Stoulman Boertni Jacobo

Acciones contra matrimonios mixtos argentino-chilenos

El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional el matrimonio chileno formado por Matilde PESSA MOIS y Jacobo STOULMAN BOERTNIK, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. Posteriormente a su detención el matrimonio se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina.

La Comisión tiene la convicción de que se trata de víctimas de violación a los derechos humanos. El caso, sin embargo, no se da en el cuadro de contexto antes narrado, dado que las víctimas carecían de militancia. La Comisión comprobó que la DINA tuvo conocimiento de este caso, pero carece de fundamentos para atribuir esta desaparición a agentes del Estado de Chile.

 

Una condena de 600 días de presidio contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia de la FACH, general (R) Enrique Ruiz Bunger, como encubridor del secuestro del militante comunista Juan Luis Rivera Matus, en noviembre de 1975, dictó el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard. Si bien la pena se dictó con carácter de “remitida”, vale decir no se cumple en cárcel a cambio de un control periódico de identidad, es la primera vez que un juez sentencia a Ruiz Bunger, uno de los gestores del Comando Conjunto en 1975.

El magistrado también condenó en calidad de autor del mismo delito al ex jefe operativo de la CNI, mayor (R) Alvaro Corbalán. Igualmente, sentenció en calidad de autor al oficial (R) de Ejército Sergio Díaz López a diez años. Como encubridor fue condenado a 600 días de presidio remitido el oficial (R) de la FACH Carlos Madrid Heiden.

Corbalán cumple condena de presidio perpetuo desde hace unos días en la cárcel de Punta Peuco por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, cometido por la CNI y la DINE en 1983 para intentar encubrir el asesinato de líder sindical Tucapel Jiménez. Además, fue dictada en su contra otra sentencia de presidio de diez años por el homicidio de Lisandro Sandoval.

El destino de Rivera Matus adquirió una connotación especial, puesto que fue el primer caso que puso en duda el informe de las Fuerzas Armadas de 2001 sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos como resultado de la mesa de diálogo de derechos humanos.

En marzo de 2001, realizando excavaciones en el Fuerte Arteaga en Colina, producto de información contenida en el mencionado informe, la ministra Amanda Valdovinos encontró un esqueleto completo, que finalmente se comprobó eran los restos de Rivera. Sin embargo, éste apareció en ese informe como lanzado al mar junto con otros 150 prisioneros políticos.

El secuestro y homicidio de Rivera Matus correspondió a una operación mixta entre la DNE, para la cual en 1975 trabajaba Corbalán, y el recién formado Comando Conjunto, uno de cuyos impulsores fue el general Ruiz Bunger.

Rivera, trabajador de Chilectra, fue secuestrado y llevado al Regimiento de Colina de la FACH, lugar donde permaneció unos días. Desde allí fue sacado por Corbalán y Díaz y conducido al interior del entonces recinto militar de Peldehue, donde fue ejecutado. La autopsia realizada a sus osamentas revelaron que el detenido, después de muerto, fue rociado con petróleo y quemado.

Rechazo a amnistía

En 2002 las revelaciones de Otto Trujillo, ‘Colmillo Blanco’, en La Nación Domingo, señalaron un dato hasta entonces escasamente conocido: la colaboración entre la DINE y el Comando Conjunto en 1975 para secuestrar y asesinar a Juan Luis Rivera Matus.

Los antecedentes suministrados por Trujillo fueron claves para la pista que siguió el juez Joaquín Billard. Ésta además continuó la vía abierta por el ministro Alejandro Solís y no aplicó la amnistía a favor de los condenados. Incluso las defensas de los sentenciados alegaron que Juan Luis Rivera Matus ya no era un detenido desaparecido, desde que sus restos fueron hallados en Fuerte Arteaga en 2001. Y que, por lo tanto, la figura del secuestro como delito de carácter permanente para rechazar la amnistía, ya no podía ser invocada.

Pero el juez desechó estos argumentos y dijo que, en ese caso, el delito se siguió cometiendo más allá de marzo de 1978, fecha hasta la que se extiende la amnistía. Pero los argumentos de fondo del magistrado apuntaron a que estos delitos, por ser de lesa humanidad, no son amnistiables.

 

 

El actual Presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional y defensor de Pinochet podría haberse ido a vivir tranquilo en alguna región apartada del país, como lo han hecho algunos que prefieren guardarse en un protector anonimato, pero desistió de eso y se quedó en el centro de los acontecimientos como desafiando a quienes tienen más de una cuenta pendiente con él.

El 10 de septiembre del año pasado, la Comisión FUNA llegó hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para denunciar a Ambrosio Rodríguez Quiros, profesor de dicha escuela y conocido hombre de Pinochet. Entre las "hazañas" del ex funcionario público, los funeros denunciaron "la realización de los sumarios que terminaron con la expulsión, tras el golpe militar, de casi todos los académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Luego, siendo integrante del ministerio del Interior de Pinochet, firmó expulsiones del país, como la de su ex profesor Eugenio Velasco, y también impidió el ingreso al país de un niño de 4 años por ‘ser peligroso para la patria’.

A pesar de haber sido citado a declarar en reiteradas oportunidades en el caso del detenido desaparecido Alfonso del Carmen Araya Castillo, nunca se presentó a tribunales. Como Procurador General de la República, cargo inventado por Pinochet, supervisó la defensa de los violadores de derechos humanos, alargó el período de secuestro ‘legal’ determinado para la CNI y negó por meses el acceso de los querellantes al sumario por los crímenes de la Operación Albania. Ha sido parte de la defensa de criminales como Augusto Pinochet, Humberto Gordon, los culpables del Caso Degollados, el caso Valmoval -más conocido como los ‘Pinocheques’-, y en la misma Operación Albania, en conjunto con su socio Fernando Uribe-Etxeverría. También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado ‘por notable abandono de deberes’ en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974".

También se hacía alusión a su citación a declarar "por el Juez Juan Guzmán en el caso de la desaparición en Argentina del matrimonio judío-chileno Stoulman-Pessa, en el que fue involucrado por el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel", caso que fue recordado por el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras en la reciente vista de la petición de desafuero de Pinochet por el Caso Operación Cóndor.

La carta de Arancibia Clavel

A pesar de que frente al ministro Juan Guzmán se escudó en el "secreto profesional" para no hablar sobre su participación en el caso de los desaparecidos Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, una carta enviada desde Argentina por el agente Enrique Arancibia Clavel, hoy condenado a perpetua por el asesinato del matrimonio Prats-Cuthbert, lo incrimina directamente.

El confeso asesino, que firmaba sus misivas como Luis Felipe Alemparte, asegura en una de ellas que el 17 de julio de 1977 Ambrosio Rodríguez se reunió con "el gerente" (Manuel Contreras Sepúlveda) y con él para construir un relato sobre la desaparición del matrimonio judío. De allí nació la pista falsa que involucraba a Jacobo Stoulman con el financiamiento de los Montoneros argentinos y los Tupamaros uruguayos. En esos días, Rodríguez se encontraba en Buenos Aires por petición de las hijas de los Stoulman-Pessa, quienes le habían pagado una fuerte suma de dinero para que, como influyente abogado del régimen militar, les ayudara en la búsqueda de sus padres, desaparecidos el 29 de mayo de 1977.

Sin embargo, el abogado también había recibido pagos de otros interesados en que la pareja judía no volviera a aparecer. Se trataba de algunos de sus familiares directos y de los socios de Jacobo Stoulman en la casa de cambio Andes, León Dobry y Enrique Chamorro, quienes de esta forma se quedarían con los bienes de la pareja, mientras que el "gran rabino" Angel Kreiman evitaba confrontaciones con la dictadura.

Los dineros y la censura

Uno de los más interesados en que la pareja Stoulman no volviera desde Argentina era el rabino Angel Kreiman Brill, quien en esos días aparecía como un importante opositor a la dictadura. Pese a que en los primeros días de la desaparición apareció haciendo gestiones en el ministerio de Relaciones Exteriores para saber de su paradero, prontamente Kreiman se olvidó del tema y ni siquiera acudió a una cita, concertada por el coronel de la FACH y funcionario del ministerio Jaime Lavín Fariña, para tratar el caso en julio de 1977. Pero Kreiman estaba preocupado de no hacer "olitas", pues tenía muchas cosas que esconder y que eran conocidas por los servicios de inteligencia.

Junto con Cambios Andes y Turismo Top Tour, los negocios de Stoulman, sus "socios" procedieron a limpiar las cuentas que se mantenían en Suiza y que hoy equivaldrían a unos 35 millones de dólares. De esta forma, además de perder a sus padres, las tres hijas de los Stoulman-Pessa quedaron sin posibilidades de recuperar parte de sus inversiones.

El caso ha sido censurado en muchas ocasiones, especialmente tras el fin de la dictadura, porque junto con acusar a empingorotados personajes del régimen militar, como los involucrados en la Operación Cóndor que van desde el abogado Ambrosio Rodríguez hasta su defendido ex Comandante en Jefe, cruza la comunidad judía nacional y sus vínculos con los más variados sectores políticos.

El periodista Iván Cabezas, luego de publicar en la Revista Semanal de La Nación el reportaje "Pregunta del millón de dólares: Quién hizo desaparecer al empresario Stoulman con su mujer, su fortuna y la plata del PC", no volvió a aparecer en la publicación. El editor Luis Alberto Ganderats presentó su renuncia poco tiempo después. Desde algunos ministerios se hicieron discretos llamados a TVN y una crónica de 5 minutos realizada por el periodista Rodrigo Espinoza fue hecha desaparecer por el Jefe de Prensa, Abel Esquivel, hasta del registro computacional de los reportajes.

También en la página periodística de internet El Mostrador fue censurado un reportaje preparado por la periodista Pascale Bonnefoy. Un llamado de León Dobry a su amigo -y compañero de Directorio del Dresner Bank- y co-dueño del diario electrónico Juan Agustín Figueroa impidió la salida del tema. Poco después, a Pascale Bonnefoy se le dio por terminada su relación contractual con El Mostrador.

Alejandra Stoulman Pessa no olvida el dinero entregado, pese a las dificultades económicas que vivían en ese momento, al abogado Ambrosio Rodríguez para que averiguara sobre el paradero de sus padres. No olvida que, de regreso de Argentina, el ex "Procurador General de la República" les relató sobre la relación de su padre con los Montoneros y los Tupamaros. El abogado de Pinochet se escuda en el "secreto profesional" frente al ministro Juan Guzmán, pero ya se había contradicho en otras declaraciones, cuando admite que viajó a Buenos Aires con el encargo profesional de buscar a la pareja desaparecida y luego sostiene que su ida era producto de "gestiones deportivas", como dirigente del fútbol.

Lo cierto es que fue a Argentina, que preguntó por los Stoulman Pessa y se reunió con "el gerente" Manuel Contreras, quien también ha conocido de su mano defensora en los tribunales chilenos.

La necesidad del desafuero

Para el abogado Eduardo Contreras, la Operación Cóndor "es uno de los episodios criminales más emblemáticos de la dictadura militar, al menos por tres de sus rasgos singulares. Primero, por la dramaticidad del horror aplicado a las víctimas, luego por su alcance internacional y finalmente porque, quizás más que en otros casos, aquí está más clara que nunca la participación personal de Pinochet como autor directo".

El desafuero del ex dictador, hoy presentado como "ex presidente", se solicita por "la existencia de los delitos y fundadas sospechas de su participación en ellos, pues para procesarlo es necesario quitarle la protección que le da el fuero de los ex presidentes de la República, creado ex profeso a favor del inculpado por la ley 19.672, publicada en el Diario Oficial de 28 de abril del año 2000", según señala Contreras.

Para los abogados querellantes, "la existencia de la asociación ilícita y de los delitos de secuestros calificados de los que trata este proceso, está sobradamente acreditada. La participación en los ilícitos de Augusto Pinochet en calidad de autor -en los términos del artículo 15 del Código Penal- ha sido demostrada plenamente.

No es un detalle menor recordar que los procesos sobre el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, el caso de los 119 de Operación Colombo, el del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía, y el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, aunque hayan sido tratados separadamente por razones procesales, forman parte precisamente de la estrategia del Plan Cóndor. Las declaraciones públicas del propio inculpado, las informaciones de prensa de la época y la explícita confesión del director de la DINA, Manuel Contreras, lo confirman.

Los delitos que analizamos no sólo violan disposiciones de nuestro ordenamiento penal. Son crímenes contra la humanidad que violan además, entre otros documentos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las convenciones de Ginebra vigentes en Chile a la época de los ilícitos y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados".

La "demencia incurable"

Los querellantes realzaron el hecho de que "ante la imposibilidad de demostrar la inocencia del inculpado, su defensa alegó su demencia sobreviniente. Más allá de las irregularidades de la pericia a que fue sometido en el caso Caravana de la Muerte, que fueron oportunamente denunciadas, el examen demostró que su memoria, atención y funciones de reconocimiento eran muy buenas y que distinguía perfectamente lo bueno de lo malo. Es decir, es perfectamente imputable, y hoy tenemos nuevas pruebas de eso. Adjuntamos el video de la entrevista para la televisión de Miami de diciembre pasado, junto a su transcripción, donde se le aprecia perfectamente lúcido.

Además, el propio inculpado nos muestra día con día que no está ni loco ni demente. Hace pocas noches, según informó ‘El Mercurio’, Pinochet concurrió a una animada cena al restaurante ‘Lily Marlene’, donde escuchó esas marchas nazis que tanto le agradan. Se le ve sonriente, rebosante de salud, por lo que practicarle nuevos exámenes mentales es absolutamente posible y necesario".

 

Estimadas señoras y señores del Directorio de la Comunidad Judía de Chile y de la Bnei Brith: Junto con saludar y felicitarles por el ciclo de entrevistas a las candidaturas a concejalías y a la convención constitucional de personas de la comunidad judía, nos dirigimos a ustedes con especial preocupación en relación con uno de los invitados para el día 4 de marzo del presente año. A quien nos referimos es al Sr. Sergio Raúl Melnick Israel, candidato a Concejal por la comuna de Las Condes.

Como personas judías de Chile, nuestra preocupación al respecto se sustenta en los siguientes puntos: 

1. El Sr. Sergio Melnick fue un activo colaborador de la dictadura cívico-militar chilena, llegando a ocupar altos cargos de confianza del dictador, incluyendo el cargo de Ministro de Planificación (ODEPLAN). Como tal, Sergio Melnick es una persona que no solo no encarna, sino que atenta contra los valores judíos, tales como la libertad, el respeto a los Derechos Humanos y el Tikun Olam.
2. Mientras Sergio Melnick ostentaba un cargo de máxima confianza del dictador Augusto Pinochet, se cometieron graves crímenes de lesa humanidad en los que, junto a otras chilenas y chilenos, fueron torturados y asesinados miembros de nuestra comunidad judía. Por una parte, nos referimos a la Operación Albania, llevada a cabo los días 15 y 16 de junio de 1987, donde Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky fue cobarde y cruelmente asesinado a pasos de la casa de su madre, Adriana Pohorecky Fischer, y José Joaquín Valenzuela Levi, quien fue ejecutado en los calabozos del cuartel Borgoño en Recoleta. Tanto Ignacio como José Joaquín fueron asesinados junto a otras 10 personas en un crimen que fue propiciado, mandatado, ejecutado y encubierto por el régimen del que Sergio Melnick era una alta autoridad. Por otro lado, en octubre de 1988, Raúl Pellegrin Friedmann fue detenido, torturado y ejecutado a través de la asfixia en agua, para luego dejar su cuerpo sin vida en el río Tinguiririca. Ambos crímenes fueron perpetrados por el régimen del que Sergio Melnick era partícipe y autoridad, tal como lo consigna el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, emitido el año 1991.
3. En el año 1987, al momento en que Sergio Melnick asume como autoridad de la dictadura, ésta llevaba ya 14 años de violaciones sistemáticas y generalizadas a los Derechos Humanos, incluyendo el exilio, torturas, desapariciones, asesinatos y ejecuciones. En dicho momento, habían sido asesinadas o desaparecidas, al menos 17 personas judías a manos del régimen, a las que luego se sumaron los tres casos recién expuestos.

No queremos dejar de mencionar cada uno de sus nombres, detrás de los cuales hay una historia personal y profunda que fue arrebatada a manos de la dictadura, en la cual Sergio Melnick decidió trabajar, asumiendo un rol en el círculo de confianza del dictador, haciendo caso omiso a dichos crímenes:

Abraham Muskatblit Eidelstein Z»L (45 años) Bernardo Lejdermann Konujowska Z»L (30 años) Boris Weisfeiler Bernstein Z»L (44 años) Carlos Berger Guralnik Z»L (30 años) David Silberman Gurovich Z»L (35 años) Diana Frida Arón Svigilsky Z»L (24 años) Ernesto Traubmann Riegelhaupt Z»L (39 años) Georges Klein Pipper Z»L (27 años) Jacobo Stoulman Bortnik Z»L (43 años) Jorge Hernán Müller Silva Z»L (27 años) José Joaquín Valenzuela Levi Z»L (29 años) Juan Carlos Perelman Ide Z»L (31 años) Luis Alberto Guendelman Wisniak Z»L (24 años) Manuel Elías Jana Santibáñez Z»L (46 años) María de la Luz Francovich Pérez Z»L (45 años) Matilde Pessa Mois Z»L (42 años) Miguel Rivas Rachitoff Z»L (35 años) Raúl Alejandro Pellegrin Friedmann Z»L (30 años) Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky Z»L (30 años) Ronni Karpen Moffitt Z»L (25 años)

La comunidad judía chilena tiene una deuda histórica con la memoria en nuestro país. Como personas judías, debemos promover valores como la democracia, la dignidad humana y la justicia social a través de nociones como el Tikun Olam, así como también promover la memoria histórica de las graves violaciones a los Derechos Humanos en Chile. Los judíos tenemos el deber histórico de no permitir la relativización de lo que fue el holocausto judío, la Shoa, que muchas personas buscan negar y, en ese sentido, como judíos, también debemos cumplir ese rol en los países donde vivimos con la memoria de cada uno de estos. Citando a Sara Stoulman Pessa, hija de ejecutados por la dictadura, “Reconocer el pasado permite estar de pie en un sólido presente y poder gestar un futuro promisorio como comunidad”.

Invocando la misión de B’nai Brith como promotor de los Derechos Humanos , así como el rol que esta ha tenido al reconocer anualmente a personas e instituciones que representan un ejemplo de respeto y promoción de los Derechos Humanos en Chile y el mundo a través del premio René Cassin, es que hacemos el llamado a todo el yishuv y las organizaciones de este, tales como la B’nai B’rith y la Comunidad Judía de Chile, a promover activa y proactivamente el respeto a los Derechos Humanos, evitando darle tribuna a colaboradores activos de la dictadura chilena, así como tampoco a quienes niegan, relativizan o minimizan los crímenes de lesa humanidad de la misma, tal como es el caso de Sergio Melnick Israel.

En consecuencia, las y los aquí firmantes, miembros de la comunidad judía chilena, solicitamos a vuestras organizaciones convocar a una reunión de directorio extraordinaria previa al jueves 4 de marzo, para poder exponer los puntos aquí expresados y solicitarles retirar la invitación a un activo colaborador de la dictadura chilena y relativizador de los crímenes de esta, como lo es Sergio Raúl Melnick Israel.

Carta 2: Post Reunión CJCH y BB

En el contexto de la publicación de la “Carta abierta a la B’nai B’rith y la Comunidad Judía de Chile (CJCH)”, firmada por más de 180 personas de la comunidad judía chilena,  respecto de la polémica invitación a participar del Sr. Sergio Melnick en una actividad de dichas instituciones, el día lunes 01 de marzo de 2021, recibimos una respuesta formal de estas, invitándonos a una reunión el día martes 02 de marzo de 2021, con representantes de sus directorios.

 Con el propósito de corresponder el sentido de responsabilidad, transparencia y compromiso de quienes firmaron la misiva, creemos pertinente informar los siguientes antecedentes sobre la reunión realizada el día martes:

1) La reunión contó con la participación de los presidentes y directores ejecutivos de ambas instituciones, además de un segundo miembro del directorio de B’nai B’rith. Por parte de los firmantes, asistieron Tamara Benquis y Nicolás Grimblatt.

2) En la reunión se pudieron exponer los argumentos vertidos en la carta antes referida y  discutir otros aspectos de la misma. A modo de resumen, la postura de ambas instituciones fue rechazar la solicitud que hicimos respecto de retirar la invitación al Sr. Melnick.

Como representantes de los firmantes, apelamos al rol de promotor de los derechos humanos de B’nai B’rith y a la responsabilidad institucional y social, que ambas instituciones tienen por el respeto y la promoción de dichos derechos, circunstancia absolutamente incompatible y contraria con la participación de la referida persona en esta instancia comunitaria, quien relativiza las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la dictadura cívico-militar.

3) Además, en dicha instancia como representantes propusimos, en aras de la construcción de una comunidad unida, inclusiva y respetuosa, crear un grupo de trabajo sobre Memoria Histórica y Derechos Humanos.

Como miembros de la comunidad judía chilena, tenemos el deber de buscar una forma de construir liderazgos y una cultura comunitaria que promueva los derechos humanos y el desarrollo de acciones que garanticen que hechos como los ocurridos en la Shoa o durante la dictadura, que constituyen Delitos de Lesa Humanidad, no vuelvan a ocurrir.

Para ello, creemos firmemente que este grupo de trabajo que hemos propuesto, deberá abrir un espacio comunitario permanente de aprendizaje y diálogo sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos en nuestra sociedad, mirando el futuro, desde ese pasado que no debemos olvidar. Para alcanzar este objetivo, creemos que resulta fundamental contar con el apoyo irrestricto de la Comunidad Judía de Chile y la B’nai B’rith, buscando desligar la discusión sobre derechos humanos, de la ideologización política que se aprecia en algunos espacios comunitarios que termina estigmatizando a minorías que buscan encontrar en la Comunidad Judía un espacio de reencuentro, que a la fecha no lo han conseguido.

Creemos que esta instancia comunitaria, puede significar el inicio de la construcción de un nuevo camino, un nuevo espacio comunitario consecuente con nuestro pasado, en la que puedan participar distintas instituciones de nuestra comunidad, incluyendo comunidades religiosas, colegios, movimientos juveniles, grupos políticos, instituciones de ayuda social, y en general, todas y todos quienes crean que puedan aportar en este trabajo que busca construir una comunidad judía cohesionada en torno a una cultura de los derechos humanos y al “nunca más”.

Nuestra invitación está hecha, estaremos atentos a la conformación de este grupo y les estaremos informando acerca de los avances que este proceso pueda tener. Agradecemos su confianza y esperamos poder generar un espacio que aporte a los objetivos ya planteados.

 

Nicolas Grimblatt Riquelme

Tamara Benquis Hes

Maayan Navon Espinoza

Natalia Dueñas

Shani Csaszar

Daniela Aguiló Gelerstein

Andrés Aguilera Guzmán

Rodrigo Booth

Juan Pablo Iglesias Yacher

Benjamín Israel Rojas

Benjamin Correa Aronsohn

Edward Israel Zipper

German Berger Hertz

Dafna Goldschmidt Levinsky

María Luisa Riquelme V.

Víctor Grimblatt Hinzpeter

Carmen Hertz, Premio René Cassin 2013

Felipe Ariel León Kohon

Patricia Teitelboim Grinblatt

Claudio Gustavo Mandler Drinberg

Andrea Jeftanovic

Sonia Arancibia

Patricia Israel

Yaniv Csaszar

Andrea Slachevsky Chonchol

Tomas Gottlieb M.

Frank Reyes

Maxine Lowy Jaroslavsky

Federico Levi Monsalve

Alejandra de la Luz Miquel Medvinsky

Marcela Brajovic

Sigal Mardones

Daniela Latorre Brajovic

Galia Jusid Preminger

Maximiliano Latorre Brajovic

Paulina Preminger Hammerschlag

Susana Aronsohn Falickmann

Galo Eidelstein Silber

Antonia Urrutia Codner

Noam Gottlieb Lillo

Patricia Schaulsohn Brodsky

Dana Hoffenberg Edelman

Adriana Goñi

Fernanda Barraza

Martina Beatriz Valenzuela Levi

Patricio Tudela

Katrin Hammerschlag.

Simón Valenzuela Levi

Lía Celeste Maldonado Parada

Rosa Ana Levi Adrian

Gregory Cohen

Judith Griezmann Volosky

Claudia Lanzarotti

Michelle Segal Wasserman

Karla Stein Melnick

Paul Stein Melnick

Frances Wilson Bronfman

Nadia Volosky

Jenny Scherman Filer

Daniela Horvitz

Ernesto Lejderman

Carolina Briner

Daniela Dueñas Israel

Eleonora Correa vda de. Abodovsky.

Felipe Andrés Valenzuela Levi

Mónica Larrea Trumper

Javiera Andrade

Rodrigo Bastías Croudo

David Ben-Dov Codner

Silvia Hernandez Volosky

Daisy Rosenberg Baron

Andrea Pellegrin Friedmann

Camilo Brodsky

Alberto Faraggi Elizalde

Ruth Kries Saavedra

Clarisa Hardy

Vania Barraza

Mariana Arellano Gottlieb

Ricardo Rebolledo Kries

Genthele Hites

Galit Agosin

Viviana Larrea

Luis Zaviezo Schwartzman

Joel Sepulveda

Andrés Fielbaum

Miguel Lawner Steiman

Geraldine Preminger

Teresa Gottlieb

Moisés Scherman Filer

Claudia Heiss Bendersky

Maria Angelica Kotliarenco Azerman

Isidoro Guitlitz Assael

Sigal Santander

Paula Fliman

Francisca Reiss

Yanko Rosenmann

Erg Rosenmann Becerra

Andrés Stein W.

Ilana Davidovich

Gabriela Kiblisky Elizalde

Ariel Schejtman

Juan Carlos Cuchacovich Rider

Alejandro Luis Preminger Hammerschlag

Gloria Thiers Tapia

Israel Mandler Snaider

Rafael Rojas Moreno

Pascual Brodsky

Jorge Scheman Filer

Lily Filer Steinberg

Angélica Villalon

Julieta Brodsky Hernández

Samuel Winer

Jorge Scheman Filer

Bárbara Kiwi

Varinia Brodsky Zimmermann

Silvana Hardy

Marcos Maldavsky Silva

Tatiana Aránguiz Scherman

Karin Ehrmann

Jessica Deutsch

Fernando Voigt Claus

Tomás Hirsch

Libusa Gottlieb Loguercio

Andrés Stutzin

Lolinca Arriagada Hepner

Daniela Zaviezo Arriagada

Roberto Brodsky

Berta Teitelboim

Gregorio Jusid Froimovich

Luis Zaviezo Schwartzman

Dana Wainer Levy

Ariela Cultrera Rozowski

Hugo González Malverde.

Antonio Valdivia

Margot Fuentes Kratter

Rosa Rebolledo Kries

Sonia Valenzuela Teleky

Ana Zeltzer

Ximena Weinstein Aranda

Viviana Larrea

Viera Stein Melnick

Alberto Faraggi Elizalde

Eduardo Jorquera

Gabriel Minond Jashes

Aliro de la Fuente Lizama

Simón Ergas

Maximiliano Baron Zagal

Gabriel Sternberg

Dario Ergas

Paulette Iribarne

Ximena Melnick Barst

Alexander Minond Jashes

Leon Waissbluth Lanis

Gabriel Jaime Guendelman Sperling

Pablo Waissbluth

Ruth Weinstein

Alejandro Guendelman Sperling

Adolfo Friedmann

Ana Sas Brunser

Claudia Passig villanueva

Hanns Stein Klein

Mario Lanzarotti

Judith Blumberg Albornoz

Esther Silberstein Yunowicz

María Angelica Espinosa

Bernardo Troncoso Narváez

Gustavo Rosenberg Saidel

Isabel Cassigoli Salamon

Sergio Noe

Rafael Abraham Kries Saavedra

Javier Aguiló Gelerstein

Yair Fleischmann

Sofia Flores Balter

Simón Frenkel Moraga

Ilan Zack

Valentina Rojas Kowoll

Gabriel Icekson Hartley

¿Se atreverá alguno de los gobiernos del aún existente duopolio ChileVamos-NuevaMayoría a hincarle el diente a esos crímenes cometidos por la DINA y la CNI que siguen sin ser resueltos debido al interesado silencio cómplice de nuestros gobernantes y representantes políticos? 

El caso que usted leerá a continuación es uno de ellos, y compromete a varias figuras públicas que todos conocemos…las que siguen gozando de una libertad que tal vez no merezcan. Pase y lea, por favor. 

El domingo 29 de mayo de 1977, en el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), el matrimonio chileno-judío formado por Jacobo Stoulman Bortnik y Matilde Pessa Mois fue detenido por un operativo conjunto de agentes de las dictaduras militares argentina y chilena, sacado rápidamente de la terminal aérea y conducido a lugares de interrogación y tortura.   En la losa de Ezeiza, al pie de la escalerilla de un avión de la línea Braniff y subiendo a un auto como presuntos pasajeros VIP fue la última vez que se vio al matrimonio Stoulman-Pessa con vida.

La Operación Cóndor había dado un nuevo golpe maestro, y a partir de ese momento una densa madeja de elaborados operativos distractores, traiciones familiares, deslealtades societales y comunitarias, e intereses económicos, comenzó a tejer una densa niebla sobre el doble secuestro y otros once crímenes y desapariciones relacionadas en Buenos Aires y Santiago. En este oscuro asunto tuvieron algún importante grado de participación (y de responsabilidad) relevantes miembros de la comunidad judía en Chile, muchos de ellos partidarios de la dictadura pinochetista hasta hoy, y notorios votantes UDI.

A los 43 años de edad, Jacobo Stoulman Bortnik era, paradójicamente, el menos anónimo de esos personajes. Sin militancia política conocida, inteligente y seductor, en sólo ocho meses -en 1976- su empresa ‘Cambio Andes’, ubicada en Agustinas al llegar a Ahumada, había captado a los más codiciados inversores, en particular a los de la comunidad judía. Estrella en alza del mundo financiero, Stoulman no podía ser secuestrado en Chile sin que se armara un escándalo.

La DINA, la poderosa central de inteligencia de Manuel Contreras que asesinó a Orlando Letelier en Washington y al general Carlos Prats en Buenos Aires, buscó la captura de ese matrimonio tanto por las necesidades de financiamiento de una DINA vetada desde el gobierno de Jimmy Carter, como también interesada en dar un severo golpe político al Partido Comunista y a su aparato financiero, el que utilizaba los caros y eficientes servicios del cambista Stoulman.

La policía secreta sabía que Jacobo Stoulman manejaba los dineros de grandes inversores locales, los suyos propios y los que el financista chileno-húngaro Klein (tío del ahora famoso y generoso empresario minero Leonardo Farkas Klein, que heredó y reinició hace algunos años las actividades de su rentable Minera Santa Bárbara), pudiese haber enviado a través de Cambios Andes para el Partido Demócrata Cristiano y para el ex presidente Eduardo Frei Montalva, que ya había recibido en 1973 (y antes también) importantes apoyos financieros desde Suiza del empresario minero Klein para su campaña senatorial y la desestabilización anti-Allende en marcha. Además, la DINA había detectado que el cambista  Stoulman era también el intermediario de un operativo financiero del Partido Comunista chileno para ingresar al país fondos que permitieran rearmar su estructura.

Efectuar el secuestro en Chile podía arriesgarlo todo. Entonces entró en acción el Plan Cóndor que, como todos los de la conexión chilena de la coordinación represiva en el Cono Sur, abundaba en misterios y se le armó al cambista un bien elaborado plan para hacerlo viajar a Buenos Aires, utilizando a un militante comunista chileno-suizo de apellido Jaccard, aún desaparecido, secuestrado en un hotel de Buenos Aires dos semanas antes del fatal viaje Brannif (Jaccard fue esposo de Paulina Veloso, ex  ministra de la administración Bachelet).

En el caso Stoulman la inteligencia operó para ‘demostrar’ que el matrimonio había proseguido tranquilamente viaje a Montevideo, versión que se dio oficialmente a la cancillería chilena en un cable firmado por el general Rafael Videla y, después, inexplicablemente “extraviado”. Junto con esto se desplegó una acción psicológica exitosa.

El boca a boca -y en especial el dirigido a la comunidad judía- travistió a Stoulman en una suerte de demoníaco chileno que traficaba fondos recolectados en secuestros subversivos en Argentina y Uruguay (Montoneros y Tupamaros) en aras de la célebre “conspiración judeo-bolchevique apátrida”. Instalada esta falsa versión, que “justificaba” así su secuestro por los militares argentinos y liberaba a la DINA de toda responsabilidad, nadie  –salvo sus hijas y un hermano de Matilde Pessa Mois- osó reclamar por su suerte. Menos aun lo hicieron los grandes financistas amigos o conocidos de Stoulman, cuyas inversiones habían sido prolijamente detectadas por la agencia represora que dirigía Manuel Contreras.

LA TROIKA CHILENO-JUDÍA ENTRA EN ACCIÓN

Para tapar un escándalo en ciernes, que a principios de octubre de 1976 podía  afectar a buena parte de la cúpula empresarial y dirigencial de la comunidad judía chilena en dictadura -por las razones espurias, encubridoras  y corruptas, hasta con negociación con la DINA a través del abogado pinochetista Ambrosio Rodríguez, y de su inacción ante el doble secuestro de 1977-, se montó apresuradamente otro escándalo mediático, esta vez con el apoyo de toda la prensa del duopolio: había estallado el asunto de la ‘Troika Judía’, es decir, la acción de importantes personeros y personajes que estructuraron un montaje finamente pensado y activado para echar tierra sobre asuntos que cuestionaban duramente el comportamiento ético y político de muchos inversionistas, educadores, dirigentes religiosos y conocidos empresarios de la comunidad judía chilena durante la dictadura.

Además, los medios de prensa que mencionaremos a lo largo de este artículo develaron también otra arista de este deleznable caso: el asunto de la hermana de Jacobo Stoulman, quien junto con su marido –Isaac Pessó- después del doble secuestro cambiaron rápidamente de ‘pelo’, pues de modestos empleados de una Casa de Cambios y Turismo pasaron a constituirse en importantes empresarios de ambos rubros, y hoy son, además, co-dueños del Hotel Intercontinental y de otras empresas. El cuñado de  Stoulman –Isaac Pessó- en los años 80 y 90 fue directivo del CREJ y Tesorero del Estadio Israelita.

Lo de la ‘Troika Judía’ habría sido un apresurado montaje en el que participó decisivamente el entonces alto dirigente PPD Jorge Schaulsohn para aplacar otro escándalo de Derechos Humanos que se empezaba a develar después de 17 años de mentiras y silencios.   De paso, Schaulsohn intentó también proteger al menos a tres dirigentes importantes de la comunidad judía que tuvieron una muy cuestionable actuación en el doble secuestro (los señores Gil Sinay Sestopal, León Dobry Folkman e Isaac Pessó Faraggi), y proteger, por cierto, a dos abogados pinochetistas que estaban relacionados con ellos en el encubrimiento y falsificación del verdadero origen y consecuencias del secuestro del matrimonio Stoulman-Pessa. Uno de esos abogados era Ambrosio Rodríguez Quiroz, fiel servidor del tirano durante los 17 años de gobierno totalitario.

Todos estos personajes, seguramente consideraron que estaban amenazados por las revelaciones de un reportaje -redactado por el periodista Iván Cabezas y por el investigador político Juan Pablo Moreno-  publicado el 29 de septiembre de 1996 por la Revista Semanal del diario La Nación, en el cual se demostraba el verdadero origen del doble secuestro efectuado por la DINA y su Operación Cóndor en mayo de 1977, y la forma en que se había encubierto y silenciado el asunto durante 19 años.

Menos de dos semanas después de aquella publicación estalló el distractor asunto de la “Troika Judía”, sepultando el impacto de la publicación de prensa que daba las primeras pistas de los cómplices y culposos manejos de la cúpula de la comunidad judía en dictadura, puesto que algunos de sus dirigentes aparecieron como posibles encubridores y cómplices por omisión y falsificación del doble secuestro en Ezeiza, y el señor León Dobry -junto con Jorge Schaulsohn- terminó en reuniones de alto nivel en La Moneda, hecho que significó que el caso Stoulman-Pessa quedara sepultado convenientemente, y durante  años no fuera abordado por la prensa chilena.

El entonces director de la Revista Semanal del diario La Nación –Luis Alberto Ganderats- debió renunciar por no haber solicitado permiso al Director PDC de La Nación para publicar ese autocensurado reportaje del periodista Iván Cabezas, quien nunca más volvió a publicar en La Revista Semanal de aquel medio informativo. El reclamo lo hizo directamente al diario gubernamental quien fuera en esa época Ministro Secretario General de Gobierno, José Joaquín Brunner, ex MAPU-OC y PPD.

Un intento de reflotar el caso ocurrió en agosto del 2000, en el diario electrónico El Mostrador, con un largo y completo reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy, a raíz de la querella criminal contra Pinochet de las tres hijas del matrimonio Stoulman-Pessa. Pero, el intento fue frustrado por la censura que consiguió el propio León Dobry con su amigo y compañero de directorio en un banco: Juan Agustín Figueroa, socio mayoritario de la empresa que publicaba El Mostrador. La censura duró cuatro años y el reportaje de Pascale Bonnefoy sólo fue subido a la web de El Mostrador el 2004, cuando Pinochet estaba procesado por el juez Juan Guzmán en el caso Cóndor y el doble secuestro de Ezeiza de 1977.

AUGUSTITO JR. APARECE EN EL HORIZONTE DE LAS TURBIEDADES

Algunos investigadores políticos (Juan Pablo Moreno es uno de ellos) conocían las razones de fondo que animaban a varios denunciantes en el asunto de la ‘troika judía’, los que estaban relacionados con el secuestro en Buenos Aires -en mayo de 1977- del cambista Jacobo Stoulman y su mujer, quienes sacaban de Chile las platas evadidas de impuestos  -y otros  dineros negros-  pertenecientes a su entonces socio León Dobry y a otros importantes empresarios y rentistas de la comunidad judía.

Por ello, ¿qué pasó con el dinero que poseía y manejaba el matrimonio chileno-judío, así como los dólares que traía a Chile –para el PC- Alexei Jaccard, persona que también fue detenida por DINA en Buenos Aires y asesinada, presumiblemente, en Chile? Esa plata desapareció… no hay registro alguno de su paradero.

O mejor dicho, no había registro… hasta ahora, ya que con la confirmación de que los restos óseos encontrados en Cuesta Barriga pertenecían al matrimonio asesinado por agentes de la DINA en Chile, una nueva arista necesaria de ser investigada rigurosamente surgió en este caso. Esa arista ya la había entregado hace algunos años el investigador político Juan Pablo Moreno al plantear una duda válida y razonable respecto de dineros que, ‘milagrosamente’, llegaron a las manos de Augusto Pinochet Hiriart en esa misma época, dineros con los que el hijo del dictador habría adquirido una lujosa y carísima  mansión en Santiago.

Ello es lo que se desprende de lo publicado por la revista ‘Punto Final’ del 10 de julio del  2015. Pero, nunca hubo una investigación para develar que el ‘hijo pródigo’ del dictador podría haber estado envuelto en las turbulencias de las turbiedades en que ha vivido desde que abandonó el uniforme militar para exprimir las posibilidades de ganar dinero fácil y dulce –legal e ilegalmente- que le reportaba el hecho de contar con su progenitor al mando de un gobierno dictatorial.

Resulta probable que algún día nuestra inefable justicia abra proceso al hijo del dictador por esta causa, pues si bien en la desaparición y asesinato del matrimonio Stoulman-Pessa hay otras personas comprometidas, el nombre de Augusto Pinochet Hiriart se ha mantenido ausente, sin embargo, una de las hebras del caso salió a la luz luego de haber dormido un largo sueño durante años, y ella debería haberlo metido de lleno en un nuevo escándalo, en una nueva y grave acción desglosada de los avatares de la dictadura más sanguinaria habida en América.

Esa que encabezó su padre.