Tello Garrido Teobaldo Antonio

Rut  : 5.327.220-7
F.Nacim. : 27-10-48, 25 años a la fecha de su detención
Domicilio : Julio Bañados 1973, Quinta Normal, Santiago
E.Civil : Casado
Actividad : Fotógrafo; ex-funcionario del Servicio de Investigaciones
C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
F.Detenc. : 22 de agosto de 1974

 SITUACION REPRESIVA

            Teobaldo Antonio Tello Garrido, casado, fotógrafo, ex funcionario de Investigaciones, militante del MIR, fue detenido el 22 de agosto de 1974, en la vía pública, en Santiago, después de las 19 horas, sin testigos, por civiles que lo condujeron al recinto secreto de detención y tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) ubicado en calle José Domingo Cañas con República de Israel, comuna de Ñuñoa, para después ser trasladado a Cuatro Alamos, desde donde desapareció. Teobaldo Tello fue visto en diversos centros de reclusión por numerosos testigos, todos los cuales hicieron notar las duras torturas a que fue sometido y las condiciones físicas en que lo vieron. Dos días más tarde de ocurrida la detención de la víctima, fue aprehendida su cónyuge, Berta Valdebenito Mendoza, de 21 años de edad, la que fue torturada, careada con su marido y la que permaneció desaparecida durante 20 días, sin que su detención haya sido reconocida, siendo posteriormente dejada en libertad.

            Ese día 22 de agosto de 1974, Teobaldo Antonio Tello Garrido salió de su domicilio con el fin de ir a entregar unos trabajos fotográficos, a las 19:00 horas. Nunca regresó. Su esposa, Berta Valdebenito se trasladó entonces a la casa de su madre, ubicada en calle Lo Encalada, en Ñuñoa, atemorizada por la situación. El 24 de agosto de 1974, a las 12:45 horas, en circunstancias de que nadie se encontraba en el hogar que compartía con Teobaldo Tello, llegaron hasta allí 5 civiles que señalaron a una vecina que tenían orden de allanamiento, procediendo a descerrajar la puerta de calle e introducirse en la casa. Según lo relató la vecina a Berta Valdebenito, los agentes se retiraron llevando consigo sólo paquetes.

            El 28 de agosto de 1974, alrededor de las 23:00 horas, 5 civiles, que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), se presentaron en la casa de la suegra del afectado, señora Mercedes Mendoza, en donde se encontraba Berta Valdebenito. Dijeron tener una orden de detención en contra de ésta última, llevándosela detenida. En primer lugar, condujeron a la cónyuge de la víctima hasta su propio domicilio en Quinta Normal. Allí ella pudo constatar que habían sustraído el laboratorio fotográfico que su marido tenía, diversas especies personales y que la casa se encontraba totalmente deteriorada debido al allanamiento de que había sido objeto. Con ella presente, los agentes registraron nuevamente el lugar sin encontrar nada que les interesara.

            Desde ahí, Berta Valdebenito fue llevada hasta el recinto de calle José Domingo Cañas, en donde permaneció durante 20 días. Fue dejada en un cuarto en donde había muchos hombres y mujeres detenidos. Durante los primeros días de su detención fue careada, interrogada y torturada en varias oportunidades junto a su cónyuge, al que, en un primer momento, por estar vendada, sólo reconoció por la voz. Se la acusaba -ella había efectuado un reemplazo en el Gabinete de Identificación en los meses de febrero y marzo de 1972- de haberle proporcionado a él documentos de identidad en blanco, los que, según ellos, habían sido encontrado en el primer allanamiento a su domicilio. También los interrogaban sobre reuniones políticas que habían realizado en su casa, si conocía a los amigos de su esposo, quiénes eran estos y a qué partido pertenecían. Por el tono de voz de Teobaldo Tello, ella podía adivinar las malas condiciones físicas en que se encontraba.

            Cuando le fue posible, Berta Valdebenito se levantó la venda de los ojos y pudo ver a su marido. Este tenía el rostro desfigurado por los golpes, los pómulos llenos de sangre seca y para mantenerse en pie tenía que ser apoyado por otras personas. El afectado logró decirle que le habían pasado una camioneta por las piernas.

            En una oportunidad, cuando eran interrogados juntos, los agentes obligaron a Berta Valdebenito a desnudarse ante su marido y ambos fueron amenazados de que a ella la violarían en ese momento si el afectado no hablaba. Durante todo ese tiempo, fueron muy mal alimentados y ella, muchas veces, escuchaba los quejidos de él cuando lo golpeaban.

            Mientras los afectados permanecían en la casa de José Domingo Cañas, la madre de ella, Mercedes Mendoza, recorría Campamentos de Detenidos, Ministerio de Defensa, Fiscalías, Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), sin lograr ni una sola información relativa al paradero de su hija y de su yerno. Sólo 20 días después, salió en libertad Berta Valdebenito, la que fue dejada por sus captores en calle Santa Rosa de la capital.

            El afectado, como ya se ha mencionado, fue visto recluido, tanto en José Domingo Cañas como en Cuatro Alamos, por numerosos testigos. Sandra Machuca Contreras, quien fuera detenida el 6 de agosto de 1974 por agentes de la DINA, pasando por distintos centros de detención, vio a Teobaldo Tello en José Domingo Cañas. Por su parte, Valeska Contreras Alvarez -madre de la testigo anterior- fue detenida el 13 de agosto de 1974, junto a su hijo Juan Machuca, por personal del Servicio de Inteligencia Militar. Ambos fueron llevados al Regimiento Ferrocarrilero de Puente Alto. El 30 de agosto, Valeska Contreras y Juan Machuca llegaron trasladadas a la casa de José Domingo Cañas. Aquí vieron al afectado, quien era amigo de Juan Machuca. Esa noche los jóvenes durmieron, tirados en el suelo, sin ropa de abrigo, uno junto al otro. El testigo pudo constatar el serio estado de salud en que se encontraba la víctima. Tenía las piernas muy heridas, porque le habían pasado un vehículo por encima y había perdido algunos dientes producto de los fuertes golpes recibidos en el rostro.

            Más aún, Valeska Contreras estuvo sentada al lado de Berta Valdebenito. Supo que se trataba de ella porque ésta preguntaba insistentemente por su marido. La declarante recuerda que Berta Valdebenito sufrió un ataque de nervios con pérdida del conocimiento. El 1° de septiembre, la testigo fue conducida a Cuatro Alamos.

            Carlos Sergio Ruiz Aranzaes, fue detenido el 6 de septiembre de 1974 por agentes de la DINA en la oficina del Director General de Investigaciones. Fue conducido a la casa de calle José Domingo Cañas en donde fue interrogado y torturado. Los apremios consistieron en golpes de diversos tipos y en distintas partes del cuerpo (oídos, llamado "el teléfono", estómago, etc.) y se le amenazó con detener a su esposa y a su hijo enfermo. En los interrogatorios participó Osvaldo Romo Mena, el que le preguntaba por Tello Garrido, a quien el testigo conocía por haber trabajado juntos en Investigaciones. Al llegar al Centro de Detención de José Domingo Cañas, el testigo se encontró con Sonia Bustos Reyes (actualmente detenida desaparecida), a quien identificó fácilmente porque también trabajaba en Investigaciones. Un agente se acercó a ellos y les preguntó si conocían a Teobaldo Tello. Una media hora después, ambos detenidos fueron interrogados por separado. Muchas de las preguntas que le hicieron al testigo, versaron sobre la víctima.

            Carlos Ruiz permaneció en ese recinto hasta el 7 de septiembre de 1974 al mediodía, fecha en que fue trasladado a Cuatro Alamos. Sin embargo, el 12 de septiembre fue llevado de vuelta a José Domingo Cañas, en donde nuevamente se le interrogó y torturó. En esta oportunidad lo condujeron a una celda en la que había unos ocho detenidos, entre ellos, vio a Teobaldo Tello, con quien pudo intercambiar algunas palabras. El afectado estaba muy preocupado por la suerte de su esposa, Berta Valdebenito. Esa misma noche, el declarante fue conducido otra vez a Cuatro Alamos, en donde, alrededor del 15 de septiembre, cuando era llevado al baño, vio a Tello Garrido. El afectado era sujetado por dos detenidos. Era evidente que no podía mantenerse en pie y que tenía un brazo inmovilizado. Fue la última vez que Carlos Ruiz vio a la víctima. Posteriormente, cuando el declarante ya se encontraba en libre plática en Tres Alamos, supo, por medio de otros detenidos, que Tello había sido arrollado por una camioneta de la DINA y que había sido sacado de Cuatro Alamos con destino desconocido.

            También Mario Enrique Aguilera Salazar vio a la víctima en Cuatro Alamos. El declarante fue detenido el 12 de agosto de 1974 por agentes de la DINA que lo condujeron primero al recinto secreto ubicado en calle Londres 38, después a José Domingo Cañas, a Cuatro Alamos y a Tres Alamos, saliendo expulsado a Francia en junio de 1975. En José Domingo Cañas, Mario Enrique Aguilera fue interrogado y torturado. Luz Arce -militante socialista que se transformara en colaboradora de la DINA, producto de las torturas y amenazas sufridas durante su detención- participó en su interrogatorio. Estaba sentada al lado de "la parrilla" (catre de fierro en donde se ataba a la víctima desnuda para proceder a aplicarle corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo) que era manejada por dos agentes. El 24 de agosto de 1974, el testigo fue llevado a Cuatro Alamos en donde permaneció hasta el 16 de septiembre aproximadamente. En este recinto fue ubicado en una pieza grande, al final de un pasillo, en la que había 15 a 20 literas metálicas que no siempre estaban ocupadas completamente. En esa pieza existía una puerta que comunicaba con Tres Alamos; las frazadas eran de color plomo y la última comida se servía alrededor de las 19 horas. Llegaba un sujeto que se instalaba con un fondo de comida, la que se repartía en unos pocillos plásticos color calipso. Aquí, los detenidos no estaban vendados, salvo cuando debían salir hacia otras dependencias del recinto o eran sacados del lugar. Los detenidos sabían que había otras celdas de menores dimensiones en las que permanecían también mujeres incomunicadas.

            Fue aquí en Cuatro Alamos donde el testigo vio, entre otros, a Teobaldo Tello, el que llegó al lugar muy torturado y en mal estado físico, hasta el punto que tenían que darle la comida en la boca. Le habían botado a golpes casi todos los dientes.

            Sara Astica Cisternas, actriz, fue detenida el 6 de septiembre de 1974, junto a todo su grupo familiar por agentes de la DINA. Fue llevada a la casa de calle José Domingo Cañas, en donde vio a Sonia Bustos Reyes y a Mónica Llanca Iturra, estas dos últimas detenidas desaparecidas y relacionadas con Teobaldo Tello. La testigo fue interrogada y torturada por Osvaldo Romo Mena y una joven a quien el agente de la DINA llamaba "Alejandra". En una oportunidad, y después de ser interrogada, la testigo fue dejada en el piso de una pieza en la que había más detenidos. Allí quedó junto al afectado, el que comenzó a acariciarle el pelo y a tranquilizarla.

            Cristián Van Yurick Altamirano, quien fuera detenido el 12 de junio de 1974 y pasara por diversos centros secretos de detención y tortura y quien tiene un hermano en calidad de detenido desaparecido, Edwin Van Yurick, vio al afectado en la casa de calle José Domingo Cañas. Recuerda que éste no podía caminar solo. Posteriormente, más menos en la época en que cerraron Londres 38, volvió a verlo, pero ya en Cuatro Alamos. Estuvieron junto en la celda N°13, en la que también estaban los actuales detenidos desaparecidos Stalin Arturo Aguilera Peñaloza y Manuel Cartes Lara.

            La detención del afectado se produjo a raíz de una redada que la DINA practicó en el Servicio de Investigaciones y que se tradujo en una serie de detenciones. Entre los detenidos se contó, además del afectado, a Carlos Sergio Ruiz Aranzaez y a las detenidas desaparecidas Sonia Bustos Reyes y Mónica Chislayne Llanca Iturra.

            En julio de 1975, el nombre del afectado apareció en la lista de 119 chilenos que presuntivamente habían muerto en enfrentamientos en Argentina. Teobaldo Tello Garrido figuraba en la nómina publicada en la revista "Lea" de Buenos Aires, que apareció por primera y única vez en esa oportunidad, sin director responsable ni pie de imprenta. La veracidad de este hecho jamás pudo ser comprobada. Más bien, el tiempo sólo ha demostrado la falsedad de la información, la que nunca fue ratificada por ningún Gobierno, ni siquiera el chileno. Los 119 nombres pertenecían a personas que habían sido detenidas por los servicios de seguridad chilenos y que, a partir de la detención, permanecían desaparecidas.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 13 de septiembre de 1974, Mercedes Mendoza interpuso un recurso de amparo por Teobaldo Tello Garrido y por Berta Valdebenito ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°1092-74. Ante consultas del Tribunal, el Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, informó, el 12 de noviembre de 1974, que Teobaldo Tello no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado. Al respecto, la Corte ordenó un nuevo Oficio al Ministro Benavides para que informara en relación a Berta Valdebenito, a cuyo favor también se había recurrido de amparo. Sin que se obtuviera respuesta, Mercedes Mendoza informó que su hija había salido en libertad el 17 de septiembre de 1974, siendo dejada por sus captores en el paradero 25 de Santa Rosa. Agregaba que Berta Valdebenito había estado junto a su marido en un lugar que hasta ese momento no identificaba.

            Después de que se obtuvieran respuestas negativas del Comandante en Jefe de la Zona en Estado de Sitio, a cuyo nombre respondió el Coronel Hernán Ramírez Ramírez, y del Comandante en Jefe del Comando de Aviación de Combate, se ofició a la Dirección de Inteligencia Nacional. Este organismo respondió el 18 de marzo de 1975, diciendo que cualquier consulta debía ser dirigida al Ministerio del Interior o al SENDET. Sólo en mérito de estos antecedentes, el 26 de marzo de 1975 -seis meses después de su presentación- se rechazó el amparo y se remitieron los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente. la Corte no realizó ni una sola diligencia relativa a la detención de Berta Valdebenito y que pudiera haber significado ubicar la casa de José Domingo Cañas, en donde se encontraba el afectado en pésimo estado físico.

            De esta manera se instruyó, en el 9° Juzgado del Crimen de Santiago, la causa rol N°13.818-6, la que fue acumulada a la rol N°12.966-8, que se estaba tramitando por una denuncia de secuestro cometida en la persona de Berta Valdebenito en el mismo Tribunal, interpuesta el 10 de octubre de 1974 por la afectada.

            En la presentación, la cónyuge del afectado hizo un acabado relato de los hechos, informando al Tribunal que su lugar de reclusión y el de su marido, estaba ubicado en calle José Domingo Cañas, más o menos a la altura de José Miguel Infante. Detallaba además los interrogatorios y torturas a que fue sometida junto a su marido y el hecho de no haber vuelto a saber de éste. Ante una orden judicial, Investigaciones informó haber consultado en la Cárcel Pública, Penitenciaría, centros de detenidos políticos (no se especificó cuáles) y otros lugares. En ninguno de ellos se encontraba registrada la detención de Teobaldo Tello y de su esposa Berta Valdebenito, (29 de enero de 1975).

            En julio de 1975 fue citada a declarar la cónyuge del afectado, la que ratificó su denuncia, agregando que, al momento de ser dejada en libertad debió firmar un documento en el que decía que no había recibidos malos tratos. Dijo también que sus captores la habían estado llamando por teléfono para preguntarle si alguien se había interesado por la situación de su esposo. Por su parte, el Coronel de Ejército Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo del SENDET, informó que dicho Organismo carecía de antecedentes relativos a la víctima, (9 de julio de 1975. El mismo Coronel Ulloa, el 9 de septiembre de 1975, ofició al Tribunal diciendo que el SENDET no registraba la detención de Berta Valdebenito.

            No obstante haber aparecido el nombre del afectado entre la lista de 119 chilenos muertos en el extranjero, Policía Internacional informaba que Tello Garrido no registraba anotaciones de viaje (21 de agosto de 1975). El 9 de noviembre de ese año, Investigaciones -diligenciando la información relativa a los 119- dijo haberse trasladado a las oficinas de la United Press International (UPI, agencia cablegráfica norteamericana), en donde su gerente, Charles Edward Padilla, manifestó que el cable provenía de las oficinas centrales de la UPI con sede en Argentina y que la información había sido recogida del semanario "Lea" de Buenos Aires.

            Posterior a esta diligencia -y sin otras investigaciones relacionadas con la denuncia hecha por Berta Valdebenito- el 4 de diciembre de 1975, se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa por no encontrarse acreditada la existencia del delito denunciado por la cónyuge de la víctima. El 13 de enero de 1976, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución consultada. La causa fue archivada.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 25 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado del fotógrafo Teobaldo Antonio Tello Garrido, detenido desaparecido desde el 22 de agosto de 1974 y una de las 119 víctimas que aparecieron en las nóminas de la maniobra de desinformación internacional conocida como "Operación Colombo".

Teobaldo Tello, de 25 años de edad, casado, era detective de la Policía de Investigaciones, fotógrafo, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido y secuestrado en horas de la tarde del día 22 de agosto en la vía pública cuando se disponía a sostener un contacto clandestino en la zona centro de Santiago. Su detención formó parte de una redada represiva sobre miembros del MIR vinculados a Investigaciones y al Gabinete de Identificación.

En la sentencia (rol 36.979-2020),  la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y los abogados (i) Eduardo Morales y Gonzalo Ruz- rechazó los recursos de casación interpuestos por los condenados y descartó error en la sentencia impugnada.

El fallo del máximo tribunal condenó a los ex oficiales de Ejército y jerarcas de la DINA César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a la pena de 13 años de presidio por su responsabilidad como autores del delito.

En tanto, también como autores del delito fueron sentenciados a 10 años de presidio los ex oficiales Gerardo Ernesto Godoy García y Manuel Andrés Carevic Cubillos, y los ex agentes Nelson Alberto Paz Bustamante, Julio José Hoyos Zegarra, Silvio Antonio Concha González, José Alfonso Ojeda Obando, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Claudio Enrique Pacheco Fernández,  José Abel Aravena Ruiz, Rosa Humilde Ramos Hernández, Pedro René Alfaro Fernández, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Palmira Isabel Almuna Guzmán Leonidas Emiliano Méndez Moreno, y Hermon Helec Alfaro Mundaca, Luis Rigoberto Videla Inzulza y Jorge Segundo Madariaga Acevedo, siendo estos tres últimos funcionarios de la Policía de Investigaciones comisionados en la DINA.

El agente el ex agente Samuel Enrique Fuenzalida Devia deberá purgar una pena de 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, como autor del delito.

Finalmente el ex agente Víctor Manuel Álvarez Droguett fue sentenciado a una pena de 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, cómo cómplice del delito.

La sentencia desestimó infracción en los hechos establecidos por los tribunales de primera instancia al tratarse de crímenes de lesa humanidad.

"Que en cuanto a la causal contenida en el artículo 546 N°2 del Código de Procedimiento Penal, atendida la naturaleza de los sucesos demostrados, los que resultan inalterables para esta Corte desde que fue desestimada la causal que permite su modificación, no cabe duda que los mismos fueron cometidos en carácter de crimen de lesa humanidad, toda vez que el ilícito pesquisado ocurrió en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado, constituyendo la víctima de este caso un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosas personas a quienes, en la época inmediata y posterior al once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, se les sindicó de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto o que por cualquier circunstancia fuera considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política ideada por los detentadores del poder, garantizándoles la impunidad a los ejecutores de dicho programa mediante la no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante la solicitud de los tribunales ordinarios de justicia de informes atingentes, como por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y respondían a una campaña tendiente a desprestigiar al régimen militar autoritario.

Agrega: "Que se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente.

En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes".

En la investigación judicial, y fallo de primera instancia, el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse estableció que el secuestrado Teobaldo Tello fue llevado por sus captores al recinto de reclusión clandestino denominado "Ollagüe", ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, de la comuna de 'uñoa, y posteriormente lo trasladaron a los recintos clandestinos de detención de "Villa Grimaldi", ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina y a "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de Santiago, recintos que eran controlados por la DINA.

Durante su estadía en los cuarteles de José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización.

En estos recintos Tello Garrido fue visto por otros detenidos sobrevivientes con sus brazos y piernas quebradas producto de las torturas. La última vez que se le vio con vida ocurrió un día no determinado del mes de septiembre de 1974.

El nombre de Teobaldo Antonio Tello Garrido apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista "LEA" de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se decía que había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas entre esos miembros. Las referidas publicaciones fueron producto de maniobras de desinformación efectuadas por la DINA, en lo que se ha conocido como "Operación Colombo".

por Darío Núñez

Durante la dictadura cívico-militar fueron ejecutados y desaparecidos al menos un centenar de personas ligadas a la cultura, las artes y el patrimonio.

El 11 de septiembre se inició la etapa más dolorosa que hayamos vivido, provocada por agentes del Estado y civiles cómplices. Hoy conmemoramos 48 años de esa tragedia que aun enluta a Chile entero.

Más de tres mil personas, hombres mujeres, niños, niñas y jóvenes como estudiantes de educación básica, de secundaria y universitaria; mujeres embarazadas, personas mayores, no vidente, minusválidos fueron directamente afectadas y cientos de miles, pasaron a la categoría de familiares y víctimas de la dictadura. Quienes sobreviven luchan incansablemente por justicia, reparación y no repetición de actos genocidas por parte del Estado.

Hombres y mujeres que cuyo aporte a la sociedad era desde su lucha social, de militante y también desde sus oficios y ocupaciones como zapateros, obreros, empleados textiles, médicos, linotipistas, modistas, secretarias, dirigentes sindicales, vecinales, funcionarios municipales empleados públicos, empleados de ferrocarriles, suplementeros, carpinteros; obreros campesinos, mineros, forestales, de la construcción; ingenieros. También aquellos que estaban de paso, en una misión, estudiando o habían formado una familia en Chile provenientes de Vietnam, Francia, España, Bolivia, Argentina, Uruguay, Inglaterra, Ecuador, Uruguay, entre otros países.

Alguno de sus asesinos y cómplices que pagan tibias condenas en cárceles de lujo nos han privado de ellos y ellas, pero también nos han privado de cerca de un centenar de artistas y creadores que hemos identificado, con el afán de ofrecer un homenaje a quienes, desde las culturas, las artes y el patrimonio fueron víctimas del terrorismo de estado.

Hemos reconocido 82 personas cuya creatividad se expresaba en el audiovisual, la artesanía, el teatro, la arquitectura, fotografía, Artes Visuales, letras y música.

En esta nota podrán encontrar nombres de las personas cuya información permite asociarla a un lenguaje artístico, de acuerdo a la información disponible, sin embargo, es altamente posible que falten muchos y muchas por identificar. Encontrarán también un vínculo hacia la información que, entre todas las personas que hacen posible el sitio www.memoriaviva.com, nos ponen a disposición con el fin que podamos aportar a no olvidar hasta que  haya justicia.

Por ellos y ellas… ¡¡Ni perdón, ni olvido!!

TEOBALDO ANTONIO TELLO GARRIDO FOTOGRAFO  DETENIDO DESAPARECIDO    22/8/1974

La decisión de la Corte de Santiago fue unánime en el caso de la desaparición de Teobaldo Antonio Tello Garrido, uno de los 119 desaparecidos en el marco de la llamada "Operación Colombo".

A 28 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía represora de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se les ratificaron sus condenas por el secuestro calificado (desaparición) en 1974 de un opositor informaron desde el Poder Judicial.

La decisión de la Corte de Santiago fue unánime en el caso de la desaparición de Teobaldo Antonio Tello Garrido, uno de los 119 desaparecidos en el marco de la llamada “Operación Colombo“, un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos, con la colaboración de las policías secretas de Argentina y Brasil.

En esos países se publicaron ediciones únicas de periódicos que afirmaban que los desaparecidos habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), versión que fue recogida por la prensa chilena de la época.

La Justicia determinó una pena de 13 años para los generales César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, y para los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito.

Para otros 22 ex agentes del Estado el tribunal determinó una condena de 10 años y para los últimos dos la pena de 4 años y 541 días de cárcel, respectivamente.

“La presente causa se originó para investigar las circunstancias de la desaparición forzada de Teobaldo Antonio Tello Garrido, después de haber sido detenido por agentes del Estado, pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el 22 de agosto del año 1974”, explicó la Justicia chilena en su fallo

En ese sentido, destacaron que el desaparecido fue mantenido en los centros de detención de Ollagüe, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, “recintos que eran custodiados por guardias armados, donde Teobaldo Tello fue objeto de torturas provocadas por agentes de ese organismo, desconociéndose posteriormente su paradero”.

La resolución agregó que “no cabe duda” de que el delito es un crimen de lesa humanidad como son los secuestros calificados, delitos que “forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condición que tenía a esa época la víctima”.

En el aspecto civil se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar más de 110.000 dólares a los familiares de la víctima.

Durante el régimen militar, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.

Estuvo detenido en José Domingo Cañas, 4 Alamos y Villa Grimaldi, desde donde fue hecho desaparecer, según un testigo. Es una víctima de la cruel Operación Colombo, montaje que intentó hacer creer que 119 chilenos habían muerto en el extranjero. Condenados 62 agentes en primera instancia.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, condenó a 62 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del fotógrafo y ex funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), Teobaldo Antonio Tello Garrido, ilícito perpetrado a partir el 22 de agosto de 1974.

El magistrado condenó a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito, a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y a otros 58 ex miembros de este aparato represor de la dictadura.

La investigación estableció que el 22 de agosto de 1974, Teobaldo Tello, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública en el centro de Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado Ollagüe, ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, de la comuna de Ñuñoa, y posteriormente lo trasladaron a Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, recintos custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenía acceso la DINA.

Tello Garrido durante su detención permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, y sometido a interrogatorios bajo tortura por los agentes de la DINA con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR y detenerlos, “siendo vistos por otros detenidos con sus brazos y piernas quebradas producto de las torturas”, detalla la resolución.

La última vez que la víctima fue vista con vida, ocurrió un día no determinado del mes de septiembre de 1974, encontrándose actualmente desaparecido. El nombre de Tello “apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Teobaldo Antonio Tello Garrido había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Tello Garrido tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”. Esta fue conocida como la Operación Colombo.

Romo detuvo a su esposa

La esposa de Teobaldo Tello, Berta Valdebenito Mendoza, relató a los tribunales que en agosto de 1974 fue detenida por agentes dirigidos por Osvaldo Romo Mena y llevada a José Domingo Cañas y fue sometida a interrogatorios y careos con su esposo.

“Recién ahí se dio cuenta que él también estaba detenido, ya que previo a su detención él había desaparecido hacía como 4 días. Estuvo detenida por espacio de 20 días, continuamente con la vista vendada. En uno de los careos pudo sacarse la venda y ver que su esposo estaba físicamente mal, con sangre seca en los pómulos”, consigna.

Indica que en José Domingo Cañas “la oficina de Miguel Krassnoff Martchenko estaba al frente de otra donde se ubicada ‘la parrilla’ y en varias ocasiones escuchó la voz de Krassnoff diciendo ‘dale más, apriétala más’. A Marcelo Moren Brito también lo vio en ese recinto. Osvaldo Romo siempre estaba junto a Krassnoff quien le decía a su esposo, ‘mira el regalito que te tengo aquí’, Krassnoff constantemente lo intimidó diciéndole que si él no cooperaba se las iba arreglar con ella en el sentido de que la iba a torturar, esa situación de aflicción se repitió en tres oportunidades”.

“En un momento alguien lo atrajo hacia ella decidiéndole si reconocía ese cuerpo, ella estaba aterrada y se sacó la venda y vio el estado en que su marido se encontraba. Estaba en el lugar Miguel Krassnoff Martchenko, Osvaldo Romo y Basclay Zapata”, declaró.

Berta cuenta que “lo llevaron a la pieza donde ella estaba y lo acostaron a su lado, ella trató de abrazarlo y, él le dijo que le habían pasado un vehículo por sobre sus piernas, que le habían botado sus dientes y lo tenían aislado. Pasó la noche con él, se quejaba mucho, trató de poner su oído cerca de su boca y así pudo lograr entenderle”, precisó. Fue llevada por un guardia para despedirse de su esposo. Fue la última vez que lo vio. Fue liberada el 16 de septiembre.

En Cuatro Alamos los prisioneros lo ayudaban a caminar

Carlos Ruiz Aranzaes fue hasta Septiembre de 1974 funcionario de la PDI. Fue compañero de trabajo de Tello, a quien habían exonerado de la institución por su militancia de izquierda.

Aranzaes fue detenido en la Dirección General por un funcionario de la DINA y “llevado a un lugar donde se le acercó un sujeto que identifica como Osvaldo Romo y le preguntó si conocía a Teobaldo de Tello, respondiéndole afirmativamente”, luego lo trasladaron a una oficina de interrogatorio y torturas donde fue golpeado e interrogado sobre su relación con Tello.

Posteriormente fue llevado a Cuatro Álamos y a los dos días a un centro de interrogatorios . “Fue llevado a una pieza pequeña donde habían unas cuatro personas y ahí se le acercó Teobaldo Tello y le dice que había sido detenido y torturado. Al poco rato los sacan y los llevan nuevamente a Cuatro Álamos donde estuvo unos tres días siendo trasladado a Tres Álamos, a los pocos días lo trasladan nuevamente a Cuatro Álamos y lo llevan después a otro sitio que pudo haber sido la Discoteque, y luego a otros centros de detención”.

Aranzaes también fue llevado a Villa Grimaldi. Allí vio a Sonia Bustos (detenida desaparecida) quien también perteneció a la PDI. Bustos trabajaba como secretaria del casino de la institución. Dice que lo pusieron al lado de ella y pudieron hablar. En ese mismo lugar tuvo la oportunidad de encontrarse con Tello, agrega el testigo. 

Mario Aguilera Salazar fue detenido por la DINA en agosto de 1974 y pasó por José Domingo Cañas, Londres 38, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos. Aseguró a la justicia que mientras estuvo en Cuatro Álamos, llegó un joven herido, por lo que “junto a Pablo Muñoz lo atendieron, les informó que había sido detenido en Quinta Normal, supo que ese joven era Teobaldo Tello Garrido quien en muchas oportunidades era sacado y llevado a otros centros de detención, lo sacaban en la mañana y lo traían de vuelta en la tarde, llegaba en muy malas condiciones físicas, hasta que en una oportunidad fue sacado y no volvió, nunca se supo su destino”.

Por su parte, Cristián Van Yurick sostuvo que estuvo detenido por la DINA en Cuatro Álamos . A Van Yurick “lo sacaban por periodos cortos a los cuarteles de la DINA ubicados en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi, donde era interrogado. En José Domingo Cañas fue llevado a una habitación en donde vio a Tello que no podía caminar”.

Recuerda que en Cuatro Álamos , se encontraba en muy malas condiciones físicas y “fue dejado en un espacio frente a la pieza 13, bastante alejado de las camas de los otros detenidos. Con Joel Huaquiñir (detenido desaparecido), le dieron unos calmantes. Posteriormente fue sacado de madrugada o al otro día temprano desconociendo su paradero”, declaró Van Yurick.

En Villa Grimaldi preguntó por su señora

El ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena negó haberlo detenido, pero reconoció haber conversado con Teobaldo Tello Villa Grimaldi.

“La mayoría de los detenidos que recuerda que estaban en José Domingo Cañas, eran sacados vivos y llevados en malas condiciones a la Clínica Santa Lucía, nunca fue a la Clínica Santa Lucía. nunca volvió a ver a los que llevaron a la Clínica Santa Lucía. Entiende que allá les ponían una inyección y les daban muerte, a esa clínica iban a morir. No sabe lo que les inyectaban, pero iban a morir”, sentenció Romo a la justicia.

Juan Machuca Contreras, fue detenido el 13 de agosto de 1974 y llevado a un recinto que luego supo era José Domingo Cañas, “siendo interrogado y torturado brutalmente, preguntándole por personas del MIR. Ahí permaneció aproximadamente dos semanas, posteriormente fue llevado a la pieza 13 de Cuatro Álamos donde estuvo de tres a cuatro meses y era sacado constantemente a interrogatorios a otros recintos clandestinos de la DINA”.

Machuca conoció a Teobaldo Tello en la secundaria y nunca más lo vio, hasta que se encontró con él en Cuatro Álamos, lo ayudaba a cargarlo cuando tenían que llevarlo al baño. “Cuando le daban comida tenían que enfriarla para poder darle de comer, apenas comía”.

Después de unos días sacaron a Machuca a Villa Grimaldi. Allí, a los días después lo llevaron a una pieza de interrogatorios y torturas donde estaba Teobaldo Tello Garrido, “él le preguntó si había visto a su señora, procedió a tomarlo y lo levantó ya que el espacio era muy reducido y no cabían los dos. Trató de consolarlo. Y lo puso sobre él. Luego entraron unos guardias y arrastraron de los pies a Teobaldo; los agentes dijeron que estaba fallecido, lo tomaron y lo tiraron como bulto en una camioneta, lo mismo hicieron con él, fueron a un lugar desconocido donde entregaron el cadáver de Teobaldo Tello, a unos agentes, cree que era un lugar de exterminio de prisioneros. Se escuchaban personas detenidas que hacían mucho ruido y gemidos. Los captores dijeron que a él no lo dejaban pues tenían muchos y lo regresaron a Villa Grimaldi y luego lo volvieron a Cuatro Álamos, luego pasó a Tres Álamos. Teobaldo Tello habría fallecido mientras estuvieron en la celda en Villa Grimaldi”, manifestó a la Justicia.

Lista de los 62 condenados

Por este crimen contra la humanidad, además de las sentencias a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, deberán cumplir condena de 10 años de presidio, también en calidad de autores, los agentes: Nelson Alberto Paz Bustamante, Gerardo Ernesto Godoy García, Hermón Helec Alfaro Mundaca, Gerardo Meza Acuña, Gerardo Ernesto Urrich González, Julio José Hoyos Zegarra, Manuel Heriberto Avendaño González, Silvio Antonio Concha González, José Ojeda Obando, José Mario Friz Esparza, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Jorge Segundo Madariaga Acevedo, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Claudio Enrique Pacheco Fernández, José Abel Aravena Ruiz, Orlando Manzo Durán, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Basclay Humberto Zapata Reyes, Rosa Humilde Ramos Hernández, Pedro René Alfaro Fernández, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Juan Ángel Urbina Cáceres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Luis Fernando Espinace Contreras; Palmira Isabel Almuna Guzmán y Leonidas Emiliano Méndez.

Asimismo, deberán purgar penas de 4 años de presidio, en calidad de cómplices, los agentes: Juan Ignacio Suárez Delgado, Raúl Alberto Soto Pérez, José Mora Diocares, Armando Segundo Cofré Correa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Víctor Abraham González Salazar, Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Daniel Valentín Cancino Varas, Jaime Humberto Paris Ramos, José Stalin Muñoz Leal, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Luis Eduardo Mora Cerda, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Osvaldo Octavio Castillo Arellano, Víctor San Martín Jiménez, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Guido Arnoldo Jara Brevis, Hugo Hernán Clavería Leiva, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Víctor Manuel Molina Astete, Olegario Enrique González Moreno, Miguel Ángel Yáñez Ugalde y Héctor Carlos Díaz Cabezas.

El agente Samuel Enrique Fuenzalida Devia fue condenado a 541 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Absueltos por falta de participación resultaron los agentes Raúl Bernardo Toro Montes, Alejandro Francisco Molina Cisterna, Herman Eduardo Ávalos Muñoz, Máximo Ramón Aliaga Soto, Alfonso Humberto Quiroz Quintana, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Gustavo Galvarino Carumán Soto, Carlos Enrique Letelier Verdugo y Héctor Raúl Valdebenito Araya.

En el aspecto civil, el ministro Hernán Crisosto Greisse condenó al Estado de Chile y al sentenciado Espinoza Bravo a pagar solidariamente la suma de 80 millones de pesos a la cónyuge de la víctima.

Este lunes 8 de septiembre, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), realizará una ceremonia en que inaugurará un memorial en homenaje a los funcionarios públicos detenidos desaparecidos y muertos en dictadura, homenaje que tendrá la presencia de autoridades de gobierno, organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

“Esto va con todo el respeto que tiene para nosotros como agrupación conservar la memoria de nuestro país. En esta ocasión, queremos inmortalizar a nuestros funcionaros y dirigentes, quienes también nos legaron su ética y lucha sindical y que fueron asesinados en el peor periodo de nuestra historia. Y al rememorara a nuestros compañeros caídos, también hacemos un llamado a la vida y la paz”, comentó el secretario general de la ANEF, Bernardo Jorquera.

Junto a los dirigentes ANEF que anunciaron el memorial, los acompañó el diputado Tucapel Jiménez, – hijo del dirigente sindical de la ANEF del mismo nombre, asesinado por agentes del Ejército en 1982-, además de la dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

Son más de 380 casos los que aparecerán en una placa, en la sede de la ANEF, y que se inaugurará el lunes 8 de septiembre a las 11 hrs. La lista fue proporcionada al gremio por el Ministerio del Interior, donde destacan el presidente Salvador Allende Gossens y Tucapel Jiménez.

“Esta inauguración dignifica a la clase trabajadora, y a los movimientos sindicales” contó Alicia Lira, quien es viuda de un funcionario de Tesorería asesinado los primeros días tras el Golpe de Estado.

“Estos actos de mantener viva la memoria, recordar a los caídos, son importantes porque la memoria es frágil y es bueno mantenerla viva. Nosotros queremos que los jóvenes no vuelvan a vivir esa historia negra que pasamos como país y por eso es importante recordar a los caídos y buscar verdad y justicia, con el propósito de que estas cosas nunca más ocurran”, afirmó el diputado Jiménez.

Ex agente Nibaldo Jiménez le entregó al juez Guzmán un atroz relato donde narra las brutalidades de funestos personajes como el "Guatón Romo" o Marcelo Moren Brito y su lazo con la delatora Luz Arce. Acusa a Miguel Krassnoff y Maximiliano Ferrer de resolver qué cuerpos desaparecerían con el visto bueno del jefe del ente represivo.
“El general Contreras era quien revisaba las listas y, en definitiva, quien decidía la suerte de los detenidos" confiesa el ex agente de la disuelta DINA, Nibaldo Jiménez Santibañez, en un descarnado relato que entregó al ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, donde reseña el modo de operar de la DINA en 1974 y detalla las torturas que realizaban el coronel (r) Marcelo Moren Brito y Osvaldo Romo Mena. Pero esta confesión pasa a ser insignificante cuando asegura que en Londres 38 había rieles en los que se depositaba el cuerpo sin vida de los detenidos para lanzarlos al mar.
En el expediente conocido como Villa Grimaldi, en el que se investiga la participación de la DINA en torturas, secuestros y detención ilegal de personas, el ex agente indica que en 1974 fue designado al organismo y destinado al cuartel de José Domingo Cañas.
En ese recinto conoció a Marcelo Moren Brito, quien “aparecía de repente y primero era jefe, se perdía por tiempo y luego aparecía otra vez como jefe. Era de Villa Grimaldi y de José Domingo Cañas y aparecía muy de vez en cuando. No lo vi en Londres 38, luego fue reemplazado por Pedro Espinoza”.
Sobre Moren añade en una declaración efectuada ante el Undécimo Juzgado del Crimen de Santiago, y anexado al proceso que tramita el ministro Guzmán, que “al parecer viajaba por todo Chile. Tenía un cargo muy importante. Él detenía a la gente de importancia, pero no interrogaba, sino que hacía una minuta y se la entregaba a un grupo de interrogadores”.
Jiménez explica que sus primeros contactos con otros agentes fueron con Osvaldo Romo Mena, el Guatón Romo, y con una detenida ex integrante del Partido Socialista, Luz Arce, quien bajo las torturas delató a varios de sus compañeros: “esa niña era bien inteligente y los funcionarios decían que cualquier cosa que quisiera saber pregúntaselo a la súper-genio, porque era bien habilosa. Yo acudí a ella porque no conocía mucho y ella me explicaba la militancia de la gente, los partidos, como había empezado esto y me ayudó bastante bien”.
Londres 38
Aunque el agente reitera que sólo conoció Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, confiesa que en una oportunidad llegó a Londres 38 y “había más de 40 detenidos sentados en algo parecido a una iglesia”.
Sin mostrar una mínima señal de angustia, Jiménez sostiene que preguntó dónde estaba el baño y le dijeron que subiera. “Subo al baño y al lado de éste había varios pedazos de rieles cortados, se notaban que estaban cortados hacía poco, ya que estaban brillantes por el lado cortado. Y a mí me extrañó… por qué tantos rieles, y me explicaron que ‘esos son para los paquetes’. Yo pregunté qué paquetes, y me respondieron: para los que se van cortados todos los días de aquí, un lote grande va al mar, los envuelven en un saco bien amarrados con alambre, echan el cuerpo y el riel y con el peso del riel se van para el fondo”.
Inmutable, el ex agente agrega: “quien mandaba los individuos al mar era una reunión que se hacía con los jefes del grupo en esa época, que en ese tiempo eran los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima, otro de apellido Barrieta, que representaban a los diferentes cuarteles. Los que se reunían, en algo así como un juzgado, decidían quién se salvaba y quién se iba al mar, lo que significaba que serían desaparecidos. Para esto, en Villa Grimaldi se manejaban códigos que consistían en anotar en un libro al lado del nombre del detenido algo relacionado con el mar como por ejemplo PM (Puerto Montt)”.
Añadió que “estos libros se llenaban en la tarde para luego ser enviados con dirección al General Contreras, jefe máximo de la DINA. Contreras era quien revisaba las listas y, en definitiva, era quien decidía la suerte de los detenidos”, añade.
Las actuaciones de Moren Brito y el Guatón Romo
Jiménez recuerda también en su declaración que “en una oportunidad, cuando llegué a José Domingo Cañas, fui llamado por el señor Moren y me dijo que me iba a enseñar lo que le pasa los traidores, sobre todo a los de Investigaciones. 'Aquí tienen que andar derechitos'. Me dijo que fuera a ver un cuarto que estaba abarrotado de detenidos, y entonces él llamó al detenido Teobaldo Tello, y él abre su boca y vi que estaba completamente ensangrentada'. Explica que le costó darse cuenta lo que había pasado, pero que luego se fijó con más atención y se dio cuenta 'que sus dientes habían sido removidos con un alicate por parte del señor Moren”.
Agregó que no supo más de él, 'pero dudo que haya sobrevivido, ya que era torturado constantemente y de una manera intolerable”. Y Jiménez no se equivoca: el Informe Rettig establece que el detenido al que hace alusión era el ex fotógrafo y ex funcionario de Investigaciones Teobaldo Antonio Tello Garrido (MIR), aprehendido el 22 de agosto de 1974 por civiles que lo condujeron al recinto secreto de detención de la DINA, ubicado en calle José Domingo Cañas con República de Israel, comuna de Ñuñoa, para después ser trasladado a Cuatro Alamos, desde donde desapareció.
El ex policía fue visto en diversos centros de reclusión por numerosos testigos, todos los cuales hicieron notar las duras torturas a las que fue sometido y las condiciones físicas en que lo vieron. Destaca en estos testimonios que tenía su boca manchada con sangre y prácticamente no emitía sonidos.
De Osvaldo Romo no tiene mejores recuerdos. Él, afirma era “muy malo”, “no tenía sentimientos humanos. Había sido dirigente de la Unión Popular y luego se presentó a Investigaciones a decir que podía entregar a mucha gente. Claro, él los conocía a todos, como era de la Junta de Vecinos, y comenzó a tomarlos detenidos a todos. Y cuando los detenía era muy sádico con ellos, porque cuando llegaba allá (José Domingo Cañas) los agarraba a patadas en el suelo”. “Yo quedé enfermo de los nervios. Aún me repercuten las secuelas por las brutalidades de Moren y Romo”, precisa.

Una exhaustiva y larga investigación del juez Juan Guzmán y su equipo de detectives del Departamento V logró develar el mejor secreto guardado por la DINA: el destino de sus desaparecidos en la Región Metropolitana. La operación sistemática fue realizada por los pilotos y mecánicos de los helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército entre los años 1974 y 1978.

Desde los sacos paperos sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres se les veían los zapatos con tacones altos o bajos. A veces se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expelían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos, los menos, no tenían la forma de un cuerpo sino que eran de un tamaño más reducido, sólo parte de los restos.

Fueron al menos 40 viajes. En cada uno subieron de ocho a quince bultos a bordo de los helicópteros Puma. De los 12 mecánicos del Ejército que al final terminaron reconociendo las operaciones, cada uno hizo al menos un viaje. En algunos casos fueron dos, tres e incluso más. Hay otros mecánicos que también participaron en estas operaciones pero que todavía lo niegan. Casi treinta años se guardó el secreto entre pilotos y mecánicos en el Comando de Aviación del Ejército (CAE), estamento responsable de la operación. Al comienzo todos negaron, varias veces. Los pilotos niegan hasta hoy. Pero los mecánicos quebraron el juramento sellado con la sangre de otros. El juez Guzmán y los detectives que lo asisten tomaron esta hebra y la investigaron silenciosos y pacientes durante más de un año, en el marco del proceso por la cúpula comunista desaparecida de Calle Conferencia.

Interiorizarse de los detalles de los vuelos de la muerte sobrecoge. Ahí está al fin la respuesta, detallada, y esta vez relatada desde adentro, del destino de los prisioneros de la DINA en Santiago.

Entre 400 y 500 fueron los cuerpos lanzados al mar en estas operaciones realizadas principalmente entre 1974 y 1978, aunque también habrían ocurrido en las últimas semanas de 1973.

El informe de las Fuerzas Armadas que surgió de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos en enero de 2001 con información del destino de 200 detenidos desaparecidos (49 en tierra y 151 al mar), apenas consignó 29 casos atribuidos a la DINA. De ellos, sólo 23 aparecieron como arrojados al mar. En la mesa de diálogo el Ejército del entonces general Ricardo Izurieta afirmó que no contaba con más información. Otorgando el beneficio de la duda, el Ejército esa vez no logró romper el secreto de los juramentados. Pero tampoco lo ha hecho hasta hoy.

Las cifras oficiales del Informe Rettig y las entidades continuadoras indican que los desaparecidos de la DINA en la Región Metropolitana entre 1973 y 1978, fueron 590.

La razón del mamo

Al final se confirmó la verdad. La confirmaron los mismos ejecutores, o parte de ellos. Como viene ocurriendo con otros casos espeluznantes, como los ejecutados de La Moneda en Peldehue, los que hablaron fueron los de abajo, no los altos oficiales. Los mecánicos son todos suboficiales hoy retirados.

Hay que admitir que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, tenía por una vez la razón. “No hay detenidos desaparecidos de la DINA, están todos muertos” dijo recientemente a una documentalista del Canal+ de la TV francesa. Lo que Contreras nunca ha reconocido es que la macabra y sistemática operación de lanzar los cuerpos al mar existió. Y que nunca pudo ser planificada sólo por quien fue el jefe del Comando de Aviación del Ejército entre enero de 1974 y diciembre de 1977, coronel Carlos Mardones Díaz. Éste, junto a otros cuatro ex pilotos del CAE, fue procesado el viernes 14 de noviembre de 2003 por el juez Guzmán en calidad de cómplice y encubridor en el sumario por la muerte de Marta Ugarte. El de esta dirigente comunista fue el único cuerpo de las víctimas arrojadas al mar que afloró desde las profundidades del Océano y que en septiembre de 1976 varó en la playa La Ballena, cerca de la caleta Los Molles en la V Región. Fue la única falla del sistema de exterminio, la pista que permitirá ahora condenar a los culpables. Ningún otro cuerpo lanzado al mar apareció. El “culpable” de la defectuosa atadura del peso que permitió que el cadáver de Ugarte subiera a la superficie y se convirtiera en una evidencia fundamental, está identificado y confeso de su criminal error.

Pero Guzmán también procesó por este caso en calidad de autores de secuestro y homicidio a Contreras y a su propio primo, el brigadier (R) Carlos López Tapia, quien en 1976 era el jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la vez jefe de Villa Grimaldi. Éste fue el principal centro clandestino de reclusión y tortura en el país, y desde allí fue sacada la mayor cantidad de los cadáveres que iban al mar. El juez fue respaldado el viernes 21 de noviembre de 2003 por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó los procesamientos. Aunque revocó el del piloto Emilio de la Mahotiere “por encontrarse en Francia” cuando desapareció Marta Ugarte.

Tobalaba-peldehue

La operación “Puerto Montt” (código con el que en los centros clandestinos de la DINA se marcaba en el registro de prisioneros a quienes serían ejecutados y lanzados al mar) tuvo un protocolo de actuación que se repitió. Antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del Puma (18 a 20) y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo de este helicóptero sin el segundo estanque es de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados.

Las máquinas partían cada vez desde el aeródromo de Tobalaba en la comuna de La Reina, donde durante esos años funcionó el Comando de Aviación del Ejército. La tripulación la conformaban un piloto, un copiloto, y un mecánico. El vuelo se iniciaba con destino a Peldehue, en Colina. Allí, en terrenos militares, descendían y eran esperados normalmente por dos o tres camionetas Chevrolet C-10, casi siempre de color blanco, cuya sección trasera estaba cubierta por un toldo. A cargo de estos vehículos estaban dos o tres agentes de civil. Los civiles descorrían los toldos que ocultaban los cadáveres amontonados y los descargaban para ponerlos dentro del helicóptero. A continuación el Puma volvía a elevarse con los agentes civiles a bordo. Normalmente se orientaba hacia la costa de la Quinta Región, y a la altura de Quintero la máquina tomaba dirección mar adentro. La menor de las veces los vuelos se fueron mar adentro a la altura de San Antonio o Santo Domingo.

Alcanzada una distancia adecuada, el piloto daba la orden para iniciar la descarga de los cuerpos. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla de más o menos un metro cuadrado ubicada en el medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que baja por dentro a la altura del rotor principal. Pero la descarga también se hacía a veces desde una escotilla de popa, de 1,80 metros de alto por casi un metro de ancho. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables no sólo de llevar los cuerpos a Peldehue y ponerlos dentro de la nave, sino de supervisar que los bultos llegaran al fondo del mar.

Las identidades de los cuerpos arrojados al océano en esta operación no están establecidas, puesto que los testigos dicen no haberlas conocido nunca, salvo la de Marta Ugarte. Quienes sí las conocen, como el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, niegan que esta operación existió.

 “Brillaban”

Los rieles “recién cortados, por lo que brillaban por los lados cortados” como los vio preparados el comisario de Investigaciones y agente de la DINA Nibaldo Jiménez Santibáñez, entregaban, en principio, la seguridad de que la prueba del crimen se iría con el pedazo de metal al fondo del océano. Dice Jiménez en una de sus declaraciones procesales que cuando preguntó un día para qué eran esos rieles cortados en trozos, recibió por respuesta “esos son pa’ los paquetes”. Cuando preguntó ¿qué paquetes?, sostiene que le respondieron “los que se van cortados todos los días de aquí, un lote grande al mar, los envuelven en un saco bien amarrados con alambre, echan el cuerpo y el riel, y con el peso del riel se van al fondo”.

Ya no eran ex prisioneros que hablaban de los rieles, ni sólo el campeón de pesca submarina Raúl Choque, que una vez en la década de los años 80 declaró a la prensa que vio osamentas en el fondo marino frente a Pisagua, pegadas a trozos de rieles. Ahora los fragmentos de vía eran una realidad vista por uno de los propios agentes que lo contaba a un juez.

Tampoco había enloquecido el coronel retirado Olagier Benavente Bustos, cuando el 24 de junio de 1999 declaró en una entrevista a La Nación que el “piloto de Pinochet, su regalón, Antonio Palomo”, le contó un día de verano un par de años después de 1973 en Pelluhue, donde ambos tenían casa de descanso, que le había correspondido hacer viajes pilotando un Puma para lanzar cuerpos al mar. “Partían desde Tobalaba”, dijo el coronel (R) Benavente que le había dicho Palomo. Era la primera vez que un alto oficial retirado revelaba parte del secreto. Pero esa vez todo quedó allí, sólo en las declaraciones. No existían todos los antecedentes descubiertos ahora. Por supuesto, Palomo desmintió las declaraciones de Benavente cuando el juez Guzmán lo interrogó.

La limpieza

Cumplida cada misión de vuelo, los helicópteros regresaban al lugar en Peldehue donde habían quedado estacionadas las camionetas C-10. Allí descendían los agentes civiles, montaban en las camionetas y se iban.

El helicóptero volvía a elevarse y se dirigía a su base del CAE en Tobalaba. Desocupada la máquina de su tripulación, los mecánicos realizaban la operación de limpieza del piso, que la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Manguereaban el piso y el interior y dejaban ventilarse la máquina. Cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que ya se supiera que al día siguiente ese mismo helicóptero debía cumplir una tarea similar. Normalmente esta limpieza no era realizada por los mismos mecánicos que habían participado del vuelo. Entre los limpiadores estuvo más de una vez E.A.O., el mismísimo mecánico personal del Puma Nº 256 del comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Aunque éste sostiene en el proceso que “nunca” le tocó realizar alguno de estos vuelos a alta mar. Su jefe fue por muchos años el ahora brigadier (R) Antonio Palomo.

La mayor parte de los desaparecidos que salían de Villa Grimaldi con la marca “Puerto Montt” partían del aeródromo de Tobalaba.

 “Cuando conversábamos entre los mecánicos, pude ver que varios de ellos habían realizado este tipo de viajes”, declaró en el proceso otro mecánico que participó en los vuelos y a quien nombraremos “Rotor 1”.

Las identidades de los mecánicos que finalmente contaron al juez las tenebrosas historias que permitieron conocer estos hechos, LND las mantiene en reserva. El hijo de uno de ellos fue secuestrado por algunas horas el viernes antepasado, el mismo día en que el juez Guzmán dictó los primeros procesamientos por el caso de Marta Ugarte contra cinco ex pilotos de los Puma, además de Contreras y López Tapia. Dos individuos lo obligaron a subir a un auto, lo amarraron, le pusieron una capucha en la cabeza, lo golpearon, y le dijeron que le dijera a su padre que “cierre el hocico”. Luego lo botaron en una calle de Santiago.

Otro de los mecánicos, “Rotor 2”, relató en la investigación que apenas se iniciaron estos vuelos, el comandante del CAE Carlos Mardones reunió a pilotos y mecánicos y les ordenó que “estas son misiones secretas que ustedes no deben comentar con nadie que no participe en ellas. Ni siquiera deben hablarlo con sus familias”.

El tribunal

El comisario (R) Nibaldo Jiménez, ex agente DINA con funciones en Villa Grimaldi y en el recinto de José Domingo Cañas, sostiene que “quienes enviaban a los individuos al mar era una reunión que se hacía con los jefes de grupo de esa época, los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima, y otros, porque había varios cuarteles. Se reunían en algo así como un tribunal, donde decidían qué detenido se salvaba y quiénes se iban al mar con el código anotado Puerto Montt. Esos “otros” a quienes se refiere Jiménez eran los de siempre, Marcelo Moren Brito y Pedro Espinoza Bravo, ambos jefes rotativos de varios de los centros clandestinos de la DINA.

El resultado de cada una de esas reuniones, continúa Jiménez, “era enviado al general Contreras, jefe máximo de la DINA (…) El general Contreras era quien revisaba las listas y en definitiva era quien decidía la suerte de los detenidos”.

Otra de las víctimas de la DINA fue el periodista Máximo Gedda Ortiz, hermano de los Gedda que realizan el programa de televisión “Al sur del mundo”. Detenido en julio de 1974, desapareció en el recinto de Londres 38. Jiménez cuenta el estado en que vio su cuerpo antes de que, presumiblemente, engrosara la lista de lanzados al mar. “Un sujeto de apellido Gedda estuvo detenido. Le habían sacado con cuchillo la carne de la pierna y se le veía el hueso. Estaba colgando, lo tenían colgando. Lo habían flagelado”.

Jiménez describe otra figura del horror y la brutalidad contra otro de los desaparecidos de la DINA. Se trata del fotógrafo Teobaldo Tello Garrido, quien había sido funcionario de Investigaciones durante el gobierno de Salvador Allende. Fue detenido en agosto de 1974 y permanece desaparecido. “Fui a verlo a un cuarto abarrotado de detenidos, al abrir su boca vi que estaba ensangrentada. Sus dientes habían sido removidos con un alicate por parte del señor Marcelo Moren (…) El coronel Moren era bastante bruto”.

Pilotos de la caravana

Entre los cinco ex pilotos de helicópteros Puma que el juez Juan Guzmán procesó por el secuestro y homicidio de Marta Ugarte están quienes fueron los pilotos de la Caravana de la Muerte. Antonio Palomo fue el piloto durante el tramo sur de este operativo, actuando como su copiloto Emilio de la Mahotiere González. Por el tramo norte de la caravana, el piloto fue el mismo De la Mahotiere y el copiloto, Luis Felipe Polanco Gallardo. El quinto piloto declarado reo es el coronel (R) Oscar Vicuña Hesse.

Una segunda fase de este método de desaparecimiento de detenidos arrojando sus cuerpos al mar, se inició después de 1978 y duró al menos hasta 1981-82, una vez que a fines de 1978 fueron descubiertos los cadáveres de 15 campesinos en un horno de Lonquén y el Ejército y Pinochet se alarmaron.

Esta segunda fase conocida como “las remociones” clandestinas, fue admitida incluso por el ex director de la Central Nacional de Informaciones, general Odlanier Mena, y sobre ella han prestado también declaraciones algunos ex agentes que participaron en el operativo. A esta operación pertenecen, entre otros, los prisioneros de Chihuío en la X Región; los ejecutados de La Moneda desenterrados desde Peldehue; y las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte enterradas clandestinamente en el desierto de Calama. Estas no fueron víctimas de la DINA.

Probablemente, dada la experiencia adquirida, esta segunda fase fue realizada por los mismos pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército. Este episodio no está totalmente aclarado judicialmente. En todo caso, los comandantes del CAE después de Carlos Mardones fueron: el coronel Hernán Podestá Gómez, entre enero y diciembre de 1978; coronel Fernando Darrigrandi Márquez, entre enero de 1979 a julio de 1981; y el coronel Raúl Dinator Moreno, entre agosto de 1981 y febrero de 1982.

En memoria de Teobaldo Antonio Tello Garrido Por Martín Faunes Amigo

Berta me observa con sus ojos azules enormes, mientras me muestra unas pocas fotos donde aparece junto a su compañero Teobaldo Antonio Tello Garrido. "Son las únicas que me quedaron de él, a pesar de que Antonio era fotógrafo, teníamos cientos de fotos", me cuenta, "pero nos las quitaron los que vinieron a llevárselo". "Fui a hacer un reemplazo al Gabinete y nos correspondía almorzar en el casino de Investigaciones, algunas veces me crucé con él y nos quedamos mirando. Claro que él era un muchacho muy serio, después supe que le había costado todo mucho en la vida, que había empezado como junior hasta que había logrado ascender a detective. Pero para el tiempo de que hablo, él ya era todo un policía y andaba acompañado siempre de un compañero suyo alto y buen mozo que hacía suspirar a mis amigas, pero a mí me gustaba sólo él. Me gustaba él que parecía tan menudo, tan insignificante; él que cuando sacaba la voz se imponía: una voz gruesa que no parecía pertenecerle y que sólo usaba para decir cosas precisas". Todo eso me cuenta Berta mientras admiro sus fotos, sobre todo una donde aparecen casándose y a ella se la ve frágil en su falda breve, tan bella. Bromeo entonces, diciéndole que así tan insignificante Antonio se había ganado la más linda del Gabinete de Indentificaciones; y ella sonriendo me cuenta que ni siquiera supo cuándo empezaron a pololear, que tampoco cuando su madre había empezado a hacerle a su compañero la guerra de las suegras, que ni siquiera cuando su padre contrarrestaba esa guerra de su madre haciéndole la paz. "El cabro es bueno m'ija", me decía mi viejo, que fue el único de mi familia que logró entender por qué lo echaban de Investigaciones después del golpe. Iban a hacerle un consejo de guerra pero de un día para otro se arrepintieron y prefirieron darlo de baja, era diciembre del setenta y tres. Decían que él, mi bello Antonio, era una amenaza para la institución, imagínese, "una amenaza para su institución", cuando él a esa institución la amaba, había empezado en ella de niño de catorce lavándoles sus camionetas. Me cuenta entonces Berta que el verlo así desvalido sólo la hizo enamorarse más, y es así como se casan en el verano del setenta y cuatro, de entonces es la foto que mantengo en mis manos, aquella de la falda breve, donde a Antonio se le ve poco más grande que un niño. "Mi marido puso entonces un laboratorio fotográfico donde yo le ayudaba y llegaban decenas de muchachas y muchachos inteligentes que él fotografiaba o se llevaban trabajos que les entregaba en el mismo cuarto oscuro donde iba procesándolos, y donde al principio él no me dejaba entrar". "¿Por qué no la dejaba?", le pregunto, y me responde que le decía que eso tenía que compartimentárselo, hasta una noche en que ya no pudo aguantar más, y entró en su sala secreta diciéndole que si no la dejaba ver iba pensar que estaba haciendo algo malo. "Entonces lo supe", me dice entusiasmada "él era el que documentaba todo para el movimiento. Desde entonces más que nunca fui su ayudante embarretinando los microfilms y esas micro tabletas que iban de mano en mano informando lo que tenían que hacer y sobre qué había que tener cuidado".

"Claro que todo eso duró hasta que Romo con sus perros nos llevaron al infierno". Se queda en silencio Berta y en sus ojos azules más inmensos que nunca se desata la llovizna, pero es llovizna, no lluvia, sólo llovizna. En mis ojos también hay llovizna mientras me vengo de vuelta y recuerdo a Sarita, mi prima, cuando nos contaba del detective mal herido que acariciaba sus cabellos después de las sesiones de tortura a que la sometían en José Domingo Cañas, ése que ahí tenían con su mujer, una niña de ojos azules, ése que ella a veces, la Sarita, confundía con un ángel.