Tognola Ríos Claudio Rómulo

Rut       : 3.069.009

F.Nacim. : 08-08-31, 42 años a la fecha de su detención

Domicilio : Población de SOQUIMICH, Tocopilla

E.Civil  : Casado, 4 hijos

Actividad : Médico Obstetra

C.Repres. : Partido Socialista, miembro de la Dirección de ese Partido en Tocopilla; Médico Jefe de la Maternidad del Hospital de Tocopilla y médico de la Sociedad Química de Chile (SOQUIMICH)

F.Detenc. : 16 de septiembre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Claudio Rómulo Tognola Ríos, médico obstetra, casado, padre de cuatro hijos, dirigente del Partido Socialista, fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, alrededor de las 21:30 horas, durante la vigencia del toque de queda, en su domicilio de la ciudad de Tocopilla y en presencia de Rosa Vega Carrasco -madre de una hija de Tognola Ríos-. Su detención la efectuó el Jefe de Investigaciones de Tocopilla, de apellido Fuentes, junto a una patrulla de militares, los que se movilizaban en una camioneta color verde perteneciente a la Corporación del Cobre (CODELCO). El afectado permaneció recluido en la Comisaría de Carabineros de Tocopilla y en la Cárcel de esa ciudad, siendo visto por testigos. Fue sometido a proceso en la Fiscalía de Carabineros junto a Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Carlos Miguel Garay Benavides (desaparecidos en las mismas circunstancias que la víctima), a Freddy Alex Araya Figueroa y a Reinaldo Armando Aguirre Pruneda (ejecutados). En los primeros días de octubre de 1973, todos ellos fueron llevados a una mina abandonada, ubicada a 15 kilómetros al norte de Tocopilla, en donde se les dio muerte. El cuerpo de Claudio Tognola fue recuperado e identificado sólo 17 años más tarde, en septiembre de 1990. Rosa Agustina Vega Carrasco declaró que con Claudio Tognola llegaron a vivir a Tocopilla en junio de 1972, en donde él se desempeñaba como médico en el Hospital y en SOQUIMICH. Incluso, después del 11 de septiembre de 1973, siguió trabajando normalmente y las autoridades militares le concedieron un salvoconducto para transitar en horas de toque de queda. Una semana más tarde, el 16 de septiembre de 1973, fue detenido por el jefe de Investigaciones y una patrulla militar. Le dijeron que iban a buscarlo para hacerle una preguntas y nada más. El 17 de septiembre, Rosa Vega conversó por teléfono con el Capitán Rodolfo Silva, de la Comisaría de Tocopilla, quien le dijo que la situación estaba grave para el afectado porque estaba involucrado en el "Plan Z". A las 11:00 de la mañana, la testigo se dirigió al recinto policial y vio cuando estaban trasladando a varios detenidos hacia la Cárcel Pública. Los llevaban a pie y con las manos en la nuca. Entre ellos iba Claudio Tognola.

            En el recinto carcelario, Rosa Vega no pudo verlo, sin embargo, concurría a diario a dejarle comida. En los primeros días de octubre, ella habló con el Fiscal de Carabineros Juan Salazar Lafterry, el que le dijo que el afectado estaba siendo procesado por pertenecer al Partido Socialista y la autorizó para que viera a la víctima durante tres minutos. La declarante recuerda que el afectado se veía mal y pálido. El doctor Tognola le dijo que se quedara tranquila y que pronto iba a salir en libertad.

            Por su parte, Pedro Rojas Jorquera, a la sazón recluido en la Cárcel de Tocopilla, vio cuando sacaron de dicho plantel al afectado, a Carlos Miguel Garay y a Luis Orocimbo Segovia, en los primeros días de octubre de 1973.

            Además, el 3 de octubre de 1973, en la tarde, cuando Rosa Vega  se encontraba en el Hospital de Tocopilla, fue informada de la supuesta fuga de Claudio Tognola. De inmediato se dirigió a hablar con el Fiscal Juan Salazar, quien le expresó que cuando se realizaba una diligencia en una mina, Tognola y otros detenidos habían huido hacia el interior del socavón, el que tuvieron que tapiar. Posteriormente, ella supo que un funcionario carabinero al que le decían "Cacho" Valdivia, de la Comisaría de esa ciudad, había comentado haber dado muerte a Tognola.

            Rosa Canales -cónyuge de la víctima y madre de tres de los hijos de la víctima, residente en Santiago- al no tener noticias del afectado, llamó por teléfono al Hospital de Tocopilla, informándose que Tognola Ríos se encontraba detenido. Entre el 10 y el 20 de octubre de 1973, viajó a esa ciudad, logrando ser recibida por el Teniente Coronel de Carabineros Luciano Astete Almendras, quien le dio la información de la huida de Claudio Tognola, diciéndole que volviera un mes más tarde a buscar un documento que le otorgaría la Fiscalía Militar de Antofagasta y en el que constaría el desaparecimiento del doctor Tognola, el que nunca le fue entregado. Además, le prohibió hacer uso de bienes de la sociedad conyugal, incluyendo un automóvil que  -le dijo-  debía ser vendido en Tocopilla. Según informaciones obtenidas por la testigo, el traslado del afectado y los otros detenidos a la mina, se realizó en un furgón de Carabineros y participaron en éste un Mayor de Carabineros de apellido Salazar, un Capitán de apellido Silva, el Teniente de Carabineros Alex Cantín y el Cabo Valdivia.

            El 6 de octubre de 1973, se publicó en la prensa de la zona un comunicado oficial firmado por el Delegado Jefe de Zona en Estado de Sitio de Tocopilla, Teniente Coronel y Prefecto de Carabineros Luciano Astete Almendras, en el que se daba cuenta de una falsa fuga de un grupo de detenidos, dicho comunicado señalaba lo siguiente: "Se pone en conocimiento de la ciudadanía que hoy, a las 08:30 horas, en circunstancias que personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros cumplían una diligencia de la Fiscalía Militar en una mina ubicada a 15 kilómetros al norte de Tocopilla, aprovechándose que este personal desenterraba una gran cantidad de dinamita, amón gelatina, los prisioneros Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy Araya Figueroa y Reinaldo Aguirre Pruneda, se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de gritarles alto en reiteradas oportunidades, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos". Se finalizaba diciendo que Araya y Aguirre habían sido dados de baja en el mismo lugar, mientras el afectado, Garay y Segovia, huían lesionados. Esta versión de los hechos también fue comunicada oficialmente a la señora Adriana Benavides, madre de Miguel Garay.

            Los restos de Reinaldo Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, fueron llevados a la morgue local. Ambos certificados médicos de defunción daban como fecha de muerte el 4 de octubre de 1973, en la vía pública, Tocopilla, a las 07:00 de la mañana. La causa: estallido cerebral por herida de bala. La inscripción de las respectivas defunciones se practicó por orden judicial, sin que se indicara el número de rol de la causa ni el Tribunal que emitió dicha orden. Por su parte, Claudio Tognola, Carlos Miguel Garay y Luis Segovia -los supuestos fugitivos- debieron esperar hasta 1990, fecha en que organismos de Derechos Humanos de la zona hicieron la denuncia judicial relativa a que en la mina "La Veleidosa" se encontrarían los cuerpos de algunos de los detenidos-desaparecidos. Cuando por orden del Tribunal se excavó en dicha mina, a 380 metros de profundidad, fueron encontradas las osamentas de las víctimas, con evidentes signos de haber sido dinamitadas. Los trabajos de exhumación duraron más de un mes. El sitio donde se encontraban los restos era de muy difícil acceso de gran riesgo para quienes trabajaban allí. Los cuerpos habían sido tirados a la mina y debido a que este hecho fue conocido por lugareños, años más tarde se dinamitó el lugar para dificultar el acceso. Los restos de Claudio Tognola fueron positivamente identificados.

            En el año 1991 los restos de Claudio Tognola fueron trasladados a Santiago, donde se les dio sepultura definitiva en el Cementerio General.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            En el Primer Juzgado Militar de Antofagasta se tramitó una querella por homicidio del afectado, en 1989, rol N°230-89. El 6 de septiembre de 1989, dicho Tribunal aplicó el D.L. 2.191 de abril de 1978, sobre amnistía, sobreseyendo total y definitivamente la causa. Se apeló de la resolución a la Corte Marcial de Santiago, la que aprobó el fallo en agosto de 1990. Se recurrió entonces de Queja a la Corte Suprema, encontrándose aún pendiente su fallo.

            Además, en junio de 1990, la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla interpuso ante el Primer Juzgado del Crimen de esa ciudad una querella por inhumación ilegal, la que fue rolada con el N°3232. A raíz de esta presentación se efectuaron las excavaciones en la mina "La Veleidosa", las que tuvieron como resultado el hallazgo de los restos de la víctima y su identificación.

En un punto de prensa, familiares de los detenidos desaparecidos en el llamado episodio Tocopilla, se pronunciaron ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde sentenció a responsables del homicidio y secuestro calificado de doce víctimas, entre ellas Agustín Villarroel Carmona y Luis Segovia Villalobos.

Rodolfo Villarroel, hijo de Agustín Villarroel Carmona, ejecutado político de las víctimas de Tocopilla, se pronunció al respecto al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.Lautaro Carmona, se pronunció al respecto a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.Además, Lautaro Carmona, invita a la comunidad general en asistir en las actividades de este sábado, en conmemorar el 11 de septiembre.Diego Alegre, integrante del Movimiento Estudiantil Popular de Copiapó, invito a la comunidad a participar de las actividades que se realizaran este 11 de septiembre en la plaza de Armas de Copiapó.

Comunicado: Episodio Tocopilla y aplicación de media prescripción a los culpables de homicidio y desaparición

La Convención Americana de Derechos Humanos, a la que Chile está suscrita, prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención y regula su funcionamiento. La convención ha dicho que en crímenes de lesa humanidad y de violaciones graves a los derechos humanos (desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales) no se pueden aplicar leyes como la ley de amnistía y la prescripción de los crímenes. En Chile se ha aplicado la figura de la media prescripción, en fallos ratificados por la Corte Suprema, lo que abogados de derechos humanos llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo internacional en mayo de este año en un informe recomendó al Estado de Chile no aplicar la media prescripción (una medida que rebaja las penas considerablemente considerando el tiempo de ocurridos los hechos) en los casos de violaciones a los derechos humanos y le dio un plazo de dos meses para que el Estado de Chile conteste como va a dar cumplimiento a las recomendaciones, eliminando la media prescripción.

Sin embargo, el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que sentenció el llamado episodio Tocopilla, por el homicidio y secuestro calificado de doce víctimas, entre ellas Agustín Villarroel Carmona y Luis Segovia Villalobos (ambos con origen en nuestra zona y con familiares que conforman nuestra agrupación) se volvió a aplicar la media prescripción, dando cuenta que el poder judicial y en definitiva, el Estado de Chile, no está respetando con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para  cumplir con sus obligaciones estipuladas en la Convención Americana.

La sentencia actual consiste en: condena a 15 años de presidio mayor en su grado medio a Luciano Astete Almendras, Alex Cantín Leyton, Gilberto Santiago Egaña García, como autores de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Aguirre Pruneda, Freddy Araya Figueroa, Julio Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis. Y por el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo. Asimismo, se confirma la sentencia respecto de Raúl Darío Almonacid Valdivia, quien queda condenado como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de seis de las doce víctimas, recibiendo la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña quedan condenados en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo a 5 años de presidio menor en su grado máximo.

Los crímenes ocurrieron en la nortina ciudad de la Región de Antofagasta pocas semanas después del golpe militar.

Los querellantes recurrirán al fallo que rebaja penas a represores aplicando la media prescripción.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas a cinco miembros retirados de Carabineros y uno de la Armada como autores de los asesinatos de 12 personas cometidos en la nortina ciudad de Tocopilla (Región de Antofagasta) entre septiembre y octubre de 1973, pocas semanas después del golpe militar que inició la dictadura, informaron fuentes judiciales.

La VII Sala del tribunal de alzada ratificó la sentencia de primera instancia, dictada por el juez Mario Carroza, que dictó 15 años de presidio mayor en su grado medio contra los ex oficiales de la policía militarizada Luciano Astete Almendras, Álex Adalberto Cantín Leyton y el ex suboficial Gilberto Arturo Santiago Egaña García, como autores del secuestro calificado (desaparición forzosa) de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo y de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis.

Asimismo, la corte confirmó la sentencia respecto del ex suboficial de la Armada Raúl Darío Almonacid Valdivia, condenado como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de seis de las 12 víctimas, recibiendo la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

Los ex carabineros Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña, en tanto, fueron sentenciados en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo a cinco años de presidio menor en su grado máximo.

El abogado querellante Francisco Ugás, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y quien representa a familiares de Manuel Muñoz, Carlos Garay y Vicente Cepeda, destacó, de manera positiva, "que se haya logrado cambiar la participación de algunos sujetos que habían sido condenados como cómplices y encubridor por sentencia de primer grado a la de autores, concretamente, respecto de Gilberto Arturo Santiago Egaña García, de Raúl Darío Almonacid Valdivia, de Ivar Liborio Muñoz Peña".

Sin embargo, acotó que "es reprochable el que la sala, por mayoría, haya aplicado la media prescripción, cuya incidencia se observa de manera grosera en las penas fijadas", por lo que recurrirán en los próximos días en contra de la sentencia del tribunal de alzada capitalino, tanto por la parte penal y civil.Durante la dictadura (1973-1990), según datos oficiales, unas 2.300 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 permanecen aún como detenidos desaparecidos y otras 33.000 fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y quien representa a familiares de Manuel Muñoz Cornejo, Carlos Garay Benavides y de Vicente Ramón Cepeda Soto, destacó de manera positiva “que se haya logrado cambiar la participación de algunos sujetos que habían sido condenados como cómplices y encubridor por sentencia de primer grado, a la de autores”. Sin embargo, acotó que “es reprochable el que la sala, por mayoría, haya aplicado la media prescripción, cuya incidencia se observa de manera grosera en las penas fijadas”, por lo que recurrirán en los próximos días en contra de la sentencia del tribunal de alzada capitalino, tanto por la parte penal y civil.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia definitiva de segunda instancia en la causa llamada Episodio Tocopilla, condenando a miembros del Ejército y Carabineros por el homicidio y secuestro calificado de doce víctimas, ilícitos ocurrido entre septiembre y octubre de 1973, en el norte del país.

De esta manera la Sala, integrada por la ministra Mireya Eugenia López y los ministros (as) suplentes Rafael Andrade y María Inés Lausen, confirmó lo resuelto por el ministro de fuero Mario Carroza Espinosa en su fallo de primera instancia y se condena a 15 años de presidio mayor en su grado medio a Luciano Astete Almendras, Alex Adalberto Cantín Leyton, Gilberto Arturo Santiago Egaña García, como autores de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis. Y por el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo.

Asimismo, se confirma la sentencia respecto de Raúl Darío Almonacid Valdivia, quien queda condenado como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de seis de las doce víctimas, recibiendo la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña quedan condenados en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo a 5 años de presidio menor en su grado máximo.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y quien representa a familiares de Manuel Muñoz Cornejo, Carlos Garay Benavides y de Vicente Ramón Cepeda Soto, destacó de manera positiva “que se haya logrado cambiar la participación de algunos sujetos que habían sido condenados como cómplices y encubridor por sentencia de primer grado, a la de autores (concretamente, respecto de Gilberto Arturo Santiago Egaña García, de Raúl Darío Almonacid Valdivia, de Ivar Liborio Muñoz Peña, pero, por otra parte, es reprochable el que la sala, por mayoría, haya aplicado la media prescripción (motivo Vigésimo), cuya incidencia se observa de manera grosera en las penas fijadas”.

En este sentido, Ugás informó que recurrirán en los próximos días en contra de la sentencia del tribunal de alzada capitalino, tanto por la parte penal y civil.

Los hechos

El día 18 de septiembre de 1973, en horas de la noche, alrededor de las 20:00 horas, efectivos de Carabineros de Tocopilla comandados por Raúl Gaete Cuevas (fallecido), Juan Bonilla Castro (fallecido) y Diocario Contreras Labrín (fallecido), detuvieron en sus domicilios a Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz para conducirlos hasta la Comisaría de esa ciudad, donde serían interrogados; sin embargo, en la madrugada del día siguiente, ambos fueron ejecutados afuera de la Comisaría por funcionarios policiales que cumplían órdenes de sus superiores bajo el pretexto de haber intentado darse a la fuga, siendo sus cuerpos posteriormente entregados sin vida con heridas de bala en la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia definitiva de segunda instancia en la causa llamada Episodio Tocopilla, condenando a miembros del Ejército y Carabineros por el homicidio y secuestro calificado de doce víctimas, ilícitos ocurrido entre septiembre y octubre de 1973, en el norte del país.

 De esta manera la Sala, integrada por la ministra Mireya Eugenia López y los ministros (as) Suplentes Rafael Andrade y María Inés Lausen, confirmó lo resuelto por el Ministro de Fuero Mario Carroza Espinosa en su fallo de primera instancia y se condena a 15 años de presidio mayor en su grado medio a Luciano Astete Almendras, Alex Adalberto Cantín Leyton, Gilberto Arturo Santiago Egaña García, como autores de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis. Y por el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo.
 Asimismo, se confirma la sentencia respecto de Raúl Darío Almonacid Valdivia, quien queda condenado como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de seis de las doce víctimas, recibiendo la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña quedan condenados en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo a 5 años de presidio menor en su grado máximo.

Crimen de Claudio Tognola, médico socialista de Tocopilla

Uno de los asesinados por estos delincuentes de uniforme, fue el médico Claudio Tognola de 42 años. Lo sacaron de su casa, la Población de SOQUIMICH, Tocopilla, era casado y tenía 4 hijos

Era médico Obstetra y jefe de la maternidad del Hospital de Tocopilla y médico de la Sociedad Química de Chile (SOQUIMICH). Quince días antes del golpe, había sido elegido como dirigente del Partido Socialista en esta ciudad.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y quien representa a familiares de Manuel Muñoz Cornejo, Carlos Garay Benavides y de Vicente Ramón Cepeda Soto, destacó de manera positiva “que se haya logrado cambiar la participación de algunos sujetos que habían sido condenados como cómplices y encubridor por sentencia de primer grado, a la de autores (concretamente, respecto de Gilberto Arturo Santiago Egaña García, de Raúl Darío Almonacid Valdivia, de Ivar Liborio Muñoz Peña, pero, por otra parte, es reprochable el que la sala, por mayoría, haya aplicado la media prescripción (motivo Vigésimo), cuya incidencia se observa de manera grosera en las penas fijadas”.

 En este sentido, Ugás informó que recurrirán en los próximos días en contra de la sentencia del tribunal de alzada capitalino, tanto por la parte penal y civil.

 Los hechos

De acuerdo a la investigación sustanciada por el ministro de fuero Mario Carroza se pudo establecer:

Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar ordena tomar el control de la ciudad de Tocopilla y para llevarlo a cabo, se instruye a las unidades de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones y militares, en la jurisdicción, misiones específicas a realizar.

Que así las cosas, en un primer momento asume como Gobernador de Tocopilla el Capitán de la Armada Humberto Fuentes Morales, quien en atención a su estado de salud y recursos logísticos, entrega esa responsabilidad al Prefecto de Carabineros Luciano Astete Almendras, y a su vez se designa al subprefecto Juan de Dios Salazar Lantery como Fiscal Militar para el departamento de Tocopilla, estando sus funciones dirigidas a instruir los procesos que tuvieran relación con las actividades políticas y subversivas que se desarrollaran en la provincia.

Que para tal cometido, por instrucciones del Prefecto Luciano Astete Almendras, el Fiscal Militar designa una Comisión Civil al mando del entonces Teniente Alex Cantín Leyton, para que se dedique coordinadamente con el personal militar, la Armada e Investigaciones a ejecutar operativos contra la población civil de la ciudad, consistente en allanamientos, privaciones de libertad, interrogatorios, torturas y ejecuciones sumarias, como en los casos que a continuación se indican:
A.- Hechos ocurridos el 18 de septiembre de 1973, que ocasionan la muerte de Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz.
El día 18 de septiembre de 1973, en horas de la noche, alrededor de las 20:00 horas, efectivos de Carabineros de Tocopilla comandados por Raúl Gaete Cuevas (fallecido), Juan Bonilla Castro (fallecido) y Diocario Contreras Labrín (fallecido), detuvieron en sus domicilios a Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz para conducirlos hasta la Comisaría de esa ciudad, donde serían interrogados; sin embargo, en la madrugada del día siguiente, ambos fueron ejecutados afuera de la Comisaría por funcionarios policiales que cumplían órdenes de sus superiores bajo el pretexto de haber intentado darse a la fuga, siendo sus cuerpos posteriormente entregados sin vida con heridas de bala en la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla.

 B.- Fusilados en la Mina la Veleidosa.

En otra oportunidad, estos mismos funcionarios de la Comisaría de Tocopilla detuvieron durante en el curso de los días 11 de septiembre al 04 de octubre de 1973, a varias personas individualizadas como Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, y les mantuvieron privadas de libertad en primer término en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad y luego, en la Cárcel Pública de dicho puerto, lugar éste último desde donde se les saca para llevarles el día 06 de octubre de ese año, maniatados, hasta el pique minero denominado «Mina La Veleidosa» o «La Descubridora», ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, en ese lugar se les ordena bajar y se procede a conformar un pelotón de fusileros integrados por funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Armada y Ejército, a los cuales se les ordena dispararles con sus armas de fuego, para quitarles la vida. Con posterioridad, los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, fueron arrojados al interior del pique ya citado, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros, sus restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991, sin embargo, los cadáveres de Aguirre y Araya, son trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose habérsele muerte durante un intento de fuga, en los momentos en que se realizaba un operativo de búsqueda de armas y explosivos en el sector de una mina sin nombre.

 C.- Los hechos que ocasionaron la muerte de Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, en la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año.
Que por su parte, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, fueron detenidos entre los días 16 y 20 de septiembre de 1973 por efectivos dependientes de la misma Prefectura de Carabineros de Tocopilla, trasladados hasta la Primera Comisaria de esa ciudad, donde se les mantuvo en los calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que a los cuatro se les dio muerte al interior de sus celdas, utilizando para ello fusiles ametralladoras, sus cuerpos posteriormente entregados a la morgue del Hospital Marcos Macuada, y se informa a la ciudadanía que los detenidos le habían arrebatado el fusil SIG a un centinela que los vigilaba, el que no pudieron utilizar por desconocimiento y debido a ello, personal de servicio de la unidad policial tuvo que abrir fuego y provocarles la muerte.

 D.- Secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, ocurrido el 14 de Septiembre de 1973.

Que, como se señaló anteriormente para el 11 de septiembre de 1973, en el contexto de los hechos acaecidos en el país, se le entrega la misión al Prefecto Delegado Luciano Astete Almendras de crear un grupo operativo de represión política en Tocopilla, para lo cual designa como Fiscal Militar Ad-Hoc al Subprefecto de Carabineros Juan de Dios Salazar Lantieri (fallecido), y éste para dar cumplimiento a su tarea procede a designar a determinados funcionarios de la Primera Comisaria de Tocopilla, para que se encargaran de la detención e interrogatorios de las personas conocidas como partidarias del gobierno depuesto por el golpe militar. Este grupo operativo de Carabineros, era dirigido por el Teniente Alexis Cantín Leyton e integrado de manera permanente por los funcionarios policiales tenían pleno conocimiento de la ilicitud de los actos que se cometieron y aun así, cooperaron en su ejecución con actos previos o simultáneos.

Así las cosas, el día 11 de Septiembre de 1973, estos funcionarios de Carabineros se presentaron en la Empresa SOQUIMICH, comandados por el Teniente Alex Cantín Leyton, detuvieron a Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, a quien trasladaron hasta la Comisaria de Tocopilla, luego a un calabozo del Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, y en ese lugar permaneció durante tres días bajo crueles e inhumanos tormentos.
El 14 de Septiembre de 1973, es sacado desde la cárcel por el mismo Teniente Cantín y sus subalternos, para trasladarlo a un lugar desconocido, donde se pierde su rastro, sin que hasta la fecha se conozca su destino o paradero».

Confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a hermano de Freddy Álex Araya Figueroa, estudiante universitario fusilado por agentes del Estado en pique minero de Tocopilla, en octubre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 7.594-2020), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Rafael Andrade, Enrique Durán y la abogada (i) María Angélica Benavides– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

«Que, en materia de intereses, se debe precisar que los intereses por los cuales debe ser condenada la demandada, son los intereses corrientes, los cuales, solo serán procedentes desde que el deudor se haya constituido en mora», dice el fallo.

Agrega: «Que, en cuanto a la condena en costas, es opinión de esta Corte que el demandado, por un lado, no fue vencido totalmente, debido a que el demandante no obtuvo el monto íntegro demandado, y por otro lado, tuvo motivos plausibles para litigar, razón por la cual, la demandada debe ser eximida del pago de las costas».

«Que esta Corte comparte los fundamentos del sentenciador del Tribunal a quo en virtud de los cuales se acoge la demanda de autos, así como también, comparte el monto indemnizatorio respecto del cual ha sido condenada la parte demandada», concluye.

Ejecución pique minero

En la arista penal del caso (causa rol 2.182-1998. Episodio Tocopilla), el ministro en visita extraordinaria Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia el 25 de octubre de 2018. Dictamen que, entre otros hechos, estableció con relación al homicidio calificado de Freddy Araya Figueroa que: «(…) funcionarios de la Comisaría de Tocopilla detuvieron durante el curso de los días 11 de septiembre al 04 de octubre de 1973, a varias personas individualizadas como Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Álex Araya Figueroa, y les mantuvieron privados de libertad en primer término en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad y luego, en la Cárcel Pública de dicho puerto, lugar este último desde donde se les saca para llevarles el día 06 de octubre de ese año, maniatados, hasta el pique minero denominado ‘Mina La Veleidosa’ o ‘La Descubridora’, ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, en ese lugar se les ordena bajar y se procede a conformar un pelotón de fusileros integrados por funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Armada y Ejército, a los cuales se les ordena dispararles con sus armas de fuego, para quitarles la vida.

Con posterioridad, los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, fueron arrojados al interior del pique ya citado, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros, sus restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991, sin embargo, los cadáveres de Aguirre y Araya, son trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose habérsele muerto durante un intento de fuga, en los momentos en que se realizaba un operativo de búsqueda de armas y explosivos en el sector de una mina sin nombre».

de Luis Segovia (25 años de edad), Agustín Villarroel (34 años de edad) y Carlos Garay (25 años de edad), asesinados en septiembre de 1973, fueron hallados en el fondo de un pique minero en Tocopilla. 

Todos estos jóvenes fueron acribillados por carabineros y sus cuerpos fueron lanzados al fondo de la mina La Veleidosa (también conocida como La Descubridora). Años más tarde para dificultar el rescate de los restos y para obstaculizar la investigación, los mismos carabineros dinamitaron la mina.

Finalmente, algunos restos de sus cuerpos fueron encontrados, siendo sepultados el 7 de octubre de 1990. En la misma mina fueron asesinados Claudio Tognola Ríos, Freddy Araya Figueroa y Reinaldo Aguirre Pruneda. Solamente, fueros rescatados algunos restos del médico Tognola.

Una escultura y una placa ubicadas en el SEMDA Central son el testimonio de las y los estudiantes, académicos y funcionarios de las carreras de la salud que fueron ejecutados o hechos desaparecer por razones políticas durante la dictadura civil-militar, liderada por Augusto Pinochet a partir de 1973.Tras las intervenciones se realizó el descubrimiento de la placa donde están grabados los nombres de las y los desaparecidos y mártires de la dictadura, que pertenecieron al Campus Norte.La escultura fue hecha por el artista Miguel Lecaros, además de una placa con los nombres de las víctimas."Cada una de estas personas representa lo mejor que Chile tuvo para ofrecer", señaló el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi.En total son veintiocho personas, entre estudiantes, académicos y funcionarios de las unidades de la salud que perdieron la vida en la dictadura (1973 y 1990), entre ellos Salvador Allende.

presencia de familiares, amigos, representantes de colegios profesionales, autoridades y miembros de la comunidad universitaria, este jueves 21 de diciembre se inauguró el memorial que recuerda a todas las personas ligadas al Campus Norte de la Universidad que hoy se encuentran desaparecidas o fueron asesinadas por la dictadura.

En total son veintiocho personas, entre estudiantes, académicos y funcionarios de las unidades de la salud que perdieron la vida por acción de organismos del Estado entre 1973 y 1990, empezando por el mismo Salvador Allende, quien falleciera en el Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre.

El sitio de memoria consta de una escultura hecha por el artista Miguel Lecaros, además de una placa con los nombres de las víctimas, que pudo levantarse gracias a un trabajo conjunto entre la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el colectivo Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, y el Área Proyectos, Memoriales y Gestión Institucional, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

La ceremonia, que fue conducida por la actriz Malucha Pinto y contó con la presentación de la cantautora Elizabeth Morris, se inició con las palabras que la Presidenta Michelle Bachelet envió con motivo de este acto. En ella destacó el homenaje a las víctimas de nuestro plantel: “Me honra saber que la Universidad de Chile, su Casa de Estudios, su refugio, su hogar, hoy honra su memoria con esta obra y, a través de ésta, también honra la persistencia y la valentía de sus familiares, sus amigos y compañeros, porque es gracias a todos ellos que nuestros ejecutados y detenidos no han muerto nunca, porque viven como un ejemplo en la memoria de cada uno de nosotros que reconocemos en sus historias de vida, testimonios de convicciones y tesón”.

Luego, a nombre de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, María Soledad Silva, coordinadora del Área de proyectos y memoriales, leyó un saludo en el cual se destacó al memorial en el marco de la promoción de una sociedad en la cual prime el diálogo y la paz: “Proyectos como éstos contribuyen a integrar a la sociedad civil y las nuevas generaciones, creando conciencia acerca de la importancia que los derechos humanos tienen para cada una de las personas y la sociedad en su conjunto”.

En la actividad estuvieron también presentes, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Kukuljan, la directora de la Escuela de Salud Pública, Patricia Frenz, el coordinador accademico de la Catedra de DDHH de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Claudio Nash, y los ex directores de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano y Óscar Arteaga, entre otras autoridades y ex autoridades de nuestro plantel.

Rescatar los valores de lo público, la verdad y la justicia

El Rector Ennio Vivaldi intervino en la jornada señalando la necesidad de un cambio cultural que prevenga a la sociedad de volver a caer en los atropellos cometidos durante el régimen militar, y también destacó todo lo que se perdió junto con las personas que fueron víctimas: “Cada una de estas personas representa lo mejor que Chile tuvo para ofrecer, los valores trascendentes que nuestro país tenía, y que nosotros pudimos conocer”, indicó.

Esos valores, señaló, se pueden traer al presente para analizar cómo se enfrenta, por ejemplo, la coyuntura educacional: “Hoy podemos ver cuán tergiversado está un concepto tan esencial como ‘lo público’ en su sentido de bien común, de algo que nos pertenece a todos y nos hace sentirnos solidarios. Es impresionante cómo se pierden esos conceptos a la par que se perdieron las personas que fueron perseguidas”.

Por último, a nombre de los familiares de las víctimas, se dirigió al público Jaime Lorca, hermano del médico desaparecido Carlos Lorca Tobar, quien destacó la fortaleza de los cercanos a las víctimas, así como las instituciones y organizaciones que los acogieron, para no olvidar lo sucedido y levantar la causa de los Derechos Humanos. “Así hemos logrado que no se de vuelta la página, y también un poco de justicia bastante insuficiente aún”, señaló.

“No exigimos verdad y justicia sólo porque sea importante en términos personales o familiares, sino que lo hacemos pensando en el futuro, en las próximas generaciones y en el Chile que estamos construyendo día a día, para que estos hechos nunca puedan acaecer de nuevo”, finalizó Lorca.

Posterior a las intervenciones, se dio paso al descubrimiento de la placa con los nombres de las y los homenajeados en el Memorial, cuyos nombres son los siguientes:

Salvador Guillermo Allende Gossens 11.9.1973

Pablo Ramón Aranda Schmied 17.9.1973

Óscar Eduardo Avello Avello 24.6.1976

Jorge Ávila Pizarro 18.9.1973

Gabriel Castillo Cerna 11.10.1976

Sara de Lourdes Donoso Palacios 15.7.1975

Héctor Victoriano García García 13.8.1974

Carlos Enrique Godoy Lagarrigue 4.8.1976

Eduardo Alberto González Galeno 10.9.1973

Ramiro Carlos Gonzáles Gonzáles 15.9.1973

Claudio Enrique González Núñez 9.12.1974

Iván Sergio Insunza Bascuñán 4.8.1976

Jorge Mario Jordan Domic 16.10.1973

Georges Klein Pipper 11.9.1973

Carlos Enrique Lorca Tobar 25.6.1975

Jorge Eduardo Ortiz Moraga 12.12.1974

Juan Antonio Eduardo Paredes Barrientos 11.9.1973

Egidio Enrique Paris Roa 11.9.1973

Reinalda del Carmen Pereira Plaza 15.12.1976

Héctor Ricardo Pincheira Núñez 11.9.1973

Hernán Sarmiento Sabater 28.7.1974

Renato Alejandro Sepúlveda Guajardo 12.12.1974

Samuel Eduardo Silva Contreras 25.3.1974

Ricardo Cristián Silva Soto 16.6.1987

Rosa Elvira Soliz Poveda 7.7.1975

Claudio Rómulo Tognola Ríos 16.9.1973

Álvaro Modesto Vallejos Villagrán 20.5.1974

Absalón del Carmen Wegner Millas 13.12.1973

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Mario Carroza, dictó el procesamiento en la investigación que sustancia por nueve homicidios calificados, perpetrados en la ciudad de Tocopilla, Segunda Región, entre septiembre y octubre de 1973.

En la resolución, el ministro Carroza sometió a proceso a: Gilberto Egaña García, por su responsabilidad en los homicidio de Julio Brewe Torres, Breno Cuevas Díaz, Vicente Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis. En tanto, procesó a Manuel Guillén Muñoz, José Fuentes Berrocal, Ricardo Gómez Centella, Sergio Méndez Henríquez, Nelson Ávalos Rauld, Gilberto Salinas Solari y Osvaldo Carmona Otero, por los homicidios de CLAUDIO ROMULO TOGNOLA RIOS , Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Agustín Villarroel Carmona, Reinaldo Aguirre Pruneda y Freddy Araya Figueroa.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, se ha logrado establecer, hasta ahora, los siguientes hechos:
1) Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis fueron detenidos entre el 16 y 20 de septiembre de 1973, por efectivos de la prefectura de carabineros de Tocopilla, entre los cuales se encontraba el ex funcionario de carabineros Gilberto Arturo Egaña García, y trasladados hasta la Primera Comisaría de esa ciudad, donde se les mantuvo en calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que se les ejecuta al interior de los mismo calabozos, utilizando fusiles ametralladoras. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados posteriormente en la morgue del hospital Marcos Macuada.
2) Que a su vez, funcionarios de carabineros de Tocopilla con la ayuda de funcionarios de Investigaciones de la misma ciudad, detuvieron entre los días 11 de septiembre y 4 de octubre de 1973, a Claudio Rómulo Tognola Ríos; Carlos Miguel Garay Benavides; Luis Orocimbo Segovia Villalobos; Agustín de la Cruz Villarroel Carmona; Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, a quienes mantuvieron detenidos al principio en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros y luego, en la cárcel pública de dicho puerto, pero el día 6 de octubre de ese año, los detenidos son trasladados maniatados, en una camioneta conducida por Manuel Guillermo Guillen Muñoz, hasta el pique minero denominado «Mina La Veleidosa» o «La Descubridora», ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, lugar donde procedieron a darles muerte utilizando con sus armas de fuego, siendo los cuerpos de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, arrojados al interior del pique, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros. Estos restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991. Los cadáveres de Aguirre y Araya, en cambio, fueron trasladados a la morgue del hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose, que se les había dado muerte durante un intento de fuga, producido durante el desarrollo de un operativo de búsqueda de armas y explosivos, realizados en el sector de una mina sin nombre».

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Mario Carroza, dictó el procesamiento en la investigación que sustancia por nueve homicidios calificados, perpetrados en la ciudad de Tocopilla, Segunda Región, entre septiembre y octubre de 1973.

En la resolución, el ministro Carroza sometió a proceso a: Gilberto Egaña García, por su responsabilidad en los homicidio de Julio Brewe Torres, Breno Cuevas Díaz, Vicente Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis. En tanto, procesó a Manuel Guillén Muñoz, José Fuentes Berrocal, Ricardo Gómez Centella, Sergio Méndez Henríquez, Nelson Ávalos Rauld, Gilberto Salinas Solari y Osvaldo Carmona Otero, por los homicidios de Claudio Tognola Ríos, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Agustín Villarroel Carmona, Reinaldo Aguirre Pruneda y Freddy Araya Figueroa.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, se ha logrado establecer, hasta ahora, los siguientes hechos:
1) Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Gallegos Santis fueron detenidos entre el 16 y 20 de septiembre de 1973, por efectivos de la prefectura de carabineros de Tocopilla, entre los cuales se encontraba el ex funcionario de carabineros Gilberto Arturo Egaña García, y trasladados hasta la Primera Comisaría de esa ciudad, donde se les mantuvo en calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que se les ejecuta al interior de los mismo calabozos, utilizando fusiles ametralladoras. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados posteriormente en la morgue del hospital Marcos Macuada.
2) Que a su vez, funcionarios de carabineros de Tocopilla con la ayuda de funcionarios de Investigaciones de la misma ciudad, detuvieron entre los días 11 de septiembre y 4 de octubre de 1973, a Claudio Rómulo Tognola Ríos; Carlos Miguel Garay Benavides; Luis Orocimbo Segovia Villalobos; Agustín de la Cruz Villarroel Carmona; Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, a quienes mantuvieron detenidos al principio en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros y luego, en la cárcel pública de dicho puerto, pero el día 6 de octubre de ese año, los detenidos son trasladados maniatados, en una camioneta conducida por Manuel Guillermo Guillen Muñoz, hasta el pique minero denominado "Mina La Veleidosa" o "La Descubridora", ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, lugar donde procedieron a darles muerte utilizando con sus armas de fuego, siendo los cuerpos de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, arrojados al interior del pique, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros. Estos restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991. Los cadáveres de Aguirre y Araya, en cambio, fueron trasladados a la morgue del hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose, que se les había dado muerte durante un intento de fuga, producido durante el desarrollo de un operativo de búsqueda de armas y explosivos, realizados en el sector de una mina sin nombre".

Resolución afecta a Alex Cantín Leyton, quien fue imputado en calidad de autor crímenes contra opositores a la dictadura.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago procesó este viernes a un ex carabinero en calidad de autor de doce homicidios calificados perpetrados tras el golpe militar de 1973 en la ciudad de Tocopilla, en la Región de Antofagasta.

La resolución afecta al otrora uniformado Alex Adalberto Cantín Leyton, quien inicialmente había sido absuelto por el ministro en visita Joaquín Billard.

La decisión fue adoptada por los ministros Haroldo Brito, Carlos Gajardo y el abogado integrante Nelson Pozo, quienes también ordenaron al juez despachar una orden detención contra el ex funcionario de Carabineros.

Según el dictamen, se encuentra acreditado que el 11 de septiembre y 4 de octubre de 1973 funcionarios de Carabineros de Tocopilla detuvieron a Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa.Los detenidos fueron recluidos en calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros, luego los trasladaron a la Cárcel Pública de dicho puerto y finalmente, el día 6 de octubre, los condujeron maniatados hasta el pique minero denominado “Mina La Veleidosa” -también llamada “La Descubridora-”, ubicado a unos 30 kilómetros hacia el oriente de Tocopilla, donde procedieron a darles muerte con armas de fuego, agrega el fallo.

Posteriormente, arrojaron al interior del pique minero –que a la fecha tenía una profundidad aproximada a los seiscientos metros- los cuerpos de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, cuyos restos fueron parcialmente recuperados e identificados en 1991; mientras que los cadáveres de Aguirre y Araya, fueron trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla.

El dictamen también señala que se encuentra justificado que Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis fueron detenidos entre el 16 y el 20 de septiembre de 1973 por Carabineros y trasladados a la Primera Comisaría de la ciudad.

En el lugar estuvieron detenidos hasta la madrugada del día 23 de octubre de ese mismo año, cuando se les dio muerte al interior de los calabozos donde se les mantenía con fusiles ametralladoras; luego sus cuerpos fueron llevados a la morgue del Hospital Marcos Macuada.

Agustín Villarroel y Luis Segovia fueron despedidos por la comunidad de Copiapó con un masivo homenaje el pasado 21 de mayo. Después de 49 años sus restos fueron identificados y confirmados por sus familiares tras una larga espera de identificaciones, juicios a los responsables y un extendido duelo.El pasado viernes 20 de mayo los restos de Luis Segovia Villalobos y Agustín Villarroel Carmona fueron entregados a sus familiares en el Servicio Médico Legal de Atacama. Tras una larga espera de confirmar la identidad de sus restos, sus familiares pudieron dar por término el duelo extendido por casi cinco décadas.

Agustín Villarroel y Luis Segovia, oriundos de Copiapó, fueron detenidos en Tocopilla entre septiembre y octubre de 1973. Sus restos fueron encontrados en 1990 en la mina "La Veleidosa", a 15 kilómetros al norte de Tocopilla con evidentes signos de haber sido dinamitados sus cuerpos.

Caravana de la muerte 

El "caso Tocopilla" engrosa el listado de ejecuciones y detenciones durante los primeros meses de la dictadura cívico militar, el cual iba dirigido a trabajadores de sectores estratégicos, campesinos que se encontraban sindicalizados en proceso de asentamiento por la reforma agraria, dirigentes estudiantiles y militantes de partidos políticos.

Agustín Villarroel tenía 34 años, era dirigente sindical y militaba en el Partido Comunista. Encontrándose de paso por la ciudad de Tocopilla se entregó en la Comisaría de Carabineros de la ciudad con la intención de que la represión no persiguiera a sus colegas y compañeros. Sin embargo, ese mismo día, 6 de octubre de 1973, los agentes del Estado le dieron muerte.

Luis Segovia tenía 28 años, era ingeniero y militante del Partido Socialista. Tenía el cargo de Supervisor de la Corporación Nacional del Cobre, división Chuquicamata, planta Termoeléctrica de Tocopilla. Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por Carabineros, recluído en la cárcel y sometido a proceso en la Fiscalía de Carabineros. Fue sacado del recinto carcelario durante los primeros días del mes de octubre de 1973 y llevado a la mina La Veleidosa donde se ejecutó.

Reencuentro con la familia y la comunidad En 1975 un grupo de pirquineros encontró restos humanos en la mina La Veleidosa dando aviso de los hallazgos. Sin embargo, los restos fueron nuevamente dinamitados, impidiendo la búsqueda. A petición de un familiar, en junio de 1990, la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla interpone una querella por inhumación ilegal, solicitando diligencias para indagar en la mina. Entre junio y octubre de ese año se exhuman los restos de cuatro personas. Se identifican los cuerpos de Carlos Garay, Luis Segovia y Agustín Villarroel. Posteriormente en 1991 es identificado y entregado a sus familiares para su sepultación Claudio Tognola Ríos. Sin embargo, los restos entregados resultaron erróneos, por lo que las familias vuelven a la espera de confirmar los restos de sus seres queridos.

El pasado 21 de mayo los familiares y la comunidad de Copiapó sepultaron a Luis Segovia y Agustín Villarroel con la certeza de que son los restos de sus seres queridos.

Se realizó un acto conmemorativo en la plaza de Copiapó, evento que fue muy emotivo y contó con una masiva asistencia en la cual estuvo presente la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, el Comité de Derechos Humanos de Tocopilla, organizaciones de mujeres como UDEMA, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.Ivonne Villalobos Segovia, prima de Luis Segovia, contó que de acuerdo al testimonio de un militar ofrecido en secreto, supo que su primo fue arrojado vivo a la mina en Tocopilla, y destacó los años de lucha por obtener la verdad que su familia y ella misma ha mantenido, y el gran sufrimiento que han experimentado durante todos estos años. Mientras que Mario Silva, Presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama, dio cuenta de la falta de justicia en los procesos por violaciones graves a los derechos humanos, indicando que en estos dos casos, como en muchos otros, aún no hay justicia plena.