Soto Campos Hugo enrique

Rut       : No hay antecedente

F.Nacim. : 18 años de edad a la fecha de la detención

Domicilio : Parral

E.Civil  : Soltero

Actividad : Estudiante 3° Medio Liceo Nocturno de Parral

C.Repres. : Militante del Partido Socialista, Miembro del Comité de Cesantes de la Municipalidad de Parral.

F.Deten. : 13 de septiembre de 1973

  SITUACION REPRESIVA

            Hugo Soto Campos, soltero, 18 años de edad, estudiante de Enseñanza Media, militante del Partido Socialista, fue detenido el día 13 de septiembre de 1973, en la vía pública, en la ciudad de Parral, por efectivos Militares y de Carabineros, que entre el 13 y el 20 de septiembre procedieron a arrestar a varios miembros de ese partido político que tenían vinculaciones entre sí. Entre ellos, Oscar Saldías Daza, Luis Aguayo Fernández, Enrique Carreño González, Claudio Escanilla Escobar y Guillermo Belmar Hernández. De éstos, Saldías, Carreño, Escanilla y Hugo Soto permanecen desaparecidos hasta hoy.

            Todos los detenidos fueron ubicados en la Cárcel de Parral, desde donde eran sacados periódicamente, al recinto de Investigaciones, donde eran interrogados bajo torturas. Los interrogatorios de Hugo Soto fueron presenciados por Guillermo Belmar, quien después fuera dejado en libertad. Belmar también fue testigo de las torturas que le practicaron al afectado. Quien dirigía el interrogatorio era un Teniente de Ejército a quien llamaban "Teniente Dog" (o Dodge) y también participaban el Jefe de Investigaciones de Parral, el detective Eldo Avila, un militar de tropa y el Cabo de Carabineros Luis Hidalgo.

            Hugo Soto había sido detenido poco antes del Golpe Militar, el 11 de agosto de 1973, junto a Bernardino Fuentes Gatica, Oscar Saldías Daza y José Félix Muñoz Parada, acusados de participar en un atentado incendiario a una propiedad. Luego de permanecer cinco días detenido, fue dejado en libertad bajo fianza junto a Oscar Saldías, en tanto los otros dos continuaron detenidos y procesados.

            Con posterioridad al Golpe Militar, Saldías Daza fue también vuelto a detener y, al igual que Soto Campos, se encuentra desaparecido desde entonces.

            Según testimonio de Bernardino Fuentes, los detenidos eran sacados desde la Cárcel de Parral hacia el recinto de Investigaciones durante el día para ser interrogados, situación que también le afectó a él, por patrullas tanto de Carabineros como del Ejército. Entre los militares se encontraban, además del Teniente "Dog o Dodge" ya mencionado, otro Teniente de apellido Sáenz y los Cabos Raúl Ugalde y Manuel Moya; todos del Regimiento de Artillería de Linares. Entre los carabineros se encontraban, además del ya individualizado Luis Hidalgo, los policías Ramón Valenzuela y Germaín Morales.

            Hugo Soto Campos se encuentra desaparecido desde septiembre del año 1973 después que fuera detenido por agentes de seguridad, fecha en la cual fue visto en el recinto de Investigaciones donde era interrogado bajo crueles torturas.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Se desconoce si se realizaron acciones judiciales en su favor.

            En los casos de otros detenidos relacionados con la víctima, sí se realizaron acciones judiciales y varios de los uniformados que participaron en la detención prestaron declaración en el Tribunal excepto el Alcaide de la Cárcel de Parral, que reconoció el ingreso de Carreño, Saldías y Escanilla y el Alcalde de Linares, el resto negó participación y conocimiento de los hechos. En estas causas se acreditó que en el Cuartel de Investigaciones de Parral funcionaba una Comisión Especial nombrada por el entonces Capitán de Ejército Hugo Cardemil e integrada por el Jefe de Investigaciones y un Teniente de Ejército. En este lugar, según lo han certificado detenidos que después recobraron su libertad, se interrogó al afectado y a los cuatro detenidos desaparecidos mencionados del Partido Socialista de Parral, entre los que se encuentra Hugo Soto Campos.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó en segunda instancia las sentencias que dictó el ministro de fuero Alejandro Solís en contra de tres uniformados imputados por el secuestro calificado de 21 disidentes al régimen militar, en hechos acontecidos Parral, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, y que incluyen un caso de sustracción de menor.

El 6 de agosto del 2003, el magistrado Solís condenó a penas de cárcel de entre 10 a 15 años al ex gobernador y coronel (r) de Carabineros Pablo Caullier Grant; al comandante (r) de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela y al suboficial (r) de Carabineros, Luis Hidalgo.

En votación dividida (2-1) el tribunal de alzada capitalino conformado por los ministros Alejandro Madrid, Juan Muñoz Pardo y Humberto Provoste, resolvió aumentar de siete a diez años y un día el castigo impuesto a Hidalgo; mantener la sanción de diez años de cárcel a Caulier; y disminuir de 17 años a 15 años y un día de presidio mayor la condena a Cardemil Valenzuela.

La investigación iniciada a comienzos de esta década por el retirado magistrado Juan Guzmán Tapia, permitió determinar la responsabilidad que le compete a los acusados en las desapariciones de Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.

Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad.

De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.

Originalmente este proceso se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego lo tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Villa Baviera del militante del MIR Álvaro Vallejos Villagrán.

Al Callín lo mandaron a comprar levadura y nunca más volvió. Su madre lo esperó en la puerta hasta que murió. Ella decía: «¿Pero cómo?, si fue a comprar no más, ¿cómo se va a demorar tanto», y se sentaba en el portal de su puerta a esperarlo.

El Callín siempre fue un niño inquieto, le gustaba andar con los más grandes. Se juntaban en la plaza de la esquina, hacían rayados a favor de Allende, o tiraba panfletos. A sus dieciséis años creía en la revolución. Su familia, ocho o nueve hermanos, hijos de campesinos, nunca se metieron en política, pero el Callín sí. Trabajaba lustrando zapatos en la plaza de Armas de Parral, donde todavía se pueden ver los puestos de lustrabotas, aunque todos ellos desaparecieron.

Claudio Jesús Escanilla Escobar era su nombre, pero todos en Parral le llamaban El Callín. El 13 de septiembre fue detenido por una patrulla militar. Iba junto a Nelson León y a Emiliano Mena, pero a ellos lo dejarían libre días después. A la señora Julia, su madre, los lustrines de la plaza le contaron que los militares y el sargento de carabineros Luis Hidalgo lo habían detenido, y que, al parecer, estaba preso en la Comisaría de Parral. Y efectivamente, el 14 de septiembre lo trasladaron a la cárcel, donde la señora Julia sólo pudo dejarle ropa y comida ya que nunca le permitieron verlo.

Junto al Callín fueron detenidos treinta y tres personas más, la mayoría de ellos jóvenes que no pasaban los veintidós años. Hijos de obreros, campesinos, gente pobre que, por una u otra razón, fueron detenidos, llevados a la Comisaría de Parral y que luego nunca más se supo de ellos. Ya desde esa época rondaba la idea que los habían llevados a la Colonia Dignidad, el enclave alemán que operó con total impunidad durante décadas en Chile y dirigida por el ex miembro de las juventudes hitlerianas Paul Shäffer.

El primero en ser detenido fue Luis Evangelista Aguayo Fernández, de veinte años; le siguió HUGO ENRIQUE SOTO CAMPOS , de dieciocho años y estudiante secundario. También fue detenido Aurelio Clodomiro Peñailillo Sepúlveda, de treinta y dos años, y jubilado por invalidez. También Oscar Eladio Saldías Daza, de veinte años, proveniente de una familia de escasos recursos, quien trabajaba para cuidar a su madre y una sobrina de cinco años que estaban criando. También Enrique Ángel Carreño González, el único estudiante universitario, quien fue dejado  en libertad y luego arrestado para no saberse nunca más de él. También José Ignacio Bustos Fuentes, de cincuenta y dos años, un campesino que vivía con su madre, quien recorrió los cuarteles militares de Linares y Talca, pero nunca nadie más lo vio. También Rafael Alonso Díaz Meza, de veintitrés años; Irineo Alberto Méndez Hernández, de veintidós; Manuel Eduardo Bascuñán Aravena, de veintitrés; Óscar Abdón Retamal Pérez, de diecinueve y estudiante; Roberto del Carmen Romero Muñoz, de veintitrés años y obrero agrícola.

En octubre desaparecieron las siguientes personas: Armando Edelmiro Morales Morales, de diecinueve años y estudiante secundario. Luis Enrique Rivera Cofré, de veintiún años, padre del niño de nueve meses Vladimir Rivera Órdenes y de un hijo en camino que también llamarían Luis.  También desaparecieron Víctor Julio Vivanco Vásquez, de diecinueve años; y José Hernán Riveros Chávez de veintitrés. En Catillo, comunidad cerca de Parral, fueron detenidos Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo. También Ruperto Oriol Torres Aravena, de cincuenta y ocho años, campesino y padre de tres hijos que quedaron huérfanos. También Ramiro Romero González, de veintiocho años, campesino, casado, dos hijos. Y Alfredo Durán Durán, de cuarenta y ocho años, quien trabajaba en el Registro Civil.

Los últimos casos de detenidos desaparecidos en Parral corresponden a 1974, más una mujer asesinada, Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela. Se trató de doce hombres, ocho de los cuales estaban ligados a un singular hecho represivo conocido como el caso de «El Águila». Entre ellos, Aroldo Vivían Laurie Luengo y Hernán Sarmiento Sabater.

Los últimos detenidos fueron José Luis Morales Ruiz de veintiún años, artesano, quien tenía dos hijos, y Juan Francisco Ponce González, de quien no se tiene ningún registro y ni siquiera aparece en el Informe Rettig.

En la mayoría de los detenidos, salvo los involucrados en el caso de «El Águila», aparece el nombre de Luis Hidalgo, un amable señor que hasta el día de su muerte, se paseaba por el centro de Parral con total impunidad. Nunca nadie lo enfrentó, por miedo claro está. No fue condenado, no pisó la cárcel, no se arrepintió y lo más probable es que para muchos sea una de las figuras más destacadas de Parral.

Cuando le pregunté a la señora Julia que por qué salía todos los días a sentarse fuera de su casa, me respondió: «Por si aparece el Callín, sepa que esta es su casa». Nunca nadie pudo levantarla de ahí hasta que murió, esperando al hijo que ese fatídico día salió a comprar levadura.

Libro: En el pueblo hay una casa pequeña y oscura.
Autor: Vladimir Rivera Órdenes (Parral, 1973) es guionista, narrador y profesor.
Cronica: El orgullo de ser parralino.

“Una secta de alemanes en Chile colaboró estrechamente con el régimen pinochetista. Cometió abusos sexuales contra niños y asesinó opositores. Aunque las víctimas no dejan de reclamar justicia, la investigación no avanza”, dice el resumen del reportaje “Colonia Dignidad: un oscuro capítulo de la historia”, que fue publicado el fin de semana por el canal alemán Deutsche Welle.

El trabajo periodístico se centra en la falta de avance en las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos cometidas al interior del enclave alemán y apunta a que la cercanía del ministro de Justicia, Hernán Larraín, con el enclave ubicado en la región del Maule, habría incidido en esa falta de progreso.

En ese contexto, el reportaje describe un acuerdo chileno-alemán con fecha 2017 para avanzar en las investigaciones de violaciones a Derechos Humanos ocurridas en Colonia Dignidad.En el marco de esa colaboración, se señala que Alemania le ofreció a Chile laboratorios para analizar muestras del material extraído de las fosas encontradas en las cercanías del predio, sin embargo, aseguran que desde suelo chileno no se ha enviado nada para analizar.

Las pistas que revelarían el centro de exterminio

Ante el lento avance del caso a lo largo de estos años, en 2018 las agrupaciones de detenidos desaparecidos de Linares, Parral y Talca pidieron un encuentro con el antropólogo Juan Cáceres, quien trabajaba en el predio de la actual Villa Baviera, indagando evidencias encontradas en una investigación que encabeza el ministro Mario Carroza desde 2013 por torturas al interior del enclave germano.

Se trata de las fosas clandestinas donde habrían sido arrojados los cuerpos de las víctimas de la represión durante la dictadura.

No obstante, la pista concreta apunta a una exhumación de esos cadáveres en el marco de la operación Retiro de Televisores montada en 1978 por el régimen, para hacer desaparecer cuerpos de ejecutados políticos.

Mientras el régimen intentaba cubrir sus crímenes, en el enclave alemán los colonos debieron desenterrar con maquinaria pesada una cantidad aún indeterminada de cuerpos desde las fosas clandestinas.

Según testimonios de excolonos, una vez desenterrados, los restos fueron trasladados a otro punto del predio para ser quemados en “parrillas” con kerosene y napalm, para luego ser arrojados al río Perquelauquén.

Estos datos no son nuevos, puesto que durante la investigación que llevó adelante el ministro Jorge Zepeda, entre 2005 y 2009, se realizaron sondeos encontrándose motores de vehículos que pertenecían a detenidos y otros indicios que apuntaban a fosas clandestinas.

No obstante, Zepeda detuvo los peritajes dejando en la incertidumbre a las familias de los detenidos desaparecidos, quienes recurrieron al juez Carroza.

Este último consiguió apoyo financiero desde el Ministerio del Interior para gestionar la ayuda de profesionales como Kenneth Jensen y Juan Cáceres, los que encontraron las fosas descritas en los testimonios, a pesar de las modificaciones ordenadas por Paul Schäfer en un intento por ocultar las pruebas.

De hecho, el trabajo quedó tan bien ejecutado, que pese a los intentos posteriores del excabo nazi por encontrarla, aún quedaría una fosa clandestina sin intervenir y donde podrían haber restos humanos.

Hasta la fecha no ha sido posible encontrar osamentas humanas. Todo lo que se ha encontrado ha sido evidencia de restos de carbón, confirmando de paso el testimonio del excolono Willy Malessa, conductor de la retroexcavadora con el que removieron los restos.

Ministro Larraín será citado al Congreso

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, confirmó que citará en marzo al ministro Larraín para que explique estos hechos.

“Hay más preocupación en Alemania que en nuestro país. En marzo vamos a citar al ministro Hernán Larraín, a la subsecretaria de DDHH Lorena Recabarren y al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para iniciar un proceso que nos permita ir a la verdad”, agregó el senador, frente a la información proveniente del país europeo.

En esa línea, la diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Claudia Mix, recordó el apoyo que le entregó Hernán Larraín a los jerarcas alemanes en su momento, cuando era parlamentario por la zona.

“Colonia Dignidad y su historia es una marca de dolor para nuestro país, ha sido lamentable cómo por años ha recibido protección de los sectores conservadores. No podemos olvidar que el ministro Larraín en los noventa, durante su época parlamentaria, le dio importante muestras de apoyo”, resaltó Mix.

Gobierno salió a defenderse

Tras la publicación del medio alemán Deutsche Welle, el Ministerio de Justicia salió a exponer sus esfuerzos y la inversión comprometida para dar con la verdad.

La secretaría de Estado aseguró, mediante un comunicado, que desde 2017 existe una comisión con miembros de Chile y Alemania que trabaja para proponer la creación de un centro de documentación que recuerde su historia, “con énfasis en los abusos que allí se cometieron”.

Destaca que en 2019 se instauró una mesa de trabajo que coordina a todos los querellantes en la causa.

Dentro de los acuerdos de la instancia, que se implementarían mediante el ministro en visita Mario Carroza, está la solicitud de nuevos peritajes, y conocer si el gobierno de Alemania los financiaría, así como qué laboratorios se podrían utilizar para llevarlos a cabo.

También resaltaron que las diligencias y peritajes de la cartera han significado una inversión de 328 millones de pesos entre 2017 y la actual administración.