendo buscado intensamente por personas que vestían de civil y que se identificaban como pertenecientes a Carabineros y al Ejército.

            Con posterioridad al desaparecimiento del afectado, en la prensa se recogió la noticia que señalaba, según el Ministerio del Interior de Argentina, que cuatro chilenos: Héctor Véliz, Luis Lazo, Horacio Cepeda y Edras Pinto, habrían ingresado a territorio argentino el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG-19.

            La referida comunicación no se compadecía al menos con lo informado a los Tribunales en el caso de Héctor Véliz, pues a su respecto siempre se informó que no registraba salida del país. Por otra parte, en relación a Luis Lazo, Horacio Cepeda y Edras Pinto, que también se encontraban desaparecidos desde diciembre de 1976, el gobierno chileno sí había informado que salieron del país con destino a la Argentina el 6 de enero de 1977, pero que lo hicieron a través de otros medios, y en ningún caso en un vehículo con patente chilena HG-19, como refería la noticia de prensa (ver los casos de estas tres personas).

            Esa misma información resultó aún más contradictoria, por cuanto se logró determinar judicialmente que la patente HG-19 nunca fue vendida por la Municipalidad de Santiago a la que había sido asignada, patente que por lo mismo fue anulada.

            Hasta la fecha, el afectado se encuentra desaparecido.

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 22 de diciembre de 1976, doña Abelina Marihuán Quinchavil, recurrió de amparo en favor de su cónyuge Héctor Véliz ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que roló bajo el N°1088-76, y en el que señaló que éste salió de su hogar el 15 de diciembre de 1976 a las 09:00 horas, y que desde esa fecha nada más se supo de su persona. En dicho recurso, aparte de solicitar que se requiriera informe al Ministerio del Interior, también lo hizo respecto de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

            Recién transcurridos más de 20 días de pedido el respectivo informe al Ministerio del Interior, se certificó en el recurso la respuesta de dicha Secretaría de Estado, la que señalaba que: "no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio". La Corte, el 18 de enero de 1977, rechazó el amparo, y ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen para que investigara la posible comisión de un hecho punible con motivo del desaparecimiento del amparado. La Corte Suprema, conociendo de la apelación de la resolución que rechazó el amparo, confirmó ese fallo el 25 de enero de 1977.

            Otra gestión judicial que realizó la cónyuge de Héctor Véliz, consistió en pedir a la Corte Suprema, en enero de 1977 -junto a los familiares de los otros 12 detenidos desaparecidos de fines del año de 1976, más arriba nombrados- la designación de un Ministro en Visita Extraordinaria para que conociera los casos de desaparecimiento de estos trece detenidos, en razón de la evidente conexión que había entre sus casos.

            La Corte Suprema accedió a aquella designación lo que motivó la apertura del proceso criminal rol 2-77, que estuvo a cargo de un Ministro en Visita Extraordinaria investigación en la cual, en definitiva, sólo quedaron comprendidos diez de los casos con exclusión del de Héctor Véliz, Carlos Durán González y Fernando Navarro Allende.

            Cabe hacer presente que, del tenor de la resolución de la Corte Suprema, resulta imposible saber el por qué la mayoría de sus Ministros no estuvieron por incluir a Héctor Véliz y las otras dos personas detenidas desaparecidas.

            En todo caso, por ser Héctor Véliz y los demás detenidos desaparecidos un grupo de personas que fueron detenidos en el mismo período, afines ideológicamente y por los procedimientos comunes que les afectaron, es importante considerar lo que se investigó en el proceso rol 2-77, que se comenta en el caso de Reinalda Pereira Plaza, detenida el 15 de diciembre de 1976.

            Por otra parte la cónyuge de Héctor Véliz Ramírez, con fecha 16 de febrero de 1977, ante el 10° Juzgado del Crimen de Santiago, presentó denuncia criminal por el delito de secuestro del afectado, el que ingresó a tramitación bajo el rol 4.474-8.

            En el curso de su tramitación, la denunciante solicitó en carácter de urgente que se estableciera si su cónyuge hubo o no hecho abandono del país, indicando que esa solicitud la hacía en "relación directa con la propalación de rumores de cierto carácter oficial, emanados del Ministerio del Interior Argentino, en que se señala a mi marido como uno de los chilenos que habían ingresado al territorio argentino". La respuesta de Policía Internacional de Investigaciones de Chile fue "no registra anotaciones de viajes al extranjero". El Ministerio del Interior, por su parte, indicó: "…no registra (n) antecedentes en esa Secretaría de Estado ni se ha dictado orden o resolución alguna que le(s) afecte: Héctor Véliz Ramírez…" (el gobierno chileno disponía de formularios para dar respuesta a los Tribunales, en los que podía incluir, según el caso, a varias personas; de ahí las letras entre paréntesis que se han transcrito).

            Esta causa criminal fue sobreseída temporalmente en dos oportunidades por la jueza Carla Figueroa Hevia, en abril y septiembre de 1977, y la Corte de Apelaciones de Santiago, en sendas resoluciones, ordenó la reapertura del sumario por encontrarse incompleta la investigación; finalmente, la señalada jueza sobreseyó temporalmente por tercera vez en febrero de 1978, y la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó lo actuado, ordenándose finalmente el archivo del proceso.

            También, la cónyuge del afectado interpuso querella criminal por los delitos de secuestro, arresto ilegal e incomunicación indebida en contra de funcionarios y demás civiles y militares pertenecientes y adscritos a los Servicios de Seguridad del Estado, especialmente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 10 de marzo de 1977, ante el 8° Juzgado del Crimen de Santiago, ingresando bajo el rol 14.826-3, presentación en la que se hizo ver que procedía que a la presente querella se acumulara aquella denuncia mencionada más arriba y que además, hecho eso, se acumulara todo al proceso rol 2-77, alegándose la comunidad de antecedentes que se daban respecto de los otros casos.

            Al día siguiente de ser presentada la mencionada querella, el juez del 8°Juzgado, Alfredo Pfeiffer Richter, se declaró incompetente, ordenando que los antecedentes se remitieran a una Fiscalía Militar para que conociera del asunto, por cuanto la querella en cuestión se deducía en contra de funcionarios de la DINA, repartición dependiente de las Fuerzas Armadas. En seguida, el mismo juez Pfeiffer -y sin esperar que su resolución quedara firme-envió el expediente al Tribunal Militar, ocurriendo que cuando los abogados de la parte querellante apelaron en contra de dicha resolución, la causa ya no estaba en el 8° Juzgado, no pudiendo resolverse el recurso de apelación.

            En definitiva la competencia fue resuelta recién en septiembre de 1977 por la Corte Suprema, que declaró que el Tribunal competente para conocer del caso era precisamente el 8° Juzgado del Crimen; es decir, a contar de ese momento y ya cumplidos casi seis meses de interpuesta la querella criminal, comenzaría el juez Pfeiffer a investigar sobre la suerte de una persona detenida desaparecida.

            La resolución de la Corte Suprema en el sentido anotado, estuvo precedida del informe del Fiscal de ese mismo Tribunal, Gustavo Chamorro, que consideró "…es el Juez del Octavo Juzgado del Crimen, quien debe ordenar la práctica de las diligencias pedidas en la querella y si del cumplimiento de ellas resultare que en alguno de los delitos tuviere participación algún miembro de las Fuerzas Armadas o de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), correspondería entonces emitir pronunciamiento acerca de su competencia…", (también se encontraba, a su turno, lo resuelto por el Tribunal Militar: "Atendido el mérito de los antecedentes y especialmente al hecho de no acompañar otro antecedente a la sola apreciación de la denunciante, se rechaza la competencia declinada por el 8° Juzgado…").

            En la querella, la cónyuge de Héctor Véliz pedía que se requiriera informe al Coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA, y a los Jefes de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden sobre antecedentes que tuvieran del afectado, y concretamente acerca de quienes lo habían detenido.

            A esta diligencia no accedió el juez del 8o. Juzgado ni el Ministro Servando Jordán que terminó conociendo este proceso, en Visita Extraordinaria. En el proceso se despachó orden simple de investigar a cargo de la Policía de Investigaciones, la que informando al Tribunal indicó que "se realizaron activas indagaciones tendientes a la ubicación de la persona indicada visitándose Postas Asistenciales, Hospitales, Instituto Médico Legal y Archivos y Registros de los Cementerios General, Católico y Metropolitano no ubicándose hasta el momento al mencionado Héctor Veliz Ramírez, quien además, en la Sección Control de Fronteras del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de nuestra institución, no registra salida fuera del país".

            Tampoco se accedió a acumular la denuncia criminal presentada ante el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago, ya mencionada, ni a acumular la presente causa al proceso rol 2-77 en que se investigaban los casos de los otros detenidos desaparecidos. El Ministro Jordán sólo tuvo a la vista este proceso (rol 2-77). Los antecedentes políticos de Héctor Véliz señalados por la cónyuge, se vieron corroborados por un informe de la Policía de Investigaciones que el Ministro Jordán solicitó a esta institución.

            En efecto, dicha repartición en abril de 1980, señaló determinados antecedentes políticos del afectado que obtuvo luego de revisar "los archivos de nuestro Departamento de Informaciones". Sobre este punto interesa explicar que cuando el Ministro en Visita Extraordinaria Carlos Cerda, en el proceso rol 2-77, pidió semejante información acerca de las personas cuyas desapariciones investigaba, el Director de la Policía de Investigaciones, Fernando Paredes Pizarro, Brigadier General de Ejército, le informó: "Al respecto me permito comunicar a US. que en esta Institución, no se llevan fichas políticas de personas", esta respuesta fue dada al Ministro Cerda en noviembre de 1983.

            Tres años antes, el mismo Servicio había entregado los antecedentes políticos de Héctor Véliz.

            En definitiva, el proceso tramitado ante el 8° Juzgado del Crimen de Santiago, fue sobreseído temporalmente por el Ministro Servando Jordán en mayo de 1980, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

           

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.

En la resolución de segunda instancia se condena a los ex jefes de la DINA,  Pedro Espinoza Bravo y Juan Morales Salgado, a 34 años de presidio por los delitos de homicidio y secuestro de militantes comunistas.

 

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia definitiva de segunda instancia en el caso denominado “Episodio Conferencia II”, operación a manos de la “brigada Lautaro” perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia,  DINA, y responsable del secuestro y homicidio de los dirigentes Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez y Waldo Pizarro Molina, todos miembros de la segunda directiva clandestina del Partido Comunista, hecha desaparecer en 1976.

El tribunal de alzada capitalino, cuya sala estuvo presidida por el ministro Omar Astudillo e integrada por los ministros Mireya Eugenia López y Jenny Book, revocó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro de fuero, Miguel Vázquez, que había absuelto a  los ex agentes Guillermo Díaz, Teresa del Carmen Navarro, Celinda Aspe y Camilo Torres, y en su lugar, resolvió condenarlos a la pena de 10 años y un día como autores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Veliz Ramírez; y a la pena de de 541 días de presidio como autores de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Beríos Cataldo.

La sala, además, aplicó la media de prescripción- con el voto en contra del ministro Astudillo- y rebajó penas, condenando a 20 años de presidio mayor en su grado máximo a los jefes de la DINA, Juan Morales Salgado y Pedro Espinoza Bravo, como autores de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo. Del mismo modo, se fijan penas de 14 años de presidio mayor en su grado como autores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes, Héctor Véliz Ramírez y Waldo Pizarro Molina; a 3 años de presidio menor en su grado medio como autores de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo.

Además se condena a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio las condenas a los agentes José Alfonso Ojeda Obando, Federico Chaigneau Sepúlveda, Gladys Calderón Carreño, Jorge Sagardía Monje, Héctor Valdebenito Araya, Sergio Escalona Acuña, Jorge Manríquez Manterola, José Meza Serrano, Luis Lagos Yáñez, Jorge Pichunmán Curiqueo, Orfa Saavedra Vásquez, Elisa Magna Astudillo, Eduardo Oyarce Riquelme, Sergio Castro Andrade, José Sarmiento Sotelo, Gustavo Guerrero Aguilera, Jorge Arriagada Mora, Berta Jiménez Escobar, Carlos Bermúdez Méndez, Orlando Altamirano Sanhueza y Carlos Miranda Mesa, como autores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez.

A los mismos sentenciados se les condena a 541 días de presidio menor en su grado medio como autores de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo; Y pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo a María Angélica Guerrero Soto, como autora de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Berríos Cataldo.

En el mismo fallo, se revoca la sentencia de primera instancia, y se absuelve a José Ojeda Obando como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y  Lincoyán Berríos Cataldo. Y Luis Lagos Yañez y  Sergio Castro Andrades se les absuelve de ser  autores de los delitos de secuestro calificado de don Fernando Navarro Allendes y de don Héctor Véliz Ramírez.

Para el abogado querellante, Nelson Caucoto, con este fallo “comienza a escribirse el penúltimo capítulo de una historia de 43 años. No quedamos satisfechos con la aplicación de la media prescripción, que rebaja las penas hasta desnaturalizar el castigo a los perpetradores. Confiamos en que la Corte Suprema corrija esta sentencia, atendiendo a la gravedad de los hechos, dejando sin efecto la media de prescripción que en este tipo de delitos es inaplicable”.

Caucoto junto al abogado Francisco Ugás, ambos representantes de los familiares de las víctimas, presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema, para que sea el máximo tribunal quien se pronuncie al respecto.

Cabe señalar que en esta causa no se pudo dictar sentencia contra Ricardo Lawrence por encontrarse en calidad de fugado. Una situación similar ocurre con Adriana Rivas, también ex agente de la DINA y secretaria de Manuel Contreras, quien se encuentra en Australia y por quién se está tramitando actualmente un proceso de extradición. Respecto de ambos agentes, la sentencia confirmó el sobreseimiento temporal que dictó el ministro Vázquez.

Junto con este caso, en un expediente separado, se encuentra el de Reinalda Pereira, también dirigente comunista, detenida en 1976, con 5 meses de embarazo, y que hasta la fecha se encuentra desaparecida. Su causa también es sustanciada por el ministro en visita Miguel Vázquez y tiene como responsables a miembros de la “brigada Lautaro” de la DINA.

 

Este sábado 9 de diciembre la Municipalidad de Renca, en conjunto con la Coordinadora Comunal de los Derechos Humanos realizará un acto conmemorativo por el día internacional de la temática, que a nivel mundial se celebra el 10 de diciembre.
Como hito principal, el acto recordará con una placa a Humberto Fuentes Rodríguez, Mario Juica Vega, Julio Vega y Héctor Veliz Ramírez, ex trabajadores y regidores de  este municipio, quienes fueron víctimas de violaciones de DD.HH durante la dictadura militar. Este evento se realizará a las 18:00 horas en el hall central de la municipalidad.
Además de este hito principal, la actividad considera puestos informativos de agrupaciones ligadas a causas civiles y sociales, como el Observatorio Contra el Acoso Callejero, Servicio Paz y Justicia, Casa de la mujer Huamachuco y Biodanza Renca entre otros. Para finalizar se realizará un encuentro artístico cultural a partir de las 18:30 horas.
La actividad se llevará a cabo en la Plaza Mayor de Renca, entre las 12:00 y las 21:00 horas.

Una vez entregados los cuerpos en el aeródromo de Peldehue y subidos al Puma, Pete regresó a Cuesta Barriga con algunos de sus hombres. Antes de ascender los cerros, buscaron perros al borde de la carretera y les dispararon. Los echaron arriba de los vehículos y de regreso a la mina los lanzaron al fondo del pique. Como la CNI sabía que la información estaba en manos de organismos de derechos humanos, con ello buscaron despistar a eventuales buscadores posteriores que fueran a meter la nariz por esos lados. "Si vienen a buscar, van a encontrar puros huesos de perros", dijo Sandoval a los suyos y se fueron.

El agente lo miró burlón: Tai’ más huevón, pa' sentar esa mina necesitai' por lo menos diez cajas de dinamita. Pete El Negro se sintió ofendido y solo atinó a responder: El huevón será Pantoja, él me dio la orden.

Volar la mina en la Cuesta Barriga en los cerros al poniente de Santiago, provocaría un temblor grado tres a cuatro. Entonces el epicentro se registraría en los sensores del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile. Fue lo que el experto en explosivos le dijo a Pete.

Se vivían los primeros días del verano de 1979. A comienzos de diciembre de 1978, la alarma había sonado en los cuarteles tras el hallazgo de los cuerpos de 15 campesinos en una mina de Lonquén. La orden del dictador fue inmediata: ¡Limpien las fosas en el país donde hay sepultados y háganlos desaparecer!

Todas eran fosas clandestinas. Para ello Pinochet hizo redactar un criptograma que se envió a los cuarteles. El mensaje cifrado lo desencriptaron las Secciones II de Inteligencia en cada lugar. Nacía la Operación Retiro de Televisores, como la llamó la Comandancia en Jefe del Ejército. De los operativos se encargó el jefe de la Central Nacional de Informaciones, CNI, general Odlanier Mena.

El capitán Enrique Sandoval Arancibia, Pete El Negro para sus amigos y de chapa Roberto Fuenzalida Palma, volvió a hablar con Jerónimo Luzberto Pantoja, quien subrogaba a Mena en la dirección. Era verano y Mena vacacionaba en la caleta de Mehuín, al norte de Valdivia. Explicó a Luzberto lo del temblor por la dinamita.

–Entonces usa químicos para quemar los cuerpos, los quiero incinerados, y limpian las cenizas.

Pete El Negro no se llevaba con Pantoja, que en algún momento fue el segundo de DINA. Tampoco aceptó usar químicos para limpiar la mina. Dijo a Luzberto que no sabía usarlos y temía que él y su gente resultaran dañados. Especialmente si los usaban sin ventilación, a quince o veinte metros de profundidad en el pique de la mina.

Sandoval tenía pachorra para enfrentar a sus superiores. Se había forjado el cartel de duro e implacable en la acción. Por eso tomó el citófono y se comunicó directo con el general Mena a su casa en Mehuín. Lo llamó desde el cuartel general en Belgrado 11, muy cerca de Plaza Italia en Santiago. Este había sido el cuartel general de la DINA, pero mientras lo seguía utilizando la CNI.

Mena le preguntó si era urgente para interrumpir sus vacaciones. Pete le dijo que sí.

–Entonces no hagas nada. Mañana vuelo a Santiago y resolvemos la limpieza.

En el mismo aeródromo de Tobalaba, al oriente de Santiago, Mena preguntó a Pete su opinión sobre cómo había que hacerlo. Este le respondió que sacando los cuerpos de la mina como fuera. Mena aceptó y le ordenó que preparara la operación con su gente de la Brigada Rojo.

Por el lugar, los perros de un cazador olfatearon el hedor de la descomposición de los cadáveres y bajaron al fondo del pique con una inclinación diagonal. El cazador dio con la entrada de la mina abandonada y revisó el sitio. No le cupieron dudas. Los perros enloquecieron con la carne humana descompuesta. Los oídos y brazos de la CNI eran finos y largos y la información llegó a Belgrado 11. Mena informó a Pinochet y este le ordenó acelerar la operación de retiro.

Con Mena Pinochet se sentía seguro… más que seguro, tranquilo, después de la arremetida del gobierno de Estados Unidos por el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Atrás quedaba la DINA, su jefe Manuel Contreras y los asesinatos en el extranjero. Pero ahora con la CNI se profundizaba la otra fase de la represión, aquella mucho más selectiva.

En la cruenta batalla Mena-Contreras la primera victoria fue del coronel: logró que Pinochet sacara al general Mena como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINE. Por ese tiempo, Mena trapeaba el suelo con Contreras y sus agentes. Comentaba a Pinochet y a otros generales que la DINA había convertido la ortodoxia de la inteligencia en una banda de ladrones y despiadados asesinos. No pocos integrantes del cuerpo de generales del Ejército opinaban igual.

Meses antes de que Pinochet disolviera la DINA en agosto de 1977, este llamó a Mena y le ofreció una salida honrosa de la DINE:

–Negro, te vas de embajador a Uruguay –le dijo Pinochet.

Pero su venganza vino pronto, en noviembre de 1977. Pinochet lo llamó a Montevideo y le informó que sacaría a Contreras como director de la Central Nacional de Informaciones, creada el 13 de agosto de 1977 en reemplazo de DINA.

–Te quiero al mando de la CNI –le dijo.

Contreras masticó la derrota y fue el fin de su reinado… pero no el final de su poder.

De Malloco a Peldehue

Con el mapa hecho a mano que le entregó Pantoja, Pete fue a chequear el pique de la mina con un par de hombres. No le costó demasiado dar con el ingreso de la mina desierta. Entró por la galería hasta una bifurcación, dobló a la derecha y encontró el pique profundo. En el borde del ingreso del pique encontró restos de cal.

Pete ingresó unos metros al pique diagonal para mirar. Alumbró con una linterna, vio ratones y murciélagos, y olfateó el inconfundible olor de la muerte putrefacta.

Afinó la linterna y distinguió cráneos, manos y piernas descubiertas.

Salió y partió a informar a Luzberto. Este le exigió pruebas.

–Tráeme fotos –le dijo

Pete regresó con un fotógrafo de la CNI que registró el hallazgo. Desconfiado, Pete exigió presenciar el revelado de las tomas en el cuarto de luz roja.

Volvió a mostrarlas al jefe Luzberto.

Temprano una mañana de aquel verano de 1979, Pete y un equipo de su Brigada Rojo partieron a la Cuesta Barriga. Eran diez con él. Llevaron cien sacos paperos, suficiente cuerda, y sobre todo abundante munición y armamento por si acaso. Guardias cercaron el perímetro para operar fuera de miradas ajenas.

Pete eligió a dos de sus hombres para que bajaran al fondo y sacaran los cuerpos. Uno de ellos fue el Siete Fachas, más delgado, apuesto y fanfarrón, siempre dispuesto a dar un paso adelante. El Siete, bajó con otro, equipados de linternas y sacos.

Pasados unos veinte minutos, Pete escuchó gritos: ¡Objetivo encontrado!

Espectáculo estremecedor. El suelo sembrado de cuerpos, algunos envueltos en plástico, otros simplemente desnudos. Algunos ya estaban en proceso de esqueletización. Otros en avanzada descomposición. Pete evaluó que varios fueron lanzados al fondo en fechas distintas, por diferentes equipos.

Una vez ensacados, fueron subiendo los cuerpos con las cuerdas, pero la fuerza bruta permitió que varios se desarticularan. La orden era que los sacos no revelaran la forma del contenido. Que estuvieran lo más planos posible.

–¡Listo, suban! –iban gritando abajo.

Uno a uno los sacos fueron saliendo a la superficie. En la investigación judicial, Pete recordó que subieron unos cincuenta sacos, sin decir que cada uno correspondió a una sola persona. Los sacos contenían partes de unos y otros y alguna ropa. Su apreciación fue que, al menos, en total los restos pertenecían a más de veinte personas.

El segundo grupo de agentes los fue subiendo a un camión tres cuartos, blanco, abierto y protegido por barandas de madera. Acomodaron los sacos entre colizas de pasto y bolsas de avena que expresamente llevaron para reducir el hedor y ocultar los bultos.

Al fondo del pique, El Siete Fachas y su acompañante, con ramas barrieron el piso de tierra húmeda para recolectar los últimos trozos de huesos que quedaron de la remoción  y borrar huellas. Después salieron. Lo mismo hicieron en la superficie para deshacer las señas de su presencia, donde además estaban las huellas de los tres vehículos en que llegaron. Habían trabajado tres días con sus noches.

Encendieron motores, que en el silencio de la noche rugieron como leones hambrientos. El convoy partió en dirección a una parcela de Malloco, localidad rural al sur-poniente de Santiago.

El 16 de octubre de 1975, un comando DINA tomó por asalto la parcela donde se refugiaba la dirección clandestina del MIR, luego del asesinato de su líder Miguel Enríquez un año antes. En el asalto murió el sociólogo Dagoberto Pérez y la empleada de la parcela Enriqueta Reyes. Nelson Gutiérrez huyó herido. Pascal Allende escapó ileso.

Pete y sus agentes pernoctaron ahí. Al arribar se encontraron con el mayor Heraclio Núñez Yáñez. Pantoja lo mandó a vigilar los cuerpos a bordo del camión para lo que ocurriría a la mañana siguiente.

Allí cenaron, comentaron los acontecimientos y se fueron a dormir extenuados. Desayunaron de madrugada y partieron con su carga en dirección a la localidad rural de Peldehue, al norte de Santiago. Allí el Ejército mantenía un campo de entrenamiento y un aeródromo. El viaje lo hicieron con maniobras de chequeo, desviando vehículos ajenos para confirmar que no eran seguidos.

En el aeródromo los esperaba el coronel Jerónimo Pantoja, que aún subrogaba al general Mena de vacaciones. El mayor Núñez dio cuenta a Luzberto de la llegada. Pete le hizo entrega del cargamento.

Minutos más tarde, al aeródromo llegó un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército. Cargaron los sacos y, como ocurrió con casi todos los que hoy son detenidos desaparecidos, los lanzaron al mar.

Sin haber estado en la Brigada Lautaro ni el Grupo Delfín, en el cuartel DINA de exterminio Simón Bolívar en la comuna de La Reina, Pete El Negro había razonado bien al borde del pique de la mina Los Bronces. Efectivamente, desde el cuartel Simón Bolívar los cuerpos habían sido arrojados allí en períodos y por equipos distintos. Así ocurrió. Los siguientes fueron los viajes con aquel destino… que no sería el final.

 

 Con el mapa hecho a mano que le entregó Pantoja, Pete fue a chequear el pique de la mina con un par de hombres. No le costó demasiado dar con el ingreso de la mina desierta. Entró por la galería hasta una bifurcación, dobló a la derecha y encontró el pique profundo. En el borde del ingreso del pique encontró restos de cal. Pete ingresó unos metros al pique diagonal para mirar. Alumbró con una linterna, vio ratones y murciélagos, y olfateó el inconfundible olor de la muerte putrefacta. Afinó la linterna y distinguió cráneos, manos y piernas descubiertas.

 

Golpes a la puerta

En el cuartel Simón Bolívar, El Viejo Valde se acercó a Fernando Ortiz y le preguntó por qué había caído. Este le contestó bajito y con voz entrecortada. Le dijo que ocurrió cuando se dirigía a hacer un punto con otro dirigente clandestino del Partido Comunista. Ortiz estaba sentado en una silla. No terminó de responderle y cayó hacia un lado muerto… muerto a palos. El Elefante y Mario Primero lo apalearon hasta morir. El Viejo Valde escuchó sus largos gritos desgarradores. A unos metros, los del Grupo Delfín torturaban a los comunistas Horacio Cepeda y Reinalda Pereira. Todos ya moribundos. La teniente Gladys Calderón los repasó a los tres con su jeringa mortal: pentotal o cianuro, daba lo mismo.

El Viejo Valde se fue a su casa a descansar de la jornada fatal. Al salir del cuartel, a un costado del galpón que servía de cancha de fútbol, divisó cuatro o cinco cuerpos envueltos. A las diez de la noche, Roque Almendras tocó a su puerta.

–Mi comandante quiere que le muestres a la gente de Delfín la ruta a la mina de Cuesta Barriga –le dijo Almendras, ayudante del jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado.

La Lautaro prestaba apoyo a Los Delfines. Héctor Valdebenito Araya, El Viejo Valde, suboficial de Carabineros y miembro de la Lautaro, tuvo miedo. Los Delfines del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y el paco Ricardo Lawrence Mires, eran de temer desde que llegaron de Villa Grimaldi a Simón Bolívar a mediados de 1976. Despiadados criminales.

Valdebenito y Almendras salieron de la casa para abordar el auto en que viajaba el segundo. Al pasar por el costado de los dos vehículos de los Delfines, desde el interior olieron la carne humana quemada con soplete para borrar huellas dactilares y señas de los rostros.

En esos dos vehículos iban los bultos que El Viejo Valde había divisado esa tarde al salir del cuartel. Iban custodiados entre otros por Juvenal Piña Garrido, El Elefante, y Eduardo Reyes Lagos, Mario Primero.

Sin contratiempos, El Viejo Valde cumplió la tarea encomendada por El Loco Morales, como algunos nombraban al jefe de la Lautaro. Alumbrados por los faroles de los tres vehículos, ingresaron a la mina con linternas y ubicaron la boca del pique. Sin mayores preámbulos lanzaron los cuerpos de Cepeda, Ortiz y Reinalda Pereira. La identidad del o los otros dos cuerpos, no fueron mencionadas en las declaraciones de Valdebenito en el proceso. Lo que sí recuerda, es que al menos viajó tres veces a la mina para tirar cuerpos.

El brazo del Chancho

La dueña de casa levantó el auricular y escuchó la conversación de su empleada. Hacía un tiempo la espiaba. La patrona supo así que su asesora iría a juntarse con su sobrino, un militante del MIR. Denunció la llamada y la información llegó al cuartel Simón Bolívar.

El Viejo Valde y el teniente de Ejército Hernán Sovino Maturana, salieron en un vehículo para detener al joven. Lo apresaron por la calle Antonio Varas en Providencia. Otros que apoyaban la detención subieron a la tía a un auto, pero la soltaron después de unas cuadras.

Sovino y el paco Valdebenito llegaron con el joven a Simón Bolívar y lo entregaron a Los Delfines. Los hombres de Barriga Muñoz y Lawrence lo dejaron moribundo… pero aún vivía. Morales llamó al Viejo Valde y le dio la misión:

–A la mina con él –le dijo, bajando el pulgar como un Nerón en el Coliseo.

El Viejo Valde juntó al equipo favorito de Morales: los comandos Infantes de Marina Bernardo Daza Navarro, Sergio Escalona Acuña y José Meza Serrano. Con Morales Salgado estos venían desde las Torres de San Borja, en el centro de Santiago, los primeros días del golpe, cuando cubrían la espalda de Manuel Contreras y su familia. La DINA ya estaba naciendo.

Partieron de día claro desde Simón Bolívar en dos vehículos. Antes de ingresar a la boca de la mina, El Chancho Daza quiso asfixiar al prisionero cortándole la respiración en el cuello. Ángel Guerrero Carrillo, el joven del MIR, reaccionó lanzando patadas a pesar de su estado. Entonces El Viejo Valde lo sujetó por los pies y los otros Infantes de Marina lo inmovilizaron de pie. Daza se le vino encima y le giró brutalmente el cuello. Lo desnucó.

No tuvieron el cuidado de envolver el cuerpo inerte y tibio, y lo tiraron al fondo del pique, más oscuro que la noche sin luna.

Del sarín al pique

Dos ciudadanos peruanos concurrieron al Ministerio de Defensa en 1976. Consultaron acerca de personas detenidas. Dijeron que venían de la embajada de Perú en Santiago. Las preguntas fueron consideradas sospechosas y la información llegó a Simón Bolívar.

En octubre de 1976, El Viejo Valde recibió la orden de detenerlos en sus domicilios y llevarlos al cuartel. Ya de noche, lo acompañaron El Chancho Daza y Sergio Escalona. Las detenciones ocurrieron por la Avenida Independencia en Recoleta y por calle Matucana, más al poniente de Santiago. Ambos eran jóvenes de entre 20 y 25 años.

Los peruanos no estaban implicados en nada, pero quedaron detenidos unos días.

Una mañana Simón Bolívar se conmocionó. Llegó el Jefe Mamo rodeado de otros oficiales externos al cuartel. De pronto apareció el personaje central de la historia que se desarrollaría en esos minutos, porque fue cosa de minutos.

El gringo Michael Townley llegó sonriente como niño con juguete nuevo. Con el proyecto Andrea y junto al químico Eugenio Berríos, habían desarrollado el mortal gas sarín. Lo hicieron en el laboratorio de Vía Naranja 4925 de Lo Curro, al oriente de la capital, una casa arrendada para ese fin por la DINA. El sarín es un agente nervioso altamente tóxico presentado como un líquido transparente e inodoro, de rápida gasificación.

Townley hizo la demostración a la concurrencia con los dos peruanos, mientras estos se encontraban de pie al aire libre con la vista vendada. Rápidamente el efecto rociado en la cara tiró al suelo a los dos prisioneros. Murieron por asfixia al paralizarse su musculatura respiratoria.

Pero El Gringo resultó alcanzado por el gas y la agente Gladys Calderón, conocida también como La Dama de la Jeringa, debió inyectarlo. Según todos los agentes que se han referido al episodio, le inyectó un antídoto. En todo caso, jamás se aclaró hasta hoy si efectivamente la DINA también había descubierto un antídoto para el sarín, o si a Townley le inyectaron otro medicamento. Junto al Chancho Daza y Escalona, esa misma noche El Viejo Valde salió de Simón Bolívar con los cuerpos de los dos peruanos ensacados rumbo al pique de Cuesta Barriga.

Sacos de cal

 Scapinni de la Brigada Lautaro lo recordaba bien. Por mucho tiempo el olor de la carne humana quemada le maltrató la memoria. Los tres cuerpos que fue a tirar al pique en 1976 desde Simón Bolívar, estaban recién quemados y el olor era penetrante. Junto a él fueron los agentes Manuel Montre Méndez, Jorge Arriagada Mora, Jorge Sagardía Monje y Elisa Magna.

Durante la operación del retiro de los cuerpos, Pete había detectado cal al borde de la boca del pique. Scapinni sostiene en el proceso que a la mina llevaron cal viva como se los ordenó el jefe de la Lautaro, Juan Morales Salgado. Camino a la mina, pasaron a comprar unos sacos a una ferretería. Con ello terminarían de quemar los cuerpos en una reacción química.

En la DINA, a Claudio Orellana de la Pinta le decían Scapinni por su segundo apellido, De la Pinta, asociándolo a la línea de trajes famosos Scapinni de la época. Pero también le decían Freddy Rojas Aguilera, su chapa.

Más paquetes

Pedro Bitterlich Jaramillo fue un Delfín en Simón Bolívar, suboficial de Ejército. Antes, al igual que todos, integró varios otros grupos y brigadas operativas. Pero los Delfines fueron selectos. No cualquiera llegaba allí. El requisito fundamental: intachable sangre fría y mente criminal de excelencia.

Recuerda que a Cuesta Barriga llevó cuatro paquetes, como se conocían los cuerpos de los prisioneros ensacados en el lenguaje DINA. Partieron muy de mañana desde Simón Bolívar, junto a Mario Primero, El Elefante y otro grupo de agentes. Esta vez concurrieron el primero y segundo de Los Delfines, Germán Barriga y el paco Lawrence.

Los viajes al pique llevando cuerpos fueron de día y de noche. Mónica Fritz lo hizo en la oscuridad. Esta vez fue un grupo numeroso de agentes, y ella recuerda sus nombres. Los mismos de siempre, pero en distintos viajes. Orfa Saavedra Vásquez, Mónica Fritz, su chapa en la DINA como empleada civil del Ejército, hizo el viaje junto a Sagardía, El Viejo Valde, Escalona, Elisa Magna, José Sarmiento Sotelo y Scapinni. Partieron en tres camionetas desde Simón Bolívar.

Linternas, cal, el olor lacerante de la carne humana quemada y el manto de la noche. Pero, sobre todo, el poder absoluto y toda la protección de la maquinaria del Estado y las Fuerzas Armadas como instituciones. Una de las mentiras más grandes de estas instituciones, mantenida hasta hoy, es que, bajo la tiranía, los organismos castrenses no fueron culpables de los crímenes en cuanto instituciones, sosteniendo que fueron solo algunos de sus integrantes actuando por la libre. Ello es como sostener que Santo Tomás de Aquino combatió junto a Fidel y el Che en la Sierra Maestra.

Mónica no recuerda en la investigación judicial cuántos paquetes llevaron, pero eran varios. Después, al regreso de la Cuesta, la rutina, que de noche encendía el deseo de una especie de festejo al calor del alcohol. En el domicilio de algún agente, o en algún local nocturno donde llegaban como Pedro por su casa.

El último vuelo

Por aquellos días, Simón Bolívar era una vorágine de terror y muerte. Entre el olor de la carne humana quemada, los asados de los agentes, los baños de sangre por las heridas a punta de corvo, los alaridos de la tortura y los emparedados, galletitas y café que El Mocito, Jorgelino Vergara, llevaba a los agentes al mismo lugar de las torturas mientras hacían un alto para comer.

Una tarde los visitó el gran jefe Manuel Contreras. El cuartel se revolucionó y la visita terminó en un cóctel por la noche, bien regado y comido. Cerquita no más estaban los prisioneros sufriendo.

La mina de Cuesta Barriga comenzó a ser utilizada como lugar de destino de los cuerpos a partir de la llegada de Los Delfines a Simón Bolívar, a mediados de 1976. Arribaban los expertos en el sufrimiento humano. Desde Villa Grimaldi se fueron con sillas, mesas, escritorios, estantes y el jefe de la Lautaro, Juan Morales, les buscó espacio. La orden del traslado vino directamente de Manuel Contreras, para concentrar en ese cuartel el combate y aniquilamiento de las direcciones clandestinas del Partido Comunista en 1976.

Los Delfines se tomaron Simón Bolívar, sometiendo a la Brigada Lautaro a sus órdenes. Pero Los Lautaro tampoco le hicieron asco a la sangre. Los Delfines comenzaron a adiestrar a la gente de Morales Salgado no solo con gimnasia para afinar su estado físico, sino también en clases para efectuar buenos allanamientos, seguimiento de personas, construcción de barretines para ocultar y descubrir documentación y armas cortas, y a buscar información en fuentes abiertas y cerradas. Ahí estaba la mano del jefe, capitán Germán Barriga, más que la del paco Lawrence.

Por aquel tiempo Don Jaime, el apodo del capitán Germán Barriga en la DINA, no se imaginaba que, siendo ya un coronel en retiro, su último vuelo no sería en un helicóptero lanzando cuerpos al fondo del océano como todos los que él preparó. Su último vuelo fue el que emprendió desde el piso 18 de un edificio en Las Condes el lunes 17 de enero de 2005, cuando se suicidó por el peso de su conciencia.

La tierra habló

El 26 de enero de 2001, el juez Héctor Carreño confirmó a la prensa el hallazgo de numerosas pequeñas piezas óseas al fondo del pique de la mina. Habían rastreado por quince días. La información provino de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos de 2000 bajo la sigla Coordenadas, para permitir ubicar los cuerpos de Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Fernando Ortiz Letelier y HECTOR VELIZ RAMIREZ. Todos militantes del Partido Comunista e integrantes de su segunda dirección clandestina, detenidos el 15 de diciembre de 1976 por la DINA.

La limpieza del Siete Fachas y su acompañante no resultó tan pulcra. Y como en muchos de los crímenes bajo el Terrorismo de Estado, después de años la tierra habló.

La identificación fue larga y difícil a partir de los pequeños restos encontrados. Pero finalmente, y hasta hoy, el Servicio Médico Legal con apoyo de laboratorios extranjeros, logró acreditar que los restos encontrados pertenecen solo a once personas:

Fernando Ortiz, Horacio Cepeda, Lincoyán Berríos, Héctor Soto Gálvez, Jorge Troncoso Aguirre y Ricardo Ramírez Herrera, de militancia comunista.

También acreditó las identidades de Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Jenny Barra Rosales y Hernán Pérez Álvarez, militantes del MIR.

Además se pudo establecer que las piezas óseas halladas pertenecen a Jacobo Stoulman Bortick y Matilde Pessa Mois, sin militancia.

Los casos de Ramírez Herrera, Stoulman y Pessa, están estrechamente vinculados al Plan Cóndor y al aparato financiero del PC en la clandestinidad. Ellos fueron arrestados en Buenos Aires en mayo de 1977 y traídos a Chile por agentes DINA.

Jenny Barra y Pérez Álvarez son arrestados el 17 y 19 de octubre de 1977, respectivamente, ya creada la CNI y disuelta la DINA. Sin embargo, sus cuerpos llegaron al pique. Esto hace presumir que, o fue uno de los primeros crímenes de la CNI utilizando los mismos métodos de la DINA, o esta siguió operando algunos meses después de su disolución.

Los perros

¿Cuántos fueron en realidad los cuerpos lanzados al fondo del pique desde el cuartel Simón Bolívar?

Pete cree que fueron más de veinte los que sacaron en unos cincuenta sacos, la mayoría desarmados en la brutalidad del despeje. Pero también pudieron ser perros que habrían ingresado al fondo del pique despedazando algunos de los cuerpos, como lo mencionan habitantes de unas parcelas cercanas a la zona, sosteniendo que los perros llegaban cerca de sus casas con trozos de cuerpos humanos en el hocico.

Aunque al final de la tercera noche, la limpieza rastrillo en el piso del pique por los hombres de Pete fue improvisada y solo a punta de ramas, igual habría logrado su objetivo. Porque si nos atenemos a lo que sostiene Sandoval Arancibia, este dice que fueron más de 20 cuerpos, algunos desarticulados, los que lograron extraer.    

Los cálculos de Pete no parecen abultados, si se considera la cantidad de ex agentes que han reconocido que fueron varias veces a dejar cuerpos desde Simón Bolívar al fondo del pique.

A pesar de las disputas de fechas en que se desarrolló este episodio de la llamada Operación Retiro de Televisores, Sandoval aporta un dato relevante en sus declaraciones judiciales: hacía poco se habían descubierto los restos de Lonquén… y ello ocurrió a comienzos de diciembre de 1978. Esto confirma que el retiro de los cuerpos ocurrió a comienzos de 1979.

Ex agentes consultados para esta crónica se abstuvieron de hablar. "Como están hoy las cosas en derechos humanos seríamos huevones si nos pusiéramos a hablar", coincidieron dos de ellos. No logré por ello conocer las identidades de quienes participaron en esta operación bajo el mando de Pete El Negro. En los procesos en que existen antecedentes sobre la operación Cuesta Barriga, esas identidades no figuran, salvo la de Sandoval Arancibia. Tampoco hay procesados por el delito de exhumación ilegal. Por ello es una historia no terminada. Sólo supe por boca de uno de ellos que el El Siete Fachas estuvo. Sin embargo, no logré hablar con él y por ello lo nombro solo por su apodo.

Una vez entregados los cuerpos en el aeródromo de Peldehue y subidos al Puma, Pete regresó a Cuesta Barriga con algunos de sus hombres. Antes de ascender los cerros, buscaron perros al borde de la carretera y les dispararon. Los echaron arriba de los vehículos y de regreso a la mina los lanzaron al fondo del pique. Como la CNI sabía que la información estaba en manos de organismos de derechos humanos, con ello buscaron despistar a eventuales buscadores posteriores que fueran a meter la nariz por esos lados.

–Si vienen a buscar, van a encontrar puros huesos de perros  –dijo Sandoval a los suyos y se fueron.

 

 

 

El ministro en visita Miguel Vásquez dictó una acusación en contra de 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la desaparición y muerte de la cúpula clandestina del Partido Comunista en 1976, en el caso conocido como "Calle Conferencia Dos".

Vásquez se prepara así para la última etapa del juicio en el antiguo procedimiento penal, para luego dictar sentencia en primera instancia en la investigación por la represión y exterminio de la segunda cúpula clandestina del PC. 

Según la indagatoria, a partir del 13 de diciembre de 1976 en distintos puntos de la capital -principalmente la zona oriente- los ex agentes detuvieron a Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez y Waldo Ulises Pizarro Molina, todos militantes comunistas.

 

Los dirigentes fueron trasladaron al cuartel secreto de calle Simón Bolívar número 8800 en la comuna de La Reina, donde fueron interrogados bajo brutales torturas y posteriormente hechos desaparecer.

La DINA contó con la Brigada Lautaro y las unidades Mehuín y Defín con el objetivo primordial de reprimir, detener y desarticular al PC, acción en la que varias mujeres partiparon de los apremios ilegítimos, como Gladys Calderón, apodada "doctora Hoffmann", quien ponía inyecciones letales a los detenidos.

También aparecen imputadas Adriana Rivas, Berta Jiménez y Celinda Aspe, supuestas secretarias del director de la DINA, Manuel Contreras, pero que tomaron parte "operativa" en la ejecución de los crímenes.

"Decisión histórica"

El juez Vásquez pidió ampliar la extradición de Adriana Rivas, actualmente en Australia.

El abogado querellante Eduardo Contreras afirmó que confía en que el país oceánico envíe a la represora a Chile para que enfrente la Justicia.

"Esta decisión del ministro Vásquez muestra cómo están actuando ahora los tribunales. En esta nueva situación nos parece que es una decisión histórica, puesto que Adriana Rivas -que participa en el exterminio de toda la dirigencia del Partido Comunista en el fatídico cuartel de Simón Bolívar- es una figura central, tanto por su propia responsabilidad como por la información que ella maneja", dijo Contreras.

"De acuerdo a la actual institucionalidad que une a los países de Chile y Australia, ésta esa una extradición perfectamente viable", manifestó el jurista.

En enero el juez Vásquez había pedido ya la extradición de Rivas por la desaparición del secretario general del PC, Víctor Diaz.

"Sigue el pacto de silencio"

Quien más relatos entregó en la causa sobre lo ocurrido en el cuartel Simón Bolívar fue Jorgelino Vergara Bravo, el llamado "mocito" de la DINA, quien asegura que a los detenidos se les ejecutaba, se les metía en sacos, a algunos se le ponían rieles para ser lanzados al mar, y otros eran hechos desaparecer en las minas de cal de Lonquén o la cuesta Barriga.

"El mocito" relata en la causa que Fernando Ortiz imploró que lo mataran, porque le habían quebrado sus piernas a palos.

Una de las víctimas de Calle Conferencia es Waldo Pizarro, padre de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. La mujer se muestra escéptica ante la posibilidad de justicia, sobre todo considerando los recientes beneficios conocidos de los condenados en el "caso Degollados".

"Hoy día la verdad todavía no sé exactamente qué pasó con él. Sé generalidades, porque el pacto de silencio sigue entre los uniformados, porque la Justicia 'en la medida de lo posible' sigue estando presente y porque tenemos un Estado que indulta o da beneficios carcelarios a los que cometieron tanta barbaridad (…) Ojalá nadie lo vuelva a vivir", dijo Pizarro.