Vargas Contreras Juan Alejandro

Rut :          Sin información
F.Nacim. :   31-01-50, 23 años de edad a la fecha de su detención
Domicilio :  Bombach N°2, Tomé, Concepción
E.Civil :      Soltero, 1 hijo
Actividad :  Egresado de Escuela Industrial
C.Repres. : Miembro de la Guardia Presidencial, GAP. Militante del Partido Socialista
F.Detenc. : 11 de septiembre de 1973  

SITUACION REPRESIVA

            Alejandro Vargas Contreras, padre de un hijo, militante del Partido Socialista, era miembro de la Guardia Presidencial, GAP, de Salvador Allende y en el cumplimiento de sus funciones cayó prisionero el 11 de septiembre de 1973. Fue conducido al Regimiento Tacna, donde permaneció hasta el 13 de septiembre del mismo año. Ese día, junto con otros prisioneros fue sacado del Regimiento en un camión militar y conducido a un destino desconocido. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

            Alejandro Vargas Contreras residía en la Casa Presidencial de Tomás Moro, donde cumplía sus funciones de miembro de la Guardia Presidencial, más conocidos por el calificativo dado por la prensa de la época de GAP -grupo de amigos personales- aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República. Era originario de Tomé y periódicamente viajaba a esa ciudad, donde residían sus padres, en cuya casa también vivía Merari Agurto, con quien tenía una hija nacida el 5 de septiembre de 1973, a la cual no alcanzó a conocer. Alejandro Vargas tenía planeado ir a su hogar el 11 de septiembre.

            Ese día, muy temprano en la mañana, junto con los otros miembros de la Guardia Presidencial se dirigió a La Moneda, acompañando al Presidente de la República. Allí permanecieron mientras se producía el ataque de las fuerzas de Infantería y tanques al mando del General Javier Palacios, a las que se sumaron más tarde efectivos de Carabineros, hasta que a las 11:00 horas aproximadamente, comenzó el bombardeo de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.

            Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por la puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda, allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

            Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera, fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estos heridos fueron detenidos y desaparecieron. Otros miembros del GAP que no alcanzaron a entrar en La Moneda y que fueron detenidos en sus proximidades fueron Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Barría, Domingo Blanco Tarrés y Carlos Cruz Zavala, entre otros.

            Varias personas murieron en el asedio a La Moneda o fueron ejecutadas una vez que se habían entregado como prisioneros.

            Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos a en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda. Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los oficiales ejecutarlos de inmediato. Permanentemente, los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con demás prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.

            Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar a los 17 detectives que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, asesor presidencial y Arsenio Poupin Ossiel, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

            Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

            Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

            El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

            Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, es quien ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su carácter de enfermera. A las 18:00 horas de 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.

            Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en el camión militar.

            Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.

            Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relata que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluídos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas para destrozar los cuerpos y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado también declara que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27. Este soldado agrega que el segundo día de su permanencia en Peldehue, un conscripto encontró, incrustado entre unos espinos, un trozo de carne que era fácilmente identificable como una oreja humana.

            El 13 de mayo de 1974, fue detenida en su domicilio la conviviente del afectado, señora Merari Agurto, quien fue procesada y condenada a dos años de presidio. Su hermano José Eduardo Vargas Contreras también fue procesado y condenado. Finalmente debió exiliarse en Estados Unidos.

            En varias oportunidades, Carabineros y detectives fueron a interrogar a los parientes del afectado, incluso parientes lejanos que vivían en la ciudad de San Rosendo debieron soportar estas visitas.

            La suerte final de Alejandro Vargas no ha podido ser averiguada. Esta matanza de prisioneros no ha sido jamás reconocida oficialmente, ni se han entregado los cadáveres y las personas mencionadas, entre ellos, Alejandro Vargas Contreras, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 6 de junio de 1975 se presentó un recurso de amparo en favor de Alejandro Vargas Contreras en la Corte de Apelaciones de Concepción. La Corte rechazó el recurso el mismo día porque de los antecedentes presentados no aparecía como detenido el afectado y encargó al Cuarto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía que instruyera el proceso que correspondiera.

            El 7 de junio de 1975 el Cuarto Juzgado del Crimen de Concepción abrió el proceso rol 7.828 por presunta desgracia de Juan Alejandro Vargas Contreras y se ordenó investigar.

            El Alcaide de la Penitenciaría de Santiago informó el 19 de junio de 1975 en oficio 567, dirigido al Tribunal, que previa revisión de los libros desde el 11 de septiembre de 1973, podía informar que la persona referida no había ingresado a esa Penitenciaría.

            El Parte 42, del 25 de julio de 1975, de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, contiene el informe de la investigación realizada, que resume el interrogatorio a la denunciante y señala que se efectuaron las investigaciones de rigor en hospitales, Instituto Médico Legal, presidios e incluso en la Tercera División del Ejército, sin obtener resultados positivos.

            Un segundo Parte de Investigaciones (el 3039) reitera los resultados negativos de sus consultas a SENDET (Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos) y a otros servicios.

            El 26 de septiembre de 1975 la jueza concluyó que los antecedentes reunidos no configuraban el delito denunciado y sobreseyó temporalmente la causa. El 14 de octubre de 1975, la Corte de Apelaciones aprobó este sobreseimiento.

            La causa se desarchivó el 21 de julio de 1989 y volvió a archivarse el 7 de junio de 1990 y este trámite se repitió el 30 de julio de 1990 y volvió a archivarse el 3 de octubre de 1990.

            El 29 de junio de 1990, María Angélica Vargas Contreras, hermana del afectado, presentó una denuncia por presunta desgracia ante el Quinto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, solicitando que la justicia le proporcione una respuesta, porque se ha llegado al absurdo de no saber si su hermano está vivo o muerto. La causa ingresó con el rol 132.153-7.

            El 27 de junio de 1991, la mencionada hermana solicitó transformar la acción de denuncia por otra de querella criminal, puesto que el afectado fue objeto de delitos claramente identificables como el secuestro, probable homicidio e inhumación ilegal, por parte de personas que pueden y deben ser identificadas. Finalmente esta causa se tramita bajo el rol N°126465-6 encontrándose a fines de 1992 en estado de sumario.

La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos

Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.

El ministro Juan Eduardo Fuentes encargado de investigar la remoción de cuerpos desde el Regimiento Peldehue en 1978 prescribió la acción judicial en contra de miembros en retiro del Ejército, por considerar que no están conectados con el delito principal de la causa, el secuestro permanente.

La decisión del juez se aplicó en el caso ocurrido en 1978 con los cuerpos de los ex asesores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Según informó radio Cooperativa, el dictamen deja sin efecto los procesamientos que pesaban sobre los suboficiales en retiro Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar, Isidro Custodio Durán Muñoz y el oficial retirado José Jaime Darrigrandi Marques.

El fallo sostiene que el hecho constituye una infracción al artículo 144 del Código Sanitario y no tiene el carácter de "crimen o delito de lesa humanidad".

Los procesamientos dejados sin efecto correspondían a la presunta remoción de los restos del ex gerente del Banco Central Jaime Barrios Meza, el intendente de Palacio Enrique Huerta Corvalán; el dirigente del PS Claudio Jimeno Grendi; el dirigente comunista Georges Klein Pipper; el ex subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin Oissel y del ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior Daniel Escobar Cruz.

A ellos se suman, de Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares y Juan Vargas Contreras, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente y militantes del Partido Socialista.

El comandante del Regimiento Tacna en 1973 está procesado en Chile por los secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

La Corte Suprema amplió la solicitud de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna en 1973, quien se encuentra detenido en Buenos Aires.

Ramírez Pineda está procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la solicitud planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de 9 víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

Los antecedentes de la ampliación de la solicitud de extradición ya fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los remita a Argentina a su tramitación en ese país.

La confirmación de identidades la hizo la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal con apoyo de un laboratorio genético austríaco. Ellos sufrieron una doble muerte: las balas de la metralla y el desentierro para desaparecer en el mar.
Fueron identificados 11 asesores de Salvador Allende asesinados en Peldehue: Las otras huellas de La Moneda
 

El 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y alrededores fueron arrestados cerca de 40 personas, la mayoría de ellos asesores y GAP de Allende.
Los restos de 11 detenidos desaparecidos arrestados el día del golpe militar en el Palacio de La Moneda, fueron definitivamente identificados por el Servicio Médico Legal con la colaboración del laboratorio de genética de Innsbruck en Austria.
 

La información fue entregada ayer a los familiares por el director del SML, doctor Patricio Bustos, quien previamente había entregado los informes al juez Juan Fuentes Belmar que instruye la causa por los desaparecidos de La Moneda.
 

Las identidades corresponden a Enrique Paris Roa, 40 años al momento de su detención; Héctor Pincheira Núñez, (28); Óscar Lagos Ríos (21); Julio Moreno Pulgar (24), Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Juan Vargas Contreras (23), Óscar Avilés Jofré (28), Jaime Sotelo Ojeda (33), Manuel Castro Zamorano (23) y Luis Rodríguez Riquelme.
 

De esta lista, Paris y Pincheira eran asesores del Presidente Salvador Allende y el resto eran integrantes de la seguridad personal (GAP) del Mandatario. Las identidades de Lagos, Moreno, Tapia y Vargas, aparecieron como “lanzados al mar” en el informe sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos que entregó el Ejército en enero de 2001, luego de la mesa de diálogo de derechos humanos realizada en 2000.
“A pesar del paso del tiempo, de las limitaciones tecnológicas y de los obstáculos que pusieron los ejecutores de estos hechos, hemos logrado con el equipo multidisciplinario de la Unidad de Derechos Humanos de nuestro servicio, avanzar en el proceso de identificación de víctimas de la dictadura con metodología muy acuciosa en el área de la Arqueología, la Antropología, como también de los laboratorios extranjeros acreditados para la extracción de ADN, obteniendo resultados positivos”, dijo el doctor Patricio Bustos.
 

El 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y alrededores fueron arrestados cerca de 40 personas, la mayoría de ellos asesores y GAP de Allende. Los detenidos fueron llevados al regimiento Tacna y dos días después sacaron a unos 20 de ellos en dos camiones, los condujeron al campo de entrenamiento de Peldehue, al norte de Santiago, y los mataron disparándoles con ametralladora. Comandante del Tacna era entonces el coronel Joaquín Ramírez Pineda.
 

Quienes recibieron a los detenidos en Peldehue para supervisar que efectivamente los eliminaran, fueron el mayor Pedro Espinoza Bravo, quien después integró la Caravana de la Muerte y la DINA, y el teniente Julio Vandorsee Cerda.
El entonces subteniente del Tacna Jorge Iván Herrera López manejó la ametralladora matándolos de a uno en uno, como lo contó a La Nación Domingo en diciembre de 2002. Los cuerpos fueron arrojados a un pozo seco de unos 10 metros de profundidad que luego dinamitaron para cubrir los cadáveres.
 

EL DESENTIERRO
Cerca de la Navidad de 1978, un destacamento del Tacna que ahora comandaba el coronel Hernán Canales Varas, ubicó el pozo y desenterró los cuerpos para ensacarlos y lanzarlos al mar a bordo de un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, entonces a cargo del coronel Fernando Darrigrandi Márquez.

El desentierro formó parte de la llamada Operación Retiro de Televisores que se desarrolló por todo el país para desenterrar los cuerpos de los prisioneros asesinados sepultados en fosas clandestinas, y lanzarlos al mar o incinerarlos como ocurrió en algunos regimientos del sur. La orden la impartió el dictador Augusto Pinochet a través de un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército enviada a todos los regimientos del país a fines de 1978.
 

En el verano de 2001, la jueza Amanda Valdovinos inspeccionó el lugar en Peldehue y halló el pozo desde donde desenterraron los cuerpos. Desde allí se extrajeron cerca de 500 piezas óseas que quedaron del desentierro realizado con una retroexcavadora.
La información había sido aportada bajo reserva de identidad en la referida mesa de diálogo, sin embargo no correspondió al sitio donde finalmente se encontraron los restos.
 

Por el desentierro fueron condenados nueve oficiales y suboficiales (R) sólo a 270 días de prisión cada uno, con libertad vigilada.
El proceso por los crímenes de los desaparecidos de La Moneda sigue abierto y por el están procesados, entre otros, el mismo Pedro Espinoza, Ramírez Pineda, Jorge Iván Herrera, el general (R) Herman Brady, quien era el comandante de la Guarnición Militar de Santiago, y un grupo de suboficiales ya retirados que participaron en el traslado de los prisioneros a Peldehue y que luego también formaron parte del equipo que desenterró los cuerpos. Algunos de ellos son Eliseo Cornejo, Bernardo Soto, Teobaldo Mendoza y Juan Riquelme Silva.

El día más negro de la historia de Chile amaneció nublado, la cercana primavera aterrada ante el horror que se avecinaba decidió negarnos el primer calor. A las 6 de la mañana Salvador Allende, el Compañero Presidente, recibió las primeras informaciones del golpe de Estado en ciernes y dio orden a la escolta, al GAP, para salir de la residencia de calle Tomás Moro hacia el palacio de La Moneda. Un contingente del GAP -Grupo de Amigos Personales- quedó a cargo de la seguridad de la residencia, y el resto se puso en marcha armados de unos fusiles Kalashnikov.

Entre los GAP que salieron junto al Compañero Presidente iban tres muy jóvenes: Juan Alejandro Vargas Contreras, de 23 años, estudiante. Julio Hernán Moreno Pulgar, de 24 años, estudiante y funcionario del palacio presidencial. Y Óscar Reinaldo Lagos Ríos, de 21 años, estudiante y obrero en una agro industria. Los tres eran militantes de la Federación Juvenil Socialista. Y a cuarenta años del golpe de Estado que terminó con el más hermoso sueño colectivo quiero hablar de uno de ellos, de Óscar, un joven chileno valiente y generoso.

Óscar era menor que yo, dos años nos separaban, para dada la intensidad demostrada en todo lo que hacíamos por la Revolución Chilena, la entrega total y el vigor con que enfrentábamos las mil tareas del Gobierno Popular, esos apenas dos años de diferencia de edad me conferían veteranía.
Yo también tuve el honor –el mayor honor que he recibido en mi vida- de integrar el GAP y, tras cuatro meses como escolta del Compañero Presidente, fui llamado a responsabilidades mayores. Así, a los 22 años me vi convertido en interventor estatal de una agro industria en el sur de Santiago. Ahí conocí a un joven socialista llamado Óscar Lagos Ríos, que combinaba su trabajo de mecánico de la agro industria con sus estudios en una escuela industrial y la militancia socialista. Óscar amaba los tornos y las fresadoras. En sus planes estaba ser un buen tornero, un obrero especializado. Desde el primer momento se convirtió en mi mano derecha, y en varias ocasiones repelimos a tiros los ataques del grupo fascista patria y libertad, que pretendía asesinar a los dirigentes sindicales e incendiar nuestro lugar de trabajo.

Óscar solía dar breves paseos con mi hijo Carlos Lenín, que apenas empezaba a caminar, cada dos o tres día se llevaba un libro, una novela, un volumen de poesía, algún ensayo socio político. Una tarde mientras cumplíamos con nuestro turno de guardia en la industria lo vi leer y llorar sin ocultar las lágrimas. Leía “La Sangre y la Esperanza” de un escritor chileno y olvidado; Nicomedes Guzmán. De pronto cerró el libro, se secó las lágrimas y exclamó: “compañero, ahora sí que tengo claro por qué hacemos esta revolución”.

Óscar siempre destacó como trabajador, por su humor expresado en las canciones de Los Iracundos que cantaba mientras reparaba máquinas, por su ejemplar solidaridad que le hacía ser el último a la hora de comprar los alimentos que gestionábamos y que la burguesía acaparaba para crear desabastecimiento, y también destacaba como militante certero en el análisis, capaz de convencer con argumentos más certeros todavía. Y como el GAP estaba integrado por los mejores militantes, un día hablé de él recomendándolo, y recibí la orden de instruirlo. Así, Óscar aprendió a usar un arma, a limpiarla, recibió nociones de defensa personal y técnicas de seguridad. Cuando se incorporó al GAP, al mayor honor para los militantes, lo festejamos en su casa, con su familia humilde y generosa.

Dejamos de vernos pues las múltiples tareas de la Revolución Chilena nos mantenían a todos ocupados y al día siempre le faltaban horas, dormíamos poco, pero no perdíamos de vista la importancia de lo que hacíamos. No teníamos derecho a la fatiga ni al desánimo. Estábamos construyendo un país justo, fraterno, solidario, y a la chilena, respetando todas las libertades y derechos. Y además teníamos un líder cuya estatura moral era el ejemplo que seguíamos.

Cierto día encontré a Óscar en El Cañaveral, una residencia campestre en los faldeos de la cordillera de Los Andes donde el Compañero Presidente solía descansar. Junto a otros dos GAP custodiaba el ala norte del lugar. Nos abrazamos, y cuando le pregunté por su “chapa” por su nombre de combate –yo era y sigo siendo “Iván” para los GAP sobrevivientes, respondió “Johny, esa es mi chapa, soy el Johny, y no elegí yo el nombre; me lo puso el Doctor Allende un día que me escuchó cantar”.

Aquel 11 de septiembre de 1973 poco antes de las siete de la mañana Salvador Allende y su escolta de trece miembros del Gap entraron a La Moneda. Otros tres GAP ya estaban en sus puestos de combate y esperaban las órdenes del Compañero Presidente. El golpe fascista estaba en marcha, tropas y tanques empezaron el cerco a La Moneda, los defensores y los golpistas cruzaron los primeros disparos, la fuerza aérea bombardeaba las antenas de las radios hasta que no quedó más que una, la de radio Magallanes y gracia a esa emisora escuchamos y escucharemos las últimas palabra del Compañero Presidente, ese “metal sereno de mi voz”.

Con La Moneda sitiada Allende dispuso que saliera todo el que quisiera hacerlo, él permanecería como un baluarte de la constitución y la legalidad democrática. Entre la balacera y los proyectiles explosivos disparados por la artillería, un puñado de detectives socialistas decidieron permanecer, y los GAP dijeron rotundamente que la guardia no se rendía ni abandonaba al Compañero Presidente. Entre Allende, los detectives leales, el médico del presidente, el periodista Augusto Olivares y los dieciséis GAP no sumaban más de treinta personas y se enfrentaron a miles de soldados golpistas. Y como lo ha referido “Eladio” uno de los GAP sobrevivientes, Allende encabezó la resistencia a los golpistas.
Casi al mediodía la fuerza aérea bombardeó La Moneda, el edificio empezó a arder y el GAP seguía resistiendo. Una imagen se quedó grabada para siempre, la del GAP Antonio Aguirre Vásquez, un patagón heroico que disparó desde el balcón principal con su ametralladora punto 30 hasta que las bombas borraron todo el frontis de La Moneda. El símbolo de la democracia chilena, la llamada casa de Toesca ardía, Allende había muerto, y Óscar Lagos Ríos, el Johny había recibido dos disparos pero estaba vivo.

A las dos de la tarde, ya sin parque, agotadas las municiones, los sobrevivientes de aquel puñado de detectives y del GAP salieron de los escombros y fueron de inmediato subidos a un camión militar con rumbo desconocido. Los detectives consiguieron salvar sus vidas, pasaron por las atroces torturas, pero sobrevivieron. Trece de los dieciséis GAP desaparecieron.

Pero en Chile la tierra habla y así, se descubrió una sepultura clandestina en cuartel militar abandonado, el Fuerte Arteaga, y en esa tumba había más de cuatrocientos trozos de huesos humanos, algunos no medían más que centímetros, y esos minúsculos huesos contaron que los trece GAP habían sido torturados, mutilados, asesinados por la soldadesca en una orgía de sangre que duró varios días, y en la que participaron todos los oficiales y soldados del regimiento Tacna. Luego fueron enterrados en el mismo regimiento y, cuando testigos de lo que había ocurrido aseguraron que podían indicar el lugar donde ocultaron los restos de los heroicos combatientes de La Moneda, los sacaron de ahí, los llevaron hasta el fuerte Artega, los arrojaron a un agujero de diez metros de profundidad, enseguida los dinamitaron y cubrieron de tierra.
Es imposible silenciar la voz de los combatientes, y sus huesos, minúsculos, dijeron sus nombres , dijeron. Yo soy lo que queda de Óscar Reinaldo Lagos Ríos, 21 años, nombre político Johny, GAP y asesinado el 13 de Septiembre de 1973.

Una mañana de 2010 una caravana de tres vehículos funerarios pasó frente al Palacio de La Moneda. Iban escoltados por hombres y mujeres mayores de sesenta años que lucían con orgullo una cinta roja con la sigla GAP en el brazo izquierdo. Escoltábamos a Juan Alejandro Vargas Contreras, de 23 años, a Julio Hernán Moreno Pulgar, de 24 años , y a Óscar, el Johny que cogió su fusil cuando había que hacerlo.
Nuestros camaradas reposan en el mausoleo de los héroes, junto a la tumba del Compañero Presidente. El GAP no se rinde.

Honor y Gloria a los combatientes de La Moneda.

¡Vivan los Compañeros!

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a seis ex integrantes del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y de homicidio calificado de 23 personas detenidas al interior del Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Las víctimas eran colaboradores del presidente Salvador Allende y fueron apresados cuando las tropas del Ejército invadieron la casa presidencial luego del bombardeo aéreo.

En la oportunidad fueron detenidas alrededor de 50 personas entre asesores del presidente Allende, detectives de la escolta oficial y miembros del GAP (Grupo de Amigos Personales). El resto de personal que trabajaba en La Moneda había hecho abandono del palacio por orden expresa del presidente Allende que les obligó a salir de allí para salvar sus vidas.

Los detenidos fueron conducidos al Regimiento Tacna de la capital, lugar donde fueron sometidos a torturas e interrogatorios por parte de efectivos militares, tanto oficiales como clase pertenecientes al llamado departamento de inteligencia, los que actuaban bajo las órdenes del entonces comandante de unidad Luis Ramírez Pineda (ya fallecido).

Dos días después, el 13 de septiembre, las 23 víctimas fueron separadas del resto, amarradas con alambres, subidas en camiones del regimiento y trasladadas a dependencias del Ejército en Peldehue. En ese lugar fueron ejecutados por los mismos cancerberos del Tacna, los asesores presidenciales Jaime Antonio Barrios Meza, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, y los miembros del GAP "scar Luis Avilés Jofré, Manuel Ramón Castro Zamorano, "scar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Julio Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina y Juan Alejandro Vargas Contreras.

A ellos se agregan las desapariciones de los asesores Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y los miembros del GAP Sergio Contreras Contreras, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y "scar Enrique Valladares Caroca.

En la sentencia (rol 3.452-2018) la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras María Soledad Melo Labra, Gloria Solís Romero e Inelie Durán Madina- en fallo dividido, confirmó la condena de 20 años de presidio a Pedro Octavio Espinoza Bravo, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de las 15 víctimas señaladas.

Mientras que los ex oficiales Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López fueron condenados a purgar 9 años de presidio; y los ex militares de tropa Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo y Jorge Ismael Gamboa Álvarez,  condenados a 7 años de presidio, todos como coautores de los delitos de homicidio calificado de las 15 víctimas.

Además, en el caso de Servando Elías Maureira Roa y  Jorge Iván Herrera López, se ratifica la condena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado de los asesores presidenciales Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y de los miembros del GAP Sergio Contreras Contreras, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y "scar Enrique Valladares Caroca, quienes permanecen en condición de detenidos desaparecidos hasta la fecha.

En mayo de 2018, el ministro Miguel Vásquez Plaza había dictado sentencia de primer grado, aplicando estas penas que ahora son ratificadas por la Corte. Otros inculpados fallecieron en el curso del proceso.  La Segunda Sala del tribunal de alzada capitalino hace mención al carácter de delitos de lesa humanidad los que trata este episodio.

Al respecto señala: "Que, por otro lado, como acertadamente lo señala el juzgador, se trata de un crimen de lesa humanidad, toda vez que los secuestros calificados -denominadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como "desapariciones forzadas"- y el homicidio calificado, forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por profesionales que trabajaban en el Palacio de La Moneda en calidad de asesores del cesado Presidente Salvador Allende Gossens, condición que tenían a esa época las víctimas; por otro lado, es requisito común para concebir el delito como de lesa humanidad que los autores o cómplices sean agentes del Estado, calidad que a esa época ostentaban los acusados.Entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias, las desapariciones forzadas, y los homicidio, como en el caso de autos, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos", concluye.