Valenzuela Valenzuela Jorge Orlando

Jorge Orlando VALENZUELA VALENZUELA

El día 8 de octubre de 1973, fueron detenidos en el Asentamiento Campo Lindo:

– Ramón Alfredo CAPETILLO MORA, 25 años, casado, obrero agrícola, sin militancia política; y

– Jorge Orlando VALENZUELA VALENZUELA, 30 años, soltero, obrero agrícola, sin militancia política.

Cerca de la medianoche de ese día llegaron al hogar de los Capetillo, en donde se alojaba Jorge Valenzuela, un grupo de Carabineros armados, quienes después de abrir la puerta de un golpe, procedieron a su detención, subiéndolos a vehículos de civiles que esperaban fuera de la casa.

Al día siguiente la familia se presentó a la Sub Comisaría de Paine donde se reconoció la detención, pidiendo que se llevaran alimentos y ropa. En la tarde de ese mismo día se informó allí que los detenidos había sido trasladados al Regimiento de Infantería de San Bernardo.

Considerando que Ramón Capetillo y Jorge Valenzuela, fueron detenidos por agentes del estado, con la colaboración de civiles, cabe concluir que la responsabilidad de su desaparición corresponde a agentes del Estado, produciéndose así la violación de sus derechos humanos; en consideración a que sus arrestos se encuentran suficientemente acreditados y que toda noticia sobre elos se pierde mientras se hallaban recluídos.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación en tres investigaciones que sustancia por delitos de secuestro calificado y homicidio, ilícitos perpetrados por agentes del Estado entre septiembre y octubre de 1973, en la comuna de Paine.

En el primer caso (causa rol 04-02 F «Paine – Canal Viluco), la ministra Cifuentes presentó acusación en contra de Nelson Iván Bravo Espinoza y José Osvaldo Retamal Burgos como autores de los delitos de secuestro calificado y homicidio del tornero José Gumercindo González Sepúlveda.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita logró establecer que «el día 10 de octubre de 1973, en horas de la tarde, en circunstancias que José Gumercindo González Sepúlveda se encontraba trabajando en su oficio de tornero en la Maestranza de la familia Pereira, ubicada en la comuna de Paine, fue detenido sin derecho por funcionarios de carabineros de la dotación de la Subcomisaria de dicha localidad, unidad policial a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, entre los que se encontraba el cabo José Osvaldo Retamal Burgos. Acto seguido, González Sepúlveda fue conducido a la mencionada Subcomisaria, encontrándose posteriormente su cadáver en el canal Viluco, al interior de la Viña Carmen, en Linderos, constatándose que su muerte se produjo a raíz de una herida craneoencefálica por bala».

En la segunda resolución (causa rol 04-02 E «Paine – Panadería El Sol»), la ministra encausó como autores del delito de secuestro calificado de Pedro León Vargas Barrientos a Nelson Iván Bravo Espinoza y José Osvaldo Retamal Burgos.

En la investigación, la ministra en visita dio por establecido que el «13 de septiembre de 1973, en circunstancias que Pedro León Vargas Barrientos se encontraba en la panadería El Sol de la comuna de Paine, fue detenido, sin derecho, por funcionarios de la Subcomisaria de dicha localidad, unidad policial a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, entre los que se encontraba el cabo José Osvaldo Retamal Burgos. Acto seguido, Vargas Barrientos fue trasladado a la mencionada Subcomisaria, en una camioneta conducida por Claudio Oregón Tudela, actualmente fallecido, lugar en que se le mantuvo encerrado y fue visto por última vez con vida, desconociéndose hasta la fecha noticias sobre su paradero».

En el tercer caso (causa rol 04-02 H «Paine – Campo Lindo»), la ministra Cifuentes responsabilizó como autor del delito de secuestro calificado de Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela a Nelson Iván Bravo Espinoza.

Causa en la que se dio por establecido que el «8 de octubre de 1973, funcionarios de Carabineros de la Subcomisaria de Paine, unidad policial que, a la fecha, se encontraba a cargo del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, detuvieron, sin derecho, a Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela en circunstancias que se encontraba pernoctando al interior del asentamiento Campo Lindo de la comuna de Paine, desconociéndose hasta la fecha su paradero».

Yo me llamo Juana Mora Díaz, era la pareja de Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela, detenido el 8 de octubre de 1973 en Campo Lindo. Yo tenía cerca de 26 años, él tenía 30 y nos íbamos a casar. Tuve dos hermanos, Guadalupe, la Lupe, y mi hermano Ramón Capetillo 2 . Con Jorge nos conocimos en Campo Lindo porque era amigo de Ramón, jugaban juntos a la pelota, era soltero y no tenía hijos. Llevábamos pololeando un mes cuando quedé embarazada de mi hijo Jorge que ahora tiene 44 años. Ya tenía un hijo, Juan Carlos, y después tuve tres más: Rosa, Luis y Alejandro. Hoy tengo seis nietos, de los cuales dos son hijos de Jorge.Con Jorge habíamos sacado la hora para casarnos en noviembre del ’73, un mes después que lo detuvieran. Él ya había buscado una casa y me decía: “Cuando nos casemos, vamos a vivir en una casa, vamos a comprar cosas”. Jorge era tranquilo, lo único que le gustaba era fumar. Era igual de tranquilo que mi hermano Ramón que tenía 25 años cuando se lo llevaron. Él no tomaba, solo fumaba como chimenea y a los dos le gustaba jugar al fútbol. El día domingo almorzaban y partían a la cancha de 24 de abril 3 . A mi hermano se lo llevaron detenido de la casa. Recuerdo que era como las once de la noche cuando llegaron dos carabineros y cuatro civiles, y nos sacaron de la cama. Uno de ellos era el paco Reyes y el otro era el sargento Bravo4, los que abrieron la puerta y entraron diciendo: “Te vinimos a buscar Capetillo, así que vístete, y nos vamos”. Ramón se vistió y se despidió de nosotros. Preguntamos para dónde se lo llevaban, y nos dijeron: “Lo vamos a llevar al retén, mañana lo van a ver”. También, nos pidieron que no saliéramos “Porque andan los milicos por fuera y les pueden pasar algo a ustedes. Ellos llegan y disparan no más. Así que quédense tranquilitas que nada les va a pasar”. Nosotros no hicimos nada, ni una cosa, solo llorar y llorar. Además, en ese tiempo había toque de queda, así que no se podía salir a ninguna parte. Al otro día con Eliana Videla, la esposa de Ramón, nos fuimos caminando donde alojaba Jorge porque no era lejos, nos fuimos campo dentro hasta el establo en Campo Lindo, cerca de Buin. Yo tenía siete meses de embarazo, y también iba Julio, el menor de los hijos de Ramón. Íbamos para avisarle que se habían llevado detenido a Ramón y para que nos acompañara al retén de Paine y así saber de él. Entramos al lugar donde dormía Jorge y sus cosas estaban encima de la cama. La cama estaba desarmada, su carnet de identidad, el reloj y los documentos estaban en el velador. Vimos que no estaba, que estaba su ropa, pero en ese ese momento no pensamos que se podían haber llevado a Jorge también. Fueron los vecinos quienes nos contaron que a Jorge lo habían sacado a puros palos, en calzoncillos y un chaleco como a eso de las once de la noche, es decir, más o menos a la misma hora que a Ramón. Tal vez primero se llevaron a mi hermano y luego pasaron a buscar a Jorge. La vecina contó que él gritaba porque le pegaban con la metralleta o no sé bien con qué le pegarían….

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La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema condenó al ex jefe de la Comisaría de Paine, Nelson Iván Bravo Espinoza, a un total de 37 años de presidio por delitos cometidos contra siete vecinos e Paine, en 1973.

Bravo Espinoza, ex capitán de Carabineros de Paine, fue condenado a 6 años de cárcel como autor de los secuestros calificados del estudiante Pedro Vargas Barrientos, hecho ocurrido el 13 de septiembre de 1973; y de los hermanos Fernando y Juan Humberto Albornoz Prado, el 15 de septiembre del mismo año en el Asentamiento La Esmeralda de Hualquén, y de Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela, el 8 de octubre de 1973. Todas estas víctimas se encuentran, a la fecha, en calidad de detenidas desaparecidas.

El máximo tribunal, también condenó a Bravo a 5 años de cárcel como cómplice de homicidio calificado del estudiante Gustavo Hernán Martínez Vera, el 6 de octubre de 1973; del mecánico tornero José González Sepúlveda, hecho ocurrido entre el 11 y 15 de octubre de 1973, y de Luis Alberto Díaz Manríquez, quienes fueron ejecutados en la Escuela de Infantería de San Bernardo, ubicada en el Cerro Chena.

Se trata de solo una parte de un total de 70 víctimas que dejó la dictadura militar en la localidad de Paine, a partir del 11 de septiembre de 1973.

Para el abogado querellante, Nelson Caucoto “estas sentencias viene a poner punto final a una lucha que duró 46 años, lo que nos parece un exceso, pero que, sin embargo, hace algo de justicia. El tiempo ha hecho su tarea y otros imputados en la causa fallecieron en el transcurso de la investigación. Queda pendiente aún una enorme cantidad de víctimas de Paine, quienes también esperan culminar exitosamente sus procesos”.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó al oficial de carabineros en retiro Nelson Iván Bravo Espinoza a la pena de seis años de presidio como responsable del secuestro calificado de Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela, cometido a partir del día 8 de octubre de 1973, en el asentamiento Campo Linda de la comuna de Paine.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar la suma total de $ 180.000.000 (mil ochocientos cuarenta millones de pesos) a los familiares de las víctimas, según la distribución de montos que se explicitan en el fallo.

La investigación de la magistrada estableció que:

1° Que el día 8 de octubre de 1973, en horas de la noche, funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de Paine se presentaron en el asentamiento «Campo Lindo» de la comuna de Paine y detuvieron, sin derecho, al obrero agrícola Jorge Orlando Valenzuela Valenzuela, desconociéndose desde entonces su paradero, ya que no fue puesto a disposición de la autoridad administrativa o judicial correspondiente y se ignora si fue ejecutado y, en tal caso, de qué forma, en qué fecha y el lugar en que fueron inhumados sus restos.

2° Que, en esa fecha, la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba bajo el mando del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza.

Fueron los dueños de latifundio y de camiones quienes participaron junto a los agentes de Estado en las torturas, ejecución y desaparición de los 70 habitantes de Paine, en su mayoría campesinos, durante la dictadura militar. La justicia ha procesado a seis de ellos y uno quedó imputado por los crímenes de lesa humanidad, Francisco Luzoro Montenegro. Sin embargo, el clan Kast, quien ha participado según testigos, ha quedado impune.

El 2017, la Corte Suprema ratificó el fallo contra el primer civil condenado por crímenes de lesa humanidad: Francisco Luzoro, por el asesinato de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres. La condena fue por 20 años y un día. Sin embargo, el criminal solicitó la libertad provisional bajo fianza en favor del procesado, bajo el argumento de "no ser un peligro para la seguridad de la sociedad", manteniendo para el procesado la obligación de firma en dependencias del tribunal.

Francisco Luzoro fue el dirigente dueño de camiones de Paine, quien actuó como cabecilla de varios civiles que facilitaron vehículos y logística para las labores represivas de carabineros y militares y participaron en ejecuciones de al menos setenta campesinos y obreros agrícolas de Paine, localidad ubicada 46 kilómetros al suroeste de Santiago, en la actual provincia del Maipo.

También hubo otros cinco civiles procesados, como Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

El 2017 también se procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

El clan Kast y su impunidad

Las denuncias contra la familia del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast volvieron tras conocerse el fallo de la Corte Suprema por el caso de "Paine Centro", el cual involucra la ejecución y desaparición de 38 habitantes. En el fallo se condenó a 11 ex uniformados del Ejército y Carabineros.

En el programa Sin Filtros, Dauno Tótoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR) emplazó a Teresa Marinovic, convencional del Partido Republicano por la complicidad de la familia Kast en la ejecución y desaparición de 70 personas, todos hombres y en su mayoría trabajadores agrícolas. Durante la discusión, Tótoro invitó a Marinovic a leer el libro A la sombra de los cuervos (Ceibo Ediciones, 2015) del periodista Javier Rebolledo, en donde se aborda el rol de los cómplices civiles de la dictadura civil-militar.

La familia Kast tiene renombre en la derecha, Miguel Kast, hermano de José Antonio Kast, famoso operador de la derecha, uno de los pilares fundantes de la UDI, arquitecto en los cambios del Estado (ODEPLAN) durante los 80 para ajustarlo al nuevo sistema económico neoliberal que se quería implementar en ese momento, sino además con vínculos con la misma DINA, como revela el libro A la Sombra de los Cuervos, el periodista Javier Rebolledo.

Voces contra la Reforma Agraria

En el Golpe de Estado, Miguel Kast hizo una buena relación con Jaime Guzmán y también fundador UDI. Antes, en los años 70, mientras que en distintas localidades como en Paine, la Reforma Agraria comenzaba a levantarse desde organismos campesinos y sindicatos de obreros agrícolas, en ese periodo la familia Kast habría facilitado los camiones e inclusive sindicado a algunos de los que fueron luego asesinados.

Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria y hermano de José Antonio, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos.

Francisco Luzoro, reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”. La familia Kast tenía relación con préstamos y traslados que unía a los militares y Carabineros con las detenciones.