Soliz Poveda Rosa Elvira

Rut       : No consta

F.Nacim. : 27-07-51, 23 años a la fecha de su detención

Domicilio : No consta

E.Civil  : Soltera

Actividad : Estudiante de Enfermería

C.Repres. : Partido Socialista

F.Detenc. : Alrededor del 7 de julio de 1975

  SITUACION REPRESIVA

            Rosa Elvira Soliz Poveda, estudiante universitaria de Enfermería que había visto cancelada su matrícula, militante socialista, fue detenida en fecha cercana al 7 de julio de 1975 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aunque no hay testimonios directos de su detención.

            Rosa Elvira vivía en un departamento central junto a Sara Donoso Palacios, ambas eran ex-estudiantes de Enfermería y habían realizado trabajos en el Consultorio del Servicio Nacional de Salud, ubicado en calle Independencia Nº1345, y ambas militaban en el Partido Socialista bajo las órdenes partidarias de Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, realizando funciones de enlace tanto entre la Directiva central como entre éste y otros partidos políticos. Las tres son detenidas-desaparecidas.

            Es así como la detención y desaparición de Rosa Elvira Soliz se inscribe en una acción de la DINA en contra de los más altos dirigentes socialistas de la época, miembros de la Comisión Política y de sus enlaces y correos, realizada en los meses de junio y julio de 1975. En esos días se efectuaron las detenciones de Michelle Peña, Exequiel Ponce, Mireya Rodríguez, Carlos Lorca, Ricardo Lagos y Modesta Carolina Wiff. En el mes de julio fueron detenidas la afectada y Sara Donoso. Todos ellos desaparecieron después de ser detenidos por los agentes de la DINA.

            El informe final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consigna su detención por la DINA.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Por la afectada se interpuso una denuncia de presunta desgracia el 7 de mayo de 1990, en el 21° Juzgado del Crimen, la que fue rolada con el Nº29548-2. Sin que pudiera determinarse el destino final de la víctima, el juez decretó el sobreseimiento temporal de la causa, el que fue confirmado por la Corte Marcial en mayo de 1992.

            Anteriormente, la familia realizó distintos trámites tendientes a dar con el paradero de Rosa Elvira. Recorrieron Postas, Comisarías de Carabineros, incluso publicaron avisos periodísticos solicitando información al respecto. Todo ha resultado infructuoso.

Rosa y su familia eran originarias de la localidad de Nehuentué, pequeña caleta de pescadores perdida bajo las lluvias y el sol de la comuna de Carahue, en la Provincia de Cautín. Rosa nació el 27 de julio de 1951 y era la mayor de ocho hermanos. Junto a su familia debió trasladarse a temprana edad a Lota, donde su padre encontró trabajo en las faenas mineras de la cuenca del carbón. Allí, al igual que sus hermanos, Rosa estudió en la escuela básica de la localidad de Caleta El Alto.

Como muchas familias sureñas de la época, la de Rosa emigró en 1963 hacia la capital, buscando nuevas alternativas que le permitieran alcanzar el sueño de salir de la pobreza. Al llegar a Santiago, se instalaron en la Población Santa Mónica, en Conchalí, por entonces una zona semi rural que acogía a decenas de familias que habían arribado a la gran ciudad.  

La joven albergaba la ilusión de ser profesional, y se esforzaba por mantener un buen rendimiento. La enseñanza secundaria la cursó en los liceos Ramón Freire e Ignacio Carrera Pinto, ambos en el sector de Independencia, egresando del último a fines de 1970. Ese mismo año, durante de la campaña presidencial de Allende, Rosa se incorporó a diversas iniciativas que se realizaron en su población por el triunfo de la UP: distribuyendo entre sus vecinos el Programa con las “40 Medidas”, repartiendo propaganda en las ferias libres y participando

Rosa Solíz Poveda

en los actos y desfiles de la candidatura “de los pobres”, como ella misma solía recalcar.

En 1971, comenzó a hacerse realidad su sueño de convertirse en la primera profesional de la familia: en marzo de ese año, ingresó a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Motivada por su temprana vinculación política en su barrio, y en el marco de la efervescencia social que gatilló en todo el país el triunfo de la izquierda en las elecciones de 1970, Rosa se vinculó a las actividades políticas y culturales de los jóvenes socialistas de la Facultad de Medicina.

Quienes la conocieron, la recuerdan como una mujer menuda, muy bajita, de pelo negro y risa sincera y contagiosa. Pese a su timidez, Rosa no ocultaba su idealismo y sus ansias de cambio, que canalizaba a través de una activa participación en la Vocalía de Acción Social de la FECH en su Facultad. En esa época era frecuente verla actuando en las jornadas de trabajos voluntarios que se hacían especialmente en las poblaciones de la zona norte de Santiago, en las que junto a Sara y a otras de sus compañeras de Enfermería propiciaban la participación de todas las personas en el cuidado de su salud, al tiempo que contribuían a la organización social de las mujeres pobladoras.  

Una de las alumnas de la Escuela de Enfermería de esa promoción, Pilar Planet, hasta hoy rememora con cariño a ex compañera, a quien recuerda como “una luchadora constante y tenaz, con unos ojos pequeñitos y expresivos, que nos mostraban a diario su sensibilidad y las palabras que a veces no se atrevía a decir”.

Sumarios en la universidad

Después del golpe de Estado, en el marco de una Universidad de Chile intervenida por las nuevas autoridades militares, hubo un verdadero desfile de alumnas y alumnos llamados a declarar, y una larga lista de resultados después de la “declaración”.

Sara Donoso, su mejor amiga, que también estudiaba enfermería, fue sumariada bajo el inverosímil cargo de haber sustraído unos uniformes y delantales de su escuela, aunque era evidente que eso no era sino parte de la burda excusa para el hostigamiento que se hizo frecuente contra los alumnos, docentes y funcionarios sospechosos de simpatizar con la izquierda. La sancionaron con un año de suspensión de la carrera.  

A Rosa, en tanto, las nuevas autoridades de la universidad le cancelaron su matrícula.

Sara logró retomar sus estudios recién en marzo de 1975, mientras que Rosa, imposibilitada de volver a clases, se las ingeniaba como ayudante de enfermería de forma independiente.  

Poco después, ambas comenzaron a laborar en el Consultorio del Servicio Nacional de Salud de Avenida Independencia Nº 134. Sara estaba contenta, porque su trabajo en ese consultorio había sido reconocido como práctica de internado por su escuela, uno de los requisitos para su titulación. Aunque Rosa aún no podía retomar sus estudios, compartía la alegría y la ilusión que embargaban a su amiga.

En  la clandestinidad

Desde fines del año anterior, Rosa y su amiga se habían incorporado a colaborar con el PS en la clandestinidad, efectuando funciones en un grupo de apoyo de Carlos Lorca, el ex dirigente de la FECH y ex diputado que formó parte de la Dirección Interior Clandestina de ese partido tras el golpe militar. En esas tareas realizaron  funciones de enlace tanto entre la Comisión Política del PS como entre ésta y otros partidos.  

A esas alturas, ambas habían decidido abandonar sus hogares, para no comprometer a sus familias. Aura Póveda, madre de Rosa, indicó que Sara y su hija compartían un pequeño departamento en el centro de Santiago en el Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas de Santiago. Posteriormente, recuerda, “ambas fueron trasladadas a una casa ubicada por Santos Dumont, y luego, casi coincidiendo con la última vez que supe de ella, a una vivienda en el sector de Peñalolén”.

Marisol Bravo, que también colaboraba con otro de los equipos de apoyo a los clandestinos del PS, conoció a ambas jóvenes hacia fines de enero de 1974: “Ellas eran “Cecilia” y “Carmen”, las dos bajitas y muy amigas. “Cecilia” era de ojos picarescos, carita redonda, simpática, de conversación fácil y risa a flor de labios. “Carmen”, más menuda aún, tenía el rostro serio, los ojitos algo achinados y el pelo liso. Era tímida, pero muy cálida”.

Con la primera que se relacionó fue con “Cecilia”. Marisol recuerda que “algo conversábamos mientras hacíamos los contactos y así me fui enterando que su familia era de derecha, que tenía un hermano al que amaba mucho, que vivía clandestina pero se comunicaba periódicamente con su familia para informarles que estaba bien. Luego me presentó a «Carmen». Calculé que vivían juntas, pero ellas no lo confirmaron. Intuí un gran afecto entre ambas y pensé que podrían ser compañeras de universidad. No se los pregunté directamente. En ese tiempo era necesario saber lo menos posible”, rememora.  

Edith Donoso, otra colaboradora de la Dirección Interior del PS, recuerda que a la casa de seguridad de la calle Chile-España -entre Núñez de Arce y Alonso de Ercilla-, en la que estuvieron ocultos un tiempo Lorca y otros altos dirigentes socialistas en la clandestinidad (Exequiel Ponce, Jaime López y Luis Urtubia) “solían llegar dos chicas de enfermería, una de chasquilla y otra de ojitos achinados, que cumplían labores como enlaces y correos de la organización”.  

En efecto ambas amigas eran las enlaces de uno de los circuitos de comunicación entre las direcciones clandestinas del PS y del PC, que se había establecido a través de Carlos Lorca y José Weibel (subsecretario general de las JJCC, miembro de la cúpula del PC y desaparecido desde el 29 de marzo de 1976.)

De ese importante y hasta ahora desconocido rol de Sara Donoso y Rosa Solíz da cuenta Shaira Sepúlveda, que precisamente era la contraparte comunista de ambas amigas, y que se relacionaba directamente con Weibel:

“En el año 1975 efectué labores de enlace entre mi partido, el PC, con el dirigente socialista Carlos Lorca. Para estos fines, tenía contactos con una joven militante del PS, de unos 22 años de edad, de baja estatura y de contextura delgada, que en alguna ocasión, recuerdo, me comentó que estudiaba enfermería”.

Nuestra labor consistía en fijar puntos para el intercambio de documentación e informaciones de interés de nuestros respectivos dirigentes”, agrega.

A mediados de junio, calculo, ella me dijo que el PS había decidido reemplazarla por otra compañera, que seguiría haciendo sus mismas funciones. Me la presentó, era una chica de unos 20 a 23 años, bajita también, de cabello liso, ojos achinados y también relacionada con el tema de la enfermería”.

La caída

La casa de Santos Dumont a la que aludía la madre de Rosa era en realidad una residencia ubicada en la calle Juárez, casi en la esquina con Avenida La Paz, que el profesor Alberto Galleguillos, otro colaborador de la dirección del PS, había arrendado por petición de ésta. Según el testimonio de Galleguillos, esa vivienda era una suerte de “segunda casa de seguridad, a la que se trasladaban dirigentes y militantes importantes cuando caía algún compañero”.  

Galleguillos recuerda que a fines de junio de 1975, tras la caída de Ponce, Lorca y Lagos, se decidió una pronta evacuación de los compañeros que en ese instante se ocultaban en la casa de Juárez: “Me correspondió encargarme del traslado urgente de dos muchachas jóvenes, Rosa y Sara, a quienes, con mi hermano, llevamos en su auto a una casa de un ayudista que él tenía en Peñalolén. Las dos, enteradas de la caída de la Dirección Interior, estaban desechas, en muy mal estado anímico, y en una paupérrima situación económica”.

Marisol Bravo, por esos mismos días, tuvo un último contacto con Sara Donoso. “Estaba preocupada, porque ya se sabía que había caído la Dirección Clandestina. Según ella, habían visto a Ricardo Lagos en la Clínica Presbiteriana Madre e Hijo -uno de los centros médicos en los que Michelle Peña controlaba su embarazo- y él habría dado a entender que lo habían agarrado. De Michelle ella no sabía nada. Fijamos un nuevo punto y me dio el teléfono de su familia para que yo avisara si es que no llegaba. Llegó el día del contacto y el subsiguiente, y “Cecilia” no apareció”.

Alberto Galleguillos, en el intertanto, regresó a ver a las dos chicas a la vivienda de Peñalolén, “pero inexplicablemente, ellas no se encontraban en la casa. Una vecina me comentó que la noche anterior, una de ellas había salido acompañada por dos hombres, sin regresar”.  

Shaira Sepúlveda, por su parte, se enteró en julio del 75 de la caída de Carlos Lorca, a través de José Weibel: “Por esos días me contactó la joven que ahora oficiaba de enlace mío con el PS, y acordamos juntarnos al día siguiente. Nosotros supusimos que tendría problemas de infra y de dinero, al haber quedado desconectada de su partido, por lo que el PC decidió que yo fuera a la cita y le proporcionara algo de dinero. Nos juntamos, intercambiamos alguna información, y le sugerí que viajara por algún tiempo a provincia, para sumergirse.

Después de esa cita en que noté su nerviosismo y su falta de apoyo de su estructura partidaria, concurrí a un nuevo punto que acordamos con ella, que fijamos para el día 21 de julio, a las 18:00 horas, en Sucre con Salvador. Cuando llegué al lugar, ella caminó hacia mí y noté que quiso advertirme que estaba en una situación anómala. Efectivamente, en cuestión de segundos aparecieron cinco o seis hombres que me redujeron. Al lugar llegaron dos vehículos, una citroneta color blanco y una camioneta tipo Chevrolet con una lona verde en su parte posterior.

A mí me subieron rápidamente a la citroneta y me vendaron los ojos con cinta adhesiva. Después de una cuantas vueltas, se detuvieron y me cambiaron a la parte posterior de la camioneta Chevrolet, en donde se encontraban las dos chicas enlaces del PS que funcionaban conmigo. En ese momento, la chica de los ojitos achinados me pidió disculpas por lo ocurrido, estaba aterrada. Me dijo que había sido detenida días antes, y que su nombre era Rosa. Se notaba que ella y la otra chica, la que se relacionaba conmigo al principio, habían sido muy torturadas. Ella también me dijo su nombre verdadero: Sara.

Al cabo de unos minutos, llegamos a una casa que supuse (y luego confirmé) era un inmueble ubicado en José Domingo Cañas. Al llegar, nos bajaron y nos sacaron las vendas. Después de unas horas, les perdí el rastro”.

Efectivamente, Rosa y Sara  fueron trasladadas desde el cuarte Ollague –nombre que la DINA daba al recinto de José Domingo Cañas- hasta Villa Grimaldi –el cuartel Terranova- en donde funcionaba la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y en donde se hallaban detenidos los miembros de la Dirección Clandestina del PS.                                                       Los  hechos

Alrededor del 7 de julio de 1975, Rosa fue detenida por dos agentes de la DINA. Sara fue secuestrada pocos días después, a las 8:30 horas del 15 de julio de 1975, a la entrada del consultorio en el que se desempeñaba, desde donde se perdió su rastro. En el caso de Rosa, salvo el diálogo que Galleguillos tuvo con la vecina de la casa de Peñalolén, no existen testimonios de su detención.

Por Rosa se interpuso una denuncia de presunta desgracia el 7 de mayo de 1990, en el 21° Juzgado del Crimen de Santiago, fue rolada con el Nº 29548–2. Sin que pudiera determinarse el destino final de la víctima, el juez decretó el sobreseimiento temporal de la causa, confirmado por la Corte Marcial en mayo de 1992. Previamente, su familia realizó distintos trámites tendientes a dar con su paradero. Recorrieron postas, comisarías y hospitales, e incluso publicaron avisos periodísticos solicitando información. Todo fue infructuoso.

A mediados de julio de 1975, Alberto Galleguillos fue detenido junto a su pareja, Silvia Ugalde. Después de varios días de apremios en Villa Grimaldi, la mujer reconoció, en un rincón de la guardia del recinto, a las jóvenes militantes Sara Donoso y Rosa Solíz. “Estaban sentadas, muy golpeadas, y parecían protegerse acurrucándose una a la otra. Se veían dopadas, y estaban cubiertas por una frazada”.

Minutos después, Silvia fue testigo de un comentario del agente Basclay Zapata, conocido como “El Troglo” por su brutalidad: Según Ugalde, Zapata estaba muy excitado, y hacía bromas respecto al aniversario de la Revolución Cubana. En un minuto, el «Troglo» miró despectivamente a las dos muchachas y gritó: “¡ya, estas dos, a celebrar el 26 de julio a Colonia Dignidad!”.

Fue la última vez que las vio.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a seis ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de 11 integrantes del Comité Central del Partido Socialista, detenidos en diversas fechas de 1975 en la Región Metropolitana.

En el fallo -causa rol 47.518- de casi 240 páginas, el juez Vásquez condenó a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a la pena de 20 años de presidio efectivo, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Mireya Herminia Rodríguez Díaz y Exequiel Ponce Vicencio.

En tanto, los ex agentes Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Manuel Andrés Carevic Cubillos deberán purgar 18 años de presidio, como coautores de los secuestros calificados de Alfredo Rojas Castañeda, Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.

En el caso de Gerardo Ernesto Urrich González, el ministro lo condenó a 16 años de presidio efectivo, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.

Finalmente, los agentes represores Miguel Krassnoff Martchenko, deberá cumplir 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de Alfredo Rojas Castañeda y Exequiel Ponce Vicencio; y Juvenal Alfonso Piña Garrido, 12 años de presidio, como coautor de los secuestros calificados de Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Mireya Herminia Rodríguez Díaz y Exequiel Ponce Vicencio.

En la etapa de investigación, el magistrado interrogó a diversos militantes que fueron detenidos en 1975 y testimoniaron la presencia de sus camaradas  desaparecidos en los cuarteles secretos de la Dina. Entre los declarantes figuran la ex presidenta Michelle Bachelet; el ex ministro y ex presidente del directorio de TVN, Ricardo Solari; Raúl Díaz, Gustavo Ruz, Lautaro Videla, Patricio Barra, Fidelia Herrera y Jaime Lorca Tobar.

El ministro Vásquez estaba muy interesado en aclarar si el desaparecido dirigente Jaime López Arellano, miembro de la cúpula clandestina del PS, fue colaborador o agente de la DINA y si entregó antecedentes que permitieron la detención de los desaparecidos miembros del Comité Central del PS. Logró recopilar una serie de antecedentes que así lo hacen suponer y que, incluso, siguió trabajando para la policía secreta de la dictadura militar.

En la mira desde antes del 11

Desde mucho antes del golpe militar, los socialistas estaban en la mira de los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Por ello, desde el 11 de septiembre de 1973 la represión en su contra fue rápida e implacable. En La Moneda, en diversos edificios públicos que la rodean, en algunas industrias y poblaciones, los socialistas intentaron resistir la asonada con las armas en la mano. Casi todos perecieron en su intento. En los días y semanas siguientes la persecución fue encarnizada. Los 26 prisioneros que se rindieron en el palacio presidencial, entre ellos 16 miembros del GAP, fueron asesinados en el complejo castrense de Peldehue, al norte de Santiago. Poco después fue abatido Arnoldo Camu, miembro del Comité Central y encargado de los grupos operativos especiales, el aparato militar del PS. Luego, siguieron los fusilamientos por ley de fuga, la muerte de al menos otros diez integrante del GAP y el exterminio de dirigentes de los regionales. En la denominada “Caravana de la Muerte”, que recorrió Chile en octubre al mando del general Sergio Arellano, e integrada por varios oficiales que luego pasaron a la Dina, fueron masacrados 16 dirigentes socialistas locales. Lo mismo ocurrió en matanzas registradas de norte a sur en localidades como Pisagua, Salamanca, Tejas Verdes, Isla de Maipo, Paine, Mulchén, Laja y Chiuhio, cerca de Valdivia  Otros muchos fueron llevados a campos de concentración o se asilaron en diversas embajadas.(extracto)

El lunes, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Juvenal Piña Garrido, Rolf Wenderoth Pozo y Manuel Carevic Cubillos – todos agentes de la disuelta DINA – a 15 años y un día de presidio efectivo en calidad de autores de los delitos de carácter de crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior por el secuestro de 11 miembros del comité central del Partido Socialista, entre marzo y diciembre de 1975: Exequiel Ponce Vicencio, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Jaime Eugenio López Arellano, Carlos Enrique Lorca Tobar, Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios, Rosa Elvira Soliz Poveda y Adolfo Ariel Mancilla Ramírez.

“Los sujetos activos formaron parte de la DINA y de la Brigada Purén, dentro de Villa Grimaldi, de forma tal que representaron y cumplieron funciones dentro de una política de Estado imperante a esa época y en ese contexto efectuaron la represión de los distintos grupos políticos y entre ellos a integrantes del comité político del Partido Socialista, produciéndose los secuestros de las víctimas”, zanjó el tribunal.

“Todo ello inserto en una línea de conducta compuesto por una multiplicidad de actos de similar naturaleza dirigidos contra civiles –violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos–, acaecidos desde una larga data en contra de todo aquel que participara de una ideología distinta de quienes detentaban el poder en esa época”, explicaron los jueces en su fallo.

De acuerdo a la Corte, los hechores se encontraron amparados por “un sistema que en su momento permitió, favoreció o garantizó su impunidad, todo con el fin de ocultar, negar o desvirtuar la realidad y naturaleza del atentado”, permitiendo así una impunidad absoluta o relativa.