Sotelo Ojeda Jaime Gilson

Rut                   :            4.016.990 de Santiago.

F.Nacim.            :            04-11-39, 33 años de edad a la fecha de su detención

Domicilio            :            Arquitecto Mosquera 3210, San Joaquín, Santiago

E.Civil              :            Casado, 1 hijo

Actividad            :            Escolta presidencial

C.Repres.            :            Jefe de escolta de la Guardia Presidencial, GAP. Militante del Partido Socialista

F.Detenc.            :            11 de septiembre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Jaime Sotelo Ojeda, casado, 1 hijo, militante del Partido Socialista, se desempeñaba como jefe de la escolta del Presidente de la República y el 11 de septiembre de 1973 se encontraba en el Palacio de La Moneda. Sotelo Ojeda, junto con un medio centenar de personas fueron detenidos y conducidos al Regimiento Tacna, donde permanecieron hasta el 13 de septiembre, fecha en la cual, varios de los detenidos fueron trasladados en un camión militar a un lugar desconocido. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.

            Sotelo Ojeda era miembro de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de amigos personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República.

            El día 11 de septiembre, Sotelo estaba cumpliendo sus funciones de vigilancia en la casa Presidencial denominada "El Cañaveral"; parece ser que fue llamado a La Moneda, dado el Golpe de Estado que se desarrollaba en esos momentos. Sotelo, junto con otros miembros de la Guardia Presidencial se dirigieron a La Moneda.

            En el curso de la mañana, Sotelo habló por teléfono con su cónyuge. También se comunicó con un militante del Partido Socialista, quien le pidió instrucciones para actuar. Este señala que se comunicó telefónicamente con La Moneda y habló con Carlos Alamos, aludiendo con ello a Jaime Sotelo. El Palacio Presidencial de La Moneda, sede del gobierno, fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el general Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de carabineros. A las 11:00 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.

            A esa misma hora, las mujeres que estaban en La Moneda, durante una tregua acordada, abandonaron el recinto. Entre estas estaba Hilda Rosas Varas Gaete, auxiliar de enfermería, quien declaró que en su permanencia en el primer piso de La Moneda pudo ver a Carlos Alamos, entre otras personas y antes de abandonar el recinto se despidió de él y de otros miembros de la Guardia. Agrega que Carlos Alamos (Sotelo Ojeda) era casado, de mediana estatura, moreno, mediana contextura física y que desempeñaba labores de jefatura en el GAP.

            Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

            Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estos heridos fueron detenidos y desaparecieron. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral, no alcanzaron a entrar en La Moneda y fueron detenidos en sus proximidades. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 personas, algunos de los cuales fueron posteriormente ejecutados, en tanto que los otros permanecen en la calidad de detenidos desaparecidos. Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.

            Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado Regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los Oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en el lugar denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.

            Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar a los 17 detectives que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, asesor presidencial; y Arsenio Poupin Oissel, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al G.gobierno.

            Juan Seoane, uno de los detectives que estuvo entre estos prisioneros y que después quedó en libertad, declara que entre los GAP que recuerda haber visto en el Regimiento Tacna estaba "Carlos (Alamos) cuyo verdadero nombre era Jaime Sotelo."

            Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

            Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Regimiento Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

            El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

            Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, es quien ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde detuvieron a varios personas que fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.

            Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en un camión militar.

            Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.

            Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relató que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27.

            Sin embargo, esta matanza de prisioneros no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellos, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 24 de abril de 1987, la cónyuge de Sotelo presentó una querella por presunta desgracia en el Quinto Juzgado de Mayor Cuantía de Santiago. En el escrito inicial señala que desde el 11 de septiembre de 1973 no ha vuelto a saber de su marido, ya que ese día lo llamó telefónicamente a las 11:00 horas y que éste le dijo que se cuidara mucho, que también cuidara al hijo y que no sabía cuando se volverían a ver.

            En ese escrito también informó que poco después del Golpe Militar fue interrogada por Investigaciones en relación a su marido, pero que estando muy atemorizada por lo que ocurría en el país, declaró que estaba separado de él hacía algún tiempo.

            Un factor que la empujó a presentar esta denuncia es que habiendo desaparecido su esposo hace tanto tiempo, en la prensa de mayo de 1987 se informó que el gobierno militar había resuelto autorizar el ingreso de 504 exiliados y que en esta nómina figura el nombre de su marido.

            En consecuencia, solicitó que se realizaran algunas diligencias: oficiar al Ministro del Interior para que informe de los antecedentes en que se basa para incluir a Jaime Sotelo en las listas oficiales de prohibición de ingreso al país; oficiar a la Comisión Asesora del Ministerio del Interior para que informe de los antecedentes que tiene para autorizar el ingreso de su cónyuge y, finalmente, oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe indicando los antecedentes que ha tenido para, primero, prohibir el ingreso y, después, para autorizar el ingreso al país de Jaime Sotelo.

            El Juez resolvió no dar lugar a la querella y que se considerara solo como denuncia, la que se registró con el Rol N°126.465-6 e inició el sumario solicitando al Servicio de Registro Civil e Identificación la filiación y posible defunción del afectado. También se ofició al Ministro del Interior.

            El Servicio mencionado envió el extracto de filiación e informó que no había constancia de su eventual fallecimiento.

            La Comisión Asesora del Ministerio del Interior informó en el Oficio reservado 123 del 15 de mayo de 1987 que el nombre de Jaime Gilson Sotelo Ojeda fue incluido en una lista confeccionada por el Ministerio del Interior en que se solicitaba la opinión de la Comisión y que, al no existir antecedente alguno que impidiera tal ingreso, la Comisión se pronunció favorablemente.

            El Ministerio del Interior nunca informó las circunstancias por las cuales se incluyó al afectado en la lista de prohibiciones de ingreso, sino que se limitó a enviar un Oficio reservado, el 2109, informando que Jaime Gilson Sotelo Ojeda fue excluido del listado de personas que requieren consulta previa para ingresar al país según Decreto Exento N°6246 del 4 de mayo de 1987. El Juzgado insistió a fin de que se informara en base a qué antecedentes se adoptó la decisión por parte de las autoridades de gobierno. La respuesta del 10 de septiembre de 1987 reiteró la información anterior agregando que carecía de cualquiera otra información relativa a don Jaime Gilson Sotelo Ojeda. Finalmente envió una copia del decreto que contiene la nómina, sin ninguna explicación especial sobre el caso de Sotelo.

            La Policía de Investigaciones, a través del detective informante subcomisario José Galdámez Albistur, informó que todas las averiguaciones sobre "Jaime Gilson Sotelo Ojeda", no habían resultado positivas. La conclusión del informe fue: "No se acreditó la efectividad de lo denunciado".

            El 16 de diciembre de 1987 el juez decidió que no se podía avanzar más en la investigación, cerró el proceso y sobreseyó temporalmente la causa con consulta a la Corte de Apelaciones.

            En un informe, el Fiscal de la Corte informó "nada más ni nada menos que 'querellante, Elsa Pavez Cornejo, informa' que su marido Jaime Gilson Sotelo Ojeda trabajaba como Jefe de grupo del G.A.P. -Grupo de Amigos Personales del Ex-Presidente de la República Exmo. Salvador Allende Gossens- y que estaba en La Moneda el día once de septiembre de 1973…". "En abril de 1987 se querella por presunta desgracia que pudo ocurrir a su marido." "Parece una inocentada por decir lo mejor, tal cual parece otra inocentada que la Comisión Asesora del Ministerio del Interior disponga que por no existir antecedente alguno que impida el ingreso de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, se pronuncie favorablemente por su ingreso al país".

            "Una tercera y última inocentada parece el sumario ordenado instruir para averiguar si al desaparecido Sotelo le ocurrió o no una desgracia; sirva de excusa y muy valedera, que la Ley, imperativamente lo ordenaba hacer, no obstante los 14 años transcurridos y luego de ser público y notorio todo cuanto ocurrió en La Moneda esa mañana del día once de septiembre de 1973".

            Este informe, termina pidiendo que sea aprobado el sobreseimiento de la causa.

            La Corte de Apelaciones de Santiago, el 13 de abril de 1978 aprobó el sobreseimiento consultado.

            El 27 de junio de 1991, Elsa Pavez, presentó ante el Quinto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, una nueva querella criminal por los delitos de secuestro o arresto ilegal, homicidio y probablemente inhumación ilegal cometida en perjuicio de su cónyuge Jaime Sotelo y en contra de todos los que resulten ser autores, cómplices o encubridores de estos delitos, rol N°126465-6. De esta manera, al interponer esta acción criminal, pretende colaborar en la búsqueda de la respuesta concreta sobre lo que aconteció a Jaime Sotelo. Dicha causa se encuentra en tramitación en estado de sumario.

            También se hicieron denuncias a la Cruz Roja Internacional y se solicitó información al SENDET (Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos) sin obtener resultados positivos.

La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos

Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.

El ministro Juan Eduardo Fuentes encargado de investigar la remoción de cuerpos desde el Regimiento Peldehue en 1978 prescribió la acción judicial en contra de miembros en retiro del Ejército, por considerar que no están conectados con el delito principal de la causa, el secuestro permanente.

La decisión del juez se aplicó en el caso ocurrido en 1978 con los cuerpos de los ex asesores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Según informó radio Cooperativa, el dictamen deja sin efecto los procesamientos que pesaban sobre los suboficiales en retiro Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar, Isidro Custodio Durán Muñoz y el oficial retirado José Jaime Darrigrandi Marques.

El fallo sostiene que el hecho constituye una infracción al artículo 144 del Código Sanitario y no tiene el carácter de "crimen o delito de lesa humanidad".

Los procesamientos dejados sin efecto correspondían a la presunta remoción de los restos del ex gerente del Banco Central Jaime Barrios Meza, el intendente de Palacio Enrique Huerta Corvalán; el dirigente del PS Claudio Jimeno Grendi; el dirigente comunista Georges Klein Pipper; el ex subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin Oissel y del ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior Daniel Escobar Cruz.

A ellos se suman, de Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares y Juan Vargas Contreras, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente y militantes del Partido Socialista.

El comandante del Regimiento Tacna en 1973 está procesado en Chile por los secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

La Corte Suprema amplió la solicitud de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna en 1973, quien se encuentra detenido en Buenos Aires.

Ramírez Pineda está procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la solicitud planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de 9 víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

Los antecedentes de la ampliación de la solicitud de extradición ya fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los remita a Argentina a su tramitación en ese país.

La confirmación de identidades la hizo la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal con apoyo de un laboratorio genético austríaco. Ellos sufrieron una doble muerte: las balas de la metralla y el desentierro para desaparecer en el mar.
Fueron identificados 11 asesores de Salvador Allende asesinados en Peldehue: Las otras huellas de La Moneda
El 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y alrededores fueron arrestados cerca de 40 personas, la mayoría de ellos asesores y GAP de Allende.
Los restos de 11 detenidos desaparecidos arrestados el día del golpe militar en el Palacio de La Moneda, fueron definitivamente identificados por el Servicio Médico Legal con la colaboración del laboratorio de genética de Innsbruck en Austria.
La información fue entregada ayer a los familiares por el director del SML, doctor Patricio Bustos, quien previamente había entregado los informes al juez Juan Fuentes Belmar que instruye la causa por los desaparecidos de La Moneda.
Las identidades corresponden a Enrique Paris Roa, 40 años al momento de su detención; Héctor Pincheira Núñez, (28); Óscar Lagos Ríos (21); Julio Moreno Pulgar (24), Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Juan Vargas Contreras (23), Óscar Avilés Jofré (28), Jaime Sotelo Ojeda (33), Manuel Castro Zamorano (23) y Luis Rodríguez Riquelme.
De esta lista, Paris y Pincheira eran asesores del Presidente Salvador Allende y el resto eran integrantes de la seguridad personal (GAP) del Mandatario. Las identidades de Lagos, Moreno, Tapia y Vargas, aparecieron como “lanzados al mar” en el informe sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos que entregó el Ejército en enero de 2001, luego de la mesa de diálogo de derechos humanos realizada en 2000.
“A pesar del paso del tiempo, de las limitaciones tecnológicas y de los obstáculos que pusieron los ejecutores de estos hechos, hemos logrado con el equipo multidisciplinario de la Unidad de Derechos Humanos de nuestro servicio, avanzar en el proceso de identificación de víctimas de la dictadura con metodología muy acuciosa en el área de la Arqueología, la Antropología, como también de los laboratorios extranjeros acreditados para la extracción de ADN, obteniendo resultados positivos”, dijo el doctor Patricio Bustos.
El 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y alrededores fueron arrestados cerca de 40 personas, la mayoría de ellos asesores y GAP de Allende. Los detenidos fueron llevados al regimiento Tacna y dos días después sacaron a unos 20 de ellos en dos camiones, los condujeron al campo de entrenamiento de Peldehue, al norte de Santiago, y los mataron disparándoles con ametralladora. Comandante del Tacna era entonces el coronel Joaquín Ramírez Pineda.
Quienes recibieron a los detenidos en Peldehue para supervisar que efectivamente los eliminaran, fueron el mayor Pedro Espinoza Bravo, quien después integró la Caravana de la Muerte y la DINA, y el teniente Julio Vandorsee Cerda.
El entonces subteniente del Tacna Jorge Iván Herrera López manejó la ametralladora matándolos de a uno en uno, como lo contó a La Nación Domingo en diciembre de 2002. Los cuerpos fueron arrojados a un pozo seco de unos 10 metros de profundidad que luego dinamitaron para cubrir los cadáveres.
EL DESENTIERRO
Cerca de la Navidad de 1978, un destacamento del Tacna que ahora comandaba el coronel Hernán Canales Varas, ubicó el pozo y desenterró los cuerpos para ensacarlos y lanzarlos al mar a bordo de un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, entonces a cargo del coronel Fernando Darrigrandi Márquez.

El desentierro formó parte de la llamada Operación Retiro de Televisores que se desarrolló por todo el país para desenterrar los cuerpos de los prisioneros asesinados sepultados en fosas clandestinas, y lanzarlos al mar o incinerarlos como ocurrió en algunos regimientos del sur. La orden la impartió el dictador Augusto Pinochet a través de un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército enviada a todos los regimientos del país a fines de 1978.
En el verano de 2001, la jueza Amanda Valdovinos inspeccionó el lugar en Peldehue y halló el pozo desde donde desenterraron los cuerpos. Desde allí se extrajeron cerca de 500 piezas óseas que quedaron del desentierro realizado con una retroexcavadora.
La información había sido aportada bajo reserva de identidad en la referida mesa de diálogo, sin embargo no correspondió al sitio donde finalmente se encontraron los restos.
Por el desentierro fueron condenados nueve oficiales y suboficiales (R) sólo a 270 días de prisión cada uno, con libertad vigilada.
El proceso por los crímenes de los desaparecidos de La Moneda sigue abierto y por el están procesados, entre otros, el mismo Pedro Espinoza, Ramírez Pineda, Jorge Iván Herrera, el general (R) Herman Brady, quien era el comandante de la Guarnición Militar de Santiago, y un grupo de suboficiales ya retirados que participaron en el traslado de los prisioneros a Peldehue y que luego también formaron parte del equipo que desenterró los cuerpos. Algunos de ellos son Eliseo Cornejo, Bernardo Soto, Teobaldo Mendoza y Juan Riquelme Silva.

Los restos de 6 de las 33 personas que fueron detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 fueron entregados por el Servicio Médico Legal (SML) a sus familiares tras verificar sus identidades.

Las osamentas fueron encontradas en 2001 en el Fuerte Arteaga, recinto militar ubicado en Colina, hasta donde fueron trasladados los detenidos desde el palacio de gobierno. Estos restos son parte de los cuerpos que no alcanzaron a ser removidos en la operación conocida como "Retiro de Televisores".

El primer grupo de restos óseos fue entregados ayer. Corresponden a Oscar Luis Avilés Jofré, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda y Manuel Castro Zamorano, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende (GAP).

El resultado de las pruebas de ADN y análisis de las piezas dentales encontradas en el lugar, concluyeron que murieron dos días después del golpe militar por las heridas múltiples por proyectiles que presentaban. Las pruebas genéticas fueron realizadas en el extranjero por el laboratorio de Innsbruck, en Austria.

El SML entregó los restos de Óscar Luis Avilés Jofré, Luis Rodríguez Riquelme, JAIME GILSON SOTELO OJEDA  y Manuel Castro Zamorano; quienes integraban la guardia personal de Allende.

Las carrozas fúnebres con los restos de cuatro integrantes del Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende, que fueron detenidos en las inmediaciones y en La Moneda tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pasaron por las afueras de Morandé 80, lugar donde sus familiares y cercanos les rindieron un homenaje.

El Servicio Medico Legal entregó los restos de Óscar Luis Avilés Jofré, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda y Manuel Castro Zamorano; quienes integraban la guardia personal de Allende.

En el lugar Patricio Castro, hermano de Manuel Castro, esbozó unas sentidas palabras en las que destacó que "es un día de mucha alegría por encontrar a nuestros seres, ojalá todas las personas desaparecidas algún día aparecieran. De esta puerta salieron y a esta puerta llegaron y sé que Dios los recibió hace mucho tiempo".

Posteriormente la caravana se dirigirá hasta el Memorial de Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General, lugar en el descansarán los restos de Óscar Luis Avilés Jofré y Luis Rodríguez Riquelme, a ellos se sumarán Enrique Paris Roa y Héctor Pincheira Núñez, los asesores de Allende, cuyos restos fueron entregados por el SML.

En el lugar se realizará un homenaje y un funeral simbólico. Los restos de Manuel Castro Zamorano y Jaime Sotelo Ojeda serán trasladados por sus familias a Santa Cruz y Maipú, respectivamente. En todos los casos se trata de hallazgos de restos en el Fuerte Ateaga que no alcanzaron a ser removidos en las inhumaciones realizadas por agentes de la dictadura en la denominada "Operación Retiro de Televisores".

El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza condenó a siete oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores y GAP del Presidente Salvador Allende, detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, entre ellos el ex director de la Policía de Investigaciones, Eduardo “Coco” Paredes, el doctor Enrique Paris y el subsecretario Arsenio Poupin.

En el fallo, el ministro condenó al brigadier (r) Pedro Octavio Espinoza Bravo a 20 años de presidio, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa.

En tanto, los ex militares Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López deberán purgar 9 años de presidio, mientras que Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y Jorge Ismael Gamboa Álvarez fueron sentenciados a 7 años de presidio, todos como coautores de los delitos de homicidio calificado.

En el caso de los ex militares Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López, también se les aplicó la pena de 5 años de presidio, como coautores de los delitos de secuestro calificado de Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca.

En la investigación, el ministro determinó que el día del golpe, tropas militares que ingresaron a La Moneda procedieron a la detención de un grupo de alrededor de 50 personas, integrados por asesores políticos directos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, que se rindieron a las fuerzas militares de ocupación del Palacio de La Moneda.

El 13 de septiembre de 1973, las señaladas víctimas -que aún permanecían en el Regimiento Tacna- fueron amarradas de pies y manos con alambres, luego subidas a un camión militar, custodiadas por oficiales y personal militar, e inmediatamente trasladadas hasta el recinto militar de Peldehue, en Colina.

“Al arribar a dicho lugar en Peldehue, los referidos detenidos fueron bajados del camión militar y, de acuerdo con los antecedentes recabados en la investigación, se dispuso la instalación de una ametralladora, mediante la cual se disparó sobre dichos prisioneros, los que estaban atados de manos y pies con alambres, los que fueron ubicados al borde de un pozo o fosa vacía previamente excavada en dicho predio, y los cuales, al recibir los impactos de bala, cayeron al interior de dicha fosa”, señala el fallo.

“Una vez que concluyeron los fusilamientos, el personal militar arrojó granadas a la fosa, las que explotaron en el lugar, cubriéndose posteriormente con tierra y sepultándose de esta manera los cuerpos de tales prisioneros; acciones que fueron controladas y verificadas por un Oficial de la Dirección de Inteligencia del Ejército que presenció los fusilamientos desde una distancia cercana al sitio de los hechos”, agrega.

Más adelante, la resolución menciona que la superioridad del Ejército ordenó que se removieran los restos del lugar donde habían sido fusilados, trasladándolos con destino desconocido (aparentemente arrojados al mar o en la alta cordillera); sin embargo, efectuadas excavaciones en el lugar donde se produjo el fusilamiento, se encontraron restos que fueron identificados positivamente en el Servicio Médico Legal, que también estableció que las muertes se produjeron por un shock hemorrágico como consecuencia de lesiones por arma de fuego, siendo por ello la etiología médico-legal de la muerte de carácter violenta homicida.

“El resto de las personas que fueron detenidas en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 y sacadas del Regimiento Tacna, a saber: Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca, no fueron identificadas en los restos óseos allí encontrados, desconociéndose desde esa fecha su paradero”, concluye.

En el aspecto civil, se acogió la mayoría de las demandas presentadas, ordenándose pagar indemnización a familiares de las víctimas por montos que se detallan en la sentencia.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de  Santiago condenó a siete miembros del Ejército como coautores de los delitos de homicidio y secuestro calificado de  23 víctimas, todas colaboradores directos del ex Presidente Salvador Allende, y quienes fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 desde el palacio de La Moneda, tras el golpe militar.

Entre las víctimas, quienes  fueron fusilados y explosionados con granadas en el sector de Peldehue, se encontraban asesores políticos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos, economistas  y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, entre otros.

En definitiva la Sala, que  estuvo integrada por los ministros (as) María Soledad Melo,  Gloria Maria Solis e Inelie Durán, confirmó lo resuelto en mayo de 2018 por el ministro instructor Miguel Vásquez Plaza, en su fallo de primera instancia,  y condenó al entonces militar del Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, como coautor de los delitos de homicidio calificado de 15 de las 23 víctimas.

Se trata de  Jaime Antonio Barrios Meza, economista y quien se desempeñaba como gerente general del Banco Central;   Egidio Enrique Paris Roa, ex secretario general de la Universidad de Chile;  Georges Klein Pipper, médico y asesor de la Secretaria General de Gobierno;  Claudio Raúl Jimeno Grendi y Héctor Ricardo Pincheira Núñez también asesores presidenciales; y Luis Avilés Jofré, Manuel Ramón Castro Zamorano, Oscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, , Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa y Oscar, todos miembros del GAP.

Además, se condena a Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y a Jorge Ismael Gamboa Álvarez, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, como coautores de los delitos de homicidio calificado de las mismas personas.  Mientras que Servando Elías Maureira Roa y a Jorge Iván Herrera López, actualmente fallecido, fueron condenados a 9 años de presidio mayor por el mismo delito.

Maureira Roa y Herrera López también fueron condenados como autores de presidio menor en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado  de 8 de las 23 víctimas. Se trata de Juan Eduardo Paredes Barrientos, ex jefe de la Policía de Investigaciones;  Arsenio Poupin Oissel, ex secretario general de Gobierno Sergio Contreras, Enrique Huerta Corvalán, ex intendente de Palacio; Daniel Escobar Cruz, jefe de gabinete del Subcretario de Interior; y los ex GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, y Oscar Enrique Valladares Caroca.

El  abogado querellante  Nelson Caucoto, calificó la sentencia “de dulce y agraz, porque 48 años después se está poniendo término a un juicio de raigambre histórica.  Se trata de los hechos ocurridos en el Palacio de La Moneda, esto es en el corazón de la institucionalidad política y republicana de Chile, la que fue arrasada a sangre y fuego por los militares golpistas”, señaló.

Caucoto agregó que “son 23 víctimas, colaboradoras del Presidente Allende que estuvieron hasta el último momento acompañándolo ese crucial día.  Llevados al Regimiento Tacna, torturados y finalmente fusilados en Peldehue por sus captores. De esas 23 víctimas, cuyos restos fueron removidos 5 años después, se lograron identificar 15, que dieron lugar a la calificación jurídica de homicidios calificados.  Las 8 restantes dieron lugar a secuestros calificados”.

“Y de agraz”, explica el abogado “porque precisamnete es en estos últimos 8 delitos donde discrepamos de la penalidad y participación determinada, tanto en primera como el segunda instancia.  Confiamos que la Excma. Corte Suprema pueda rectificar en esa parte esta sentencia, para que tengamos justicia plena”.

De acuerdo a la investigación sustanciada por el ministro Miguel Vázquez, se pudo establecer que las víctimas estuvieron en el interior del palacio de la Moneda el día 11 de septiembre de 1973 y que salieron por la Puerta de Morandé N°80, detenidas y trasladadas al Regimiento Tacna, lugar en donde permanecieron hasta el 13 de septiembre del mismo año, fecha en que fueron sacados del recinto amarrados de pies y manos con alambres, en un camión Pegaso. Luego fueron trasladados al recinto militar “Fuerte Arteaga” en Peldehue, en esta localidad las víctimas fueron fusiladas y explosionadas con granadas.

Cinco años después de haber sido fusiladas sus cuerpos fueron exhumados y vueltos a desaparecer. Sin embargo, en el lugar quedaron astillas de huesos y otros restos óseos, con lo cual se logró identificar a 15  de las 23 víctimas. Los 8 restantes no fueron encontrados, desconociéndose hasta el día de hoy el paradero de Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Enrique Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Oscar Enrique Valladares Caroca.