Soto Chandía Luis Alberto

Luis Alberto SOTO CHANDIA

Melipeuco

También son privados de libertad y hechos desaparecer por funcionarios de Carabineros, cuatro obreros agrícolas, ésta vez de la localidad de Melipeuco.

El 11 de septiembre de l973, Luis Alberto SOTO CHANDIA, 25 años, tractorista, fue detenido desde su domicilio por efectivos de Carabineros de Melipeuco quienes, ante testigos, lo golpearon cerca del río. Sus familiares afirman que en el Retén no reconocieron su detención. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

El día 14 de octubre en el sector de Trufultruful de la localidad de Melipeuco fueron detenidos en su domicilio, por efectivos de Carabineros : José Alejandro RAMOS JARAMILLO, 46 años, y sus dos hijos: Gerardo Alejandro RAMOS HUINA, 21 años y José Moisés RAMOS HUINA de 22 años. A pesar de las diligencias realizadas por sus familiares, éstos declaran que nunca les fue reconocida su detención. Testimonios verosímiles presentados a esta Comisión señalan que sus cuerpos maniatados flotaban en el Río Allipen. Hasta la fecha no han sido encontrados.

Estando acreditadas las detenciones en manos de uniformados, no habiendo noticia alguna ante sus familias ni ante el Estado de Chile de ninguno de los afectados, esta Comisión se ha formado convicción que Luis Soto, Alejandro Ramos, Gerardo Ramos y José Ramos fueron víctimas de violación a sus derechos humanos de parte de agentes del Estado, quienes los detuvieron e hicieron desaparecer.

En el fallo, el ministro en visita condenó al cabo, a la época de los hechos, Israel Antonio Riquelme Troncoso a la pena de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor del secuestro calificado de Soto Chandía, quien fue detenido en su domicilio y llevado hasta el Retén de Carabineros de Melipeuco, unidad policial desde donde se le pierde el rastro.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a suboficial en retiro de Carabineros, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del funcionario de Conaf Luis Alberto Soto Chandía. Ilícito perpetrado en la comuna de Melipeuco, el 11 de septiembre de 1973.

En el fallo (causa rol 114.037), el ministro en visita condenó al cabo, a la época de los hechos, Israel Antonio Riquelme Troncoso a la pena de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor del secuestro calificado de Soto Chandía, quien fue detenido en su domicilio y llevado hasta el Retén de Carabineros de Melipeuco, unidad policial desde donde se le pierde el rastro.

El ministro en visita aplicó, además, al condenado las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

En la sentencia, el ministro Mesa Latorre dio por acreditados los siguientes hechos:

“A.- Que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública el día 11 de septiembre de 1973 asumieron el mando Supremo de la Nación, reuniendo los poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo en la Junta de Gobierno según se dejó establecido en el Bando N° 5, de igual fecha, así como en el Decreto Ley N° 1, posteriormente aclarado y complementado por los Decretos Leyes N° 128, 527 y 788, se dispuso entre otras medidas el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, ordenándose acuartelamiento en grado uno para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

B.- Que para el 11 de septiembre de 1973, a raíz de los sucesos acaecidos en el país, en todas las comisarías se formó un grupo operativo especial denominado ‘comisión civil’, dedicado a labores de inteligencia que consistía en averiguar situaciones de búsqueda de información de determinadas personas quienes estaban consideradas en bandos militares, entre otras, es decir, eran labores que escapaban a los procedimientos comunes policiales [lo anterior consta en causa rol 113.987 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, rol 14-2013 del ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, rol 45.359 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, rol 45.362 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro y rol 45.368 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, entre otras, todas seguidas por este Tribunal y que son de público conocimiento].

C.- Que en el caso del Retén de Carabineros de Melipeuco su dotación la conformaban once funcionarios (según consta a fs. 452 Tomo II); quien ostentaba el mando era el vice- sargento primero de Carabineros Roberto Oyarzún Villegas (fallecido según consta a fs. 113 Tomo I) quien para el 11 de septiembre de 1973 se encontraba de vacaciones en Punta Arenas, razón por la que asumió por unos días el mando el cabo Israel Antonio Riquelme Troncoso, por ostentar la mayor antigüedad en el retén (según declaraciones de Alberto Osses Quezada de fs. 100 a fs. 101 Tomo I). La dotación además la integraban el sargento 2° Enrique Onofre Albornoz (fallecido según consta a fs. 114 Tomo I); el cabo Sergio José Barrera Jara; el cabo Juan José Castillo (fallecido según consta a fs. 617 Tomo II); el cabo Roberto Curilaf Calfate (fallecido según consta a fs. 115 Tomo I); el cabo Honorato Fierro Inzunza (fallecido en el extranjero según consta a fs. 225 a fs. 226 Tomo I); el cabo Juan Segundo Llaupe Deumacan (fallecido según consta a fs. 762 Tomo II); el cabo Alberto Osses Quezada, el cabo Francisco Borja Vallejos Villena y el cabo Alfredo Segundo Vergara Rebolledo. A raíz de los acontecimientos ocurridos en aquella época los funcionarios quedaron acuartelados, por lo que comenzaron a realizar patrullajes, allanamiento y detenciones de índole política, en un vehículo facilitado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el que era conducido por Juan José Castillo (fallecido según consta a fs. 617 Tomo II).

La detención y allanamientos efectuados, los que realizaban sin exhibir orden judicial previa (lo anterior consta en causa rol 113.475 ‘episodio Melipeuco’ del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por este Tribunal y de público conocimiento, cuya sentencia rola a fs. 674 a fs. 704 (Tomo II), así también de las declaraciones de Alberto Osses Quezada de fs. 100 a fs. 101 (Tomo I); de fs. 261 a fs. 263 (Tomo I); de fs. 136 a fs. 137 (Tomo I); de Sergio José Barrera Jara de fs. 102 a fs. 103 (Tomo I); de fs. 135 (Tomo I); de Alfredo Segundo Vergara Rebolledo de fs. 104 a fs. 105 (Tomo I); de fs. 138 a fs. 140 (Tomo I); de fs. 264 a fs. 265 (Tomo I); de Elisa Carmen Soto Chandía de fs. 124 a fs. 125 (Tomo I); de fs. 277 a fs. 278 (Tomo I); de Juan José Castillo de fs. 207 a fs. 208 (Tomo I); de fs. 232 (Tomo I); de fs. 267 a fs. 268 (Tomo I); de Elton Pablo Jiménez Arias de fs. 152 a fs. 153 (Tomo I); de Juan Segundo Llaupe Deumacan de fs. 258 a fs.260 (Tomo I); y de Elena Huina Llancumil de fs. 295 (Tomo I); entre otros.

D.- Que la dependencia del Retén de Carabineros de Melipeuco era usada para mantener a los detenidos, los que posteriormente eran trasladados con rumbo desconocido o permanecían detenidos en dicha unidad para ser sometidos a interrogatorios bajo tortura por un periodo indeterminado, lugar en el que igualmente se realizaron ejecuciones, según testimonios de Sergio José Barrera Jara de fs. 102 a fs. 103 (Tomo I); de fs. 283 (Tomo I); de fs. 296 a fs. 297 (Tomo I); de Alberto Osses Quezada de fs. 136 a fs. 137 (Tomo I); de Alfredo Vergara Rebolledo de fs. 138 a fs. 140 (Tomo I); de Juan José Castillo de fs. 207 a fs. 208 (Tomo I); de fs. 285 a fs. 286 (Tomo I); de Juan Rigoberto Huenchuman Porma de fs. 255 a fs. 257 (Tomo I); de fs. 324 a fs. 325 (Tomo I); de Gerardo Morales Rosales de fs. 279 a fs. 280 (Tomo I); de Raquel Soto Chandía de fs. 281 a fs. 282 (Tomo I); de Juan Segundo Llaupe Deumacan de fs. 289 a fs. 290 (Tomo I); de Silvia del Carmen Letelier Martínez de fs. 318 (Tomo I); de fs. 342 a fs. 343 (Tomo I); de Emilia Nazal Quiroz de fs. 319 (Tomo I); de fs. 340 a fs. 341 (Tomo I); de Diego Alberto Pastene Sandoval de fs. 331 a fs. 332 (Tomo I); y de Leoncio Benedicto Pastene Sandoval de fs. 334 a fs.337 (Tomo I). En dicho lugar se encontraban detenidos indistintamente hombres y mujeres, de todos estos antecedentes de detenciones de personas que eran llevados al Retén de Melipeuco, tenía conocimiento como se ha indicado el mando superior compuesto por el vice-sargento primero de Carabineros Roberto Oyarzún Villegas (fallecido según consta a fs. 113 Tomo I) y quien lo seguía en el mando por antigüedad Israel Antonio Riquelme Troncoso.

E.- Que con fecha 11 de septiembre de 1973, Luis Alberto Soto Chandía, de 25 años de edad, casado, una hija, trabajador de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), sin militancia política conocida, fue detenido en su domicilio ubicado en Santa María de Llaima, por efectivos de Carabineros de Melipeuco entre los que se encontraban Israel Antonio Riquelme Troncoso, Juan José Castillo (fallecido según consta a fs. 617 Tomo II), y Honorato Fierro Inzunza (fallecido en el extranjero según consta a fs. 225 a fs. 226, Tomo I); quienes formaban parte de la dotación del Retén de Carabineros de Melipeuco. Testigo de este hecho fueron Herna del Carmen Soto Chandía (según consta en declaración de fs. 81 a fs. 82 Tomo I), quien precisa que para el 11 de septiembre de 1973 se encontraba en casa de sus padres, cuando su cuñada María Cruz Zárate Lienlaf, fallecida según consta a fs. 761 Tomo II); llegó hasta su domicilio cercano al de la víctima de autos indicándole que Carabineros había detenido en su domicilio a Luis Alberto Soto Chandía, y que posteriormente lo subieron a un vehículo. Observando la testigo desde su patio que el vehículo se perdía en el camino. Al día siguiente, la testigo (hermana de la víctima) y su cónyuge se trasladaron hasta el Retén de Carabineros de Melipeuco, donde consultaron por Luis Alberto Soto Chandía, señalándoles los funcionarios de dicha unidad policial que la víctima no estaba en los registros, por lo que no se encontraba en la unidad policial. Así también lo declarado por Pablo de la Cruz Jiménez Torres (según consta en declaración de fs. 597 a fs. 599 Tomo II); de Edita del Carmen Arias Manríquez (según consta de fs. 601 a fs. 602 Tomo II); vecinos de la víctima, quienes son concordantes en señalar que por la ventana de su domicilio ubicado al lado de la casa de la víctima pudieron ver cuando los carabineros Fierro, Riquelme y Castillo, sacaban a Luis Alberto Soto Chandía para subirlo a un vehículo con rumbo desconocido. Ratifican estos hechos las declaraciones de Aladino José Soto Chandía de fs. 85 a fs. 86 (Tomo I); de Elton Jiménez Arias de fs. 152 a fs. 153 (Tomo I); de Gerardo Morales Rosales de fs. 279 a fs. 280 (Tomo I); de Raquel Soto Chandía de fs. 281 a fs. 282 (Tomo I); de Elena Huina Llancumil de fs. 295 (Tomo I); de Godofredo Cotrena Cotrena de fs. 346 a fs. 348 (Tomo I); y de Luis León Jeldrez de fs. 531 a fs. 532 (Tomo II). Por lo que desde el 11 de septiembre de 1973 (fecha en que fue detenido por carabineros) se ignora hasta el día de hoy el paradero y que habría sucedido en la persona de Luis Alberto Soto Chandía. Que hasta la fecha ningún funcionario público de las Fuerzas Armadas, en especial de Carabineros de Chile, que se desempeñaban en la época de los hechos, ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo sucedido con Luis Alberto Soto Chandía, manteniendo hasta el día de hoy ocultamiento de todo tipo de antecedentes sobre los hechos que se han mencionados en los párrafos precedentes”.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.

Un funcionario de Carabineros en retiro, de actuales 90 años de edad, fue sometido a proceso por el delito de secuestro calificado de un trabajador de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ocurrido en septiembre de 1973 en Melipeuco, en la región de La Araucanía.

Tras analizar los antecedentes del caso, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, dictó el procesamiento del carabineros (R) Israel Antonio Riquelme Troncoso.

La decisión del ministro Mesa fue asumida por la responsabilidad del imputado en el delito de secuestro calificado del trabajador de la Corporación Nacional Forestal, Luis Alberto Soto Chandía, perpetrado a contar del 11 de septiembre de 1973 en la comuna de Melipeuco.

En la instancia, detalló que atendido el mérito de los antecedentes, la naturaleza del delito, la pena asignada, la edad del procesado, esto es 90 años, y la situación sanitaria en que se encuentra el país, resulta más adecuado para lo fines del procedimiento, –por ahora–, decretar la medida cautelar personal de arresto domiciliario total.

La víctima, Luis Alberto Soto Chandía, de 25 años de edad, casado y con una hija, era trabajador de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, sin militancia política conocida y fue detenido en su domicilio ubicado en Santa María de Llaima por efectivos de Melipeuco..

La bendición del terreno y la plantación simbólica de un guindo santo en el inicio del Sendero de la Memoria en la Reserva Nacional Malleco, marcó el día en que la Corporación Nacional Forestal rindió un homenaje a sus 13 trabajadores víctimas de la represión política ejercida por la Dictadura Militar en la región de La Araucanía.

La ceremonia de reivindicación de los trabajadores de CONAF fue presidida por el Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres, el alcalde de Collipulli, Leopoldo Rosales, Director regional, David Jouannet, la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Mulchén, abogados de organizaciones de Derechos Humanos y contó con la presencia de un centenar de familiares de las víctimas y de funcionarios de CONAF de la Oficina Central, Coquimbo, Bío Bío, Los Ríos y La Araucanía.

“Entiendo que CONAF es la primera institución que hace un reconocimiento público y abierto a las víctimas         –comentó el Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres-, y fue necesario que nuestra institución pusiera a la luz a un conjunto de trabajadores en un acto que es muy significativo porque rearma la familia de CONAF, nos integra con la familia de las víctimas que fueron parte de la Corporación y coloca un tema importante, los Derechos Humanos debemos ubicarlos al medio de nuestra relación societal, como derecho básico, por lo tanto, es una obligación generar los caminos para no olvidar, hacer justicia y para reparar”, detalló Cavieres.

Los familiares de los trabajadores ejecutados valoraron el trabajo que está haciendo CONAF. “Este sendero, este memorial que se está proyectando es para preservar la memoria de estos 13 campesinos, que pese a no tener ninguna militancia política, y cumpliendo con su trabajo como obreros, los asesinaron. CONAF es la única institución del Estado que está reconociendo a sus víctimas”, subrayó Pedro Roa, presidente de la Agrupación de familiares de DD.DD de Mulchén.

Marina Rubilar, vicepresidenta de la Agrupación de DD.DD de Mulchén, dijo que “para mí ha sido importante y reconfortante este proyecto de CONAF para rescatar la memoria de nuestros seres queridos. Ellos eran personas humildes y no tenían derecho a asesinarlos en la forma que lo hicieron; por eso, agradezco a CONAF, en forma personal y me enorgullece este proyecto”.

Para la abogada de familiares, Patricia Parra, el caso de los 13 ejecutados en la Reserva Malleco fue cerrado y está hoy en la etapa de sumario con un autoacusatorio. La etapa siguiente es el plenario, dónde se exhiben las pruebas y los acusados se deben defender, para terminar con la sentencia.

“Como hay confesión de los hechores directos, es tal el nivel de elementos probatorios, que sería muy difícil que los puedan absolver.  Aquí va a ver condenas hacia los hechos ocurridos en octubre de 1973, sino que además el ministro lo que ha hecho fue establecer la necesaria conexión con lo que ocurrió en 1979, porque este secuestro y muerte, está conectado con lo que ocurrió en la operación retiro de televisores”, enfatizó la abogada Parra.

Árbol de la Memoria

El Director Ejecutivo de CONAF recordó que esta iniciativa se originó a partir de una propuesta efectuada por un grupo de trabajadores de la institución, que ha permitido a la fecha recabar información relativa a 19 trabajadores de CONAF que fueron asesinados en los meses de septiembre y octubre de 1973, de los cuales 18, son de esta región de La Araucanía. La documentación precisa que se trata de 13 trabajadores de la Reserva Forestal Malleco, asesinados los días 6 y 7 de octubre de 1973, a manos de una patrulla de aproximadamente 30 personas compuesta por Militares, Carabineros y civiles: Miguel del Carmen Albornoz Acuña; los hermanos Daniel Alfonso, Alejandro, Guillermo José, Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González; Luis Alberto Godoy Sandoval; los hermanos Manuel Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; José Fernando Gutiérrez Ascencio; Gerónimo Humberto Sandoval Medina y Juan de Dios Roa Riquelme.

A ellos, se suman otros 5 trabajadores de CONAF que laboraban en la Cordillera de Melipeuco, asesinados entre septiembre y octubre de 1973: Mario Rubén Morales Bañares; José Alejandro Ramos Jaramillo; los hermanos Gerardo Alejandro y José Moisés Ramos Huina; y Luis Alberto Soto Chandía.

Y, por último, Óscar Gastón Aedo Herrera, Práctico Forestal de la Escuela de Contulmo, Técnico de la COREF (Corporación de Reforestación, actual CONAF) en la ciudad de Salamanca, hoy día Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, fusilado el 16 de octubre de 1973 junto a otras 14 personas en el Regimiento de Arica de la ciudad de La Serena, por orden del General Arellano Stark y su sanguinaria “Caravana de la Muerte”.

En una emotiva ceremonia se rescató la vida cotidiana y emotiva de las víctimas.

La bendición del terreno y la plantación simbólica de un guindo santo en el inicio del Sendero de la Memoria en la Reserva Nacional Malleco, marcó el día en que la Corporación Nacional Forestal rindió un homenaje a sus 13 trabajadores víctimas de la represión política ejercida por la Dictadura Militar en la Región de La Araucanía.

La ceremonia de reivindicación de los trabajadores de Conaf fue presidida por el director ejecutivo del organismo, Aaron Cavieres; el alcalde de Collipulli, Leopoldo Rosales; el director regional, David Jouannet, la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Mulchén, abogados de organizaciones de Derechos Humanos y contó con la presencia de un centenar de familiares de las víctimas y de funcionarios del organismo de la Oficina Central, Coquimbo, Bio Bío, Los Ríos y La Araucanía.

“Entiendo que Conaf es la primera institución que hace un reconocimiento público y abierto a las víctimas -comentó el director ejecutivo de Conaf, Aaron Cavieres- y fue necesario que nuestra institución pusiera a la luz a un conjunto de trabajadores en un acto que es muy significativo porque rearma la familia de Conaf, nos integra con la familia de las víctimas que fueron parte de la Corporación y coloca un tema importante, los Derechos Humanos debemos ubicarlos al medio de nuestra relación societal, como derecho básico, por lo tanto, es una obligación generar los caminos para no olvidar, hacer justicia y para reparar”, detalló Cavieres.Los familiares de los trabajadores ejecutados valoraron el trabajo que está haciendo Conaf. “Este sendero, este memorial que se está proyectando es para preservar la memoria de estos 13 campesinos, que pese a no tener ninguna militancia política, y cumpliendo con su trabajo como obreros, los asesinaron. Conaf es la única institución del Estado que está reconociendo a sus víctimas”, subrayó Pedro Roa, presidente de la Agrupación de familiares de DD.DD de Mulchén.Marina Rubilar, vicepresidenta de la Agrupación de DD.DD de Mulchén, dijo que “para mí, ha sido importante y reconfortante este proyecto de Conaf para rescatar la memoria de nuestros seres queridos. Ellos eran personas humildes y no tenían derecho a asesinarlos en la forma que lo hicieron; por eso, agradezco a Conaf, en forma personal y me enorgullece este proyecto”.

Para la abogada de familiares, Patricia Parra, el caso de los 13 ejecutados en la Reserva Malleco fue cerrado y está hoy en la etapa de sumario con un autoacusatorio. La etapa siguiente es el plenario, dónde se exhiben las pruebas y los acusados se deben defender, para terminar con la sentencia.

“Como hay confesión de los hechores directos, es tal el nivel de elementos probatorios, que sería muy difícil que los puedan absolver. Aquí va a ver condenas hacia los hechos ocurridos en octubre de 1973, sino que además el ministro lo que ha hecho fue establecer la necesaria conexión con lo que ocurrió en 1979, porque este secuestro y muerte, está conectado con lo que ocurrió en la operación retiro de televisores”, enfatizó la abogada Parra.

Árbol de la Memoria

El director ejecutivo de Conaf recordó que esta iniciativa se originó a partir de una propuesta efectuada por un grupo de trabajadores de la institución, que ha permitido a la fecha recabar información relativa a 19 trabajadores de la Corporación que fueron asesinados en los meses de septiembre y octubre de 1973, de los cuales 18, son de esta Región de La Araucanía. La documentación precisa que se trata de 13 trabajadores de la Reserva Forestal Malleco, asesinados los días 6 y 7 de octubre de 1973, a manos de una patrulla de aproximadamente 30 personas compuesta por militares, carabineros y civiles: Miguel del Carmen Albornoz Acuña; los hermanos Daniel Alfonso, Alejandro, Guillermo José, Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González; Luis Alberto Godoy Sandoval; los hermanos Manuel Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; José Fernando Gutiérrez Ascencio; Gerónimo Humberto Sandoval Medina y Juan de Dios Roa Riquelme.

A ellos, se suman otros cinco trabajadores de Conaf que laboraban en la Cordillera de Melipeuco, asesinados entre septiembre y octubre de 1973: Mario Rubén Morales Bañares; José Alejandro Ramos Jaramillo; los hermanos Gerardo Alejandro y José Moisés Ramos Huina; y Luis Alberto Soto Chandía.

Y, por último, Óscar Gastón Aedo Herrera, práctico forestal de la Escuela de Contulmo, técnico de la COREF (Corporación de Reforestación, actual Conaf) en la ciudad de Salamanca, hoy día Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, fusilado el 16 de octubre de 1973 junto a otras 14 personas en el Regimiento de Arica de la ciudad de La Serena, por orden del General Arellano Stark y su sanguinaria “Caravana de la Muerte”.