Ulloa Pino Víctor Adolfo

Rut       : Sin información

F.Nacim. : 03-03-57, 16 años a la fecha de la detención

Domicilio : Caupolicán 1182, Temuco

E.Civil  : Soltero

Actividad : Estudiante de 2° Año de Enseñanza Media del Liceo de Hombres N°1 de Temuco

C.Repres. : Sin información

F.Detenc. : 18 de septiembre de 1973

 

 SITUACION REPRESIVA

            Los hermanos Juan Eladio y Víctor Adolfo Ulloa Pino, este último de 16 años de edad, fueron detenidos el 18 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 10:30 horas en la casa ubicada en calle Valdivia N°521 de la ciudad de Los Angeles, lugar donde Juan Ulloa era pensionista.

            Ambos hermanos, acompañados de la cónyuge de Juan, Elena Jensen Cortés, concurrieron a la pensión con el fin de recuperar ropa y otros objetos personales ya que hacía unos días que la casa había sido cerrada por su dueña. Al llegar a la vivienda, vieron que sus puertas estaban abiertas y entraron; a los pocos momentos ingresó una patrulla de Carabineros al mando del Sargento Venegas y el Cabo Sergio Daguiere quienes procedieron a detenerlos junto con otras dos personas que también se encontraban en la casa: Ivette Alvarez Moscoso, pensionista y un señor de apellido Segovia, amigo de Ivette.

            Los cinco detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Los Angeles, interrogados allí por el Capitán Fabres y enviados el mismo día al Regimiento, ya que, según fueron informados, no había cargos en su contra y sólo irían para un chequeo y saldrían en libertad.

            Fueron conducidos al Regimiento, ingresando aproximadamente a las 14:00 horas del día 18 de septiembre y entregados por el Sargento de Carabineros señor Venegas al Capitán señor Herrera. Elena Jensen permaneció en el Regimiento hasta el día 21 de septiembre, en que fue trasladada al Estadio Regional de Concepción y desde allí a la Isla Quiriquina, lugar del que salió en libertad incondicional el 23 de septiembre. La última vez que ella pudo ver a su esposo y a su cuñado fue al ingresar al Regimiento donde ambos quedaron a cargo del Sargento de Carabineros Miguel Beltrán y del civil Patricio Abarzúa, funcionarios del SIM (Servicio de Inteligencia Militar). Por su parte, el señor Segovia, quien fue detenido en la misma oportunidad, señaló que sólo él quedó en libertad el día 18 de septiembre en horas de la tarde.

            Según informaciones aparecidas 23 días después en el diario "La Tribuna" de Los Angeles, los hermanos Ulloa Pino fueron liberados el mismo día de su detención.

            Según testimonio aportado 17 años después por un testigo que en septiembre de 1973 era conscripto del Regimiento de Los Angeles, los hermanos Ulloa Pino habrían permanecido encerrados en condiciones miserables en una pequeña garita dentro del recinto militar, durante 15 días aproximadamente, y posteriormente sacados del lugar y llevados con destino desconocido.

            Juan Ulloa había sido detenido el 12 de septiembre de 1973 por efectivos del Regimiento de Los Angeles y liberado al día siguiente.

            Los familiares de los detenidos recorrieron distintos lugares con el objeto de indagar su paradero: Intendencia, Regimiento, Comisarías, Cruz Roja, sin obtener resultados positivos, la respuesta que siempre recibieron era que los dos hermanos habían sido puestos en libertad el mismo día del arresto. Sin embargo, desde ese día permanecen ambos en calidad de detenidos desaparecidos.

           

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            En octubre de 1973, la hermana de Juan y Víctor Ulloa, Sonia Ulloa Pino escribió una carta al Director General de Investigaciones, Ernesto Baeza Michaelsen relatándole la detención y desaparecimiento de sus familiares; el General Baeza le respondió, a través de oficio 1504 el 29 de noviembre de 1973, señalándole que sus hermanos y las otras dos personas habían sido detenidas por Carabineros por estar quemando "documentación al parecer comprometedora ya que Ivette Alvarez pertenece al Movimiento Extremista MIR".

            Agrega que los detenidos fueron conducidos a la Comisaría y luego al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada N°3 Los Angeles, donde, luego de ser interrogados, fueron puestos en libertad los hermanos y el señor Segovia.

            El 8 de mayo de 1979 interpuso recurso de amparo en favor de los hermanos Ulloa, rol 4360 ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Solicitadas informaciones sobre los afectados a la Primera Comisaría de Carabineros de Los Angeles, Regimiento N°17 de esa ciudad y a la Intendencia Regional del Bío-Bío, respondieron no tener antecedentes de detención u órdenes de aprehensión en su contra. Por su parte el Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández señala en oficio 1799 de fecha 14 de mayo de 1979 que no existe constancia de detención de los afectados por Organismos de Seguridad ni tampoco el Ministerio ha dictado orden alguna en su contra; agrega además que el año 1977, ante una solicitud de la Vicaría de la Solidaridad para ubicar personas presuntivamente desaparecidas, el Servicio de Investigaciones realizó indagaciones sin resultados positivos.

            El 6 de junio de 1979, luego de estas consultas, la Corte determinó el rechazo del amparo considerando que de los antecedentes recogidos se desprendía que los hermanos Ulloa Pino no habían sido detenidos ni existía orden de aprehensión en su contra. Sugiere remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen de Turno de Los Angeles para la instrucción del sumario respectivo por presunta desaparición de Juan Eladio y Víctor Adolfo Ulloa Pino. Se desconoce la tramitación de dicha denuncia.

           

Pasadas las 23:00 horas del 28 de septiembre 1973, es secuestrado el estudiante de tercero medio del liceo de Mulchén, Jorge Narváez Salamanca, de 15 años de edad y militante del FER, brazo estudiantil del MIR.  La patota que llegó a su domicilio derribó la puerta de la casa a patadas y encañonó con una ametralladora a su madre. En ese grupo había civiles y carabineros, quienes sacaron al menor de edad de su hogar, sin que hasta el día de hoy exista información sobre su paradero. 

La madre de Jorge Narváez Salamanca y otros testigos lograron identificar entre los secuestradores a jóvenes del propio Liceo de Mulchén, como José Horacio Pacheco Padilla, José Pacheco Padilla (19 años), Carlos Campos Pérez (18 años), Rolf During Pholer (19 años), Alberto Raúl Antonio Tirapegui Silva (20 años) y Eduardo Antonio Bopp Negrete. Todos ellos formaron parte de un grupo de civiles que operaba en dicha comuna junto a Carabineros, tras el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973.  Era común verlos a las afuera del cuartel policial junto a personal policial, entre los que se encontraba el teniente Jorge Maturana Concha.

Cuatro días antes de su secuestro y desaparición, específicamente el 24 de septiembre, Jorge Narváez había sido detenido durante algunas horas, luego de haber sido aprehendido por Carabineros al interior de su liceo, tras una denuncia de jóvenes pertenecientes al grupo paramilitar de ultraderecha Patria y Libertad, algunos de éstos participaron días más tarde en su detención.

Cabe señalar que el Teniente Jorge Maturana Concha y el joven Carlos Campos Pérez son señalados también como responsables del arresto y desaparecimiento de Gabriel Valentín Lara Espinoza, 18 años de edad, estudiante del mismo Liceo de Mulchén. El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 1973, en circunstancias similares a las relatadas en el caso de Jorge Narváez, con quien compartía militancia política al interior del FER, organización estudiantil del MIR.

El caso de Jorge Narváez Salamanca es uno de los 40 casos de infantes y/o adolescentes detenidos desaparecidos en Chile, 8 de estos casos pertenecen a la región del Biobío y están registrados en los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (informe Rettig).

Además de estos 40 menores de edad desaparecidos, este mismo informe Rettig identifica a 150 niños, niñas y adolescentes víctimas de ejecución política durante los 17 años que duro la dictadura militar, siete de ellos en el Biobío.

El posterior informe sobre prisión política y tortura (Comisión Valech) pudo identificar al menos 102 infantes y adolescentes que fueron detenidos o secuestrados por organismos de seguridad del Estado durante la dictadura.  Además, el mismo documento da cuenta de quince mujeres embarazadas que fueron ejecutadas o desaparecidas, de cuyos hijas o hijos se desconoce el paradero.

Por el caso de Jorge Narváez Salamanca existen procesos abiertos en contra de civiles y exfuncionarios de Carabineros, con sentencias de primera instancia.

Otros menores de edad detenidos y desaparecidos de la región Biobío

Segundo Enrique Cabezas Pérez: Tenía 14 años de edad cuando fue detenido junto a su hermano mayor, José Hugo, obrero agrícola de 22 años. Fueron detenidos en su hogar, ubicado en la población El Tránsito de Los Ángeles por personal de Investigaciones, el 5 de octubre de 1973.

Aliro Segundo Oporto Duran: Desapareció el 7 de noviembre de 1973, a los 17 años de edad, en el sector de Ralco, entonces comuna de Santa Bárbara. Ese día, su familia había viajado a Los Ángeles a buscar a su padre, que salía en libertad, tras haber sido detenido el 11 de septiembre de 1973. A media tarde, carabineros ingresaron al domicilio de Aliro Oporto, donde solo se encontraba él, dos de sus hermanos, y una vecina. Atemorizado, el joven huyó por la puerta trasera de la casa, siendo alcanzado por los disparos de uno de los uniformados. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Su cuerpo no fue encontrado.

Víctor Adolfo Ulloa Pino: Tenía 16 años de edad cuando fue detenido el 18 de septiembre de 1973, junto a su hermano, Juan Eladio, en su casa, ubicada en calle Valdivia N°521 en Los Ángeles. Fueron trasladados a la Comisaría de la misma ciudad e interrogados por el capitán Fabres y enviados el mismo día al Regimiento de Los Ángeles.

Según testimonio aportado 17 años después por un testigo que en septiembre de 1973 era conscripto del Regimiento de Los Ángeles, los hermanos Ulloa Pino habrían permanecido encerrados en condiciones miserables en una pequeña garita dentro del recinto militar durante 15 días aproximadamente, y posteriormente sacados del lugar y llevados con destino desconocido.

El 15 de octubre de 2004, tras someter a pericias de ADN fragmentos de osamentas halladas en 1990 en el fundo La Mona, cerca de Los Ángeles, la justicia determino que en dos había ADN de los hermanos Ulloa Pino.

Santos David Melgarejo Rojas, de 17 años, comerciante ambulante, fue detenido por Carabineros de la segunda comisaria de Concepción, el 14 de enero de 1979, en la Población Agüita de la Perdiz.

Erika del Carmen Riquelme Briones: Tenía 17 años de edad y fue detenida cuando venían llegando desde la ciudad de Talca, junto a su hermano, por funcionarios policiales del retén de Carabineros de la población Zañartu. Una persona que estuvo detenida con ellos y que fue liberada al día siguiente, avisó del hecho a la madre de éstos, a quien se le negó la detención de sus hijos.

Juan Antonio Riquelme Briones: Tenía 14 años de edad cuando fue detenido. Venían desde  Talca junto a su hermana Erika, fueron detenidos por funcionarios policiales del retén de Carabineros de la población Zañartu. Una persona que estuvo detenida con ellos y que fue liberada al día siguiente, avisó del hecho a la madre de estos, a quien se le negó la detención de sus hijos.

En 1943 Corfo creó Endesa (Empresa nacional de Electricidad S.A.), que impulsó tan rápidamente la hidroelectricidad que, hacia la década del 70, ya era la principal fuente de energía en Chile y sin lugar a dudas, los trabajadores eléctricos chilenos cumplieron su rol con enorme éxito. A Endesa se unían otras empresas públicas y privadas que lograron interconectar el sistema, dando cobertura segura a casi todo el territorio nacional.

El gobierno de la Unidad Popular impulsó fuertemente el desarrollo de Endesa y de allí la puesta en marcha de la central El Toro y la construcción de Antuco en la región del Biobío, además de nuevos proyectos de expansión.

Respecto a las nuevas relaciones sociales de producción que buscó la UP, el informe "Identificación, recopilación y sistematización de información concerniente a los efectos en el sector energético del golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura civil y militar, desarrollado por la Universidad de Santiago de Chile para Subsecretaría de Energía en 2022, señala que:

"En un ámbito distinto, siguiendo la lógica de las empresas públicas, la Unidad Popular tenía el interés de promover e impulsar la participación de los trabajadores en las distintas compañías estatales del sector energético, lo cual permitió que en 1972 y 1973 diferentes dirigentes sindicales se incorporaran a los directorios de las empresas, además de asumir varios cargos como encargados del personal de las compañías".

Con el golpe de Estado esta política fue defenestrada absolutamente. Como es sabido, la empresa fue privatizada completamente a fines de la dictadura, luego de ir vendiendo cada una de sus filiales desde 1980 en adelante. Pero el odio dictatorial hacia los trabajadores ejerciendo poder en estas empresas llevó a graves violaciones a los Derechos Humanos.

Así, contabilizamos 23 detenidos desaparecidos del sector energético. Las ejecuciones políticas ascienden a 12 trabajadores. En la siguiente lista de detenidos desaparecidos, se agregan personas que fueron detenidas en recintos de la empresa:

Manuel Antonio Aguilera Aguilera, sin militancia, Los Ángeles.

Manuel Jesús Arias Zúñiga, sin militancia, Antuco.

José Oscar Badilla García, sin militancia, Antuco.

Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde, MAPU, Punta Arenas.

Mario Omar Belmar Soto, sin militancia, Antuco.

Abel José Carrasco Vargas, PS, Antuco.

José Abel Coronado Astudillo, sin militancia, Antuco.

Plutarco enrique Coussy Benavides, PC, Antuco.

Jaime Patricio Donato Avendaño, PC, Santiago.

Víctor Jerez Meza, PS, Los Ángeles.

Luis Segundo Lazo Santander, PC, Santiago.

Zacarías Antonio Machuca Muñoz, MIR, Santiago.

Gaspar Medina Medina, PS, Chubut, Argentina.

Bernardo samuel Meza Rubilar, PS, Antuco.

Luis Fernando Norambuena Fernandois, PS, San Antonio.

Mario Samuel Olivares Pérez, PS, Antuco.

Francisco Hernán Ortiz Valladares, PC, Santiago.

Armando Portilla Portilla, PC, Santiago.

Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, PC, Los Ángeles.

Juan Luis Rivera Matus, PC, Santiago.

Manuel Sepúlveda Cerda, PC, Los Ángeles.

Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, PC, Antuco.

Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, PC, Los Ángeles.

Marcelino Cárdenas Villagrán, sin militancia, Pilmaiquén, Osorno.

Juan Segundo Mancilla Delgado, sin militancia, Pilmaiquén, Osorno.

César Augusto Flores Baeza, PS, Los Ángeles.

Abraham López Pinto, PC, Antuco.

Domingo Antonio Norambuena Inostroza, PC, Antuco.

Benjamín Antonio Orrego Lillo, sin militancia, Los Ángeles.

Alamiro Segundo Santana Figueroa, JS, Los Ángeles.

Juan Eladio Ulloa Pino, sin militancia, Los Ángeles.

Víctor Adolfo Ulloa Pino, sin militancia, Los Ángeles.

Luis Eduardo Vergara Corso, PS, Antuco.

Juan miguel Yáñez Franco, PC, Los Ángeles.

Ejecutados políticos:

Augusto Andino Alcayaga Aldunate, PR, Santiago.

Valentín Cárdenas Arriaga, PC, Pilmaiquén, Osorno.

José Rosa Devia Devia, sin militancia, Santiago.

Juan Dagoberto Fernández Cuevas, PS, Santiago.

Miguel Alberto Fernández Cuevas, PS, Santiago.

Francisco Guillermo Flores, Sin militancia, Santiago.

Enrique González Angulo, Sin militancia, sin militancia, Los Ángeles.

José Maldonado Fuentes, Sin militancia, Santiago.

Alfredo Segundo Pacheco Molina, sin militancia, Pilmaiquén, Osorno.

Eduardo Pacheco Molina, sin militancia, Pilmaiquén, Osorno.

Teobaldo José Paillacheo Catalán, PC, Pilmaiquén, Osorno.

Jorge Manuel Parra Alarcón, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego.

Además, se debe considerar que Endesa constituye uno de los casos de denuncia por graves crímenes de lesa humanidad, concentrando estos en el área de Los Ángeles y con recursos presentados ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Recién en 2004 fueron identificados los cuerpos de los desaparecidos en el fundo La Mona: César Flores, Mario Belmar, Juan Ulloa, Víctor Ulloa y Juan Yáñez. La Corte Suprema, en 2014 y por fallo dividido, condenó a 20 años de presidio mayor a Patricio Martínez Moena, 10 años para Walter Klug Rivera y 5 años para Ismael Espinoza Silva.

Hasta ahora no se ha investigado la responsabilidad de la empresa en estos delitos , ya sea en colaboración, delación o participación directa en los crímenes, tampoco si facilitó recursos humanos o materiales para ejecutar los crímenes o en su posible actuación como cómplice, aunque hay evidencia en los juicios del uso de espacios y equipos de la empresa para detenciones ilegales y otrturas, como en el caso de los cinco represaliados en la central Pilmaiquén, en la provincia de Osorno y en Cerro Sombrero, Tierra del Fuego.

Cabe recordar que el rol empresarial, tanto de privados como de agentes del Estado nombrados por la dictadura en las empresas públicas es una de las tantas asignaturas pendientes de la justicia chilena.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

El teniente coronel (r) Walther Klug Rivera deberá cumplir pena de 10 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestros y homicidios calificados entre septiembre y noviembre de 1973.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González,  dio orden de ingreso –hoy 2 de agosto de 2021-  en calidad de rematado al penal correspondiente al teniente coronel en retiro Walther Klug Rivera, condenado a 10 años de presidio por su responsabilidad cono cómplice en el denominado Episodio Endesa causas por  violaciones a los derechos humanos.

La orden de ingresó se materializó luego de que una corte de Italia accediera a la solicitud de extradición planteada por el ministro en visita Mario Carroza –entonces instructor de la causa- para que Klug Rivera cumpliera la pena dictada en octubre de 2014 condenó a Klug Rivera por su responsabilidad en los secuestros calificados y homicidios calificados en la realización a las víctimas  Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino, Víctor Adolfo Ulloa Pino, Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar, Manuel Jesús Arias Zúñiga, todos ellos vinculados a las centras hidroélectricas de El Toro y El Abanico, y detenidos entre septiembre y noviembre de 1973 por miembros del Ejército de Chile.

Los adolescentes realizaron una jornada de reflexión para rememorar al ex alumno de segundo medio, Víctor Adolfo Ulloa Pino, quien fue detenido por carabineros la noche del 18 de sLos alumnos del Liceo Pablo Neruda de Temuco se tomaron el establecimiento de manera simbólica para realizar una jornada de reflexión y recordar al ex alumno de segundo medio, Víctor Adolfo Ulloa Pino, quien fue detenido por carabineros la noche del 18 de septiembre de 1973.

Según explicó Pablo Caniulaf, el delegado cultural del establecimiento, “es la primera vez que se hace una jornada cultural para recordar el nombre del compañero, se supone que era un alumno que estaba movilizado por sus ideales y lo tomaron detenido y desde entonces no se sabe nada de su paradero”, afirmó Caniulaf.

Por su parte el presidente de la Aces Cautín, Eduardo García, añadió que “por lo que sabemos al compañero lo detuvieron mientras estaba quemando documentación partidista y se supone que fue torturado y ejecutado”.

Los alumnos del Liceo Pablo Neruda se encuentran exhibiendo una serie de documentales alusivos al 11 de septiembre. En el lugar repartieron volantes que hacían mención a Víctor con el siguiente mensaje: “como compañeros no podemos perder la memoria y a 40 años del golpe militar es nuestro deber organizarnos y luchar más fuerte que nunca contra la dictadura militar, es el momento de retomar las banderas de nuestros caídos y de la legítima lucha del pueblo chileno. Compañeros nerudianos revivamos nuestra conciencia de clase en esta fecha conmemorativa y llena de dolor”.

 

 

Los restos de detenidos desaparecidos identificados recientemente por el ministro Jorge Zepeda en Santiago y el Servicio Médico Legal (SML), hallados en 1990 en Los Angeles, llegaron anoche a la Octava Región y serán velados hoy en la parroquia Los Cotolengos.

      Así lo informó la abogada Nelly Navarro Rojas, querellante en varias causas por violaciones de derechos humanos en las provincias de Concepción y Biobío, quien precisó que los funerales de tres de las víctimas individualizadas serán realizados mañana.

      Los detenidos identificados por el juez Zepeda son Juan Miguel Yáñez Franco, Mario Omar Belmar Soto, César Augusto Flores Baeza y los hermanos Juan Eladio y Víctor Adolfo Ulloa Pino, cuyos restos fueron encontrados hace 14 años en el interior del fundo La Mona, hoy propiedad de la forestal Mininco. Las víctimas desaparecieron el 12 de septiembre de 1973, luego de ser aprehendidas y llevadas a la tenencia de Carabineros El Abanico.

      Según indicó la abogada Navarro, los funerales de los hermanos Ulloa y de Flores Baeza serán mañana, tras una misa en la Catedral de Los Angeles. Los primeros, sin embargo, serán llevados tras el oficio religioso a Curacautín, mientras que Flores Baeza será enterrado en el Cementerio General angelino. Las osamentas de Yáñez Franco fueron remitidas a su familia en Temuco. Las de Belmar Soto, en tanto, descansarán en el Memorial de Santiago, pues sus parientes residen actualmente en Argentina.

      La abogada Navarro sostuvo que en la Octava Región hay todavía alrededor de 150 detenidos desaparecidos. Agregó que a muchos de ellos podrían pertenecer las osamentas halladas en distintas excavaciones en la región, en análisis en el SML de Santiago.

 

El ministro de fuero Jorge Zepeda estableció la identificación de los restos pertenecientes a cinco detenidos desaparecidos desde el Regimiento de Infantería de Montaña de Los Angeles, en los días posteriores al golpe militar.

Tras someter a pericias de ADN osamentas halladas en 1990 en el fundo La Mona, cerca de Los Angeles, el juez determinó que estos corresponden a César Flores Baeza, Mario Belmar Soto, Juan Ulloa Pino, Juan Yáñez Franco y Víctor Ulloa Pino, este último de sólo 16 años al momento de su detención. César Flores, que era funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria, es tío del periodista de La Nación Domingo Luis Narváez.

La resolución determinó que los cuerpos de estas personas fueron enterrados clandestinamente luego que se les dio muerte, y sus restos fueron luego desenterrados después de 1978 en lo que se conoció como “Operación Retiro de Televisores”. Los pequeños fragmentos hallados en 1990 corresponden a los que quedaron en el lugar del entierro luego de las exhumaciones posteriores a 1978.

La “Operación Retiro de Televisores” correspondió al nombre que la dictadura dio a las remociones de cuerpos a partir de fines de 1978, luego que en Lonquén se descubrieron los cuerpos de 15 campesinos asesinados. Esta operación fue confirmada por un criptograma enviado por el general Augusto Pinochet a los regimientos, documento del que fue testigo un suboficial de inteligencia que lo descifró y que así lo declaró este año al juez Juan Guzmán.